Por Stephanie Nieuwoudt
CIUDAD DEL CABO, jul (IPS) - Muchos agricultores convencionales que deciden dedicarse al cultivo orgánico fracasan en el intento porque abandonan de repente el uso de todo pesticida y abono químico. Eso resulta traumático para el suelo, que reacciona como "un drogadicto con síndrome de abstinencia".
Así explicó Cornelius Oosthuizen, director del Instituto Sudafricano de Biogranjas, por qué en su país son relativamente pocos los éxitos en el proceso de conversión hacia la agricultura orgánica.
"El fracaso se produce cuando un cultivador que ha usado productos químicos durante mucho tiempo adopta de golpe prácticas 100 por ciento orgánicas. En un predio de 1.000 hectáreas no se puede iniciar un monocultivo orgánico en toda la superficie. Primero debe practicar la agricultura biológica", dijo Oosthuizen.
Es preciso, sostuvo, preparar el suelo, equilibrando los minerales y restableciendo el ecosistema natural, para lo cual se requiere una intensa actividad de insectos y de gusanos en la tierra. Además, la erosión debe contrarrestarse.
La denominada agricultura biológica recurre a sustancias químicas que no dañan el suelo ni los ecosistemas. La orgánica, en cambio, prescinde del uso de todo producto químico. El Instituto Sudafricano de Biogranjas promueve ambas prácticas de modo que resulten sustentables y den réditos económicos.
Los agricultores deben abordar la modalidad biológica si aspiran a incursionar en la orgánica, que no sólo es lucrativa sino que también puede hacer frente a la inseguridad alimentaria endémica en África.
El mercado internacional de productos orgánicos factura 50.000 millones de dólares anuales. Este continente está desaprovechando su potencial en la materia, según expertos.
La organización humanitaria Oxfam Internacional advirtió en junio que los cultivadores de maíz de África subsahariana sufrirán pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares anuales debido a los cambiantes patrones ambientales mundiales.
La región es vulnerable a la escasez hídrica --sequías incluidas-- y a los desastres naturales. Expertos advierten que los escasos recursos de África deben usarse con cuidado para garantizar la seguridad alimentaria.
Investigaciones realizadas por varias organizaciones especializadas demuestran que la agricultura orgánica puede duplicar o triplicar la producción en el mundo en desarrollo, según Raymond Auerbach, uno de los principales promotores de esta práctica en el continente.
La modalidad orgánica reduce entre 33 y 56 por ciento el uso de energía no solar y eleva hasta 40 por ciento la eficacia en el uso del agua. Además, los alimentos producidos así contienen más nutrientes.
Auerbach dirige la Rainman Land Care Foundation, con sede en Sudáfrica, organización que enseña a los productores africanos a cultivar de un modo ambientalmente sano y optimizar el uso de los escasos recursos hídricos. También ayuda a los agricultores a organizarse para acceder a los mercados importadores.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) informó el año pasado que el rendimiento de los cultivos se más que duplicó en 114 proyectos de agricultura orgánica implementados en 24 países africanos.
Pero la ignorancia y la resistencia de los agricultores a implementar métodos orgánicos, así como el poder económico y político de las empresas que comercializan semillas y fertilizantes, obstaculizan su pleno desarrollo.
Los agricultores orgánicos sudafricanos afrontan muchos escollos, dijo Auerbach a IPS.
"Primero, hay pocas investigaciones a nivel local que les sirvan como guía. Segundo, es frecuente que el gobierno no ayude a los agricultores a menos que usen fertilizantes y venenos. Y tercero, la obtención de certificados de ‘producto orgánico’ es un proceso arduo y caro", sostuvo.
"La resistencia a la agricultura orgánica es alimentada por dos factores: los intereses creados y la ignorancia. Las empresas apoyan métodos que aplican los productos que ellas venden. Pero ¿quién se beneficia de la agricultura orgánica? No las empresas, sino los cultivadores, sus clientes y el ambiente", señaló.
"A quienes se formaron en las universidades sudafricanas se les dijo que los fertilizantes, los venenos y las semillas genéticamente modificadas son 'científicas' y 'progresistas', mientras que los métodos ‘anticuados’ son 'poco científicos'", agregó.
Pero el potencial económico de la agricultura orgánica es enorme. Según Auerbach, quienes la aplican en Uganda exportan 22 millones de dólares anuales, al tiempo que suministran alimentos a las comunidades locales.
Oosthuizen agregó que a los agricultores comerciales, motivados por las ganancias, les importa más la cantidad que la calidad. "Tienen que obtener un rédito y usarán semillas y fertilizantes que les ayuden a conseguirlo, aunque su producto resulte pobre en nutrientes", dijo.
Las semillas transgénicas, que garantizan enormes rendimientos, deben rociarse con gran cantidad de pesticidas y herbicidas.
Las compañías multinacionales que comercializan estos productos tienen a menudo vínculos con funcionarios gubernamentales que les aseguran un acceso preferencial al mercado.
Para Oosthuizen, la respuesta a la inseguridad alimentaria en África radica en el retorno de la agricultura a las comunidades.
"Cada aldea debería tener sus propias granjas, su propio molino, su propia panadería para alimentar a su población. Sólo cuando la población local esté debidamente alimentada se debería mirar hacia mercados más amplios", sostuvo.
"Es allí donde los gobiernos pueden jugar un rol importante. Las estrategias de mercadotecnia deberían estar centralizadas y coordinadas. Por ejemplo: un gobierno puede asignar a 20 cultivadores de pequeña escala a cierta área para que, en conjunto, suministren cinco toneladas de maíz a un cliente específico", añadió.
Cuando se siga este modelo también se estará dando poder a las mujeres, que constituyen la columna vertebral de la economía agrícola africana. Los beneficios potenciales para las campesinas son evidentes si los gobiernos siguen el principio de igualdad de género en la asignación de proyectos.
En toda Sudáfrica, las mujeres de áreas urbanos y rurales ya mantienen a raya el hambre con sus jardines comunitarios. No solo alimentan a sus familias, sino que venden el excedente en los mercados locales. Así, estas mujeres, que a menudo están solas al frente de familias extendidas, logran un ingreso.
En las áreas rurales, las mujeres pueden beneficiarse de la agricultura orgánica de dos maneras, dijo Auerbach.
"Pueden utilizar los insumos que encuentran en la granja, sin necesidad de largos viajes par comprar productos caros. Además, como ellas son quienes alimentan a sus hijos, se cuidarán de que nadie esté expuesto a venenos, ni al producirlos ni al consumirlos", añadió. (FIN/2009)
jueves, 30 de julio de 2009
miércoles, 29 de julio de 2009
AGRICULTURA: Invertir en la gente, la lección brasileña
MARIO OSAVA entrevista a KANAYO NWANZE, presidente del FIDA
NOVA RUSSAS, Brasil, jul (IPS) - El nigeriano Kanayo Nwanze eligió Brasil para su primera visita oficial en su carácter de presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Quedó plenamente satisfecho: fue la ocasión oportuna para confirmar en persona el compromiso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la agricultura familiar.
Además de dialogar con miembros del gobierno en Brasilia, Nwanze conoció la realidad de los campesinos pobres y las transformaciones que alientan dos proyectos apoyados por el FIDA en el Nordeste, región donde se concentra la pobreza rural de este país.
La política de cooperación agrícola que comienza a desarrollar Brasil, especialmente con África, también interesa mucho al FIDA, agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializada en la pequeña agricultura y la lucha contra el hambre.
Nwanze concedió esta entrevista a IPS en su visita a una comunidad de agricultores familiares en Nova Russas, municipio pobre de 30.000 habitantes en el interior semiárido de Ceará, un estado del Nordeste.
IPS: ¿Qué espera el FIDA de Brasil en términos de transferencia de tecnología y de conocimientos a África?
KANAYO NWANZE: En primer lugar, establezcamos un criterio básico: la inversión en la agricultura minifundista familiar es la más crucial, la que da beneficios seguros, tanto en Brasil como en la mayor parte de África subsahariana.
Estas inversiones son de dos a cuatro veces más efectivas para reducir la pobreza que cualquier otra. Hoy, en Brasil, la agricultura minifundista representa 70 por ciento de los agricultores. En África subsahariana, son cerca de 80 por ciento: a razón de cinco personas por hogar, estamos hablando de unos 400 millones de personas. Esto es más de la mitad de la población de África subsahariana, y produce 80 por ciento de los alimentos de la región.
Los éxitos que hemos visto aquí, la capacidad de los agricultores de organizarse a sí mismos, la estructura social que han instalado, el enfoque dirigido hacia el mercado, todo eso es fácilmente replicable en el contexto africano.
Representantes sudafricanos vinieron a Brasil en noviembre pasado. Los brasileños irán a Sudáfrica este mes. El FIDA cumple un papel como facilitador del intercambio de conocimientos que se han acumulado en Brasil y que pueden transferirse a cualquier parte del mundo.
Espero que los gobiernos africanos se den cuenta de la importancia de los compromisos políticos al más alto nivel, y el presidente Lula es ejemplar en ese sentido. Él mismo nos dijo personalmente, cuando lo visitamos en Brasilia, que invertir en la gente y en el minifundio agrícola logra tejer la más sustentable de las redes de seguridad social.
IPS: ¿Qué puede decir del concepto brasileño de agricultura familiar? ¿Usted ha adoptado ese concepto en el FIDA?
KN: No es un concepto: es una simple práctica. En Brasil se la llama agricultura familiar, y eso equivale a minifundio agrícola, a agricultura de pequeña escala.
IPS: Pero el hecho de que en Brasil se hable de agricultura familiar y no de agricultura de pequeña escala da una idea de comunidad.
KN: Es lo mismo. Las pequeñas granjas africanas están ubicadas unas junto a las otras. Y eso les da mayores posibilidades de éxito, porque no se trata de granjeros individuales. En ese esfuerzo comunitario se integran los valores familiares, y en el proceso también se percibe la agricultura como negocio, como creadora de empleos, como productora de riqueza económica. No es una mera fuente de alimento para la familia.
IPS: ¿Qué lecciones deja la crisis económica en el plano de la seguridad alimentaria?
KN: La primera, y espero que el mundo la haya aprendido, es que no se puede reducir la inversión en la agricultura. Con la carestía de 2007, hubo disturbios en todo el mundo, de Egipto a Haití. Y eso fue consecuencia de la desinversión, tanto a nivel internacional como de los gobiernos nacionales.
El porcentaje de la asistencia oficial al desarrollo destinado a la agricultura cayó de 20 por ciento en 1980 a menos de cinco por ciento en 2007. La inversión de los gobiernos nacionales cayó de 14 por ciento a menos de cuatro por ciento. Mientras, se encarecían el petróleo y los fertilizantes. Los agricultores no tenían acceso a los insumos, que son caros. Así vino la crisis. La agricultura está en las últimas páginas de la agenda, y todo demuestra que es, en realidad, la columna vertebral del crecimiento económico de cualquier nación.
IPS: Entonces, ¿la prioridad debe ser la pequeña agricultura o la agricultura en general?
KN: Ambos. Debemos invertir en agricultura. En las comunidades donde hay minifundios, debemos invertir en ellos. Es preciso crear oportunidades para ellas, vincularlas con el sector privado. Debemos hacer con los pequeños agricultores lo mismo que hacemos con los grandes establecimientos.
Las inversiones en la agricultura no pueden detenerse, porque todo continúa creciendo. No podemos dejar de invertir en la agricultura porque bajen los precios y creamos que no necesitamos producir más alimentos
Me parece que el mundo se dio cuenta de que la inseguridad alimentaria puede derivar en inseguridad internacional.
IPS: ¿Cuál es el rol de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)? ¿Debe haber acuerdo? ¿Eliminar los subsidios sería bueno para los países pobres?
KN: Por supuesto, las negociaciones deben concluir. Con comercio justo, con el levantamiento de las barreras internacionales al intercambio… A la mayoría de los países en desarrollo se les dice que no subsidien a sus agricultores, pero sabemos, al mismo tiempo, cuánto gastan los países ricos en subsidios para sus productores.
¿Por qué la dicotomía? Los subsidios son buenos para Europa, son buenos para África, son buenos para Brasil. Pero los subsidios exitosos son los pequeños. Los subsidios inteligentes. Como hizo Malawi con el maíz: el gobierno ayuda a los agricultores y les facilita el acceso al mercado y a la tecnología como incentivo al crecimiento económico.
IPS: ¿Hay conflicto entre biocombustibles y alimentos?
KN: ¿Por cuánto tiempo ha estado Brasil produciendo biocombustibles? ¿Veinticinco años?
IPS: Treinta años.
KN: Treinta años. ¿Hay conflicto? No. No puede decirse que nada sea malo en sí mismo. El problema es cómo se hace. Si un predio donde se cultivan alimentos, maíz, por ejemplo, se lo comienza a usar para producir biocombustibles, se reduce el acceso al grano. Se provoca un encarecimiento artificial. Cuando en tierras agrícolas de países pobres se comienza a producir biocombustibles, sus gobiernos saldrán a mendigar comida afuera y sobrevivirán sólo mediante la asistencia.
Lo que también está en cuestión es la viabilidad económica. Brasil, por ejemplo, cultivó caña azucarera en tierras que hasta entonces no eran agrícolas. Eso resultó económicamente viable y el precio del azúcar no se vio afectado. Es distinto si Europa decide aumentar 10 por ciento su producción de biocombustibles, pues producirá un litro con un gasto de agua 10 veces superior a lo que insume producir un litro de combustibles fósiles.
Por eso, los biocombustibles no son un error, pero sí puede ser erróneo el contexto en el que se invierte en ellos.
IPS: La agricultura familiar adopta cada vez más lo que en Brasil se denomina agroecología. ¿Qué piensa de esta modalidad productiva?
KN: Básicamente, el término agroecología, tal como se lo emplea en Brasil, significa agricultura orgánica, aquella que se practica sin usar pesticidas o insecticidas químicos. ¿Por qué debería usarlos una comunidad si carece de recursos para comprarlos dado su elevado costo? Pero debemos ubicar los argumentos en su debido contexto.
Si existe la posibilidad, sea en Brasil o en África, de producir alimentos orgánicos a través de la agricultura familiar y de obtener buenos precios, dada la demanda del Norte, ¿por qué no hacerlo, generando así riqueza económica?
Es simple: el precio de los fertilizantes y de los insecticidas químicos es alto, el del combustible sube. ¿Quién pagará el costo en una comunidad agrícola familiar? Para estos campesinos, es más eficiente cultivar sin productos químicos.
Pero en un país donde sólo dos por ciento de los habitantes son agricultores y los salarios no son altos, se necesitarán otros enfoques para producir alimentos.
IPS: Hablemos de cultivos genéticamente modificados…
KN: Hay cierta confusión en el uso de ese término. Cuando transferimos genes de una especie a otra --de un animal a un vegetal, por ejemplo--, hablamos de organismos transgénicos. Es una cosa distinta.
No olvidemos que la medicina ha usado organismos genéticamente modificados para producir vacunas durante mucho tiempo. Mi cuerpo y su cuerpo tienen estos organismos por razones sanitarias.
