Pobreza en el Perú. Acciones para su erradicación

La erradicación de la pobreza es uno de los Objetivos del Milenio (ODM), según un artículo aparecido en el boletín electrónico Consumer Eroski “los expertos consultados coinciden en que la erradicación de la pobreza es posible, aunque conseguirlo exige cambios importantes y mucha voluntad”.Luego en el mismo artículo, los expertos sostienen que debe mejorarse las remuneraciones y la calidad del empleo, aparte de mejorar los servicios sociales y una mejor distribución de la riqueza. Todo ello es indudable que debe ocurrir con las grandes empresas, pero es necesario enfocar lo que está sucediendo con una gran parte de la población, que generalmente no accede a puestos de trabajo que crean dichas empresas. Aquí es donde debe incidir la propuesta que se efectúa en el siguiente informe.

También será necesario que el gobierno de turno y sus representantes en las instituciones públicas – de una vez por todas – tomen las riendas a fin de terminar con el flagelo de la pobreza crítica. Se ha observado que existen diversos organismos públicos y privados empeñados en la búsqueda de soluciones; sin embargo, no se están creando las condiciones propicias para la erradicación de dicho flagelo.

Los gobiernos deben disminuir la labor paternalista, pero deben efectuar una labor de estudio del problema y la búsqueda de las formas más adecuadas a fin de organizar y capacitar a las poblaciones afectadas, para dar lugar a la creación de micro y pequeñas empresas – luego de organizar y capacitar a grupos de pobladores – para finalmente darles el financiamiento necesario para iniciar sus actividades productivas. En el caso de los productores altoandinos es necesaria la programación de la organización y capacitación con la finalidad de determinar las formas más convenientes de promover la unión de los productores y permitir el mejoramiento de sus cultivos, sus hatos de ganado, darles el valor agregado y la comercialización conjunta de sus productos a fin de tener los ingresos para seguir en la ruta del desarrollo social y económico.

Los programas nacionales que puedan crearse para la erradicación de la pobreza crítica de acuerdo a lo observado han quedado plasmados en el Acuerdo Nacional. Pero aquí habría que preguntarse si dichos programas han sido el resultado de reuniones y conversatorios en los cuales han participado activamente los afectados por la exclusión y las políticas mal diseñadas por los sucesivos gobiernos. También debe ser una necesidad la creación de los Acuerdos Regionales, en la que deben participar organismos públicos y privados regionales que encausen la erradicación de la pobreza como prioridad dentro de sus actividades, ya que son los que están más cerca de las poblaciones afectadas.

ANTECEDENTES

De acuerdo a Luis Rey de Castro, periodista de investigación del diario Correo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha revelado que en el año 2004 hubo un total de 253 millones de soles – no reembolsables – aportados por la cooperación internacional para financiar programas estatales de lucha contra la pobreza, de ello se perdieron 200 millones de soles. Sólo se utilizaron 52 millones de nuevos soles, 53 proyectos no se ejecutaron al no ser sustentados debidamente. Instituciones como el ministerio de Economía, el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Instituto Nacional de Cultura, municipalidades y gobiernos regionales, al parecer no tienen funcionarios y técnicos con capacidad para asumir el reto de erradicar la pobreza crítica. Por lo visto en los últimos 20 años se ha recibido un aproximado de 5 mil millones de soles que adecuadamente utilizados hubieran servido para impulsar el desarrollo regional y erradicar la pobreza del Perú. De acuerdo a lo mencionado es previsible que en los departamentos y provincias donde existen cientos de organismos no gubernamentales y se tienen ingresos por la producción minera, se estén utilizando inadecuadamente todos estos ingresos que deben estar por los mil millones de soles anuales y que deberían ser utilizados con eficiencia en la erradicación de la pobreza y el desarrollo regional. Es decir en nuestro país se están perdiendo gran cantidad de ingresos de diferentes fuentes que podrían generar trabajo con un programa diseñado adecuadamente. Todo ello sumado a una reforma del Estado, que lamentablemente aún no reproduce, podríamos tener unos mil quinientos millones de soles anuales con los cuales crear las condiciones necesarias para que en los próximos diez años se erradique la pobreza de nuestro país.

