AMBIENTE: Esquivo régimen de responsabilidad por transgénicos

Por Diego Cevallos

MÉXICO, 20 feb (IPS) - Delegados de varios países buscarán en México avanzar en la definición de un elusivo régimen internacional de responsabilidad y compensación por posibles daños derivados del movimiento transfronterizo de transgénicos.

Entre el lunes 23 y el viernes 28, unos 30 representantes de África, Asia, Europa y América Latina debatirán cómo aplicar el artículo 27 sobre "responsabilidad y compensación" del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología, vigente desde 2003.

Encuentros con el mismo propósito en Malasia, en 2004, y en Alemania, en 2008, finalizaron sin acuerdo.

El Protocolo de Cartagena, al que se han adherido 153 países, tiene como objetivo "contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados", según su texto. Pero Argentina, Estados Unidos ni Canadá, líderes en siembra de cultivos transgénicos, no forman parte de ese pacto.

Los transgénicos son variedades obtenidas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies, animales o vegetales, con el propósito de mejorar sus características, rendimiento o resistencia a factores externos.

"La semana próxima veremos una negociación crucial en la que tenemos confianza", dijo a IPS la coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de la organización ambientalista Greenpeace en México, Aleira Lara.

"Sin un régimen de responsabilidad y compensación por los efectos de los transgénicos, el Protocolo de Cartagena flaquea", señaló.

El Protocolo de Cartagena es un tratado complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fue adoptado para proteger la biodiversidad de los potenciales riesgos de los transgénicos, y establece el procedimiento para la aceptación informada, para que los países reciban la información necesaria antes de adoptar decisiones, y el principio precautorio, que permite suspender actividades cuya inocuidad no haya sido ampliamente probada.

Greenpeace, así como Amigos de la Tierra Internacional y el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración estarán presentes en México como observadores. También habrá representantes de las empresas de biotecnología, dedicadas al desarrollo y producción de semillas transgénicas.

Según las normas de la conferencia, los observadores deberán retirarse de los debates cuando los participantes así lo soliciten. La presencia de los medios de comunicación no será permitida, "lo que es una lástima", indicó Lara.

En las afueras de la sede del encuentro --un edificio de la cancillería mexicana en la capital--, Greenpeace pondrá en marcha algunas de sus llamativas y tradicionales manifestaciones contra los transgénicos. Será una sorpresa, expresó Lara.

En las negociaciones del régimen de responsabilidad sobre movimientos de transgénicos juegan gobiernos e intereses y posturas de poderosos laboratorios transnacionales dedicados a producir, promocionar y vender semillas transgénicas.

También participan organizaciones ambientalistas y campesinas y curtidos activistas, que en algunos casos incluso se oponen a la experimentación con transgénicos, alegando que la ciencia aún no ha probado de modo concluyente que sean inocuos para la salud humana y el ambiente.

Las empresas pugnan por que sean las autoridades nacionales, de forma administrativa, las que resuelvan eventuales responsabilidades y compensaciones de daños causados por el movimiento de transgénicos. La investigación debería realizarse en conjunto con los actores privados y, si hubiera motivos de sanción, ésta no implique prohibir el acceso de los productores a los transgénicos.

Los ambientalistas, en cambio, buscan una normativa universal y obligatoria para los responsables de los daños que potencialmente causen. Varios países del Sur en desarrollo apoyan esta postura.

Si en la conferencia de México, del llamado "grupo de apoyo", se logra un acuerdo, éste será sometido a todos los países que han ratificado el Protocolo de Cartagena, en una reunión que celebrarán en Japón en 2010.

Para Lara, este instrumento ha demostrado ser insuficiente frente al avance de los transgénicos en el mundo, alentado por el poder de firmas transnacionales que patentan las semillas modificadas que desarrollan.

Las empresas niegan de tajo los presuntos riesgos de esta tecnología y dicen que las semillas manipuladas para hacerlas más resistentes a plagas o sequías o para que maduren más rápidamente pueden ser la solución al hambre que sufren millones de personas en el mundo.

Hasta la fecha no hay de estudios concluyentes sobre los peligros de los también llamados organismos genéticamente modificados. Pero la superficie cultivada con estas variedades vegetales no deja de crecer en todo el mundo.

Entre 1996, cuando empezó el cultivo comercial de transgénicos, y 2008, el área sembrada pasó a 125 millones de hectáreas.

Hace 13 años, seis países empezaron con estas siembras y hoy son 25, según el Servicio Internacional para las Adquisiciones de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés), una entidad sin fines de lucro establecida por la industria para promover los transgénicos.

El ISAAA calcula que hay 13,3 millones de agricultores plantando transgénicos, 53 por ciento de ellos dedicados a la soja y 30 por ciento al maíz. La gran mayoría de esa producción se sustenta en semillas fabricadas y vendidas por el gigante estadounidense Monsanto.

El liderazgo mundial en transgénicos lo tienen, por su orden, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y China. De este grupo, Brasil es el único que ratificó el Protocolo de Cartagena.

Según Global Industry Coalition, que reúne a las empresas de biotecnología del mundo, no existen registros de "incidentes ni preocupaciones" por el transporte transfronterizo de transgénicos, afirma el documento "Opiniones de los usuarios y promotores de la biotecnología sobre cuestiones de aplicación del Protocolo de Cartagena", de abril de 2008.

De todas formas, las empresas aseguran que apoyan plenamente las negociaciones para definir un régimen de responsabilidad y compensación en el marco del Protocolo de Cartagena. (FIN/2009)