Autor | Organizaciones de América Latina | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 18 agosto 2009 13:19
La construcción de una nueva arquitectura financiera regional requiere una incorporación decidida y profunda de la visión ambiental. Si ella está ausente, o relegada a un papel meramente testimonial y técnico, se reproducirán los procedimientos y problemas de las instituciones financieras clásicas, y cuyos efectos ambientales y socioambientales negativos han sido ampliamente documentados.
El ímpetu y compromiso con la integración regional latinoamericana y la crisis económica
global, antes que obstáculos, brinda nuevas oportunidades para incorporar esa dimensión ambiental que aliente una economía solidaria y sostenible.
La incorporación de la dimensión ambiental requiere diversos componentes, tanto en el plano de la nueva institucionalidad económica regional como específicamente en el seno del Banco del Sur. Este banco, por sus compromisos con el desarrollo económico, social y la integración regional, requiere de esa nueva visión.
Un nuevo estilo de desarrollo resulta imperioso para la región. Este debe basarse en aspectos no sólo económicos, sino especialmente socioambientales, tanto para poder aprovechar de manera sustentable las enormes riquezas ecológicas y culturales que albergan nuestros países, como por las crecientes evidencias de su pérdida y deterioro.
La visión del Banco del Sur debe incorporar desde el diseño inicial de sus políticas la justicia social y ambiental. En ese sentido, se debe contar con un Código de Ética vinculante en temas ambientales y socioambientales, en tanto sirve como inspiración y guía de las actividades de la institución. Una nueva estrategia de desarrollo y una nueva relación con la Naturaleza es una cuestión vital para avanzar en la construcción del Buen Vivir.
El Banco del Sur debe contar con criterios y salvaguardas ambientales a lo largo de todo el ciclo de sus proyectos, desde su concepción, durante su ejecución y una vez finalizados. También debe generar incentivos para consolidar otra forma de vida armónica con los ciclos de la Naturaleza y alentar otros estilos de producción y consumo, procesos productivos de menor impacto ambiental, uso cuidadoso de materia y energía, y una mayor generación de trabajo dignificante. Esos criterios, reconociendo la diversidad ecológica de la región, deben apuntar a los más altos estándares de calidad y exigencia para asegurar una adecuada conservación de nuestro patrimonio natural y cultural y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
En definitiva, se deberán priorizar iniciativas que se adapten a los ciclos, y balances de la Naturaleza, ajustarse a los ritmos propios de reproducción en los ecosistemas, respetar las formas de vida, salvaguardar los derechos de las poblaciones locales y los pueblos indígenas. O sea, una perspectiva que permita transitar hacia nuevas culturas respetuosas de la Naturaleza.
Las iniciativas que vinculen objetivos ambientales con la integración regional merecen especial atención. Entre ellos destacamos aquellas orientadas a fomentar un adecuado uso y manejo de las riquezas naturales compartidas y ecosistemas en zonas de frontera. El Banco debe ir más allá de las posturas convencionales que reducen la integración a formas de interconexión, especialmente como ejes de vinculación física.
Un similar problema se vive en muchos emprendimientos de interconexión energética. La integración, en la visión del Banco del Sur, debe ser asumida como un proceso más abarcador, que no se agota en simples reflexiones y cálculos comerciales. Debe ser una concepción de la integración que no puede poner en riesgo la vida de la Naturaleza y de las poblaciones locales. Esta nueva integración debe apuntar a políticas comunes en ambiente y desarrollo para reducir la presión sobre los ecosistemas, articular las producciones nacionales para reducir las asimetrías dentro de la región, y resolver los problemas de nutrición, pobreza y calidad de vida de nuestros propios pueblos, fomentando la soberanía alimentaria.
Los mecanismos clásicos para la evaluación y selección de proyectos han fracasado. Por eso, desde el Banco del Sur habrá que priorizar, no sólo dentro de la entidad, sino en toda la región, el diseño, difusión y práctica de sistemas de evaluación ajustados tanto a cada ecosistema como a los pueblos potencialmente afectados, los que deben incorporarse activamente en el proceso de selección, evaluación, consulta y consentimiento. Esas prácticas no pueden quedar restringidas a las evaluaciones económicas convencionales, sino que deben apelar a evaluaciones multicriteriales que incorporen los aspectos ecológicos, culturales, religiosos, etc. Las evaluaciones ambientales deberán ser más rigurosas en sopesar estos aspectos y propuestas de acción, para no ser apenas una justificación administrativa, ni procesos de consulta simbólicos. Esto exige procedimientos efectivos de acceso a la información y participación pública, que deben estar garantizados en todo momento por el Banco del Sur.
Es necesario subrayar la importancia de la consulta y participación activa de todas y todos, incluyendo decidídamente las nacionalidades indígenas, campesinos y otras poblaciones locales, mujeres y otros sectores sociales. Si bien ese objetivo es repetido con frecuencia en muchas declaraciones oficiales, en la práctica se mantienen limitaciones y opacidades y en muchos casos han desembocado en severos conflictos socio-ambientales en toda la región. Por lo tanto es necesario pasar a mecanismos e instrumentos que aseguren la información adecuada a las comunidades y su efectiva participación en el proceso de evaluación.
Existen muchos antecedentes del uso y aplicación de criterios y salvaguardas ambientales en estos y otros temas en la banca del desarrollo, tanto en los bancos multilaterales como regionales. El futuro Banco del Sur deberá aprovechar aquellas experiencias, muy especialmente sus errores, debilidades y limitaciones, para poder dar un paso hacia una institución de nueva generación donde esas condiciones ambientales y sociales efectivamente incorpore aspectos ambientales y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza en la práctica diaria del banco. Este nuevo banco debe apegarse siempre al principio que las actividades que financian “no dañen a las personas ni al ambiente”.
Enfrentados con la complejidad y diversidad de los ecosistemas latinoamericanos y caribeños, y su multiculturalidad, es evidente que las evaluaciones deben ser juiciosas y precavidas. Por lo tanto, el principio precautorio debe ser una referencia indiscutible en los procedimientos del banco. Este compromiso del Banco del Sur también debe nutrirse de los avances en la justicia social y ambiental, y entre ellos el paso sustantivo dado en Ecuador con el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en su nueva Constitución. Esta nueva visión sobre la valoración del ambiente debe ser incorporada
efectivamente en el Código de Ética del futuro banco.
Consecuentemente, el Banco del Sur no debería promover emprendimientos que afecten hábitats críticos, sitios de alta biodiversidad o endemismo, o que afecten especies en peligro, territorios indígenas o aquellos que amenacen la soberanía alimentaria. En cambio, debería apoyar iniciativas como la conservación y restauración de la Naturaleza, y el uso sustentable de los recursos naturales y permitan construir soberanías sobre esos recursos. Desde este punto de vista es indispensable que el Banco del Sur priorice sus recursos y créditos en aquellos proyectos que hagan realidad la soberanía alimentaria y la soberanía energética, especialmente desde la lógica de una soberanía regional a construir.
La región enfrenta urgencias en los sectores que combinan la calidad de vida, salud y la protección ambiental, tales como el saneamiento y el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y emisiones de gases, así como en la creciente dependencia de fuentes de energía fósil con sus consecuentes impactos sociales y ambientales, locales y globales. Todavía predomina un modelo económico extractivista, cuyas patologías son ampliamente conocidas. Superar esta perversa realidad es otra de las tareas que debe emprender el Banco del Sur. En resumen, este banco debe ser un actor que garantice el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.
El Banco del Sur, además, deberá prepararse para ser parte de las nuevas estructuras financieras regionales, subregionales y nacionales, que preparen a nuestros países para los inevitables impactos de los cambios climáticos que están produciéndose y se producirán a escala global.
Asimismo, a nivel global se deberá contribuir al manejo sustentable y eficiente de los flujos financieros. El banco no puede ser, en ninguna circunstancia, un partícipe de los procesos de especulación financiera clásica o de aquellos esquemas financieros que si bien puedan usar el rótulo de “instrumentos de financiamiento verdes”, en realidad reproducen la lógica de acumulación tradicional del capital financiero internacional. Es necesario alentar un mayor protagonismo de fondos y otros mecanismos de inversión que estén genuinamente inspirados en principios éticos sociales y ambientales. Asimismo, el Banco del Sur deberá ser un promotor para conseguir el resarcimiento de la deuda ecológica y social.
Los adherentes a esta declaración desean felicitar al gobierno de Ecuador, y en especial a la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional y el Banco del Sur, por su iniciativa en promover este debate plural a nivel continental. Consecuentemente esperamos que este liderazgo en esta materia se mantenga. Solicitamos a los gobiernos de los demás países de la región que apoyen la incorporación real y efectiva de una dimensión socioecológica en el futuro Banco del Sur. En ese camino, esperamos que todos los gobiernos concreten la puesta en marcha del Banco del Sur.
Los adherentes a esta declaración lo hacen, en unos casos a nivel institucional y en otros casos a título personal e individual.
En Quito, el 6 agosto 2009.
Organizaciones y redes:
Acción Ecológica, Ecuador
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay
Ecociencia, Ecuador
Ecuador Decide, Ecuador
FASE - Solidariedade e Educação, Brasil
Fundación Solón, Bolivia
Fundación Pachamama, Ecuador
GRAIN
Grito de los Excluidos Mesoamerica.
Instituto Equit, Brasil
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador
Instituto del Tercer Mundo (ITEM), Uruguay
Latindadd América Latina
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Bolivia
Nexos Culturales, Ecuador
Oilwatch Sudamérica
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP), Brasil
Red Internacional de Género y Comercio (IGTN), Capítulo Latinoamericano
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE),
capítulo Ecuador
Adhesiones personales:
Alberto Acosta, Quito, Ecuador
Paulo Bustillos, La Paz, Bolivia
María Fernanda Espinosa, Quito, Ecuador
Juan Vicente Troya, Quito, Ecuador
Tomás Hirsch, Santiago, Chile
Alvaro Zerda S., Bogotá, Colombia
Carlos Amat y León, Lima, Perú
Eugenia Correa, México, México.
Eduardo Gudynas, Montevideo, Uruguay
Joseph Vogel, San Juan, Puerto Rico.
Carlos Aguilar Sánchez, San José, Costa Rica
Natalie Weemaels, Quito, Ecuador
Roberto Bissio, Montevideo, Uruguay
José Benjamín Inuca, Quito, Ecuador
Jaime Brailh, Quito, Ecuador
Mariuxi Rivera, Quito, Ecuador
Ignacio Dobles, Costa Rica
Diana Conde, Quito, Ecuador
Javier Félix, Quito, Ecuador
Wimberley Díaz, Quito, Ecuador.
Renato Sánchez, Quito, Ecuador
Guido Tamayo, Quito, Ecuador
Francisco Vizcaíno, Quito, Ecuador
Catalina Noroña, Quito, Ecuador
Miguel A. Vázquez, Quito, Ecuador.
María José Pozo, Quito, Ecuador.
César Hermida Bustos, Quito, Ecuador.
* Declaración elaborada en el marco de la discusión de una nueva arquitectura financiera regional y la incorporación de la dimensión ambiental en el Banco del Sur.
La declaración no representa una resolución oficial del seminario taller celebrado sobre este tema bajo convocatoria de la Comisión Técnica Presidencial del Ecuador (agosto 2009).
ADHESIONES: Para presentar su adhesión institucional, o personal, escribir a: declaracionquito@gmail.com
Por favor distribuya y difunda la presente declaración, y aliente a nuevas instituciones y personas a sumarse a ella. Gracias.
sábado, 22 de agosto de 2009
viernes, 21 de agosto de 2009
ENERGÍA-EGIPTO: El Sol puede alumbrar el futuro
Por Cam McGrath
EL CAIRO, jul (IPS) - Egipto está en una de las zonas con mayor radiación solar del mundo, pero en vez de aprovecharla para generar energía aún depende en buena medida de los combustibles fósiles.