La agricultura tiene problemas que no han podido resolverse con enfoques tradicionales. Existen áreas con sequías frecuentes cuyos agricultores no pueden producir cultivos que las resistan. En esos casos, la única posibilidad es apelar a los transgénicos: hay un problema y, para solucionarlo, la tecnología es la única herramienta.
Ahora bien, ni cinco por ciento de las tierras agrícolas de África han sido irrigadas, y la mayoría de ellas se encuentran en Egipto, no en la región subsahariana. Los agricultores africanos usan ocho kilogramos de fertilizante por hectárea, cuando los asiáticos usan apenas 1,2 kilogramos. Si no explotaron tecnologías sencillas, que ya existen, ¿por qué tendrían que recurrir a los transgénicos?
Pongamos el caballo delante del carro, no al revés. Allí donde el único recurso posible es el uso de organismos genéticamente modificados… sí, usémoslos. Pero no son la solución para la crisis alimentaria, sino para un problema particular: el de las pestes que se han vuelto totalmente resistentes a los pesticidas químicos. (FIN/2009)
NOVA RUSSAS, Brasil, jul (IPS) - El nigeriano Kanayo Nwanze eligió Brasil para su primera visita oficial en su carácter de presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Quedó plenamente satisfecho: fue la ocasión oportuna para confirmar en persona el compromiso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la agricultura familiar.
Además de dialogar con miembros del gobierno en Brasilia, Nwanze conoció la realidad de los campesinos pobres y las transformaciones que alientan dos proyectos apoyados por el FIDA en el Nordeste, región donde se concentra la pobreza rural de este país.
La política de cooperación agrícola que comienza a desarrollar Brasil, especialmente con África, también interesa mucho al FIDA, agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializada en la pequeña agricultura y la lucha contra el hambre.
Nwanze concedió esta entrevista a IPS en su visita a una comunidad de agricultores familiares en Nova Russas, municipio pobre de 30.000 habitantes en el interior semiárido de Ceará, un estado del Nordeste.
IPS: ¿Qué espera el FIDA de Brasil en términos de transferencia de tecnología y de conocimientos a África?
KANAYO NWANZE: En primer lugar, establezcamos un criterio básico: la inversión en la agricultura minifundista familiar es la más crucial, la que da beneficios seguros, tanto en Brasil como en la mayor parte de África subsahariana.
Estas inversiones son de dos a cuatro veces más efectivas para reducir la pobreza que cualquier otra. Hoy, en Brasil, la agricultura minifundista representa 70 por ciento de los agricultores. En África subsahariana, son cerca de 80 por ciento: a razón de cinco personas por hogar, estamos hablando de unos 400 millones de personas. Esto es más de la mitad de la población de África subsahariana, y produce 80 por ciento de los alimentos de la región.
Los éxitos que hemos visto aquí, la capacidad de los agricultores de organizarse a sí mismos, la estructura social que han instalado, el enfoque dirigido hacia el mercado, todo eso es fácilmente replicable en el contexto africano.
Representantes sudafricanos vinieron a Brasil en noviembre pasado. Los brasileños irán a Sudáfrica este mes. El FIDA cumple un papel como facilitador del intercambio de conocimientos que se han acumulado en Brasil y que pueden transferirse a cualquier parte del mundo.
Espero que los gobiernos africanos se den cuenta de la importancia de los compromisos políticos al más alto nivel, y el presidente Lula es ejemplar en ese sentido. Él mismo nos dijo personalmente, cuando lo visitamos en Brasilia, que invertir en la gente y en el minifundio agrícola logra tejer la más sustentable de las redes de seguridad social.
IPS: ¿Qué puede decir del concepto brasileño de agricultura familiar? ¿Usted ha adoptado ese concepto en el FIDA?
KN: No es un concepto: es una simple práctica. En Brasil se la llama agricultura familiar, y eso equivale a minifundio agrícola, a agricultura de pequeña escala.
IPS: Pero el hecho de que en Brasil se hable de agricultura familiar y no de agricultura de pequeña escala da una idea de comunidad.
KN: Es lo mismo. Las pequeñas granjas africanas están ubicadas unas junto a las otras. Y eso les da mayores posibilidades de éxito, porque no se trata de granjeros individuales. En ese esfuerzo comunitario se integran los valores familiares, y en el proceso también se percibe la agricultura como negocio, como creadora de empleos, como productora de riqueza económica. No es una mera fuente de alimento para la familia.
IPS: ¿Qué lecciones deja la crisis económica en el plano de la seguridad alimentaria?
KN: La primera, y espero que el mundo la haya aprendido, es que no se puede reducir la inversión en la agricultura. Con la carestía de 2007, hubo disturbios en todo el mundo, de Egipto a Haití. Y eso fue consecuencia de la desinversión, tanto a nivel internacional como de los gobiernos nacionales.
El porcentaje de la asistencia oficial al desarrollo destinado a la agricultura cayó de 20 por ciento en 1980 a menos de cinco por ciento en 2007. La inversión de los gobiernos nacionales cayó de 14 por ciento a menos de cuatro por ciento. Mientras, se encarecían el petróleo y los fertilizantes. Los agricultores no tenían acceso a los insumos, que son caros. Así vino la crisis. La agricultura está en las últimas páginas de la agenda, y todo demuestra que es, en realidad, la columna vertebral del crecimiento económico de cualquier nación.
IPS: Entonces, ¿la prioridad debe ser la pequeña agricultura o la agricultura en general?
KN: Ambos. Debemos invertir en agricultura. En las comunidades donde hay minifundios, debemos invertir en ellos. Es preciso crear oportunidades para ellas, vincularlas con el sector privado. Debemos hacer con los pequeños agricultores lo mismo que hacemos con los grandes establecimientos.
Las inversiones en la agricultura no pueden detenerse, porque todo continúa creciendo. No podemos dejar de invertir en la agricultura porque bajen los precios y creamos que no necesitamos producir más alimentos
Me parece que el mundo se dio cuenta de que la inseguridad alimentaria puede derivar en inseguridad internacional.
IPS: ¿Cuál es el rol de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)? ¿Debe haber acuerdo? ¿Eliminar los subsidios sería bueno para los países pobres?
KN: Por supuesto, las negociaciones deben concluir. Con comercio justo, con el levantamiento de las barreras internacionales al intercambio… A la mayoría de los países en desarrollo se les dice que no subsidien a sus agricultores, pero sabemos, al mismo tiempo, cuánto gastan los países ricos en subsidios para sus productores.
¿Por qué la dicotomía? Los subsidios son buenos para Europa, son buenos para África, son buenos para Brasil. Pero los subsidios exitosos son los pequeños. Los subsidios inteligentes. Como hizo Malawi con el maíz: el gobierno ayuda a los agricultores y les facilita el acceso al mercado y a la tecnología como incentivo al crecimiento económico.
IPS: ¿Hay conflicto entre biocombustibles y alimentos?
KN: ¿Por cuánto tiempo ha estado Brasil produciendo biocombustibles? ¿Veinticinco años?
IPS: Treinta años.
KN: Treinta años. ¿Hay conflicto? No. No puede decirse que nada sea malo en sí mismo. El problema es cómo se hace. Si un predio donde se cultivan alimentos, maíz, por ejemplo, se lo comienza a usar para producir biocombustibles, se reduce el acceso al grano. Se provoca un encarecimiento artificial. Cuando en tierras agrícolas de países pobres se comienza a producir biocombustibles, sus gobiernos saldrán a mendigar comida afuera y sobrevivirán sólo mediante la asistencia.
Lo que también está en cuestión es la viabilidad económica. Brasil, por ejemplo, cultivó caña azucarera en tierras que hasta entonces no eran agrícolas. Eso resultó económicamente viable y el precio del azúcar no se vio afectado. Es distinto si Europa decide aumentar 10 por ciento su producción de biocombustibles, pues producirá un litro con un gasto de agua 10 veces superior a lo que insume producir un litro de combustibles fósiles.
Por eso, los biocombustibles no son un error, pero sí puede ser erróneo el contexto en el que se invierte en ellos.
IPS: La agricultura familiar adopta cada vez más lo que en Brasil se denomina agroecología. ¿Qué piensa de esta modalidad productiva?
KN: Básicamente, el término agroecología, tal como se lo emplea en Brasil, significa agricultura orgánica, aquella que se practica sin usar pesticidas o insecticidas químicos. ¿Por qué debería usarlos una comunidad si carece de recursos para comprarlos dado su elevado costo? Pero debemos ubicar los argumentos en su debido contexto.
Si existe la posibilidad, sea en Brasil o en África, de producir alimentos orgánicos a través de la agricultura familiar y de obtener buenos precios, dada la demanda del Norte, ¿por qué no hacerlo, generando así riqueza económica?
Es simple: el precio de los fertilizantes y de los insecticidas químicos es alto, el del combustible sube. ¿Quién pagará el costo en una comunidad agrícola familiar? Para estos campesinos, es más eficiente cultivar sin productos químicos.
Pero en un país donde sólo dos por ciento de los habitantes son agricultores y los salarios no son altos, se necesitarán otros enfoques para producir alimentos.
IPS: Hablemos de cultivos genéticamente modificados…
KN: Hay cierta confusión en el uso de ese término. Cuando transferimos genes de una especie a otra --de un animal a un vegetal, por ejemplo--, hablamos de organismos transgénicos. Es una cosa distinta.
No olvidemos que la medicina ha usado organismos genéticamente modificados para producir vacunas durante mucho tiempo. Mi cuerpo y su cuerpo tienen estos organismos por razones sanitarias.
La agricultura tiene problemas que no han podido resolverse con enfoques tradicionales. Existen áreas con sequías frecuentes cuyos agricultores no pueden producir cultivos que las resistan. En esos casos, la única posibilidad es apelar a los transgénicos: hay un problema y, para solucionarlo, la tecnología es la única herramienta.
Ahora bien, ni cinco por ciento de las tierras agrícolas de África han sido irrigadas, y la mayoría de ellas se encuentran en Egipto, no en la región subsahariana. Los agricultores africanos usan ocho kilogramos de fertilizante por hectárea, cuando los asiáticos usan apenas 1,2 kilogramos. Si no explotaron tecnologías sencillas, que ya existen, ¿por qué tendrían que recurrir a los transgénicos?
Pongamos el caballo delante del carro, no al revés. Allí donde el único recurso posible es el uso de organismos genéticamente modificados… sí, usémoslos. Pero no son la solución para la crisis alimentaria, sino para un problema particular: el de las pestes que se han vuelto totalmente resistentes a los pesticidas químicos. (FIN/2009)
miércoles, 15 de julio de 2009
Preguntas sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana
16 junio 2009
Ya empezaron las negociaciones para la construcción de seis plantas hidroeléctricas en la Amazonía de Perú. Dicho proyecto es una iniciativa de Garcia y Presidente de Brasil, Lula da Silva. Hay bastante preocupación por la naturaleza de la inciativa y sus implicaciones para la región que no están resueltas y que señalan mayor problemas.
Por Marc Dourojeanni
En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciada demanda energética del país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño.
El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.
A este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado gran parte del país sin ríos no explotados con una o más obras para fines energéticos, con gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Han generado, por ejemplo, el importante movimiento popular denominado Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa instalaciones de las empresas.
El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
El Brasil y el Paraguay están precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas.
Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es “una represa” en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de la Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podrían haber otras cinco represas para “explotar” mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que va a ser parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socio-ambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Fuente: Articulación IIRSA
Ya empezaron las negociaciones para la construcción de seis plantas hidroeléctricas en la Amazonía de Perú. Dicho proyecto es una iniciativa de Garcia y Presidente de Brasil, Lula da Silva. Hay bastante preocupación por la naturaleza de la inciativa y sus implicaciones para la región que no están resueltas y que señalan mayor problemas.
Por Marc Dourojeanni
En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciada demanda energética del país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño.
El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.
A este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado gran parte del país sin ríos no explotados con una o más obras para fines energéticos, con gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Han generado, por ejemplo, el importante movimiento popular denominado Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa instalaciones de las empresas.
El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
El Brasil y el Paraguay están precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas.
Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es “una represa” en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de la Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podrían haber otras cinco represas para “explotar” mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que va a ser parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socio-ambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Fuente: Articulación IIRSA
Uruguay: historia de dos insecticidas, sustitutos peores que el tóxico original
Autor | María Isabel Cárcamo | Idioma | Español | Pais | Uruguay | Publicado | 3 julio 2009 12:19
Los hormiguicidas Sulfluramida y Fipronil fueron autorizados, por resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del 22 de junio del 2004, como sustitutos del insecticida organoclorado Mirex, que integra la lista de agrotóxicos prohibidos por el Convenio de Estocolmo, convenio del cual Uruguay es parte.
La prohibición del Mirex se debe a que se trata de un Contaminante Orgánico Persistente (COPs), sustancias consideradas peligrosas para la salud y para el medio ambiente debido a sus propiedades: elevada persistencia en el medio ambiente, capacidad para transportarse por largas distancias a través del aire y agua, ser altamente tóxicas y por acumularse en la cadena alimenticia.
Se podría pensar que la prohibición del uso del hormiguicida Mirex constituyó un paso adelante, ya que se eliminó una sustancia altamente tóxica, tanto para el medio ambiente como para los seres humanos. Sin embargo, esa resolución no ha significado avance alguno, ya que los sustitutos aprobados por el MGAP han resultado ser tan tóxicos y persistentes como el que se eliminó.
El caso del Fipronil
En el momento en que el MGAP aprobó esa resolución, ya se conocían los impactos que este insecticida había causado tanto en Europa como en Estados Unidos. En el caso de Francia, en enero del 2004 se suspendió la venta de insecticidas a base de Fipronil debido a la muerte de millones de abejas por la aplicación de este insecticida en cultivos agrícolas. Por su lado, la Agencia Ambiental norteamericana (EPA) ya lo había identificado como un posible cancerígeno. Más recientemente, en el año 2008, los apicultores alemanes lograron que se suspendiera la venta de este insecticida por haber causado la muerte de miles de sus colmenas.
En el caso concreto de Uruguay, los apicultores ya han constatado la muerte de cientos de sus colmenas como resultado del uso masivo de Fipronil. A raíz de este hecho, han solicitado al gobierno que se restrinja el uso de este agrotóxico, por ser ampliamente conocida su toxicidad para las abejas y por su persistencia en el medio ambiente.
Sin embargo, y a pesar de que los efectos de este insecticida son ya bien conocidos, aún no se ha logrado prohibir su uso. Peor aún, el MGAP ha incorporado recientemente dos nuevas sustancias a la lista de las ya permitidas con el principio activo Fipronil, sumando ahora veintitrés. Las formulaciones en las cuales este agrotóxico es comercializado son muy diversas: polvo mojable, cebo granulado, suspensión concentrada, gránulos dispersables y suspensión curasemillas. Dichas formulaciones a su vez muestran que esta sustancia es utilizada como insecticida, curasemillas y hormiguicida. La importación de este insecticida en los últimos años asciende a miles de kilos, tanto bajo la forma de principio activo como en formulaciones.