El Gobierno Transitorio del Dr. Valentín Paniagua el 18 de enero del 2001 instala la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza mediante D.S. Nro. 01-2001-PROMUDEH y en julio del mismo año se promulga el D.S. Nro. 014-2001-PROMUDEH que modifica y complementa la anterior norma legal. Posteriormente, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nro. 27972 – promulgada el 27 de mayo del 2003, le otorgó fuerza de ley a los decretos supremos que dieron origen a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Mediante las normas legales mencionadas y teniendo en cuenta la ineficacia de anteriores formas de encarar la pobreza se propuso la corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza entre el Estado y la sociedad civil, la intervención de la política económica en la política social para lograr resultados efectivos en la lucha contra la pobreza, el planeamiento concertado del desarrollo y la participación en la formulación del presupuesto público y finalmente pasar de políticas sectoriales y centralizadas a políticas descentralizadas como el inicio de un cambio de enfoque para lograr resultados significativos en la lucha contra la pobreza.

A pesar del reconocimiento de muchas instituciones sobre el cambio que esta ocurriendo en la concertación de las actividades de los diferentes sectores públicos y privados que participan en la Mesa de Concertación, es indispensable que el equipo de trabajo determine las formas más eficientes para dar bases sólidas a todo el proceso. Se necesita dar lugar a un impulso creador de pequeñas, medianas y grandes empresas con capacidad de generar fuentes de ingreso para las poblaciones más desfavorecidas debido a las políticas socioeconómicas impuestas por los sucesivos gobiernos. El Perú en estos últimos años – por medio de iniciativas de los empresarios e instituciones públicas y privadas – ha dado lugar a exportaciones de diversos productos agrícolas, ello sumado a las exportaciones pesqueras y de las empresas mineras han dado ingresos importantes al Estado, no obstante ello no ha significado la generación de empleo para un sector importante de la población desocupada en todo el país. Los más beneficiados han sido las poblaciones que brindan mano de obra no calificada, por lo cual los profesionales egresados de las universidades, técnicos egresados de institutos superiores, de centros de formación ocupacional (CEO’s) no tienen las oportunidades para desarrollar sus capacidades.

El un estudio retrospectivo de lo efectuado – en relación con la lucha contra la pobreza – por gobiernos anteriores, se puede afirmar que en los años sesenta se trataron de impulsar planes comunales con la formación de zonas de acción conjunta en diversas regiones del país, en estas participaban las diversas instituciones públicas de las regiones que intervenían en dichos programas, en los mismos se trataba de imponer modelos que posiblemente daban resultados positivos en países desarrollados, pero en las regiones de nuestro país con altas tasas de analfabetismo, de ineficiencia en la organización y la ausencia de capacitación – como factores limitantes – daban lugar a resultados desalentadores al no haber una abierta participación e integración de las poblaciones a los programas de gobierno. Luego en los años ochenta – luego de una reforma agraria mal implementada – es la sociedad civil la que encabeza la lucha contra la pobreza, pero las organizaciones que participan en ello buscan el apoyo de los gobiernos locales y con ello los programas se politizan y no conducen a las poblaciones hacia programas que las organicen y que le hagan participar en los programas diseñados, con lo cual nuevamente se obtienen resultados negativos. Por lo tanto el nuevo enfoque planteado en la lucha contra la pobreza no debe permitir la politización del programa, por el contrario se debe buscar el complemento al desarrollo social y participativo de las poblaciones, con la formación de una estructura en que participen los diferentes agentes públicos y privados que mediante la organización, la capacitación y la financiación del tesoro público y de la cooperación internacional den lugar a la creación de formas empresariales que den ocupación a las poblaciones excluidas y pauperizadas, que sean convenientemente remunerado, sólo así podremos ir eliminando la pobreza crítica en todas las regiones del país.

Según políticos del anterior gobierno se podría erradicar la pobreza extrema en veinte o treinta años con un crecimiento del siete por ciento en nuestra economía, pero no indican que la única forma de concretarse ello es creando fuentes trabajo y de ingreso para las poblaciones que se encuentran en dicha situación.

El Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación, al estar participando en el Acuerdo Nacional, ha planteado que la lucha contra la pobreza sea prioritaria, no sólo para el gobierno sino para el conjunto de la sociedad. La creación de la Mesa de Concertación, parte del reconocimiento del Estado de que la mejora de la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas en el tema de la lucha contra la pobreza, tiene como condición necesaria la participación de la población organizada en cada región, así como de las diversas instituciones sociales que trabajan en este campo. Por lo tanto el diseño de políticas sociales, la institucionalización de la participación ciudadana en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social del Estado y propuestas programáticas deben estar muy lejos de ser politizadas para llegar a cumplir con los objetivos de la Mesa de Concertación.

Necesidades urgentes de cambios en las actividades públicas y privadas

En nuestro país se han profundizado la pobreza y la pobreza crítica, ello debido a la incoherencia de las actividades ejecutadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los locales, que en su afán de ser reelectos o no dejar el escenario político nacional, hacen obras que lo inician con grandes alardes pero que finalmente son obsoletas y/o son dejadas inconclusas, invirtiendo el poco presupuesto que tienen en dar trabajo temporal a sus allegados. Los gobiernos regionales y los municipios – compitiendo por realizar la mayor cantidad de obras – remodelan parques y plazuelas, hacen losas deportivas y otras obras pequeñas que no solucionan los problemas medulares de las ciudades y no contribuyen en nada en la lucha contra la pobreza y la creación de empleo permanente, que debe ser la forma más adecuada de terminar con este flagelo que afecta nuestro país. Por todo ello es necesario efectuar un programa tendiente a ir disminuyendo todos los factores que están dando lugar a la desocupación y la pobreza, caldos de cultivo para la violencia inusitada que se desenvuelve en nuestro país y que si es estos momentos no se encuentran soluciones ello devendrá en una explosión social que podría desestabilizar a futuros gobiernos. Es indudable que la educación es la base del desarrollo de una nación, sin embargo en nuestro país existen muchas regiones con altas tasas de analfabetismo o con educación incipiente, lo cual no permite a muchas poblaciones acceder al trabajo que se efectúa en las diferentes regiones. Es decir la falta de conocimientos y la desorganización conducen a la exclusión de poblaciones enteras, pero es necesario implementar en las zonas excluidas – de acuerdo con otras reformas del Estado – un programa nacional que permita la organización y la capacitación de las poblaciones a fin de que las mismas puedan ir formando pequeñas, medianas y grandes empresas, para lo cual el Estado debe buscar las formas de financiar y supervisar todas las empresas formadas.

Los sistemas de comercio de la producción nacional y la globalización de la economía han producido una mayor polarización entre aquellos que viven arriba de la línea de pobreza, los pobres y los que se encuentran en situación de pobreza crítica. En el Perú el grupo de privilegio se encuentra en la clase política y los grupos de empresarios favorecidos por la política gubernamental, en seguida viene un grupo de privilegiados por el gobierno de turno y son los trabajadores del sector público en lo referente a los funcionarios, jueces, militares y los que medran alrededor del Ejecutivo, Legislativo, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Luego vienen el grueso de los trabajadores públicos entre los que tenemos al personal subalterno de la policía, los maestros, los profesores universitarios y todo el personal de mando medio en todos los sectores públicos. Finalmente mencionamos a todos los trabajadores que se ubican dentro de empresas privadas y organismos no gubernamentales que se sostienen gracias al trabajo desarrollado por profesionales y técnicos, que pueden o no contribuir al desarrollo económico de las regiones. Lo que no se tiene en cuenta en los diferentes sectores en que se clasifica a las poblaciones es al poblador de las zonas marginales de las grandes ciudades y a los campesinos altoandinos que ha sido despojados de todo y a los cuales no se les permite acceder a la educación, al trabajo y aquellos que – con su pobre educación e ingresos – se dedican a producir algún producto, pero que no pueden comercializar sus productos en las mismas condiciones que las grandes empresas. Como un ejemplo de lo que está ocurriendo, tomaremos a los productores alpaqueros – a fin de apreciar su problemática – y veremos que su producto es adquirido a precios bajísimos por empresas nacionales y/o transnacionales para que estas – luego de su transformación – reciban sumas exorbitantes por sus productos, lo cual no compensa la pobreza extrema de los productores, ello a pesar de que – en el caso de la vicuña – se anuncia pomposamente convenios de asociación en participación, que sólo es un engaña muchachos, ya que finalmente los únicos beneficiados son algunos funcionarios públicos y las empresas que han concertado con aquellos para seguir empobreciendo a las poblaciones altoandinas.