"Hay mucho potencial sin aprovechar aquí", aseguró Amr Mohsen, presidente y director general de Lotus Solar Technologies, una empresa egipcia especializada en energía solar.
"Hay mucho sol y la región tiene todo lo necesario para producir el kilovatio/hora más barato", añadió.
Egipto se encuentra en el "cinturón solar" de África septentrional, tiene una topografía desértica chata y cielos claros durante gran parte del año.
La concentración anual de los rayos del Sol promedia los 2.300 kilovatios por metro cuadrado en Egipto, alrededor de 130 por ciento de la que hay en Alemania. Pero se usa menos de 10 por ciento de tecnología solar por habitante que en ese país.
Egipto depende de las escasas reservas de gas y petróleo para cubrir más de 85 por ciento del consumo eléctrico.
Este país pretende que 20 por ciento de la demanda se cubra con fuentes renovables para 2020. Pero en esa proporción, la radiación solar sólo representa dos por ciento, el resto corresponderá a la energía hidroeléctrica y eólica.
Los paneles fotovoltaicos, que producen electricidad a partir de los rayos del Sol, se usan para hacer funcionar dispositivos de bajo consumo como estaciones repetidoras de telecomunicaciones y carteles publicitarios en la vía pública, pero no se ha logrado imponer iniciativas de uso doméstico como los calentadores solares de agua.
En Egipto, esos dispositivos ocupan "entre 400.000 y 500.000 metros cuadrados para una población de 80 millones de habitantes, pero la mitad de las unidades no funcionan", se lamentó Mohsen. "En cambio, en Israel, cubren seis millones de metros cuadrados para seis millones de personas".
La poca aceptación de esos dispositivos obedece a una variedad de factores, explicó el especialista, desde el alto costo de la inversión inicial, el miedo a los riesgos y la renuencia de los habitantes de edificios a compartir la pequeña superficie de la azotea.
"Alrededor de 90 por ciento de las torres residenciales de este país son de cinco pisos o más, con una población muy diversa", apuntó. "El techo se usa sobre todo para colocar antenas parabólicas y de televisión"
Un calentador solar de agua de 360 litros, que cubre el gasto diario de una familia pequeña, ocupa seis metros cuadrados y cuesta unos 1.200 dólares.
"La gente no los compra por el alto costo inicial y no hay incentivos del gobierno", señaló Gamil Nazir, técnico de ventas de Sistema de Energía Solar de Egipto.
La mayoría de los calentadores se instalaron en comunidades construidas a las afueras de las grandes ciudades a raíz de una decisión ministerial de mediados de los año 80 que impuso su obligatoriedad. Se colocaron unas 500.000 unidades, pero se estima que la mayoría no funcionan o están desconectadas, indicó Nazir.
Fue una buena resolución, reconoció Mohsen, pero la mala calidad de los calentadores disuadió a la gente.
El uso industrial de la energía solar sigue siendo uno de sus grandes potenciales sin explotar.
"Más de la mitad del combustible fósil usado en Egipto se destina a calentar agua o generar vapor, precisamente para lo que se usan los dispositivos solares", remarcó Mohsen.
Los calentadores sirven perfectamente para pasteurizar leche, esterilizar botellas y hacer funcionar lavaderos en decenas de miles de fábricas y empresas.
La primera planta de Egipto que reemplazó el gasóleo de las calderas generadoras de vapor por calentadores solares fue un laboratorio farmacéutico que comenzó a operar en 2004. Pero el proyecto experimental, con 2.000 metros cuadrados de paneles reflectantes, se frustró por la pésima ubicación dispuesta por las autoridades.
Las filas de espejos parabólicos se colocaron dentro un complejo industrial militar, donde les llegaban partículas corrosivas emitidas por una de las fábricas.
La caldera solar generó vapor y permitió comprobar la viabilidad del diseño, pese a que no se contempló el delicado revestimiento de los reflectores.
Salvo por algunas instalaciones turísticas en zonas alejadas de este país, las empresas locales se han mostrado reacias a probar la energía solar por problemas de espacio y por el alto costo de la tecnología.
Muchas compañías desconocen los incentivos financieros estatales a la energía solar.
Las fábricas que empleen fuentes de energía limpias pueden aspirar a recibir un subsidio del Centro de Modernización Industrial, ubicado en El Cairo, que asciende a 15 por ciento del costo de reconversión.
También pueden conseguir financiación mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, que permite que los países industrializados inviertan en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en el Sur en desarrollo en lugar de reducir emisiones en su territorio.
La disponibilidad de gas y petróleo subsidiado barato hace que las empresas no tengan incentivos para pasarse a la energía solar, explicó Mohsen.
"Con los subsidios, el capital inicial para abandonar el gasóleo se recupera en 10 años y si es gas natural, en seis. Pero si se elimina la subvención a éste último, el plazo se reduce a cuatro años. En ese caso, la gente lo pensaría", añadió.
Egipto está redactando una nueva legislación para regular el sector eléctrico que prevé eliminar los subsidios y, por primera vez, subvencionar las energías renovables. Pero lo que realmente puede marcar la diferencia es reformar las disposiciones municipales que rigen las nuevas construcciones.
"Los permisos de construcción no deben otorgarse si las nuevas edificaciones no prevén calentadores de agua solares en los techos", sostuvo el director de la Agencia de Asuntos Ambientales, Hisham El-Agamawy. "Será un incentivo para que los propietarios y los constructores piensen en verde".
Tras una gran demora comenzó la construcción de una planta de energía termosolar en Kureimat, 95 kilómetros al sur de El Cairo, que generará electricidad mediante dos ciclos termodinámicos coexistentes. La turbina de gas generará 150 megavatios y la caldera solar de vapor, 20.
La poca energía solar empleada no permitirá evaluar la viabilidad comercial del modelo, según algunos críticos, pero permitirá adquirir experiencia para futuras iniciativas.
Por último, Egipto es uno de los candidatos a participar en un proyecto de unos 550.000 millones de dólares para construir plantas termosolares en los desiertos de África septentrional para proveer a Europa de 15 por ciento de su demanda eléctrica para 2020.
Los egipcios comienzan a pensar que, si para los europeos resulta viable generar energía solar térmica en este país y transportarla miles de kilómetros hasta su territorio, el modelo puede llegar a ser útil en el ámbito local.
(FIN/2009)
EL CAIRO, jul (IPS) - Egipto está en una de las zonas con mayor radiación solar del mundo, pero en vez de aprovecharla para generar energía aún depende en buena medida de los combustibles fósiles.
"Hay mucho potencial sin aprovechar aquí", aseguró Amr Mohsen, presidente y director general de Lotus Solar Technologies, una empresa egipcia especializada en energía solar.
"Hay mucho sol y la región tiene todo lo necesario para producir el kilovatio/hora más barato", añadió.
Egipto se encuentra en el "cinturón solar" de África septentrional, tiene una topografía desértica chata y cielos claros durante gran parte del año.
La concentración anual de los rayos del Sol promedia los 2.300 kilovatios por metro cuadrado en Egipto, alrededor de 130 por ciento de la que hay en Alemania. Pero se usa menos de 10 por ciento de tecnología solar por habitante que en ese país.
Egipto depende de las escasas reservas de gas y petróleo para cubrir más de 85 por ciento del consumo eléctrico.
Este país pretende que 20 por ciento de la demanda se cubra con fuentes renovables para 2020. Pero en esa proporción, la radiación solar sólo representa dos por ciento, el resto corresponderá a la energía hidroeléctrica y eólica.
Los paneles fotovoltaicos, que producen electricidad a partir de los rayos del Sol, se usan para hacer funcionar dispositivos de bajo consumo como estaciones repetidoras de telecomunicaciones y carteles publicitarios en la vía pública, pero no se ha logrado imponer iniciativas de uso doméstico como los calentadores solares de agua.
En Egipto, esos dispositivos ocupan "entre 400.000 y 500.000 metros cuadrados para una población de 80 millones de habitantes, pero la mitad de las unidades no funcionan", se lamentó Mohsen. "En cambio, en Israel, cubren seis millones de metros cuadrados para seis millones de personas".
La poca aceptación de esos dispositivos obedece a una variedad de factores, explicó el especialista, desde el alto costo de la inversión inicial, el miedo a los riesgos y la renuencia de los habitantes de edificios a compartir la pequeña superficie de la azotea.
"Alrededor de 90 por ciento de las torres residenciales de este país son de cinco pisos o más, con una población muy diversa", apuntó. "El techo se usa sobre todo para colocar antenas parabólicas y de televisión"
Un calentador solar de agua de 360 litros, que cubre el gasto diario de una familia pequeña, ocupa seis metros cuadrados y cuesta unos 1.200 dólares.
"La gente no los compra por el alto costo inicial y no hay incentivos del gobierno", señaló Gamil Nazir, técnico de ventas de Sistema de Energía Solar de Egipto.
La mayoría de los calentadores se instalaron en comunidades construidas a las afueras de las grandes ciudades a raíz de una decisión ministerial de mediados de los año 80 que impuso su obligatoriedad. Se colocaron unas 500.000 unidades, pero se estima que la mayoría no funcionan o están desconectadas, indicó Nazir.
Fue una buena resolución, reconoció Mohsen, pero la mala calidad de los calentadores disuadió a la gente.
El uso industrial de la energía solar sigue siendo uno de sus grandes potenciales sin explotar.
"Más de la mitad del combustible fósil usado en Egipto se destina a calentar agua o generar vapor, precisamente para lo que se usan los dispositivos solares", remarcó Mohsen.
Los calentadores sirven perfectamente para pasteurizar leche, esterilizar botellas y hacer funcionar lavaderos en decenas de miles de fábricas y empresas.
La primera planta de Egipto que reemplazó el gasóleo de las calderas generadoras de vapor por calentadores solares fue un laboratorio farmacéutico que comenzó a operar en 2004. Pero el proyecto experimental, con 2.000 metros cuadrados de paneles reflectantes, se frustró por la pésima ubicación dispuesta por las autoridades.
Las filas de espejos parabólicos se colocaron dentro un complejo industrial militar, donde les llegaban partículas corrosivas emitidas por una de las fábricas.
La caldera solar generó vapor y permitió comprobar la viabilidad del diseño, pese a que no se contempló el delicado revestimiento de los reflectores.
Salvo por algunas instalaciones turísticas en zonas alejadas de este país, las empresas locales se han mostrado reacias a probar la energía solar por problemas de espacio y por el alto costo de la tecnología.
Muchas compañías desconocen los incentivos financieros estatales a la energía solar.
Las fábricas que empleen fuentes de energía limpias pueden aspirar a recibir un subsidio del Centro de Modernización Industrial, ubicado en El Cairo, que asciende a 15 por ciento del costo de reconversión.
También pueden conseguir financiación mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, que permite que los países industrializados inviertan en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en el Sur en desarrollo en lugar de reducir emisiones en su territorio.
La disponibilidad de gas y petróleo subsidiado barato hace que las empresas no tengan incentivos para pasarse a la energía solar, explicó Mohsen.
"Con los subsidios, el capital inicial para abandonar el gasóleo se recupera en 10 años y si es gas natural, en seis. Pero si se elimina la subvención a éste último, el plazo se reduce a cuatro años. En ese caso, la gente lo pensaría", añadió.
Egipto está redactando una nueva legislación para regular el sector eléctrico que prevé eliminar los subsidios y, por primera vez, subvencionar las energías renovables. Pero lo que realmente puede marcar la diferencia es reformar las disposiciones municipales que rigen las nuevas construcciones.
"Los permisos de construcción no deben otorgarse si las nuevas edificaciones no prevén calentadores de agua solares en los techos", sostuvo el director de la Agencia de Asuntos Ambientales, Hisham El-Agamawy. "Será un incentivo para que los propietarios y los constructores piensen en verde".
