Autor | Grupo de Reflexión Rural | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 18 agosto 2009 14:11
"¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para reclamar próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales? Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el INTA".
Los gobiernos acordaron en el año 1997el Protocolo de Kyoto, denominado de manera oficial como Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 , después que lo ratificaron 55 naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad el Convenio Marco cuenta con el respaldo de 166 países. El Protocolo de Kyoto, incluye entre otros acuerdos, y como artículo 12, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que habilita a los países industrializados para adquirir certificados de reducción de emisiones, comprando acciones en proyectos que supuestamente, secuestran o reducen las emisiones producidas. En la práctica, estos mecanismos habilitan a los países del hemisferio norte a contaminar en la medida en que inviertan bonos verdes en zonas captadoras de carbono, en los países del hemisferio sur.
En junio de 2005, el entonces Secretario de Medio Ambiente de Argentina, Atilio Savino, en una reunión habida sobre Cambio Climático en la ciudad de Buenos Aires, recibió a las principales entidades que representaban a los productores sojeros y maiceros. En la misma reunión participó Hernán Carlino, jefe de la Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio y presidente desde el 2005 hasta el 2007 de la mesa de acreditación de proyectos que aspiraban a inversiones de los MDL de las Naciones Unidas (recordemos que de bonos de carbono para la agricultura se comienza a hablar de manera oficial recién en Balí, en Diciembre del 2007). El funcionario, [1]que impulsaba las políticas de Estado del modelo sojero biotecnológico, explicó en ese encuentro, las posibilidades que se generaban para los agrocombustibles a partir de la implementación del protocolo de Kyoto: “Al crearse una restricción del carbono, aparecen alternativas comerciales muy interesantes”, manifestó, alentando el optimismo de la audiencia agroempresarial. El Ingeniero Santiago Lorenzatti, Coordinador General de AAPRESID, por aquel entonces a cargo del Proyecto de certificación de la siembra directa, sacó a luz la gran preocupación que animaba a los sojeros, cuando preguntó, acerca de qué posibilidades había de proponer a los cultivos agrícolas industriales, como una de las alternativas en materia de secuestro de carbono, para poder entrar en el comercio de las emisiones. El funcionario Hernán Carlino respondió, que: “esa propuesta no contó hasta ahora con “socios” internacionales de peso, pero que se intentará reabrir el debate, dado el interés que reviste para el país, líder mundial en siembra directa”.
AAPRESID ha creado actualmente, la marca registrada “Agricultura Certificada” cuyo titular es justamente, el mismo Santiago Lorenzatti, el mismo que en el 2005 preguntara sobre las posibilidades de que los monocultivos de soja entraran en el comercio de las emisiones. En el año 2008, el mismo personaje, se anticipaba al futuro al manifestar: “Buscamos entrar al mercado de bonos de carbono, pero luego vimos que en el protocolo de Kyoto no estaba reconocida la siembra directa como actividad secuestrante... Se optó entonces por un esquema proactivo, apuntando a diferenciarse y a diseñar un protocolo para llegar a una certificación de las buenas prácticas contenidas en un sistema que la Argentina ha logrado exportar a otros países. Al cabo de 30 años de siembra directa, se comienzan a ver los frutos...Somos conscientes que adoptamos un sistema superador y sustentable. Hay que contabilizar que no más del nueve por ciento de la superficie mundial está bajo siembra directa; tenemos la oportunidad de posicionarnos para retener y capturar ese valor”.
En Agosto de 2009 los lobbistas sojeros respaldados siempre por el Estado argentino y en particular por el Ministerio de Relaciones exteriores, donde se ha producido un extraño ensamble funcionarial entre gente influida por las corporaciones, setentistas y estalinistas, parece que están logrando al fin su objetivo. La Oficina de Naciones para el Cambio Climático, acaba de introducir una nueva metodología para los créditos de carbono desde la agricultura, que beneficiará a la siembra directa química y a los monocultivos de soja. La metodología consiste en otorgar créditos de carbono a los cultivos que incluyan la inoculación de la soja y el maíz. Según los analistas financieros el inoculante beneficiado será el producido y patentado por Becker Underwood. Justamente, en el 2008, la compañía Becker Underwood firmó un acuerdo con Monsanto por el cual trabajarán en conjunto para la producción de tratamientos de las semillas de maíz, soja y algodón. Es decir, que el nuevo paquete tecnológico contendrá el glifosato y las bacterias de la Becker Underwood. Públicamente Becker Underwood admite que esa metodología fue diseñada por miembros de la propia compañía. De esa manera, la sojaRR podrá entrar en el mercado de carbono por el solo mérito de inocular las semillas. En estos días los lobbistas apuntan a que la siembra directa sea reconocida como secuestradora de carbono y así, es muy probable que en pocos meses, los territorios sojeros participen de la gigantesca ruleta financiera y subsidiaria, que se inaugurará a partir de fines del año, con el comercio internacional de los Bonos de Carbono. [2]
La gran diferencia entre el tratado de Kyoto y la próxima Conferencia sobre Cambio Climático que se realizará en el mes de Diciembre en Copenhague, será que Estados Unidos habrá de aceptar por primera vez, la necesidad de bajar las emisiones de dióxido de carbono. Recientemente, y casi en paralelo con la aprobación, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas, de la metodología de bonos de carbono para la inoculación de semillas, que beneficiaría a la siembra directa en la agricultura, el Gobierno norteamericano aprobó con media sanción, la Ley Climática, “climate bill” o Ley del clima. Esa legislación, de ser aprobada por el Senado, legitimaría y posibilitaría una ingeniería financiera monumental vinculada al mercado de los bonos de carbono. El New York times, anticipándose, refiere específicamente a un mercado de emisiones, en que probablemente, circulará un trillón de dólares y que sin lugar a dudas, aportará a restablecer los equilibrios financieros. Es evidente que, los políticos norteamericanos, en concertación con los lobistas de la industria biotecnológica, están haciendo lo posible para que la agricultura industrial sea la gran beneficiaria de los créditos de carbono, o sea, de los subsidios encubiertos para la siembra directa. Monsanto es la corporación que ha realizado mayores inversiones hasta la fecha en los procedimientos de lobby a los políticos que aprobaron el Climate Bill.
La prensa norteamericana toma la delantera de esa manera a favor de los nuevos escenarios a los que abre el mercado del carbono aplicado a la agricultura, escenarios que habrán de implicar altas inversiones y en las que el riesgo especulativo será importante. [3] Parte de esa especulación financiera, actualmente en crisis después de la debacle de los prestamos hipotecarios, conocidos como sub/prime, se reciclará entonces con los bonos de Carbono y sus nuevos mercados. De hecho, las nuevas burbujas ya comienzan a constituirse en los mercados globales. El titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados norteamericana Collin Peterson, en su reciente ponencia a los sojeros norteamericanos, les dijo que, con el climate bill, el precio de los granos aumentara de 1.8 a 4.6%. [4]
¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para reclamar próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales?
Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el INTA. Los productores deberán ofrecer asimismo datos fiables y verificables sobre la cantidad de urea utilizada, al menos en los últimas tres rotaciones completas de maíz y soja. Los controles muy probablemente los hagan los mismos sojeros desde AAPRESID, o acaso se pergeñarán mecanismos perversos a los efectos, desde la misma Mesa Redonda de la soja responsable, que conducen las Corporaciones y sus socios nativos. O sea que, una vez más, los zorros cuidarán del gallinero.
Con los bonos de carbono y los recientemente aprobados mecanismos de desarrollo limpio, la agricultura química de siembra directa, podrá iniciar su “revolución verde transgénica” en África y en otras partes del planeta, donde todavía los Agronegocios no son hegemónicos. De esa manera, y contra toda lógica de un discurso preocupado por los cambios climáticos, las Naciones Unidas están haciendo posible un avance sin precedentes en la mercantilización global de los alimentos y de la agricultura, a la vez que, legitimando concentraciones abrumadoras de las cadenas agroalimentarias que permitirán gigantescos negocios corporativos. El próximo tratado de Cambio Climático a celebrarse en el próximo mes de Diciembre en Copenhague, si es que no podemos detener estas tendencias políticas, ahondará la extensa situación de desruralización, descampesinización y desterritorialización del mundo rural. Las consecuencias de estas políticas serán las de incentivar hasta límites inimaginables la emigración forzosa hacia los países ricos y hacia las ciudades, acentuar el despoblamiento masivo de inmensos espacios del Planeta y provocar un hacinamiento cada vez más gigantesco en todas las grandes urbes transformadas en megalópolis inmanejables y al borde del colapso.
Por último, reafirmamos: que la Soberanía Alimentaria continúa constituyendo el eje principal de toda alternativa frente a las amenazas del modelo de los Agronegocios biotecnológicos; que es posible generar modelos productivos amigables con el entorno, que respeten los bienes comunes y que sean capaces de preservarlos para las próximas generaciones; que alimentarse, se ha convertido de manera creciente, en un acto político, un acto de conciencia, de insubordinación y resistencia, así como en una práctica que propicie redes rebeldes de comercialización a escala humana y de producciones familiares y de autosuficiencia alimentaria.
GRR. Grupo de Reflexión Rural
www.grr.org.ar
[1]http://cdm.unfccc.int/
El funcionario inicia la política decréditos para la incorporación de inoculantes en el 2007 cuando era el chair del accreditation borrad.
[2]http://www.seedquest.com/
[3] http://www.reuters.com/
[4]www.greenpacks.org/
jueves, 20 de agosto de 2009
Desiertos verdes del suroccidente colombiano
Autor | Diego Alejandro Cardona | Idioma | Español | Pais | Colombia | Publicado | 18 agosto 2009 13:30
Las plantaciones forestales, o desiertos verdes como les denomina parte de los movimientos sociales, son motivo de preocupación y movilización, por sus graves impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos sobre territorios y comunidades locales.
Analizar la situación provocada por los monocultivos forestales de pino y eucalipto en el sur-occidente colombiano, especialmente en la región andina de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, nos acerca a la problemática que generan los desiertos verdes. No se trata de una situación aislada. Este caso representa una realidad común en todos los territorios afectados por la ocupación y expansión de los monocultivos forestales en toda la región andina del país. No obstante, los impactos en cada región dependen, obviamente, de las características locales, el sistema de ocupación y expansión empleado por empresas y/o proyectos forestales que operan de forma similar, y que afectan y destruyen elementos fundamentales para las formas de vida locales-tradicionales.
Estrategias de ocupación territorial . Uno de los impactos más relevantes en las regiones es la perdida de soberanía, territorial, alimentaria, política y sobre el patrimonio ambiental (agua, suelo, biodiversidad), una soberanía que deja de estar en manos de las comunidades cuando empresas o proyectos forestales ocupan las tierras con plantaciones, imponiendo las reglas o condiciones para el uso y disfrute del territorio. La ocupación de la que se habla se produce mediante diferentes estrategias, todas ellas con las mismas implicaciones:
Compra de tierras: Es una práctica común de las empresas forestales. Éste es el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, propietaria de buena parte de la tierra de varios municipios del sur-occidente, y que, por ejemplo, indica en su almanaque institucional de 2007 que ocupa más del 10% del territorio de varios municipios.
La compra de tierras sigue siendo una práctica por parte de esta multinacional, lo que incrementa los porcentajes de concentración en la tenencia de la tierra en regiones donde los campesinos reclaman y adelantan procesos de adjudicación para garantizar su permanencia en el territorio —caso evidente en los municipios de Guacarí y Buga (Valle del Cauca), donde la empresa intentó en 2006 comprar varias haciendas de particulares para establecer plantaciones, con la clara oposición de las comunidades locales que actualmente adelantan un proceso de solicitud de esas mismas propiedades ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
Alquiler de tierras: Otra forma de ocupación y control territorial es alquilar tierras, que pese a permanecer registradas como propiedad de un tercero, quedan bajo el condicionamiento, uso y restricción de las empresas forestales, con el atenuante de que por tratarse de cultivos permanentes la ocupación es por largos periodos de tiempo dependiendo de la especie cultivada (8 a 15 años), aunque en muchas zonas se encuentran plantaciones de mayor edad. El uso intensivo del suelo y su consecuente degradación, induce a muchos propietarios a vender las tierras a las empresas forestales luego del periodo de alquiler, obviamente por un precio más bajo del esperado por parte de los propietarios, al tratarse de suelos con mayor grado de degradación después del uso intensivo con plantaciones.
Contratos de cuentas en participación: Esta figura jurídica es empleada en la cuenca del río Chinchiná (Caldas), para el caso de plantaciones forestales implementadas como sumideros de carbono o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Forestales. Lo que se le propone a los propietarios es destinar toda o parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones forestales, mientras que el proyecto que las impulsa, Procuenca, se encarga de conseguir fondos públicos y otorgar créditos para la actividad, además de gestionar la negociación de créditos de carbono. Aunque pueda parecer una opción beneficiosa, los resultados tras más de siete años de aplicación muestran lo contrario: imposibilidad de decidir sobre el uso y manejo de las tierras plantadas, daños en las microcuencas, deforestación para el establecimiento de monocultivos forestales, falta de información clara y precisa sobre las implicaciones del proyecto, entre otros muchos efectos que se analizan con detalle en la publicación referida.
Privatización del agua: Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones científicas. Pero se trata de una “privatización por apropiación” que tiene impactos sobre el recurso hídrico y las comunidades: el agua es privatizada por parte de particulares que se “apropian” del agua, “privando” de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el acceso al bien común.
Las plantaciones de pino y eucalipto en el sur-occidente de Colombia se encuentran fundamentalmente en las zonas medias de las cordilleras central y occidental, zonas que coinciden con los sitios de mayor concentración de comunidades rurales y de nacimiento de fuentes de agua y recarga de acuíferos. Así pues, las plantaciones se instalan en sitios con suministro de agua, con el fin de garantizar su crecimiento y desarrollo. Finalmente, afectan la cantidad, calidad y acceso de agua para las comunidades locales.
Las investigaciones que realizan las empresas forestales, insisten en afirmar que no existen alteraciones de los ciclos hidrológicos y que por el contrario las plantaciones aumentan y regulan los caudales en la cuencas; las evidencias ratifican lo contrario. Un inventario de cauces y fuentes desaparecidas podría mostrar cómo esos cauces que ya no existen se encuentran en medio de plantaciones forestales de pino o eucalipto, realidad que puede ser constatada para el caso de la desaparición de la Quebrada Vanegas en el Corregimiento de Costa Rica (Municipio de Ginebra-Valle del Cauca). Esta fuente de agua disponía de caudal permanente y era usada para abastecer a los pobladores locales, práctica común hasta hace treinta años, cuando el nacimiento y parte del cauce quedaron inmersos dentro de una plantación de eucalipto, con lo que el caudal comenzó a disminuir, siendo inexistente en la actualidad.
En términos de calidad y acceso, puede citarse el caso de la Quebrada Bomboná en el Corregimiento de Cumbarco (Municipio de Sevilla-Valle del Cauca). Esta corriente hace parte de las fuentes de agua que abastecen el acueducto rural de la zona, pero al igual que en otros casos, su nacimiento se encuentra hoy día enmedio de una plantación forestal, violando claramente la Ley 99 de 1993 que declara estas zonas como de protección especial, al tiempo que contraviene la normatividad que exige la protección de 100 metros alrededor de las zonas de nacimiento de agua. La situación provocó la movilización comunitaria, que al encontrar parte del cauce extinto y la existencia de contaminación proveniente de los productos y prácticas de manejo de la plantación, tomaron medidas. Actualmente existe un proceso que demanda la responsabilidad de la empresa forestal ante la autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental, solicitado por el Consejo del municipio.
El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con el conflicto de “ocupación territorial”. Es decir, el hecho que un alto porcentaje de los nacimientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por “desiertos verdes”, imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La destrucción y degradación de los territorios en esa región es innegable y puede constatarse en documentos y pronunciamientos oficiales al respecto, por ejemplo la Resolución 360 del 26 de agosto de 1994 expedida por la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) que sancionó a la Reforestadora Andina (Filial de Smurfit Kappa-Cartón de Colombia) al establecer que “la responsabilidad de la compañía reforestadora está plenamente establecida toda vez que incumplió los requisitos técnicos y legales establecidos por la crq... situaciones que provocaron la alteración del medio ambiente, degradando los suelos por la quema y pérdida de la capa vegetal protectora y afectando gravemente el follaje del bosque natural, conducta que se considera atentatoria y grave en contra de la conservación y protección de los recursos naturales”.
Esa decisión, que da prueba de la deforestación de selvas nativas para establecer plantaciones forestales a gran escala, se repite en el caso del proyecto Procuenca, en cuyo caso algunos de los contratos reportan la existencia previa de cobertura forestal en áreas que luego fueron destinadas a plantaciones, lo que significa que deforestaron para dar paso al monocultivo.
Cuando estos conflictos empiezan a confluir en un territorio específico, y desaparecen formas de producción y trabajo, hay destrucción del tejido social, cierre de escuelas, supresión de rutas y medios de transporte (entre otros efectos acarreados por las plantaciones), se llega al impacto más drástico: “el desplazamiento y la desterritorialización de las comunidades locales” que abandonan los territorios ante las transformaciones provocadas por el modelo, que no da lugar a las formas tradicionales y sustentables de habitar el territorio. Lo anterior significa la desaparición paulatina de pueblos y culturas indígenas y campesinas.
Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas
Las plantaciones forestales, o desiertos verdes como les denomina parte de los movimientos sociales, son motivo de preocupación y movilización, por sus graves impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos sobre territorios y comunidades locales.
Analizar la situación provocada por los monocultivos forestales de pino y eucalipto en el sur-occidente colombiano, especialmente en la región andina de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, nos acerca a la problemática que generan los desiertos verdes. No se trata de una situación aislada. Este caso representa una realidad común en todos los territorios afectados por la ocupación y expansión de los monocultivos forestales en toda la región andina del país. No obstante, los impactos en cada región dependen, obviamente, de las características locales, el sistema de ocupación y expansión empleado por empresas y/o proyectos forestales que operan de forma similar, y que afectan y destruyen elementos fundamentales para las formas de vida locales-tradicionales.
