Construir una ética pública

Hemos llegado – luego de los petroaudios – a una situación muy difícil en nuestro país. Muchos peruanos creen que esto puede significar el fin de una democracia incipiente y mal conducida por los últimos gobiernos. Ya se ha visto demasiada corrupción dentro de los gobiernos de Fujimori (1990 – 2000) Toledo (2001 – 2006) y García (2006 – 2011), es de esperarse que los años que aún le faltan a este gobierno no aparezcan más corrupción al interior del mismo. Pero es mucho más importante que lo que está afectando a miles de peruanos se resuelva en los años próximos. En Agricultura hemos publicado el informe Comercialización de la fibra de vicuña. El informe que no se presentó, próximamente continuaremos publicando lo que ha venido sucediendo con los productores vicuñeros desde el año 94 al presente, con lo cual esperamos que se reabra una nueva investigación respecto a lo que el Consejo nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña (SNY), la empresa Almar Corporation S.A. y la empresa Consorcio de Asociaciones Productoras de Camélidos Andinos (CAPCA), han realizado respecto a la comercialización de la fibra de la vicuña; y porqué la pobreza crítica sigue agobiando a los productores vicuñeros. Lo que nos falta a los peruanos es saber - como lo menciona Ricardo Morales “¿En función de qué se distribuyen los beneficios del desarrollo? ¿Qué criterios norman el acceso a los puestos públicos y su permanencia en ellos? ¿Cómo se limita el poder político y a quién y cómo dan cuenta de su desempeño los funcionarios, más allá de respuestas retóricas, de cifras poco confiables y de explicaciones demagógicas que no convencen a nadie? ¿Cómo se garantiza que las decisiones y acciones del Poder Judicial sean independientes de manipulaciones políticas? ¿Qué salvaguardas protegen el derecho a la información y cómo impedir que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, manipulen a la opinión pública?” Ya hemos dado respuesta a algunas de estas interrogantes en el informe Cambios urgentes en Agricultura, en el aparato estatal y la sociedad civil para enfrentar la pobreza en los Andes, esto se ha originado al haber visto lo que sigue ocurriendo con los productores altoandinos y lo resumimos en la siguiente recomendación “Esto nos hace pensar que para seguir creciendo económicamente y permitir que haya tranquilidad en las diferentes regiones del país, es necesaria una reforma del Estado que permita que dentro de los diferentes sectores del gobierno se formen Consejos de supervisión y fiscalización que velen por el cumplimiento de programas, fines y objetivos que son expuestos en el Legislativo por los diferentes ministros a fin de recibir la aprobación de sus anteproyectos de presupuesto, además – estos Consejos – deben observar el fiel cumplimiento de las leyes y otros dispositivos legales que son promulgadas o expedidos para el mejor funcionamiento y desarrollo de cada sector. Estos Consejos deben estar integrados por representantes de los colegios profesionales, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los organismos no gubernamentales y de las instituciones públicas del sector. Para efectuar lo anterior y otros cambios que favorezcan a los pequeños productores, es necesaria la reestructuración de nuestra Carta Magna y complementar ello con el estudio de las diversas leyes y normas legales – dentro de los sectores involucrados – que están permitiendo el crecimiento de la pobreza, para su modificatoria y/o derogatoria, esto es impostergable”. Todo lo mencionado se complementa con lo que manifiesta Ricardo Morales Basadre, en el siguiente informe.

Ricardo Morales Basadre
Miembro del Consejo Directivo del Foro Educativo

La preocupación ética atraviesa todos los ámbitos de la vida social de nuestro país. No se trata solo de la explicable reacción de ciudadanos indignados por el reciente destape de corrupción que, además, nos ha llenado de sospechas y de desconfianza de los que nos gobiernan y de la procuración de justicia, incapaz de dar solución satisfactoria a los latrocinios y juego de influencias en beneficio propio.

En este momento que estamos viviendo, la preocupación por establecer referentes éticos es mucho más: confesión explícita de un gran vacío en la filosofía política en la que descansa la convivencia ciudadana y búsqueda de criterios válidos para interpretar nuestra vida pública.

Se nos dice que el país está en transición hacia una democracia que debe llevar a una modificación de la relación del Gobierno con los partidos del sistema político y con la sociedad civil.

Sin embargo, pienso que lo que debe caracterizar a la nueva etapa a la que nos dirigimos es, en el fondo, un cambio de naturaleza moral: una nueva manera de comprender y organizar el ámbito social, poniendo fin a los comportamientos discrecionales del poder e inaugurando la vigencia de normas comúnmente aceptadas y socialmente exigibles.

Más que reforma del Estado, lo que buscamos en esta difícil transición, quizás sin explicitarlo abiertamente, es una nueva idea del bien colectivo: una definición del bien global del que se desprendan los bienes particulares, que reciba consensos suficientes para fundamentar las conductas de gobernantes y gobernados y dar legitimidad moral al modelo de desarrollo.

Estamos en un compás de espera, vacío de propuestas éticas. El peruano medio de hoy no tiene respuesta a preguntas fundamentales de índole moral como las siguientes: ¿En función de qué se distribuyen los beneficios del desarrollo? ¿Qué criterios norman el acceso a los puestos públicos y su permanencia en ellos? ¿Cómo se limita el poder político y a quién y cómo dan cuenta de su desempeño los funcionarios, más allá de respuestas retóricas, de cifras poco confiables y de explicaciones demagógicas que no convencen a nadie? ¿Cómo se garantiza que las decisiones y acciones del Poder Judicial sean independientes de manipulaciones políticas? ¿Qué salvaguardas protegen el derecho a la información y cómo impedir que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, manipulen a la opinión pública?

Y las preguntas pueden continuarse hacia cada campo de la vida pública: el electoral, el educativo, el laboral, los servicios de salud o la protección del medio ambiente. En todos ellos se echa de menos una idea compartida del bien público que obligue a la sociedad a responsabilizarse y comprometerse en el logro de ese bien.

Esta tarea, que no es fácil ni rápida, pero urgente, corresponde a un amplio elenco de actores: al propio Gobierno, a quien corresponde definir, sobre todo con su comportamiento, las reglas de juego de una auténtica democracia; a los partidos políticos, que debieran reelaborar los componentes éticos de sus idearios, encarnándolos en la realidad del país; a los líderes religiosos y sociales, a quienes compete plantear propuestas de moral pública de acuerdo con sus vivencias y filosofía moral.

Todos debiéramos converger en un debate abierto del que vayan brotando los planteamientos de la nueva ética pública, crucial para nuestro país.