lunes, 1 de diciembre de 2008

El Movimiento para la Salud de los Pueblos frente al modelo extractivista en el Ecuador

Autor | Jorge Quizhpe P. | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 24 octubre 2008 13:30:12

Como punto de partida es importante entender la interrelación entre los procesos sociales, económicos, políticos y ambientales, en su contextualización histórica y en sus nexos internacionales. Por ello, para hablar de definiciones en materia de recursos naturales, hemos de considerar el sistema económico-social en el que estamos inmersos, con su modelo de desarrollo globalizado (neoliberal), que se ha vuelto insostenible, estableciendo a la par la propuesta de sociedad nueva, en la que el progreso se establezca por el nivel de bienestar y felicidad de los pueblos y la naturaleza.

El capitalismo, en esencia, ha demostrado ser un sistema depredador, causante de innumerables desastres económicos, sociales y ambientales que afectan a todo el planeta. Evidencias las encontramos a diario, en las condiciones de pobreza y marginalidad de los pueblos, que contrastan con la opulencia y riqueza de reducidos grupos monopólicos. Vemos que el capitalismo es sinónimo de injusticia e irrespeto a derechos fundamentales; sinónimo de agresión persistente a la naturaleza, de crisis ecológica, de desgaste de la capa de ozono, de calentamiento de la atmósfera, de pérdida de biodiversidad y de contaminación del aire, el agua y los suelos del planeta.

La globalización neoliberal nos ha impuesto un régimen de mercantilización absoluta y un rol como estados "tercermundistas" en ese gran mercado planetario. Todo se convierte en productos o servicios sujetos a las leyes del mercado, por encima de derechos humanos y de responsabilidades estatales. Esa visión mercantilizada se extiende a la naturaleza, por medio de grandes corporaciones transnacionales que se apropian del agua, de la tierra, de los yacimientos mineros, del petróleo, de nuestros conocimientos ancestrales, de nuestra biodiversidad.

Es urgente superar esos esquemas socio-económicos y ambientales. Los indicadores de "crecimiento económico" son engañosos y ocultan las inequidades y la devastación, por tanto, no son una medida válida del desarrollo. Se trata de concebir una sociedad, cuyo bienestar no sea antagónico a la preservación de los ecosistemas, a los cuales la humanidad se pertenece. Se trata además de cambiar la visión antropocéntrica que conlleva una noción de poder y dominación sobre la naturaleza, para llegar a una relación de complementariedad, de respeto y afecto, de armonía, de ligazón profunda con la Pachamama, que permita preservar el ciclo de la vida, esto es "la manutención del potencial de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas y de los desechos de las actividades productivas".

¿Acaso el modelo económico que buscamos es el del extractivismo y la explotación intensiva de recursos naturales (además, no renovables), en lugar de fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas esenciales?

¿Acaso le apostamos al crecimiento económico per se (obtener el máximo de dinero) sin importar la afección a la vida de las comunidades, a los ecosistemas, al futuro de nuestros pueblos?

¿No será insuperablemente mejor establecer un modelo soberano, sustentable, romper con el esquema de dependencia y de consumismo alienante al que nos somete la globalización neoliberal?

Ante la situación actual y ante las propuestas extractivistas del Gobierno de Presidente Rafael Correa en el Ecuador, desde el Movimiento para la Salud de los Pueblos, planteamos los siguientes principios:

1. La supremacía de la vida por sobre los intereses económicos y de acumulación de riqueza.

2. La protección soberana de la biodiversidad y la no mercantilización de la vida. El patrimonio natural no será explotado para lucro privado, su aprovechamiento sustentable será de carácter social y comunitario para asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.

3. El principio de sustentabilidad en lo ambiental (acceso, uso de recursos naturales y preservación de la biodiversidad); social (eliminación de la pobreza y de las desigualdades sociales); cultural (conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad de nuestros pueblos); y político (una auténtica democracia que garantice el acceso y la participación de todos/as en la toma de decisiones públicas).

4. El Principio de Precaución: no debe permitirse ningún proceso extractivista, productivo o económico que pueda agredir ambiental, social o culturalmente a las comunidades, aun si no hubiere evidencia científica de los daños. Igual principio debe aplicarse en el manejo de los agentes físicos, químicos y biológicos, que produzcan contaminación en el agua, aire, suelo y seres vivos.

5. El respeto al patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios y la participación plenamente informada de las comunidades en las decisiones.

6. La obligatoriedad de remediación, reparación y compensación, en todos los casos de daños ocasionados a las comunidades y ecosistemas, por parte de las empresas causantes. Estos delitos ambientales deben ser imprescriptibles.

7. El Estado debe convertirse en garante de estos principios, es su responsabilidad la defensa inclaudicable de nuestro patrimonio natural (es un contrasentido determinar la "propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos naturales" y el "derecho soberano sobre la diversidad biológica y áreas protegidas", si a la par se abren las puertas a las concesiones privadas para su explotación o a mecanismos de tercerización de su uso y conservación).

En base a este marco general, nuestra propuesta en torno a que en el futuro inmediato nuestro país se convierta en país minero ante el agotamiento de los yacimientos petroleros, es Declarar a nuestro país LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA. Las evidencias mundiales de la devastación que originan estos procesos extractivistas (para beneficio exclusivo de las transnacionales mineras), son más que suficientes. Además, los yacimientos mineros se encuentran en zonas protegidas y altamente sensibles como fuentes de agua, en uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo.

El proyecto de ley de minería propuesto por el Gobierno, que será tratado por la Asamblea Nacional transitoria, viola el Derecho a la Salud de las y los ecuatorianos, garantizado por nuestra Constitución vigente en el artículo 32:
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales...

Por estas razones, demandamos que dicho proyecto de ley de minería sea archivado definitivamente y se inicie un proceso para implementar jurídicamente la propuesta de un Ecuador LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA. Nuestro objetivo debe ser preservar la salud de los ecosistemas, de los seres humanos, de las comunidades y las culturas, pues la salud depende de una red de complejas relaciones de procesos biológicos, sociales, económicos, ambientales, culturales, que interactúan.

Jorge Quizhpe P.
Equipo Comunicándonos
MSP-LA.
People`s Health Movement

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