Estrategias de ocupación territorial . Uno de los impactos más relevantes en las regiones es la perdida de soberanía, territorial, alimentaria, política y sobre el patrimonio ambiental (agua, suelo, biodiversidad), una soberanía que deja de estar en manos de las comunidades cuando empresas o proyectos forestales ocupan las tierras con plantaciones, imponiendo las reglas o condiciones para el uso y disfrute del territorio. La ocupación de la que se habla se produce mediante diferentes estrategias, todas ellas con las mismas implicaciones:
Compra de tierras: Es una práctica común de las empresas forestales. Éste es el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, propietaria de buena parte de la tierra de varios municipios del sur-occidente, y que, por ejemplo, indica en su almanaque institucional de 2007 que ocupa más del 10% del territorio de varios municipios.
La compra de tierras sigue siendo una práctica por parte de esta multinacional, lo que incrementa los porcentajes de concentración en la tenencia de la tierra en regiones donde los campesinos reclaman y adelantan procesos de adjudicación para garantizar su permanencia en el territorio —caso evidente en los municipios de Guacarí y Buga (Valle del Cauca), donde la empresa intentó en 2006 comprar varias haciendas de particulares para establecer plantaciones, con la clara oposición de las comunidades locales que actualmente adelantan un proceso de solicitud de esas mismas propiedades ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
Alquiler de tierras: Otra forma de ocupación y control territorial es alquilar tierras, que pese a permanecer registradas como propiedad de un tercero, quedan bajo el condicionamiento, uso y restricción de las empresas forestales, con el atenuante de que por tratarse de cultivos permanentes la ocupación es por largos periodos de tiempo dependiendo de la especie cultivada (8 a 15 años), aunque en muchas zonas se encuentran plantaciones de mayor edad. El uso intensivo del suelo y su consecuente degradación, induce a muchos propietarios a vender las tierras a las empresas forestales luego del periodo de alquiler, obviamente por un precio más bajo del esperado por parte de los propietarios, al tratarse de suelos con mayor grado de degradación después del uso intensivo con plantaciones.
Contratos de cuentas en participación: Esta figura jurídica es empleada en la cuenca del río Chinchiná (Caldas), para el caso de plantaciones forestales implementadas como sumideros de carbono o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Forestales. Lo que se le propone a los propietarios es destinar toda o parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones forestales, mientras que el proyecto que las impulsa, Procuenca, se encarga de conseguir fondos públicos y otorgar créditos para la actividad, además de gestionar la negociación de créditos de carbono. Aunque pueda parecer una opción beneficiosa, los resultados tras más de siete años de aplicación muestran lo contrario: imposibilidad de decidir sobre el uso y manejo de las tierras plantadas, daños en las microcuencas, deforestación para el establecimiento de monocultivos forestales, falta de información clara y precisa sobre las implicaciones del proyecto, entre otros muchos efectos que se analizan con detalle en la publicación referida.
Privatización del agua: Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones científicas. Pero se trata de una “privatización por apropiación” que tiene impactos sobre el recurso hídrico y las comunidades: el agua es privatizada por parte de particulares que se “apropian” del agua, “privando” de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el acceso al bien común.
Las plantaciones de pino y eucalipto en el sur-occidente de Colombia se encuentran fundamentalmente en las zonas medias de las cordilleras central y occidental, zonas que coinciden con los sitios de mayor concentración de comunidades rurales y de nacimiento de fuentes de agua y recarga de acuíferos. Así pues, las plantaciones se instalan en sitios con suministro de agua, con el fin de garantizar su crecimiento y desarrollo. Finalmente, afectan la cantidad, calidad y acceso de agua para las comunidades locales.
Las investigaciones que realizan las empresas forestales, insisten en afirmar que no existen alteraciones de los ciclos hidrológicos y que por el contrario las plantaciones aumentan y regulan los caudales en la cuencas; las evidencias ratifican lo contrario. Un inventario de cauces y fuentes desaparecidas podría mostrar cómo esos cauces que ya no existen se encuentran en medio de plantaciones forestales de pino o eucalipto, realidad que puede ser constatada para el caso de la desaparición de la Quebrada Vanegas en el Corregimiento de Costa Rica (Municipio de Ginebra-Valle del Cauca). Esta fuente de agua disponía de caudal permanente y era usada para abastecer a los pobladores locales, práctica común hasta hace treinta años, cuando el nacimiento y parte del cauce quedaron inmersos dentro de una plantación de eucalipto, con lo que el caudal comenzó a disminuir, siendo inexistente en la actualidad.
En términos de calidad y acceso, puede citarse el caso de la Quebrada Bomboná en el Corregimiento de Cumbarco (Municipio de Sevilla-Valle del Cauca). Esta corriente hace parte de las fuentes de agua que abastecen el acueducto rural de la zona, pero al igual que en otros casos, su nacimiento se encuentra hoy día enmedio de una plantación forestal, violando claramente la Ley 99 de 1993 que declara estas zonas como de protección especial, al tiempo que contraviene la normatividad que exige la protección de 100 metros alrededor de las zonas de nacimiento de agua. La situación provocó la movilización comunitaria, que al encontrar parte del cauce extinto y la existencia de contaminación proveniente de los productos y prácticas de manejo de la plantación, tomaron medidas. Actualmente existe un proceso que demanda la responsabilidad de la empresa forestal ante la autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental, solicitado por el Consejo del municipio.
El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con el conflicto de “ocupación territorial”. Es decir, el hecho que un alto porcentaje de los nacimientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por “desiertos verdes”, imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La destrucción y degradación de los territorios en esa región es innegable y puede constatarse en documentos y pronunciamientos oficiales al respecto, por ejemplo la Resolución 360 del 26 de agosto de 1994 expedida por la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) que sancionó a la Reforestadora Andina (Filial de Smurfit Kappa-Cartón de Colombia) al establecer que “la responsabilidad de la compañía reforestadora está plenamente establecida toda vez que incumplió los requisitos técnicos y legales establecidos por la crq... situaciones que provocaron la alteración del medio ambiente, degradando los suelos por la quema y pérdida de la capa vegetal protectora y afectando gravemente el follaje del bosque natural, conducta que se considera atentatoria y grave en contra de la conservación y protección de los recursos naturales”.
Esa decisión, que da prueba de la deforestación de selvas nativas para establecer plantaciones forestales a gran escala, se repite en el caso del proyecto Procuenca, en cuyo caso algunos de los contratos reportan la existencia previa de cobertura forestal en áreas que luego fueron destinadas a plantaciones, lo que significa que deforestaron para dar paso al monocultivo.
Cuando estos conflictos empiezan a confluir en un territorio específico, y desaparecen formas de producción y trabajo, hay destrucción del tejido social, cierre de escuelas, supresión de rutas y medios de transporte (entre otros efectos acarreados por las plantaciones), se llega al impacto más drástico: “el desplazamiento y la desterritorialización de las comunidades locales” que abandonan los territorios ante las transformaciones provocadas por el modelo, que no da lugar a las formas tradicionales y sustentables de habitar el territorio. Lo anterior significa la desaparición paulatina de pueblos y culturas indígenas y campesinas.
Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas
miércoles, 19 de agosto de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Público mundial más urgido que los gobiernos
Por Katie Mattern
WASHINGTON, 30 jul (IPS) - Un promedio de 60 por ciento de los 19.000 encuestados en 19 países representativos de todo el mundo consideran que el cambio climático es una alta prioridad, y apenas 18 por ciento creen que sus gobiernos toman la cuestión en serio.
La encuesta realizada entre abril y comienzos de julio por WorldPublicOpinion.org, proyecto del Programa de Actitudes Políticas Internacionales (PIPA) de la estadounidense Universidad de Maryland, constató que mayorías de entrevistados en 16 de los países analizados quieren que sus gobiernos le presten más atención al asunto.
Entre los países donde los encuestados aspiran a que las autoridades prioricen el cambio climático figuran China, Estados Unidos y Rusia, algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que, según la mayoría de los científicos, son la causa del fenómeno.
Los resultados del estudio de opinión pública se conocen cinco meses antes de la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, instancia convocada para diseñar un acuerdo sobre reducción de emisiones de gases invernadero que suceda al Protocolo de Kyoto, vigente hasta 2012.
Doce por ciento de los encuestados consideraron que los gobiernos debían minimizar la prioridad que le asignan al cambio climático, mientras 18 por ciento consideraron que se le daba al asunto una atención apropiada.
"Muchos líderes de gobiernos manifiestan preocupación porque dicen creer la ciudadanía de sus países no están realmente preparados para absorber el costo de luchar contra el cambio climático, pero la mayoría del público mundial parece impaciente porque esos mismos gobiernos no hacen lo suficiente para atacar el fenómeno", dijo el director de PIPA, Steven Kull.
Una encuesta con más de 26.000 entrevistados divulgada esta semana por el Proyecto sobre Actitudes Mundiales Pew constató que grandes mayorías en cada uno de los 25 países analizados consideraban al recalentamiento planetario un problema "serio" y "muy serio".
El estudio de Pew también corroboró que la preocupación por los cambios en los patrones climáticos mundiales había crecido mucho en muchos de los países desde que se realizó el primer sondeo al respecto el año pasado.
Pero esta encuesta señala que la preocupación en el público de los países que más gases invernadero emiten era menor que en los restantes: 44 por ciento de los entrevistados estadounidenses y 30 por ciento de los chinos lo consideraron un problema "muy serio", las proporciones más bajas entre los países analizados.
En cambio, dos tercios de los encuestados en India --otro gran emisor-- lo calificó de problema "muy serio", y los de Brasil fueron, por lejos, los más preocupados: nueve de cada 10 entrevistados asignaron ese calificativo.
Sesenta y dos por ciento de los encuestados chinos, 56 por ciento de los rusos y 52 por ciento de los estadounidenses dijeron aspirar a que sus respectivos gobiernos hicieran más para combatir el cambio climático, según PIPA.
El diseño de este estudio implicaba pedir a los entrevistados que ubicara la importancia que asignaban al problema en una escala de cero ("para nada prioritario") a diez ("muy alta prioridad"). El promedio mundial fue de 7,3.
Los puntajes más altos correspondieron a México (9,09), China (8,86), Turquía (8,34) y Francia (8,03). Los más bajos, a Esados Unidos (4,71), Palestina (4,91) e Iraq (5,14).
En la mayoría de las naciones predomina la opinión de que los gobiernos deben elevar la prioridad del cambio climático en sus políticas. Los países donde el público disintió con ese punto de vista fueron Iraq, Kenia, Ucrania y Estados Unidos.
Pero en ninguna nación hubo más de uno de cada tres entrevistados para quienes este fenómeno debía ser relegado de la lista de prioridades políticas.
Ocho de cada 10 entrevistados surcoreanos, 79 por ciento de los mexicanos, 77 por ciento de los británicos y de los taiwaneses, 76 por ciento de los franceses y 70 por ciento de los nigerianos aspiran a que el cambio climático se ubique entre las principales prioridades de sus gobiernos.
Alemania fue la excepción: más de ocho de cada 10 encuestados consideran que para el gobierno ya es un asunto prioritario. Sin embargo, el sondeo de Pew calculó que seis de cada 10 entrevistados en ese país consideran el cambio climático un serio problema y 77 por ciento que el gobierno debe proteger el ambiente aunque eso enlentezca el crecimiento económico y cause pérdida de empleos.
El estudio de Pew no constató un consenso sobre la disposición del público a pagar más por la energía que consume para combatir el cambio climático.
Mayorías absolutas o relativas en 14 de las naciones analizadas --la mayoría europeas y asiáticas-- estuvieron de acuerdo en que "la gente debe estar dispuesta a pagar más caro para lidiar con el cambio climático mundial".
Pero las mayorías se pronunciaron por la posición contraria en 11 países, especialmente Egipto, Jordania, Indonesia, Argentina y México. *****
+Protocolo de Kyoto: Cobertura especial de IPS Noticia (http://ipsnoticias.net/_focus/cclimatico/index.asp) (FIN/2009)
WASHINGTON, 30 jul (IPS) - Un promedio de 60 por ciento de los 19.000 encuestados en 19 países representativos de todo el mundo consideran que el cambio climático es una alta prioridad, y apenas 18 por ciento creen que sus gobiernos toman la cuestión en serio.
La encuesta realizada entre abril y comienzos de julio por WorldPublicOpinion.org, proyecto del Programa de Actitudes Políticas Internacionales (PIPA) de la estadounidense Universidad de Maryland, constató que mayorías de entrevistados en 16 de los países analizados quieren que sus gobiernos le presten más atención al asunto.
Entre los países donde los encuestados aspiran a que las autoridades prioricen el cambio climático figuran China, Estados Unidos y Rusia, algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que, según la mayoría de los científicos, son la causa del fenómeno.
Los resultados del estudio de opinión pública se conocen cinco meses antes de la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, instancia convocada para diseñar un acuerdo sobre reducción de emisiones de gases invernadero que suceda al Protocolo de Kyoto, vigente hasta 2012.
Doce por ciento de los encuestados consideraron que los gobiernos debían minimizar la prioridad que le asignan al cambio climático, mientras 18 por ciento consideraron que se le daba al asunto una atención apropiada.
"Muchos líderes de gobiernos manifiestan preocupación porque dicen creer la ciudadanía de sus países no están realmente preparados para absorber el costo de luchar contra el cambio climático, pero la mayoría del público mundial parece impaciente porque esos mismos gobiernos no hacen lo suficiente para atacar el fenómeno", dijo el director de PIPA, Steven Kull.
Una encuesta con más de 26.000 entrevistados divulgada esta semana por el Proyecto sobre Actitudes Mundiales Pew constató que grandes mayorías en cada uno de los 25 países analizados consideraban al recalentamiento planetario un problema "serio" y "muy serio".
El estudio de Pew también corroboró que la preocupación por los cambios en los patrones climáticos mundiales había crecido mucho en muchos de los países desde que se realizó el primer sondeo al respecto el año pasado.
Pero esta encuesta señala que la preocupación en el público de los países que más gases invernadero emiten era menor que en los restantes: 44 por ciento de los entrevistados estadounidenses y 30 por ciento de los chinos lo consideraron un problema "muy serio", las proporciones más bajas entre los países analizados.
En cambio, dos tercios de los encuestados en India --otro gran emisor-- lo calificó de problema "muy serio", y los de Brasil fueron, por lejos, los más preocupados: nueve de cada 10 entrevistados asignaron ese calificativo.
Sesenta y dos por ciento de los encuestados chinos, 56 por ciento de los rusos y 52 por ciento de los estadounidenses dijeron aspirar a que sus respectivos gobiernos hicieran más para combatir el cambio climático, según PIPA.
El diseño de este estudio implicaba pedir a los entrevistados que ubicara la importancia que asignaban al problema en una escala de cero ("para nada prioritario") a diez ("muy alta prioridad"). El promedio mundial fue de 7,3.
Los puntajes más altos correspondieron a México (9,09), China (8,86), Turquía (8,34) y Francia (8,03). Los más bajos, a Esados Unidos (4,71), Palestina (4,91) e Iraq (5,14).
En la mayoría de las naciones predomina la opinión de que los gobiernos deben elevar la prioridad del cambio climático en sus políticas. Los países donde el público disintió con ese punto de vista fueron Iraq, Kenia, Ucrania y Estados Unidos.
Pero en ninguna nación hubo más de uno de cada tres entrevistados para quienes este fenómeno debía ser relegado de la lista de prioridades políticas.
Ocho de cada 10 entrevistados surcoreanos, 79 por ciento de los mexicanos, 77 por ciento de los británicos y de los taiwaneses, 76 por ciento de los franceses y 70 por ciento de los nigerianos aspiran a que el cambio climático se ubique entre las principales prioridades de sus gobiernos.
Alemania fue la excepción: más de ocho de cada 10 encuestados consideran que para el gobierno ya es un asunto prioritario. Sin embargo, el sondeo de Pew calculó que seis de cada 10 entrevistados en ese país consideran el cambio climático un serio problema y 77 por ciento que el gobierno debe proteger el ambiente aunque eso enlentezca el crecimiento económico y cause pérdida de empleos.
El estudio de Pew no constató un consenso sobre la disposición del público a pagar más por la energía que consume para combatir el cambio climático.
Mayorías absolutas o relativas en 14 de las naciones analizadas --la mayoría europeas y asiáticas-- estuvieron de acuerdo en que "la gente debe estar dispuesta a pagar más caro para lidiar con el cambio climático mundial".
Pero las mayorías se pronunciaron por la posición contraria en 11 países, especialmente Egipto, Jordania, Indonesia, Argentina y México. *****
+Protocolo de Kyoto: Cobertura especial de IPS Noticia (http://ipsnoticias.net/_focus/cclimatico/index.asp) (FIN/2009)
PARAGUAY-BRASIL: Relación bilateral cobra mayor energía
Por Natalia Ruiz Díaz
ASUNCIÓN,, jul (IPS) - Un nuevo escenario en las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre las utilidades del compartido complejo hidroeléctrico de Itaipú, considerado uno de los más grandes del mundo, pauta el optimismo de las partes tras el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
El compromiso sellado por los dos países, entre otras cosas, abre la posibilidad de la venta directa del excedente de energía de Paraguay al mercado de Brasil y el incremento, por parte de ese último país, en la compensación por cesión de energía eléctrica.
Las negociaciones con el gobierno brasileño del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se intensificaron a partir de la llegada a la presidencia de Paraguay en agosto de 2008 del centroizquierdista Fernando Lugo, quien tuvo como bandera electoral la revisión del bilateral Tratado de Itaipú, firmado en 1973 y que dejó a su país en desventaja.
La venta directa de energía de la entidad estatal paraguaya Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el mercado brasileño, es considerado como un primer paso hacia la libre disponibilidad de este recurso por parte de Paraguay.
Hasta ahora, la empresa estatal brasileña Electrobras es la única responsable de comercializar la energía de Itaipú en su totalidad.