¿Qué necesitamos para crear empleo y mejorar los ingresos económicos de la población desocupada?

A fin de crear trabajo dentro de las diferentes regiones del país es necesario, en primer lugar, realizar la reforma del Estado, este debe ser pequeño y eficiente, deben desaparecer instituciones y ministerios que – al haber sido creados para apoyar el desarrollo del país – no aportan nada en programas y proyectos productivos. Es necesaria la reforma de la constitución, con el fin de que las instituciones públicas sean conducidas con eficiencia y ética, que la corrupción sea castigada con severidad – muy especialmente la que se efectúa en el sector público – y que desaparezcan los cargos políticos en todo el país: los prefectos, sub-prefectos, gobernadores y tenientes gobernadores deben desaparecer y sus funciones deben ser asumidas – de ser necesarias – por personal electo en los gobiernos regionales y locales. El presupuesto ahorrado – luego de la reforma del Estado – debe servir para implementar programas regionales de capacitación y organización de las poblaciones para implementar diversas empresas. Se ha podido constatar que las leyes son incumplidas por instituciones del sector público y del sector privado – un ejemplo de ello son las licitaciones que se han estado efectuando en diversos Ministerios – aquí es necesario que se establezcan penalidades severas para quienes infringen la ley a fin de no permitir que la corrupción siga entrampando a los productores que trabajan con responsabilidad, ética y con respeto a la ley.

Creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social

Para esto el gobierno de turno debe implementar los puentes necesarios con las poblaciones de todo el país, ello con el fin de lograr la interlocución y la concertación con las poblaciones necesitadas y excluidas para que participen en los programas diseñados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social – entidad que debe ser creada con el fin específico de establecer todas las medidas necesarias para la creación de empleo y la erradicación de la pobreza extrema – ésta debe dar lugar a las Comisiones Regionales de Desarrollo Social, las mismas deben ser instancias que deben trabajar conjuntamente con la Mesa de Concertación y con objetivos, que en su conjunto deben permitir el desarrollo regional con participación ciudadana plena. Estas comisiones deben – en un inicio – lograr la concertación de todos los elementos educativos y de capacitación que podemos encontrarlos en institutos, universidades, los CEO’s, las iglesias, los gobiernos regionales, los municipios, las empresas, la cooperación técnica internacional y personas naturales.

Organización para el trabajo en las poblaciones urbano-marginales.-

A partir de la unión de todos los centros de enseñanza se debe estructurar concertadamente programas de capacitación empresarial; paralelamente se debe buscar la integración de las poblaciones urbano marginales a fin de formar grupos afines que luego sean capacitados en los diversos aspectos administrativos y productivos que den lugar – a estas agrupaciones – a la implementación de formas empresariales – llámense MYPES y/o PYMES – que deben dar trabajo a la población económicamente activa (PEA) que se encuentra desocupada. Simultáneamente con el apoyo gubernamental y de la cooperación internacional, se debe implementar un banco de desarrollo social – o promover el acondicionamiento del banco de la nación – el mismo que debe facilitar y otorgar los préstamos necesarios para el funcionamiento de las empresas que se vayan organizando y capacitando, para ello los préstamos deben ser con intereses bastante bajos y al alcance de las empresas en formación y darles además plazos razonables para ir cancelando sus préstamos, igualmente se les debe dar un plazo razonable para comenzar a pagar los tributos que la ley establece, en la actualidad las exigencias de la SUNAT están ocasionando la quiebra de muchas empresas y una creciente informalidad.

