Autor | Norma Aguilar | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 17 junio 2009 14:43
"La lucha no ha terminado. La convocatoria al Paro Nacional se ha ratificado y el mundo continúa alerta a los sucesos en el Perú. ¡Cómo pudo un movimiento regional convocar la solidaridad y el compromiso nacional e internacional de una magnitud pocas veces antes vista? La agenda de los pueblos indígenas, su plataforma y sus propuestas, más allá de la reivindicación puntual de la derogatoria de normas inconstitucionales, se posicionó en la diversidad de movimientos sociales del Perú y el mundo."
Nuevos paradigmas y nuevos actores políticos para los nuevos tiempos
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Yehude Simon Munaro, anunció el lunes 15 de junio la derogatoria de dos de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos, el 1064 y el 1090, luego de sostener una reunión con organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos de la selva central. Una decisión política que de no haber demorado más de un año hubiera evitado decenas de muertos. Es como buscar una manguera cuando ya está ardiendo toda la pradera.
Porque el jueves 11 de junio la Jornada Nacional de Protesta convocada por las organizaciones peruanas significó un conjunto de masivas movilizaciones, paros y otras medidas de protesta en todas las regiones del Perú en repudio a la masacre de Bagua del viernes 5 de junio (en cruel ironía, Día Mundial del Medio Ambiente) y exigencia de soluciones reales al conflicto en la Amazonía.
Un conflicto que no era nuevo ni sorpresivo. En agosto del año pasado la movilización amazónica ya había logrado la derogatoria de dos decretos legislativos, el 1015 y el 1073. Entonces se habló de una comisión para examinar las normas restantes. Pero nada. Es más: la derogatoria en cuestión había sido solicitada al gobierno por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en mayo del 2008. Y el 9 de abril de 2009, cansados de esperar, los pueblos amazónicos retomaron su lucha.
La respuesta fue la misma intolerancia, soberbia y terquedad que el presidente Alan García anunció abiertamente con sus artículos sobre el “Síndrome del perro del hortelano”, en los que identificó a las comunidades andinas y amazónicas con el atraso e incluso pretendió desconocer su existencia. El Congreso dilató una y otra vez el debate de la derogatoria, recomendada por su Comisión Multipartidaria encargada de revisar los decretos e instituciones como la Defensoría del Pueblo.
El jueves 4 de junio el Congreso volvió a postergar el debate y pocas horas después se desató la masacre de Bagua. Muertos, heridos, detenidos y desaparecidos; testimonios de ocultamiento y desaparición de cadáveres, rastrillajes en las comunidades, estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, persecución y órdenes de captura a la dirigencia de AIDESEP, cierre de emisoras, suspensión de siete congresistas de oposición, acusaciones de complot internacional a la IV Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, reunida a fines de mayo en Puno… en resumen, una escalada fascista que nada tenía que envidiar a los peores momentos de la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.
Escalada que motivó la respuesta inmediata de las organizaciones sociales, que se articularon en el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía y convocaron primero a la Jornada Nacional de Protesta del 5 de junio y de inmediato al Paro Nacional Andino, Amazónico y Popular para los días 7, 8 y 9 de julio.
Las múltiples chispas prendidas en todas las regiones del país encendieron la pradera. Pero el gobierno no solo sufrió el incendio en casa. Desde todo el mundo, minuto a minuto, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas recibía y sigue recibiendo a través de sus correos electrónicos y la línea telefónica, decenas de pronunciamientos de solidaridad de todas partes del mundo: Europa, toda América Latina, África, Asia. Las cartas a Alan García y a organismos de la ONU, así como marchas y plantones ante las sedes diplomáticas peruanas, se multiplicaban y siguen multiplicándose.
La sola derogatoria de dos decretos legislativos no resuelve el problema de siglos. Se necesitan medidas más permanentes. La CAOI ha propuesto cuatro:
1- Derogatoria de todos los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
2- Derogatoria de los once decretos legislativos de la criminalización de la protesta social, emitidos en julio del 2007.
3- Carácter de Ley Nacional a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
4- Amnistía para los más de mil dirigentes procesados por defender sus derechos.
Nuevos actores
La lucha, entonces, no ha terminado. La convocatoria al Paro Nacional se ha ratificado y el mundo continúa alerta a los sucesos en el Perú. La pregunta es: ¿cómo pudo un movimiento regional convocar la solidaridad y el compromiso nacional e internacional de una magnitud pocas veces antes vista? La agenda de los pueblos indígenas, su plataforma y sus propuestas, más allá de la reivindicación puntual de la derogatoria de normas inconstitucionales, se posicionó en la diversidad de movimientos sociales del Perú y el mundo. Sindicatos, ONGs, partidos políticos de izquierda, depusieron afanes protagónicos para hacer un frente común por los derechos de los pueblos indígenas.
Lo que sucede es que el movimiento indígena no solo se ha visibilizado: está siendo, por primera vez, comprendido y su liderazgo aceptado. El mundo está entendiendo que no se trata de grupos incivilizados, violentos, pasadistas, manipulados –estigmatización racista y excluyente- sino de pueblos organizados que conservan su modo de vida, sus autoridades, su cultura, sus principios y prácticas ancestrales de equidad, reciprocidad, complementariedad. En suma, el Buen Vivir. Una opción que no pretende volver al pasado sino rescatar la armonía entre los hombres, los pueblos y la naturaleza, frente a la amenaza de la hecatombe climática y la crisis de la civilización occidental.
Lo que ocurre es que el mundo está comprendiendo que no estamos ante una crisis económica o financiera más. Todos los paradigmas del capitalismo: libre mercado, estado uninacional, etcétera, se están derrumbando. Incluso los sectores más reacios de la izquierda, que no admitían más paradigmas que los de la lucha de clases y la vanguardia del movimiento obrero, empiezan a aceptar que los nuevos tiempos exigen nuevos liderazgos políticos. Y ya hablan también de Buen Vivir y Estado Plurinacional.
No se trata de excluir o negar a los demás movimientos sociales. Los pueblos indígenas, secularmente excluidos, no pueden hacer algo así. Se trata de consolidar alianzas para construir un mundo realmente nuevo, para todos y todas. Para la paz y la hermandad.
- Norma Aguilar Alvarado, periodista peruana, es responsable de Prensa CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)
Fuente: ALAI
sábado, 4 de julio de 2009
viernes, 3 de julio de 2009
TRABAJO-CUBA: Educación se beneficia con reforma salarial
Por Dalia Acosta
LA HABANA, 2 jul (IPS) - El sistema educacional de Cuba se beneficiará de un nuevo anuncio de la reforma salarial en curso desde 2005 y que, en esta ocasión, además de intentar revalorizar el ingreso y aumentar la productividad, busca hacer justicia con un sector no productivo, pero de gran responsabilidad social.
"El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros consideró necesario hacerlo, a pesar de la situación económica, como un acto de justicia para enmendar la desventaja que tiene este sector en el salario medio con respecto a la media nacional", se indica en un artículo publicado este jueves en el diario oficial Granma.
El salario medio a fines de 2008 era de 414 pesos, que equivalen a 17,22 dólares estadounidenses según la cotización en casas de cambio, una tasa que hay que mirar con flexibilidad en un país donde convive un sistema de venta en divisa con otro en moneda nacional, a precios que pueden estar subsidiados o no.
En cualquier caso, la medida significará una erogación extra importante en un momento en que esta isla caribeña enfrenta el impacto de la crisis económico-financiera global con la reducción de los ingresos por turismo y remesas, el desplome de los precios del níquel, el descenso de sus exportaciones y el incremento de las dificultades para acceder a préstamos.
Más de 820 millones de pesos (34,1 millones de dólares) serán desembolsados al año para garantizar una "elevación modesta" como justo reconocimiento a la "responsabilidad social" de todas las personas que trabajan en la educación pública o ejerciendo la docencia en otros sectores.
"Estamos ante una prueba de que Cuba está priorizando sectores claves como la educación", dijo a IPS el médico Yohandry Fontana, 37 años, y consideró que el aumento salarial podría convertirse en "un estímulo para el regreso de maestros a las aulas", una necesidad urgente del sistema local.