"Tenemos como primera etapa la venta de energía al mercado brasileño, lo que es aceptada plenamente por Brasilia, y esto es muy importante en materia de soberanía hidroeléctrica", dijo a IPS Ricardo Canese, uno de los principales referentes de la mesa negociadora por el lado paraguayo.
Canese, elegido representante paraguayo al Parlamentario del Mercosur (Mercado Común del Sur) por el movimiento político de izquierda Tekojoja, uno de los puntales de Lugo, indicó que, a través del acuerdo, Brasil reconoce la disponibilidad que puede tener Paraguay en 2023, y pueda así decidir libremente cómo disponer de su energía y a quién venderla.
También se incrementará la compensación por cesión de energía, por lo cual Paraguay pasará a percibir de 120 millones de dólares en la actualidad a 360 millones, según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por Lugo y Lula en el marco de la última Cumbre del Mercosur (que integran ambos países junto a Argentina, Uruguay y Venezuela en proceso de adhesión plena), realizada el 24 de este mes en Asunción.
Para Canese se está dando un paso relevante hacia el precio justo para la energía paraguaya, reconociéndose un valor mínimo para exportar al Brasil.
"Con este acuerdo se nos reconoce el derecho al precio justo. Aunque no lo vamos a tener hoy, porque la venta de nuestra energía al mercado brasileño será gradual", explicó.
La entidad binacional Itaipú factura 3.200 millones de dólares por año. "Si tomamos la mitad como parte paraguaya (la que se exporta), vamos a tener más beneficio de exportación", indicó.
Pero la mirada es menos auspiciosa desde sectores opositores al gobierno de Lugo. Pero igual entienden que, si bien no corresponde a la paridad pretendida, igualmente es importante el acuerdo porque implica triplicar el coeficiente que se utiliza para compensación de energía (de 5,1 a 15,3 por ciento
"Lugo tenía como bandera electoral no volver con menos de dos mil millones de dólares al año. Sin embargo, esta posibilidad de venta nos da uno por ciento de lo prometido. Para decir que fue un logro, tendríamos que ver a qué números llegamos", cuestionó ante IPS la senadora Ana María Mendoza, del centroderechista Partido Patria Querida.
Ambos puntos del acuerdo, los principales del documento firmado, estarán sujetos a la aprobación de los respectivos parlamentos. "Tenemos que ver si esto es verdaderamente el sentir de los parlamentarios brasileños", subrayó Mendoza.
Pero Lugo ya realizó una primera visita al Congreso legislativo, donde explicó los alcances del acuerdo, en busca de adhesión de los distintos sectores políticos.
Lugo asumió el gobierno de Paraguay sin contar con mayoría propia en el parlamento, donde el grupo más numeroso de representantes es el de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, hoy en la oposición tras ostentar el poder político absoluto por más de seis décadas, incluida la dictadura de Alfredo Strossner (1954-1989).
Los parlamentarios oficialistas y algunos opositores se manifestaron a favor de la posibilidad realizar lobby con sus pares brasileños, en tanto que otros prefieren que se agoten las instancias de negociación.
"Nosotros como partido no presionaremos, porque consideramos que los negociadores deberán agotar las instancias para que lo acordado sea una realidad", apuntó Mendoza
Igualmente, en Asunción quedó la promesa de los negociadores brasileños para el estudio de los mecanismos jurídicos administrativos que permitan agilizar los trámites a nivel legislativo.
Pero son poco alentadoras las primeras manifestaciones en la prensa de Brasil, donde uno de los medios más influyentes, el diario Folha de Sao Paulo, publicó en la semana que Lula está sacrificando el interés nacional por su interés político particular.
El mandatario brasileño había expresado, en ocasión de la firma del acuerdo, que "los países mayores tienen la obligación de ayudar a las economías menores a dar un salto de calidad en su capacidad de desarrollo, de producción y de competitividad en las relaciones bilaterales".
El peso de la economía de Brasil en la región va en aumento, como lo muestran los últimos datos de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal).
Según la Cepal, la participación del producto interno bruto (PIB) del gigante latinoamericano en la economía regional creció 4,4 puntos porcentuales entre 2000 y 2008, año en que esa presencia representó 35,3 por ciento de toda la región.
Para el director paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, las reacciones adversas eran de esperar, considerando la agenda política de cada país, particularmente de Brasil que se halla en época electoral.
"Este acuerdo no viola el tratado, lo respeta", sostuvo Balmelli, apuntando que no hay un solo artículo dentro del acuerdo bilateral que prohíba que la ANDE pueda vender al mercado brasileño fuera de la Electrobras.
Desde el gobierno de Lugo se anunció que el aumento del porcentaje por cesión de energía sería destinado al desarrollo productivo y a la atención de los problemas sociales.
Paraguay está entre los países con más dificultades de la región, al registrar que la pobreza alcanza a 36 por ciento de los 6,1 millones de habitantes y la indigencia a 20 por ciento.
Para algunos, el acuerdo Lula-Lugo es un avance hacia el trato igualitario y la reducción de las asimetrías entre los países socios; para otros, una migaja más. (FIN/2009)
ASUNCIÓN,, jul (IPS) - Un nuevo escenario en las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre las utilidades del compartido complejo hidroeléctrico de Itaipú, considerado uno de los más grandes del mundo, pauta el optimismo de las partes tras el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
El compromiso sellado por los dos países, entre otras cosas, abre la posibilidad de la venta directa del excedente de energía de Paraguay al mercado de Brasil y el incremento, por parte de ese último país, en la compensación por cesión de energía eléctrica.
Las negociaciones con el gobierno brasileño del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se intensificaron a partir de la llegada a la presidencia de Paraguay en agosto de 2008 del centroizquierdista Fernando Lugo, quien tuvo como bandera electoral la revisión del bilateral Tratado de Itaipú, firmado en 1973 y que dejó a su país en desventaja.
La venta directa de energía de la entidad estatal paraguaya Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el mercado brasileño, es considerado como un primer paso hacia la libre disponibilidad de este recurso por parte de Paraguay.
Hasta ahora, la empresa estatal brasileña Electrobras es la única responsable de comercializar la energía de Itaipú en su totalidad.
"Tenemos como primera etapa la venta de energía al mercado brasileño, lo que es aceptada plenamente por Brasilia, y esto es muy importante en materia de soberanía hidroeléctrica", dijo a IPS Ricardo Canese, uno de los principales referentes de la mesa negociadora por el lado paraguayo.
Canese, elegido representante paraguayo al Parlamentario del Mercosur (Mercado Común del Sur) por el movimiento político de izquierda Tekojoja, uno de los puntales de Lugo, indicó que, a través del acuerdo, Brasil reconoce la disponibilidad que puede tener Paraguay en 2023, y pueda así decidir libremente cómo disponer de su energía y a quién venderla.
También se incrementará la compensación por cesión de energía, por lo cual Paraguay pasará a percibir de 120 millones de dólares en la actualidad a 360 millones, según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por Lugo y Lula en el marco de la última Cumbre del Mercosur (que integran ambos países junto a Argentina, Uruguay y Venezuela en proceso de adhesión plena), realizada el 24 de este mes en Asunción.
Para Canese se está dando un paso relevante hacia el precio justo para la energía paraguaya, reconociéndose un valor mínimo para exportar al Brasil.
"Con este acuerdo se nos reconoce el derecho al precio justo. Aunque no lo vamos a tener hoy, porque la venta de nuestra energía al mercado brasileño será gradual", explicó.
La entidad binacional Itaipú factura 3.200 millones de dólares por año. "Si tomamos la mitad como parte paraguaya (la que se exporta), vamos a tener más beneficio de exportación", indicó.
Pero la mirada es menos auspiciosa desde sectores opositores al gobierno de Lugo. Pero igual entienden que, si bien no corresponde a la paridad pretendida, igualmente es importante el acuerdo porque implica triplicar el coeficiente que se utiliza para compensación de energía (de 5,1 a 15,3 por ciento
"Lugo tenía como bandera electoral no volver con menos de dos mil millones de dólares al año. Sin embargo, esta posibilidad de venta nos da uno por ciento de lo prometido. Para decir que fue un logro, tendríamos que ver a qué números llegamos", cuestionó ante IPS la senadora Ana María Mendoza, del centroderechista Partido Patria Querida.
Ambos puntos del acuerdo, los principales del documento firmado, estarán sujetos a la aprobación de los respectivos parlamentos. "Tenemos que ver si esto es verdaderamente el sentir de los parlamentarios brasileños", subrayó Mendoza.
Pero Lugo ya realizó una primera visita al Congreso legislativo, donde explicó los alcances del acuerdo, en busca de adhesión de los distintos sectores políticos.
Lugo asumió el gobierno de Paraguay sin contar con mayoría propia en el parlamento, donde el grupo más numeroso de representantes es el de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, hoy en la oposición tras ostentar el poder político absoluto por más de seis décadas, incluida la dictadura de Alfredo Strossner (1954-1989).
Los parlamentarios oficialistas y algunos opositores se manifestaron a favor de la posibilidad realizar lobby con sus pares brasileños, en tanto que otros prefieren que se agoten las instancias de negociación.
"Nosotros como partido no presionaremos, porque consideramos que los negociadores deberán agotar las instancias para que lo acordado sea una realidad", apuntó Mendoza
Igualmente, en Asunción quedó la promesa de los negociadores brasileños para el estudio de los mecanismos jurídicos administrativos que permitan agilizar los trámites a nivel legislativo.
Pero son poco alentadoras las primeras manifestaciones en la prensa de Brasil, donde uno de los medios más influyentes, el diario Folha de Sao Paulo, publicó en la semana que Lula está sacrificando el interés nacional por su interés político particular.
El mandatario brasileño había expresado, en ocasión de la firma del acuerdo, que "los países mayores tienen la obligación de ayudar a las economías menores a dar un salto de calidad en su capacidad de desarrollo, de producción y de competitividad en las relaciones bilaterales".
El peso de la economía de Brasil en la región va en aumento, como lo muestran los últimos datos de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal).
Según la Cepal, la participación del producto interno bruto (PIB) del gigante latinoamericano en la economía regional creció 4,4 puntos porcentuales entre 2000 y 2008, año en que esa presencia representó 35,3 por ciento de toda la región.
Para el director paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, las reacciones adversas eran de esperar, considerando la agenda política de cada país, particularmente de Brasil que se halla en época electoral.
"Este acuerdo no viola el tratado, lo respeta", sostuvo Balmelli, apuntando que no hay un solo artículo dentro del acuerdo bilateral que prohíba que la ANDE pueda vender al mercado brasileño fuera de la Electrobras.
Desde el gobierno de Lugo se anunció que el aumento del porcentaje por cesión de energía sería destinado al desarrollo productivo y a la atención de los problemas sociales.
Paraguay está entre los países con más dificultades de la región, al registrar que la pobreza alcanza a 36 por ciento de los 6,1 millones de habitantes y la indigencia a 20 por ciento.
Para algunos, el acuerdo Lula-Lugo es un avance hacia el trato igualitario y la reducción de las asimetrías entre los países socios; para otros, una migaja más. (FIN/2009)
martes, 18 de agosto de 2009
Los movimientos sociales en mesoamérica ante la crisis del capitalismo
Autor | Gustavo Castro Soto | Idioma | Español | Pais | América Latina | Publicado | 31 julio 2009 12:52
Supongamos que no lucháramos contra el capitalismo. Tarde o temprano el sistema igualmente colapsaría ya sea desde el punto de vista ambiental, financiero o social. El modo de extracción de los recursos y la acumulación de capital no son sustentables en sí mismos lo que llevaría a un agotamiento tal que los recursos del planeta no darán para más.
Esto pareciera una invitación a cruzar los brazos y esperar su colapso. No. No es así. Con mayor razón nos lanza a buscar acabarlo antes de que nos acabe, antes de que nos deje sin nada sobre qué construir otra vida que garantice la felicidad para toda la humanidad.
En la región mesoamerica han crecido las luchas de resistencia por todos sus rincones. Casi no hay aspecto o temática que no tenga atrás una lucha de resistencia. Sin embargo, en muchas ocasiones nos cuestionamos sobre su articulación, sobre su posible dispersión, sobre las estrategia que debieran seguir o compartir, o de las alternativas que debieran implementar, y otros cuestionamientos que surgen en todos los foros y encuentros. Lejos de hacer un balance para lo cual este autor no está calificado, mencionamos al menos algunas luchas y redes significativas con la advertencia de que no se agotan. También abordaremos una reflexión sobre los retos de los movimientos sociales y más aún en el contexto del golpe militar en Honduras.
Algunas de las luchas
En el caso de Panamá podemos destacar la lucha por los derechos humanos y en especial las reivindicaciones de los derechos laborales, así como la lucha contra las presas y la minería.
Recientemente contra el turismo residencial que va creciendo aceleradamente en las costas panameñas y con más vigor la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. En Costa Rica cabe mencionar la lucha contra los tratados de libre comercio y de asociación, cuyo proceso ha sido un ejemplo de movilización social en la región. Pero también los costaricenses luchan contra la expansión escandalosa del monocultivo de la piña, contra la militarización extranjera y lo que fue el intento de instalar la escuela policiaca y militar de la ILEA, contra la construcción de presas y los proyectos mineros, contra la privatización de la energía eléctrica así como la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.
En Nicaragua podemos destacar la lucha por el agua como un derecho humano, contra la deuda externa y ecológica; contra los agroquímicos, las presas y los efectos de la privatización de la energía en manos de las trasnacionales, por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, contra los tratados de libre comercio y de asociación. En Honduras ha sido fuerte la lucha contra las presas, contra la minería y la militarización norteamericana, por los derechos sindicales, contra la deforestación y por la defensa de los bosques, contra la deuda externa y las granjas camaronícolas, por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. Y ahora todos juntos contra el golpe militar, su oligarquía y los intereses de Estados Unidos y del narco cimentados en nuestro hermano país. En El Salvador rescatamos entre otras la lucha que se ha llevado contra las represas y la minería, contra la deuda externa y ecológica, la lucha por los derechos de las mujeres, la defensa del derecho a los servicios públicos, la ecología y el medio ambiernte, por el agua como un derecho humano y contra los tratados de libre comercio y los efectos el cambio climático, entre otras.
En Guatemala podemos destacar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por su tierra y territorio, así como las luchas contra las represas y al minería; la lucha contra la militarización, la violencia, la impunidad y por los derechos humanos; contra los efectos de la privatización de la energía eléctrica; contra los transgénicos, los tratados de libre comercio y los efectos de la explotación petrolera. En el sur-sureste de México podemos rescatar la lucha contra las represas y la naciente lucha contra la minería; contra los efectos de la explotación petrolera y las privatizaciones, la militarización y por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios; por los derechos humanos y contra los parques eólicos en manos de las trasnacionales europeas, contra la biopiratería, los trasngénicos y por la defensa de los derechos de las mujeres. Y al final de cuentas, toda la región contra el Plan Puebla Panamá (hoy Plan Mesoamérica) y contra el ALCA. Ahora, todos contra el golpe militar en Honduras porque el futuro de Honduras será el futuro de América Latina y el Caribe. Por ello, nuestro eje de lucha, de articulación, debe ser Honduras.
Sin embargo, también existen otros aspectos importantes en las agendas de los movimientos sociales como son la salud y sus redes, los agrocombustibles, los monoculivos de árboles (palma africana, el eucalipto, el pino, etc.); las incidencias en políticas públicas y otros temas que van surgiendo e incorporándose a la lucha. Todo lo anterior, por decir algo.
Algunas de las redes
Las luchas ya mencionadas se articulan a un sinfin de procesos sociales regionales y continentales. Algunas se articulan a uno o diversos actores, por ejemplo, alrededor de la Vía Campesina o la Coordinadora Latinaomericana de Organizaciones dcel Campo (CLOC); otras en torno a la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), al Grito de los Excluidos, a Amigos de la Tierra Internacional o a la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR). En la región también están los esfuerzos de la Asamblea Social Continental (ASC), Jubileo Sur, el Foro Mesoamericano, el Encuentro Hemisférico contra la Militarización, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), las redes mineras, de los Pueblos Indígenas, Abya Yala, el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático, la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL), la Red Vida, la Red Contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA), OilWatch, la Red contra Transgénicos, la implementación de Tribunales Permanentes de los Pueblos, entre otras muchas redes y actores colectivos.
Estas son por mencionar algunas, y muy pocas, de las que existen entre la gran gama de temáticas y ejes articuladores.
Pese a la gran variedad y aparente dispersión del movimiento social, nos parece que más bien se van articulando desde sus luchas locales y problemas específicos, concretos. Ya sea por el agua, la mina, la presa, la palma africana, el monocultivo, la carretera, la tierra, la privatización, la biodiversidad, los derechos humanos, etcétera. Así, el movimiento social se fortalece en la medida en que especifica su objetivo de lucha e integra en él la visión global. En otras palabras, trabajando en lo local y pensando en lo global. ¿Dónde se da entonces la posibilidad de una verdadera articulación? En el proceso inverso, en el trabajo global pensando en lo local. Por ello, el movimiento social, cada lucha, no puede dejar de hacer presencia en estos dos escenarios, lo local y lo global, lo coyuntural y lo estructural.
En la medida en que muchas redes y procesos sociales van incorporando una visión global, articulada e integral, se van fortaleciendo y creando puntos de vinculación y de articulaciones. El agua se ve desde la óptica de las represas, de la privatización, de la minería, de los servicios públicos, de los monocultivos, etcétera. De ahí que las redes por la defensa del agua como un derecho humano tienen la posibilidad de articularse con la lucha antirepresas. Del mismo modo, otras redes como las de represas, en la medida en que integran y dimensionan globalmente su problemática, articulan la lucha con el tema del agua, de la tierra, la biodiversidad, los parques eólicos, los campos de agrocombuistibles, el cambio climático, la privatización del agua y de la energía, las Ifis, etc. El tema de la deuda se vincula con el de los tratados de libre comercio, la militarización, el agua, los megaproyectos, la deuda ecológica, los derechos humanos, entre otros. La lucha contra los transgénicos con la soberanía alimentaria, con la salud, las corporaciones trasnacionales, el agua, la tierra y el territorio, etc. Y de este modo, todas las temáticas, ejes y sectores, en la medida que integran una visión global, sistémica y articulante, tarde o temprano se juntan, se encuentran. Así, respetando la peculiaridad de cada movimiento, de la lucha y los problemas que le preocupan y que tiene enfrente, son capaces de lograr la unidad con otros actores. Y esto está sucediendo en Mesoamérica. Y todos ellos desde la óptica y perspectiva de género, de los derechos humanos y de las mujeres, de la miltarización de todos los recursos naturales y los megaproyectos más que neoliberales, corporativos.