El caso de la Sulfluramida
El otro sustituto recomendado por el MGAP al momento de prohibir el Mirex fue la Sulfluramida. Este es un hormiguicida granulado que se vende bajo los nombres comerciales de Mirenex-sulf, Attakill Mir-X-S, Agrimex-S, Sulfa Max Huagro, Mix Hor-Talf y Fluramin. Al momento de la recomendación por parte del MGAP, la Agencia Ambiental norteamericana (EPA) decía que “observaciones en animales de laboratorio han mostrado que incluso exposiciones pequeñas a este producto pueden causar alteraciones en el aparato reproductivo y en el desarrollo”. Cabe señalar que en los Estados Unidos, las propias empresas que producen la Sulfluramida se han comprometido a retirar del mercado los productos que contengan esta sustancia antes del año 2016.
A lo anterior se suma la relación entre la producción y el uso de la Sulfluramida con otra sustancia tóxica: el sulfato de perfluoroctano (PFOS). Durante la IV Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo realizada en Ginebra del 4 al 8 de mayo de este año, uno de los temas analizados fue el de la necesidad de incluir al sulfato de perfluoroctano (PFOS) en la lista de sustancias a ser eliminadas. La preocupación de incluir al PFOS a dicha lista se basa en que se trata de una sustancia extremadamente persistente, que no ha mostrado descomposición alguna bajo las condiciones ambientales en las que ha sido evaluada. Es muy tóxico para mamíferos y concentraciones altísimas han sido encontradas en animales que viven en el ártico, muy lejos de la intervención humana. El PFOS es fácilmente detectable en tejidos humanos como sangre y leche materna y en un estudio realizado entre los años 2003 y 2004 en Estados Unidos se encontró sulfato de perfluoroctano en la sangre de 297 niños de un grupo de 299 menores.
El PFOS es una sustancia producida en forma intencional y también como subproducto de la degradación de otros productos químicos. Este es justamente el caso del agrotóxico Sulfluramida utilizado como hormiguicida, ya que tanto su formulación inicial como su degradación en el ambiente involucran al PFOS. En definitiva, la Sulfluramida es una sustancia que resulta ser aún más persistente y por lo tanto más tóxica que el Mirex al que sustituyó, o sea, que el MGAP no hizo otra cosa que sustituir un COP por otro COP aún peor.
Uruguay importa grandes cantidades de este agrotóxico desde Argentina y Brasil. En el año 2007 las importaciones de cebo granulado de Sulfluramida ascendieron a 156.461 kilos, en tanto que se importaron además 469 kilos del principio activo. En el año 2008, las importaciones del producto formulado fueron de 103.681 kilos, a los que se sumaron 311 kilos de principio activo.
Tan tóxicos como innecesarios
La importancia del Convenio de Estocolmo es que el mismo ha significado un reconocimiento de que existen sustancias muy tóxicas que deben ser eliminadas. Lamentablemente, sus avances son muy lentos y las empresas que producen y comercializan tales agrotóxicos se mueven hábilmente para que las negociaciones no solo no afecten sino incluso que beneficien sus intereses. Por ejemplo, la eliminación de algunas de las sustancias más tóxicas (como el mismo Mirex) fue propiciada por las propias empresas porque sus patentes ya habían expirado y aspiraban a cobrar la patente de sus nuevos agrotóxicos.
Más allá de las bondades y problemas del Convenio, la respuesta para eliminar definitivamente a los agrotóxicos pasa por buscar alternativas al modelo de producción basado en monocultivos agrícolas y forestales, que convierte en plaga a insectos como la hormiga. Las hormigas son parte de nuestros ecosistemas y su control no pasa por la sustitución de un agrotóxico por otro supuestamente “menos contaminante”, como ha sido el caso con el Fipronil y la Sulfluramida, sino por el desarrollo de sistemas productivos basados en la diversidad.
Pero incluso dentro del propio modelo productivo predominante, ya se han identificado métodos de control biológico de hormigas –basados en hongos que se desarrollan en granos de arroz- y por tanto no hay ninguna razón válida para seguir envenenado el ambiente con estas sustancias tóxicas.
Los daños causados por la sustitución del Mirex por el Fipronil y la Sulfluramida fueron innecesarios y se pudieron evitar. En base al conocimiento existente, es hora de que el MGAP modifique su postura y los elimine definitivamente para evitar que sigan impactando sobre el ambiente, la salud de la gente y otras producciones agropecuarias como la apicultura.
María Isabel Cárcamo
Junio 2009
Fuente: RAPAL - Uruguay
Los hormiguicidas Sulfluramida y Fipronil fueron autorizados, por resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del 22 de junio del 2004, como sustitutos del insecticida organoclorado Mirex, que integra la lista de agrotóxicos prohibidos por el Convenio de Estocolmo, convenio del cual Uruguay es parte.
La prohibición del Mirex se debe a que se trata de un Contaminante Orgánico Persistente (COPs), sustancias consideradas peligrosas para la salud y para el medio ambiente debido a sus propiedades: elevada persistencia en el medio ambiente, capacidad para transportarse por largas distancias a través del aire y agua, ser altamente tóxicas y por acumularse en la cadena alimenticia.
Se podría pensar que la prohibición del uso del hormiguicida Mirex constituyó un paso adelante, ya que se eliminó una sustancia altamente tóxica, tanto para el medio ambiente como para los seres humanos. Sin embargo, esa resolución no ha significado avance alguno, ya que los sustitutos aprobados por el MGAP han resultado ser tan tóxicos y persistentes como el que se eliminó.
El caso del Fipronil
En el momento en que el MGAP aprobó esa resolución, ya se conocían los impactos que este insecticida había causado tanto en Europa como en Estados Unidos. En el caso de Francia, en enero del 2004 se suspendió la venta de insecticidas a base de Fipronil debido a la muerte de millones de abejas por la aplicación de este insecticida en cultivos agrícolas. Por su lado, la Agencia Ambiental norteamericana (EPA) ya lo había identificado como un posible cancerígeno. Más recientemente, en el año 2008, los apicultores alemanes lograron que se suspendiera la venta de este insecticida por haber causado la muerte de miles de sus colmenas.
En el caso concreto de Uruguay, los apicultores ya han constatado la muerte de cientos de sus colmenas como resultado del uso masivo de Fipronil. A raíz de este hecho, han solicitado al gobierno que se restrinja el uso de este agrotóxico, por ser ampliamente conocida su toxicidad para las abejas y por su persistencia en el medio ambiente.
Sin embargo, y a pesar de que los efectos de este insecticida son ya bien conocidos, aún no se ha logrado prohibir su uso. Peor aún, el MGAP ha incorporado recientemente dos nuevas sustancias a la lista de las ya permitidas con el principio activo Fipronil, sumando ahora veintitrés. Las formulaciones en las cuales este agrotóxico es comercializado son muy diversas: polvo mojable, cebo granulado, suspensión concentrada, gránulos dispersables y suspensión curasemillas. Dichas formulaciones a su vez muestran que esta sustancia es utilizada como insecticida, curasemillas y hormiguicida. La importación de este insecticida en los últimos años asciende a miles de kilos, tanto bajo la forma de principio activo como en formulaciones.
El caso de la Sulfluramida
El otro sustituto recomendado por el MGAP al momento de prohibir el Mirex fue la Sulfluramida. Este es un hormiguicida granulado que se vende bajo los nombres comerciales de Mirenex-sulf, Attakill Mir-X-S, Agrimex-S, Sulfa Max Huagro, Mix Hor-Talf y Fluramin. Al momento de la recomendación por parte del MGAP, la Agencia Ambiental norteamericana (EPA) decía que “observaciones en animales de laboratorio han mostrado que incluso exposiciones pequeñas a este producto pueden causar alteraciones en el aparato reproductivo y en el desarrollo”. Cabe señalar que en los Estados Unidos, las propias empresas que producen la Sulfluramida se han comprometido a retirar del mercado los productos que contengan esta sustancia antes del año 2016.
A lo anterior se suma la relación entre la producción y el uso de la Sulfluramida con otra sustancia tóxica: el sulfato de perfluoroctano (PFOS). Durante la IV Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo realizada en Ginebra del 4 al 8 de mayo de este año, uno de los temas analizados fue el de la necesidad de incluir al sulfato de perfluoroctano (PFOS) en la lista de sustancias a ser eliminadas. La preocupación de incluir al PFOS a dicha lista se basa en que se trata de una sustancia extremadamente persistente, que no ha mostrado descomposición alguna bajo las condiciones ambientales en las que ha sido evaluada. Es muy tóxico para mamíferos y concentraciones altísimas han sido encontradas en animales que viven en el ártico, muy lejos de la intervención humana. El PFOS es fácilmente detectable en tejidos humanos como sangre y leche materna y en un estudio realizado entre los años 2003 y 2004 en Estados Unidos se encontró sulfato de perfluoroctano en la sangre de 297 niños de un grupo de 299 menores.
El PFOS es una sustancia producida en forma intencional y también como subproducto de la degradación de otros productos químicos. Este es justamente el caso del agrotóxico Sulfluramida utilizado como hormiguicida, ya que tanto su formulación inicial como su degradación en el ambiente involucran al PFOS. En definitiva, la Sulfluramida es una sustancia que resulta ser aún más persistente y por lo tanto más tóxica que el Mirex al que sustituyó, o sea, que el MGAP no hizo otra cosa que sustituir un COP por otro COP aún peor.
Uruguay importa grandes cantidades de este agrotóxico desde Argentina y Brasil. En el año 2007 las importaciones de cebo granulado de Sulfluramida ascendieron a 156.461 kilos, en tanto que se importaron además 469 kilos del principio activo. En el año 2008, las importaciones del producto formulado fueron de 103.681 kilos, a los que se sumaron 311 kilos de principio activo.
Tan tóxicos como innecesarios
La importancia del Convenio de Estocolmo es que el mismo ha significado un reconocimiento de que existen sustancias muy tóxicas que deben ser eliminadas. Lamentablemente, sus avances son muy lentos y las empresas que producen y comercializan tales agrotóxicos se mueven hábilmente para que las negociaciones no solo no afecten sino incluso que beneficien sus intereses. Por ejemplo, la eliminación de algunas de las sustancias más tóxicas (como el mismo Mirex) fue propiciada por las propias empresas porque sus patentes ya habían expirado y aspiraban a cobrar la patente de sus nuevos agrotóxicos.
Más allá de las bondades y problemas del Convenio, la respuesta para eliminar definitivamente a los agrotóxicos pasa por buscar alternativas al modelo de producción basado en monocultivos agrícolas y forestales, que convierte en plaga a insectos como la hormiga. Las hormigas son parte de nuestros ecosistemas y su control no pasa por la sustitución de un agrotóxico por otro supuestamente “menos contaminante”, como ha sido el caso con el Fipronil y la Sulfluramida, sino por el desarrollo de sistemas productivos basados en la diversidad.
Pero incluso dentro del propio modelo productivo predominante, ya se han identificado métodos de control biológico de hormigas –basados en hongos que se desarrollan en granos de arroz- y por tanto no hay ninguna razón válida para seguir envenenado el ambiente con estas sustancias tóxicas.
Los daños causados por la sustitución del Mirex por el Fipronil y la Sulfluramida fueron innecesarios y se pudieron evitar. En base al conocimiento existente, es hora de que el MGAP modifique su postura y los elimine definitivamente para evitar que sigan impactando sobre el ambiente, la salud de la gente y otras producciones agropecuarias como la apicultura.
María Isabel Cárcamo
Junio 2009
Fuente: RAPAL - Uruguay
martes, 14 de julio de 2009
¡BASTA YA! ¡La Convención sobre el Cambio Climático de la ONU está descarrilando!
Autor | Vía Campesina | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 7 julio 2009 12:18
Llamada para movilizarse por un planeta frío – Copenhague – Diciembre 2009
¡No sacrifiquéis la agricultura de los/as campesinos/as por derechos para contaminar!
Mientras las predicciones de los/as científicos/as sobre la catástrofe climática continúan creciendo, los/as mandatarios/as mundiales se reunirán en Copenhague en diciembre de 2009 – del 7 al 18 de diciembre de 2009 – para la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC en sus siglas en inglés). Las soluciones que están siendo discutidas por la CMNUCC continúan permitiendo a los/as grandes consumidores/as de energía seguir contaminando con impunidad mientras pagan a otros/as para implementar proyectos que supuestamente capturan carbono. El Protocolo de Kyoto y los mecanismos de mercado que éste ha implementado han fracasado para reducir las emisiones de efecto invernadero y ralentizar los cambios debidos al clima (1).
A pesar de la urgencia de la situación, esta Convención ha fracasado radicalmente a la hora de cuestionar los actuales modelos de consumo y producción basados en la ilusión del crecimiento continuo. En vez de ello, han inventado nuevas oportunidades de negocio para que el sector privado siga acumulando enormes beneficios a expensas de la destrucción del planeta. El carbono se ha convertido en una nueva “mercancía” en manos de los/as especuladores/as, que la utilizan como un nuevo producto de esa economía ficticia que nos ha llevado hasta la actual crisis económica.
La agricultura se encuentra en el centro de las conversaciones sobre el clima. Según las estadísticas, las prácticas agrícolas contribuyeron alrededor del 17 por ciento en las emisiones mundiales entre 1990 y 2005. Además, el aumento de la presión sobre las tierras agrícolas es probable que sea uno de los principales impulsores de la deforestación, el otro gran contribuyente a las emisiones de gases invernadero. (2). En realidad, la destrucción de los bosques, así como la degradación del medio ambiente desde el sector agrícola proceden principalmente de la agricultura industrial. La agroindustria y las grandes extensiones de monocultivos provocan un uso intensivo de fertilizantes químicos procedentes del petróleo, plaguicidas y maquinaria, convirtiendo los bosques y praderas ricos en carbono en desiertos verdes, y se basan en una larga e innecesaria transformación secundaria y enlaces de transporte.
Por su parte, la agricultura campesina de pequeña escala es una solución clave para el Cambio Climático. Contribuye a enfriar el planeta y juega un papel vital en la relocalización de economías que nos permitirán vivir en una sociedad sostenible. La producción local sostenible de alimentos utiliza menos energía, elimina la dependencia respecto a productos alimentarios animales importados y retiene carbono en la tierra al mismo tiempo que aumenta su biodiversidad. Las semillas locales se adaptan mejor a los cambios del clima que ya nos están afectando. La agricultura familiar no solamente contribuye positivamente al balance de carbono del planeta, sino que además da empleo a 2.800 millones de personas (3) – hombres y mujeres – a lo largo del mundo y sigue siendo la mejor manera para combatir el hambre, la malnutrición y la actual crisis alimentaria. Si a los/as pequeños/as campesinos/as se les da acceso a la tierra, al agua, a la educación y a la salud y son apoyados/as con políticas que pretendan la soberanía alimentaria seguirán alimentando el mundo y protegiendo el planeta.
Para los/as campesinos/as del mundo, las falsas soluciones propuestas en las conversaciones sobre el cambio climático, como la iniciativa REDD (Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo), los mecanismos de bonos de carbono y los proyectos de geoingeniería son tan amenazantes como la sequía, los tornados y los nuevos patrones del clima. Otras propuestas como la iniciativa biochar (enterrar en el suelo miles de millones de toneladas de carbón cada año), la agricultura de laboreo cero y los transgénicos resistentes al clima son las propuestas del agronegocio y aumentarán la marginalización de los/as pequeños/as campesinos/as. La fuerte promoción de plantaciones industriales de monocultivo y agrocombustibles como soluciones para la crisis en realidad aumentan la presión sobre la tierra agrícola. Ha llevado ya a la masiva apropiación de tierra por parte de las compañías transnacionales en los países en vías de desarrollo, expulsando a campesinos/as y a comunidades indígenas de sus territorios.
