Conflictos territoriales en las regiones del Perú

Vamos a seguir informando sobre situaciones conflictivas que se vienen sucediendo en las diferentes regiones de nuestro país. Al parecer las empresas transnacionales que quieren ingresar a como de lugar en territorios ocupados por comunidades nativas y comunidades campesinas, están causando una serie de enfrentamientos y ello va tener mayores consecuencias si el gobierno no pone coto a las situaciones conflictivas que se presentan. A continuación el informe de diferentes organizaciones que representan a las diferentes etnias de nuestra amazonía y de comunidades campesinas.

Conflictos territoriales causados por las Industrias extractivas en los Andes del Perú

Nuestras organizaciones y Comunidades indígenas y campesinas del Perú durante varios años han denunciado los impactos negativos de las actividades extractivas como la Minería, al interior del territorio indígena y su entorno, el mismo que lejos de ser escuchado y atendida sus demandas; se ha agravado generando conflictos socio-ambientales, que ha obligado a entidades como la Defensoría del Pueblo recoger y publicarla periódicamente demostrando como crece los conflictos en el Perú y entre los cuales se incluye los que vienen afrontando las comunidades campesinas.

La fuente generadora de estos conflictos es la disposición de políticas extractivas primarias del Estado sin lograr el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades respecto al aprovechamiento de los recursos naturales que existen en sus tierras y territorios debidamente titulados.

Las alarmantes preocupaciones se han incrementado con las declaraciones del presidente Alan García en el 2007, que previo al Día Mundial del Medio Ambiente, descargó duras críticas contra quienes se “oponen a la minería” afirmando que “obstruyen el desarrollo y trabajan para otros países” y calificando de “mentirosos” a quienes defienden y asumen la propiedad colectiva de la tierra como un medio de vida y ha llamado “socios sólidos” a las empresas mineras. De igual forma ha publicado tres artículos periodísticos que denigran a los pueblos indígenas comparándolo con los perros del hortelano, que obstruyen el desarrollo del país y como incapaces de generar desarrollo, por mantener extensas tierras ociosas sin producción afirmando que solo la inversión privada será quien pueda superar ese estado, reduciendo al pueblo indígena a ser la mano de obra y asalariada una vez concentrada la propiedad de la tierra, con lo cual se orienta hacia el despojo de dichos territorios a los propietarios ancestrales.

Desde inicios del año 1990 en el país se han aplicado una serie de reformas económicas por recomendación de las instituciones financieras internacionales y se elaboró una nueva Constitución Política (1993) con la finalidad de brindar un marco jurídico para promover las inversiones en el Perú. En consecuencia se priorizaron las privatizaciones de las empresas públicas (Centromin Perú, Minero Perú, Barrica Gold, etc.) y venta de los recursos naturales (minería y petróleo). Este escenario incremento las inversiones mineras y las áreas concesionadas para actividades de exploración se incrementaron y se inició la explotación de grandes proyectos mineros (Yanacocha, Pierina y Antamina).

El Estado peruano ha facilitado que una cuadrícula mínima en un denuncio minero sea de 1000 hectáreas. Entonces el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cree que el país es una mesa que esta formada por cuadrículas y entrega en concesión. El año 92 había cuatro millones de hectáreas denunciadas en todo el país, hoy sobrepasan los 25 millones. En estos 25 millones de ha, se encuentran poblaciones, Pueblos Indígenas, parques nacionales, ríos, lagunas, bosques, etc. Eso es lo que ha permitido que vengan agresivas empresas transnacionales.

Desde hace muy poco tiempo nuestras comunidades se enteran de que sus territorios están siendo concesionados y entregados a empresas privadas transnacionales. Incluso comunidades íntegras han sido denunciadas ante las autoridades judiciales por oponerse al despojo de sus territorios.

La contaminación es uno de los graves impactos descontrolados que atentan a diversas territorialidades indígenas. Agregándose a esto, graves daños sociales, culturales, económicos y por supuesto ambientales.

Es preciso en forma suscinta detallar algunos de los casos:

En Piura, y en particular Ayabaca y Huancabamba, ubicados en la parte andina del departamento son escenario de extraordinaria belleza natural. Forman una zona de amortiguamiento natural en la frontera con Ecuador, rica en biodiversidad. Allí viven especies en grave peligro de extinción, como el tapir andino o el oso de anteojos. Se caracterizan también por sus páramos y bosques de neblina: ecosistemas únicos y frágiles, reguladores de agua y con nacientes de ríos. Son también zona de curanderismo y lagunas con propiedades curativas (Huancabamba), de importantes restos arqueológicos (Ayabaca), de ecoturismo y de producción agropecuaria orgánica, con cultivos de - entre otros – caña de azúcar, haba, trigo, papa, maíz, café y oca, con pastos naturales (para ganadería) y amplios bosques.