La disposición aumenta el salario a todos los trabajadores del sector y aplica un pago adicional de 90 (3,74 dólares) y 120 pesos (4,99 dólares) a los especialistas de la producción, y los servicios que imparten docencia a tiempo parcial en la enseñanza técnica profesional, en dependencia de las horas de clase impartidas.
El incremento promedio mensual por persona en la educación general y media es de 122 pesos (5,08 dólares), y para el personal docente es de 166 pesos (6,91 dólares). En la educación superior, el incremento promedio mensual por trabajador es de 93 pesos (3,87 dólares) y en al caso de los profesores es de 145 pesos (6,03 dólares).
Un total de 545.101 trabajadores de la docencia y personal no docente se beneficiará con el alza salarial, al tiempo que se mantienen los pagos adicionales aprobados en Cuba por años de servicio, cargos de dirección, asesoría e inspección y por la incidencia de factores externos en dependencia del centro laboral y régimen de estudio.
"A veces pienso que en Educación ningún pago es suficiente. Siempre es un estímulo, por supuesto, y tiene un valor en dependencia de cómo lo mires. Puede significar los alimentos para una semana o el pago de casi todos los servicios básicos", comentó a IPS Mercedes Fernández, una profesora de secundaria básica de 52 años.
En cualquier caso, "la decisión de quedarse o no en el sector no depende sólo del salario. Se suele trabajar en condiciones muy precarias, casi sin recursos, con una fuerte carga burocrática, con responsabilidades que exceden nuestras fuerzas y con un alumnado cada vez más difícil de satisfacer", añadió Fernández.
"Todos vivimos la crisis de la pasada década: la familia, los adolescentes que hoy son mis alumnos y nosotros, los maestros", dijo.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que el curso escolar 2008-2009 comenzó con un déficit de 8.000 docentes, en un país donde la educación es pública y obligatoria hasta el noveno grado. Para ese curso, la matrícula desde el nivel preescolar hasta la enseñanza media superior fue de 2 549 845 estudiantes.
El sector ya había sido beneficiado en 2005 con un aumento salarial, como parte de una medida que benefició también a la salud pública, pero que apenas frenó el éxodo de personal hacia otras labores más atractivas económicamente. El aumento fue entonces de apenas 43 pesos (1,79 dólares).
Con la misma idea de fondo y en aras, además, de rescatar la calidad de la educación, que muestra síntomas de deterioro desde la pasada década, el gobierno incluyó en la nueva Ley de Seguridad Social, aprobada en 2008, la contratación de personal jubilado de la docencia con salario completo sin perder el derecho a la pensión.
La ley de Seguridad Social fue reconocida, oficialmente, como una de las primeras medidas para enfrentar el proceso acelerado de envejecimiento de la población cubana. Fuentes de la Oficina Nacional de Estadísticas indican que a fines de 2008 más de 16 por ciento de los habitantes de la isla tenían 60 años o más.
En ese mismo camino aparece la aprobación, el pasado 26 de junio, de un decreto ley que modifica el Régimen Laboral con varias medidas, entre ellas la aprobación de una regulación integral del pluriempleo y abre esa oportunidad, hasta ahora negada, a los estudiantes de los cursos regulares de los niveles medio superior y superior.
Según una nota oficial publicada en Granma, estas personas en edad laboral podrán incorporarse al trabajo mediante contrato por tiempo determinado, en la modalidad a tiempo parcial, y percibir ingresos por los resultados, sin perjuicio de su formación profesional, rendimiento docente y el cumplimiento del servicio social cuando egresen.
"Una parte importante de esa disposición está vinculada al empleo racional de los recursos humanos y la contratación laboral, para atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo en la sociedad, así como la posibilidad de que los trabajadores incrementen sus ingresos", aseguró el texto oficial.
La medida deberá, además, estimular la continuación de estudios de un sector creciente de la población joven que, bajo el peso de la crisis económica desatada en Cuba en los años 90, empezó a optar por las vías más rápidas para obtener ingresos en detrimento de su preparación profesional.
"Genial", fue el comentario de Roger Trabas, un especialista en informática de 34 años que valoró positivamente todo el paquete de medidas, pero especialmente la apertura al pluriempleo. "Estoy pensando que me puedo contratar de profesor en un Joven Club de Computación", dijo a IPS. (FIN/2009)
LA HABANA, 2 jul (IPS) - El sistema educacional de Cuba se beneficiará de un nuevo anuncio de la reforma salarial en curso desde 2005 y que, en esta ocasión, además de intentar revalorizar el ingreso y aumentar la productividad, busca hacer justicia con un sector no productivo, pero de gran responsabilidad social.
"El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros consideró necesario hacerlo, a pesar de la situación económica, como un acto de justicia para enmendar la desventaja que tiene este sector en el salario medio con respecto a la media nacional", se indica en un artículo publicado este jueves en el diario oficial Granma.
El salario medio a fines de 2008 era de 414 pesos, que equivalen a 17,22 dólares estadounidenses según la cotización en casas de cambio, una tasa que hay que mirar con flexibilidad en un país donde convive un sistema de venta en divisa con otro en moneda nacional, a precios que pueden estar subsidiados o no.
En cualquier caso, la medida significará una erogación extra importante en un momento en que esta isla caribeña enfrenta el impacto de la crisis económico-financiera global con la reducción de los ingresos por turismo y remesas, el desplome de los precios del níquel, el descenso de sus exportaciones y el incremento de las dificultades para acceder a préstamos.
Más de 820 millones de pesos (34,1 millones de dólares) serán desembolsados al año para garantizar una "elevación modesta" como justo reconocimiento a la "responsabilidad social" de todas las personas que trabajan en la educación pública o ejerciendo la docencia en otros sectores.
"Estamos ante una prueba de que Cuba está priorizando sectores claves como la educación", dijo a IPS el médico Yohandry Fontana, 37 años, y consideró que el aumento salarial podría convertirse en "un estímulo para el regreso de maestros a las aulas", una necesidad urgente del sistema local.
La disposición aumenta el salario a todos los trabajadores del sector y aplica un pago adicional de 90 (3,74 dólares) y 120 pesos (4,99 dólares) a los especialistas de la producción, y los servicios que imparten docencia a tiempo parcial en la enseñanza técnica profesional, en dependencia de las horas de clase impartidas.
El incremento promedio mensual por persona en la educación general y media es de 122 pesos (5,08 dólares), y para el personal docente es de 166 pesos (6,91 dólares). En la educación superior, el incremento promedio mensual por trabajador es de 93 pesos (3,87 dólares) y en al caso de los profesores es de 145 pesos (6,03 dólares).
Un total de 545.101 trabajadores de la docencia y personal no docente se beneficiará con el alza salarial, al tiempo que se mantienen los pagos adicionales aprobados en Cuba por años de servicio, cargos de dirección, asesoría e inspección y por la incidencia de factores externos en dependencia del centro laboral y régimen de estudio.
"A veces pienso que en Educación ningún pago es suficiente. Siempre es un estímulo, por supuesto, y tiene un valor en dependencia de cómo lo mires. Puede significar los alimentos para una semana o el pago de casi todos los servicios básicos", comentó a IPS Mercedes Fernández, una profesora de secundaria básica de 52 años.
En cualquier caso, "la decisión de quedarse o no en el sector no depende sólo del salario. Se suele trabajar en condiciones muy precarias, casi sin recursos, con una fuerte carga burocrática, con responsabilidades que exceden nuestras fuerzas y con un alumnado cada vez más difícil de satisfacer", añadió Fernández.
"Todos vivimos la crisis de la pasada década: la familia, los adolescentes que hoy son mis alumnos y nosotros, los maestros", dijo.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que el curso escolar 2008-2009 comenzó con un déficit de 8.000 docentes, en un país donde la educación es pública y obligatoria hasta el noveno grado. Para ese curso, la matrícula desde el nivel preescolar hasta la enseñanza media superior fue de 2 549 845 estudiantes.
El sector ya había sido beneficiado en 2005 con un aumento salarial, como parte de una medida que benefició también a la salud pública, pero que apenas frenó el éxodo de personal hacia otras labores más atractivas económicamente. El aumento fue entonces de apenas 43 pesos (1,79 dólares).
Con la misma idea de fondo y en aras, además, de rescatar la calidad de la educación, que muestra síntomas de deterioro desde la pasada década, el gobierno incluyó en la nueva Ley de Seguridad Social, aprobada en 2008, la contratación de personal jubilado de la docencia con salario completo sin perder el derecho a la pensión.