Hay quienes abogan por eliminar lo que aparentemente son temas que sectorizan, pulverizan o dividen, con el fin de conformar procesos amplios en torno a conceptos y realidades macro, como la “lucha por la tierra y el territorio”, “lucha por la soberanía”, “lucha contra el capitalismo”, “lucha por la unidad de los pueblos”, “lucha contra el neoliberalismo”, entre otros, que abracen toda forma de resistencia. Y estamos de acuerdo en ello, en procesos amplios que aglutinen fuerza social y política. Sin embargo, eliminar las particularidades de las luchas quizás nos lleve, mínimamente, a perder fuerza en lo local, ese elemento que da identidad y unidad social a un grupo social en torno a los problemas que se tienen enfrente y que son necesarios resolver y enfrentar, desde donde las personas se identifican para resolver sus problemas inmediatos. Así, comunidades y organizaciones tienen una plataforma de vínculo hacia otros procesos. Desde lo local a lo global y lo global a lo local, necesariamente. De quedarse en alguno de los polos existe el peligro de que el movimiento social, o uno de sus actores, se pierda en la realidad. Por ejemplo, no hace mucho el eje que articuló exitosamente la lucha social continental fue contra lo que se le llamó el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los movimientos desde sus especificidades simplemente entendieron que la perspectiva de su trabajo debería leerse desde la lucha contra el PPP y el ALCA. Independientemente del sector, tema, eje o el lugar físico o político en que se encontrara. Y se logró. Y fueron exitosas. Pero hoy es otra cosa, el gran capital y la crisis actual del capitalismo está orientando estrategias nuevas y ese es el reto del movimiento social ahora: encontrar la nueva perspectiva de lucha común. Eso sí nos falta en Mesoamérica, pero también en el continente entero.
Sin embargo, en medio de este proceso surge un acontecimiento que articula al movimiento social: el golpe militar en Honduras. Porque el futuro de Honduras será el futuro del Continente. Un desenlace a favor de los golpistas podría marcar la ruta que envalentonaría en otros países a las oligarquías, narcos, militares, trasnacionales y a los Estados Unidos de que sí se puede detener el avance de los procesos sociales y las luchas políticas pacíficas por medio de otra ola de golpes militares, democraticidios y violaciones a los derechos humanos. Hasta los nuevos gobiernos de izquierda para unos y supuesta izquierda para otros, siguen siendo una amenaza a la acumulación de la riqueza.
Algunos puntos para el debate
Aunque no hay espacio ni es el momento, lo será para otra ocasión, mencionamos algunos puntos para el debate que nos parecen importantes. Primero afirmamos que el neoliberalismo ya se acabó, casi se agotó, que no fue un fin en sí mismo sino la aplicación de políticas de ajuste para un interés: la incoporación del gran capital, de las grandes trasnacionales en el control económico y político. Por ello confirmamos que estamos en un nuevo modelo que denominamos Corporación-Nación. De esto ya hemos hablado en otros momentos(1). Lo segundo es que la globalización neoliberal no fue tal, que no fue tan global. Los países menos neoliberales son los del Norte, los más proteccionistas, los que más subsidian a sus economías, los que más rescatan empresas y los que, entre ellos, no existen Acuerdos de Libre Comercio. Lo tercero es más espinoso y consideramos no está del todo explorado, aclarado o consensuado. Es la visión sistémica. Esto significa ¿cuál es el análisis de los movimientos sobre el sistema capitalista? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos del sistema y su actual crisis? Este será la clave para discenir las alternativas anti sistémicas, anticapitalistas.
Por último y más difícil de digerir. Supongamos que no lucháramos contra el capitalismo, sino que lo apoyamos, lo acompañamos, lo defendemos y lo impulsamos. Tarde o temprano el sistema colapsaría ya sea desde el punto de vista ambiental, financiero o social. El modo de extracción de los recursos y la acumulación de capital no son sustentables en sí mismos lo que llevaría a un agotamiento tal que los recursos del planeta no darán para más. A esto nos referimos cuando decimos que el capitalismo, con nosotros o sin nosotros, llegará a su fin, que no es eterno. Esto asusta a muchos y hay quien se desgarra las vestiduras. Pareciera una invitación a cruzar los brazos y esperar su colapso. No. No es así. Con mayor razón nos lanza a buscar acabarlo antes de que nos acabe, antes de que nos deje sin nada sobre qué construir otra vida que garantice la felicidad para toda la humanidad. Con mayor razón nos debe mantener en movimiento. Pero es el movimiento ¿de lucha?, ¿de resistencia?, ¿o de alternativas?
Consideramos que la actual crisis del capitalismo no es una crisis coyuntural o modélica (la transición de un modelo a otro que por cierto no es el noeliberalismo sino el modelo Corporación-Nación), sino que se trata de una crisis sistémica. ¿Cuándo terminará esta crisis? ¿A qué sistema estamos transitando? Eso no toca abordarlo ahora, pero dejémoslo sobre la mesa.
Algunas reflexiones sobre las ¿luchas? ¿resistencias? ¿alternativas?
Por lo general nos encontramos en los movimientos dos conceptos que recurrentemente aparecen en el vocabulario, discursos, gritos, consignas y declaraciones: “lucha” y “contra”. Para todo somos primero “anti” antes que “alter”, de alternativas. Pero para saber contra qué luchamos es necesario conocer qué es el Sistema Capitalista. Así, al hacer su diagnóstico, o sea, en qué momento se encuentra de su existencia, cuáles son sus posibilidades reales de reproducción, podremos encontrar las pistas de qué implica el anti-capitalismo, lo anti sistémico, cuál es la mejor estrategia, cómo generar una experiencia o una realidad anti sistémica.
‘Anti’ es un prefijo griego que significa «protección contra», «prevención contra» o «lucha contra». Sin embargo preferimos usar la connotación de ‘opuesto’ o ‘contrario’. Así, cuando hablamos de experiencias anti-sistémicas nos referimos a aquellas experiencias y realidades opuestas o contrarias al Sistema Capitalista; al discurso y a las prácticas sociales y políticas unidas en lo cotidiano en un individuo o colectivo sociales, con características distintas o diametralmente opuestas a las que alimenta a este sistema. Experiencias que en mayor o menor grado reflejan un alter-nato, o sea, otras formas distintas muy suyas de vivir la vida con su propio sistema.
Las expresiones y experiencias anti sistémicas siempre han existido. Unas con mayor o menor impacto, con mayor o menor presencia social, con mayor o menor tiempo de duración histórica. Sin embargo, ellas no lograron conformar un sistema hegemónico que globalice las reglas de vida de toda la humanidad, como lo ha hecho el sistema capitalista, porque su esencia no es la hegemonía. Curiosamente otros mundos subsistentes no capitalistas se encuentran entre diversas culturas indígenas del mundo, y las alternativas antisistémicas emergentes se dan por lo general en las zonas rurales o entre la población excluida de los supuestos beneficios del sistema dominante actual. Pero veamos más allá. Las luchas anti-sistémicas pueden ser de varias formas. Mencionemos algunas:
1) Resistencia: resistir viene del latín resistere que significa tolerar, rechazar, aguantar o sufrir; oponerse a la acción o violencia de alguien o algo. Hay personas o movimientos sociales que aguantan y toleran los efectos del Capitalismo: no pago, no veo, no compro, no voy... Resisto.
2) Resistencia Activa: incluye la Resistencia pero con una forma activa de oponerse y rechazar a) algunas de sus expresiones como impedir que se construyan carreteras, puentes, represas, minas, monocultivos de eucalipto o palma africana; o estrategias para combatir la pobreza, contra los bajos salarios, contra el uso de agroquímicos, etcétera; b) o rechazar algunos de sus actores (empresas trasnacionales y gobiernos) por medio de acciones de boicots, u otras medidas; c) o detener, aletargar o evitar algunos de los mecanismos de acumulación y reproducción del Sistema Capitalista como las protestas contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), el G-8, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el BID, la Deuda Externa, el Plan Puebla Panamá, el IIRSA, el Foro Davós, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, etcétera.
3) Resistencia Propositiva: esta lucha puede incluir las dos anteriores y necesariamente la de emancipación. Las luchas emancipadoras implican la liberación de la subordinación o del dominio que ejerce el Sistema Capitalista. Pero no hay liberación si no se da la transformación de la realidad para construir alter-natos de forma integral. Sólo así se libera de la dependencia. Y será más alter-natos en la medida en que más elementos anti-capitalistas tenga. De esto también hemos hablado en otro momento.(2)
Pero podemos mantener, alimentar, potencializar el capitalismo sin darnos cuenta o de manera ingenua al pensar que implementamos supuestas alternativas. Los que reciben algún beneficio del sistema cuidan que ese interés se mantenga, se perpetúe y mejore, por lo que sus expresiones son reformistas o con argumentos de “humanización” del capitalismo, lo que intrínsecamente no se puede.
Por ello, no toda lucha contra el capitalismo en su expresión o reproducción significa que estamos generando otras expresiones y realidades diferentes al capitalismo. Así, vemos organizaciones o movimientos sociales con un análisis y un discurso antisistémico pero que sus prácticas no lo son; o hay movimientos sociales que no explicitan lo anti sistémicos pero sus practicas son profundamente anti capitalistas, simplemente viven el “alter-nato”. De cualquier manera, los movimientos son precisamente eso, movimientos, procesos que suben y bajan, que tienen sus ciclos de vida, cumplen su objetivo, se desgastan, surgen nuevos, se funden, se multiplican, se transforman. Todo en movimiento, lo que se detiene se pudre. Los hay más estructurados, los más amplios, con direcciones colectivas, con secretariados, coordinaciones, secretarias ejecutivas, comités, o con direcciones mesiánicas o caudillistas, entre otras muchas formas.
El golpe militar en Honduras nos pone nuevamente en una disyuntiva. Quienes consideran que la historia es ascendente, de menos a más, evolutiva, o que las civilizaciones son acumulativas, reproducen exclamaciones como “cómo es posible que en pleno Siglo XXI pase esto”. Que las dictaduras militares, los genocidios o los grupos armados son cosa del pasado. Si nos vanagloriamos de nuestras luchas libertarias que nos dieron patria, hacemos memoria y festejamos las luchas de independencia y de los procesos revolucionarios, aunque fue a costa de millones de muertos en todo el Continente, hay la tentación de alarmarse de esos mismos procesos hoy en día. Todos los caminos del pasado, independientemente de su valoración, siguen presentes y estarán vigentes toda la vida mientras los que sustentan el poder con la represión no quiera soltar sus privilegios. No es regresión, lamentablemente así somos la humanidad. No es una apología de las luchas revolucionarias armadas, simplemente decimos que estará presente tentativamente en muchos pueblos que no ven otras salidas para lograr justicia como lo hicieron en antaño y sobre quienes nos orgullecemos y festejamos. Y esto puede estar latente en cualquier región de mesoaérica. Aunque básicamente casi todas las Independencias se dieron por medio de procesos armados en nuestro hemisferio, creemos que las luchas políticas seguirán siendo el camino privilegiado para lograr otros sistema donde quepamos todos los mundos.(3) Pero vale la pena no sólo resistir, sino hacerlo activamente y propositivamente.
El alter-natos
Actualmente hablamos en los movimientos sociales sobre la necesidad de buscar alternativas a este capitalismo en crisis estructural. La palabra “alternativa” proviene del latín alter, altera, alterum, un pronombre (pro-nomen, “en lugar del nombre”) que significa el otro, entre dos alternativas.
Pero cuando hablamos de la alternativa al Sistema Capitalista no nos referimos a la única otra ‘alternativa’, como si solo hubiera que elegir entre dos cosas, entre el Capitalismo o la otra cosa que no conocemos pero que a final de cuentas será otra cosa hegemónica. Esto significa reducir a dos la realidad que es abierta y diversa. No optamos por una hegemonía para abrazar otra que se imponga y domine a los demás. Por ello la diferencia con otro pronombre, “alius”, que proviene también del latín alius, alia, aliud, que significa otro, entre tres o más opciones o posibilidades. Sin embargo, para algunos estudiosos del tema con el paso del tiempo se borró la diferencia y se incluyó en alternativa la idea de opción entre dos o más posibilidades. Y descubrimos que esto es el Alter, los Otros.
Las palabras alterado o inalterable, que significa que no es afectado por los hechos externos; o altercado, e incluso enaltecido que significa magnificado o resaltado por otros que no son él mismo, sugieren un movimiento de fuera hacia dentro. Por ello insistimos en la perspectiva de adentro hacia fuera, el ‘Natos’. Se trata de encontrar, lograr, potenciar, descubrir o crear ‘lo que se nace naturalmente’, de lo que es suyo, propio, que ‘nace de la suidad’, ‘de la mismidad’. Que es propio de un pueblo, de una cultura. Este es el “Natos”. Es lo otro que nace desde adentro. Es esta unidad mundanal que nace de la unidad de suidades, de mismidades. Sólo la diversidad genera unidad. Y sólo existe la unidad porque hay diversos.
Es por ello que la diversidad de culturas hace posible que en el Mundo haya Otros Mundos propios, suyos, distintos al Sistema Capitalista. Por ello, Alter-Natos son Otros Mundos, otros sistemas diversamente unidos. Por ello el movimiento social no es uno, sino muchos, con una lucha anti capitalista local y con visión global sistémica, pero en búsqueda y en experiencias reales aquí y ahora de cada vez mayor plenitud humana. Esta es la lucha antisistémica en Honduras donde se gesta un Alter-Natos, una nueva esperanza. Nuestro sueño no es un sueño: ¡Un Mundo sin Capitalismo! www.ecoportal.net
Gustavo Castro Soto - Otros Mundos, AC - San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; Julio de 2009 www.otrosmundoschiapas.org
(1) Véase “El Modelo Corporación Nación”,
en http://otrosmundoschiapas.org/index.php/modelo.html
(2) Véase “Otros Mundos; Los Elementos Anti-sistémicos”,
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/alternativas.html
(3) Recomendamos ampliamente el libro de Luis Suárez, “Un Siglo de Terror en América Latina/Cronología de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad”.
Fuente: EcoPortal
Supongamos que no lucháramos contra el capitalismo. Tarde o temprano el sistema igualmente colapsaría ya sea desde el punto de vista ambiental, financiero o social. El modo de extracción de los recursos y la acumulación de capital no son sustentables en sí mismos lo que llevaría a un agotamiento tal que los recursos del planeta no darán para más.
Esto pareciera una invitación a cruzar los brazos y esperar su colapso. No. No es así. Con mayor razón nos lanza a buscar acabarlo antes de que nos acabe, antes de que nos deje sin nada sobre qué construir otra vida que garantice la felicidad para toda la humanidad.
En la región mesoamerica han crecido las luchas de resistencia por todos sus rincones. Casi no hay aspecto o temática que no tenga atrás una lucha de resistencia. Sin embargo, en muchas ocasiones nos cuestionamos sobre su articulación, sobre su posible dispersión, sobre las estrategia que debieran seguir o compartir, o de las alternativas que debieran implementar, y otros cuestionamientos que surgen en todos los foros y encuentros. Lejos de hacer un balance para lo cual este autor no está calificado, mencionamos al menos algunas luchas y redes significativas con la advertencia de que no se agotan. También abordaremos una reflexión sobre los retos de los movimientos sociales y más aún en el contexto del golpe militar en Honduras.
Algunas de las luchas
En el caso de Panamá podemos destacar la lucha por los derechos humanos y en especial las reivindicaciones de los derechos laborales, así como la lucha contra las presas y la minería.
Recientemente contra el turismo residencial que va creciendo aceleradamente en las costas panameñas y con más vigor la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. En Costa Rica cabe mencionar la lucha contra los tratados de libre comercio y de asociación, cuyo proceso ha sido un ejemplo de movilización social en la región. Pero también los costaricenses luchan contra la expansión escandalosa del monocultivo de la piña, contra la militarización extranjera y lo que fue el intento de instalar la escuela policiaca y militar de la ILEA, contra la construcción de presas y los proyectos mineros, contra la privatización de la energía eléctrica así como la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.
En Nicaragua podemos destacar la lucha por el agua como un derecho humano, contra la deuda externa y ecológica; contra los agroquímicos, las presas y los efectos de la privatización de la energía en manos de las trasnacionales, por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, contra los tratados de libre comercio y de asociación. En Honduras ha sido fuerte la lucha contra las presas, contra la minería y la militarización norteamericana, por los derechos sindicales, contra la deforestación y por la defensa de los bosques, contra la deuda externa y las granjas camaronícolas, por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. Y ahora todos juntos contra el golpe militar, su oligarquía y los intereses de Estados Unidos y del narco cimentados en nuestro hermano país. En El Salvador rescatamos entre otras la lucha que se ha llevado contra las represas y la minería, contra la deuda externa y ecológica, la lucha por los derechos de las mujeres, la defensa del derecho a los servicios públicos, la ecología y el medio ambiernte, por el agua como un derecho humano y contra los tratados de libre comercio y los efectos el cambio climático, entre otras.