Tras una gran demora comenzó la construcción de una planta de energía termosolar en Kureimat, 95 kilómetros al sur de El Cairo, que generará electricidad mediante dos ciclos termodinámicos coexistentes. La turbina de gas generará 150 megavatios y la caldera solar de vapor, 20.
La poca energía solar empleada no permitirá evaluar la viabilidad comercial del modelo, según algunos críticos, pero permitirá adquirir experiencia para futuras iniciativas.
Por último, Egipto es uno de los candidatos a participar en un proyecto de unos 550.000 millones de dólares para construir plantas termosolares en los desiertos de África septentrional para proveer a Europa de 15 por ciento de su demanda eléctrica para 2020.
Los egipcios comienzan a pensar que, si para los europeos resulta viable generar energía solar térmica en este país y transportarla miles de kilómetros hasta su territorio, el modelo puede llegar a ser útil en el ámbito local.
(FIN/2009)
ENERGÍA: Sol de África para electrificar Europa
Por Julio Godoy
BERLIN, 29 jul (IPS) - Doce compañías alemanas se aliaron con el fin de implementar el ambicioso plan de cubrir, para 2020, al menos 15 por ciento de la demanda de electricidad de Europa con plantas termosolares instaladas en África septentrional.
Entre esas empresas, firmantes de la Iniciativa Industrial Desertec, figuran las mayores firmas alemanas en varios rubros: el bancario --Deutsche Bank--, los seguros --Muenchener Rueca--, la electricidad --E.on y RWE-- y el gigante de la electrónica Siemens.
Entre ellas planifican invertir unos 400.000 millones de euros (el equivalente a 560.000 millones de dólares) en instalaciones y en la modificación de la matriz energética europea, de modo de permitir la llegada de electricidad a través del mar Mediterráneo.
Las centrales termosolares también suministrarían electricidad a África septentrional. El plan responde a estudios realizados por el Club de Roma, una organización independiente dedicada al fomento al desarrollo, y el estatal Centro Aeroespacial Alemán.
En la promoción e implementación del proyecto ha jugadp un rol fundamental la Fundación Desertec, integrada por personalidades de Europa, el Maghreb y Medio Oriente dedicada a desarrollar mecanismos sustentables de producción y suministro de energía para esas regiones.
"Queremos lanzar una sociedad de riesgo compartido y tender planes concretos para Desertec en los próximos dos o tres años", dijo a IPS el director de Muenchener Rueck, Torsten Jeworreck.
"La energía solar limpia es el futuro de Siemens", dijo el gerente general de la compañía, Peter Loescher, el mes pasado en conferencia de prensa. "Nuestra empresa, y toda la economía, será más verde luego" de que concluya la actual crisis económica.
Siemens "participará activamente" en la Iniciativa Industrial Desertec, agregó.
"Las catástrofes ambientales causadas por el cambio climático constituyen, en el largo plazo, un problema mayor que la actual crisis financiera", sostuvo Jeworrek. "Nuestras estadísticas sobre seguros de las últimas décadas dicen que las catástrofes crecen de tres a cuatro por ciento cada año."
Según estimaciones de expertos alemanes en energía, la electricidad producida en África septentrional podría costar unos 0,06 euros por kilowatio-hora (kWh). En otras fuentes, el costo actual oscila entre 0,025 y 0,05 euros.
"Prácticamente todos los expertos coinciden en que el precio de la electricidad aumentará en los próximos años", dijo a IPS Bernd Schuessler, de la revista alemana Photon, especializada en energía.
El Centro Aeroespacial Alemán y el Club de Roma calcularon que una inversión de 400.000 millones de euros en los programas de Desertec puede lograr la instalación de una capacidad de producción eléctrica de 100 gigawatios para 2050.
Esta relación entre costos y beneficios es sumamente ventajosa en relación, por ejemplo, con la de Olkiluoto 3, una central nuclear en construcción en Finlandia, que costará 5.000 millones de euros y tendrá una capacidad de generación de 1,6 gigawatios.
El costo no incluye el costo del manejo de los residuos radiactivos ni del manejo de otras dificultades técnicas propias de los reactores nucleares.
El costo estimado de las centrales termosolares en el Maghreb incluye el tendido subterráneo de cables de alto rendimiento a través del mar mediterráneo. "En distancias de unos 500 o 600 kilómetros, los cables sólo cuestan entre 10 y 20 por ciento más que el tendido aéreo y no emiten radiación electromagnética", según el Centro Aeroespacial.
Expertos y activistas ambientalistas aplaudieron la iniciativa Desertec. "El proyecto es una de las respuestas más inteligentes a los problemas ambientales y económicos de nuestro tiempo", dijo a IPS Andree Boehling, experto en energía de Greenpeace Internacional.
"Al parecer, una parte importante del empresariado alemán se dio cuenta de que es hora de ampliar el uso de las fuentes renovables de energía y de decir adiós a los combustibles fósiles y a las centrales nucleares", agregó.
Según el ministro de Ambiente de Alemania, Signar Gabriel, dijo que el proyecto es "una idea excelente, tanto por sus implicancias en la política energética europea como en su carácter de programa de desarrollo para África septentrional".
Las centrales termosolares, en uso comercial desde 1985, usan espejos y lentes de aumento para concentrar la energía solar de modo de elevar la temperatura de agua en recipientes y producir electricidad con el paso del vapor resultante a través de turbinas.
El "calor residual" del proceso de producción de electricidad "puede utilizarse para desalinizar el agua marina", indicó el Club de Roma en un informe. "Si se recauda más energía de origen solar de la que se consume de día, el excedente puede almacenarse en baterías y utilizarse durante la noche."
"Las turbinas también funcionan con gas natural, por lo cual pueden brindar electricidad sin interrupciones en periodos en que el clima no es propicio" para producir con la luz solar, agrega el estudio del Club de Roma.
El proyecto beneficiará a las dos regiones, dijo a IPS Franz Trieb, del Centro Aeroespacial. "No será una nueva colonización energética del mundo árabe", sostuvo. "Por el contrario, ayudará a los estados de África septentrional y Medio Oriente a cubrir su creciente demanda de energía con recursos renovables y propios."
El proyecto de Desertec no es inmune a las críticas. El legislador socialdemócrata alemán Hermann Scheer, también presidente del Consejo Mundial para las Energías Renovables, lo consideró "otro superfluo generador gigante".
Scheer prefiere apoyar la instalación de plantas solares y eólicas de pequeño porte.
"El factor decisivo en la ecuación económica de las fuentes renovables de energía no es la razón entre electricidad producida e intensidad de la fuente, sino entre la producción y la inversión", opinó el legislador y activista.
Una simple operación aritmética indica, según Scheer, que "una red descentralizada de pequeños generadores solares y eólicos es más eficiente que proyectos de mayores dimensiones, dado el menor costo del transporte de la electricidad" a través del cableado.
Los ya numerosos generadores solares de electricidad ya instalados en Alemania "pueden competir con la energía solar del desierto del Sahara", aseguró. "En este país estamos a punto de abatir aun más los costos a través de la instalación de paneles solares en techos y fachadas de edificios", añadió.
Desde otro punto de vista, el proyecto Desertec es "excesivamente caro", según Lars Josefsson, gerente general de Vatenfall, una de las principales compañías de energía de Europa, y asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel.
Los costos del transporte de la energía del Maghreb a Europa a través del mar Mediterráneo "serían muy elevados", dijo Josefsson a la prensa. Para mí, el proyecto no es factible", concluyó. (FIN/2009)
BERLIN, 29 jul (IPS) - Doce compañías alemanas se aliaron con el fin de implementar el ambicioso plan de cubrir, para 2020, al menos 15 por ciento de la demanda de electricidad de Europa con plantas termosolares instaladas en África septentrional.
Entre esas empresas, firmantes de la Iniciativa Industrial Desertec, figuran las mayores firmas alemanas en varios rubros: el bancario --Deutsche Bank--, los seguros --Muenchener Rueca--, la electricidad --E.on y RWE-- y el gigante de la electrónica Siemens.
Entre ellas planifican invertir unos 400.000 millones de euros (el equivalente a 560.000 millones de dólares) en instalaciones y en la modificación de la matriz energética europea, de modo de permitir la llegada de electricidad a través del mar Mediterráneo.
Las centrales termosolares también suministrarían electricidad a África septentrional. El plan responde a estudios realizados por el Club de Roma, una organización independiente dedicada al fomento al desarrollo, y el estatal Centro Aeroespacial Alemán.
En la promoción e implementación del proyecto ha jugadp un rol fundamental la Fundación Desertec, integrada por personalidades de Europa, el Maghreb y Medio Oriente dedicada a desarrollar mecanismos sustentables de producción y suministro de energía para esas regiones.
"Queremos lanzar una sociedad de riesgo compartido y tender planes concretos para Desertec en los próximos dos o tres años", dijo a IPS el director de Muenchener Rueck, Torsten Jeworreck.
"La energía solar limpia es el futuro de Siemens", dijo el gerente general de la compañía, Peter Loescher, el mes pasado en conferencia de prensa. "Nuestra empresa, y toda la economía, será más verde luego" de que concluya la actual crisis económica.
Siemens "participará activamente" en la Iniciativa Industrial Desertec, agregó.
"Las catástrofes ambientales causadas por el cambio climático constituyen, en el largo plazo, un problema mayor que la actual crisis financiera", sostuvo Jeworrek. "Nuestras estadísticas sobre seguros de las últimas décadas dicen que las catástrofes crecen de tres a cuatro por ciento cada año."
Según estimaciones de expertos alemanes en energía, la electricidad producida en África septentrional podría costar unos 0,06 euros por kilowatio-hora (kWh). En otras fuentes, el costo actual oscila entre 0,025 y 0,05 euros.
"Prácticamente todos los expertos coinciden en que el precio de la electricidad aumentará en los próximos años", dijo a IPS Bernd Schuessler, de la revista alemana Photon, especializada en energía.
El Centro Aeroespacial Alemán y el Club de Roma calcularon que una inversión de 400.000 millones de euros en los programas de Desertec puede lograr la instalación de una capacidad de producción eléctrica de 100 gigawatios para 2050.
Esta relación entre costos y beneficios es sumamente ventajosa en relación, por ejemplo, con la de Olkiluoto 3, una central nuclear en construcción en Finlandia, que costará 5.000 millones de euros y tendrá una capacidad de generación de 1,6 gigawatios.
El costo no incluye el costo del manejo de los residuos radiactivos ni del manejo de otras dificultades técnicas propias de los reactores nucleares.
El costo estimado de las centrales termosolares en el Maghreb incluye el tendido subterráneo de cables de alto rendimiento a través del mar mediterráneo. "En distancias de unos 500 o 600 kilómetros, los cables sólo cuestan entre 10 y 20 por ciento más que el tendido aéreo y no emiten radiación electromagnética", según el Centro Aeroespacial.
Expertos y activistas ambientalistas aplaudieron la iniciativa Desertec. "El proyecto es una de las respuestas más inteligentes a los problemas ambientales y económicos de nuestro tiempo", dijo a IPS Andree Boehling, experto en energía de Greenpeace Internacional.
"Al parecer, una parte importante del empresariado alemán se dio cuenta de que es hora de ampliar el uso de las fuentes renovables de energía y de decir adiós a los combustibles fósiles y a las centrales nucleares", agregó.
Según el ministro de Ambiente de Alemania, Signar Gabriel, dijo que el proyecto es "una idea excelente, tanto por sus implicancias en la política energética europea como en su carácter de programa de desarrollo para África septentrional".
Las centrales termosolares, en uso comercial desde 1985, usan espejos y lentes de aumento para concentrar la energía solar de modo de elevar la temperatura de agua en recipientes y producir electricidad con el paso del vapor resultante a través de turbinas.