La ley de Seguridad Social fue reconocida, oficialmente, como una de las primeras medidas para enfrentar el proceso acelerado de envejecimiento de la población cubana. Fuentes de la Oficina Nacional de Estadísticas indican que a fines de 2008 más de 16 por ciento de los habitantes de la isla tenían 60 años o más.
En ese mismo camino aparece la aprobación, el pasado 26 de junio, de un decreto ley que modifica el Régimen Laboral con varias medidas, entre ellas la aprobación de una regulación integral del pluriempleo y abre esa oportunidad, hasta ahora negada, a los estudiantes de los cursos regulares de los niveles medio superior y superior.
Según una nota oficial publicada en Granma, estas personas en edad laboral podrán incorporarse al trabajo mediante contrato por tiempo determinado, en la modalidad a tiempo parcial, y percibir ingresos por los resultados, sin perjuicio de su formación profesional, rendimiento docente y el cumplimiento del servicio social cuando egresen.
"Una parte importante de esa disposición está vinculada al empleo racional de los recursos humanos y la contratación laboral, para atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo en la sociedad, así como la posibilidad de que los trabajadores incrementen sus ingresos", aseguró el texto oficial.
La medida deberá, además, estimular la continuación de estudios de un sector creciente de la población joven que, bajo el peso de la crisis económica desatada en Cuba en los años 90, empezó a optar por las vías más rápidas para obtener ingresos en detrimento de su preparación profesional.
"Genial", fue el comentario de Roger Trabas, un especialista en informática de 34 años que valoró positivamente todo el paquete de medidas, pero especialmente la apertura al pluriempleo. "Estoy pensando que me puedo contratar de profesor en un Joven Club de Computación", dijo a IPS. (FIN/2009)
AGRICULTURA: Alarmante caída de las inversiones
Por Sanjay Suri
LONDRES, 30 jun (IPS) - Los líderes del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos deberán analizar, en su próxima reunión de principios de julio, la crisis causada por la caída de las inversiones mundiales en la agricultura, señaló la organización Oxfam.
Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren hambre, y los precios de los alimentos han comenzado a aumentar otra vez, amenazando a muchos pobres, alerta Oxfam en su informe.
"Las inversiones globales totales, en asistencia bilateral y multilateral, han caído 75 por ciento desde los años 80", explicó a IPS Emily Alpert, autora del informe en una entrevista desde Hong Kong.
La subfinanciación a lo largo de las décadas ha incrementado la vulnerabilidad de muchos a los sacudones climáticos y del mercado, dijo Alpert, e instó a actuar de inmediato. "Las inversiones en agricultura traen pocas ganancias (en el corto plazo). Sus recompensas pueden tardar mucho tiempo. Las inversiones de hoy no traerán los resultados deseados de inmediato", reconoció.
El informe titulado "Invertir en granjeros pobres sí recompensa: repensando la inversión en la agricultura", divulgado este martes, señala que dos tercios de los pobres rurales del mundo se han visto afectados por los escasos recursos volcados al sector.
Oxfam llamó a los líderes del G-8, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia, a aumentar la asistencia agrícola a por lo menos los niveles de 1980, de unos 20.000 millones de dólares al año, contra los actuales 5.000 millones anuales.
"Las inversiones nacionales siguieron la tendencia (a la baja), excepto en países ricos y en un puñado de naciones en desarrollo como China, India y Brasil", dijo Albert a IPS.
Entre los ricos, el informe señala que, solo en 2007, las inversiones agrícolas de la Unión Europea fueron de 130.000 millones de dólares, y las de Estados Unidos sumaron 41.000 millones de dólares.
Se necesita "un sustancial incremento en las inversiones agrícolas, en comparación con las actuales inversiones en los países ricos o los billones de dólares gastados mundialmente este año para el rescate financiero", señaló Alpert en una declaración.
"Fortalecer los sectores agrícolas de los países en desarrollo es una parte fundamental de una solución a largo plazo para las crisis alimentaria, financiera y climática del mundo", sostuvo.
El informe de Oxfam insta a donantes, gobiernos nacionales e inversores privados a volcar más fondos y más sabiamente en la agricultura del Sur, dirigiéndolos a las personas, particularmente a las mujeres, para estimular y apoyar el capital social y del conocimiento, y con el fin de que adopten métodos de cultivo ambientalmente sostenibles.
"Las mujeres son fundamentales para la seguridad alimentaria", sostuvo Alpert. "Invertir equitativamente en las necesidades de las mujeres y construir su capacidad para involucrarse productivamente en la agricultura debe estar al frente de cualquier solución para mejorar el crecimiento agrícola y reducir la pobreza".
Oxfam señaló que el financiamiento de los donantes debe ser predecible, transparente y unido, y que la ayuda se tiene que adecuar a las condiciones específicas de los lugares, permitiendo la participación de los sectores involucrados y atendiendo sus demandas.
Especial atención se le debe dar a agricultores y ganaderos en tierras marginadas, quienes por lo general trabajan en ambientes difíciles y aislados con acceso inadecuado a los mercados, a los servicios, a créditos e insumos, indica el informe.
"Esos agricultores y ganaderos llevan la carga de conservar la biodiversidad de cultivos y de administrar algunos de los suelos más frágiles del mundo, y pueden ser aliados clave en la lucha contra el cambio climático", añade.
Alpert señaló que, a pesar de las percibidas bajas ganancias de invertir en áreas marginadas, el principal beneficio es reducir la pobreza. "Un sector agrícola actúa como multiplicador en las economías locales, permitiendo finalmente que haya más altos salarios y vibrantes mercados rurales, donde los agricultores y trabajadores gastan sus ganancias".
"Ya estamos viendo el impacto en los pobres del aumento de precios de los alimentos, lo cual en parte se debe a la falta de inversiones en la agricultura. Cuanto más incrementas la productividad, más alimento habrá para las personas, que gastan entre 50 y 80 por ciento de sus ingresos en comida", dijo Alpert a IPS.(FIN/2009)
LONDRES, 30 jun (IPS) - Los líderes del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos deberán analizar, en su próxima reunión de principios de julio, la crisis causada por la caída de las inversiones mundiales en la agricultura, señaló la organización Oxfam.
Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren hambre, y los precios de los alimentos han comenzado a aumentar otra vez, amenazando a muchos pobres, alerta Oxfam en su informe.
"Las inversiones globales totales, en asistencia bilateral y multilateral, han caído 75 por ciento desde los años 80", explicó a IPS Emily Alpert, autora del informe en una entrevista desde Hong Kong.
La subfinanciación a lo largo de las décadas ha incrementado la vulnerabilidad de muchos a los sacudones climáticos y del mercado, dijo Alpert, e instó a actuar de inmediato. "Las inversiones en agricultura traen pocas ganancias (en el corto plazo). Sus recompensas pueden tardar mucho tiempo. Las inversiones de hoy no traerán los resultados deseados de inmediato", reconoció.
El informe titulado "Invertir en granjeros pobres sí recompensa: repensando la inversión en la agricultura", divulgado este martes, señala que dos tercios de los pobres rurales del mundo se han visto afectados por los escasos recursos volcados al sector.
Oxfam llamó a los líderes del G-8, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia, a aumentar la asistencia agrícola a por lo menos los niveles de 1980, de unos 20.000 millones de dólares al año, contra los actuales 5.000 millones anuales.
"Las inversiones nacionales siguieron la tendencia (a la baja), excepto en países ricos y en un puñado de naciones en desarrollo como China, India y Brasil", dijo Albert a IPS.
Entre los ricos, el informe señala que, solo en 2007, las inversiones agrícolas de la Unión Europea fueron de 130.000 millones de dólares, y las de Estados Unidos sumaron 41.000 millones de dólares.
Se necesita "un sustancial incremento en las inversiones agrícolas, en comparación con las actuales inversiones en los países ricos o los billones de dólares gastados mundialmente este año para el rescate financiero", señaló Alpert en una declaración.
"Fortalecer los sectores agrícolas de los países en desarrollo es una parte fundamental de una solución a largo plazo para las crisis alimentaria, financiera y climática del mundo", sostuvo.
