Autor | Hugo Blanco | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 19 junio 2009 13:33
Comienzo señalando una diferencia entre la “modernidad” y la cosmovisión indígena: El mundo civilizado ve el pasado como algo superado. “Primitivo” tiene implicancia peyorativa. Lo moderno, lo último, es lo mejor. En mi idioma, el quechua, “Ñaupaq” significa “adelante” y a la vez “pasado”. “Qhepa” significa “posterior”, en el lugar y en el tiempo. No miramos con desprecio el pasado, aprendemos mucho de su ética.
Ahora vemos que “el progreso” está llevando a la extinción de la especie humana a través del calentamiento global y de muchas otras formas de ataque a la naturaleza.
¿Qué son los pueblos amazónicos?
La población amazónica peruana abarca al 11% de la población. Habita la más extensa de las tres regiones naturales del Perú (costa, sierra y selva), ocupa el norte, centro y sur orientes. Habla decenas de lenguas y está compuesta de decenas de nacionalidades.
Los habitantes de la selva sudamericana son los indígenas menos contaminados por la “civilización”, cuya etapa actual es el capitalismo neoliberal.
No fueron conquistados por el incanato, tampoco los invasores españoles los dominaron. El indígena serrano rebelde Juan Santos Atawallpa, al ser acosado por las tropas españolas, se replegó a la selva, al seno de esos pueblos, una de cuyas lenguas había aprendido, las fuerzas coloniales no consiguieron vencerle.
En la época de la explotación del caucho ingresó el capitalismo a la selva donde redujo a la esclavitud y masacró a poblaciones nativas, por esa razón muchas de ellas se mantienen hasta hoy en aislamiento voluntario, no desean ningún contacto con la “civilización”.
Los hermanos amazónicos no comparten los prejuicios de origen religioso del “mundo civilizado” de cubrirse el cuerpo con trapos aunque haga un calor intenso. La fuerte ofensiva moral de los misioneros religiosos y las leyes que defienden esos prejuicios han conseguido que algunos de ellos deban cubrirse partes del cuerpo, especialmente cuando van a las ciudades.
Se sienten integrantes de la Madre Naturaleza y la respetan profundamente. Cuando tienen que cultivar no hacen sembríos de un producto. Despejan un lugar del bosque, ponen en él diferentes plantas de distinta contextura, de diferente ciclo vital, juntas, imitando la naturaleza. Un palto o aguacate y enredado en él una calabaza, al lado un plátano, maíz, yuca (mandioca), una palmera de frutos comestibles. Luego de un tiempo devuelven ese lugar a la naturaleza y abren otro lugar para el cultivo.
Salen de cacería y recolección, cuando ven algo digno de ser cazado lo hacen, pasan por su cultivo, si ven que algo está maduro, lo recogen, si notan que hay que hacer algún arreglo lo hacen, después de un tiempo regresan a su vivienda, no se puede afirmar si han estado paseando o trabajando.
Beben el agua de ríos y arroyos y también se alimentan de peces.
Inclusive los indígenas serranos, más contaminados por la “civilización” les califican de ociosos, no quieren “progresar”, sólo quieren vivir bien.
Habitan chozas colectivas. No hay “partidos” ni votaciones, su organización social y política es la comunidad. No manda el jefe, manda el personaje colectivo, la comunidad.
Ellos han vivido ahí desde milenios antes de la invasión europea, milenios antes de la constitución del Estado Peruano que jamás les consultó para elaborar sus leyes con las cuales ahora les ataca pretendiendo exterminarlos.
Las empresas multinacionales
Esa vida apacible como parte de la naturaleza ahora se ve agredida por la voracidad de las empresas multinacionales: Extractoras de petróleo, gas y minerales, depredadoras de los bosques.
A esas empresas, como reza la religión neoliberal, no les importa la agresión a la naturaleza ni la extinción de la especie humana, lo único que les interesa es la obtención de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.