Los beneficios que los/as pequeños/as campesinos/as proveen al medio ambiente no pueden ser usados como una excusa para seguir contaminando como siempre. La CMNUCC está actualmente discutiendo mecanismos para incluir la tierra agrícola entre los mecanismos del comercio de carbono, un movimiento que podría dejar a los/as campesinos/as con el único apoyo del sucio dinero de los/as que contaminan. Estos mecanismos están destinados a fracasar, porque no están dirigidos a reducir la utilización de combustibles fósiles o a reducir las emisiones de los países industrializados.
Por tanto, La Vía Campesina llama a todos/as sus miembros, amigos/as y aliados/as, a movilizarse en Copenhague y a lo largo del mundo durante la Conferencia de la CMNUCC en del 7 al 18 de diciembre de 2009 de 2009. Un día de acción especial sobre agricultura será declarado como parte de las protestas masivas por cientos de movimientos sociales y organizaciones.
Hacia Copenhague: ¿Qué se puede hacer a nivel nacional y local?
1. Recoger datos e información relativa al impacto del cambio climático en la agricultura familiar y en el modo se vida de los pequeños agricultores
2. Recoger datos e información relativos al impacto de las soluciones y falsas soluciones basadas en el mercado del cambio climático en los pequeños agricultores
3. Llevar la información desde la base de cómo las prácticas de los pequeños agricultores han estado conservando los ecosistemas.
4. Persuadir a su gobierno para que rechace las soluciones basadas en el mercado y a favor de las empresas, y promover soluciones reales a la crisis actual. Proteger la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria son algunas de estas soluciones.
5. ¡Únete a la movilización! Junto con otros movimientos sociales participamos en diversas actividades paralelas en septiembre en Bangkok durante la última reunión de la CMNUCC preparatoria de la Convención Marco de Copenhague.
¡RECHAZAMOS LAS FALSAS SOLUCIONES DE LA CMNUCC!
DEMANDAMOS UNA URGENTE REORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL MUNDO HACIA OTRAS ECONOMÍAS QUE PONGAN A LAS PERSONAS Y A LOS PUELBOS EN EL CENTRO, DONDE LA AGRICULTURA DE LOS/AS CAMPESINOS/AS Y LOS SISTEMAS LOCALES DE ALIMENTACIÓN JUEGUEN UN PAPEL MÁS IMPORTANTE.
¡LAS PERSONAS, LOS PUEBLOS Y EL PLANETA SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS BENEFICIOS!
¡NO HAGÁIS NEGOCIO DE UNA CATÁSTROFE CLIMÁTICA!
¡LA AGRICULTURA FAMILIAR DE PEQUEÑA ESCALA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ENFRÍAN EL PLANETA!
Peter Atherton del Citigroup, que estuvo fuertemente involucrado en el Comercio de Carbono, ha dicho sobre el mercado de Carbono más grande del mundo: “El Esquema Europeo de Comercio de Emisiones no ha hecho nada para frenar las emisiones… ¿Se han conseguido los objetivos políticos? Los precios subiendo, las emisiones subiendo, los beneficios aumentando… por tanto, no, realmente no”. (Citigroup Global Markets (2007), quoted in L. Lohmann in Governance as Corruption, presentation, Athens, November 2008; ver aquí
Address by Yvo de Boer, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change , 14 May 2009.
Le Monde, 23 de abril de 2009.
Fuente: Via Campesina
Llamada para movilizarse por un planeta frío – Copenhague – Diciembre 2009
¡No sacrifiquéis la agricultura de los/as campesinos/as por derechos para contaminar!
Mientras las predicciones de los/as científicos/as sobre la catástrofe climática continúan creciendo, los/as mandatarios/as mundiales se reunirán en Copenhague en diciembre de 2009 – del 7 al 18 de diciembre de 2009 – para la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC en sus siglas en inglés). Las soluciones que están siendo discutidas por la CMNUCC continúan permitiendo a los/as grandes consumidores/as de energía seguir contaminando con impunidad mientras pagan a otros/as para implementar proyectos que supuestamente capturan carbono. El Protocolo de Kyoto y los mecanismos de mercado que éste ha implementado han fracasado para reducir las emisiones de efecto invernadero y ralentizar los cambios debidos al clima (1).
A pesar de la urgencia de la situación, esta Convención ha fracasado radicalmente a la hora de cuestionar los actuales modelos de consumo y producción basados en la ilusión del crecimiento continuo. En vez de ello, han inventado nuevas oportunidades de negocio para que el sector privado siga acumulando enormes beneficios a expensas de la destrucción del planeta. El carbono se ha convertido en una nueva “mercancía” en manos de los/as especuladores/as, que la utilizan como un nuevo producto de esa economía ficticia que nos ha llevado hasta la actual crisis económica.
La agricultura se encuentra en el centro de las conversaciones sobre el clima. Según las estadísticas, las prácticas agrícolas contribuyeron alrededor del 17 por ciento en las emisiones mundiales entre 1990 y 2005. Además, el aumento de la presión sobre las tierras agrícolas es probable que sea uno de los principales impulsores de la deforestación, el otro gran contribuyente a las emisiones de gases invernadero. (2). En realidad, la destrucción de los bosques, así como la degradación del medio ambiente desde el sector agrícola proceden principalmente de la agricultura industrial. La agroindustria y las grandes extensiones de monocultivos provocan un uso intensivo de fertilizantes químicos procedentes del petróleo, plaguicidas y maquinaria, convirtiendo los bosques y praderas ricos en carbono en desiertos verdes, y se basan en una larga e innecesaria transformación secundaria y enlaces de transporte.
Por su parte, la agricultura campesina de pequeña escala es una solución clave para el Cambio Climático. Contribuye a enfriar el planeta y juega un papel vital en la relocalización de economías que nos permitirán vivir en una sociedad sostenible. La producción local sostenible de alimentos utiliza menos energía, elimina la dependencia respecto a productos alimentarios animales importados y retiene carbono en la tierra al mismo tiempo que aumenta su biodiversidad. Las semillas locales se adaptan mejor a los cambios del clima que ya nos están afectando. La agricultura familiar no solamente contribuye positivamente al balance de carbono del planeta, sino que además da empleo a 2.800 millones de personas (3) – hombres y mujeres – a lo largo del mundo y sigue siendo la mejor manera para combatir el hambre, la malnutrición y la actual crisis alimentaria. Si a los/as pequeños/as campesinos/as se les da acceso a la tierra, al agua, a la educación y a la salud y son apoyados/as con políticas que pretendan la soberanía alimentaria seguirán alimentando el mundo y protegiendo el planeta.
Para los/as campesinos/as del mundo, las falsas soluciones propuestas en las conversaciones sobre el cambio climático, como la iniciativa REDD (Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo), los mecanismos de bonos de carbono y los proyectos de geoingeniería son tan amenazantes como la sequía, los tornados y los nuevos patrones del clima. Otras propuestas como la iniciativa biochar (enterrar en el suelo miles de millones de toneladas de carbón cada año), la agricultura de laboreo cero y los transgénicos resistentes al clima son las propuestas del agronegocio y aumentarán la marginalización de los/as pequeños/as campesinos/as. La fuerte promoción de plantaciones industriales de monocultivo y agrocombustibles como soluciones para la crisis en realidad aumentan la presión sobre la tierra agrícola. Ha llevado ya a la masiva apropiación de tierra por parte de las compañías transnacionales en los países en vías de desarrollo, expulsando a campesinos/as y a comunidades indígenas de sus territorios.
Los beneficios que los/as pequeños/as campesinos/as proveen al medio ambiente no pueden ser usados como una excusa para seguir contaminando como siempre. La CMNUCC está actualmente discutiendo mecanismos para incluir la tierra agrícola entre los mecanismos del comercio de carbono, un movimiento que podría dejar a los/as campesinos/as con el único apoyo del sucio dinero de los/as que contaminan. Estos mecanismos están destinados a fracasar, porque no están dirigidos a reducir la utilización de combustibles fósiles o a reducir las emisiones de los países industrializados.
Por tanto, La Vía Campesina llama a todos/as sus miembros, amigos/as y aliados/as, a movilizarse en Copenhague y a lo largo del mundo durante la Conferencia de la CMNUCC en del 7 al 18 de diciembre de 2009 de 2009. Un día de acción especial sobre agricultura será declarado como parte de las protestas masivas por cientos de movimientos sociales y organizaciones.
Hacia Copenhague: ¿Qué se puede hacer a nivel nacional y local?
1. Recoger datos e información relativa al impacto del cambio climático en la agricultura familiar y en el modo se vida de los pequeños agricultores
2. Recoger datos e información relativos al impacto de las soluciones y falsas soluciones basadas en el mercado del cambio climático en los pequeños agricultores
3. Llevar la información desde la base de cómo las prácticas de los pequeños agricultores han estado conservando los ecosistemas.
4. Persuadir a su gobierno para que rechace las soluciones basadas en el mercado y a favor de las empresas, y promover soluciones reales a la crisis actual. Proteger la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria son algunas de estas soluciones.
5. ¡Únete a la movilización! Junto con otros movimientos sociales participamos en diversas actividades paralelas en septiembre en Bangkok durante la última reunión de la CMNUCC preparatoria de la Convención Marco de Copenhague.
¡RECHAZAMOS LAS FALSAS SOLUCIONES DE LA CMNUCC!
DEMANDAMOS UNA URGENTE REORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL MUNDO HACIA OTRAS ECONOMÍAS QUE PONGAN A LAS PERSONAS Y A LOS PUELBOS EN EL CENTRO, DONDE LA AGRICULTURA DE LOS/AS CAMPESINOS/AS Y LOS SISTEMAS LOCALES DE ALIMENTACIÓN JUEGUEN UN PAPEL MÁS IMPORTANTE.
¡LAS PERSONAS, LOS PUEBLOS Y EL PLANETA SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS BENEFICIOS!
¡NO HAGÁIS NEGOCIO DE UNA CATÁSTROFE CLIMÁTICA!
¡LA AGRICULTURA FAMILIAR DE PEQUEÑA ESCALA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ENFRÍAN EL PLANETA!
Peter Atherton del Citigroup, que estuvo fuertemente involucrado en el Comercio de Carbono, ha dicho sobre el mercado de Carbono más grande del mundo: “El Esquema Europeo de Comercio de Emisiones no ha hecho nada para frenar las emisiones… ¿Se han conseguido los objetivos políticos? Los precios subiendo, las emisiones subiendo, los beneficios aumentando… por tanto, no, realmente no”. (Citigroup Global Markets (2007), quoted in L. Lohmann in Governance as Corruption, presentation, Athens, November 2008; ver aquí
Address by Yvo de Boer, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change , 14 May 2009.
Le Monde, 23 de abril de 2009.
Fuente: Via Campesina
lunes, 13 de julio de 2009
Cuba: el uso de transgénicos para producir alimentos
Autor | Fernando R. Funes-Monzote | Idioma | Español | Pais | Cuba | Publicado | 7 julio 2009 13:00
La noticia de que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) introducirá en breve plazo especies de plantas transgénicas a escala comercial en Cuba, ha sido recibida por unos con optimismo y por otros con preocupación. Lamentablemente, para la mayoría de la población ha pasado inadvertida.
A diferencia de otros países, en Cuba no ha habido un debate nacional sobre la producción y consumo de alimentos transgénicos. Incluso se comenta que desde hace algún tiempo nos alimentamos con transgénicos sin saberlo. Todo parece indicar que en breve plazo el CIGB recibirá una licencia para cultivar maíz transgénico cubano en miles de hectáreas y que la introducción de esta tecnología cuenta con el máximo apoyo del Estado.
Como científico comprometido con la agricultura cubana y mundial, considero que se impone un debate abierto y profundo sobre el uso de transgénicos para la producción de alimentos en Cuba. Mi relativa ignorancia sobre las sofisticadas técnicas y procesos biotecnológicos que dan lugar a un Organismo Modificado Genéticamente (OMG), la siento compensada por el conocimiento que he podido acumular sobre agroecología. Escribo este análisis convencido de que sin el reconocimiento de muchos fenómenos ecológico-ambientales, económicos, organizativos y sociales relacionados con la actividad agrícola, no se podrá diseñar ninguna estrategia de desarrollo tecnológico acertada. Y también seguro de que no hay tecnología que por sí sola solucione los problemas del agro cubano ni de ningún otro país. Por lo tanto, necesitamos un enfoque integral que nos lleve a decisiones más conscientes y holísticas.
En este análisis no pretendo antagonizar, ni enjuiciar o menospreciar el trabajo de científicos que, desde su óptica, piensan que su contribución puede ayudar al desarrollo agrícola del país. No dudo de la competencia científica de las personas involucradas en el proyecto biotecnológico agrícola cubano, como tampoco cuestiono a las autoridades encargadas de poner enpráctica las normas de seguridad biológica en Cuba. Sin embargo, creo que aún es necesario considerar algunos aspectos relevantes del enfoque agroecológico antes de tomar cualquier decisión que pueda poner en riesgo la salud de los ecosistemas y de los seres humanos.
Fuente: http://www.ircamericas.org, http://www.foodfirst.org
La noticia de que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) introducirá en breve plazo especies de plantas transgénicas a escala comercial en Cuba, ha sido recibida por unos con optimismo y por otros con preocupación. Lamentablemente, para la mayoría de la población ha pasado inadvertida.
A diferencia de otros países, en Cuba no ha habido un debate nacional sobre la producción y consumo de alimentos transgénicos. Incluso se comenta que desde hace algún tiempo nos alimentamos con transgénicos sin saberlo. Todo parece indicar que en breve plazo el CIGB recibirá una licencia para cultivar maíz transgénico cubano en miles de hectáreas y que la introducción de esta tecnología cuenta con el máximo apoyo del Estado.
Como científico comprometido con la agricultura cubana y mundial, considero que se impone un debate abierto y profundo sobre el uso de transgénicos para la producción de alimentos en Cuba. Mi relativa ignorancia sobre las sofisticadas técnicas y procesos biotecnológicos que dan lugar a un Organismo Modificado Genéticamente (OMG), la siento compensada por el conocimiento que he podido acumular sobre agroecología. Escribo este análisis convencido de que sin el reconocimiento de muchos fenómenos ecológico-ambientales, económicos, organizativos y sociales relacionados con la actividad agrícola, no se podrá diseñar ninguna estrategia de desarrollo tecnológico acertada. Y también seguro de que no hay tecnología que por sí sola solucione los problemas del agro cubano ni de ningún otro país. Por lo tanto, necesitamos un enfoque integral que nos lleve a decisiones más conscientes y holísticas.
En este análisis no pretendo antagonizar, ni enjuiciar o menospreciar el trabajo de científicos que, desde su óptica, piensan que su contribución puede ayudar al desarrollo agrícola del país. No dudo de la competencia científica de las personas involucradas en el proyecto biotecnológico agrícola cubano, como tampoco cuestiono a las autoridades encargadas de poner enpráctica las normas de seguridad biológica en Cuba. Sin embargo, creo que aún es necesario considerar algunos aspectos relevantes del enfoque agroecológico antes de tomar cualquier decisión que pueda poner en riesgo la salud de los ecosistemas y de los seres humanos.