El informe de Oxfam insta a donantes, gobiernos nacionales e inversores privados a volcar más fondos y más sabiamente en la agricultura del Sur, dirigiéndolos a las personas, particularmente a las mujeres, para estimular y apoyar el capital social y del conocimiento, y con el fin de que adopten métodos de cultivo ambientalmente sostenibles.
"Las mujeres son fundamentales para la seguridad alimentaria", sostuvo Alpert. "Invertir equitativamente en las necesidades de las mujeres y construir su capacidad para involucrarse productivamente en la agricultura debe estar al frente de cualquier solución para mejorar el crecimiento agrícola y reducir la pobreza".
Oxfam señaló que el financiamiento de los donantes debe ser predecible, transparente y unido, y que la ayuda se tiene que adecuar a las condiciones específicas de los lugares, permitiendo la participación de los sectores involucrados y atendiendo sus demandas.
Especial atención se le debe dar a agricultores y ganaderos en tierras marginadas, quienes por lo general trabajan en ambientes difíciles y aislados con acceso inadecuado a los mercados, a los servicios, a créditos e insumos, indica el informe.
"Esos agricultores y ganaderos llevan la carga de conservar la biodiversidad de cultivos y de administrar algunos de los suelos más frágiles del mundo, y pueden ser aliados clave en la lucha contra el cambio climático", añade.
Alpert señaló que, a pesar de las percibidas bajas ganancias de invertir en áreas marginadas, el principal beneficio es reducir la pobreza. "Un sector agrícola actúa como multiplicador en las economías locales, permitiendo finalmente que haya más altos salarios y vibrantes mercados rurales, donde los agricultores y trabajadores gastan sus ganancias".
"Ya estamos viendo el impacto en los pobres del aumento de precios de los alimentos, lo cual en parte se debe a la falta de inversiones en la agricultura. Cuanto más incrementas la productividad, más alimento habrá para las personas, que gastan entre 50 y 80 por ciento de sus ingresos en comida", dijo Alpert a IPS.(FIN/2009)
AMÉRICA LATINA: "Frente a la crisis, mayor poder a los pobres"
Franz Chávez entrevista a ROBERTO HAUDRY, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
LA PAZ, jul (IPS) - Soluciones innovadoras ante la crisis, ampliar servicios y tecnologías hacia los sectores sociales sumergidos y construir democracia en torno a iniciativas ciudadanas es la fórmula para abatir la pobreza que sugiere a los gobiernos latinoamericanos Roberto Haudry, responsable del FIDA para la región andina.
En entrevista concedida a IPS, el gerente de operaciones del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, insta a los líderes de la región a cambiar los modelos económicos que ahondaron la brecha social y acabar con "las democracias de juguete" contrarias a la transferencia masiva de recursos y poder a los más pobres.
Haudry observa con expectativa la apertura cultural y de un nuevo espacio de relaciones diplomáticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacia América Latina y aconseja a los líderes locales tomar iniciativas audaces para crear alianzas con la sociedad civil, empresas y universidades del país del norte de América.
IPS: ¿Cuál es el impacto que tiene la crisis financiera internacional en América Latina?
ROBERTO HAUDRY: La crisis financiera internacional no ha tocado demasiado a América Latina, aún hasta ahora, que ha estado creciendo bien, pero el impacto ha sido crucial en Estados Unidos y Europa.
El primer efecto se ha sentido en la reducción de las remesas de dinero de los emigrantes, que representan la principal fuente de ingresos de los ciudadanos en América Latina.
La cooperación internacional no llega a facturar más de 10.000 millones de dólares porque los flujos son negativos: pagamos más de lo que recibimos. La fuente más importante de todas es la inversión privada y con la crisis se ha reducido.
Las remesas que totalizaban 100.000 millones de dólares se han reducido en 20.000 millones y los efectos son muy serios, porque buena parte se usa para salud, educación y alimentación. En el caso de Bolivia, bajaron en 20 por ciento y en México es similar.
Creo que las próximas señales de recuperación volverán a colocar las remesas en su lugar. Eso esperamos todos.
IPS: ¿En consecuencia, cuál es el camino a elegir después de este trance difícil para las finanzas internacionales?
RH: Lo que sugiere esta crisis es que no podemos proponer más de lo mismo, y debemos ser innovadores y asociarnos a los ciudadanos que envían remesas para multiplicar el valor de esas inversiones. Esa es una manera práctica de combatir la pobreza.
Otra es el uso de la tecnología. No podemos permitir que los campesinos no dispongan de un teléfono celular, de una cuenta bancaria, un seguro de vida, de una serie de mecanismos tecnológicos y de visión ciudadana para romper el primer problema de América Latina que es la desigualdad.
En una población localizada a cinco o 10 horas de un hospital, un teléfono celular dotado de cámara podría ayudar en caso de emergencia para consultar sobre las medidas previas al transporte de una persona herida, y empleando el idioma del lugar.
Usemos la tecnología de punta. Al más débil y pobre, mayores servicios tecnológicos para cerrar la brecha. El problema no es solamente crecer, sino reducir inequidad.
IPS: ¿Cómo observa el curso que siguen los países latinoamericanos con una diversidad de enfoques sobre la forma de resolver la pobreza?
RH: Todos los países tienen diferentes formas de hacer las cosas y cada democracia decide el modo hacerlas.
Yo no creo que repetir lo que se ha hecho en los últimos 25 años, sin modificaciones, nos vaya a llevar a un lugar distinto que no sea el crecimiento con inequidad que ha sido la característica de América Latina en los últimos 20 años.
Cualquiera sea la opción democrática que tengan las políticas públicas, yo creo que el tema principal es reducir la inequidad con transferencias masivas de tecnología hacia los más pobres.
La otra parte de la ecuación es ¿cuánto poder tienen los pobres? ¿Cuántos recursos administran ellos mismos en sus propias iniciativas y bajo sus propias formas democráticas?
Una democracia no es un pensamiento único sin gobierno central, una democracia es un conjunto de ciudadanos desarrollando sus propias iniciativas en un entorno público que favorece la iniciativa del ciudadano.
Cualquier mecanismo democrático en América Latina que signifique transferencias masivas de recursos a los pobres, para que ellos desarrollen sus iniciativas económicas, eso es lo que estamos buscando.
No (buscamos) mecanismos de intermediación para darles recursos a un ministerio y luego se los dé a una institución y que, cuando llegue el momento, le entregue tres pesos a los campesinos y cuatro cursos de capacitación. ¡No!.
Sino hacemos transferencias masivas de recursos y poder a los más pobres vamos a seguir teniendo democracias de juguete que se mienten continuamente. Más mentira, no es ningún tipo de solución.
IPS: ¿Cuánta semejanza hay entre las políticas que lleva alienta el presidente Barack Obama en Estados Unidos, que restituyen al Estado el papel de promover la reactivación económica, y los modelos que se aplican en América Latina?
RH: Hay muchas semejanzas con la administración de Obama y lo que pudiéramos hacer en América Latina, en particular en el fortalecimiento del rol del Estado y de las instituciones democráticas, muy por encima de las opiniones mesiánicas de alguna clase dirigente o las actitudes guerreristas.
Hay un espacio enorme y muy fértil de colaboración con Estados Unidos. Pero también hay una diferencia gigantesca. Lo que hace Obama es emisión monetaria para salvar sus empresas y la posición de Estados Unidos en el mundo. Espero que ningún gobierno nuestro se contagie con la idea de imprimir billetes para financiar alguna actividad que considere esencial.
A mediano plazo, la política pública estadounidense llevará a una devaluación masiva de los valores de nuestra economía que están muy vinculados al dólar. Creo que en materia de política monetaria, los estados nuestros deben ser sumamente conservadores y no presumir que no está pasando nada, especialmente con el dólar.
IPS: ¿Y cómo podría alcanzarse una relación de equilibrio y de cooperación mutua entre la región y Estados Unidos para salir de la crisis?
RH: Estados Unidos está importando una serie de tecnologías de lucha contra la pobreza que hemos desarrollado en el Tercer Mundo y creo que el rol de muchos de nuestros países es ayudar a Estados Unidos a salir de su crisis desde nuestras experiencias.
Por ejemplo en Sudáfrica y Malawi se desarrolló la tecnología de transferencia bancaria por celular y en el sur del África hay más de tres millones de personas pobres que usan este método para transferencias y compras.