En Guatemala podemos destacar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por su tierra y territorio, así como las luchas contra las represas y al minería; la lucha contra la militarización, la violencia, la impunidad y por los derechos humanos; contra los efectos de la privatización de la energía eléctrica; contra los transgénicos, los tratados de libre comercio y los efectos de la explotación petrolera. En el sur-sureste de México podemos rescatar la lucha contra las represas y la naciente lucha contra la minería; contra los efectos de la explotación petrolera y las privatizaciones, la militarización y por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios; por los derechos humanos y contra los parques eólicos en manos de las trasnacionales europeas, contra la biopiratería, los trasngénicos y por la defensa de los derechos de las mujeres. Y al final de cuentas, toda la región contra el Plan Puebla Panamá (hoy Plan Mesoamérica) y contra el ALCA. Ahora, todos contra el golpe militar en Honduras porque el futuro de Honduras será el futuro de América Latina y el Caribe. Por ello, nuestro eje de lucha, de articulación, debe ser Honduras.
Sin embargo, también existen otros aspectos importantes en las agendas de los movimientos sociales como son la salud y sus redes, los agrocombustibles, los monoculivos de árboles (palma africana, el eucalipto, el pino, etc.); las incidencias en políticas públicas y otros temas que van surgiendo e incorporándose a la lucha. Todo lo anterior, por decir algo.
Algunas de las redes
Las luchas ya mencionadas se articulan a un sinfin de procesos sociales regionales y continentales. Algunas se articulan a uno o diversos actores, por ejemplo, alrededor de la Vía Campesina o la Coordinadora Latinaomericana de Organizaciones dcel Campo (CLOC); otras en torno a la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), al Grito de los Excluidos, a Amigos de la Tierra Internacional o a la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR). En la región también están los esfuerzos de la Asamblea Social Continental (ASC), Jubileo Sur, el Foro Mesoamericano, el Encuentro Hemisférico contra la Militarización, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), las redes mineras, de los Pueblos Indígenas, Abya Yala, el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático, la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL), la Red Vida, la Red Contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA), OilWatch, la Red contra Transgénicos, la implementación de Tribunales Permanentes de los Pueblos, entre otras muchas redes y actores colectivos.
Estas son por mencionar algunas, y muy pocas, de las que existen entre la gran gama de temáticas y ejes articuladores.
Pese a la gran variedad y aparente dispersión del movimiento social, nos parece que más bien se van articulando desde sus luchas locales y problemas específicos, concretos. Ya sea por el agua, la mina, la presa, la palma africana, el monocultivo, la carretera, la tierra, la privatización, la biodiversidad, los derechos humanos, etcétera. Así, el movimiento social se fortalece en la medida en que especifica su objetivo de lucha e integra en él la visión global. En otras palabras, trabajando en lo local y pensando en lo global. ¿Dónde se da entonces la posibilidad de una verdadera articulación? En el proceso inverso, en el trabajo global pensando en lo local. Por ello, el movimiento social, cada lucha, no puede dejar de hacer presencia en estos dos escenarios, lo local y lo global, lo coyuntural y lo estructural.
En la medida en que muchas redes y procesos sociales van incorporando una visión global, articulada e integral, se van fortaleciendo y creando puntos de vinculación y de articulaciones. El agua se ve desde la óptica de las represas, de la privatización, de la minería, de los servicios públicos, de los monocultivos, etcétera. De ahí que las redes por la defensa del agua como un derecho humano tienen la posibilidad de articularse con la lucha antirepresas. Del mismo modo, otras redes como las de represas, en la medida en que integran y dimensionan globalmente su problemática, articulan la lucha con el tema del agua, de la tierra, la biodiversidad, los parques eólicos, los campos de agrocombuistibles, el cambio climático, la privatización del agua y de la energía, las Ifis, etc. El tema de la deuda se vincula con el de los tratados de libre comercio, la militarización, el agua, los megaproyectos, la deuda ecológica, los derechos humanos, entre otros. La lucha contra los transgénicos con la soberanía alimentaria, con la salud, las corporaciones trasnacionales, el agua, la tierra y el territorio, etc. Y de este modo, todas las temáticas, ejes y sectores, en la medida que integran una visión global, sistémica y articulante, tarde o temprano se juntan, se encuentran. Así, respetando la peculiaridad de cada movimiento, de la lucha y los problemas que le preocupan y que tiene enfrente, son capaces de lograr la unidad con otros actores. Y esto está sucediendo en Mesoamérica. Y todos ellos desde la óptica y perspectiva de género, de los derechos humanos y de las mujeres, de la miltarización de todos los recursos naturales y los megaproyectos más que neoliberales, corporativos.
Hay quienes abogan por eliminar lo que aparentemente son temas que sectorizan, pulverizan o dividen, con el fin de conformar procesos amplios en torno a conceptos y realidades macro, como la “lucha por la tierra y el territorio”, “lucha por la soberanía”, “lucha contra el capitalismo”, “lucha por la unidad de los pueblos”, “lucha contra el neoliberalismo”, entre otros, que abracen toda forma de resistencia. Y estamos de acuerdo en ello, en procesos amplios que aglutinen fuerza social y política. Sin embargo, eliminar las particularidades de las luchas quizás nos lleve, mínimamente, a perder fuerza en lo local, ese elemento que da identidad y unidad social a un grupo social en torno a los problemas que se tienen enfrente y que son necesarios resolver y enfrentar, desde donde las personas se identifican para resolver sus problemas inmediatos. Así, comunidades y organizaciones tienen una plataforma de vínculo hacia otros procesos. Desde lo local a lo global y lo global a lo local, necesariamente. De quedarse en alguno de los polos existe el peligro de que el movimiento social, o uno de sus actores, se pierda en la realidad. Por ejemplo, no hace mucho el eje que articuló exitosamente la lucha social continental fue contra lo que se le llamó el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los movimientos desde sus especificidades simplemente entendieron que la perspectiva de su trabajo debería leerse desde la lucha contra el PPP y el ALCA. Independientemente del sector, tema, eje o el lugar físico o político en que se encontrara. Y se logró. Y fueron exitosas. Pero hoy es otra cosa, el gran capital y la crisis actual del capitalismo está orientando estrategias nuevas y ese es el reto del movimiento social ahora: encontrar la nueva perspectiva de lucha común. Eso sí nos falta en Mesoamérica, pero también en el continente entero.
Sin embargo, en medio de este proceso surge un acontecimiento que articula al movimiento social: el golpe militar en Honduras. Porque el futuro de Honduras será el futuro del Continente. Un desenlace a favor de los golpistas podría marcar la ruta que envalentonaría en otros países a las oligarquías, narcos, militares, trasnacionales y a los Estados Unidos de que sí se puede detener el avance de los procesos sociales y las luchas políticas pacíficas por medio de otra ola de golpes militares, democraticidios y violaciones a los derechos humanos. Hasta los nuevos gobiernos de izquierda para unos y supuesta izquierda para otros, siguen siendo una amenaza a la acumulación de la riqueza.
Algunos puntos para el debate
Aunque no hay espacio ni es el momento, lo será para otra ocasión, mencionamos algunos puntos para el debate que nos parecen importantes. Primero afirmamos que el neoliberalismo ya se acabó, casi se agotó, que no fue un fin en sí mismo sino la aplicación de políticas de ajuste para un interés: la incoporación del gran capital, de las grandes trasnacionales en el control económico y político. Por ello confirmamos que estamos en un nuevo modelo que denominamos Corporación-Nación. De esto ya hemos hablado en otros momentos(1). Lo segundo es que la globalización neoliberal no fue tal, que no fue tan global. Los países menos neoliberales son los del Norte, los más proteccionistas, los que más subsidian a sus economías, los que más rescatan empresas y los que, entre ellos, no existen Acuerdos de Libre Comercio. Lo tercero es más espinoso y consideramos no está del todo explorado, aclarado o consensuado. Es la visión sistémica. Esto significa ¿cuál es el análisis de los movimientos sobre el sistema capitalista? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos del sistema y su actual crisis? Este será la clave para discenir las alternativas anti sistémicas, anticapitalistas.
Por último y más difícil de digerir. Supongamos que no lucháramos contra el capitalismo, sino que lo apoyamos, lo acompañamos, lo defendemos y lo impulsamos. Tarde o temprano el sistema colapsaría ya sea desde el punto de vista ambiental, financiero o social. El modo de extracción de los recursos y la acumulación de capital no son sustentables en sí mismos lo que llevaría a un agotamiento tal que los recursos del planeta no darán para más. A esto nos referimos cuando decimos que el capitalismo, con nosotros o sin nosotros, llegará a su fin, que no es eterno. Esto asusta a muchos y hay quien se desgarra las vestiduras. Pareciera una invitación a cruzar los brazos y esperar su colapso. No. No es así. Con mayor razón nos lanza a buscar acabarlo antes de que nos acabe, antes de que nos deje sin nada sobre qué construir otra vida que garantice la felicidad para toda la humanidad. Con mayor razón nos debe mantener en movimiento. Pero es el movimiento ¿de lucha?, ¿de resistencia?, ¿o de alternativas?
Consideramos que la actual crisis del capitalismo no es una crisis coyuntural o modélica (la transición de un modelo a otro que por cierto no es el noeliberalismo sino el modelo Corporación-Nación), sino que se trata de una crisis sistémica. ¿Cuándo terminará esta crisis? ¿A qué sistema estamos transitando? Eso no toca abordarlo ahora, pero dejémoslo sobre la mesa.
Algunas reflexiones sobre las ¿luchas? ¿resistencias? ¿alternativas?
Por lo general nos encontramos en los movimientos dos conceptos que recurrentemente aparecen en el vocabulario, discursos, gritos, consignas y declaraciones: “lucha” y “contra”. Para todo somos primero “anti” antes que “alter”, de alternativas. Pero para saber contra qué luchamos es necesario conocer qué es el Sistema Capitalista. Así, al hacer su diagnóstico, o sea, en qué momento se encuentra de su existencia, cuáles son sus posibilidades reales de reproducción, podremos encontrar las pistas de qué implica el anti-capitalismo, lo anti sistémico, cuál es la mejor estrategia, cómo generar una experiencia o una realidad anti sistémica.
‘Anti’ es un prefijo griego que significa «protección contra», «prevención contra» o «lucha contra». Sin embargo preferimos usar la connotación de ‘opuesto’ o ‘contrario’. Así, cuando hablamos de experiencias anti-sistémicas nos referimos a aquellas experiencias y realidades opuestas o contrarias al Sistema Capitalista; al discurso y a las prácticas sociales y políticas unidas en lo cotidiano en un individuo o colectivo sociales, con características distintas o diametralmente opuestas a las que alimenta a este sistema. Experiencias que en mayor o menor grado reflejan un alter-nato, o sea, otras formas distintas muy suyas de vivir la vida con su propio sistema.
Las expresiones y experiencias anti sistémicas siempre han existido. Unas con mayor o menor impacto, con mayor o menor presencia social, con mayor o menor tiempo de duración histórica. Sin embargo, ellas no lograron conformar un sistema hegemónico que globalice las reglas de vida de toda la humanidad, como lo ha hecho el sistema capitalista, porque su esencia no es la hegemonía. Curiosamente otros mundos subsistentes no capitalistas se encuentran entre diversas culturas indígenas del mundo, y las alternativas antisistémicas emergentes se dan por lo general en las zonas rurales o entre la población excluida de los supuestos beneficios del sistema dominante actual. Pero veamos más allá. Las luchas anti-sistémicas pueden ser de varias formas. Mencionemos algunas:
1) Resistencia: resistir viene del latín resistere que significa tolerar, rechazar, aguantar o sufrir; oponerse a la acción o violencia de alguien o algo. Hay personas o movimientos sociales que aguantan y toleran los efectos del Capitalismo: no pago, no veo, no compro, no voy... Resisto.
2) Resistencia Activa: incluye la Resistencia pero con una forma activa de oponerse y rechazar a) algunas de sus expresiones como impedir que se construyan carreteras, puentes, represas, minas, monocultivos de eucalipto o palma africana; o estrategias para combatir la pobreza, contra los bajos salarios, contra el uso de agroquímicos, etcétera; b) o rechazar algunos de sus actores (empresas trasnacionales y gobiernos) por medio de acciones de boicots, u otras medidas; c) o detener, aletargar o evitar algunos de los mecanismos de acumulación y reproducción del Sistema Capitalista como las protestas contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), el G-8, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el BID, la Deuda Externa, el Plan Puebla Panamá, el IIRSA, el Foro Davós, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, etcétera.
3) Resistencia Propositiva: esta lucha puede incluir las dos anteriores y necesariamente la de emancipación. Las luchas emancipadoras implican la liberación de la subordinación o del dominio que ejerce el Sistema Capitalista. Pero no hay liberación si no se da la transformación de la realidad para construir alter-natos de forma integral. Sólo así se libera de la dependencia. Y será más alter-natos en la medida en que más elementos anti-capitalistas tenga. De esto también hemos hablado en otro momento.(2)
Pero podemos mantener, alimentar, potencializar el capitalismo sin darnos cuenta o de manera ingenua al pensar que implementamos supuestas alternativas. Los que reciben algún beneficio del sistema cuidan que ese interés se mantenga, se perpetúe y mejore, por lo que sus expresiones son reformistas o con argumentos de “humanización” del capitalismo, lo que intrínsecamente no se puede.
Por ello, no toda lucha contra el capitalismo en su expresión o reproducción significa que estamos generando otras expresiones y realidades diferentes al capitalismo. Así, vemos organizaciones o movimientos sociales con un análisis y un discurso antisistémico pero que sus prácticas no lo son; o hay movimientos sociales que no explicitan lo anti sistémicos pero sus practicas son profundamente anti capitalistas, simplemente viven el “alter-nato”. De cualquier manera, los movimientos son precisamente eso, movimientos, procesos que suben y bajan, que tienen sus ciclos de vida, cumplen su objetivo, se desgastan, surgen nuevos, se funden, se multiplican, se transforman. Todo en movimiento, lo que se detiene se pudre. Los hay más estructurados, los más amplios, con direcciones colectivas, con secretariados, coordinaciones, secretarias ejecutivas, comités, o con direcciones mesiánicas o caudillistas, entre otras muchas formas.
El golpe militar en Honduras nos pone nuevamente en una disyuntiva. Quienes consideran que la historia es ascendente, de menos a más, evolutiva, o que las civilizaciones son acumulativas, reproducen exclamaciones como “cómo es posible que en pleno Siglo XXI pase esto”. Que las dictaduras militares, los genocidios o los grupos armados son cosa del pasado. Si nos vanagloriamos de nuestras luchas libertarias que nos dieron patria, hacemos memoria y festejamos las luchas de independencia y de los procesos revolucionarios, aunque fue a costa de millones de muertos en todo el Continente, hay la tentación de alarmarse de esos mismos procesos hoy en día. Todos los caminos del pasado, independientemente de su valoración, siguen presentes y estarán vigentes toda la vida mientras los que sustentan el poder con la represión no quiera soltar sus privilegios. No es regresión, lamentablemente así somos la humanidad. No es una apología de las luchas revolucionarias armadas, simplemente decimos que estará presente tentativamente en muchos pueblos que no ven otras salidas para lograr justicia como lo hicieron en antaño y sobre quienes nos orgullecemos y festejamos. Y esto puede estar latente en cualquier región de mesoaérica. Aunque básicamente casi todas las Independencias se dieron por medio de procesos armados en nuestro hemisferio, creemos que las luchas políticas seguirán siendo el camino privilegiado para lograr otros sistema donde quepamos todos los mundos.(3) Pero vale la pena no sólo resistir, sino hacerlo activamente y propositivamente.
El alter-natos
Actualmente hablamos en los movimientos sociales sobre la necesidad de buscar alternativas a este capitalismo en crisis estructural. La palabra “alternativa” proviene del latín alter, altera, alterum, un pronombre (pro-nomen, “en lugar del nombre”) que significa el otro, entre dos alternativas.
Pero cuando hablamos de la alternativa al Sistema Capitalista no nos referimos a la única otra ‘alternativa’, como si solo hubiera que elegir entre dos cosas, entre el Capitalismo o la otra cosa que no conocemos pero que a final de cuentas será otra cosa hegemónica. Esto significa reducir a dos la realidad que es abierta y diversa. No optamos por una hegemonía para abrazar otra que se imponga y domine a los demás. Por ello la diferencia con otro pronombre, “alius”, que proviene también del latín alius, alia, aliud, que significa otro, entre tres o más opciones o posibilidades. Sin embargo, para algunos estudiosos del tema con el paso del tiempo se borró la diferencia y se incluyó en alternativa la idea de opción entre dos o más posibilidades. Y descubrimos que esto es el Alter, los Otros.
Las palabras alterado o inalterable, que significa que no es afectado por los hechos externos; o altercado, e incluso enaltecido que significa magnificado o resaltado por otros que no son él mismo, sugieren un movimiento de fuera hacia dentro. Por ello insistimos en la perspectiva de adentro hacia fuera, el ‘Natos’. Se trata de encontrar, lograr, potenciar, descubrir o crear ‘lo que se nace naturalmente’, de lo que es suyo, propio, que ‘nace de la suidad’, ‘de la mismidad’. Que es propio de un pueblo, de una cultura. Este es el “Natos”. Es lo otro que nace desde adentro. Es esta unidad mundanal que nace de la unidad de suidades, de mismidades. Sólo la diversidad genera unidad. Y sólo existe la unidad porque hay diversos.
Es por ello que la diversidad de culturas hace posible que en el Mundo haya Otros Mundos propios, suyos, distintos al Sistema Capitalista. Por ello, Alter-Natos son Otros Mundos, otros sistemas diversamente unidos. Por ello el movimiento social no es uno, sino muchos, con una lucha anti capitalista local y con visión global sistémica, pero en búsqueda y en experiencias reales aquí y ahora de cada vez mayor plenitud humana. Esta es la lucha antisistémica en Honduras donde se gesta un Alter-Natos, una nueva esperanza. Nuestro sueño no es un sueño: ¡Un Mundo sin Capitalismo! www.ecoportal.net
Gustavo Castro Soto - Otros Mundos, AC - San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; Julio de 2009 www.otrosmundoschiapas.org
(1) Véase “El Modelo Corporación Nación”,
en http://otrosmundoschiapas.org/index.php/modelo.html
(2) Véase “Otros Mundos; Los Elementos Anti-sistémicos”,
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/alternativas.html
(3) Recomendamos ampliamente el libro de Luis Suárez, “Un Siglo de Terror en América Latina/Cronología de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad”.
