Autor | Red anti-minera panameña-REDAP | Idioma | Español | Pais | Panamá | Publicado | 8 enero 2009 15:40
Ante la equívoca acción de la ANAM al haber aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la Minera Petaquilla, las comunidades de diversos puntos del país afectadas por las concesiones para minería metálica y que conforman la Red Anti-minera Panameña, manifestamos nuestro total repudio ante una acción que la Ley General de Ambiente prevé que podía ser evitada. El decreto ejecutivo 209 de 2006, que regula el título IV de la legislación ambiental, señala en su artículo 50:
"En el caso que la ANAM defina que el Estudio de Impacto Ambiental no satisface las exigencias y requerimientos previstos en el Reglamento, para evitar, reducir, corregir, compensar o controlar adecuadamente los impactos adversos significativos emanados del proyecto, obra o actividad procederá a calificarlo desfavorablemente y rechazar el Estudio de Impacto Ambiental".
Es evidente que ante la necesidad de que la empresa cumpla con la presentación de 40 puntos de vital importancia, antes de proceder con la explotación minera, tales como: manejo de aguas, desechos tóxicos, drenaje ácido, por mencionar alguno de los más importantes, deja en evidencia la deficiencia de un EsIA que de alguna manera da el visto bueno para que la obra continúe más allá de los daños ya realizados y de las violaciones que se han evidenciado.
Es por lo antes descrito, y ante la gran cantidad de concesiones que existen, que exigimos a las autoridades, en particular a la Autoridad Nacional del Ambiente y al Ministerio de Comercio e Industrias un alto en el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación minera metálica, basado en el principio de precaución, que indica que en materia de medio ambiente, cualquier acción de cualquier naturaleza que tenga la posibilidad de causar daño al entorno o ecosistemas, debe ser estudiado con la mayor cautela. Se hace necesaria su aplicación, ya que no existe certeza científica de las consecuencias que puedan acarrear para el ambiente y los seres humanos estas actividades, catalogadas como altamente contaminantes a nivel mundial.
Solicitamos a la Ministra de Asuntos del Ambiente que en el próximo Consejo de Gabinete, exponga la problemática que representa el desarrollo de la política gubernamental que va en detrimento de los recursos naturales de ésta y la futura generación, por la falta tanto técnica como económica que prevalece en las instituciones estatales para encarar todos los problemas de corte social, económico y ambiental, generados por la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto en la República de Panamá.
El derecho a la consulta y participación de los ciudadanos, debe ser eficaz y efectivo. El Estado tiene la responsabilidad máxima de hacer cumplir este precepto. En el tema minero nos encontramos ante una flagrante violación de estos derechos y a las autoridades como infractores de los mismos.
Dado en la Ciudad de Panamá a los 23 días del mes de diciembre de 2008.
domingo, 1 de febrero de 2009
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