Esa tecnología se introducido en Estados Unidos recién el año pasado y está haciendo furor. Comprende desde sistemas de descargo por celular en compras de supermercado hasta sistemas masivos.
Una de las maneras que tenemos de reforzar el sistema financiero estadounidense es haciendo que los pobres ahorren con instrumento más familiares y de fácil manejo como la banca por celular.
Ahí hay una enorme fuente de cooperación que debe ser recíproca y podemos apoyar a su población afro latina.
En Colombia tenemos un programa que tiene el propósito de ofrecer, a mediano plazo, a la juventud afro-norteamericana la posibilidad de ver experiencias de grupos y comunidades rurales negras de América Latina para que vean cómo viven.
Ese es el tipo de colaboración que queremos en el mundo, de intercambio, de pares y que podría generar en el futuro negocios solidarios entre jóvenes de un barrio de Chicago (Estados Unidos) con gente de los yungas (La Paz) en la promoción de la música o aprendiendo de la tecnología.
IPS: ¿Cuál es el camino para alcanzar mejores relaciones con Estados Unidos?
RH: La administración de Obama nos da un espacio cultural de poder relacionarnos y es una gran oportunidad, cualquiera sea la decisión democrática de un estado.
Los vínculos con Estados Unidos hay que reinventarlos y no pueden estar marcados por el pasado. Como decía (el teórico marxista italiano) Antonio Gramsci: la política no sólo es el arte de lo posible, sino en la política es todo para adelante. Hay que ser audaces y quien no tiene iniciativa en política, pierde.
Debemos relacionarnos con la sociedad civil norteamericana, con las empresas, con las universidades y el gobierno.(FIN/2009)
LA PAZ, jul (IPS) - Soluciones innovadoras ante la crisis, ampliar servicios y tecnologías hacia los sectores sociales sumergidos y construir democracia en torno a iniciativas ciudadanas es la fórmula para abatir la pobreza que sugiere a los gobiernos latinoamericanos Roberto Haudry, responsable del FIDA para la región andina.
En entrevista concedida a IPS, el gerente de operaciones del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, insta a los líderes de la región a cambiar los modelos económicos que ahondaron la brecha social y acabar con "las democracias de juguete" contrarias a la transferencia masiva de recursos y poder a los más pobres.
Haudry observa con expectativa la apertura cultural y de un nuevo espacio de relaciones diplomáticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacia América Latina y aconseja a los líderes locales tomar iniciativas audaces para crear alianzas con la sociedad civil, empresas y universidades del país del norte de América.
IPS: ¿Cuál es el impacto que tiene la crisis financiera internacional en América Latina?
ROBERTO HAUDRY: La crisis financiera internacional no ha tocado demasiado a América Latina, aún hasta ahora, que ha estado creciendo bien, pero el impacto ha sido crucial en Estados Unidos y Europa.
El primer efecto se ha sentido en la reducción de las remesas de dinero de los emigrantes, que representan la principal fuente de ingresos de los ciudadanos en América Latina.
La cooperación internacional no llega a facturar más de 10.000 millones de dólares porque los flujos son negativos: pagamos más de lo que recibimos. La fuente más importante de todas es la inversión privada y con la crisis se ha reducido.
Las remesas que totalizaban 100.000 millones de dólares se han reducido en 20.000 millones y los efectos son muy serios, porque buena parte se usa para salud, educación y alimentación. En el caso de Bolivia, bajaron en 20 por ciento y en México es similar.
Creo que las próximas señales de recuperación volverán a colocar las remesas en su lugar. Eso esperamos todos.
IPS: ¿En consecuencia, cuál es el camino a elegir después de este trance difícil para las finanzas internacionales?
RH: Lo que sugiere esta crisis es que no podemos proponer más de lo mismo, y debemos ser innovadores y asociarnos a los ciudadanos que envían remesas para multiplicar el valor de esas inversiones. Esa es una manera práctica de combatir la pobreza.
Otra es el uso de la tecnología. No podemos permitir que los campesinos no dispongan de un teléfono celular, de una cuenta bancaria, un seguro de vida, de una serie de mecanismos tecnológicos y de visión ciudadana para romper el primer problema de América Latina que es la desigualdad.
En una población localizada a cinco o 10 horas de un hospital, un teléfono celular dotado de cámara podría ayudar en caso de emergencia para consultar sobre las medidas previas al transporte de una persona herida, y empleando el idioma del lugar.
Usemos la tecnología de punta. Al más débil y pobre, mayores servicios tecnológicos para cerrar la brecha. El problema no es solamente crecer, sino reducir inequidad.
IPS: ¿Cómo observa el curso que siguen los países latinoamericanos con una diversidad de enfoques sobre la forma de resolver la pobreza?
RH: Todos los países tienen diferentes formas de hacer las cosas y cada democracia decide el modo hacerlas.
Yo no creo que repetir lo que se ha hecho en los últimos 25 años, sin modificaciones, nos vaya a llevar a un lugar distinto que no sea el crecimiento con inequidad que ha sido la característica de América Latina en los últimos 20 años.
Cualquiera sea la opción democrática que tengan las políticas públicas, yo creo que el tema principal es reducir la inequidad con transferencias masivas de tecnología hacia los más pobres.
La otra parte de la ecuación es ¿cuánto poder tienen los pobres? ¿Cuántos recursos administran ellos mismos en sus propias iniciativas y bajo sus propias formas democráticas?
Una democracia no es un pensamiento único sin gobierno central, una democracia es un conjunto de ciudadanos desarrollando sus propias iniciativas en un entorno público que favorece la iniciativa del ciudadano.
Cualquier mecanismo democrático en América Latina que signifique transferencias masivas de recursos a los pobres, para que ellos desarrollen sus iniciativas económicas, eso es lo que estamos buscando.
No (buscamos) mecanismos de intermediación para darles recursos a un ministerio y luego se los dé a una institución y que, cuando llegue el momento, le entregue tres pesos a los campesinos y cuatro cursos de capacitación. ¡No!.
Sino hacemos transferencias masivas de recursos y poder a los más pobres vamos a seguir teniendo democracias de juguete que se mienten continuamente. Más mentira, no es ningún tipo de solución.
IPS: ¿Cuánta semejanza hay entre las políticas que lleva alienta el presidente Barack Obama en Estados Unidos, que restituyen al Estado el papel de promover la reactivación económica, y los modelos que se aplican en América Latina?
RH: Hay muchas semejanzas con la administración de Obama y lo que pudiéramos hacer en América Latina, en particular en el fortalecimiento del rol del Estado y de las instituciones democráticas, muy por encima de las opiniones mesiánicas de alguna clase dirigente o las actitudes guerreristas.
Hay un espacio enorme y muy fértil de colaboración con Estados Unidos. Pero también hay una diferencia gigantesca. Lo que hace Obama es emisión monetaria para salvar sus empresas y la posición de Estados Unidos en el mundo. Espero que ningún gobierno nuestro se contagie con la idea de imprimir billetes para financiar alguna actividad que considere esencial.
A mediano plazo, la política pública estadounidense llevará a una devaluación masiva de los valores de nuestra economía que están muy vinculados al dólar. Creo que en materia de política monetaria, los estados nuestros deben ser sumamente conservadores y no presumir que no está pasando nada, especialmente con el dólar.
IPS: ¿Y cómo podría alcanzarse una relación de equilibrio y de cooperación mutua entre la región y Estados Unidos para salir de la crisis?
RH: Estados Unidos está importando una serie de tecnologías de lucha contra la pobreza que hemos desarrollado en el Tercer Mundo y creo que el rol de muchos de nuestros países es ayudar a Estados Unidos a salir de su crisis desde nuestras experiencias.
Por ejemplo en Sudáfrica y Malawi se desarrolló la tecnología de transferencia bancaria por celular y en el sur del África hay más de tres millones de personas pobres que usan este método para transferencias y compras.
Esa tecnología se introducido en Estados Unidos recién el año pasado y está haciendo furor. Comprende desde sistemas de descargo por celular en compras de supermercado hasta sistemas masivos.
Una de las maneras que tenemos de reforzar el sistema financiero estadounidense es haciendo que los pobres ahorren con instrumento más familiares y de fácil manejo como la banca por celular.