Envenenan el agua de los ríos, arrasan los árboles convirtiéndolos en madera: Matan la selva amazónica, madre de los nativos amazónicos. Eso es también matarlos a ellos.
Hay abundante legislación peruana que los protege, entre otras el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que es ley de nivel constitucional pues fue aprobada por el Congreso. Ese convenio estipula que cualquier disposición sobre los territorios indígenas debe ser consultada con las comunidades. También existen leyes de protección del medio ambiente.
Pero la legislación peruana es apenas un pequeño obstáculo para las grandes compañías que mediante el soborno logran poner a su servicio a todo el Estado Peruano: Presidente de la República, mayoría parlamentaria, Poder judicial, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Los medios de comunicación también están en sus manos.
Al servicio de esas empresas que son sus amos, Alan García ha elaborado la teoría del “perro del hortelano”. Señala que los pequeños campesinos o las comunidades indígenas, como no tienen grandes capitales que invertir, deben dejar el paso libre a las grandes compañías depredadoras de la naturaleza como las compañías mineras en la sierra y las extractoras de hidrocarburos en la selva. En todo el territorio nacional deben dejar el paso libre a las grandes compañías agroindustriales que matan el suelo con el monocultivo y los agroquímicos y que trabajan productos de exportación y no para el mercado interno. Según él esa es la política que se necesita para que el Perú progrese.
Para implementar esa política obtuvo del Poder Legislativo la autorización para legislar, según dijo para adecuarnos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.
Esa legislación fue una catarata de “Decretos Ley” contra la organización comunal de indígenas de la sierra y de la selva, pues la organización colectivista estorba el saqueo imperialista y abrió las puertas a la depredación de la naturaleza con el envenenamiento de los ríos, la esterilización del suelo con el monocultivo agroindustrial con el uso de agroquímicos y el arrasamiento de la selva con la extracción de hidrocarburos y madera. Aunque la depredación ya lleva tiempo, los D.L la legalizan y agudizan. Por falta de espacio no he de hacer un análisis de esos decretos leyes, quien lo requiera que busque otras fuentes.
Reacción indígena
Naturalmente indígenas de la sierra y la selva reaccionaron contra ese ataque y realizan muchas valientes luchas.
Pero es indudable que los indígenas menos contaminados, los que mejor conservan los principios indígenas de amor a la naturaleza, de colectivismo, de “mandar obedeciendo”, del “buen vivir”, son los amazónicos, quienes están a la cabeza de las luchas.
La mayor organización de los indígenas amazónicos es la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) que tiene bases en el norte, centro y sur de la amazonía peruana. Exigen la derogatoria de los D.L. que afectan su vida impulsando la contaminación de ríos y la tala de bosques.
Su método de lucha consiste en interrupción de vías de transporte terrestre, interrupción del transporte fluvial, muy usado por las empresas multinacionales, toma de instalaciones, toma de un campo de aviación. Cuando viene la represión se repliegan denunciando que el gobierno lo que quiere es represión y no diálogo.
En agosto del año pasado obtuvieron un triunfo logrando que el congreso derogara dos decretos ley antiamazónicos.
Este año iniciaron su lucha el 9 de abril. El gobierno con maniobras evitó debatir con ellos. Y con más maniobras evitó que el parlamento discutiera la inconstitucionalidad de un decreto ley que la comisión parlamentaria encargada de estudiarlo encontró anticonstitucional.
5 de junio
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, fue elegido por Alan García para desfogar su rabia anti-ecológica contra los defensores de la amazonía.
Usó al cuerpo policial especializado en la represión a los movimientos sociales, la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).
Fueron atacados los hermanos awajun y wampis que bloqueaban la carretera cerca de la población de Bagua. A las 5 de la mañana comenzó la masacre desde los helicópteros y desde tierra. No se sabe cuántos son los muertos. Los policías no permitían la atención a los heridos, a quienes tomaban presos, ni el levantamiento de los cadáveres por los familiares.