El "calor residual" del proceso de producción de electricidad "puede utilizarse para desalinizar el agua marina", indicó el Club de Roma en un informe. "Si se recauda más energía de origen solar de la que se consume de día, el excedente puede almacenarse en baterías y utilizarse durante la noche."
"Las turbinas también funcionan con gas natural, por lo cual pueden brindar electricidad sin interrupciones en periodos en que el clima no es propicio" para producir con la luz solar, agrega el estudio del Club de Roma.
El proyecto beneficiará a las dos regiones, dijo a IPS Franz Trieb, del Centro Aeroespacial. "No será una nueva colonización energética del mundo árabe", sostuvo. "Por el contrario, ayudará a los estados de África septentrional y Medio Oriente a cubrir su creciente demanda de energía con recursos renovables y propios."
El proyecto de Desertec no es inmune a las críticas. El legislador socialdemócrata alemán Hermann Scheer, también presidente del Consejo Mundial para las Energías Renovables, lo consideró "otro superfluo generador gigante".
Scheer prefiere apoyar la instalación de plantas solares y eólicas de pequeño porte.
"El factor decisivo en la ecuación económica de las fuentes renovables de energía no es la razón entre electricidad producida e intensidad de la fuente, sino entre la producción y la inversión", opinó el legislador y activista.
Una simple operación aritmética indica, según Scheer, que "una red descentralizada de pequeños generadores solares y eólicos es más eficiente que proyectos de mayores dimensiones, dado el menor costo del transporte de la electricidad" a través del cableado.
Los ya numerosos generadores solares de electricidad ya instalados en Alemania "pueden competir con la energía solar del desierto del Sahara", aseguró. "En este país estamos a punto de abatir aun más los costos a través de la instalación de paneles solares en techos y fachadas de edificios", añadió.
Desde otro punto de vista, el proyecto Desertec es "excesivamente caro", según Lars Josefsson, gerente general de Vatenfall, una de las principales compañías de energía de Europa, y asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel.
Los costos del transporte de la energía del Maghreb a Europa a través del mar Mediterráneo "serían muy elevados", dijo Josefsson a la prensa. Para mí, el proyecto no es factible", concluyó. (FIN/2009)
jueves, 20 de agosto de 2009
Bonos de carbono para la siembra directa y la sojización
Autor | Grupo de Reflexión Rural | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 18 agosto 2009 14:11
"¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para reclamar próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales? Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el INTA".
Los gobiernos acordaron en el año 1997el Protocolo de Kyoto, denominado de manera oficial como Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 , después que lo ratificaron 55 naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad el Convenio Marco cuenta con el respaldo de 166 países. El Protocolo de Kyoto, incluye entre otros acuerdos, y como artículo 12, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que habilita a los países industrializados para adquirir certificados de reducción de emisiones, comprando acciones en proyectos que supuestamente, secuestran o reducen las emisiones producidas. En la práctica, estos mecanismos habilitan a los países del hemisferio norte a contaminar en la medida en que inviertan bonos verdes en zonas captadoras de carbono, en los países del hemisferio sur.
En junio de 2005, el entonces Secretario de Medio Ambiente de Argentina, Atilio Savino, en una reunión habida sobre Cambio Climático en la ciudad de Buenos Aires, recibió a las principales entidades que representaban a los productores sojeros y maiceros. En la misma reunión participó Hernán Carlino, jefe de la Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio y presidente desde el 2005 hasta el 2007 de la mesa de acreditación de proyectos que aspiraban a inversiones de los MDL de las Naciones Unidas (recordemos que de bonos de carbono para la agricultura se comienza a hablar de manera oficial recién en Balí, en Diciembre del 2007). El funcionario, [1]que impulsaba las políticas de Estado del modelo sojero biotecnológico, explicó en ese encuentro, las posibilidades que se generaban para los agrocombustibles a partir de la implementación del protocolo de Kyoto: “Al crearse una restricción del carbono, aparecen alternativas comerciales muy interesantes”, manifestó, alentando el optimismo de la audiencia agroempresarial. El Ingeniero Santiago Lorenzatti, Coordinador General de AAPRESID, por aquel entonces a cargo del Proyecto de certificación de la siembra directa, sacó a luz la gran preocupación que animaba a los sojeros, cuando preguntó, acerca de qué posibilidades había de proponer a los cultivos agrícolas industriales, como una de las alternativas en materia de secuestro de carbono, para poder entrar en el comercio de las emisiones. El funcionario Hernán Carlino respondió, que: “esa propuesta no contó hasta ahora con “socios” internacionales de peso, pero que se intentará reabrir el debate, dado el interés que reviste para el país, líder mundial en siembra directa”.
AAPRESID ha creado actualmente, la marca registrada “Agricultura Certificada” cuyo titular es justamente, el mismo Santiago Lorenzatti, el mismo que en el 2005 preguntara sobre las posibilidades de que los monocultivos de soja entraran en el comercio de las emisiones. En el año 2008, el mismo personaje, se anticipaba al futuro al manifestar: “Buscamos entrar al mercado de bonos de carbono, pero luego vimos que en el protocolo de Kyoto no estaba reconocida la siembra directa como actividad secuestrante... Se optó entonces por un esquema proactivo, apuntando a diferenciarse y a diseñar un protocolo para llegar a una certificación de las buenas prácticas contenidas en un sistema que la Argentina ha logrado exportar a otros países. Al cabo de 30 años de siembra directa, se comienzan a ver los frutos...Somos conscientes que adoptamos un sistema superador y sustentable. Hay que contabilizar que no más del nueve por ciento de la superficie mundial está bajo siembra directa; tenemos la oportunidad de posicionarnos para retener y capturar ese valor”.
En Agosto de 2009 los lobbistas sojeros respaldados siempre por el Estado argentino y en particular por el Ministerio de Relaciones exteriores, donde se ha producido un extraño ensamble funcionarial entre gente influida por las corporaciones, setentistas y estalinistas, parece que están logrando al fin su objetivo. La Oficina de Naciones para el Cambio Climático, acaba de introducir una nueva metodología para los créditos de carbono desde la agricultura, que beneficiará a la siembra directa química y a los monocultivos de soja. La metodología consiste en otorgar créditos de carbono a los cultivos que incluyan la inoculación de la soja y el maíz. Según los analistas financieros el inoculante beneficiado será el producido y patentado por Becker Underwood. Justamente, en el 2008, la compañía Becker Underwood firmó un acuerdo con Monsanto por el cual trabajarán en conjunto para la producción de tratamientos de las semillas de maíz, soja y algodón. Es decir, que el nuevo paquete tecnológico contendrá el glifosato y las bacterias de la Becker Underwood. Públicamente Becker Underwood admite que esa metodología fue diseñada por miembros de la propia compañía. De esa manera, la sojaRR podrá entrar en el mercado de carbono por el solo mérito de inocular las semillas. En estos días los lobbistas apuntan a que la siembra directa sea reconocida como secuestradora de carbono y así, es muy probable que en pocos meses, los territorios sojeros participen de la gigantesca ruleta financiera y subsidiaria, que se inaugurará a partir de fines del año, con el comercio internacional de los Bonos de Carbono. [2]
La gran diferencia entre el tratado de Kyoto y la próxima Conferencia sobre Cambio Climático que se realizará en el mes de Diciembre en Copenhague, será que Estados Unidos habrá de aceptar por primera vez, la necesidad de bajar las emisiones de dióxido de carbono. Recientemente, y casi en paralelo con la aprobación, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas, de la metodología de bonos de carbono para la inoculación de semillas, que beneficiaría a la siembra directa en la agricultura, el Gobierno norteamericano aprobó con media sanción, la Ley Climática, “climate bill” o Ley del clima. Esa legislación, de ser aprobada por el Senado, legitimaría y posibilitaría una ingeniería financiera monumental vinculada al mercado de los bonos de carbono. El New York times, anticipándose, refiere específicamente a un mercado de emisiones, en que probablemente, circulará un trillón de dólares y que sin lugar a dudas, aportará a restablecer los equilibrios financieros. Es evidente que, los políticos norteamericanos, en concertación con los lobistas de la industria biotecnológica, están haciendo lo posible para que la agricultura industrial sea la gran beneficiaria de los créditos de carbono, o sea, de los subsidios encubiertos para la siembra directa. Monsanto es la corporación que ha realizado mayores inversiones hasta la fecha en los procedimientos de lobby a los políticos que aprobaron el Climate Bill.
La prensa norteamericana toma la delantera de esa manera a favor de los nuevos escenarios a los que abre el mercado del carbono aplicado a la agricultura, escenarios que habrán de implicar altas inversiones y en las que el riesgo especulativo será importante. [3] Parte de esa especulación financiera, actualmente en crisis después de la debacle de los prestamos hipotecarios, conocidos como sub/prime, se reciclará entonces con los bonos de Carbono y sus nuevos mercados. De hecho, las nuevas burbujas ya comienzan a constituirse en los mercados globales. El titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados norteamericana Collin Peterson, en su reciente ponencia a los sojeros norteamericanos, les dijo que, con el climate bill, el precio de los granos aumentara de 1.8 a 4.6%. [4]
¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para reclamar próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales?
Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el INTA. Los productores deberán ofrecer asimismo datos fiables y verificables sobre la cantidad de urea utilizada, al menos en los últimas tres rotaciones completas de maíz y soja. Los controles muy probablemente los hagan los mismos sojeros desde AAPRESID, o acaso se pergeñarán mecanismos perversos a los efectos, desde la misma Mesa Redonda de la soja responsable, que conducen las Corporaciones y sus socios nativos. O sea que, una vez más, los zorros cuidarán del gallinero.
Con los bonos de carbono y los recientemente aprobados mecanismos de desarrollo limpio, la agricultura química de siembra directa, podrá iniciar su “revolución verde transgénica” en África y en otras partes del planeta, donde todavía los Agronegocios no son hegemónicos. De esa manera, y contra toda lógica de un discurso preocupado por los cambios climáticos, las Naciones Unidas están haciendo posible un avance sin precedentes en la mercantilización global de los alimentos y de la agricultura, a la vez que, legitimando concentraciones abrumadoras de las cadenas agroalimentarias que permitirán gigantescos negocios corporativos. El próximo tratado de Cambio Climático a celebrarse en el próximo mes de Diciembre en Copenhague, si es que no podemos detener estas tendencias políticas, ahondará la extensa situación de desruralización, descampesinización y desterritorialización del mundo rural. Las consecuencias de estas políticas serán las de incentivar hasta límites inimaginables la emigración forzosa hacia los países ricos y hacia las ciudades, acentuar el despoblamiento masivo de inmensos espacios del Planeta y provocar un hacinamiento cada vez más gigantesco en todas las grandes urbes transformadas en megalópolis inmanejables y al borde del colapso.
Por último, reafirmamos: que la Soberanía Alimentaria continúa constituyendo el eje principal de toda alternativa frente a las amenazas del modelo de los Agronegocios biotecnológicos; que es posible generar modelos productivos amigables con el entorno, que respeten los bienes comunes y que sean capaces de preservarlos para las próximas generaciones; que alimentarse, se ha convertido de manera creciente, en un acto político, un acto de conciencia, de insubordinación y resistencia, así como en una práctica que propicie redes rebeldes de comercialización a escala humana y de producciones familiares y de autosuficiencia alimentaria.
GRR. Grupo de Reflexión Rural
www.grr.org.ar
[1]http://cdm.unfccc.int/
El funcionario inicia la política decréditos para la incorporación de inoculantes en el 2007 cuando era el chair del accreditation borrad.
[2]http://www.seedquest.com/
[3] http://www.reuters.com/
[4]www.greenpacks.org/
"¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para reclamar próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales? Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el INTA".