En los principios de los ’90 la empresa Newcrest (Australia) descubre importantes reservas de cobre y molibdeno en esas alturas. Las llama proyecto “Río Blanco” (1994) por la cercanía del río del mismo nombre. Monterrico Metals plc, de capital inglés, entra en 2001, adquiriendo el 100 % del proyecto en 2003. El mismo año termina su estudio de prefactibilidad, obtiene financiamiento y consigue permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la exploración. Desde entonces Monterrico Metals plc (a través de su subsidiaria Minera Majaz S. A.) está explorando los territorios comunales (de Segunda y Cajas, y Yanta), sin consentimiento de sus poblaciones, buscando enriquecerse con el cobre de sus tierras, transgrediendo los Derechos internacionales.

Minera Majaz está usurpando territorio comunal, operando de manera ilegal y violando el derecho a la autodeterminación de la comunidad. Eso no impidió al gobierno – en concreto el Ministerio de Energía y Minas – otorgar ilegalmente el permiso necesario a la empresa para sus actividades de exploración. Hasta se votó un Decreto Supremo, declarando el proyecto minero Río Blanco de “Necesidad Pública”, permitiendo desarrollar actividades a escasos metros de la frontera (con Ecuador). La Constitución Peruana prohíbe actividades, desarrolladas por empresas extranjeras, dentro de los 50 kilómetros de la frontera, por razones de seguridad nacional. Pero los intereses empresariales parecen ser de mayor importancia que los intereses públicos, o en este caso: intereses privadas fueron presentados como siendo de necesidad pública.

Como Minera Majaz no quería tomar nota del NO democrático de la población – o no quería sacar las debidas conclusiones – los ronderos y campesinos organizaron varias marchas de protesta. La represión brutal de esas marchas por parte de la policía nacional dejó el saldo de dos muertos: Remberto Herrera Racho (abril de 2004) y Melanio Gracía Gonzales (agosto de 2005). La misma represión causó decenas de heridos entre los campesinos. Cerca de doscientos manifestantes están perseguidos, evidenciando la estrategia de criminalización de la protesta por parte del Estado. Manifestantes fueron ilegalmente detenidos en el campamento minero. Testigos hablan de tortura en la infraestructura de la empresa. Las persecuciones vienen acompañadas por una campaña de difamación y calumnias en la prensa regional (y nacional) en la cual la oposición al proyecto minero se etiqueta de, o se asocia directamente al narcotráfico y al terrorismo.

Bajo el mismo argumento del narcotráfico se ha militarizado la zona minera. Fuerzas policiales cerraron un área comunal de varios kilómetros alrededor del proyecto minero, una prevención en defensa de las actividades mineras que viola los derechos de los comuneros, y que les imposibilita obtener información acertada y correcta sobre las actividades de la empresa en el área, así intentando neutralizar todo tipo de cuestionamiento legítimo sobre contaminación, deforestación y otros impactos ambientales.

En marzo del 2006 en Huancabamba, cientos de “aliados” de Minera Majaz – llevados en camiones – atacaron un foro pacífico sobre desarrollo sostenible. Los informes policiales señalan a entonces funcionarios de la empresa como autores de los actos de violencia. La empresa, ante una situación de creciente oposición, y necesitando inversión externa para poder ejecutar su proyecto minero, pidió públicamente disculpas y cambió parte de su personal. No obstante, siguen las intimidaciones a los defensores del medio ambiente. Al mismo tiempo, Zijin Mining Group, un consorcio minero chino, está en proceso de adquirir la mayoría de las acciones (en la bolsa de Londres) de Monterrico Metals, matriz de Minera Majaz.

Otro caso, en Ancash es del Cerro Condorwaín que forma parte de la Cordillera Negra, una cadena de montañas rocosas, zona de amortiguamiento entre la Cordillera Blanca y los vientos pacíficos. Está ubicado al lado de la ciudad de Huaraz y forma parte del Callejón de Huaylas, una importante zona de ecoturismo.

Condorwaín tiene más de 60 ojos de agua, y es fuente de agua dulce para los más de 15 mil pobladores de la zona y para el pastoreo y la agricultura, principales actividades económicas. También se comprobó la existencia de restos arqueológicos en el cerro. Actualmente el Cerro Condorwaín está siendo explorado por la minera Canadiense Barrick Gold Corporation (autorización del 25 de julio de 2006). El 25 de enero del 2007, MINEM prorrogó su autorización por siete meses. Barrick ya tiene presencia en la zona con su mina aurífera Pierina, igualmente ubicada en la Cordillera Negra.