Paso la palabra a Juan, quien estuvo en Bagua:
Por asuntos netamente laborales, el día de ayer tuve la oportunidad y el “privilegio” de estar por algunas horas en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, el ambiente que se respira es tenebroso, las “historias” que se cuentan son macabras y hasta inverosímiles, pero las personas que lo cuentan son personas que vivieron el terror, son testigos privilegiados de la otra realidad que el Perú oficial, los medios de comunicación, están tratando de ocultar, porque tuve la oportunidad de ver a varios reporteros de canales como el 2, 4, 5, 7, 9 etc. etc. pero no se dice nada de lo que la gente, testigos presenciales, repiten con insistencia y hasta el cansancio de la matanza que se produjo el viernes 05.
Dicen los bagüinos, prácticamente el 100% con los que conversé, producidos los enfrentamientos, controlada la situación, los cadáveres de los nativos quedaron regados por toda la carretera próxima y en las inmediaciones de la Curva del Diablo, la policía tomó el control, de inmediato se declaró el toque de queda, empezó el apilamiento de los cadáveres, la cremación en plena carretera, otros fueron traslados a lugares no determinados, ni ubicados, embolsados y trasladados a los helicópteros de la policía que en un número de hasta 3 apoyaron el operativo. Muchos de estos cadáveres de humildes peruanos fueron arrojados a los ríos Marañón y Utcubamba. Los mestizos de Bagua Chica y Bagua Grande estiman en un mínimo de 200 a 300 muertos de civiles.
Dicen que los hombres no lloran o no deben de llorar, soy un hombre hecho y derecho, en mi vida adulta sólo lloré en tres oportunidades, cuando fallecieron mis padres y dos de mis hermanos mayores, pero anoche viendo el reportaje de enemigos íntimos y recordando lo que en el día y la tarde de ayer fui testigo, les confieso que me puse a llorar como un niño.
Para mí no hay distinción entre los muertos buenos y malos, tanto los nativos y los policías, son seres humanos, los únicos culpables de este horrendo crimen contra la humanidad son los políticos, muy especialmente el APRA, y los fujimoristas.
Amigos y compatriotas, no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos nativos amazónicos, hagamos llegar nuestra protesta a los medios de comunicación que manipulan, esconden y tergiversan la información, pidamos que los responsables políticos del gobierno aprista sean sancionados, que los decretos en su totalidad sean derogados ¡¡¡¡Ahora!!!!
Muchas gracias por haber leído mi experiencia.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) relata: " Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran ". Llama la atención sobre " la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos .
Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad. Se comprobaron maltratos hacia algunos detenidos.
Los hermanos amazónicos se defendieron con lanzas y flechas; luego usaron las armas arrebatadas a los agresores. La ira hizo que tomaran una instalación petrolera en la que capturaron a un grupo de policías a quienes condujeron a la selva, ajusticiaron a algunos de ellos.
La población mestiza urbana de Bagua indignada por la masacre asaltó el local del APRA, el partido de gobierno y oficinas públicas, quemando sus vehículos. La policía asesinó a varios pobladores, entre ellos niños.
El gobierno decretó suspensión de garantías y toque de queda a partir de las 3 p.m.
Amparados por estas medidas los policías entraban a las casas a capturar nativos refugiados en ellas. Muchos de ellos debieron refugiarse en la iglesia.
No se sabe el número de presos y éstos no pueden tener el auxilio de abogados.
Se menciona centenares de desaparecidos.
Solidaridad
Afortunadamente la solidaridad es conmovedora.
En el Perú se ha organizado un frente de solidaridad.
El día 11 hubo manifestaciones de protesta por la masacre en varias ciudades del país: En Lima, que tradicionalmente se encuentra de espaldas al Perú profundo se menciona 4,000 personas, que hicieron la marcha bajo la amenaza de 2,500 policías, hubo enfrentamiento cerca del local del Congreso de la República.. En Arequipa más de 6 mil, en la zona de La Joya hubo bloqueo de la carretera Panamericana. En Puno hubo paralización de actividades, se atacó la sede del partido de gobierno. Hubo manifestaciones en Piura, Chiclayo, Tarapoto, Pucallpa, Cusco, Moquegua y muchas otras ciudades.