Ahí hay una enorme fuente de cooperación que debe ser recíproca y podemos apoyar a su población afro latina.
En Colombia tenemos un programa que tiene el propósito de ofrecer, a mediano plazo, a la juventud afro-norteamericana la posibilidad de ver experiencias de grupos y comunidades rurales negras de América Latina para que vean cómo viven.
Ese es el tipo de colaboración que queremos en el mundo, de intercambio, de pares y que podría generar en el futuro negocios solidarios entre jóvenes de un barrio de Chicago (Estados Unidos) con gente de los yungas (La Paz) en la promoción de la música o aprendiendo de la tecnología.
IPS: ¿Cuál es el camino para alcanzar mejores relaciones con Estados Unidos?
RH: La administración de Obama nos da un espacio cultural de poder relacionarnos y es una gran oportunidad, cualquiera sea la decisión democrática de un estado.
Los vínculos con Estados Unidos hay que reinventarlos y no pueden estar marcados por el pasado. Como decía (el teórico marxista italiano) Antonio Gramsci: la política no sólo es el arte de lo posible, sino en la política es todo para adelante. Hay que ser audaces y quien no tiene iniciativa en política, pierde.
Debemos relacionarnos con la sociedad civil norteamericana, con las empresas, con las universidades y el gobierno.(FIN/2009)
jueves, 2 de julio de 2009
Represas y Terremotos: efectos en la cuenca patagónica
Autor | Mauricio Fierro | Idioma | Español | Pais | América del Sur | Publicado | 18 junio 2009 15:18
Entre Argentina y Chile existe una larga línea fronteriza, y reiteradamente se menciona como una de las mayores del mundo, pero más allá de limites geopolíticos, existe una geomorfología común, única e indivisible, y activa telúricamente. Donde, todo lo que ocurra en ella desde un punto de vista tectónico, es compartido por ambos países y el planeta.
La cordillera de los Andes, forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, con cientos de volcanes, y una decena de ellos están ubicados en la Patagonia. Estos complejos volcánicos están activos y ligados a una falla geológica altamente peligrosa, denominada Zona de Falla Liquiñe Ofqui (ZFLO). Esta falla es conocida pero muy poco estudiada, y se ha hecho tristemente celebre por la erupción algunos volcanes, especialmente el Volcán Chaiten y los daños causados a los habitantes de Argentina y Chile.
El ser humano y sus actividades industriales, han encontrado un nuevo nombre y culpable para cubrir sus responsabilidades, el Calentamiento Global. Este “efecto” que a su vez es una sumatoria de causas, está provocando un cambio climático evidente, pero a la vez una grave inestabilidad geológica y telúrica en el planeta, y la zona austral del continente sudamericano no es una excepción, especialmente entre los 38 y 45 grados de latitud sur, es decir la Patagonia, independiente del país. El incremento en un grado o más en la temperatura media ambiental, ha iniciado un efecto en cascada, provocando una serie de perturbaciones climáticas y ambientales, causando en la zona austral una tendencia hacia la sequía y disminución de caudales en las cuencas lacustres. Esto ultimo significa, una enorme pérdida de masa, que durante miles de años presionó la corteza terrestre, y se mantuvo en un estado de equilibrio, causando un nuevo ajuste de las fuerzas isostáticas corticales y por ende, fenómenos sismológicos y volcánicos.
Por otra parte, las actividades industriales corporativas sobre la corteza terrestre, especialmente los proyectos hidráulicos en las cuencas hidrográficas con presencia de fallas geológicas, están provocando terremotos debido a un fenómeno llamado Sismicidad Inducida, y de no mediar medidas correctivas e impedir estos proyectos, la recurrencia de movimientos telúricos aumentarán peligrosamente en un corto y mediano plazo, potenciado por el efecto del calentamiento global, con las consabidas pérdidas en vidas humanas, deterioro de las economías locales y valiosos ecosistemas australes. La Sismicidad Inducida, provocada por el represamiento de cuencas lacustres y la minería intensiva, han provocado el incremento de terremotos en zonas que históricamente no tenía actividades telúricas. La corteza terrestre al sufrir cambios en las tensiones del subsuelo, inicia un proceso de estabilización de las masas y por ende movimientos tectónicos, que se traducen en fenómenos sísmicos (enjambres de temblores y terremotos).
Actualmente, una serie de proyectos de represamiento de ríos amenaza la Patagonia, y de concretarse alguno de estos proyectos, la estabilidad geológica futura de esta zona, está sentenciada a sufrir graves terremotos. La responsabilidad recae en las autoridades gubernamentales y políticas aquejadas de corrupción y por mentir a las comunidades; en las corporaciones por su codicia criminal y profitar sin respeto por la vida y el medio ambiente; y la estupidez de los ciudadanos por creer ingenuamente en que las autoridades dicen la verdad, y no en que la verdad es la autoridad.
El presente trabajo, detalla en forma simple, la relación entre las represas y los terremotos, en una región donde se ubica una de las fallas geológicas o complejos volcánicos más peligrosos de planeta.
Mauricio Fierro, Mayo del 2009.
Entre Argentina y Chile existe una larga línea fronteriza, y reiteradamente se menciona como una de las mayores del mundo, pero más allá de limites geopolíticos, existe una geomorfología común, única e indivisible, y activa telúricamente. Donde, todo lo que ocurra en ella desde un punto de vista tectónico, es compartido por ambos países y el planeta.
La cordillera de los Andes, forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, con cientos de volcanes, y una decena de ellos están ubicados en la Patagonia. Estos complejos volcánicos están activos y ligados a una falla geológica altamente peligrosa, denominada Zona de Falla Liquiñe Ofqui (ZFLO). Esta falla es conocida pero muy poco estudiada, y se ha hecho tristemente celebre por la erupción algunos volcanes, especialmente el Volcán Chaiten y los daños causados a los habitantes de Argentina y Chile.
El ser humano y sus actividades industriales, han encontrado un nuevo nombre y culpable para cubrir sus responsabilidades, el Calentamiento Global. Este “efecto” que a su vez es una sumatoria de causas, está provocando un cambio climático evidente, pero a la vez una grave inestabilidad geológica y telúrica en el planeta, y la zona austral del continente sudamericano no es una excepción, especialmente entre los 38 y 45 grados de latitud sur, es decir la Patagonia, independiente del país. El incremento en un grado o más en la temperatura media ambiental, ha iniciado un efecto en cascada, provocando una serie de perturbaciones climáticas y ambientales, causando en la zona austral una tendencia hacia la sequía y disminución de caudales en las cuencas lacustres. Esto ultimo significa, una enorme pérdida de masa, que durante miles de años presionó la corteza terrestre, y se mantuvo en un estado de equilibrio, causando un nuevo ajuste de las fuerzas isostáticas corticales y por ende, fenómenos sismológicos y volcánicos.
Por otra parte, las actividades industriales corporativas sobre la corteza terrestre, especialmente los proyectos hidráulicos en las cuencas hidrográficas con presencia de fallas geológicas, están provocando terremotos debido a un fenómeno llamado Sismicidad Inducida, y de no mediar medidas correctivas e impedir estos proyectos, la recurrencia de movimientos telúricos aumentarán peligrosamente en un corto y mediano plazo, potenciado por el efecto del calentamiento global, con las consabidas pérdidas en vidas humanas, deterioro de las economías locales y valiosos ecosistemas australes. La Sismicidad Inducida, provocada por el represamiento de cuencas lacustres y la minería intensiva, han provocado el incremento de terremotos en zonas que históricamente no tenía actividades telúricas. La corteza terrestre al sufrir cambios en las tensiones del subsuelo, inicia un proceso de estabilización de las masas y por ende movimientos tectónicos, que se traducen en fenómenos sísmicos (enjambres de temblores y terremotos).
Actualmente, una serie de proyectos de represamiento de ríos amenaza la Patagonia, y de concretarse alguno de estos proyectos, la estabilidad geológica futura de esta zona, está sentenciada a sufrir graves terremotos. La responsabilidad recae en las autoridades gubernamentales y políticas aquejadas de corrupción y por mentir a las comunidades; en las corporaciones por su codicia criminal y profitar sin respeto por la vida y el medio ambiente; y la estupidez de los ciudadanos por creer ingenuamente en que las autoridades dicen la verdad, y no en que la verdad es la autoridad.
