¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA AMAZONÍA DEL PERU?

Represión, criminalización, Judicialización y persecución Política a los Pueblos Indígenas en el Perú.

Criminalización, judicialización y persecución por ejercer el derecho ciudadano a protestar contra políticas estatales que nos afectan:

En los últimos años, en el marco de los Impactos y conflictos causados por Industrias extractivas como Mineras, Petroleras principalmente, ante las legítimas protestas sociales de los Pueblos Indígenas quienes sufren principalmente las consecuencias, estas han sido fuerte y violentamente reprimidas, en una clara persecución estatal en contra de los Derechos Indígenas y que favorecen intereses de inversionistas de sectores privados.

Las víctimas de esta violencia estatal a través de sus agentes, son, de conformidad a las normas internacionales, Defensores de Derechos Humanos, ellos y ellas están luchando simplemente para que se les respeten sus Derechos Humanos y de sus Pueblos a vivir en paz y armonía con la madre naturaleza.

Centenares de procesados, varios condenados, decenas de heridos en manifestaciones, asesinatos, encarcelamientos, son el resultado de la fuerte represión estatal en los últimos años en el Perú contra nosotros(as) los(as) indígenas, hechos que se pueden ir intensificando aún más de no mediarse una solución al conflicto que ha generado el Estado peruano a través del Gobierno implementando políticas ajenas a la realidad y afectando los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas. Exigimos el fin a la Criminalización, judicialización y persecución de que somos víctimas.

Existe una multiplicidad de factores históricos, jurídicos y territoriales que legitiman las demandas de los Pueblos Indígenas sobre sus Derechos colectivos, enfrentados a la incapacidad del Estado en dar salidas institucionales a los conflictos que data desde la ocupación de territorios indígenas. Por el contrario, se evidencia una política gubernamental de criminalización del movimiento indígena, que sumado a esta falta de respuesta del estado de derecho, pueden conducir a agravar un conflicto mal abordado con nuevas y graves consecuencias para numerosas personas indígenas de los diversos Pueblos en el Perú.

La situación procesal a estas numerosas personas, defensores de los Derechos Humanos, se sitúan en el contexto de los conflictos territoriales a causa de industrias extractivas con graves impactos socioculturales y ambientales, cuyas legítimas protestas han sido víctimas de la “criminalización”, con graves implicancias en término de violaciones a los derechos humanos y derechos indígenas en el Perú.

La respuesta del Estado frente a las protestas o reivindicaciones socio territoriales de los movimientos indígenas en el Perú ha sido el de enmarcarlas en el ejercicio de la potestad penal, es decir la “criminalización”.

La “criminalización” por medio de la judicialización de las actividades de demanda indígena es una formula utilizada por el Estado y sectores privados para hacer primar sus intereses por sobre los intereses ancestrales, haciendo caso omiso a las condicionantes históricas y actuales de los Pueblos Indígenas y las consecuencias sociales, culturales y políticas que acarrea. Asimismo, se vulneran derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros.

De esta forma, centenares de personas han sido criminalizadas, judicializadas y reprimidas en el marco de los conflictos territoriales con industrias Mineras. Los niveles de represión que han existido por parte de agente de estados han sido brutales y absolutamente desproporcionados.

En la Amazonía, en Marzo del 2008, a causa de un conflicto social causado por el Estado peruano y la empresa transnacional Plus Petrol, con brutalidad policíaca fueron casi 50 los indígenas y pobladores detenidos tras la muerte en circunstancias extrañas de un efectivo de la Dinoes en el marco de una represión de agentes de Estado y de la toma del aeropuerto de Andoas como parte de la protesta social. Debido a ello la población conformó el Comité de Lucha de Loreto y realizó una serie de actividades de sensibilización, lográndose la libertad de casi todos los detenidos, menos cuatro de ellos. En Iquitos, familiares y amigos de los cuatro indígenas que aún permanecen en el penal de Guayabamba exigen la libertad inmediata de Guillermo Venancio Sandy Tuituy, Leonardo Reyes Ushihua, Ricardo Canelo Sandy y Émerson Sandy Rodríguez.Dayhana Cam Cox.

A un mes de la muerte del suboficial, un joven padre de familia fue asesinado. La noche del miércoles 23 de abril de 2008, Carlos Curitima Chuje se encontraba pescando junto a su amigo Eladio Mucushua en la piscigranja de la comunidad cuando, de repente, según contó luego Mucushua, Curitima alertó de la presencia de policías. Luego de ello, Eladio escapó de la zona, mientras que en la mañana siguiente Curitima Chuje fue hallado muerto por su menor hijo, tirado boca abajo cerca al lugar donde pescaba. Según la autopsia hecha en Iquitos, Carlos murió desangrado como resultado de una herida de 30 centímetros en la ingle producida con una bayoneta. Pese a lo cruel de esta muerte hasta el momento no se ha iniciado investigación en torno a ella. Los amigos y familiares de la víctima exigen a las autoridades se aclare lo sucedido.

Fuentes:
www.conacami.org
www.aidesep.org.pe
www.minkandina.org
www.reducayali.blogspot.com
www.movimientos.org