En el exterior son numerosas las acciones de protesta frente a las embajadas peruanas, tenemos noticias de Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, París, Grecia, Montreal, Costa Rica, Bélgica, entre otras.
Ha levantado su voz de protesta la encargada de asuntos indígenas de la ONU.
También se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hay periódicos del exterior que denuncian la masacre, como La Jornada de México.
La cólera aumenta por las declaraciones de Alan García a la prensa europea de que los nativos no son ciudadanos de primera categoría.
La lucha continúa
La selva sigue movida:
En el norte,Yurimaguas.
En el centro, Chanchamayo, Satipo.
En el sur la zona Machiguenga del Cusco.
Y otras regiones.
Los hermanos amazónicos y quienes les apoyan exigen la derogatoria de los decretos leyes 1090, 1064 y otros, que abren las puertas a la depredación de la selva.
A pesar de que la comisión del parlamento encargada del tema dictaminó la derogatoria de algunos decretos leyes por ser anticonstitucionales, la cámara optó por no discutirlos y declararlos “en suspenso” como quería el APRA. A 7 congresistas que protestaron por esta irregularidad los suspendieron por 120 días, de modo que la ultraderecha del parlamento (APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo) tendrá en sus manos la elección de la próxima mesa directiva del parlamento.
El gobierno ha creado una “mesa de diálogo” en la que se excluye al organismo representativo de los indígenas amazónicos, AIDESEP, cuyo dirigente ha tenido que refugiarse en la embajada de Nicaragua pues el gobierno lo acusa de los crímenes del 5 de junio ordenados por Alan García.
La lucha amazónica ha de continuar, exigiendo el respeto a la selva.
Los nativos amazónicos saben que lo que está en disputa es su propia supervivencia.
Esperamos que la población mundial tome conciencia de que ellos están luchando en defensa de toda la especie humana, ya que la selva amazónica es el pulmón del mundo.
Fuente: Econoticias Bolivia
martes, 30 de junio de 2009
Por la defensa y soberanía territorial y ambiental de los Páramos de Colombia
Autor | Delegados y delegadas de los sectores sociales y populares | Idioma | Español | Pais | Colombia | Publicado | 19 junio 2009 13:49
Los: indígenas, campesinos, afros, habitantes párameros y sector urbano de Colombia, reunidos en el espacio propio para estas comunidades, en el marco del Congreso Nacional de Páramos, en la ciudad de Paipa (Boyacá), los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2.009, presentamos el siguiente documento de Pronunciamiento y Exigencia al gobierno nacional.
Nosotros las comunidades que hemos vivido y convivido por hace mucho tiempo con los páramos, conocemos sus lagunas porque en ellas nos refrescamos; son ecosistemas de habitat de muchos animales y plantas que nos ayudan a mantenernos en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás, por eso nos interesa su preservación por que igualmente pensamos en nuestros hijos y en su futuro.
La pervivencia de los paramos, es fundamentalmente la permanencia de la naturaleza, ella nos puede continuar dando el alimento espiritual y material que necesitamos o no lo puede quitar todo y dejarnos morir de hambre y sed, si no la escuchamos y no la respetamos. La naturaleza no es una parte, es un todo y los paramos hacen parte de ese todo como el lugar más frágil, por eso son espacios de mucho respeto, de secretos invaluables, de agua; es allí donde conjugan toda una gama de elementos que por nada del mundo se pueden cambiar, pues son la vida.