Fuente: http://www.ircamericas.org, http://www.foodfirst.org
domingo, 12 de julio de 2009
Chile: ¡NO permitas la privatización de nuestro mar!
Autor | Centro Ecocéanos / Centro de Conservación Cetácea / OLCA | Idioma | Español | Pais | Chile | Publicado | 6 julio 2009 12:42
¿Sabías que el 6 de julio los senadores podrían aprobar un proyecto para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura permitiendo la entrega gratuita y a perpetuidad miles de hectáreas de NUESTRO MAR en las regiones de Chiloé, Aysén y Magallanes? ¿Sabías que los nuevos dueños de NUESTRO MAR serán empresas transnacionales salmoneras de Noruega, España y Japón, así como bancos españoles, holandeses y de los grandes grupos empresariales chilenos, tales como el BBVA, Rabobank, BICE, BCI y Banco Chile?
¿Sabías que este abusivo y anticonstitucional proyecto de Ley se esta tratando de aprobar con el único fin de lanzar un “salvidas” a un pequeño grupo de grandes empresarios y transnacionales salmoneras, los que han generado la mayor crisis sanitaria, ambiental y social en el sur de Chile, debido a que durante las últimas décadas no respetaron la ley, ni cumplieron con los estándares laborales, ambientales y sociales mínimos?
Además tuvieron un comportamiento excluyente e irrespetuoso con las comunidades costeras, pescadores artesanales y pueblos originarios.
¿Sabías que además de NUESTRO MAR, áreas costeras, bahías, y fiordos de Chiloé, Aysén y Magallanes, el Estado de Chile entregará a las grandes empresas salmoneras 450 millones de dólares provenientes de NUESTROS impuestos? ¿Sabías que ese monto corresponde a un bono por carga familiar de $65.000, con el cual se podrían beneficiar a casi dos millones de familias chilenas de escasos recursos, principalmente en Puerto Montt, Calbuco, Chiloé/Quellón y Aysén, donde hoy 17.000 familias de trabajadores están desempleadas a consecuencia de la “crisis” creada por la industria salmonera?
¿Sabías que debido a las presiones de la industria salmonera y la banca acreedora, así como a la desinformación pública, la Cámara de Diputados APROBÓ en una primera fase esta abusiva reforma a la ley de pesca, y que muchos de quienes la están apoyando sólo buscan obtener apoyos empresariales para ser reelectos en las próximas elecciones de diciembre?
¿Sabías que este proyecto de ley también cuenta con el respaldo del Gobierno y que hasta hoy, ninguno de los candidatos a la presidencia se ha pronunciado rechazando la entrega gratuita y a perpetuidad de nuestra soberanía marina a los bancos y transnacionales salmoneras?
¡Sólo TU VOZ y dignidad, sumada a la de otros miles podrá detener esa CONTIENDA TAN DESIGUAL! Exige al Senado de la República de Chile, al Gobierno y a los candidatos presidencialesque rechacen este lunes la privatización y expropiación de nuestro Patrimonio Natural Marino. NO PERMITAS que nuestros legisladores y representantes gubernamentales pongan enriesgo nuestra soberanía, los derechos ciudadanos y el futuro de nuestro país como Nación Ribereña.
Ayúdanos a defender NUESTRO MAR firmando la solicitud para detener la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
FIRMA CONTRA LA PRIVATIZACION DEL MAR AQUI
Centro Ecocéanos / Centro de Conservación Cetácea / Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Santiago de Chile, 03 de julio de 2009
¿Sabías que el 6 de julio los senadores podrían aprobar un proyecto para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura permitiendo la entrega gratuita y a perpetuidad miles de hectáreas de NUESTRO MAR en las regiones de Chiloé, Aysén y Magallanes? ¿Sabías que los nuevos dueños de NUESTRO MAR serán empresas transnacionales salmoneras de Noruega, España y Japón, así como bancos españoles, holandeses y de los grandes grupos empresariales chilenos, tales como el BBVA, Rabobank, BICE, BCI y Banco Chile?
¿Sabías que este abusivo y anticonstitucional proyecto de Ley se esta tratando de aprobar con el único fin de lanzar un “salvidas” a un pequeño grupo de grandes empresarios y transnacionales salmoneras, los que han generado la mayor crisis sanitaria, ambiental y social en el sur de Chile, debido a que durante las últimas décadas no respetaron la ley, ni cumplieron con los estándares laborales, ambientales y sociales mínimos?
Además tuvieron un comportamiento excluyente e irrespetuoso con las comunidades costeras, pescadores artesanales y pueblos originarios.
¿Sabías que además de NUESTRO MAR, áreas costeras, bahías, y fiordos de Chiloé, Aysén y Magallanes, el Estado de Chile entregará a las grandes empresas salmoneras 450 millones de dólares provenientes de NUESTROS impuestos? ¿Sabías que ese monto corresponde a un bono por carga familiar de $65.000, con el cual se podrían beneficiar a casi dos millones de familias chilenas de escasos recursos, principalmente en Puerto Montt, Calbuco, Chiloé/Quellón y Aysén, donde hoy 17.000 familias de trabajadores están desempleadas a consecuencia de la “crisis” creada por la industria salmonera?
¿Sabías que debido a las presiones de la industria salmonera y la banca acreedora, así como a la desinformación pública, la Cámara de Diputados APROBÓ en una primera fase esta abusiva reforma a la ley de pesca, y que muchos de quienes la están apoyando sólo buscan obtener apoyos empresariales para ser reelectos en las próximas elecciones de diciembre?
¿Sabías que este proyecto de ley también cuenta con el respaldo del Gobierno y que hasta hoy, ninguno de los candidatos a la presidencia se ha pronunciado rechazando la entrega gratuita y a perpetuidad de nuestra soberanía marina a los bancos y transnacionales salmoneras?
¡Sólo TU VOZ y dignidad, sumada a la de otros miles podrá detener esa CONTIENDA TAN DESIGUAL! Exige al Senado de la República de Chile, al Gobierno y a los candidatos presidencialesque rechacen este lunes la privatización y expropiación de nuestro Patrimonio Natural Marino. NO PERMITAS que nuestros legisladores y representantes gubernamentales pongan enriesgo nuestra soberanía, los derechos ciudadanos y el futuro de nuestro país como Nación Ribereña.
Ayúdanos a defender NUESTRO MAR firmando la solicitud para detener la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
FIRMA CONTRA LA PRIVATIZACION DEL MAR AQUI
Centro Ecocéanos / Centro de Conservación Cetácea / Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Santiago de Chile, 03 de julio de 2009
sábado, 11 de julio de 2009
Chile: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Autor | Organizaciones Chilenas | Idioma | Español | Pais | Chile | Publicado | 18 junio 2009 14:39
El 17 de junio fue declarado Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1995 y desde entonces se conmemora en todo el mundo para llamar la atención sobre este problema. La desertificación, la degradación de la tierra y la sequía amenazan la seguridad humana al despojar a la gente de sus formas de vida, mediante la privación de los alimentos, del acceso al agua, de los medios para la realización de actividades económicas e incluso de sus propios hogares. El fracaso de las políticas y el cambio climático ponen más presión aún sobre el suelo. Cuando no se puede garantizar el agua potable o el suministro de alimentos, las poblaciones migran frecuentemente a zonas donde creen que pueden encontrarlos.
En Chile la desertificación afecta, en diversos grados, al 63% del territorio nacional. El gobierno chileno ha suscrito y ratificado la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), y en este marco ha elaborado un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PANCD). Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, por su parte, se agrupan en una Red Internacional de ONGs sobre Desertificación -RIOD- cuyo capítulo latinoamericano fue establecido en 1995.
RIOD-Chile en el último año ha efectuado diversas gestiones dirigidas a mejorar el desempeño de nuestro país en la lucha contra la desertificación y la sequía, pero al conmemorar este nuevo Día Mundial, debemos lamentar profundamente que aún no tengamos como país una política de estado frente al problema, ni un plan efectivo ante la grave degradación de suelos que nos afecta.
A pesar de las insistentes manifestaciones de organizaciones y comunidades, el gobierno continúa trabajando en una lógica de explotación de recursos naturales, que agrava la situación de desertificación y pobreza en Chile. Por ejemplo, en enero se anuncian nuevos subsidios a las plantaciones forestales industriales, que como se ha denunciado agravan la enfermedad de los suelos, y que además conllevan graves impactos sociales y culturales, sumado a esto las explotaciones mineras a gran escala en la cordillera de los Andes, continúan degradando y destruyendo los glaciares, reservorios de agua dulce, recursos estratégicos fundamentales para hacer frente a los cambios climáticos que se están desarrollando, y finalmente la falta de proyección en la matriz energética de nuestro país, trae y traerá en el corto plazo impactos a los ecosistemas.
Nuestras gestiones han incluido reuniones con las Ministras de Medio Ambiente y Agricultura, principales carteras relacionadas con el tema, y en ambos casos hemos manifestado nuestra preocupación con respecto a cómo estamos enfrentando estas graves problemáticas, sin embargo no hemos obtenido compromisos concretos, ni respuesta a nuestras reiteradas demandas.
En septiembre próximo, se realizará en Buenos Aires la Conferencia de las Partes (COP 9) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), reunión bianual donde los países que la han ratificado –como es el caso de Chile- dan cuenta de los avances en la implementación sus planes de acción nacionales, y nos preocupa profundamente qué cuentas dará Chile ante la comunidad internacional. El Plan de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación (PANCD) en Chile fue publicado en 1997, sin que hasta el momento se registren avances significativos en su aplicación.
Es por ello que, aprovechando una nueva conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación; a objeto de que efectivamente se implemente un Plan de Acción Nacional participativo, asociativo y con la cooperación de todos los actores, tal como lo estipula la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación -CNULD- de la cual nuestro país es parte; y frente a los escasos avances que hemos tenido a partir de las gestiones con los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, demandamos lo siguiente:
1. Se evalúe la labor de la Oficina de Coordinación del PANCD, incluyendo la función del coordinador nacional, y se tomen las medidas necesarias para fortalecer su accionar;
2. Se revise y actualice el PANCD de acuerdo a la Estrategia decenal acordada en la COP- 8;
3. Se realice una coordinación compartida del PANCD con CONAMA;
4. Se trate el tema de la implementación del PANCD en el Consejo de Ministros a objeto de darle mayor relevancia política; y
5. Se ponga en marcha un proyecto del Ministerio de Agricultura para que determine la actual extensión de la desertificación en el país e identifique las zonas mas afectadas.
Red Internacional de Organizaciones sobre Desertificación - Chile
Lucio Cuenca Berger
Director Ejecutivo Observatorio Conflictos Ambientales, OLCA
Punto Focal Red Internacional de ONGs sobre Desertificación – RIOD Chile
José Miguel Torrico
Programa Desertificación, Comité de Defensa de la Flora y Fauna CODEFF
Viviane Castro Salinas
Directora Ejecutiva, Acción por la Tierra (EarthAction Santiago)
Contacto: observatorio@olca.cl
Fuente: OLCA
El 17 de junio fue declarado Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1995 y desde entonces se conmemora en todo el mundo para llamar la atención sobre este problema. La desertificación, la degradación de la tierra y la sequía amenazan la seguridad humana al despojar a la gente de sus formas de vida, mediante la privación de los alimentos, del acceso al agua, de los medios para la realización de actividades económicas e incluso de sus propios hogares. El fracaso de las políticas y el cambio climático ponen más presión aún sobre el suelo. Cuando no se puede garantizar el agua potable o el suministro de alimentos, las poblaciones migran frecuentemente a zonas donde creen que pueden encontrarlos.
En Chile la desertificación afecta, en diversos grados, al 63% del territorio nacional. El gobierno chileno ha suscrito y ratificado la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), y en este marco ha elaborado un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PANCD). Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, por su parte, se agrupan en una Red Internacional de ONGs sobre Desertificación -RIOD- cuyo capítulo latinoamericano fue establecido en 1995.
RIOD-Chile en el último año ha efectuado diversas gestiones dirigidas a mejorar el desempeño de nuestro país en la lucha contra la desertificación y la sequía, pero al conmemorar este nuevo Día Mundial, debemos lamentar profundamente que aún no tengamos como país una política de estado frente al problema, ni un plan efectivo ante la grave degradación de suelos que nos afecta.
A pesar de las insistentes manifestaciones de organizaciones y comunidades, el gobierno continúa trabajando en una lógica de explotación de recursos naturales, que agrava la situación de desertificación y pobreza en Chile. Por ejemplo, en enero se anuncian nuevos subsidios a las plantaciones forestales industriales, que como se ha denunciado agravan la enfermedad de los suelos, y que además conllevan graves impactos sociales y culturales, sumado a esto las explotaciones mineras a gran escala en la cordillera de los Andes, continúan degradando y destruyendo los glaciares, reservorios de agua dulce, recursos estratégicos fundamentales para hacer frente a los cambios climáticos que se están desarrollando, y finalmente la falta de proyección en la matriz energética de nuestro país, trae y traerá en el corto plazo impactos a los ecosistemas.
Nuestras gestiones han incluido reuniones con las Ministras de Medio Ambiente y Agricultura, principales carteras relacionadas con el tema, y en ambos casos hemos manifestado nuestra preocupación con respecto a cómo estamos enfrentando estas graves problemáticas, sin embargo no hemos obtenido compromisos concretos, ni respuesta a nuestras reiteradas demandas.
En septiembre próximo, se realizará en Buenos Aires la Conferencia de las Partes (COP 9) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), reunión bianual donde los países que la han ratificado –como es el caso de Chile- dan cuenta de los avances en la implementación sus planes de acción nacionales, y nos preocupa profundamente qué cuentas dará Chile ante la comunidad internacional. El Plan de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación (PANCD) en Chile fue publicado en 1997, sin que hasta el momento se registren avances significativos en su aplicación.
Es por ello que, aprovechando una nueva conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación; a objeto de que efectivamente se implemente un Plan de Acción Nacional participativo, asociativo y con la cooperación de todos los actores, tal como lo estipula la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación -CNULD- de la cual nuestro país es parte; y frente a los escasos avances que hemos tenido a partir de las gestiones con los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, demandamos lo siguiente:
1. Se evalúe la labor de la Oficina de Coordinación del PANCD, incluyendo la función del coordinador nacional, y se tomen las medidas necesarias para fortalecer su accionar;
2. Se revise y actualice el PANCD de acuerdo a la Estrategia decenal acordada en la COP- 8;
3. Se realice una coordinación compartida del PANCD con CONAMA;
4. Se trate el tema de la implementación del PANCD en el Consejo de Ministros a objeto de darle mayor relevancia política; y
5. Se ponga en marcha un proyecto del Ministerio de Agricultura para que determine la actual extensión de la desertificación en el país e identifique las zonas mas afectadas.