El presente trabajo, detalla en forma simple, la relación entre las represas y los terremotos, en una región donde se ubica una de las fallas geológicas o complejos volcánicos más peligrosos de planeta.
Mauricio Fierro, Mayo del 2009.
miércoles, 1 de julio de 2009
Perú: No es tiempo para permanecer callados
Autor | Alberto Chirif | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 18 junio 2009 15:20
Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos.
Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad. Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena. Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.
La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de "perros del hortelano", para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.
La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol. El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado. Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año. El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.
Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.
La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.
Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.
La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.
Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.
Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.
Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones. Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.
Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla. Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.
Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.
Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.
Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.
Fuente: Servindi
Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos.
Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad. Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena. Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.
La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de "perros del hortelano", para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.
La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol. El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado. Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año. El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.
Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.
La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.
Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.
La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.
Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.
Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.
Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones. Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.
Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla. Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.
Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.
Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.
Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.
Fuente: Servindi
¿Cómo detener el etnocidio capitalista en el Perú?
Autor | Roberto Espinoza - CAOI | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 19 junio 2009 13:22
Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, entre policías, baguinos y Awajun Wampis, expresan no solo el ingreso a una fase dictatorial en el Perú, sino también la agravación de un antiguo proceso de etnocidio permitido y promovido desde el Estado. Hace mucho tiempo que transcurre impune una compleja ofensiva ideológica, jurídica, política y represiva, de carácter racista, privatista, neoliberal contra los pueblos indígenas /originarios /campesinos, amazónicos, andinos y costeños, con el respaldo cómplice de los gremios empresariales, mayoría de medios de comunicación y los partidos del Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo, y hasta del Toledismo y Belaundismo que concilió con esos procesos.
La ofensiva se expresa en más de 33 millones de Has. Amazónicas subastadas a petroleras; más de 3000 comunidades andinas con denuncios mineros superpuestos a sus territorios; ínfimos empleos y miserables impuestos que pagan dichas empresas; impunidad de la depredación y contaminación de las industrias extractivas; negativa estatal a la titulación de 250 comunidades amazónicas, ampliación de títulos de centenares de comunidades en crisis por el crecimiento poblacional y de establecer reservas territoriales a pueblos en aislamiento voluntario; y la presión de Cofopri para fragmentar y privatizar los títulos comunitarios y abrir el “mercado de tierras” reclamado por la derecha neoliberal.
La fiebre apresurada por los TLC, iniciado por el entreguista “Si o Si” de Toledo frente a los Estados Unidos y seguido por todos los partidos tradicionales, expresa la desesperación por colocar varios candados jurídicos a esta literal invasión y saqueo de la madre tierra y la consiguiente exclusión y destrucción social de los pueblos originarios. Bajo dicho TLC se imponen 102 decretos en junio del 2008 bajo el silencio del congreso, lo cual configura un auténtico auto golpe legislativo. Varios de ellos incluyen varios decretos ( 1090, 1064, 1020, 1089, 1081, 1083, 1080 y otros ) dirigidos a precarizar, fragilizar, fragmentar y privatizar los territorios indígenas como propiedades de “segunda clase” y facilitar su invasión por capitales extractivistas . La justificación ideológica fué expuesta en los artículos del Perro del Hortelano, donde dichos pueblos son acusados de “demagogia” en sus identidades culturales; del “error histórico” de entregar tierra a pobres sin productividad alguna y por tanto son condenados a ser parte del “pasado” por el propio presidente de la República. Una clara y violenta sentencia social : están fuera del futuro del Perú y eso es racismo institucionalizado desde el Estado.
Todo lo anterior significan políticas públicas que dificultan, agreden y violentan las condiciones sociales necesarias para la reproducción social y cultural de los pueblos originarios. Si esa prédica y políticas continúan, aumentarán los indicadores de mortalidad, morbilidad, analfabetismo, migración, contaminación tóxica degenerativa, y en especial, los conflictos socio-ambientales-culturales, acumulando más enfrentamientos, asesinatos, desapareciones, heridos, mutilados, encarcelados y persecusiones. Esto se llama políticas estatales que permiten el etnocidio respaldadas por el racismo del partido Aprista, Unidad Nacional y Fujimorista.
Para detener estas agresiones múltiples, es urgente, aunque ya insuficiente, la derogatoria del DL 1090. El gobierno sigue agravando los problemas. La soberbia de imponer a sangre y fuego la incoherente “suspensión” de ese decreto, demuestra que hace parte de una ofensiva capitalista mucho más amplia, frente a la cual es indispensable levantar alternativas mas profundas también. No hay garantías para los territorios indígenas y ellas deben ser instaladas plenamente. Esa agresión social debe ser detenida, porque seguirá agravando una innecesaria conflictividad y violencia social. La amplitud y profundidad del etnocidio, hacen necesarias entre otras medidas las siguientes :
· Derogatoria de los decretos pro TLC anti indígenas ( DL 994, 995, 1090, 1064, 1020, 1089, 1081, 1075, 1083, 1080 y otros) y los de criminalización del ejercicio de derechos indígenas y populares ( DL 982, 983,988,989 )
· Ayudar a cerrar las heridas del pueblo Awajun y Wampis, suspendiendo las agresiones de la minera Dorato y petrolera Hocol sobre sus territorios, y estableciendo una Comisión de Paz y de la Verdad internacional, para identificar a desaparecidos, liberar a los detenidos “secuestrados”, atender la salud de los heridos y detener los rastrillajes en las comunidades amazónicas.
· Consolidación de la propiedad territorial indígena, cuyos títulos están mutilados en más de la mitad de las mismas, en las partes forestales relegadas a contratos de cesión de uso. Debe atenderse el reclamo de hace 30 años para que sean incorporadas las áreas forestales como parte plena de los títulos territoriales.
· Amnistía para Alberto Pizango, dirigentes de AIDESEP y los más de 1000 lideres de comunidades amazónicas y andinas perseguidos por defender la madre tierra, los territorios, y los derechos sociales y culturales.
· Titulación de más de 250 nuevas comunidades, más de 300 ampliaciones y reservas territoriales (pueblos en aislamiento). No basta con colocarlo en un acta o norma. Falta voluntad política, presupuesto suficiente y encargar su ejecución a otra entidad distinta del “privatizador” Cofopri.
· Culminar el saneamiento territorial como condición previa a cualquier inversión, proyecto o propuesta estatal de negocios amazónicos, en especial de concesiones a negocios forestales, agrocombustibles, mineros, petroleros u otros.
· Establecimiento como ley nacional, vinculante y de fuerza coactiva, a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, tal como lo ha efectuado Bolivia.
· Transversalizaciòn legislativa, del Convenio Nº 169-OIT (DL 26253) y la Declaración de la ONU, para adecuar a estos tratados internacionales de derechos humanos, las leyes orgànicas de recursos naturales, agua, energía, minería, hidrocarburos, forestal, educación, salud, justicia, entre otras.
· Presentación de denuncias sobre Etnocidio estatal en el Perú ante la Organización Internacional del Trabajo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Erradicación de la Discriminación Racial de la ONU, algunas ya iniciadas por la CAOI con las pruebas del “Perro del Hortelano”.
Si se dan o no las condiciones en el congreso para ofrecer garantías como las señaladas, es un tema de coyuntura y correlación de fuerzas polìticas cambiantes. Si las soluciones demora meses o años, dependerá de la opinión y acción nacionales, pero eso no cambia los vacíos y exclusiones sociales que deben ser resueltos. La excesiva sangre que se derramado incluída la de los policías de la estación 6 abandonados a su suerte por el gobierno cuando ordenó el desalojo de Bagua, se suma a decenas y cientos de años de desprecio, indiferencia, engaño, humillación, corrupción sufridos por los pueblos originarios por parte del estado y los partidos “sistèmicos”. No es solo desconfianza històrica, ahora es una herida más profunda de violencia estatal.