Hemos cuidado y seguiremos cuidando los páramos, hemos vivido como parte de ellos, conocemos y reconocemos que para unos son ecosistemas y para otros son territorio, que aún se conservan en buen grado; que “su importancia radica en la gran biodiversidad, el intercambio de genes y ser refugio de especies emblemáticas como el cóndor, el puma, el oso y la danta” y aún más en su función hidrológica que presta como el mayor regulador de la alta montaña y que no decir de sus paisajes que expresan ese carácter solemne y sagrado que viene de nuestros antepasados
Son estas y muchas otras razones por las cuales nos permitimos pronunciarnos en este espacio del Congreso Nacional de Paramos 2.009 y manifestar lo siguiente:
1. No permitiremos que los paramos sigan convirtiéndose en objeto mercantil, con la vía de la privatización del agua, plateando que se busca mejorar la calidad y disponibilidad para todos, cuando ya esta demostrado en otros países y regiones donde se ha concesionado el agua, que las comunidades marginales han terminado sin soluciones de agua potable, porque a las compañías privadas lo que le interesa es maximizar el beneficio reduciendo el gasto.
2. Ratificamos nuestra posición frente al contenido original del Referendo por el agua votado por más 2.000.000 de colombianos y colombianas del cual hacemos parte y reiteramos de manera categórica los principios fundamentales del referendo en el siguiente sentido: el agua potable como derecho fundamental, el reconocimiento del agua como bien común y publico, la responsabilidad del Estado a garantizar el mínimo vital gratuito a toda la población, el agua jamás podrá ser de apropiación privada y el agua en los territorios indígenas y afrocolombianos es parte integral del territorio. Por lo tanto rechazamos la versión sustitutiva, aprobada y manipulada en el primer debate de la Cámara de Representantes.
3. Nos oponemos a que declaren nuestros páramos como reservas en territorios ancestrales indígenas, a su militarización y al desalojo de las comunidades. Conocemos que el avance de la frontera agrícola es una realidad a la que debemos hacerle frente, sin embargo para esto es necesario y urgente que el Estado cumpla con los compromisos de la adquisición y entrega de las tierras necesarias para las comunidades, haciendo una verdadera reforma agraria; pues es la carencia de tierras productivas y la falta de políticas, que empujan el avance de la frontera agrícola.
4. Exigimos que los predios adquiridos o en proceso de adquisición por el Estado, deberán ser entregados a las comunidades de base a través de las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, Grupo de Trabajo en Paramos y Juntas Administradoras de Acueductos).
5. Exigimos que antes de implementar planes, programas y proyectos en los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos, se debe agotar los espacios de la Consulta Previa y la concertación, de acuerdo a sus respectivas visiones de manejo territorial (Planes Departamentales de Agua, Ley de Paramos, Manejo Forestal, explotación minera).
6. Que el Ministerio del Medio Ambiente y todas sus dependencias, de manera obligatoria faciliten y coloquen a disposición los recursos económicos, financieros y técnicos, para la implementación y construcción de un Plan de Gestión Ambiental e Integral (indígenas, campesinos, afros y urbanos).
7. Exigimos que en un corto plazo el Ministerio del Medio Ambiente y de manera conjunta con las comunidades, se construya un Plan de Contingencia Económica para las comunidades que habitamos en las zonas de páramo y en las zonas de interés hídrico dado que somos quienes realmente podemos garantizar la supervivencia de los recursos.
8. Exigimos a la institucionalidad del Estado la legitimidad del ejercicio de la Autoridad Ambiental de los Pueblos Indígenas, en el marco de la Declaración Universal de estos, de manera vinculante a las otras comunidades parameras. Es necesario que las comunidades campesinas de páramo sean reconocidas en las misma medida en que son reconocidas las demas comunidades por la ley.
9. Exigimos al gobierno nacional que a través de sus dependencias afines, se prohíba la actividad minera donde afecte los ecosistemas estratégicos (páramos, cuencas y selvas tropicales).
10. Convocar a una mesa de dialogo a las corporaciones regionales, Empresas Prestadores de Servicios de Agua y a las hidroeléctricas, para que con las comunidades se concerte y se operativice unos planes integrales de contingencia alternativos, como mecanismos para mitigar la ampliación de la frontera agrícola de los indígenas y campesinos.