Los gobiernos acordaron en el año 1997el Protocolo de Kyoto, denominado de manera oficial como Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 , después que lo ratificaron 55 naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad el Convenio Marco cuenta con el respaldo de 166 países. El Protocolo de Kyoto, incluye entre otros acuerdos, y como artículo 12, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que habilita a los países industrializados para adquirir certificados de reducción de emisiones, comprando acciones en proyectos que supuestamente, secuestran o reducen las emisiones producidas. En la práctica, estos mecanismos habilitan a los países del hemisferio norte a contaminar en la medida en que inviertan bonos verdes en zonas captadoras de carbono, en los países del hemisferio sur.
En junio de 2005, el entonces Secretario de Medio Ambiente de Argentina, Atilio Savino, en una reunión habida sobre Cambio Climático en la ciudad de Buenos Aires, recibió a las principales entidades que representaban a los productores sojeros y maiceros. En la misma reunión participó Hernán Carlino, jefe de la Oficina Argentina del Mecanismo de Desarrollo Limpio y presidente desde el 2005 hasta el 2007 de la mesa de acreditación de proyectos que aspiraban a inversiones de los MDL de las Naciones Unidas (recordemos que de bonos de carbono para la agricultura se comienza a hablar de manera oficial recién en Balí, en Diciembre del 2007). El funcionario, [1]que impulsaba las políticas de Estado del modelo sojero biotecnológico, explicó en ese encuentro, las posibilidades que se generaban para los agrocombustibles a partir de la implementación del protocolo de Kyoto: “Al crearse una restricción del carbono, aparecen alternativas comerciales muy interesantes”, manifestó, alentando el optimismo de la audiencia agroempresarial. El Ingeniero Santiago Lorenzatti, Coordinador General de AAPRESID, por aquel entonces a cargo del Proyecto de certificación de la siembra directa, sacó a luz la gran preocupación que animaba a los sojeros, cuando preguntó, acerca de qué posibilidades había de proponer a los cultivos agrícolas industriales, como una de las alternativas en materia de secuestro de carbono, para poder entrar en el comercio de las emisiones. El funcionario Hernán Carlino respondió, que: “esa propuesta no contó hasta ahora con “socios” internacionales de peso, pero que se intentará reabrir el debate, dado el interés que reviste para el país, líder mundial en siembra directa”.
AAPRESID ha creado actualmente, la marca registrada “Agricultura Certificada” cuyo titular es justamente, el mismo Santiago Lorenzatti, el mismo que en el 2005 preguntara sobre las posibilidades de que los monocultivos de soja entraran en el comercio de las emisiones. En el año 2008, el mismo personaje, se anticipaba al futuro al manifestar: “Buscamos entrar al mercado de bonos de carbono, pero luego vimos que en el protocolo de Kyoto no estaba reconocida la siembra directa como actividad secuestrante... Se optó entonces por un esquema proactivo, apuntando a diferenciarse y a diseñar un protocolo para llegar a una certificación de las buenas prácticas contenidas en un sistema que la Argentina ha logrado exportar a otros países. Al cabo de 30 años de siembra directa, se comienzan a ver los frutos...Somos conscientes que adoptamos un sistema superador y sustentable. Hay que contabilizar que no más del nueve por ciento de la superficie mundial está bajo siembra directa; tenemos la oportunidad de posicionarnos para retener y capturar ese valor”.
En Agosto de 2009 los lobbistas sojeros respaldados siempre por el Estado argentino y en particular por el Ministerio de Relaciones exteriores, donde se ha producido un extraño ensamble funcionarial entre gente influida por las corporaciones, setentistas y estalinistas, parece que están logrando al fin su objetivo. La Oficina de Naciones para el Cambio Climático, acaba de introducir una nueva metodología para los créditos de carbono desde la agricultura, que beneficiará a la siembra directa química y a los monocultivos de soja. La metodología consiste en otorgar créditos de carbono a los cultivos que incluyan la inoculación de la soja y el maíz. Según los analistas financieros el inoculante beneficiado será el producido y patentado por Becker Underwood. Justamente, en el 2008, la compañía Becker Underwood firmó un acuerdo con Monsanto por el cual trabajarán en conjunto para la producción de tratamientos de las semillas de maíz, soja y algodón. Es decir, que el nuevo paquete tecnológico contendrá el glifosato y las bacterias de la Becker Underwood. Públicamente Becker Underwood admite que esa metodología fue diseñada por miembros de la propia compañía. De esa manera, la sojaRR podrá entrar en el mercado de carbono por el solo mérito de inocular las semillas. En estos días los lobbistas apuntan a que la siembra directa sea reconocida como secuestradora de carbono y así, es muy probable que en pocos meses, los territorios sojeros participen de la gigantesca ruleta financiera y subsidiaria, que se inaugurará a partir de fines del año, con el comercio internacional de los Bonos de Carbono. [2]
La gran diferencia entre el tratado de Kyoto y la próxima Conferencia sobre Cambio Climático que se realizará en el mes de Diciembre en Copenhague, será que Estados Unidos habrá de aceptar por primera vez, la necesidad de bajar las emisiones de dióxido de carbono. Recientemente, y casi en paralelo con la aprobación, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas, de la metodología de bonos de carbono para la inoculación de semillas, que beneficiaría a la siembra directa en la agricultura, el Gobierno norteamericano aprobó con media sanción, la Ley Climática, “climate bill” o Ley del clima. Esa legislación, de ser aprobada por el Senado, legitimaría y posibilitaría una ingeniería financiera monumental vinculada al mercado de los bonos de carbono. El New York times, anticipándose, refiere específicamente a un mercado de emisiones, en que probablemente, circulará un trillón de dólares y que sin lugar a dudas, aportará a restablecer los equilibrios financieros. Es evidente que, los políticos norteamericanos, en concertación con los lobistas de la industria biotecnológica, están haciendo lo posible para que la agricultura industrial sea la gran beneficiaria de los créditos de carbono, o sea, de los subsidios encubiertos para la siembra directa. Monsanto es la corporación que ha realizado mayores inversiones hasta la fecha en los procedimientos de lobby a los políticos que aprobaron el Climate Bill.
La prensa norteamericana toma la delantera de esa manera a favor de los nuevos escenarios a los que abre el mercado del carbono aplicado a la agricultura, escenarios que habrán de implicar altas inversiones y en las que el riesgo especulativo será importante. [3] Parte de esa especulación financiera, actualmente en crisis después de la debacle de los prestamos hipotecarios, conocidos como sub/prime, se reciclará entonces con los bonos de Carbono y sus nuevos mercados. De hecho, las nuevas burbujas ya comienzan a constituirse en los mercados globales. El titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados norteamericana Collin Peterson, en su reciente ponencia a los sojeros norteamericanos, les dijo que, con el climate bill, el precio de los granos aumentara de 1.8 a 4.6%. [4]
¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para reclamar próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales?
Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el INTA. Los productores deberán ofrecer asimismo datos fiables y verificables sobre la cantidad de urea utilizada, al menos en los últimas tres rotaciones completas de maíz y soja. Los controles muy probablemente los hagan los mismos sojeros desde AAPRESID, o acaso se pergeñarán mecanismos perversos a los efectos, desde la misma Mesa Redonda de la soja responsable, que conducen las Corporaciones y sus socios nativos. O sea que, una vez más, los zorros cuidarán del gallinero.
Con los bonos de carbono y los recientemente aprobados mecanismos de desarrollo limpio, la agricultura química de siembra directa, podrá iniciar su “revolución verde transgénica” en África y en otras partes del planeta, donde todavía los Agronegocios no son hegemónicos. De esa manera, y contra toda lógica de un discurso preocupado por los cambios climáticos, las Naciones Unidas están haciendo posible un avance sin precedentes en la mercantilización global de los alimentos y de la agricultura, a la vez que, legitimando concentraciones abrumadoras de las cadenas agroalimentarias que permitirán gigantescos negocios corporativos. El próximo tratado de Cambio Climático a celebrarse en el próximo mes de Diciembre en Copenhague, si es que no podemos detener estas tendencias políticas, ahondará la extensa situación de desruralización, descampesinización y desterritorialización del mundo rural. Las consecuencias de estas políticas serán las de incentivar hasta límites inimaginables la emigración forzosa hacia los países ricos y hacia las ciudades, acentuar el despoblamiento masivo de inmensos espacios del Planeta y provocar un hacinamiento cada vez más gigantesco en todas las grandes urbes transformadas en megalópolis inmanejables y al borde del colapso.
Por último, reafirmamos: que la Soberanía Alimentaria continúa constituyendo el eje principal de toda alternativa frente a las amenazas del modelo de los Agronegocios biotecnológicos; que es posible generar modelos productivos amigables con el entorno, que respeten los bienes comunes y que sean capaces de preservarlos para las próximas generaciones; que alimentarse, se ha convertido de manera creciente, en un acto político, un acto de conciencia, de insubordinación y resistencia, así como en una práctica que propicie redes rebeldes de comercialización a escala humana y de producciones familiares y de autosuficiencia alimentaria.
GRR. Grupo de Reflexión Rural
www.grr.org.ar
[1]http://cdm.unfccc.int/
El funcionario inicia la política decréditos para la incorporación de inoculantes en el 2007 cuando era el chair del accreditation borrad.
[2]http://www.seedquest.com/
[3] http://www.reuters.com/
[4]www.greenpacks.org/
Desiertos verdes del suroccidente colombiano
Autor | Diego Alejandro Cardona | Idioma | Español | Pais | Colombia | Publicado | 18 agosto 2009 13:30
Las plantaciones forestales, o desiertos verdes como les denomina parte de los movimientos sociales, son motivo de preocupación y movilización, por sus graves impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos sobre territorios y comunidades locales.
Analizar la situación provocada por los monocultivos forestales de pino y eucalipto en el sur-occidente colombiano, especialmente en la región andina de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, nos acerca a la problemática que generan los desiertos verdes. No se trata de una situación aislada. Este caso representa una realidad común en todos los territorios afectados por la ocupación y expansión de los monocultivos forestales en toda la región andina del país. No obstante, los impactos en cada región dependen, obviamente, de las características locales, el sistema de ocupación y expansión empleado por empresas y/o proyectos forestales que operan de forma similar, y que afectan y destruyen elementos fundamentales para las formas de vida locales-tradicionales.
Estrategias de ocupación territorial . Uno de los impactos más relevantes en las regiones es la perdida de soberanía, territorial, alimentaria, política y sobre el patrimonio ambiental (agua, suelo, biodiversidad), una soberanía que deja de estar en manos de las comunidades cuando empresas o proyectos forestales ocupan las tierras con plantaciones, imponiendo las reglas o condiciones para el uso y disfrute del territorio. La ocupación de la que se habla se produce mediante diferentes estrategias, todas ellas con las mismas implicaciones:
Compra de tierras: Es una práctica común de las empresas forestales. Éste es el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, propietaria de buena parte de la tierra de varios municipios del sur-occidente, y que, por ejemplo, indica en su almanaque institucional de 2007 que ocupa más del 10% del territorio de varios municipios.
La compra de tierras sigue siendo una práctica por parte de esta multinacional, lo que incrementa los porcentajes de concentración en la tenencia de la tierra en regiones donde los campesinos reclaman y adelantan procesos de adjudicación para garantizar su permanencia en el territorio —caso evidente en los municipios de Guacarí y Buga (Valle del Cauca), donde la empresa intentó en 2006 comprar varias haciendas de particulares para establecer plantaciones, con la clara oposición de las comunidades locales que actualmente adelantan un proceso de solicitud de esas mismas propiedades ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
Alquiler de tierras: Otra forma de ocupación y control territorial es alquilar tierras, que pese a permanecer registradas como propiedad de un tercero, quedan bajo el condicionamiento, uso y restricción de las empresas forestales, con el atenuante de que por tratarse de cultivos permanentes la ocupación es por largos periodos de tiempo dependiendo de la especie cultivada (8 a 15 años), aunque en muchas zonas se encuentran plantaciones de mayor edad. El uso intensivo del suelo y su consecuente degradación, induce a muchos propietarios a vender las tierras a las empresas forestales luego del periodo de alquiler, obviamente por un precio más bajo del esperado por parte de los propietarios, al tratarse de suelos con mayor grado de degradación después del uso intensivo con plantaciones.