Organización para el trabajo en las poblaciones rurales.-

En las regiones altoandinas – donde la pobreza crítica es muy alta – las Comisiones Regionales de Desarrollo Social deberán tener en cuenta los recursos naturales que pueden y/o deben ser utilizados para implementar empresas de mayor envergadura, las cuales deben dar empleo a mayor cantidad de desocupados, que convenientemente capacitados deben ser indispensables en la empresa. Para implementar estas empresas se requiere la participación inicial del Estado, con el objeto de – con un financiamiento inicial – ponerla en funcionamiento, posteriormente se deben buscar financistas privados para mejorar el funcionamiento de la empresa o dársela a los mismos trabajadores – que pueden aportar los recursos necesarios – al ser en muchos casos propietarios de los recursos naturales existentes en las diversas regiones. Un recurso que abunda en nuestras regiones altoandinas es el capital pecuario: camélidos, ovinos y vacunos, todo esto puede dar lugar a una gran empresa textil andina, una empresa de producción de carnes, otra de derivados lácteos. Para todo ello es indispensable seguir apoyando el repoblamiento alpaquero, el repoblamiento vicuñero, realizando las acciones necesarias a fin de producir fibra de alta calidad y de alta demanda en el mercado mundial. En estas empresas es necesaria la ayuda técnica de profesionales, por lo cual es necesaria la reforma del Estado – especialmente la reforma del ministerio de Agricultura – a fin de promover la formación de grupos multidisciplinarios que – previo estudio – promuevan la formación de estas empresas rurales. Lo que está ocurriendo en el sector agricultura, con el CONACS – entidad en la que debió realizarse una exhaustiva investigación por la desaparición de varios millones de dólares pertenecientes a los productores y el uso indiscriminado de su presupuesto –, el INRENA, el PRONAMACHCS y otras oficinas públicas descentralizadas, debe dar lugar a los cambios necesarios en el sector. Las otras empresas mencionadas merecen el establecimiento de la cría del vacuno y del ovino con tecnología ya bastante conocida y que no es aplicada por los bajos precios de los productos lácteos y la lana producida, ello deviene en ausencia de financiamiento y de ausencia de capacitación, estas y muchas otras empresas – con la organización y financiamiento – deben dar lugar a la desaparición de la pobreza crítica en las regiones altoandinas. En estas regiones también es posible producir algunos productos agrícolas que pueden ser procesados y dar lugar a agroindustria para el mercado local y para su exportación. En estos momentos en que debido a factores sanitarios y medioambientales que perjudican la cría de especies pecuarias en países europeos y asiáticos, debe impulsarse en nuestros andes y en la amazonía una industria cárnica ecológica. En estos lugares se crían animales con pastos naturales – a ello podemos establecer la introducción de pasturas cultivadas y plantas forrajeras – y con el rebrote continuo de la vegetación; con ello se tiene el alimento para el desarrollo de estos programas, el producto resultante es apreciado en países desarrollados debido a la ausencia o poca contaminación con fertilizantes y pesticidas. Por lo tanto existe la necesidad de preservar nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales y muy especialmente el agua, producto fundamental para tener una agricultura orgánica y sin contaminantes.

En nuestra amazonía donde existe tanta pobreza también es indispensable que el gobierno ponga en marcha todo el programa planteado con base a los recursos naturales existentes, se debe implementar un programa de reforestación amazónica, con este programa se puede poner en marcha una empresa maderera de gran envergadura, paralelamente se puede adecuar – dentro de esta gran empresa – un programa de crianza intensiva de caprinos y otras especies animales del lugar, utilizando el sistema agro-silvo-pastoril, todo esto debe servir para dar empleo a miles de familias campesinas. Además – en la selva amazónica – se pueden y deben implementar proyectos agrícolas, pecuarios, zoocriaderos, piscigranjas, producción de plantas medicinales y plantas ornamentales, diversas empresas mixtas al tener el rebrote continuo de la vegetación, la existencia de pastos naturales y agua en abundancia.