11. Se solicita a las instituciones del Estado, aunar esfuerzos para que inicien el proceso de saneamiento y legalización predial, sin costo alguno, que garantice a los campesinos poseedores de tierra en áreas de páramo tener su propio titulo; y que las áreas de comuneros, propias de los llamados derechantes, sean administradas por ellos mismos, en función de la conservación, es decir conforman su propia área protegida comunal.
12. Recuperar y mantener los saberes y conocimientos tradicionales de las comunidades, para la producción orgánica y promover e incentivar su consumo, evitando la introducción de los transgénicos que alteran los ecosistemas y perjudican la salud de los seres vivos, en base a que somos un país mega biodiverso.
13. Que sea un compromiso de las comunidades indígenas, campesinas, afros, urbanos, con ingerencia en las zonas de páramo, generar un espacio propio de discusión, análisis y concertación sobre un plan de acción a corto, mediano y largo plazo en busca de la protección de los paramos, es decir el próximo Congreso Nacional que se convocará se denominará ENCUENTRO NACIONAL DE GENTES DE PARAMO.
14. Se declara la conformación de la Red Nacional de Paramos, como un mecanismo de comunicación, seguimiento, control y evaluación del Plan de Acción del trabajo en Páramos de las comunidades y obviamente de las instituciones.
Para constancia se firma por los participantes en este espacio, a los 29 días del mes de mayo de 2.009.
DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y POPULARES
Fuente: Nación Yanakuna
Los: indígenas, campesinos, afros, habitantes párameros y sector urbano de Colombia, reunidos en el espacio propio para estas comunidades, en el marco del Congreso Nacional de Páramos, en la ciudad de Paipa (Boyacá), los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2.009, presentamos el siguiente documento de Pronunciamiento y Exigencia al gobierno nacional.
Nosotros las comunidades que hemos vivido y convivido por hace mucho tiempo con los páramos, conocemos sus lagunas porque en ellas nos refrescamos; son ecosistemas de habitat de muchos animales y plantas que nos ayudan a mantenernos en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás, por eso nos interesa su preservación por que igualmente pensamos en nuestros hijos y en su futuro.
La pervivencia de los paramos, es fundamentalmente la permanencia de la naturaleza, ella nos puede continuar dando el alimento espiritual y material que necesitamos o no lo puede quitar todo y dejarnos morir de hambre y sed, si no la escuchamos y no la respetamos. La naturaleza no es una parte, es un todo y los paramos hacen parte de ese todo como el lugar más frágil, por eso son espacios de mucho respeto, de secretos invaluables, de agua; es allí donde conjugan toda una gama de elementos que por nada del mundo se pueden cambiar, pues son la vida.
Hemos cuidado y seguiremos cuidando los páramos, hemos vivido como parte de ellos, conocemos y reconocemos que para unos son ecosistemas y para otros son territorio, que aún se conservan en buen grado; que “su importancia radica en la gran biodiversidad, el intercambio de genes y ser refugio de especies emblemáticas como el cóndor, el puma, el oso y la danta” y aún más en su función hidrológica que presta como el mayor regulador de la alta montaña y que no decir de sus paisajes que expresan ese carácter solemne y sagrado que viene de nuestros antepasados
Son estas y muchas otras razones por las cuales nos permitimos pronunciarnos en este espacio del Congreso Nacional de Paramos 2.009 y manifestar lo siguiente:
1. No permitiremos que los paramos sigan convirtiéndose en objeto mercantil, con la vía de la privatización del agua, plateando que se busca mejorar la calidad y disponibilidad para todos, cuando ya esta demostrado en otros países y regiones donde se ha concesionado el agua, que las comunidades marginales han terminado sin soluciones de agua potable, porque a las compañías privadas lo que le interesa es maximizar el beneficio reduciendo el gasto.