Contratos de cuentas en participación: Esta figura jurídica es empleada en la cuenca del río Chinchiná (Caldas), para el caso de plantaciones forestales implementadas como sumideros de carbono o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Forestales. Lo que se le propone a los propietarios es destinar toda o parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones forestales, mientras que el proyecto que las impulsa, Procuenca, se encarga de conseguir fondos públicos y otorgar créditos para la actividad, además de gestionar la negociación de créditos de carbono. Aunque pueda parecer una opción beneficiosa, los resultados tras más de siete años de aplicación muestran lo contrario: imposibilidad de decidir sobre el uso y manejo de las tierras plantadas, daños en las microcuencas, deforestación para el establecimiento de monocultivos forestales, falta de información clara y precisa sobre las implicaciones del proyecto, entre otros muchos efectos que se analizan con detalle en la publicación referida.
Privatización del agua: Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones científicas. Pero se trata de una “privatización por apropiación” que tiene impactos sobre el recurso hídrico y las comunidades: el agua es privatizada por parte de particulares que se “apropian” del agua, “privando” de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el acceso al bien común.
Las plantaciones de pino y eucalipto en el sur-occidente de Colombia se encuentran fundamentalmente en las zonas medias de las cordilleras central y occidental, zonas que coinciden con los sitios de mayor concentración de comunidades rurales y de nacimiento de fuentes de agua y recarga de acuíferos. Así pues, las plantaciones se instalan en sitios con suministro de agua, con el fin de garantizar su crecimiento y desarrollo. Finalmente, afectan la cantidad, calidad y acceso de agua para las comunidades locales.
Las investigaciones que realizan las empresas forestales, insisten en afirmar que no existen alteraciones de los ciclos hidrológicos y que por el contrario las plantaciones aumentan y regulan los caudales en la cuencas; las evidencias ratifican lo contrario. Un inventario de cauces y fuentes desaparecidas podría mostrar cómo esos cauces que ya no existen se encuentran en medio de plantaciones forestales de pino o eucalipto, realidad que puede ser constatada para el caso de la desaparición de la Quebrada Vanegas en el Corregimiento de Costa Rica (Municipio de Ginebra-Valle del Cauca). Esta fuente de agua disponía de caudal permanente y era usada para abastecer a los pobladores locales, práctica común hasta hace treinta años, cuando el nacimiento y parte del cauce quedaron inmersos dentro de una plantación de eucalipto, con lo que el caudal comenzó a disminuir, siendo inexistente en la actualidad.
En términos de calidad y acceso, puede citarse el caso de la Quebrada Bomboná en el Corregimiento de Cumbarco (Municipio de Sevilla-Valle del Cauca). Esta corriente hace parte de las fuentes de agua que abastecen el acueducto rural de la zona, pero al igual que en otros casos, su nacimiento se encuentra hoy día enmedio de una plantación forestal, violando claramente la Ley 99 de 1993 que declara estas zonas como de protección especial, al tiempo que contraviene la normatividad que exige la protección de 100 metros alrededor de las zonas de nacimiento de agua. La situación provocó la movilización comunitaria, que al encontrar parte del cauce extinto y la existencia de contaminación proveniente de los productos y prácticas de manejo de la plantación, tomaron medidas. Actualmente existe un proceso que demanda la responsabilidad de la empresa forestal ante la autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental, solicitado por el Consejo del municipio.
El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con el conflicto de “ocupación territorial”. Es decir, el hecho que un alto porcentaje de los nacimientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por “desiertos verdes”, imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La destrucción y degradación de los territorios en esa región es innegable y puede constatarse en documentos y pronunciamientos oficiales al respecto, por ejemplo la Resolución 360 del 26 de agosto de 1994 expedida por la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) que sancionó a la Reforestadora Andina (Filial de Smurfit Kappa-Cartón de Colombia) al establecer que “la responsabilidad de la compañía reforestadora está plenamente establecida toda vez que incumplió los requisitos técnicos y legales establecidos por la crq... situaciones que provocaron la alteración del medio ambiente, degradando los suelos por la quema y pérdida de la capa vegetal protectora y afectando gravemente el follaje del bosque natural, conducta que se considera atentatoria y grave en contra de la conservación y protección de los recursos naturales”.
Esa decisión, que da prueba de la deforestación de selvas nativas para establecer plantaciones forestales a gran escala, se repite en el caso del proyecto Procuenca, en cuyo caso algunos de los contratos reportan la existencia previa de cobertura forestal en áreas que luego fueron destinadas a plantaciones, lo que significa que deforestaron para dar paso al monocultivo.
Cuando estos conflictos empiezan a confluir en un territorio específico, y desaparecen formas de producción y trabajo, hay destrucción del tejido social, cierre de escuelas, supresión de rutas y medios de transporte (entre otros efectos acarreados por las plantaciones), se llega al impacto más drástico: “el desplazamiento y la desterritorialización de las comunidades locales” que abandonan los territorios ante las transformaciones provocadas por el modelo, que no da lugar a las formas tradicionales y sustentables de habitar el territorio. Lo anterior significa la desaparición paulatina de pueblos y culturas indígenas y campesinas.
Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas
Las plantaciones forestales, o desiertos verdes como les denomina parte de los movimientos sociales, son motivo de preocupación y movilización, por sus graves impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos sobre territorios y comunidades locales.
Analizar la situación provocada por los monocultivos forestales de pino y eucalipto en el sur-occidente colombiano, especialmente en la región andina de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, nos acerca a la problemática que generan los desiertos verdes. No se trata de una situación aislada. Este caso representa una realidad común en todos los territorios afectados por la ocupación y expansión de los monocultivos forestales en toda la región andina del país. No obstante, los impactos en cada región dependen, obviamente, de las características locales, el sistema de ocupación y expansión empleado por empresas y/o proyectos forestales que operan de forma similar, y que afectan y destruyen elementos fundamentales para las formas de vida locales-tradicionales.
Estrategias de ocupación territorial . Uno de los impactos más relevantes en las regiones es la perdida de soberanía, territorial, alimentaria, política y sobre el patrimonio ambiental (agua, suelo, biodiversidad), una soberanía que deja de estar en manos de las comunidades cuando empresas o proyectos forestales ocupan las tierras con plantaciones, imponiendo las reglas o condiciones para el uso y disfrute del territorio. La ocupación de la que se habla se produce mediante diferentes estrategias, todas ellas con las mismas implicaciones:
Compra de tierras: Es una práctica común de las empresas forestales. Éste es el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, propietaria de buena parte de la tierra de varios municipios del sur-occidente, y que, por ejemplo, indica en su almanaque institucional de 2007 que ocupa más del 10% del territorio de varios municipios.
La compra de tierras sigue siendo una práctica por parte de esta multinacional, lo que incrementa los porcentajes de concentración en la tenencia de la tierra en regiones donde los campesinos reclaman y adelantan procesos de adjudicación para garantizar su permanencia en el territorio —caso evidente en los municipios de Guacarí y Buga (Valle del Cauca), donde la empresa intentó en 2006 comprar varias haciendas de particulares para establecer plantaciones, con la clara oposición de las comunidades locales que actualmente adelantan un proceso de solicitud de esas mismas propiedades ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
Alquiler de tierras: Otra forma de ocupación y control territorial es alquilar tierras, que pese a permanecer registradas como propiedad de un tercero, quedan bajo el condicionamiento, uso y restricción de las empresas forestales, con el atenuante de que por tratarse de cultivos permanentes la ocupación es por largos periodos de tiempo dependiendo de la especie cultivada (8 a 15 años), aunque en muchas zonas se encuentran plantaciones de mayor edad. El uso intensivo del suelo y su consecuente degradación, induce a muchos propietarios a vender las tierras a las empresas forestales luego del periodo de alquiler, obviamente por un precio más bajo del esperado por parte de los propietarios, al tratarse de suelos con mayor grado de degradación después del uso intensivo con plantaciones.
Contratos de cuentas en participación: Esta figura jurídica es empleada en la cuenca del río Chinchiná (Caldas), para el caso de plantaciones forestales implementadas como sumideros de carbono o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Forestales. Lo que se le propone a los propietarios es destinar toda o parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones forestales, mientras que el proyecto que las impulsa, Procuenca, se encarga de conseguir fondos públicos y otorgar créditos para la actividad, además de gestionar la negociación de créditos de carbono. Aunque pueda parecer una opción beneficiosa, los resultados tras más de siete años de aplicación muestran lo contrario: imposibilidad de decidir sobre el uso y manejo de las tierras plantadas, daños en las microcuencas, deforestación para el establecimiento de monocultivos forestales, falta de información clara y precisa sobre las implicaciones del proyecto, entre otros muchos efectos que se analizan con detalle en la publicación referida.
Privatización del agua: Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones científicas. Pero se trata de una “privatización por apropiación” que tiene impactos sobre el recurso hídrico y las comunidades: el agua es privatizada por parte de particulares que se “apropian” del agua, “privando” de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el acceso al bien común.
Las plantaciones de pino y eucalipto en el sur-occidente de Colombia se encuentran fundamentalmente en las zonas medias de las cordilleras central y occidental, zonas que coinciden con los sitios de mayor concentración de comunidades rurales y de nacimiento de fuentes de agua y recarga de acuíferos. Así pues, las plantaciones se instalan en sitios con suministro de agua, con el fin de garantizar su crecimiento y desarrollo. Finalmente, afectan la cantidad, calidad y acceso de agua para las comunidades locales.
Las investigaciones que realizan las empresas forestales, insisten en afirmar que no existen alteraciones de los ciclos hidrológicos y que por el contrario las plantaciones aumentan y regulan los caudales en la cuencas; las evidencias ratifican lo contrario. Un inventario de cauces y fuentes desaparecidas podría mostrar cómo esos cauces que ya no existen se encuentran en medio de plantaciones forestales de pino o eucalipto, realidad que puede ser constatada para el caso de la desaparición de la Quebrada Vanegas en el Corregimiento de Costa Rica (Municipio de Ginebra-Valle del Cauca). Esta fuente de agua disponía de caudal permanente y era usada para abastecer a los pobladores locales, práctica común hasta hace treinta años, cuando el nacimiento y parte del cauce quedaron inmersos dentro de una plantación de eucalipto, con lo que el caudal comenzó a disminuir, siendo inexistente en la actualidad.
En términos de calidad y acceso, puede citarse el caso de la Quebrada Bomboná en el Corregimiento de Cumbarco (Municipio de Sevilla-Valle del Cauca). Esta corriente hace parte de las fuentes de agua que abastecen el acueducto rural de la zona, pero al igual que en otros casos, su nacimiento se encuentra hoy día enmedio de una plantación forestal, violando claramente la Ley 99 de 1993 que declara estas zonas como de protección especial, al tiempo que contraviene la normatividad que exige la protección de 100 metros alrededor de las zonas de nacimiento de agua. La situación provocó la movilización comunitaria, que al encontrar parte del cauce extinto y la existencia de contaminación proveniente de los productos y prácticas de manejo de la plantación, tomaron medidas. Actualmente existe un proceso que demanda la responsabilidad de la empresa forestal ante la autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental, solicitado por el Consejo del municipio.