Red Internacional de Organizaciones sobre Desertificación - Chile
Lucio Cuenca Berger
Director Ejecutivo Observatorio Conflictos Ambientales, OLCA
Punto Focal Red Internacional de ONGs sobre Desertificación – RIOD Chile
José Miguel Torrico
Programa Desertificación, Comité de Defensa de la Flora y Fauna CODEFF
Viviane Castro Salinas
Directora Ejecutiva, Acción por la Tierra (EarthAction Santiago)
Contacto: observatorio@olca.cl
Fuente: OLCA
viernes, 10 de julio de 2009
México: denuncian inversiones extranjeras en Chiapas para explotar la biodiversidad
Autor | Ángeles Mariscal | Idioma | Español | Pais | México | Publicado | 23 junio 2009 11:48
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) financió un proyecto de fomento al ecoturismo en la selva Lacandona impulsado por funcionarios, ex funcionarios y economistas relacionados con bancos nacionales y extranjeros, agrupados en la organización Natura y Ecosistemas Mexicanos AC.
Los ex funcionarios y economistas son liderados por Julia Carabias y Javier de la Maza, quienes montaron una estación de investigación y turismo científico en el corazón de la selva Lacandona y son acusados de explotar su biodiversidad desde hace dos décadas en beneficio de sus patrocinadores extranjeros.
El pasado 4 de junio, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, la embajada de Estados Unidos en México dio a conocer que la USAID otorgó 400 mil dólares a seis organizaciones no gubernamentales para impulsar programas de investigación y conservación de la biodiversidad.
El proyecto Promoción del ecoturismo en la selva Lacandona de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC fue uno de los escogidos, y según la legación diplomática estadunidense consistirá en trabajar con las comunidades y autoridades locales para fomentar el desarrollo del ecoturismo en la zona.
Carabias y De la Maza son coautores de varios estudios ambientales. Ella –profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México– fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 1994 a 2000, y De la Maza director de Áreas Naturales Protegidas de la dependencia en el mismo periodo.
En su agrupación también figuran Juan Carlos Goyenechea, representante en México del Fortis Bank y consejero de Comercio Exterior del Reino de Bélgica; Enrique Vilatela, ex titular del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), y Julio César Méndez, ex funcionario del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y otras dependencias, quien ahora trabaja en el Bancomext.
Se les añade Germán Fernández, ex funcionario del Banco de México y ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, quien desempeñó el mismo cargo en la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia de la República. Otros son Cecilia Pigueroni, Paula Meli y Carlos Ramírez, según informa la página de Internet www.naturamexicana.org.mx
En noviembre de 2004 –por su trayectoria en la investigación medio ambiental– Carabias recibió en Ósaka, Japón, el Premio Internacional Cosmos, dotado del equivalente a 3.8 millones de pesos, que donó para crear el Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la selva Lacandona.
Natura y Ecosistemas Mexicanos AC se presenta como un grupo de profesionistas de diferentes disciplinas que se ha dedicado por más de 20 años a la conservación de la biodiversidad, la investigación de ecosistemas, la legislación ambiental y la factibilidad financiera de proyectos productivos.
Según la misma página web, desde 1979 algunos de sus integrantes han trabajado en la selva Lacandona, en particular la reserva de la Biosfera de los Montes Azules; y no lo dicen, pero muchas de sus acciones las han realizado por medio del organismo denominado Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), del que también formaron parte los hermanos José y Arturo Warman (La Jornada, 21 de febrero de 2005).
Actualmente, con capital del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los ecologistas y financieros operan una estación de investigación y turismo científico en el lugar conocido como Boca Chajul, cuyos pobladores creen que sirve para abrir paso a los gobiernos extranjeros interesados en la explotación del ecosistema.
Fuente: La Jornada
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) financió un proyecto de fomento al ecoturismo en la selva Lacandona impulsado por funcionarios, ex funcionarios y economistas relacionados con bancos nacionales y extranjeros, agrupados en la organización Natura y Ecosistemas Mexicanos AC.
Los ex funcionarios y economistas son liderados por Julia Carabias y Javier de la Maza, quienes montaron una estación de investigación y turismo científico en el corazón de la selva Lacandona y son acusados de explotar su biodiversidad desde hace dos décadas en beneficio de sus patrocinadores extranjeros.
El pasado 4 de junio, en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, la embajada de Estados Unidos en México dio a conocer que la USAID otorgó 400 mil dólares a seis organizaciones no gubernamentales para impulsar programas de investigación y conservación de la biodiversidad.
El proyecto Promoción del ecoturismo en la selva Lacandona de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC fue uno de los escogidos, y según la legación diplomática estadunidense consistirá en trabajar con las comunidades y autoridades locales para fomentar el desarrollo del ecoturismo en la zona.
Carabias y De la Maza son coautores de varios estudios ambientales. Ella –profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México– fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 1994 a 2000, y De la Maza director de Áreas Naturales Protegidas de la dependencia en el mismo periodo.
En su agrupación también figuran Juan Carlos Goyenechea, representante en México del Fortis Bank y consejero de Comercio Exterior del Reino de Bélgica; Enrique Vilatela, ex titular del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), y Julio César Méndez, ex funcionario del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y otras dependencias, quien ahora trabaja en el Bancomext.
Se les añade Germán Fernández, ex funcionario del Banco de México y ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, quien desempeñó el mismo cargo en la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia de la República. Otros son Cecilia Pigueroni, Paula Meli y Carlos Ramírez, según informa la página de Internet www.naturamexicana.org.mx
En noviembre de 2004 –por su trayectoria en la investigación medio ambiental– Carabias recibió en Ósaka, Japón, el Premio Internacional Cosmos, dotado del equivalente a 3.8 millones de pesos, que donó para crear el Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la selva Lacandona.
Natura y Ecosistemas Mexicanos AC se presenta como un grupo de profesionistas de diferentes disciplinas que se ha dedicado por más de 20 años a la conservación de la biodiversidad, la investigación de ecosistemas, la legislación ambiental y la factibilidad financiera de proyectos productivos.
Según la misma página web, desde 1979 algunos de sus integrantes han trabajado en la selva Lacandona, en particular la reserva de la Biosfera de los Montes Azules; y no lo dicen, pero muchas de sus acciones las han realizado por medio del organismo denominado Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), del que también formaron parte los hermanos José y Arturo Warman (La Jornada, 21 de febrero de 2005).
Actualmente, con capital del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los ecologistas y financieros operan una estación de investigación y turismo científico en el lugar conocido como Boca Chajul, cuyos pobladores creen que sirve para abrir paso a los gobiernos extranjeros interesados en la explotación del ecosistema.
Fuente: La Jornada
ONU: El hambre mundial supera la marca de los 1,000 millones
Autor | Alessandra Rizzo | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 23 junio 2009 11:59
Más de 1.000 millones de personas, casi una sexta parte de la humanidad, padecen hambre debido en gran medida a la crisis económica mundial y a los precios elevados de los alimentos, informó el viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.
El número de hambrientos -quienes consumen menos de 1.800 calorías diarias- superó al del año pasado en unos 100 millones, agregó la organización conocida como FAO.
El director general de la agencia, Jacques Diouf, dijo que la crisis del hambre genera "graves riesgos para la paz y seguridad del mundo".
La FAO, con sede en Roma, dijo en el informe divulgado el viernes que casi todos los desnutridos viven en países en desarrollo.
El número de hambrientos es de 642 millones en Asia y el Pacífico y 265 millones en el Africa subsahariana.
En América Latina y el Caribe se registraron 53 millones de personas con hambre, un aumento del 12,8% con respecto al año anterior.
Casi todos los desnutridos en el mundo viven en países en desarrollo, donde los precios de los alimentos han bajado más lentamente que en el de las naciones más ricas, dijo el informe. Los países pobres necesitan más ayuda e inversiones agrícolas, agregó.
Los precios elevados por los alimentos básicos como el arroz desencadenaron motines en el mundo en desarrollo el año pasado.
El hambre aumentó pese a una firme producción de cereales en el 2009 y a una ligera baja en los precios de los alimentos en comparación con los niveles de mediados del año pasado. Sin embargo los precios promedio a fines del año pasado seguían un 24% superiores que en el 2006 en términos reales, observó la FAO.
La crisis económica mundial ha agravado el problema para las personas que enfrentan la pérdida de empleos o reducciones salariales. Algunos países también han perdido flexibilidad en el manejo de las fluctuaciones de precios debido a que la crisis ha restado efectividad a recursos como las divisas, que se han devaluado.
El informe pronosticó que los pobres urbanos probablemente serán los más afectados a medida que declinan las inversiones extranjeras y cae la demanda de exportaciones, y que millones regresarán al campo, lo que a su vez ejercerá presión sobre las comunidades rurales y sus recursos.
En el mundo hay actualmente unos 1.020 millones de hambrientos, un 11% más que los 915 millones del año pasado, dijo la agencia. Basó sus cálculos en análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
La crisis afecta también la calidad de la nutrición ya que las familias tienden a comprar alimentos más baratos, como granos, que son ricos en calorías pero que tienen menos proteínas que la carne o los productos lácteos.
Diouf instó a los gobiernos a establecer programas de protección social para mejorar el acceso a los alimentos de la gente necesitada. Agregó que los pequeños agricultores deberían recibir ayuda con semillas, herramientas y fertilizantes.
Fuente: El Nuevo Herald
Más de 1.000 millones de personas, casi una sexta parte de la humanidad, padecen hambre debido en gran medida a la crisis económica mundial y a los precios elevados de los alimentos, informó el viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.
El número de hambrientos -quienes consumen menos de 1.800 calorías diarias- superó al del año pasado en unos 100 millones, agregó la organización conocida como FAO.
El director general de la agencia, Jacques Diouf, dijo que la crisis del hambre genera "graves riesgos para la paz y seguridad del mundo".
La FAO, con sede en Roma, dijo en el informe divulgado el viernes que casi todos los desnutridos viven en países en desarrollo.
El número de hambrientos es de 642 millones en Asia y el Pacífico y 265 millones en el Africa subsahariana.
En América Latina y el Caribe se registraron 53 millones de personas con hambre, un aumento del 12,8% con respecto al año anterior.
Casi todos los desnutridos en el mundo viven en países en desarrollo, donde los precios de los alimentos han bajado más lentamente que en el de las naciones más ricas, dijo el informe. Los países pobres necesitan más ayuda e inversiones agrícolas, agregó.
Los precios elevados por los alimentos básicos como el arroz desencadenaron motines en el mundo en desarrollo el año pasado.
El hambre aumentó pese a una firme producción de cereales en el 2009 y a una ligera baja en los precios de los alimentos en comparación con los niveles de mediados del año pasado. Sin embargo los precios promedio a fines del año pasado seguían un 24% superiores que en el 2006 en términos reales, observó la FAO.
La crisis económica mundial ha agravado el problema para las personas que enfrentan la pérdida de empleos o reducciones salariales. Algunos países también han perdido flexibilidad en el manejo de las fluctuaciones de precios debido a que la crisis ha restado efectividad a recursos como las divisas, que se han devaluado.
El informe pronosticó que los pobres urbanos probablemente serán los más afectados a medida que declinan las inversiones extranjeras y cae la demanda de exportaciones, y que millones regresarán al campo, lo que a su vez ejercerá presión sobre las comunidades rurales y sus recursos.
En el mundo hay actualmente unos 1.020 millones de hambrientos, un 11% más que los 915 millones del año pasado, dijo la agencia. Basó sus cálculos en análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
La crisis afecta también la calidad de la nutrición ya que las familias tienden a comprar alimentos más baratos, como granos, que son ricos en calorías pero que tienen menos proteínas que la carne o los productos lácteos.
Diouf instó a los gobiernos a establecer programas de protección social para mejorar el acceso a los alimentos de la gente necesitada. Agregó que los pequeños agricultores deberían recibir ayuda con semillas, herramientas y fertilizantes.
Fuente: El Nuevo Herald
jueves, 9 de julio de 2009
La FAO alerta sobre la compra masiva de tierras
Autor | Stefania Muresu | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 23 junio 2009 12:10
Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta.
“El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.
Daewoo en Madagascar
Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla.
La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional Land Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con Daewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación.
El negocio de la tierra
Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia [ver información más abajo]. Lejos de los tiempos de la metrópoli, los Estados descolonizados viven ahora otro tipo de control sobre sus recursos, según denuncian innumerables organizaciones. La actuación de organismos como el Banco Mundial y el FMI durante las últimas décadas, forzando a países de la periferia a abrirse a los mercados mundiales, atrajo a numerosas multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial, entre otras instituciones, defienden este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros. Uno de los Estados más activos en la compra de tierras, según un informe publicado por la ONG Grain, es Arabia Saudí: ha comprado superficies en África, principalmente en Etiopía y Sudán, mientras que el holding saudí Bin Laden Group ha firmado en 2008 un acuerdo en nombre del Consorcio de Alimentos de Medio Oriente para invertir 4.300 millones de dólares en Indonesia, con la adquisición de 500.000 hectáreas (algo así como la Comunidad de Madrid) para la producción de arroz. China también está invirtiendo masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos millones de hectáreas (el equivalente a la Comunidad Valenciana) de cultivos entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Otros países que se han lanzado a la compra de tierras fértiles son Egipto, Bahrein, diversos Estados del Golfo Pérsico, India o Japón, países generalmente con abundantes petrodólares y escasas zonas cultivables en relación a su población. En total, más de ocho millones de hectáreas han sido compradas recientemente. Corea del Sur figura en primer lugar, con 2,3 millones de hectáreas.
Cultivos para energía
La producción de agrocombustibles es una de las causas que han llevado a esta progresiva privatización. La complicidad de los gobiernos locales, otra. En declaraciones a DIAGONAL, Sue Branford, editora de la publicación Seedling de la ONG Grain, habla sobre el papel de los Gobiernos locales frente a la venta de tierras a gobiernos y empresas multinacionales: “Muchos Estados en el Tercer Mundo están siendo afectados por la crisis mundial, a pesar de que no hicieron nada para crearla. No pueden obtener crédito comercial y están siendo perjudicados por la caída de los precios. En tales circunstancias, una oferta de otro país para alquilar o comprar tierras es muy tentadora. Para nosotros puede parecer chocante que un país como Camboya, que tiene un grave problema interno de hambre, pueda consentir la venta de tierras para producir alimentos para otros países. En realidad, los países pobres se ven obligados a buscar soluciones a corto plazo, que no les traerán beneficios a largo plazo. Como resultado, muchos de estos gobiernos están facilitando la entrada de países extranjeros y multinacionales y ayudándoles a eludir los límites legales sobre la cantidad de tierra que un extranjero puede poseer”. Parece claro quién pierde en este negocio. Privados de las tierras, base de su supervivencia, decenas de miles de campesinos se ven obligados a dejar anualmente sus lugares de origen, cuando no son desplazados por la fuerza, para buscar en otros sitios, en las ciudades o como inmigrantes en los países enriquecidos, una alternativa al hambre.
Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas. “Estas familias”, continúa Sue Brandford, de Grain, “a menudo se ven obligadas a unirse al éxodo rural. Cuando pierden sus tierras, también pierden su conocimiento de la biodiversidad y las plantas locales. Otra consecuencia, por supuesto, es que, en el largo plazo, estos acuerdos pueden agravar el problema del hambre en la economía local, ya que significa menos tierra disponible para las necesidades alimentarias”. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria.
AFECTADOS
Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición.
EL 10% DE ARGENTINA
Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas. En algunas provincias, la hectárea puede llegar a costar ocho dólares. Personajes como Ted Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas chilenas, europeas, norteamericanas y países como Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo para comprar amplias extensiones de terreno a lo largo de todo el país.