2. Ratificamos nuestra posición frente al contenido original del Referendo por el agua votado por más 2.000.000 de colombianos y colombianas del cual hacemos parte y reiteramos de manera categórica los principios fundamentales del referendo en el siguiente sentido: el agua potable como derecho fundamental, el reconocimiento del agua como bien común y publico, la responsabilidad del Estado a garantizar el mínimo vital gratuito a toda la población, el agua jamás podrá ser de apropiación privada y el agua en los territorios indígenas y afrocolombianos es parte integral del territorio. Por lo tanto rechazamos la versión sustitutiva, aprobada y manipulada en el primer debate de la Cámara de Representantes.
3. Nos oponemos a que declaren nuestros páramos como reservas en territorios ancestrales indígenas, a su militarización y al desalojo de las comunidades. Conocemos que el avance de la frontera agrícola es una realidad a la que debemos hacerle frente, sin embargo para esto es necesario y urgente que el Estado cumpla con los compromisos de la adquisición y entrega de las tierras necesarias para las comunidades, haciendo una verdadera reforma agraria; pues es la carencia de tierras productivas y la falta de políticas, que empujan el avance de la frontera agrícola.
4. Exigimos que los predios adquiridos o en proceso de adquisición por el Estado, deberán ser entregados a las comunidades de base a través de las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, Grupo de Trabajo en Paramos y Juntas Administradoras de Acueductos).
5. Exigimos que antes de implementar planes, programas y proyectos en los territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos, se debe agotar los espacios de la Consulta Previa y la concertación, de acuerdo a sus respectivas visiones de manejo territorial (Planes Departamentales de Agua, Ley de Paramos, Manejo Forestal, explotación minera).
6. Que el Ministerio del Medio Ambiente y todas sus dependencias, de manera obligatoria faciliten y coloquen a disposición los recursos económicos, financieros y técnicos, para la implementación y construcción de un Plan de Gestión Ambiental e Integral (indígenas, campesinos, afros y urbanos).
7. Exigimos que en un corto plazo el Ministerio del Medio Ambiente y de manera conjunta con las comunidades, se construya un Plan de Contingencia Económica para las comunidades que habitamos en las zonas de páramo y en las zonas de interés hídrico dado que somos quienes realmente podemos garantizar la supervivencia de los recursos.
8. Exigimos a la institucionalidad del Estado la legitimidad del ejercicio de la Autoridad Ambiental de los Pueblos Indígenas, en el marco de la Declaración Universal de estos, de manera vinculante a las otras comunidades parameras. Es necesario que las comunidades campesinas de páramo sean reconocidas en las misma medida en que son reconocidas las demas comunidades por la ley.
9. Exigimos al gobierno nacional que a través de sus dependencias afines, se prohíba la actividad minera donde afecte los ecosistemas estratégicos (páramos, cuencas y selvas tropicales).
10. Convocar a una mesa de dialogo a las corporaciones regionales, Empresas Prestadores de Servicios de Agua y a las hidroeléctricas, para que con las comunidades se concerte y se operativice unos planes integrales de contingencia alternativos, como mecanismos para mitigar la ampliación de la frontera agrícola de los indígenas y campesinos.
11. Se solicita a las instituciones del Estado, aunar esfuerzos para que inicien el proceso de saneamiento y legalización predial, sin costo alguno, que garantice a los campesinos poseedores de tierra en áreas de páramo tener su propio titulo; y que las áreas de comuneros, propias de los llamados derechantes, sean administradas por ellos mismos, en función de la conservación, es decir conforman su propia área protegida comunal.
12. Recuperar y mantener los saberes y conocimientos tradicionales de las comunidades, para la producción orgánica y promover e incentivar su consumo, evitando la introducción de los transgénicos que alteran los ecosistemas y perjudican la salud de los seres vivos, en base a que somos un país mega biodiverso.