El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con el conflicto de “ocupación territorial”. Es decir, el hecho que un alto porcentaje de los nacimientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por “desiertos verdes”, imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La destrucción y degradación de los territorios en esa región es innegable y puede constatarse en documentos y pronunciamientos oficiales al respecto, por ejemplo la Resolución 360 del 26 de agosto de 1994 expedida por la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) que sancionó a la Reforestadora Andina (Filial de Smurfit Kappa-Cartón de Colombia) al establecer que “la responsabilidad de la compañía reforestadora está plenamente establecida toda vez que incumplió los requisitos técnicos y legales establecidos por la crq... situaciones que provocaron la alteración del medio ambiente, degradando los suelos por la quema y pérdida de la capa vegetal protectora y afectando gravemente el follaje del bosque natural, conducta que se considera atentatoria y grave en contra de la conservación y protección de los recursos naturales”.
Esa decisión, que da prueba de la deforestación de selvas nativas para establecer plantaciones forestales a gran escala, se repite en el caso del proyecto Procuenca, en cuyo caso algunos de los contratos reportan la existencia previa de cobertura forestal en áreas que luego fueron destinadas a plantaciones, lo que significa que deforestaron para dar paso al monocultivo.
Cuando estos conflictos empiezan a confluir en un territorio específico, y desaparecen formas de producción y trabajo, hay destrucción del tejido social, cierre de escuelas, supresión de rutas y medios de transporte (entre otros efectos acarreados por las plantaciones), se llega al impacto más drástico: “el desplazamiento y la desterritorialización de las comunidades locales” que abandonan los territorios ante las transformaciones provocadas por el modelo, que no da lugar a las formas tradicionales y sustentables de habitar el territorio. Lo anterior significa la desaparición paulatina de pueblos y culturas indígenas y campesinas.
Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas
miércoles, 19 de agosto de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Público mundial más urgido que los gobiernos
Por Katie Mattern
WASHINGTON, 30 jul (IPS) - Un promedio de 60 por ciento de los 19.000 encuestados en 19 países representativos de todo el mundo consideran que el cambio climático es una alta prioridad, y apenas 18 por ciento creen que sus gobiernos toman la cuestión en serio.
La encuesta realizada entre abril y comienzos de julio por WorldPublicOpinion.org, proyecto del Programa de Actitudes Políticas Internacionales (PIPA) de la estadounidense Universidad de Maryland, constató que mayorías de entrevistados en 16 de los países analizados quieren que sus gobiernos le presten más atención al asunto.
Entre los países donde los encuestados aspiran a que las autoridades prioricen el cambio climático figuran China, Estados Unidos y Rusia, algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que, según la mayoría de los científicos, son la causa del fenómeno.
Los resultados del estudio de opinión pública se conocen cinco meses antes de la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, instancia convocada para diseñar un acuerdo sobre reducción de emisiones de gases invernadero que suceda al Protocolo de Kyoto, vigente hasta 2012.
Doce por ciento de los encuestados consideraron que los gobiernos debían minimizar la prioridad que le asignan al cambio climático, mientras 18 por ciento consideraron que se le daba al asunto una atención apropiada.
"Muchos líderes de gobiernos manifiestan preocupación porque dicen creer la ciudadanía de sus países no están realmente preparados para absorber el costo de luchar contra el cambio climático, pero la mayoría del público mundial parece impaciente porque esos mismos gobiernos no hacen lo suficiente para atacar el fenómeno", dijo el director de PIPA, Steven Kull.
Una encuesta con más de 26.000 entrevistados divulgada esta semana por el Proyecto sobre Actitudes Mundiales Pew constató que grandes mayorías en cada uno de los 25 países analizados consideraban al recalentamiento planetario un problema "serio" y "muy serio".
El estudio de Pew también corroboró que la preocupación por los cambios en los patrones climáticos mundiales había crecido mucho en muchos de los países desde que se realizó el primer sondeo al respecto el año pasado.
Pero esta encuesta señala que la preocupación en el público de los países que más gases invernadero emiten era menor que en los restantes: 44 por ciento de los entrevistados estadounidenses y 30 por ciento de los chinos lo consideraron un problema "muy serio", las proporciones más bajas entre los países analizados.
En cambio, dos tercios de los encuestados en India --otro gran emisor-- lo calificó de problema "muy serio", y los de Brasil fueron, por lejos, los más preocupados: nueve de cada 10 entrevistados asignaron ese calificativo.
Sesenta y dos por ciento de los encuestados chinos, 56 por ciento de los rusos y 52 por ciento de los estadounidenses dijeron aspirar a que sus respectivos gobiernos hicieran más para combatir el cambio climático, según PIPA.
El diseño de este estudio implicaba pedir a los entrevistados que ubicara la importancia que asignaban al problema en una escala de cero ("para nada prioritario") a diez ("muy alta prioridad"). El promedio mundial fue de 7,3.
Los puntajes más altos correspondieron a México (9,09), China (8,86), Turquía (8,34) y Francia (8,03). Los más bajos, a Esados Unidos (4,71), Palestina (4,91) e Iraq (5,14).
En la mayoría de las naciones predomina la opinión de que los gobiernos deben elevar la prioridad del cambio climático en sus políticas. Los países donde el público disintió con ese punto de vista fueron Iraq, Kenia, Ucrania y Estados Unidos.
Pero en ninguna nación hubo más de uno de cada tres entrevistados para quienes este fenómeno debía ser relegado de la lista de prioridades políticas.
Ocho de cada 10 entrevistados surcoreanos, 79 por ciento de los mexicanos, 77 por ciento de los británicos y de los taiwaneses, 76 por ciento de los franceses y 70 por ciento de los nigerianos aspiran a que el cambio climático se ubique entre las principales prioridades de sus gobiernos.
Alemania fue la excepción: más de ocho de cada 10 encuestados consideran que para el gobierno ya es un asunto prioritario. Sin embargo, el sondeo de Pew calculó que seis de cada 10 entrevistados en ese país consideran el cambio climático un serio problema y 77 por ciento que el gobierno debe proteger el ambiente aunque eso enlentezca el crecimiento económico y cause pérdida de empleos.
El estudio de Pew no constató un consenso sobre la disposición del público a pagar más por la energía que consume para combatir el cambio climático.
Mayorías absolutas o relativas en 14 de las naciones analizadas --la mayoría europeas y asiáticas-- estuvieron de acuerdo en que "la gente debe estar dispuesta a pagar más caro para lidiar con el cambio climático mundial".
Pero las mayorías se pronunciaron por la posición contraria en 11 países, especialmente Egipto, Jordania, Indonesia, Argentina y México. *****
+Protocolo de Kyoto: Cobertura especial de IPS Noticia (http://ipsnoticias.net/_focus/cclimatico/index.asp) (FIN/2009)
WASHINGTON, 30 jul (IPS) - Un promedio de 60 por ciento de los 19.000 encuestados en 19 países representativos de todo el mundo consideran que el cambio climático es una alta prioridad, y apenas 18 por ciento creen que sus gobiernos toman la cuestión en serio.
La encuesta realizada entre abril y comienzos de julio por WorldPublicOpinion.org, proyecto del Programa de Actitudes Políticas Internacionales (PIPA) de la estadounidense Universidad de Maryland, constató que mayorías de entrevistados en 16 de los países analizados quieren que sus gobiernos le presten más atención al asunto.
Entre los países donde los encuestados aspiran a que las autoridades prioricen el cambio climático figuran China, Estados Unidos y Rusia, algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que, según la mayoría de los científicos, son la causa del fenómeno.
Los resultados del estudio de opinión pública se conocen cinco meses antes de la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, instancia convocada para diseñar un acuerdo sobre reducción de emisiones de gases invernadero que suceda al Protocolo de Kyoto, vigente hasta 2012.
Doce por ciento de los encuestados consideraron que los gobiernos debían minimizar la prioridad que le asignan al cambio climático, mientras 18 por ciento consideraron que se le daba al asunto una atención apropiada.
"Muchos líderes de gobiernos manifiestan preocupación porque dicen creer la ciudadanía de sus países no están realmente preparados para absorber el costo de luchar contra el cambio climático, pero la mayoría del público mundial parece impaciente porque esos mismos gobiernos no hacen lo suficiente para atacar el fenómeno", dijo el director de PIPA, Steven Kull.
Una encuesta con más de 26.000 entrevistados divulgada esta semana por el Proyecto sobre Actitudes Mundiales Pew constató que grandes mayorías en cada uno de los 25 países analizados consideraban al recalentamiento planetario un problema "serio" y "muy serio".
El estudio de Pew también corroboró que la preocupación por los cambios en los patrones climáticos mundiales había crecido mucho en muchos de los países desde que se realizó el primer sondeo al respecto el año pasado.
Pero esta encuesta señala que la preocupación en el público de los países que más gases invernadero emiten era menor que en los restantes: 44 por ciento de los entrevistados estadounidenses y 30 por ciento de los chinos lo consideraron un problema "muy serio", las proporciones más bajas entre los países analizados.
En cambio, dos tercios de los encuestados en India --otro gran emisor-- lo calificó de problema "muy serio", y los de Brasil fueron, por lejos, los más preocupados: nueve de cada 10 entrevistados asignaron ese calificativo.
Sesenta y dos por ciento de los encuestados chinos, 56 por ciento de los rusos y 52 por ciento de los estadounidenses dijeron aspirar a que sus respectivos gobiernos hicieran más para combatir el cambio climático, según PIPA.
El diseño de este estudio implicaba pedir a los entrevistados que ubicara la importancia que asignaban al problema en una escala de cero ("para nada prioritario") a diez ("muy alta prioridad"). El promedio mundial fue de 7,3.
Los puntajes más altos correspondieron a México (9,09), China (8,86), Turquía (8,34) y Francia (8,03). Los más bajos, a Esados Unidos (4,71), Palestina (4,91) e Iraq (5,14).
En la mayoría de las naciones predomina la opinión de que los gobiernos deben elevar la prioridad del cambio climático en sus políticas. Los países donde el público disintió con ese punto de vista fueron Iraq, Kenia, Ucrania y Estados Unidos.
Pero en ninguna nación hubo más de uno de cada tres entrevistados para quienes este fenómeno debía ser relegado de la lista de prioridades políticas.
Ocho de cada 10 entrevistados surcoreanos, 79 por ciento de los mexicanos, 77 por ciento de los británicos y de los taiwaneses, 76 por ciento de los franceses y 70 por ciento de los nigerianos aspiran a que el cambio climático se ubique entre las principales prioridades de sus gobiernos.
Alemania fue la excepción: más de ocho de cada 10 encuestados consideran que para el gobierno ya es un asunto prioritario. Sin embargo, el sondeo de Pew calculó que seis de cada 10 entrevistados en ese país consideran el cambio climático un serio problema y 77 por ciento que el gobierno debe proteger el ambiente aunque eso enlentezca el crecimiento económico y cause pérdida de empleos.
El estudio de Pew no constató un consenso sobre la disposición del público a pagar más por la energía que consume para combatir el cambio climático.
Mayorías absolutas o relativas en 14 de las naciones analizadas --la mayoría europeas y asiáticas-- estuvieron de acuerdo en que "la gente debe estar dispuesta a pagar más caro para lidiar con el cambio climático mundial".
Pero las mayorías se pronunciaron por la posición contraria en 11 países, especialmente Egipto, Jordania, Indonesia, Argentina y México. *****
+Protocolo de Kyoto: Cobertura especial de IPS Noticia (http://ipsnoticias.net/_focus/cclimatico/index.asp) (FIN/2009)
PARAGUAY-BRASIL: Relación bilateral cobra mayor energía
Por Natalia Ruiz Díaz
ASUNCIÓN,, jul (IPS) - Un nuevo escenario en las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre las utilidades del compartido complejo hidroeléctrico de Itaipú, considerado uno de los más grandes del mundo, pauta el optimismo de las partes tras el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
El compromiso sellado por los dos países, entre otras cosas, abre la posibilidad de la venta directa del excedente de energía de Paraguay al mercado de Brasil y el incremento, por parte de ese último país, en la compensación por cesión de energía eléctrica.