Fuente: EcoPortal
lunes, 17 de agosto de 2009
Pueblos Indígenas en Brasil: el desafío de la autonomía
Ricardo Verdum (*) | 21 de julio de 2009
Versión original: Povos Indígenas no Brasil: o desafio da autonomia
Traducción por: Silvia Adriana Sánchez de la Rosa
Programa de las Américas www.ircamericas.org
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 3).
Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se así lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5).
La población indígena en Brasil es estimada, por la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco más del 0.2% de la población total del país. Cerca de 60% de esta población vive hoy en la región designada como Amazonia Legal. Ya el censo demográfico de 2000, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó 734.127 auto-identificándose como "indígena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la población del país. Esa población representa una diversidad lingüística que excede el número de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias lingüísticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos indígenas, varios de ellos sometidos a jurisdicción de más de un Estado-nación, como es el caso de los Guaraníes (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Perú). Los indígenas están presentes en todos los estados de la Federación y sus territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del estado brasileño) suman aproximadamente 110,6 millones de hectáreas—el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasileña.
A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos años, implementó cambios significativos en las prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonomía política de esos pueblos y a la restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos "progresistas"1.
Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepción e implementación de los distritos sanitarios indígenas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, indígenas y no indígenas, vieron ahí la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras políticas más amplias, para el ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gestión de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas políticas e intereses económicos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias económicas y sociopolíticas. En la práctica, eso se manifiesta en políticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global2.
Los pueblos indígenas y la Constitución de 1988
Igual como lo ocurrido en otros países en América Latina, donde movimientos indígenas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los años 1980, por ocasión del proceso político que resultó en el actual texto de la Constitución Federal de 1988, también hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federación, vimos indígenas ingresando en partidos políticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio político y financiamiento de campaña y, por lo menos, una decena participó en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Unión de las Naciones Indígenas (UNI), constituida al inicio de esa década, fue un polo de articulación de "liderazgos indígenas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campaña Pueblos Indígenas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento indígena en el Congreso Nacional y en los estados4.
Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante indígena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota específica de representación de las "naciones" o "pueblos" indígenas en esa casa legislativa, esa movilización dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones indígenas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasileño. También posibilitó el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusión de un capítulo específico en la actual Constitución Federal, titulado De los Indios, con dos artículos clave para el futuro de las campañas de defensa y promoción de los derechos indígenas en el país. Por otro lado, queda evidente que no se consiguió ir mucho más además de la definición de derechos específicos, que no implican en cambios políticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.
En relación a la Constitución de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos indígenas, entonces denominados "silvícolas" 5. Nunca está de más recordar que, en uno de los artículos, el número 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos indígenas "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el artículo siguiente, el 232, también reconoce a los indígenas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio Público en todos los actos del proceso.
Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la sociedad brasileña. Pero como eso se transforma en prácticas y reformula las estructuras políticas del estado brasileño es algo para lo cual el texto de la nueva Constitución no tiene respuestas para dar. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados más de veinte años desde su aprobación, no sonará extraño constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las prácticas político-administrativas del Estado brasileño.
Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad étnica y los derechos específicos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras políticas de poder y dominación. También quedó fuera, invisibilizada en las políticas públicas especificas, la parcela de la población indígena que vive hoy en centros urbanos.
Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadanía indígena en los términos propuestos por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) significa el reconocimiento jurídico y efectico de los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, que incluyó (a) autonomía de decisión; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representación política en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulación y control sobre las llamadas políticas públicas de los Estados en que están insertos por fuerza del proceso de colonización iniciado en la región al final del siglo XV, en Brasil aún no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislación e de la relación establecida con los pueblos indígenas, aún está muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasileño6.
Pos-1988
Los cambios morfológicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros años de la década de 1990—se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "políticas" gubernamentales (salud, educación escolar, asistencia social, apoyo técnico y financiero y producción, etc.)—muy poco contribuyeron para que superásemos la matriz colonialista en relación con los pueblos indígenas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven procesándose, son sólo transformaciones en tecnología en las técnicas de dominación y de domesticación de la insatisfacción indígena, que de manera alguna pretende atacar las asimetrías y promover relaciones equitativas.
Por eso, varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).
En relación a los territorios indígenas, aún cuando reconocidos formalmente por el Estado brasileño, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y serán incorporados al circuito económico de mercado cuando sea necesario7. En última instancia, las demandas indígenas por control territorial y participación política son vistas sobra la óptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Indígena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas que allí viven y a las futuras demarcaciones de los territorios indígenas8.
En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo nació de una práctica de conocimiento y de acción político-administrativa llamada de "tradición sertanista". Ella se constituyó como tal al inicio del siglo XX, como parte de la política republicana de integración nacional. En los años 1950, el indigenismo brasileño pasó a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acción en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideología por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos9.
Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasileño nación con la misma grave e insoluble contradicción interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aquí, como en el caso mexicano analizado por Héctor Díaz Polanco (1991), un discurso ideológico relativista encubriendo una práctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas indígenas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integración nacional" y del "progreso", o porque son "inútiles" a la necesaria adaptación individual y colectiva de los indígenas en la economía de mercado.
Al proceso constituyente de 1986-1988 siguió un periodo de efervescencia organizativa en el medio indígena, sea en la defensa de una indianidad genérica, sea de grupos indígenas específicos, como los Kayapó y los Turkano, por ejemplo. Contribuyó para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesoría de la Iglesia Católica, de la cooperación internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representarían. Hay también organizaciones híbridas, con actuación en ambos de los frentes de acción.
El reconocimiento formal del derecho a la organización y a la representación propia de los indígenas, expreso en la Constitución de 1988, representó el impulso definitivo para el proceso de auto-organización de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicación de organizaciones indígenas por el país afuera y su articulación en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un año después de promulgada la nueva Constitución brasileña, fue creada la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que nació con enfoque regional e identidad indígena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy más de una centena de organizaciones locales y subregionales10.
En los años noventa también creció en Brasil, como en otros países en América Latina, la actuación de las llamadas agencias de cooperación internacional para el desarrollo—de países como Gran Bretaña y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)—en la política indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones indígenas. Hace recordar los años 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminación de ideas y en la organización de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia técnica, sino también como agentes políticos, influyendo en la definición de las política sectoriales y como un "aliado" del movimiento indígena en sentido de flexibilización de los mecanismos de tutel y control gubernamental11.
La hegemonía política, ideológica y administrativa de FUNAI sobre la gestión oficial de la población y de los territorios y recursos naturales indígenas se extendió hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o también repasadas para otros órganos de administración pública federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación, las acciones de "política de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecución del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementación12.
En ese contexto, la promoción del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-económico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y políticos que, en resultado de esa naturaleza, están sujetas a ser accionadas en la construcción de narrativas y proyectos de uso de los territorios indígenas y de los recursos naturales ahí existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noción polémica y polisémica de etnodesarrollo, que a lo largo de los últimos veinte años veo adquiriendo una creciente importancia en la retórica indigenista latinoamericana (y en la brasileña también), caracterizando lo que Héctor Díaz Polanco (1991) y Víctor Bretón (2001) denominaron indigenismo etnofágico.
En ese mismo año, 1991, se dan el inicio en el ámbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisión del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisión interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gestión de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivación jurídica la Constitución Federal recién promulgada, y como estímulo político la realización en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese año reuniones públicas, algunas abiertas a la participación de organizaciones no gubernamentales y especialistas—Consejo Indigenista Misionario, Asociación Brasileña de Antropología, Núcleo de Derechos Indígenas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos indígenas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisión Indígena Este-Noroeste), después de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisión Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.
Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que formó una Comisión Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Además de la propuesta elaborada por la Comisión Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos indígenas también presentados en abril de 1992, después de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisión Especial.
Demoró casi tres años para la Comisión Especial, en 1994 (después de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Indígenas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitación del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la Cámara. Incluso antes de la posesión del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da Távola, líder del PSDB en la Cámara, presentó en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitación del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan polémico proyecto". Ese acto acabó criando un estado de desconfianza y de insatisfacción con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones indígenas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesión del cargo el 1° de enero de 199514.
Casi catorce años después, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos indígenas en el ámbito del Estado brasileño. Esa reanudación se va a dar en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI está compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 indígenas de diferentes partes del país y dos representantes de entidades no gubernamentales.
Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y contó con el apoyo político de organizaciones indígenas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento técnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relación con el Estado brasileño. Participaron en los encuentros cerca de mil indígenas, donde en tal "substitución" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea indígena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este año de 2009 entre los días 4 y 8 de mayo, una versión preliminar, aprobada en el ámbito de la CNPI pocos días antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus líneas básicas. En la ocasión, fue lanzada oficialmente la creación de una organización indígena de representación nacional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Un análisis a profundidad de ese proceso aún está por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la dinámica de los encuentros habría inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploración de recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Indígenas, cuestionable en varios aspectos, que está presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista diseñado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero aún cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusión productiva, como contrapunto la otra noción no menos problemática cuando aplicada para interpretar la condición de los pueblos indígenas en Brasil, la noción de pobreza, viene informando y formateando políticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil político predominante en el Congreso Nacional brasileño en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas allí ocurrido resulta en un texto donde predomine una visión liberal más radical en el plano socioeconómico, que induzca a los indígenas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).
Consideraciones finales
A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemológicas, demográficas, organizativas y, principalmente, políticas que hoy se evidencia para la formulación e implementación de una estrategia de refundación del Estado brasileño, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminación y autonomía territorial indígena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder Legislativo brasileño. Digo retomar porque, a lo largo de los años 1990, ese asunto quedó relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes indígenas en los Legislativos estatal y federal y la constitución de un "parlamento indígena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento indígena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcación y regularización de los territorios; la creación de un subsistema de educación escolar; la estructuración de un subsistema de servicios de salud también específico, la elaboración de un nuevo "estatuto de los pueblos indígenas"; la institucionalización del asociacionismo indígena y de organizaciones de representación; es la creación de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los años 1990 el movimiento indígena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comité con una acción de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.
Un parlamentario indígena en la Cámara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocución con el Estado brasileño. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma política del Estado brasileño. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el país. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político en Brasil, resultado de casi cuatro años de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creación de mecanismos legales que garanticen la representación directa de los pueblos indígenas en las elecciones proporcionales en el país, como el ejemplo de países como Venezuela y Colombia. La creación de un sistema propio de elección, que no pasaría por el sistema partidario hoy existente.
Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo indígena Baniwa, pueblo que habita en la región fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicación organizada por nosotros en 2004 él presentó una propuesta de "parlamento indígena". En su visión, ese "parlamento" sería un espacio de articulación de los movimientos etnopolíticos indígenas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos indígenas, en la cual estarían representadas sus aspiraciones legítimas. En su visión, ella podría muy bien ser parte de un nuevo modelo de relación institucional de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad no indígena en Brasil: un Estado Plurinacional.
Hace recordar también del proceso de discusión sobre "alternativas de fortalecimiento de la participación indígena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociación con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APONME) y otros líderes y organizaciones indígenas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del país entre los años de 2003 y 2005.
Llego al final de este texto con la sensación de que estamos frente a un gran desafío. Será necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovación y disposición para enfrentar las barreras administrativas, políticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos indígenas. En este momento, en el que se retoma en el ámbito del Congreso Nacional la discusión sobre la necesidad de una legislación específica, en substitución al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir fórmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento indígena brasileño busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transición para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad estén en la raíz de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicación aportará contribuciones positivas.
Notas
La reflexión desarrollada por Héctor Díaz-Polanco (2006a, 2006b), El respeto de La "dificultad" teórica y política de La izquierda clásica latinoamericana para tratar la demanda de autonomía de los pueblos indígenas, es un bien punto de partida para pensar el contexto brasileño. El va mostrar, por ejemplo, que la desconsideración de la dimensión del reconocimiento (de la diversidad) acaba fortaleciendo tesis liberales (o neoliberales), contrarias a la demarcación de las "tierras indígenas" y al derecho de esos pueblos sobre los recursos naturales en la existentes.
Slajov Zizek (2005) va a llamar ese proceso como una nueva lógica multicultural del capitalismo multinacional. Esa "apertura" a la diversidad cultural e incorporación de demandas de los movimientos indígenas por los Estados se manifestó en varios países latino-americanos desde los primeros años de la década de 1990, cf. Bretón (2001, 2005), Guerrero & Ospina (2003), Verdum (2006), Hale (2007).
Ver Marés 1996; Bengoa 2000; Van Cott 2004; Montejo 2004; Bello 2004; Díaz-Polanco 2005; Dávalos 2005; Clavero 2008; Walsh 2009.
Para mayores detalles ver: CEDI 1987, 1991; Lacerda 2008.
La Enmienda Constitucional No. 1, de 17 de octubre de 1969, que modifica el texto constitucional de 1967, estabelece en el Artigo 198 que "Las tierras habitadas por los silvícolas son inalienables em los términos que la ley federal los determine, cabiendo su posesión permanente y quedando reconocido su derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes". Como en las demás Constituciones del periodo republicano (1934, 1937 y 1946), la "tierra" fue el único artículo que mereció atención de los legisladores.
Ver Gaiger 1991; Verdum 2006b.
Después de pasar por varios ciclos productivos (monocultivo agrícola, extracción maderera etc.), con el consentimiento o implementado directamente por el Servicio de Protección al Indio (SPI) y por su sustituta, la Federación Nacional del Indio (Funai), a los pueblos indígenas viene siendo ofertada una nueva "oportunidad" para desarrollarse: el mercado de los "servicios ambientales".
Mayores detalles del caso RSS ver: www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=noticias
Ver Gagliari 1989; Favre 1998; Verdum 2006.
Ver Ricardo 1996; Albert 1997, 1998, 2001; Athias 2002.
Sobre el papel de las estratégias de la cooperación internacional en relación a los pueblos indígenas en América Latina, en particular en Brasil y en Ecuador, ver Breton 2001; Verdum 2006.
Ver Barroso-Hoffman et al. 2004; Ricardo 1996, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffman 2002; Verdum 2003, 2005a, 2005b, 2008.
Ver Santilli 1996; Araújo e Leitão 2002.
En marzo de 2000 el Gobierno Federal presenta nueva propuesta de Estatuto por medio del diputado federal Luciano Pizzatto (PFL-PR), que fue duramente criticado por el movimiento indígena y entidades de apoyo y por la bancada de oposición al gobierno en el Congreso Nacional. Ver Oliveira Pankararu 2006.
(*)Ricardo Verdum (verdum(a)inesc.org.br) Es Doctor en Antropología de América Latina y El Caribe por El Centro de Investigación y Pos-Graduación sobre las Américas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia (UnB), asesor sénior de políticas indígena y socioambiental del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org.
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Recursos
Albert, Bruce S. "Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia Brasileira" In Ricardo, Carlos A. (ed.). Povos Indígenas no Brasil (1996-2000), São Paulo: Instituto Socioambiental, pp. 197-207, 2001.
Albert, Bruce S. "Ethnographic situation and ethnic movements. Notes on post-Malinowskian fielwork", Critique of Anthropology, 17 (1): 53-65, 1997.
Albert, Bruce S. "Territorialité, ethnopolitique et devéloppement: à propos du mouvement indien en Amazonie brésilienne", Cahiers des Ameriques Latines, 23: 177-210, 1998.
Araújo, Ana Valéria & Leitão, Sérgio, "Direitos indígenas: avanços e impasses pós-1988" In Antônio Carlos Souza Lima & Maria Barroso-Hoffmann (orgs.), Além da Tutela: Bases para uma Nova Política Indigenista, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, Pp. 23-33, 2002.
Athias, Renato "Temas, Problemas e perspectivas em etnodesenvolvimento: uma lectura a partir dos projetos apoiados pela OXFAM (1972-1992)" In Souza Lima, Antônio Carlos & Barroso-Hoffmann, Maria (orgs.), Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: Bases para uma Nova Política Indigenista, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, Pp. 49-86, 2002.
Barroso-Hoffmann, Maria et al. "A administração pública e os povos indígenas". Em: Rocha, Denise & Bernardo, Maristela, A Era FHC e o Governo Lula: Transição? Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, Pp. 295-325, 2004.
Bello, Álvaro, Etnicidad y ciudadanía en América Latina: La acción colectiva de los pueblos indígenas, Santiago, CEPAL, 2004
Bengoa, José, La emergencia indígena en América Latina, Chile, Fundo de Cultura Económica, 2000.
Bretón, Víctor, Capital Social y Etnodesarrollo en los Andes, Quito, Ecuador, Centro Andino de Acción Popular, 2005.
Bretón, Víctor, Cooperación al Desarrollo y Demandas Étnicas en los Andes Ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo, Quito, Ecuador/ Lleida, España, FLACSO/ Ediciones de la Universitar de Lleida, GIEDEM, 2001.
Centro Ecumênico de Documentação e Informação, Povos Indígenas no Brasil 1985/86, São Paulo, CEDI, 1987.
Centro Ecumênico de Documentação e Informação, Povos Indígenas no Brasil 1987/88/89/90, São Paulo, CEDI, 1991.
Clavero, Bartolomé, Geografía Jurídica de América Latina. Pueblos Indígenas entre Constituciones Mestizas, México: Siglo XXI, 2008.
Dávalos, Pablo (comp.), Pueblos Indígenas, Estados y Democracia, Buenos Aires, Argentina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005.
Díaz-Polanco, Héctor, Autonomía Regional: La autodeterminación de los pueblos indígenas, México, Siglo XXI, 1991.
Díaz-Polanco, Héctor, El Laberinto de la Identidad, Mexico, Universidad nacional Autónoma de México, 2006.
Díaz-Polanco, Héctor, Elogio de la Diversidad: Globalización, multiculturalismo y etnofagía, México: Siglo XXI, 2006.
Favre, Henri, El Indigenismo, México, Fondo de Cultura Económica, (1996) 1998.
Gagliardi José Mauro, O Indígena e a República, São Paulo, Hucitec, EdUSP, Secretaria de Estado da Cultura, 1989.