CHINA A POR TIERRAS
En la primera mitad de 2008, el Ministerio de Agricultura de China redactó una medida oficial central para alentar a las empresas nacionales a adquirir (alquilando o comprando) tierra en el extranjero con fines agrícolas, especialmente para asegurarle a China el suministro de soja a largo plazo. Se suponía que cinco empresas estatales serían escogidas para llevar a cabo el plan. A mediados de año se supo que la medida quedó momentáneamente en suspenso, según un informe de la ONG Grain.
MUCHO PETRÓLEO
En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una estrategia común, según Grain.
JAPÓN EN BRASIL
En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil.
Fuente: Diagonal Web
Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta.
“El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.
Daewoo en Madagascar
Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla.
La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional Land Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con Daewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación.
El negocio de la tierra
Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia [ver información más abajo]. Lejos de los tiempos de la metrópoli, los Estados descolonizados viven ahora otro tipo de control sobre sus recursos, según denuncian innumerables organizaciones. La actuación de organismos como el Banco Mundial y el FMI durante las últimas décadas, forzando a países de la periferia a abrirse a los mercados mundiales, atrajo a numerosas multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial, entre otras instituciones, defienden este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros. Uno de los Estados más activos en la compra de tierras, según un informe publicado por la ONG Grain, es Arabia Saudí: ha comprado superficies en África, principalmente en Etiopía y Sudán, mientras que el holding saudí Bin Laden Group ha firmado en 2008 un acuerdo en nombre del Consorcio de Alimentos de Medio Oriente para invertir 4.300 millones de dólares en Indonesia, con la adquisición de 500.000 hectáreas (algo así como la Comunidad de Madrid) para la producción de arroz. China también está invirtiendo masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos millones de hectáreas (el equivalente a la Comunidad Valenciana) de cultivos entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Otros países que se han lanzado a la compra de tierras fértiles son Egipto, Bahrein, diversos Estados del Golfo Pérsico, India o Japón, países generalmente con abundantes petrodólares y escasas zonas cultivables en relación a su población. En total, más de ocho millones de hectáreas han sido compradas recientemente. Corea del Sur figura en primer lugar, con 2,3 millones de hectáreas.
Cultivos para energía
La producción de agrocombustibles es una de las causas que han llevado a esta progresiva privatización. La complicidad de los gobiernos locales, otra. En declaraciones a DIAGONAL, Sue Branford, editora de la publicación Seedling de la ONG Grain, habla sobre el papel de los Gobiernos locales frente a la venta de tierras a gobiernos y empresas multinacionales: “Muchos Estados en el Tercer Mundo están siendo afectados por la crisis mundial, a pesar de que no hicieron nada para crearla. No pueden obtener crédito comercial y están siendo perjudicados por la caída de los precios. En tales circunstancias, una oferta de otro país para alquilar o comprar tierras es muy tentadora. Para nosotros puede parecer chocante que un país como Camboya, que tiene un grave problema interno de hambre, pueda consentir la venta de tierras para producir alimentos para otros países. En realidad, los países pobres se ven obligados a buscar soluciones a corto plazo, que no les traerán beneficios a largo plazo. Como resultado, muchos de estos gobiernos están facilitando la entrada de países extranjeros y multinacionales y ayudándoles a eludir los límites legales sobre la cantidad de tierra que un extranjero puede poseer”. Parece claro quién pierde en este negocio. Privados de las tierras, base de su supervivencia, decenas de miles de campesinos se ven obligados a dejar anualmente sus lugares de origen, cuando no son desplazados por la fuerza, para buscar en otros sitios, en las ciudades o como inmigrantes en los países enriquecidos, una alternativa al hambre.
Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas. “Estas familias”, continúa Sue Brandford, de Grain, “a menudo se ven obligadas a unirse al éxodo rural. Cuando pierden sus tierras, también pierden su conocimiento de la biodiversidad y las plantas locales. Otra consecuencia, por supuesto, es que, en el largo plazo, estos acuerdos pueden agravar el problema del hambre en la economía local, ya que significa menos tierra disponible para las necesidades alimentarias”. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria.
AFECTADOS
Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición.
EL 10% DE ARGENTINA
Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas. En algunas provincias, la hectárea puede llegar a costar ocho dólares. Personajes como Ted Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas chilenas, europeas, norteamericanas y países como Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo para comprar amplias extensiones de terreno a lo largo de todo el país.
CHINA A POR TIERRAS
En la primera mitad de 2008, el Ministerio de Agricultura de China redactó una medida oficial central para alentar a las empresas nacionales a adquirir (alquilando o comprando) tierra en el extranjero con fines agrícolas, especialmente para asegurarle a China el suministro de soja a largo plazo. Se suponía que cinco empresas estatales serían escogidas para llevar a cabo el plan. A mediados de año se supo que la medida quedó momentáneamente en suspenso, según un informe de la ONG Grain.
MUCHO PETRÓLEO
En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una estrategia común, según Grain.
JAPÓN EN BRASIL
En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil.
Fuente: Diagonal Web
miércoles, 8 de julio de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Campo fértil para la biopiratería
Por Ranjit Devraj
NUEVA DELHI, jul (IPS) - Compañías biotecnológicas suelen patentar cultivos genéticamente modificados para soportar la presión del cambio climático, sin importarles que perjudican a los agricultores tradicionales que, en muchas ocasiones, habían desarrollado antes tales innovaciones.
"Las características resistentes al clima que los gigantes de la biotecnología vienen patentando han evolucionado a través de siglos" de la mano de varias generaciones de agricultores, dijo a IPS la ambientalista Vandana Shiva, radicada en Nueva Delhi.
Al percibir una mera oportunidad de negocios en el cambio climático, las compañías que desarrollan transgénicos han acumulado "un desastre tras otro", sostuvo Shiva.
"Con esta nueva forma de biopiratería, la industria biotecnológica se muestra como la salvadora, y lleva a los gobiernos y el público a creer que, de no ser por ellas, no habrá semillas resistentes" al cambio climático, dijo.
Al reivindicar como propios "todos los cultivos y todas las características" resistentes al cambio climático con sus patentes, "la industria cierra otras opciones futuras de adaptación" al recalentamiento del planeta, agregó.
Shiva nombró a cuatro empresas --la alemana BASF Bayer, la suiza Syngenta y las estadounidenses Monsanto y DuPont-- como líderes en el juego de monopolizar los genes que permiten a los cultivos soportar efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías, invasiones de agua salada, calor y radiaciones ultravioletas más fuertes.
En 2001, la organización Navdanya, de la que Shiva es activista, desafió con éxito la propiedad de atributos que reclamaba la corporación estadounidense RiceTec para su variedad de arroz basmati, aromático y de grano largo.
Luego de demostrarse que la variedad de RiceTec contenía material genético desarrollado antes por los agricultores, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos desestimó el reclamo.
De modo similar, Navdanya, junto con Greenpeace Internacional y la organización de campesinos indios Bharat Krishak Samaj logró que se revocara en 2004 las patentes conseguidas para la variedad india de trigo Nap Hal por Monsanto, la mayor corporación mundial de semillas.
Un anuncio de Monsanto reza: "Nueve mil millones de personas que alimentar. Un clima cambiante. ¿Ahora qué?".
Luego señala que los transgénicos son la respuesta, aunque países en desarrollo los rechazan en favor de una agricultura tradicional, basada sobre el almacenamiento de semillas luego de las cosechas y no en su compra.
Navdanya difundió el mes pasado una lista de cientos de cultivos resistentes al clima desarrollados por comunidades en varios estados indios, pero cuyas patentes fueron tramitadas por empresas biotecnológicas..
La publicación del informe, titulado "Biopiratería de cultivos resistentes al clima", responde a la exclusión de las innovaciones de los agricultores tradicionales de los planes gubernamentales de acción en materia de cambio climático, el cual sí incluye la biotecnología.
Los gobiernos del Sur se pronunciaron por no ceder a países del Norte la patente de tecnologías amigables con el ambiente, como quedó de manifiesto en las negociaciones sobre cambio climático realizadas del 1 al 12 de junio en Bonn, afirmó Shiva.
China y el Grupo de los 77 (G-77), que reúne a 130 países en desarrollo, propusieron "dar todos los pasos necesarios para excluir obligatoriamente la expedición de patentes a tecnologías amigables con el clima" en poder de 24 países industriales y "que pueden usarse para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
Esta propuesta del G-77 es una de varias presentadas por países en desarrollo para allanar las barreras que levantan las patentes a la transferencia de tecnologías necesarias para la adaptación al cambio climático y su mitigación.
Bolivia, por ejemplo, propone "revocar en los países en desarrollo todas las patentes existentes sobre tecnologías esenciales/urgentes y ambientalmente sanas para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
En cambio, los países industriales --en particular Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Suiza-- insisten en regímenes de propiedad intelectual fuertes, y rechazan, incluso, las excepciones ya acordadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
El no gubernamental Grupo ETC, que defiende a los pequeños agricultores desde Ottawa, advirtió el año pasado que los gigantes biotecnológicos utilizan el cambio climático para mejorar su posición en el mercado de semillas.
Esta preocupación quedó en evidencia durante las negociaciones de Bonn, con la propuesta de crear un comité, un panel asesor u organismo designado para "abordar proactivamente las patentes y cuestiones relacionadas de derechos de propiedad intelectual", de modo de "garantizar tanto la mayor innovación como el mayor acceso a tecnologías para la mitigación y la adaptación". (FIN/20)
NUEVA DELHI, jul (IPS) - Compañías biotecnológicas suelen patentar cultivos genéticamente modificados para soportar la presión del cambio climático, sin importarles que perjudican a los agricultores tradicionales que, en muchas ocasiones, habían desarrollado antes tales innovaciones.
"Las características resistentes al clima que los gigantes de la biotecnología vienen patentando han evolucionado a través de siglos" de la mano de varias generaciones de agricultores, dijo a IPS la ambientalista Vandana Shiva, radicada en Nueva Delhi.
Al percibir una mera oportunidad de negocios en el cambio climático, las compañías que desarrollan transgénicos han acumulado "un desastre tras otro", sostuvo Shiva.
"Con esta nueva forma de biopiratería, la industria biotecnológica se muestra como la salvadora, y lleva a los gobiernos y el público a creer que, de no ser por ellas, no habrá semillas resistentes" al cambio climático, dijo.
Al reivindicar como propios "todos los cultivos y todas las características" resistentes al cambio climático con sus patentes, "la industria cierra otras opciones futuras de adaptación" al recalentamiento del planeta, agregó.
Shiva nombró a cuatro empresas --la alemana BASF Bayer, la suiza Syngenta y las estadounidenses Monsanto y DuPont-- como líderes en el juego de monopolizar los genes que permiten a los cultivos soportar efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías, invasiones de agua salada, calor y radiaciones ultravioletas más fuertes.
En 2001, la organización Navdanya, de la que Shiva es activista, desafió con éxito la propiedad de atributos que reclamaba la corporación estadounidense RiceTec para su variedad de arroz basmati, aromático y de grano largo.
Luego de demostrarse que la variedad de RiceTec contenía material genético desarrollado antes por los agricultores, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos desestimó el reclamo.
De modo similar, Navdanya, junto con Greenpeace Internacional y la organización de campesinos indios Bharat Krishak Samaj logró que se revocara en 2004 las patentes conseguidas para la variedad india de trigo Nap Hal por Monsanto, la mayor corporación mundial de semillas.
Un anuncio de Monsanto reza: "Nueve mil millones de personas que alimentar. Un clima cambiante. ¿Ahora qué?".
Luego señala que los transgénicos son la respuesta, aunque países en desarrollo los rechazan en favor de una agricultura tradicional, basada sobre el almacenamiento de semillas luego de las cosechas y no en su compra.
Navdanya difundió el mes pasado una lista de cientos de cultivos resistentes al clima desarrollados por comunidades en varios estados indios, pero cuyas patentes fueron tramitadas por empresas biotecnológicas..
La publicación del informe, titulado "Biopiratería de cultivos resistentes al clima", responde a la exclusión de las innovaciones de los agricultores tradicionales de los planes gubernamentales de acción en materia de cambio climático, el cual sí incluye la biotecnología.
Los gobiernos del Sur se pronunciaron por no ceder a países del Norte la patente de tecnologías amigables con el ambiente, como quedó de manifiesto en las negociaciones sobre cambio climático realizadas del 1 al 12 de junio en Bonn, afirmó Shiva.
China y el Grupo de los 77 (G-77), que reúne a 130 países en desarrollo, propusieron "dar todos los pasos necesarios para excluir obligatoriamente la expedición de patentes a tecnologías amigables con el clima" en poder de 24 países industriales y "que pueden usarse para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
Esta propuesta del G-77 es una de varias presentadas por países en desarrollo para allanar las barreras que levantan las patentes a la transferencia de tecnologías necesarias para la adaptación al cambio climático y su mitigación.
Bolivia, por ejemplo, propone "revocar en los países en desarrollo todas las patentes existentes sobre tecnologías esenciales/urgentes y ambientalmente sanas para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
En cambio, los países industriales --en particular Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Suiza-- insisten en regímenes de propiedad intelectual fuertes, y rechazan, incluso, las excepciones ya acordadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
El no gubernamental Grupo ETC, que defiende a los pequeños agricultores desde Ottawa, advirtió el año pasado que los gigantes biotecnológicos utilizan el cambio climático para mejorar su posición en el mercado de semillas.
Esta preocupación quedó en evidencia durante las negociaciones de Bonn, con la propuesta de crear un comité, un panel asesor u organismo designado para "abordar proactivamente las patentes y cuestiones relacionadas de derechos de propiedad intelectual", de modo de "garantizar tanto la mayor innovación como el mayor acceso a tecnologías para la mitigación y la adaptación". (FIN/20)
AMÉRICA LATINA: Urge nueva forma de conciliar familia y trabajo
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, 6 jul (IPS) - El modo tradicional de armonizar deberes familiares y laborales está en crisis en América Latina, y avanzar en políticas de "corresponsabilidad social" es menos costoso que seguir como hasta ahora, concluye un estudio sin precedentes.
"Este informe nos invita a revalorizar el papel de las mujeres y las familias, a repensar las relaciones al interior de la familia, y a examinar cómo podemos colaborar desde la empresa, desde el Estado, desde los distintos actores de una sociedad", dijo este lunes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet sobre el documento "Trabajo y Familia. Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social".
Para la directora del PNUD para América Latina, Rebeca Grynspan, "la organización de la sociedad y del trabajo productivo y reproductivo alrededor de un solo modelo, donde el padre es proveedor y la madre cuidadora, ha entrado en crisis, dado los profundos cambios que se han dado en el ámbito demográfico, la estructura familiar y la organización del trabajo".
"Cuando los mecanismos de conciliación tradicionales no dan respuesta a las nuevas necesidades, las familias concilian de alguna manera, pero ello sucede con altos costos para la sociedad y las personas y produce grandes ineficiencias", acotó.
Al presentar el informe este lunes, la mandataria chilena admitió que "la crisis económica aparece hoy como lo verdaderamente urgente ante los ojos de todos los gobiernos y la ciudadanía".
"Pero no debemos perder esta mirada estratégica", reflexionó Bachelet en la ceremonia en el palacio de La Moneda, sede del gobierno.