Las negociaciones con el gobierno brasileño del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se intensificaron a partir de la llegada a la presidencia de Paraguay en agosto de 2008 del centroizquierdista Fernando Lugo, quien tuvo como bandera electoral la revisión del bilateral Tratado de Itaipú, firmado en 1973 y que dejó a su país en desventaja.
La venta directa de energía de la entidad estatal paraguaya Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el mercado brasileño, es considerado como un primer paso hacia la libre disponibilidad de este recurso por parte de Paraguay.
Hasta ahora, la empresa estatal brasileña Electrobras es la única responsable de comercializar la energía de Itaipú en su totalidad.
"Tenemos como primera etapa la venta de energía al mercado brasileño, lo que es aceptada plenamente por Brasilia, y esto es muy importante en materia de soberanía hidroeléctrica", dijo a IPS Ricardo Canese, uno de los principales referentes de la mesa negociadora por el lado paraguayo.
Canese, elegido representante paraguayo al Parlamentario del Mercosur (Mercado Común del Sur) por el movimiento político de izquierda Tekojoja, uno de los puntales de Lugo, indicó que, a través del acuerdo, Brasil reconoce la disponibilidad que puede tener Paraguay en 2023, y pueda así decidir libremente cómo disponer de su energía y a quién venderla.
También se incrementará la compensación por cesión de energía, por lo cual Paraguay pasará a percibir de 120 millones de dólares en la actualidad a 360 millones, según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por Lugo y Lula en el marco de la última Cumbre del Mercosur (que integran ambos países junto a Argentina, Uruguay y Venezuela en proceso de adhesión plena), realizada el 24 de este mes en Asunción.
Para Canese se está dando un paso relevante hacia el precio justo para la energía paraguaya, reconociéndose un valor mínimo para exportar al Brasil.
"Con este acuerdo se nos reconoce el derecho al precio justo. Aunque no lo vamos a tener hoy, porque la venta de nuestra energía al mercado brasileño será gradual", explicó.
La entidad binacional Itaipú factura 3.200 millones de dólares por año. "Si tomamos la mitad como parte paraguaya (la que se exporta), vamos a tener más beneficio de exportación", indicó.
Pero la mirada es menos auspiciosa desde sectores opositores al gobierno de Lugo. Pero igual entienden que, si bien no corresponde a la paridad pretendida, igualmente es importante el acuerdo porque implica triplicar el coeficiente que se utiliza para compensación de energía (de 5,1 a 15,3 por ciento
"Lugo tenía como bandera electoral no volver con menos de dos mil millones de dólares al año. Sin embargo, esta posibilidad de venta nos da uno por ciento de lo prometido. Para decir que fue un logro, tendríamos que ver a qué números llegamos", cuestionó ante IPS la senadora Ana María Mendoza, del centroderechista Partido Patria Querida.
Ambos puntos del acuerdo, los principales del documento firmado, estarán sujetos a la aprobación de los respectivos parlamentos. "Tenemos que ver si esto es verdaderamente el sentir de los parlamentarios brasileños", subrayó Mendoza.
Pero Lugo ya realizó una primera visita al Congreso legislativo, donde explicó los alcances del acuerdo, en busca de adhesión de los distintos sectores políticos.
Lugo asumió el gobierno de Paraguay sin contar con mayoría propia en el parlamento, donde el grupo más numeroso de representantes es el de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, hoy en la oposición tras ostentar el poder político absoluto por más de seis décadas, incluida la dictadura de Alfredo Strossner (1954-1989).
Los parlamentarios oficialistas y algunos opositores se manifestaron a favor de la posibilidad realizar lobby con sus pares brasileños, en tanto que otros prefieren que se agoten las instancias de negociación.
"Nosotros como partido no presionaremos, porque consideramos que los negociadores deberán agotar las instancias para que lo acordado sea una realidad", apuntó Mendoza
Igualmente, en Asunción quedó la promesa de los negociadores brasileños para el estudio de los mecanismos jurídicos administrativos que permitan agilizar los trámites a nivel legislativo.
Pero son poco alentadoras las primeras manifestaciones en la prensa de Brasil, donde uno de los medios más influyentes, el diario Folha de Sao Paulo, publicó en la semana que Lula está sacrificando el interés nacional por su interés político particular.
El mandatario brasileño había expresado, en ocasión de la firma del acuerdo, que "los países mayores tienen la obligación de ayudar a las economías menores a dar un salto de calidad en su capacidad de desarrollo, de producción y de competitividad en las relaciones bilaterales".
El peso de la economía de Brasil en la región va en aumento, como lo muestran los últimos datos de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal).
Según la Cepal, la participación del producto interno bruto (PIB) del gigante latinoamericano en la economía regional creció 4,4 puntos porcentuales entre 2000 y 2008, año en que esa presencia representó 35,3 por ciento de toda la región.
Para el director paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, las reacciones adversas eran de esperar, considerando la agenda política de cada país, particularmente de Brasil que se halla en época electoral.
"Este acuerdo no viola el tratado, lo respeta", sostuvo Balmelli, apuntando que no hay un solo artículo dentro del acuerdo bilateral que prohíba que la ANDE pueda vender al mercado brasileño fuera de la Electrobras.
Desde el gobierno de Lugo se anunció que el aumento del porcentaje por cesión de energía sería destinado al desarrollo productivo y a la atención de los problemas sociales.
Paraguay está entre los países con más dificultades de la región, al registrar que la pobreza alcanza a 36 por ciento de los 6,1 millones de habitantes y la indigencia a 20 por ciento.
Para algunos, el acuerdo Lula-Lugo es un avance hacia el trato igualitario y la reducción de las asimetrías entre los países socios; para otros, una migaja más. (FIN/2009)
ASUNCIÓN,, jul (IPS) - Un nuevo escenario en las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre las utilidades del compartido complejo hidroeléctrico de Itaipú, considerado uno de los más grandes del mundo, pauta el optimismo de las partes tras el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
El compromiso sellado por los dos países, entre otras cosas, abre la posibilidad de la venta directa del excedente de energía de Paraguay al mercado de Brasil y el incremento, por parte de ese último país, en la compensación por cesión de energía eléctrica.
Las negociaciones con el gobierno brasileño del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se intensificaron a partir de la llegada a la presidencia de Paraguay en agosto de 2008 del centroizquierdista Fernando Lugo, quien tuvo como bandera electoral la revisión del bilateral Tratado de Itaipú, firmado en 1973 y que dejó a su país en desventaja.
La venta directa de energía de la entidad estatal paraguaya Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el mercado brasileño, es considerado como un primer paso hacia la libre disponibilidad de este recurso por parte de Paraguay.
Hasta ahora, la empresa estatal brasileña Electrobras es la única responsable de comercializar la energía de Itaipú en su totalidad.
"Tenemos como primera etapa la venta de energía al mercado brasileño, lo que es aceptada plenamente por Brasilia, y esto es muy importante en materia de soberanía hidroeléctrica", dijo a IPS Ricardo Canese, uno de los principales referentes de la mesa negociadora por el lado paraguayo.
Canese, elegido representante paraguayo al Parlamentario del Mercosur (Mercado Común del Sur) por el movimiento político de izquierda Tekojoja, uno de los puntales de Lugo, indicó que, a través del acuerdo, Brasil reconoce la disponibilidad que puede tener Paraguay en 2023, y pueda así decidir libremente cómo disponer de su energía y a quién venderla.
También se incrementará la compensación por cesión de energía, por lo cual Paraguay pasará a percibir de 120 millones de dólares en la actualidad a 360 millones, según lo estipulado en el acuerdo alcanzado por Lugo y Lula en el marco de la última Cumbre del Mercosur (que integran ambos países junto a Argentina, Uruguay y Venezuela en proceso de adhesión plena), realizada el 24 de este mes en Asunción.
Para Canese se está dando un paso relevante hacia el precio justo para la energía paraguaya, reconociéndose un valor mínimo para exportar al Brasil.
"Con este acuerdo se nos reconoce el derecho al precio justo. Aunque no lo vamos a tener hoy, porque la venta de nuestra energía al mercado brasileño será gradual", explicó.
La entidad binacional Itaipú factura 3.200 millones de dólares por año. "Si tomamos la mitad como parte paraguaya (la que se exporta), vamos a tener más beneficio de exportación", indicó.
Pero la mirada es menos auspiciosa desde sectores opositores al gobierno de Lugo. Pero igual entienden que, si bien no corresponde a la paridad pretendida, igualmente es importante el acuerdo porque implica triplicar el coeficiente que se utiliza para compensación de energía (de 5,1 a 15,3 por ciento
"Lugo tenía como bandera electoral no volver con menos de dos mil millones de dólares al año. Sin embargo, esta posibilidad de venta nos da uno por ciento de lo prometido. Para decir que fue un logro, tendríamos que ver a qué números llegamos", cuestionó ante IPS la senadora Ana María Mendoza, del centroderechista Partido Patria Querida.
Ambos puntos del acuerdo, los principales del documento firmado, estarán sujetos a la aprobación de los respectivos parlamentos. "Tenemos que ver si esto es verdaderamente el sentir de los parlamentarios brasileños", subrayó Mendoza.
Pero Lugo ya realizó una primera visita al Congreso legislativo, donde explicó los alcances del acuerdo, en busca de adhesión de los distintos sectores políticos.
Lugo asumió el gobierno de Paraguay sin contar con mayoría propia en el parlamento, donde el grupo más numeroso de representantes es el de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, hoy en la oposición tras ostentar el poder político absoluto por más de seis décadas, incluida la dictadura de Alfredo Strossner (1954-1989).
Los parlamentarios oficialistas y algunos opositores se manifestaron a favor de la posibilidad realizar lobby con sus pares brasileños, en tanto que otros prefieren que se agoten las instancias de negociación.
"Nosotros como partido no presionaremos, porque consideramos que los negociadores deberán agotar las instancias para que lo acordado sea una realidad", apuntó Mendoza
Igualmente, en Asunción quedó la promesa de los negociadores brasileños para el estudio de los mecanismos jurídicos administrativos que permitan agilizar los trámites a nivel legislativo.
Pero son poco alentadoras las primeras manifestaciones en la prensa de Brasil, donde uno de los medios más influyentes, el diario Folha de Sao Paulo, publicó en la semana que Lula está sacrificando el interés nacional por su interés político particular.
El mandatario brasileño había expresado, en ocasión de la firma del acuerdo, que "los países mayores tienen la obligación de ayudar a las economías menores a dar un salto de calidad en su capacidad de desarrollo, de producción y de competitividad en las relaciones bilaterales".
El peso de la economía de Brasil en la región va en aumento, como lo muestran los últimos datos de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal).
Según la Cepal, la participación del producto interno bruto (PIB) del gigante latinoamericano en la economía regional creció 4,4 puntos porcentuales entre 2000 y 2008, año en que esa presencia representó 35,3 por ciento de toda la región.
Para el director paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, las reacciones adversas eran de esperar, considerando la agenda política de cada país, particularmente de Brasil que se halla en época electoral.
"Este acuerdo no viola el tratado, lo respeta", sostuvo Balmelli, apuntando que no hay un solo artículo dentro del acuerdo bilateral que prohíba que la ANDE pueda vender al mercado brasileño fuera de la Electrobras.
Desde el gobierno de Lugo se anunció que el aumento del porcentaje por cesión de energía sería destinado al desarrollo productivo y a la atención de los problemas sociales.
Paraguay está entre los países con más dificultades de la región, al registrar que la pobreza alcanza a 36 por ciento de los 6,1 millones de habitantes y la indigencia a 20 por ciento.
Para algunos, el acuerdo Lula-Lugo es un avance hacia el trato igualitario y la reducción de las asimetrías entre los países socios; para otros, una migaja más. (FIN/2009)
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