Guerrero Cazar, Fernando, Ospina Peralta, Pablo, El Poder de la Comunidad: Ajuste Estructural y Movimiento Indígena e los Andes Ecuatorianos, Buenos Aires, FLACSO, 2003.
Hale, Charles R., "Puede el Multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y política de la identidad en Guatemala", In María l. Lagos y Pamela Calla (comp.), Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, La Paz, PNUD, 2007.
Lacerda, Rosane. Os Povos Indígenas e a Constituinte (1987 –1988), Brasília, Conselho Indigenista Missionário, 2008.
Marés de Souza Filho, Carlos Frederico. "As constituições americanas e os Povos indígenas" In RICARDO, Carlos Alberto (ed.) Povos Indígenas no Brasil: 1991-1995, São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996.
Montejo, Paulino. "Povos indígenas e política partidária na América Latina" In COSTA, Luciana e Verdum, Ricardo, Índios e Parlamentos, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2004.
Olveira Pankararu, Paulo Celso "Prometo Permanece Paralisado desde 1994" In RICARDO, Carlos Alberto & RICARDO Fany (eds.) Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005, São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.
Ribeiro, Gustavo Lins, "Ambientalismo e desenvolvimento sustentado. Nova ideologia/utopia do desenvolvimento". Série Antropologia, 123, Brasília, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 1992.
Ribeiro, Gustavo Lins, "Poder, redes e ideologias no campo do desenvolvimento", Série Antropologia, 383, Brasília, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 2005.
Ricardo, Carlos Alberto (ed.), Povos Indígenas no Brasil (1996/2000), São Paulo: Instituto Socioambiental, 2000.
Ricardo, Carlos Alberto "Quem fala em nome dos índios?" In Povos Indígenas no Brasil (1991/1995), São Paulo: Instituto Socioambiental, pp. 90-100, 1996.
Santilli, Marcio "O Estatuto das Sociedades Indígenas" In RICARDO, Carlos Alberto (ed.) Povos Indígenas no Brasil: 1991-1995, São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996.
Souza Lima, Antonio Carlos de & BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.) Estado e Povos Indígenas: Bases para uma Nova Política Indigenista II, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2002.
Van Cott, Donna Lee. "História político-partidária do movimento indígena na América Latina" In COSTA, Luciana e VERDUM, Ricardo, Índios e Parlamentos, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2004.
Verdum, Ricardo, (org.) Assistência Técnica e Financeira para o Desenvolvimento Indígena, Rio de Janeiro: Editora Contra Capa/ Brasília: NEAD, 2005a.
Verdum, Ricardo, "Avanços e retrocessos da política indigenista", Boletim Orçamento & Política Socioambiental, 12, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 12 p., 2005b.
Verdum, Ricardo, "El indigenismo brasileño en tiempos de multiculturalismo", Alteridades, 18 (25): 33-46, México, 2008.
Verdum, Ricardo, "Os direitos indígenas no Governo Lula", Boletim Orçamento & Políticas Socioambientais, 7, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 10 p., 2003.
Verdum, Ricardo, Etnodesenvolvimento: Nova / Velha Utopia do Indigenismo, Brasília, Universidade de Brasília, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, 2006.
Walsh, Catherine, "Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico", In Judith Salgado (comp.), Justicia Indígena: Aportes para un debate, Quito, Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, 2002, p. 23-35.
Walsh, Catherine, Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época, Quito, Equador, Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya-Yala, 2009.
Zizek, Slavoj, "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", In Frederic Jameson y Slavoj Zizek, Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Barcelona, Paidós, 3ª edição, 2005.
Versión original: Povos Indígenas no Brasil: o desafio da autonomia
Traducción por: Silvia Adriana Sánchez de la Rosa
Programa de las Américas www.ircamericas.org
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 3).
Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se así lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5).
La población indígena en Brasil es estimada, por la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco más del 0.2% de la población total del país. Cerca de 60% de esta población vive hoy en la región designada como Amazonia Legal. Ya el censo demográfico de 2000, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó 734.127 auto-identificándose como "indígena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la población del país. Esa población representa una diversidad lingüística que excede el número de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias lingüísticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos indígenas, varios de ellos sometidos a jurisdicción de más de un Estado-nación, como es el caso de los Guaraníes (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Perú). Los indígenas están presentes en todos los estados de la Federación y sus territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del estado brasileño) suman aproximadamente 110,6 millones de hectáreas—el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasileña.
A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos años, implementó cambios significativos en las prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonomía política de esos pueblos y a la restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos "progresistas"1.
Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepción e implementación de los distritos sanitarios indígenas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, indígenas y no indígenas, vieron ahí la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras políticas más amplias, para el ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gestión de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas políticas e intereses económicos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias económicas y sociopolíticas. En la práctica, eso se manifiesta en políticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global2.
Los pueblos indígenas y la Constitución de 1988
Igual como lo ocurrido en otros países en América Latina, donde movimientos indígenas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los años 1980, por ocasión del proceso político que resultó en el actual texto de la Constitución Federal de 1988, también hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federación, vimos indígenas ingresando en partidos políticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio político y financiamiento de campaña y, por lo menos, una decena participó en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Unión de las Naciones Indígenas (UNI), constituida al inicio de esa década, fue un polo de articulación de "liderazgos indígenas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campaña Pueblos Indígenas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento indígena en el Congreso Nacional y en los estados4.
Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante indígena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota específica de representación de las "naciones" o "pueblos" indígenas en esa casa legislativa, esa movilización dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones indígenas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasileño. También posibilitó el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusión de un capítulo específico en la actual Constitución Federal, titulado De los Indios, con dos artículos clave para el futuro de las campañas de defensa y promoción de los derechos indígenas en el país. Por otro lado, queda evidente que no se consiguió ir mucho más además de la definición de derechos específicos, que no implican en cambios políticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.
En relación a la Constitución de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos indígenas, entonces denominados "silvícolas" 5. Nunca está de más recordar que, en uno de los artículos, el número 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos indígenas "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el artículo siguiente, el 232, también reconoce a los indígenas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio Público en todos los actos del proceso.
Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la sociedad brasileña. Pero como eso se transforma en prácticas y reformula las estructuras políticas del estado brasileño es algo para lo cual el texto de la nueva Constitución no tiene respuestas para dar. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados más de veinte años desde su aprobación, no sonará extraño constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las prácticas político-administrativas del Estado brasileño.
Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad étnica y los derechos específicos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras políticas de poder y dominación. También quedó fuera, invisibilizada en las políticas públicas especificas, la parcela de la población indígena que vive hoy en centros urbanos.
Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadanía indígena en los términos propuestos por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) significa el reconocimiento jurídico y efectico de los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, que incluyó (a) autonomía de decisión; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representación política en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulación y control sobre las llamadas políticas públicas de los Estados en que están insertos por fuerza del proceso de colonización iniciado en la región al final del siglo XV, en Brasil aún no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislación e de la relación establecida con los pueblos indígenas, aún está muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasileño6.
Pos-1988
Los cambios morfológicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros años de la década de 1990—se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "políticas" gubernamentales (salud, educación escolar, asistencia social, apoyo técnico y financiero y producción, etc.)—muy poco contribuyeron para que superásemos la matriz colonialista en relación con los pueblos indígenas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven procesándose, son sólo transformaciones en tecnología en las técnicas de dominación y de domesticación de la insatisfacción indígena, que de manera alguna pretende atacar las asimetrías y promover relaciones equitativas.
Por eso, varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).
En relación a los territorios indígenas, aún cuando reconocidos formalmente por el Estado brasileño, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y serán incorporados al circuito económico de mercado cuando sea necesario7. En última instancia, las demandas indígenas por control territorial y participación política son vistas sobra la óptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Indígena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas que allí viven y a las futuras demarcaciones de los territorios indígenas8.
En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo nació de una práctica de conocimiento y de acción político-administrativa llamada de "tradición sertanista". Ella se constituyó como tal al inicio del siglo XX, como parte de la política republicana de integración nacional. En los años 1950, el indigenismo brasileño pasó a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acción en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideología por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos9.
Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasileño nación con la misma grave e insoluble contradicción interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aquí, como en el caso mexicano analizado por Héctor Díaz Polanco (1991), un discurso ideológico relativista encubriendo una práctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas indígenas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integración nacional" y del "progreso", o porque son "inútiles" a la necesaria adaptación individual y colectiva de los indígenas en la economía de mercado.
Al proceso constituyente de 1986-1988 siguió un periodo de efervescencia organizativa en el medio indígena, sea en la defensa de una indianidad genérica, sea de grupos indígenas específicos, como los Kayapó y los Turkano, por ejemplo. Contribuyó para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesoría de la Iglesia Católica, de la cooperación internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representarían. Hay también organizaciones híbridas, con actuación en ambos de los frentes de acción.
El reconocimiento formal del derecho a la organización y a la representación propia de los indígenas, expreso en la Constitución de 1988, representó el impulso definitivo para el proceso de auto-organización de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicación de organizaciones indígenas por el país afuera y su articulación en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un año después de promulgada la nueva Constitución brasileña, fue creada la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que nació con enfoque regional e identidad indígena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy más de una centena de organizaciones locales y subregionales10.
En los años noventa también creció en Brasil, como en otros países en América Latina, la actuación de las llamadas agencias de cooperación internacional para el desarrollo—de países como Gran Bretaña y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)—en la política indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones indígenas. Hace recordar los años 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminación de ideas y en la organización de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia técnica, sino también como agentes políticos, influyendo en la definición de las política sectoriales y como un "aliado" del movimiento indígena en sentido de flexibilización de los mecanismos de tutel y control gubernamental11.
La hegemonía política, ideológica y administrativa de FUNAI sobre la gestión oficial de la población y de los territorios y recursos naturales indígenas se extendió hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o también repasadas para otros órganos de administración pública federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación, las acciones de "política de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecución del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementación12.
En ese contexto, la promoción del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-económico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y políticos que, en resultado de esa naturaleza, están sujetas a ser accionadas en la construcción de narrativas y proyectos de uso de los territorios indígenas y de los recursos naturales ahí existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noción polémica y polisémica de etnodesarrollo, que a lo largo de los últimos veinte años veo adquiriendo una creciente importancia en la retórica indigenista latinoamericana (y en la brasileña también), caracterizando lo que Héctor Díaz Polanco (1991) y Víctor Bretón (2001) denominaron indigenismo etnofágico.
En ese mismo año, 1991, se dan el inicio en el ámbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisión del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisión interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gestión de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivación jurídica la Constitución Federal recién promulgada, y como estímulo político la realización en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese año reuniones públicas, algunas abiertas a la participación de organizaciones no gubernamentales y especialistas—Consejo Indigenista Misionario, Asociación Brasileña de Antropología, Núcleo de Derechos Indígenas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos indígenas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisión Indígena Este-Noroeste), después de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisión Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.
Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que formó una Comisión Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Además de la propuesta elaborada por la Comisión Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos indígenas también presentados en abril de 1992, después de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisión Especial.
Demoró casi tres años para la Comisión Especial, en 1994 (después de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Indígenas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitación del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la Cámara. Incluso antes de la posesión del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da Távola, líder del PSDB en la Cámara, presentó en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitación del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan polémico proyecto". Ese acto acabó criando un estado de desconfianza y de insatisfacción con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones indígenas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesión del cargo el 1° de enero de 199514.
Casi catorce años después, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos indígenas en el ámbito del Estado brasileño. Esa reanudación se va a dar en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI está compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 indígenas de diferentes partes del país y dos representantes de entidades no gubernamentales.
Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y contó con el apoyo político de organizaciones indígenas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento técnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relación con el Estado brasileño. Participaron en los encuentros cerca de mil indígenas, donde en tal "substitución" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea indígena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este año de 2009 entre los días 4 y 8 de mayo, una versión preliminar, aprobada en el ámbito de la CNPI pocos días antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus líneas básicas. En la ocasión, fue lanzada oficialmente la creación de una organización indígena de representación nacional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Un análisis a profundidad de ese proceso aún está por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la dinámica de los encuentros habría inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploración de recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Indígenas, cuestionable en varios aspectos, que está presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista diseñado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero aún cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusión productiva, como contrapunto la otra noción no menos problemática cuando aplicada para interpretar la condición de los pueblos indígenas en Brasil, la noción de pobreza, viene informando y formateando políticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil político predominante en el Congreso Nacional brasileño en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas allí ocurrido resulta en un texto donde predomine una visión liberal más radical en el plano socioeconómico, que induzca a los indígenas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).
Consideraciones finales
A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemológicas, demográficas, organizativas y, principalmente, políticas que hoy se evidencia para la formulación e implementación de una estrategia de refundación del Estado brasileño, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminación y autonomía territorial indígena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder Legislativo brasileño. Digo retomar porque, a lo largo de los años 1990, ese asunto quedó relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes indígenas en los Legislativos estatal y federal y la constitución de un "parlamento indígena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento indígena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcación y regularización de los territorios; la creación de un subsistema de educación escolar; la estructuración de un subsistema de servicios de salud también específico, la elaboración de un nuevo "estatuto de los pueblos indígenas"; la institucionalización del asociacionismo indígena y de organizaciones de representación; es la creación de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los años 1990 el movimiento indígena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comité con una acción de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.
Un parlamentario indígena en la Cámara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocución con el Estado brasileño. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma política del Estado brasileño. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el país. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político en Brasil, resultado de casi cuatro años de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creación de mecanismos legales que garanticen la representación directa de los pueblos indígenas en las elecciones proporcionales en el país, como el ejemplo de países como Venezuela y Colombia. La creación de un sistema propio de elección, que no pasaría por el sistema partidario hoy existente.
Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo indígena Baniwa, pueblo que habita en la región fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicación organizada por nosotros en 2004 él presentó una propuesta de "parlamento indígena". En su visión, ese "parlamento" sería un espacio de articulación de los movimientos etnopolíticos indígenas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos indígenas, en la cual estarían representadas sus aspiraciones legítimas. En su visión, ella podría muy bien ser parte de un nuevo modelo de relación institucional de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad no indígena en Brasil: un Estado Plurinacional.
Hace recordar también del proceso de discusión sobre "alternativas de fortalecimiento de la participación indígena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociación con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APONME) y otros líderes y organizaciones indígenas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del país entre los años de 2003 y 2005.
Llego al final de este texto con la sensación de que estamos frente a un gran desafío. Será necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovación y disposición para enfrentar las barreras administrativas, políticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos indígenas. En este momento, en el que se retoma en el ámbito del Congreso Nacional la discusión sobre la necesidad de una legislación específica, en substitución al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir fórmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento indígena brasileño busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transición para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad estén en la raíz de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicación aportará contribuciones positivas.
Notas
La reflexión desarrollada por Héctor Díaz-Polanco (2006a, 2006b), El respeto de La "dificultad" teórica y política de La izquierda clásica latinoamericana para tratar la demanda de autonomía de los pueblos indígenas, es un bien punto de partida para pensar el contexto brasileño. El va mostrar, por ejemplo, que la desconsideración de la dimensión del reconocimiento (de la diversidad) acaba fortaleciendo tesis liberales (o neoliberales), contrarias a la demarcación de las "tierras indígenas" y al derecho de esos pueblos sobre los recursos naturales en la existentes.
Slajov Zizek (2005) va a llamar ese proceso como una nueva lógica multicultural del capitalismo multinacional. Esa "apertura" a la diversidad cultural e incorporación de demandas de los movimientos indígenas por los Estados se manifestó en varios países latino-americanos desde los primeros años de la década de 1990, cf. Bretón (2001, 2005), Guerrero & Ospina (2003), Verdum (2006), Hale (2007).
Ver Marés 1996; Bengoa 2000; Van Cott 2004; Montejo 2004; Bello 2004; Díaz-Polanco 2005; Dávalos 2005; Clavero 2008; Walsh 2009.
Para mayores detalles ver: CEDI 1987, 1991; Lacerda 2008.
La Enmienda Constitucional No. 1, de 17 de octubre de 1969, que modifica el texto constitucional de 1967, estabelece en el Artigo 198 que "Las tierras habitadas por los silvícolas son inalienables em los términos que la ley federal los determine, cabiendo su posesión permanente y quedando reconocido su derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes". Como en las demás Constituciones del periodo republicano (1934, 1937 y 1946), la "tierra" fue el único artículo que mereció atención de los legisladores.
Ver Gaiger 1991; Verdum 2006b.
Después de pasar por varios ciclos productivos (monocultivo agrícola, extracción maderera etc.), con el consentimiento o implementado directamente por el Servicio de Protección al Indio (SPI) y por su sustituta, la Federación Nacional del Indio (Funai), a los pueblos indígenas viene siendo ofertada una nueva "oportunidad" para desarrollarse: el mercado de los "servicios ambientales".
Mayores detalles del caso RSS ver: www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=noticias
Ver Gagliari 1989; Favre 1998; Verdum 2006.
Ver Ricardo 1996; Albert 1997, 1998, 2001; Athias 2002.
Sobre el papel de las estratégias de la cooperación internacional en relación a los pueblos indígenas en América Latina, en particular en Brasil y en Ecuador, ver Breton 2001; Verdum 2006.
Ver Barroso-Hoffman et al. 2004; Ricardo 1996, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffman 2002; Verdum 2003, 2005a, 2005b, 2008.
Ver Santilli 1996; Araújo e Leitão 2002.
En marzo de 2000 el Gobierno Federal presenta nueva propuesta de Estatuto por medio del diputado federal Luciano Pizzatto (PFL-PR), que fue duramente criticado por el movimiento indígena y entidades de apoyo y por la bancada de oposición al gobierno en el Congreso Nacional. Ver Oliveira Pankararu 2006.
(*)Ricardo Verdum (verdum(a)inesc.org.br) Es Doctor en Antropología de América Latina y El Caribe por El Centro de Investigación y Pos-Graduación sobre las Américas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia (UnB), asesor sénior de políticas indígena y socioambiental del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org.
