Instituciones agropecuarias

Por Manuel Chiriboga Vega
El Universo, Ecuador, 10 mayo 09.

¿Qué tipo de instituciones son necesarias para el sector agropecuario fue materia hace pocos días de un seminario regional organizado por FAO? Me parece una discusión oportuna para el país, ahora que se escuchan rumores de cambio de gabinete. No tengo la menor idea si ello involucra al ministro Poveda, no tengo nada contra él en especial. Ha hecho más o menos lo que han hecho sus predecesores, eso sí con mucho más recursos. No ha pasado de utilizar el crédito como el principal instrumento para incentivar la agricultura, ha intervenido en los mercados de los productores, reflejando consideraciones políticas, más que oportunidades de largo plazo y alguna cosa más, como cambiarle el nombre a SESA. Seguramente no sea el problema del ministro Poveda o de sus antecesores, pero al menos se puede decir que no han ido mucho más allá de las reformas hechas al MAG a inicios de los noventa.

La evidencia es que el Magap como se denomina hoy en día es una institución poco relevante para el sector agropecuario y requiere una reforma importante. No es porque sus funcionarios sean malos o sus dirigentes poco estratégicos, sino que simplemente las nuevas realidades de la agricultura le sobrepasan. Déjenme poner dos ejemplos que servirán para volver más comprensible lo que quiero decir.

Información para la mayor parte de países de América Latina señalan que la participación de la producción y de los productores agropecuarios en el negocio alimentario es cada vez menor, a favor de agroindustriales, comercializadores, supermercados, proveedores de insumos, restaurantes y otros actores de las cadenas alimentarias, sea que se piense en términos nacionales o internacionales. Los sistemas alimentarios en sociedades crecientemente urbanizadas funcionan así, pero los órganos de política pública solo se preocupan de la actividad primaria. España que es un buen ejemplo de cómo cambiar, tiene un Ministerio que se denomina de Agricultura, Pesca y Alimentación, con direcciones generales, que incluyen atención a la agroindustria, un sector cada vez más importante. No sería coherente considerar la necesidad de ampliar competencias a lo alimentario, considerando incluso el derecho alimentario que consagra nuestra Constitución.

Un estudio reciente de FAO determinaba que la contribución de la agricultura familiar en el Ecuador era del 45%, mientras que la agricultura empresarial aportaba con el restante 55%. De la agricultura familiar un 42% podía sustentarse a base de su producción, se vincula a los mercados y genera excedentes, pero el restante 58% está en situación de subsistencia o en transición. Mi idea general es que el Ministerio de Agricultura está diseñado para atender a la agricultura empresarial, considerando aun su mayor peso en la producción. En Brasil, para enfrentar este dilema establecieron dos ministerios: uno, para la agricultura empresarial y otro para la familiar. Con base a ello y una política de apoyos extremadamente inteligente han dinamizado la pequeña producción y por esa vía contribuido a la reducción de la pobreza rural. No sería esto más coherente, con la importancia que tiene la agricultura familiar en nuestro país y las obligaciones constitucionales.

Estos son a mi juicio algunos de los argumentos que deben obligarnos a pensar fuera de la caja o de la cárcel de papel en que estamos encerrados.

Pero estos cambios funcionarán siempre y cuando el país revalorice toda su agricultura y a todos sus productores agropecuarios y rurales, se nombren funcionarios competentes y haya voluntad política para llevarlos adelante.