Para la exploración del Cerro Condorwaín obtuvo autorización con argumentación falsa, declarando que (1) las aguas nacientes del cerro son ácidas, y por lo tanto no aptas para el consumo humano, ni la agricultura, ni la crianza; (2) que el Cerro Condorwaín es eriazo (entendiendo que no existen ocupaciones agropecuarias); (3) que no existe población que podría ser afectado por la exploración y explotación minera; (4) que no existe ningún vestigio de restos arqueológicos en dicha zona; y (5) que el Cerro Condorwaín y la zona del proyecto minero no generan ingresos económicos para la población. El conflicto se inicia finales de 2005, cuando se solicita a la empresa no entrar al cerro.

El 27 de septiembre de 2006 el centro poblado de Paccha presenta un recurso de revisión contra el Auto Dictorial Nº 664-2006-MEM/AAM (la autorización para exploración). El 23 de abril de 2007 MINEM declara infundado el recurso de revisión (resolución Nº 168-2007-MEM/CM).

En la Mesa de Diálogo entre la sociedad civil ancashina y el Ministerio de Energía y Minas, instalada luego del paro regional del 11 y 12 de abril 2007, el Ministerio se compromete a priorizar la “coordinación con los distintos órganos del gobierno de los Ministerios de Agricultura, de Salud, y de Economía y Finanzas para resolver los pasivos históricos mineros, como el del Cerro Condorwain-Huaraz.” También reconoce que sus aguas son para consumo humano.

El Ministerio se compromete también a “agilizar el cumplimiento de los monitoreos y auditorías ambientales mineras en la región Ancash, coordinando con el OSINERGMIN y otros organismos competentes en la materia que considera la ley” (27 de abril de 2007).

En Cajamarca, un conflicto que refleja la realidad que vive el Perú y el inminente riego por el que atraviesan los Pueblos Indígenas, es el de Yanacocha. El 02 de Junio del 2000, en Choropampa, ocurrió uno de los mayores derrames de mercurio inorgánico ocurrido en el mundo. Afectó a más de mil familias hasta hoy abandonadas y con problemas de salud por intoxicación.

Muerte de truchas en Porcón, Puruay, cuenca del río Llaucano y Jequetepeque. En Bambamarca murieron 12,000 truchas. Análisis especializados de la dirección de medio ambiente del ministerio de Pesquería, empresa prestadora de servicios de saneamiento de Cajamarca (SEDACAJ) y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), demuestran la presencia de aluminio, arsénico, hierro, zinc, en las aguas del río Grande, Porcón, así como en truchas muertas analizadas.

La Minera se encuentra ubicada en la parte más alta del valle de Cajamarca, donde se originan tres microcuencas. En los estudios de "impacto ambiental" realizados por Minera antes de realizar sus operaciones, presentada al ministerio de Energía y Minas, no se contemplaba utilizar arsénico en el proceso de lixiviación ni obtener mercurio como subproducto final (Informe de la Defensoría del Pueblo sobre el derrame de mercurio en Choropampa).

De 1996 al 2000 los sobrecostos para el tratamiento de agua potable por problemas de contaminación ascienden a 96,474.45 dólares. Minera contamina, los sobrecostos van al recibo de agua de la ciudadanía.

La población se contaminó aún más al recolectar mercurio por dinero ante llamado de una empresa vinculada a la Minera.

Las protestas sociales arrojaron que Los policías de Yanacocha mataran a Isidro Llanos en Combayo en agosto 2006, en la absoluta impunidad. Los campesinos e indígenas de Totoracocha que reclamaron contra Yanacocha están siendo juzgados y podrían volver a la cárcel. En Cajamarca, Yanacocha denunció a 32 campesinos e indígenas de Porcón Bajo que reclamaban por su agua, entre numerosas otras consecuencias.

Origen e impactos inmediatos según estudios dados a conocer por el Center for Science in Publica Participation:
1.- Descarga de ácidos provenientes de la mina (AMD) fluyen descontroladamente hacia la cuenca Cushuro (parte baja de canchas de lixiviación con cianuro en La Quinua).
2.- Indicios de AMD en los drenajes del río Porcón y río Grande.
3.- Ganado afectado por beber agua contaminada.

Fuentes:
www.conacami.org
www.aidesep.org.pe
www.minkandina.org
www.reducayali.blogspot.com
www.movimientos.org