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Recursos
Albert, Bruce S. "Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia Brasileira" In Ricardo, Carlos A. (ed.). Povos Indígenas no Brasil (1996-2000), São Paulo: Instituto Socioambiental, pp. 197-207, 2001.
Albert, Bruce S. "Ethnographic situation and ethnic movements. Notes on post-Malinowskian fielwork", Critique of Anthropology, 17 (1): 53-65, 1997.
Albert, Bruce S. "Territorialité, ethnopolitique et devéloppement: à propos du mouvement indien en Amazonie brésilienne", Cahiers des Ameriques Latines, 23: 177-210, 1998.
Araújo, Ana Valéria & Leitão, Sérgio, "Direitos indígenas: avanços e impasses pós-1988" In Antônio Carlos Souza Lima & Maria Barroso-Hoffmann (orgs.), Além da Tutela: Bases para uma Nova Política Indigenista, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, Pp. 23-33, 2002.
Athias, Renato "Temas, Problemas e perspectivas em etnodesenvolvimento: uma lectura a partir dos projetos apoiados pela OXFAM (1972-1992)" In Souza Lima, Antônio Carlos & Barroso-Hoffmann, Maria (orgs.), Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: Bases para uma Nova Política Indigenista, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, Pp. 49-86, 2002.
Barroso-Hoffmann, Maria et al. "A administração pública e os povos indígenas". Em: Rocha, Denise & Bernardo, Maristela, A Era FHC e o Governo Lula: Transição? Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, Pp. 295-325, 2004.
Bello, Álvaro, Etnicidad y ciudadanía en América Latina: La acción colectiva de los pueblos indígenas, Santiago, CEPAL, 2004
Bengoa, José, La emergencia indígena en América Latina, Chile, Fundo de Cultura Económica, 2000.
Bretón, Víctor, Capital Social y Etnodesarrollo en los Andes, Quito, Ecuador, Centro Andino de Acción Popular, 2005.
Bretón, Víctor, Cooperación al Desarrollo y Demandas Étnicas en los Andes Ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo, Quito, Ecuador/ Lleida, España, FLACSO/ Ediciones de la Universitar de Lleida, GIEDEM, 2001.
Centro Ecumênico de Documentação e Informação, Povos Indígenas no Brasil 1985/86, São Paulo, CEDI, 1987.
Centro Ecumênico de Documentação e Informação, Povos Indígenas no Brasil 1987/88/89/90, São Paulo, CEDI, 1991.
Clavero, Bartolomé, Geografía Jurídica de América Latina. Pueblos Indígenas entre Constituciones Mestizas, México: Siglo XXI, 2008.
Dávalos, Pablo (comp.), Pueblos Indígenas, Estados y Democracia, Buenos Aires, Argentina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005.
Díaz-Polanco, Héctor, Autonomía Regional: La autodeterminación de los pueblos indígenas, México, Siglo XXI, 1991.
Díaz-Polanco, Héctor, El Laberinto de la Identidad, Mexico, Universidad nacional Autónoma de México, 2006.
Díaz-Polanco, Héctor, Elogio de la Diversidad: Globalización, multiculturalismo y etnofagía, México: Siglo XXI, 2006.
Favre, Henri, El Indigenismo, México, Fondo de Cultura Económica, (1996) 1998.
Gagliardi José Mauro, O Indígena e a República, São Paulo, Hucitec, EdUSP, Secretaria de Estado da Cultura, 1989.
Guerrero Cazar, Fernando, Ospina Peralta, Pablo, El Poder de la Comunidad: Ajuste Estructural y Movimiento Indígena e los Andes Ecuatorianos, Buenos Aires, FLACSO, 2003.
Hale, Charles R., "Puede el Multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y política de la identidad en Guatemala", In María l. Lagos y Pamela Calla (comp.), Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, La Paz, PNUD, 2007.
Lacerda, Rosane. Os Povos Indígenas e a Constituinte (1987 –1988), Brasília, Conselho Indigenista Missionário, 2008.
Marés de Souza Filho, Carlos Frederico. "As constituições americanas e os Povos indígenas" In RICARDO, Carlos Alberto (ed.) Povos Indígenas no Brasil: 1991-1995, São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996.
Montejo, Paulino. "Povos indígenas e política partidária na América Latina" In COSTA, Luciana e Verdum, Ricardo, Índios e Parlamentos, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2004.
Olveira Pankararu, Paulo Celso "Prometo Permanece Paralisado desde 1994" In RICARDO, Carlos Alberto & RICARDO Fany (eds.) Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005, São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.
Ribeiro, Gustavo Lins, "Ambientalismo e desenvolvimento sustentado. Nova ideologia/utopia do desenvolvimento". Série Antropologia, 123, Brasília, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 1992.
Ribeiro, Gustavo Lins, "Poder, redes e ideologias no campo do desenvolvimento", Série Antropologia, 383, Brasília, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, 2005.
Ricardo, Carlos Alberto (ed.), Povos Indígenas no Brasil (1996/2000), São Paulo: Instituto Socioambiental, 2000.
Ricardo, Carlos Alberto "Quem fala em nome dos índios?" In Povos Indígenas no Brasil (1991/1995), São Paulo: Instituto Socioambiental, pp. 90-100, 1996.
Santilli, Marcio "O Estatuto das Sociedades Indígenas" In RICARDO, Carlos Alberto (ed.) Povos Indígenas no Brasil: 1991-1995, São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996.
Souza Lima, Antonio Carlos de & BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.) Estado e Povos Indígenas: Bases para uma Nova Política Indigenista II, Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2002.
Van Cott, Donna Lee. "História político-partidária do movimento indígena na América Latina" In COSTA, Luciana e VERDUM, Ricardo, Índios e Parlamentos, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2004.
Verdum, Ricardo, (org.) Assistência Técnica e Financeira para o Desenvolvimento Indígena, Rio de Janeiro: Editora Contra Capa/ Brasília: NEAD, 2005a.
Verdum, Ricardo, "Avanços e retrocessos da política indigenista", Boletim Orçamento & Política Socioambiental, 12, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 12 p., 2005b.
Verdum, Ricardo, "El indigenismo brasileño en tiempos de multiculturalismo", Alteridades, 18 (25): 33-46, México, 2008.
Verdum, Ricardo, "Os direitos indígenas no Governo Lula", Boletim Orçamento & Políticas Socioambientais, 7, Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 10 p., 2003.
Verdum, Ricardo, Etnodesenvolvimento: Nova / Velha Utopia do Indigenismo, Brasília, Universidade de Brasília, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, 2006.
Walsh, Catherine, "Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico", In Judith Salgado (comp.), Justicia Indígena: Aportes para un debate, Quito, Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, 2002, p. 23-35.
Walsh, Catherine, Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época, Quito, Equador, Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya-Yala, 2009.
Zizek, Slavoj, "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", In Frederic Jameson y Slavoj Zizek, Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Barcelona, Paidós, 3ª edição, 2005.
domingo, 16 de agosto de 2009
EGIPTO: Mercado de carbono está verde para contaminadores
Por Cam McGrath
EL CAIRO, ago (IPS/IFEJ) - El problema de la contaminación en Egipto es una potencial mina de oro, si el país consolida su participación en el lucrativo mercado internacional de carbono.
La comercialización de créditos de carbono, que mueve 130.000 millones de dólares, creció a partir de la idea de que, para controlar el cambio climático, de dónde venga el dióxido de carbono es menos importante que la cantidad total que se libere a la atmósfera.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) para abordar el cambio climático, es un instrumento mediante el cual las naciones ricas pueden superar sus cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero si financian proyectos para reducirlas en los países en desarrollo.
Los proyectos registrados en el marco del MDL reciben créditos por cada tonelada reducida de dióxido de carbono o su equivalente. Esos certificados pueden venderse directamente a las empresas contaminantes de naciones industriales, o indirectamente a través de un intermediario o gerente de fondos.
China, mayor emisor mundial de gases invernadero, también es líder en proyectos de energías limpias. El gigante industrial registró 586 proyectos bajo el MDL, que se espera generen 181 millones de créditos de carbono anuales, o alrededor de 59 por ciento del total del planeta.
India y Brasil han registrado proyectos de MDL que representan 12 y siete por ciento, respectivamente, de los créditos anuales totales.
Los laxos controles ambientales de Egipto lo convierten en un importante candidato para soluciones simples y baratas de reducción de emisiones. En 2005 el gobierno designó una autoridad nacional para el MDL, que ha registrado apenas cuatro proyectos por un valor anual promedio de 1,79 millones de créditos de carbono, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
"Egipto no ha vislumbrado el negocio", dijo Kilian Baelz, director en funciones del Centro Regional para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética, una organización de expertos con sede en El Cairo.
"Hay países como India y China que ven al MDL como una oportunidad de hacer negocios para financiar proyectos a gran escala, por ejemplo de infraestructura, mientras que en Egipto el MDL es percibido como un procedimiento burocrático más. Así, el proceso es engorroso y las actividades de la autoridad designada es más bien restrictiva", agregó.
Carbon Egypt, subsidiaria de Carbon Projektentwicklung, con sede en Viena, se convirtió en la primera empresa en intermediar en un proyecto de MDL en Egipto.
En esa oportunidad financió la instalación de una planta de tratamiento de gas en un complejo propiedad de Fertilizantes Abu Qir, mayor productor de Medio Oriente de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero.
Los filtros catalíticos de la planta absorben 99 por ciento de las 4.700 toneladas de óxido nitroso que emite el complejo por año, generando hasta 1,5 millones de créditos anuales de carbono.
Según el acuerdo, todos los créditos de carbono pertenecen a Carbon Egypt, que paga 30 por ciento de sus ingresos netos a la empresa fertilizadora estatal por el uso de sus instalaciones.
"El proyecto comenzó hace tres años e implicó cero riesgo para Abu Qir", explicó Hani Riskalla, gerente general de Carbon Egypt.
"Todo el financiamiento vino de (nuestro lado), el cliente no invirtió ni un centavo", añadió.
Según Riskalla, la mayoría de los créditos de carbono los compró la firma energética alemana RWE, para todo 2012, y el gobierno austriaco accedió a adquirir el resto.
Otros proyectos de MDL registrados por Egipto abarcan un sistema de captura de residuos de gases para una fábrica de carbono negro --un producto de la combustión incompleta de hidrocarburos que tiene varios usos industriales--, el secuestro de gas metano en un vertedero cercano a la septentrional ciudad de Alejandría, y una granja eólica de 120 megavatios en la costa del mar Rojo.
El Consejo Egipcio para el Mecanismo de Desarrollo Limpio también aprobó más de 50 proyectos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por el equivalente a 9,1 millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
La mayoría de estos proyectos involucran la conversión de maquinaria que quema combustibles fósiles a un sistema que emplee combustibles renovables y más limpios.
Un informe de 2006 elaborado por el Instituto Tabbin para los Estudios Metalúrgicos identificó a las actividades relacionadas con la energía como la fuente de 71 por ciento de las emisiones de gases invernadero en Egipto.
"Los sectores con las emisiones más altas son el principal objetivo para las medidas de reducción y la implementación de proyectos de MDL", señaló.
El estudio también citó varios obstáculos que disuaden a las firmas locales y a los inversores extranjeros de adoptar medidas para reducir las emisiones. "Los subsidios al combustible y la electricidad, los obstáculos burocráticos y los impuestos aduaneros limitan en cierto grado el atractivo y el potencial del MDL en el país", concluyó.
Algunos analistas en energía consideran que hay en juego factores externos. Entre ellos, la caída de los precios internacionales de los créditos de carbono, fenómeno que ha debilitado el interés empresarial por soluciones limpias.
"La crisis financiera ha golpeado muy duramente a las energías renovables por varias razones", destacó Baelz.
"Una razón es que la mayoría de estos proyectos se autofinancian, y se ha vuelto muy difícil conseguir estos fondos. Otra es que la economía mundial se está contrayendo y, por lo tanto, también la cuota de carbono que puede cumplirse. Pero no porque hayamos cambiado el modo en que vivimos y las tecnologías que usamos, sino simplemente porque, al contraerse la economía, las emisiones se están reduciendo", añadió.
También puede haber cierta reticencia a implementar proyectos de MDL, dada la incertidumbre que rodea al futuro del Protocolo de Kyoto, que expirará en 2012.
Se espera que el panorama se aclare en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en diciembre en Copenhague.
Riskalla confía en que el MDL siga implementándose para los países en desarrollo como incentivo para introducir tecnologías limpias. "E incluso si no existe (después de 2012), todavía tendremos que trabajar para minimizar las emisiones", dijo.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)
EL CAIRO, ago (IPS/IFEJ) - El problema de la contaminación en Egipto es una potencial mina de oro, si el país consolida su participación en el lucrativo mercado internacional de carbono.
La comercialización de créditos de carbono, que mueve 130.000 millones de dólares, creció a partir de la idea de que, para controlar el cambio climático, de dónde venga el dióxido de carbono es menos importante que la cantidad total que se libere a la atmósfera.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) para abordar el cambio climático, es un instrumento mediante el cual las naciones ricas pueden superar sus cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero si financian proyectos para reducirlas en los países en desarrollo.
Los proyectos registrados en el marco del MDL reciben créditos por cada tonelada reducida de dióxido de carbono o su equivalente. Esos certificados pueden venderse directamente a las empresas contaminantes de naciones industriales, o indirectamente a través de un intermediario o gerente de fondos.
China, mayor emisor mundial de gases invernadero, también es líder en proyectos de energías limpias. El gigante industrial registró 586 proyectos bajo el MDL, que se espera generen 181 millones de créditos de carbono anuales, o alrededor de 59 por ciento del total del planeta.
India y Brasil han registrado proyectos de MDL que representan 12 y siete por ciento, respectivamente, de los créditos anuales totales.
Los laxos controles ambientales de Egipto lo convierten en un importante candidato para soluciones simples y baratas de reducción de emisiones. En 2005 el gobierno designó una autoridad nacional para el MDL, que ha registrado apenas cuatro proyectos por un valor anual promedio de 1,79 millones de créditos de carbono, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
"Egipto no ha vislumbrado el negocio", dijo Kilian Baelz, director en funciones del Centro Regional para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética, una organización de expertos con sede en El Cairo.
"Hay países como India y China que ven al MDL como una oportunidad de hacer negocios para financiar proyectos a gran escala, por ejemplo de infraestructura, mientras que en Egipto el MDL es percibido como un procedimiento burocrático más. Así, el proceso es engorroso y las actividades de la autoridad designada es más bien restrictiva", agregó.
Carbon Egypt, subsidiaria de Carbon Projektentwicklung, con sede en Viena, se convirtió en la primera empresa en intermediar en un proyecto de MDL en Egipto.
En esa oportunidad financió la instalación de una planta de tratamiento de gas en un complejo propiedad de Fertilizantes Abu Qir, mayor productor de Medio Oriente de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero.
Los filtros catalíticos de la planta absorben 99 por ciento de las 4.700 toneladas de óxido nitroso que emite el complejo por año, generando hasta 1,5 millones de créditos anuales de carbono.
Según el acuerdo, todos los créditos de carbono pertenecen a Carbon Egypt, que paga 30 por ciento de sus ingresos netos a la empresa fertilizadora estatal por el uso de sus instalaciones.
"El proyecto comenzó hace tres años e implicó cero riesgo para Abu Qir", explicó Hani Riskalla, gerente general de Carbon Egypt.
"Todo el financiamiento vino de (nuestro lado), el cliente no invirtió ni un centavo", añadió.
Según Riskalla, la mayoría de los créditos de carbono los compró la firma energética alemana RWE, para todo 2012, y el gobierno austriaco accedió a adquirir el resto.
Otros proyectos de MDL registrados por Egipto abarcan un sistema de captura de residuos de gases para una fábrica de carbono negro --un producto de la combustión incompleta de hidrocarburos que tiene varios usos industriales--, el secuestro de gas metano en un vertedero cercano a la septentrional ciudad de Alejandría, y una granja eólica de 120 megavatios en la costa del mar Rojo.
El Consejo Egipcio para el Mecanismo de Desarrollo Limpio también aprobó más de 50 proyectos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por el equivalente a 9,1 millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
La mayoría de estos proyectos involucran la conversión de maquinaria que quema combustibles fósiles a un sistema que emplee combustibles renovables y más limpios.
Un informe de 2006 elaborado por el Instituto Tabbin para los Estudios Metalúrgicos identificó a las actividades relacionadas con la energía como la fuente de 71 por ciento de las emisiones de gases invernadero en Egipto.
"Los sectores con las emisiones más altas son el principal objetivo para las medidas de reducción y la implementación de proyectos de MDL", señaló.
El estudio también citó varios obstáculos que disuaden a las firmas locales y a los inversores extranjeros de adoptar medidas para reducir las emisiones. "Los subsidios al combustible y la electricidad, los obstáculos burocráticos y los impuestos aduaneros limitan en cierto grado el atractivo y el potencial del MDL en el país", concluyó.
Algunos analistas en energía consideran que hay en juego factores externos. Entre ellos, la caída de los precios internacionales de los créditos de carbono, fenómeno que ha debilitado el interés empresarial por soluciones limpias.
"La crisis financiera ha golpeado muy duramente a las energías renovables por varias razones", destacó Baelz.
"Una razón es que la mayoría de estos proyectos se autofinancian, y se ha vuelto muy difícil conseguir estos fondos. Otra es que la economía mundial se está contrayendo y, por lo tanto, también la cuota de carbono que puede cumplirse. Pero no porque hayamos cambiado el modo en que vivimos y las tecnologías que usamos, sino simplemente porque, al contraerse la economía, las emisiones se están reduciendo", añadió.
También puede haber cierta reticencia a implementar proyectos de MDL, dada la incertidumbre que rodea al futuro del Protocolo de Kyoto, que expirará en 2012.
Se espera que el panorama se aclare en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en diciembre en Copenhague.
Riskalla confía en que el MDL siga implementándose para los países en desarrollo como incentivo para introducir tecnologías limpias. "E incluso si no existe (después de 2012), todavía tendremos que trabajar para minimizar las emisiones", dijo.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