En las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca, donde existe una pobreza del 63% de la población asentada en la misma, con ingresos de 170.00 nuevos soles al mes y al 37% en situación de pobreza crítica, con ingresos menores. Sin embargo, debemos indicar que algunas familias se benefician de otros ingresos que provienen de la extracción artesanal de oro, extracción de sal y boratos, transporte de dichos productos, etc. que les permiten tener algunos ingresos familiares extras, que indudablemente son ingresos eventuales y que llegan a pocas familias. En esta ANP existen 15 comunidades campesinas con dos mil familias que necesariamente deben ser incluidas en trabajos estables a fin de mantener la flora y fauna, los ecosistemas y el medio ambiente en estas regiones. Lo mismo está ocurriendo en el Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa en el departamento de Puno en el Perú y los departamentos de La Paz y Oruro en Bolivia, donde existen áreas donde la pobreza crítica afecta a las poblaciones asentadas en dichas regiones. En estas regiones existen programas para lograr el desarrollo social y económico para el mantenimiento de la biodiversidad y el medio ambiente, hay un amplio apoyo financiero de la cooperación internacional, la cual no es utilizada adecuadamente. Así en Puno se ha podido observar que entre los años 95 y el año 2000 existía el Convenio entre el Programa de Apoyo al Repoblamiento y el Programa de Naciones Unidas, como Proyecto de Asistencia al Programa de Apoyo a la Repoblación y Desarrollo Sostenible, Programa Millón de Campesinos, utilizado en todos las regiones donde hubo desplazamiento de poblaciones afectadas por el terrorismo. En el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, el ex-Ministerio de la Presidencia y el Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo Social (Foncodes), existieron fuentes de financiamiento de la cooperación internacional que fueron utilizados en muchísimos programas y/o proyectos que nunca han sido analizados a cabalidad, pero nunca han dado como resultado la disminución de la pobreza en el Perú. Se han creado oficinas públicas descentralizadas, en las cuales – en forma muy frecuente – han sido introducidos personal muy ligado al gobierno de turno, que nunca han conocido la problemática de las regiones y han aprobado programas y/o proyectos que siempre han sido creados en escritorios de la burocracia dorada, por lo cual aquellos nunca han dado los resultados esperados.

Formación y Funcionamiento de las Comisiones Regionales de Desarrollo Social

Es indispensable que la Comisión Nacional de Desarrollo Social y las Comisiones Regionales, se estructuren con base a equipos multidisciplinarios y con la participación de instituciones públicas y privadas, pero con amplio conocimiento de los recursos humanos y naturales existentes en nuestras regiones, debe tener un organigrama que le permita el cumplimiento de todas las tareas que se le encomienden a fin de cumplir con los objetivos perseguidos. Debe haber mayor presencia de los colegios profesionales en todas las regiones, ya que los miembros de los mismos son los que trabajan más directamente en los poblados más alejados de los diferentes departamentos, provincias y distritos. Es necesario que los miembros de estas comisiones tengan experiencia básica en la región en la que deben actuar y puedan aportar en el funcionamiento de toda la maquinaria de que disponen las diferentes regiones a fin de dar cumplimiento a lo que desde hacen décadas han debido efectuar los gobiernos de turno. La Comisión Nacional de Desarrollo Social, debe contar con un Comité Ejecutivo Nacional, que debe ser instalado en una de las regiones de mayor pobreza y las Comisiones Regionales – en cada una de las regiones – deben tener un Comité Ejecutivo Regional, que debe tener un oficina de planificación, una oficina de estudios de los recursos existentes en cada región, una oficina de organización, una oficina de capacitación, un órgano de actividades crediticias y finalmente un órgano de supervisión, este último debe fiscalizar el cumplimiento de las actividades programadas y presentar los informes correspondientes a fin de determinar como están funcionando los diferentes comités regionales de desarrollo social y proponer los cambios en los diversos programas, si ello fuera necesario.

La organización de estas comisiones debe estar a cargo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la Mesa de Concertación, los Colegios Profesionales y la ciudadanía organizada.