En América Latina hay más de 100 millones de mujeres en el mercado laboral, 53 por ciento del total, detalla el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En el caso de las que tienen entre 20 y 40 años, la tasa de participación laboral se empina hasta 70 por ciento.
Pese a los avances de los últimos años, en Chile sólo 40 por ciento de las mujeres económicamente activas trabajan en forma remunerada.
"En Chile dos de cada cinco mujeres mayores de 15 años trabajan o buscan trabajo para lograr una mayor autonomía personal, realizarse o simplemente ayudar a su familia. Y esa proporción no para de crecer, incluso en momentos económicos adversos como los que hoy vivimos", afirmó Bachelet.
Pero en promedio, ellas ganan 30 por ciento menos que los hombres y su tasa de informalidad es mucho mayor que la de ellos.
Bachelet citó varios estudios que indican, por ejemplo, que un aumento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina del quintil más pobre de la población permitiría reducir la pobreza a menos de 10 por ciento, mientras hoy afecta a 13,7 por ciento de la población.
Otras investigaciones plantean que un aumento de 10 por ciento en la proporción de mujeres trabajadoras elevaría el crecimiento del país en casi cinco puntos.
Tanto el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Jean Maninat, y su par del PNUD, Grynspan, destacaron las políticas impulsadas por la presidenta de Chile en materia de conciliación del trabajo y la familia con corresponsabilidad social.
Entre ellas, sobresale el Programa Integral de Atención a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, que atiende a niños y niñas de hasta cuatro años de edad del 40 por ciento más pobre de la población.
La presidenta se comprometió a quintuplicar las salas cunas públicas gratuitas en sus cuatro años de mandato y alargar sus horarios de atención. En marzo de 2006 había 708 en todo el país y Bachelet dejará el poder en marzo de 2010 con 4.200.
El otro gran logro de esta administración es la reforma del sistema de pensiones con enfoque de género, que comenzó a regir gradualmente en 2008.
Esta incluye la entrega de pensiones básicas solidarias a todas las personas pobres que no trabajaron remuneradamente durante su vida o que almacenaron muy poco dinero en sus cuentas de capitalización individual, lo que cual favorece sobre todo a las mujeres.
Además, el 1 de este mes se comenzó a depositar en las cuentas previsionales de las mujeres un bono de 300.000 pesos (554 dólares) por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este generará intereses y podrá ser recibido por aquellas que se jubilen a los 65 años.
También se destacó el Código de Buenas Prácticas implementado en 2006 en el sistema público, que busca promover la equidad y la no discriminación entre hombres y mujeres, al cual se han adherido voluntariamente empresas privadas.
Asimismo, en 2007 se aprobó una ley de amamantamiento que permite a las trabajadoras destinar por lo menos una hora de su jornada laboral a alimentar a sus hijos e hijas menores de dos años.
El concepto de "corresponsabilidad social" postulado por la OIT y el PNUD alude no sólo a la necesidad de que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y el cuidado de hijos, enfermos y adultos mayores, sino que también apela al rol de los demás actores sociales, como el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales.
"Este informe demuestra que no tener políticas conciliatorias genera más costos que la inversión de tenerlas. No tenerlas implica desaprovechar la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para individuos y familia", puntualizó Grynspan.
El estudio propone una serie de estrategias públicas y áreas de intervención, tanto legales como políticas y administrativas, e identifica buenas prácticas implementadas en los países. En estos momentos, la OIT y el PNUD están elaborando una metodología para cuantificar exactamente cuánto pierden los países al no aplicar nuevas políticas de conciliación, adelantó la especialista regional de género y empleo de la OIT, la socióloga chilena María Elena Valenzuela, a cargo del estudio. (FIN/2009)
SANTIAGO, 6 jul (IPS) - El modo tradicional de armonizar deberes familiares y laborales está en crisis en América Latina, y avanzar en políticas de "corresponsabilidad social" es menos costoso que seguir como hasta ahora, concluye un estudio sin precedentes.
"Este informe nos invita a revalorizar el papel de las mujeres y las familias, a repensar las relaciones al interior de la familia, y a examinar cómo podemos colaborar desde la empresa, desde el Estado, desde los distintos actores de una sociedad", dijo este lunes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet sobre el documento "Trabajo y Familia. Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social".
Para la directora del PNUD para América Latina, Rebeca Grynspan, "la organización de la sociedad y del trabajo productivo y reproductivo alrededor de un solo modelo, donde el padre es proveedor y la madre cuidadora, ha entrado en crisis, dado los profundos cambios que se han dado en el ámbito demográfico, la estructura familiar y la organización del trabajo".
"Cuando los mecanismos de conciliación tradicionales no dan respuesta a las nuevas necesidades, las familias concilian de alguna manera, pero ello sucede con altos costos para la sociedad y las personas y produce grandes ineficiencias", acotó.
Al presentar el informe este lunes, la mandataria chilena admitió que "la crisis económica aparece hoy como lo verdaderamente urgente ante los ojos de todos los gobiernos y la ciudadanía".
"Pero no debemos perder esta mirada estratégica", reflexionó Bachelet en la ceremonia en el palacio de La Moneda, sede del gobierno.
En América Latina hay más de 100 millones de mujeres en el mercado laboral, 53 por ciento del total, detalla el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En el caso de las que tienen entre 20 y 40 años, la tasa de participación laboral se empina hasta 70 por ciento.
Pese a los avances de los últimos años, en Chile sólo 40 por ciento de las mujeres económicamente activas trabajan en forma remunerada.
"En Chile dos de cada cinco mujeres mayores de 15 años trabajan o buscan trabajo para lograr una mayor autonomía personal, realizarse o simplemente ayudar a su familia. Y esa proporción no para de crecer, incluso en momentos económicos adversos como los que hoy vivimos", afirmó Bachelet.
Pero en promedio, ellas ganan 30 por ciento menos que los hombres y su tasa de informalidad es mucho mayor que la de ellos.
Bachelet citó varios estudios que indican, por ejemplo, que un aumento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina del quintil más pobre de la población permitiría reducir la pobreza a menos de 10 por ciento, mientras hoy afecta a 13,7 por ciento de la población.
Otras investigaciones plantean que un aumento de 10 por ciento en la proporción de mujeres trabajadoras elevaría el crecimiento del país en casi cinco puntos.
Tanto el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Jean Maninat, y su par del PNUD, Grynspan, destacaron las políticas impulsadas por la presidenta de Chile en materia de conciliación del trabajo y la familia con corresponsabilidad social.
Entre ellas, sobresale el Programa Integral de Atención a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, que atiende a niños y niñas de hasta cuatro años de edad del 40 por ciento más pobre de la población.
La presidenta se comprometió a quintuplicar las salas cunas públicas gratuitas en sus cuatro años de mandato y alargar sus horarios de atención. En marzo de 2006 había 708 en todo el país y Bachelet dejará el poder en marzo de 2010 con 4.200.
El otro gran logro de esta administración es la reforma del sistema de pensiones con enfoque de género, que comenzó a regir gradualmente en 2008.
Esta incluye la entrega de pensiones básicas solidarias a todas las personas pobres que no trabajaron remuneradamente durante su vida o que almacenaron muy poco dinero en sus cuentas de capitalización individual, lo que cual favorece sobre todo a las mujeres.
Además, el 1 de este mes se comenzó a depositar en las cuentas previsionales de las mujeres un bono de 300.000 pesos (554 dólares) por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este generará intereses y podrá ser recibido por aquellas que se jubilen a los 65 años.
También se destacó el Código de Buenas Prácticas implementado en 2006 en el sistema público, que busca promover la equidad y la no discriminación entre hombres y mujeres, al cual se han adherido voluntariamente empresas privadas.
Asimismo, en 2007 se aprobó una ley de amamantamiento que permite a las trabajadoras destinar por lo menos una hora de su jornada laboral a alimentar a sus hijos e hijas menores de dos años.
El concepto de "corresponsabilidad social" postulado por la OIT y el PNUD alude no sólo a la necesidad de que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y el cuidado de hijos, enfermos y adultos mayores, sino que también apela al rol de los demás actores sociales, como el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales.
"Este informe demuestra que no tener políticas conciliatorias genera más costos que la inversión de tenerlas. No tenerlas implica desaprovechar la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para individuos y familia", puntualizó Grynspan.
El estudio propone una serie de estrategias públicas y áreas de intervención, tanto legales como políticas y administrativas, e identifica buenas prácticas implementadas en los países. En estos momentos, la OIT y el PNUD están elaborando una metodología para cuantificar exactamente cuánto pierden los países al no aplicar nuevas políticas de conciliación, adelantó la especialista regional de género y empleo de la OIT, la socióloga chilena María Elena Valenzuela, a cargo del estudio. (FIN/2009)
martes, 7 de julio de 2009
Implicancias de la Reforma Constitucional en Chile sobre Pueblos Indígenas
Autor | Matías Meza-Lopehandía | Idioma | Español | Pais | Chile | Publicado | 12 junio 2009 12:21
"El camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile".
Desde hace veinte años se ha venido discutiendo una reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas en nuestro país. En un comienzo esta iniciativa -que fue parte de los acuerdos de Nueva Imperial entre los pueblos indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin- se centró en un reconocimiento de la existencia de dichos pueblos y su presencia en los territorios que habitan con anterioridad a la conformación de los Estados. Esta demanda, al igual que el movimiento que la sostuvo, fue de carácter continental, y alcanzó su objetivo en mayor o menor medida en casi todos los países de la región 2. Sin embargo, al poco andar, la experiencia demostró que el simple reconocimiento de la preexistencia no era suficiente, y era necesario el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el sentido que éstos estaban siendo reconocidos en el derecho internacional 3.
Lamentablemente el camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile 4.
Esta posición simplemente muestra la incomprensión de la clase política acerca del alcance de las demandas indígenas. Al final de este trabajo revisaremos el contenido del derecho a la autonomía y veremos como este no constituye una amenaza para la integridad territorial de los Estados. Es más -lejos de ello- la autonomía refuerza la cohesión social, pues permite resolver las tensiones sociales que provoca la negación de la diversidad, y que en el caso de Chile, ha generado violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y los pueblos indígenas.
En el último tiempo, la cuestión del reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ha vuelto a estar en el centro de la discusión. El ejecutivo le ha puesto urgencia a uno de los proyectos de reforma constitucional y el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya ha llamado la atención sobre la falta de una consulta y participación adecuada de los pueblos indígenas en su tramitación. Además ha hecho un llamado a que el contenido de la reforma se ajuste al estándar internacional de derechos de Pueblos Indígenas 5.
A continuación entregaremos alguno elementos para aportar a la discusión al interior de las organizaciones indígenas en relación a la importancia y alcance de una reforma constitucional de esta naturaleza.
Fuente: Observatorio Ciudadano
"El camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile".
Desde hace veinte años se ha venido discutiendo una reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas en nuestro país. En un comienzo esta iniciativa -que fue parte de los acuerdos de Nueva Imperial entre los pueblos indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin- se centró en un reconocimiento de la existencia de dichos pueblos y su presencia en los territorios que habitan con anterioridad a la conformación de los Estados. Esta demanda, al igual que el movimiento que la sostuvo, fue de carácter continental, y alcanzó su objetivo en mayor o menor medida en casi todos los países de la región 2. Sin embargo, al poco andar, la experiencia demostró que el simple reconocimiento de la preexistencia no era suficiente, y era necesario el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el sentido que éstos estaban siendo reconocidos en el derecho internacional 3.
Lamentablemente el camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile 4.
Esta posición simplemente muestra la incomprensión de la clase política acerca del alcance de las demandas indígenas. Al final de este trabajo revisaremos el contenido del derecho a la autonomía y veremos como este no constituye una amenaza para la integridad territorial de los Estados. Es más -lejos de ello- la autonomía refuerza la cohesión social, pues permite resolver las tensiones sociales que provoca la negación de la diversidad, y que en el caso de Chile, ha generado violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y los pueblos indígenas.
En el último tiempo, la cuestión del reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ha vuelto a estar en el centro de la discusión. El ejecutivo le ha puesto urgencia a uno de los proyectos de reforma constitucional y el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya ha llamado la atención sobre la falta de una consulta y participación adecuada de los pueblos indígenas en su tramitación. Además ha hecho un llamado a que el contenido de la reforma se ajuste al estándar internacional de derechos de Pueblos Indígenas 5.
A continuación entregaremos alguno elementos para aportar a la discusión al interior de las organizaciones indígenas en relación a la importancia y alcance de una reforma constitucional de esta naturaleza.
Fuente: Observatorio Ciudadano
domingo, 5 de julio de 2009
Perú: manifiesto al país y al mundo
Autor | Frente Nacional Comunitario por la Vida y la Soberania | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 12 junio 2009 12:31
Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARO NACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!
EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria.
Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009,
Frente Nacional por la Vida y la Soberanía
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARO NACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!
EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria.
Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009,
Frente Nacional por la Vida y la Soberanía
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
Masacre en la Amazonia: La guerra por los bienes comunes
Autor | Raúl Zibechi | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 12 junio 2009 12:44
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.
El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicios y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intensiva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.
Notas:
Servindi, 9 de junio de 2009.
Idem.
La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
Página 12, 10 de junio de 2009.
Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
Idem p. 97.
"Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
Lucha Indígena No. 34.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Referencias
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana): www.aidesep.org.
Ana María Vidal, "Crónica de una matanza anunciada", Instituto Bartolomé de las Casas, en www.lahaine.org.
APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos): www.aprodeh.org.
CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) www.minkandina.org.
Diario el Comercio: www.elcomercio.com.pe.
Diario La República: www.larepublica.pe.
Francisco Eguiguren, "Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley No. 29157", elaborado a solicitud de OXFAM América, 5 de agosto de 2008.
Periódico Lucha Indígena No. 34, junio de 2009.
Servindi (Servicios en Comunicación Intercultural): www.servindi.org.
Recursos
Cochabamba
De la guerra a la gestión del agua
http://www.ircamericas.org/esp/6130
Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón del racismo
http://www.ircamericas.org/esp/6075
Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos
http://www.ircamericas.org/esp/5933
Fuente: Programa de las Américas
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.
El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicios y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intensiva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.
Notas:
Servindi, 9 de junio de 2009.
Idem.
La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
Página 12, 10 de junio de 2009.
Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
Idem p. 97.
"Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
Lucha Indígena No. 34.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Referencias
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana): www.aidesep.org.
Ana María Vidal, "Crónica de una matanza anunciada", Instituto Bartolomé de las Casas, en www.lahaine.org.
APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos): www.aprodeh.org.
CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) www.minkandina.org.
Diario el Comercio: www.elcomercio.com.pe.
Diario La República: www.larepublica.pe.
Francisco Eguiguren, "Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley No. 29157", elaborado a solicitud de OXFAM América, 5 de agosto de 2008.
Periódico Lucha Indígena No. 34, junio de 2009.
Servindi (Servicios en Comunicación Intercultural): www.servindi.org.
Recursos
Cochabamba
De la guerra a la gestión del agua
http://www.ircamericas.org/esp/6130
Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón del racismo
http://www.ircamericas.org/esp/6075
Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos
http://www.ircamericas.org/esp/5933
Fuente: Programa de las Américas
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