Superemos las fracturas, incoherencias y fracasos de imponer un Estado Uni-Nacional y un modelo capitalista de mercantilización de la Vida y avancemos en la transformación hacia un estado Pluri-Nacional y una sociedad del Vivir Bien (no del “vivir mejor”). Unidad en la Diversidad sin exclusión, racismo y etnocidio. Es indispensable hacer posible esta nueva reparación històrica en el Perú del 2009 y que se suma a las que dejó pendientes el Informe de la Comisión de la Verdad entre 1980-2000. Dos procesos históricos, dos matanzas, dos lecciones, dos oportunidades perdidas, y ojalá que la futura repetición de esta historia anunciada, podamos ver otro desenlace. El próximo paro nacional del 7,8,9 julio del 2009 busca abrir caminos en esa dirección; todos estamos convocados y los haremos posible con el aporte de la solidaridad nacional e internacional.
Fuente: Kaos en la Red
Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, entre policías, baguinos y Awajun Wampis, expresan no solo el ingreso a una fase dictatorial en el Perú, sino también la agravación de un antiguo proceso de etnocidio permitido y promovido desde el Estado. Hace mucho tiempo que transcurre impune una compleja ofensiva ideológica, jurídica, política y represiva, de carácter racista, privatista, neoliberal contra los pueblos indígenas /originarios /campesinos, amazónicos, andinos y costeños, con el respaldo cómplice de los gremios empresariales, mayoría de medios de comunicación y los partidos del Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo, y hasta del Toledismo y Belaundismo que concilió con esos procesos.
La ofensiva se expresa en más de 33 millones de Has. Amazónicas subastadas a petroleras; más de 3000 comunidades andinas con denuncios mineros superpuestos a sus territorios; ínfimos empleos y miserables impuestos que pagan dichas empresas; impunidad de la depredación y contaminación de las industrias extractivas; negativa estatal a la titulación de 250 comunidades amazónicas, ampliación de títulos de centenares de comunidades en crisis por el crecimiento poblacional y de establecer reservas territoriales a pueblos en aislamiento voluntario; y la presión de Cofopri para fragmentar y privatizar los títulos comunitarios y abrir el “mercado de tierras” reclamado por la derecha neoliberal.
La fiebre apresurada por los TLC, iniciado por el entreguista “Si o Si” de Toledo frente a los Estados Unidos y seguido por todos los partidos tradicionales, expresa la desesperación por colocar varios candados jurídicos a esta literal invasión y saqueo de la madre tierra y la consiguiente exclusión y destrucción social de los pueblos originarios. Bajo dicho TLC se imponen 102 decretos en junio del 2008 bajo el silencio del congreso, lo cual configura un auténtico auto golpe legislativo. Varios de ellos incluyen varios decretos ( 1090, 1064, 1020, 1089, 1081, 1083, 1080 y otros ) dirigidos a precarizar, fragilizar, fragmentar y privatizar los territorios indígenas como propiedades de “segunda clase” y facilitar su invasión por capitales extractivistas . La justificación ideológica fué expuesta en los artículos del Perro del Hortelano, donde dichos pueblos son acusados de “demagogia” en sus identidades culturales; del “error histórico” de entregar tierra a pobres sin productividad alguna y por tanto son condenados a ser parte del “pasado” por el propio presidente de la República. Una clara y violenta sentencia social : están fuera del futuro del Perú y eso es racismo institucionalizado desde el Estado.
Todo lo anterior significan políticas públicas que dificultan, agreden y violentan las condiciones sociales necesarias para la reproducción social y cultural de los pueblos originarios. Si esa prédica y políticas continúan, aumentarán los indicadores de mortalidad, morbilidad, analfabetismo, migración, contaminación tóxica degenerativa, y en especial, los conflictos socio-ambientales-culturales, acumulando más enfrentamientos, asesinatos, desapareciones, heridos, mutilados, encarcelados y persecusiones. Esto se llama políticas estatales que permiten el etnocidio respaldadas por el racismo del partido Aprista, Unidad Nacional y Fujimorista.
Para detener estas agresiones múltiples, es urgente, aunque ya insuficiente, la derogatoria del DL 1090. El gobierno sigue agravando los problemas. La soberbia de imponer a sangre y fuego la incoherente “suspensión” de ese decreto, demuestra que hace parte de una ofensiva capitalista mucho más amplia, frente a la cual es indispensable levantar alternativas mas profundas también. No hay garantías para los territorios indígenas y ellas deben ser instaladas plenamente. Esa agresión social debe ser detenida, porque seguirá agravando una innecesaria conflictividad y violencia social. La amplitud y profundidad del etnocidio, hacen necesarias entre otras medidas las siguientes :
· Derogatoria de los decretos pro TLC anti indígenas ( DL 994, 995, 1090, 1064, 1020, 1089, 1081, 1075, 1083, 1080 y otros) y los de criminalización del ejercicio de derechos indígenas y populares ( DL 982, 983,988,989 )
· Ayudar a cerrar las heridas del pueblo Awajun y Wampis, suspendiendo las agresiones de la minera Dorato y petrolera Hocol sobre sus territorios, y estableciendo una Comisión de Paz y de la Verdad internacional, para identificar a desaparecidos, liberar a los detenidos “secuestrados”, atender la salud de los heridos y detener los rastrillajes en las comunidades amazónicas.
· Consolidación de la propiedad territorial indígena, cuyos títulos están mutilados en más de la mitad de las mismas, en las partes forestales relegadas a contratos de cesión de uso. Debe atenderse el reclamo de hace 30 años para que sean incorporadas las áreas forestales como parte plena de los títulos territoriales.
· Amnistía para Alberto Pizango, dirigentes de AIDESEP y los más de 1000 lideres de comunidades amazónicas y andinas perseguidos por defender la madre tierra, los territorios, y los derechos sociales y culturales.
· Titulación de más de 250 nuevas comunidades, más de 300 ampliaciones y reservas territoriales (pueblos en aislamiento). No basta con colocarlo en un acta o norma. Falta voluntad política, presupuesto suficiente y encargar su ejecución a otra entidad distinta del “privatizador” Cofopri.
· Culminar el saneamiento territorial como condición previa a cualquier inversión, proyecto o propuesta estatal de negocios amazónicos, en especial de concesiones a negocios forestales, agrocombustibles, mineros, petroleros u otros.
· Establecimiento como ley nacional, vinculante y de fuerza coactiva, a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, tal como lo ha efectuado Bolivia.
· Transversalizaciòn legislativa, del Convenio Nº 169-OIT (DL 26253) y la Declaración de la ONU, para adecuar a estos tratados internacionales de derechos humanos, las leyes orgànicas de recursos naturales, agua, energía, minería, hidrocarburos, forestal, educación, salud, justicia, entre otras.
· Presentación de denuncias sobre Etnocidio estatal en el Perú ante la Organización Internacional del Trabajo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Erradicación de la Discriminación Racial de la ONU, algunas ya iniciadas por la CAOI con las pruebas del “Perro del Hortelano”.
Si se dan o no las condiciones en el congreso para ofrecer garantías como las señaladas, es un tema de coyuntura y correlación de fuerzas polìticas cambiantes. Si las soluciones demora meses o años, dependerá de la opinión y acción nacionales, pero eso no cambia los vacíos y exclusiones sociales que deben ser resueltos. La excesiva sangre que se derramado incluída la de los policías de la estación 6 abandonados a su suerte por el gobierno cuando ordenó el desalojo de Bagua, se suma a decenas y cientos de años de desprecio, indiferencia, engaño, humillación, corrupción sufridos por los pueblos originarios por parte del estado y los partidos “sistèmicos”. No es solo desconfianza històrica, ahora es una herida más profunda de violencia estatal.
Superemos las fracturas, incoherencias y fracasos de imponer un Estado Uni-Nacional y un modelo capitalista de mercantilización de la Vida y avancemos en la transformación hacia un estado Pluri-Nacional y una sociedad del Vivir Bien (no del “vivir mejor”). Unidad en la Diversidad sin exclusión, racismo y etnocidio. Es indispensable hacer posible esta nueva reparación històrica en el Perú del 2009 y que se suma a las que dejó pendientes el Informe de la Comisión de la Verdad entre 1980-2000. Dos procesos históricos, dos matanzas, dos lecciones, dos oportunidades perdidas, y ojalá que la futura repetición de esta historia anunciada, podamos ver otro desenlace. El próximo paro nacional del 7,8,9 julio del 2009 busca abrir caminos en esa dirección; todos estamos convocados y los haremos posible con el aporte de la solidaridad nacional e internacional.
Fuente: Kaos en la Red
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