13. Que sea un compromiso de las comunidades indígenas, campesinas, afros, urbanos, con ingerencia en las zonas de páramo, generar un espacio propio de discusión, análisis y concertación sobre un plan de acción a corto, mediano y largo plazo en busca de la protección de los paramos, es decir el próximo Congreso Nacional que se convocará se denominará ENCUENTRO NACIONAL DE GENTES DE PARAMO.
14. Se declara la conformación de la Red Nacional de Paramos, como un mecanismo de comunicación, seguimiento, control y evaluación del Plan de Acción del trabajo en Páramos de las comunidades y obviamente de las instituciones.
Para constancia se firma por los participantes en este espacio, a los 29 días del mes de mayo de 2.009.
DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y POPULARES
Fuente: Nación Yanakuna
lunes, 29 de junio de 2009
México: los monocultivos desastrosos. La producción de palma de aceite en Chiapas
Autor | Gustavo Castro Soto | Idioma | Español | Pais | México | Publicado | 22 junio 2009 12:05
Las miles de hectáreas de palma africana implican no sólo mantener la deforestación sino aumentar el CO2, e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad como las regiones de biosfera y la selva Lacandona.
Las plantaciones no regeneran la biodiversidad, las plantaciones no son bosques y no están ajenas a las afectaciones que se dan en todos lado como la grave deforestación, “que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, contaminación de los cursos de agua, aparición de plagas; además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto”
La producción de palma de aceite en Chiapas.
Con la familia Berntoff llegaron los primeros cultivos en 1948 e instalaron una pequeña extractora, Aceitera La Lima, para el proceso de fruta fresca en 1970. Esta tenía una capacidad para procesar 2 toneladas por hora. Entre 1990 y 1991 arranca el Programa de Palma de Aceite en 4 municipios de la región Soconusco ubicado en 26 localidades y con la participación de 425 productores con plantaciones en 2,500 hectáreas. Hasta 1996 el programa se mantuvo inactivo y el conflicto armado en Chiapas cruzó en estos momentos. A partir de 1997 se retoma el impulso de las plantaciones de palma con la participación de los estados de Veracruz y Tabasco.(1)
Actualmente, en Chiapas las plantaciones se han establecido en dos regiones: Soconusco y Selva.
Al definir el Plan Rector en 2004 se contabilizaban 16,829.75 hectáreas de palma en Chiapas, hoy son más de 40 mil, se esperan llegar a las 100 mil en el 2012 y se calcula un potencial de más de 900 mil hectáreas en todo Chiapas.
Chiapas sigue siendo el principal estado productor de Palma de Aceite en México, el de mayor rendimiento y con mucho subsidio gubernamental. El rendimiento por hectárea de fruta fresca oscila entre 18 y 20 toneladas al año. Existen 7 plantas extractoras en 4 municipios distintos de los cuales solo uno es de capital social y las demás son privadas. Estas plantas tienen la capacidad de procesamiento de toneladas de fruta fresca hasta por 881,280 toneladas. Son demasiadas para la producción local y por ello entre el 50 y el 70% de su capacidad instalada no se usa. Al inicio del Plan Rector del Sistema Producto Palma de Aceite de Chiapas 2004-2014, se cosechan aproximadamente 131,611 toneladas de fruta fresca al año mientras que se tenía la capacidad de procesar 322 mil toneladas. Por esa razón mencionan los productores que los industriales pagan el 13% ó 15% del precio de la tonelada de Aceite Crudo, con la finalidad de acaparar la mayor cantidad de Fruta Fresca posible e incrementar el rendimiento promedio de sus industrias. Toda la producción de Fruta Fresca se vende a la industria de Chiapas y a su vez éstas venden el aceite crudo a las refinadoras en otros estados que es utilizada para la producción de aproximadamente 900 productos finales. No hay datos para calcular el consumo percapital en Chiapas.(2)
Chiapas cuenta con seis viveros que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical (IFAT), son “los más grandes de América Latina”, ubicados en los municipios de Acapetahua, Mapastepec, Marqués de Comillas, Zamora Pico de Oro y Palenque. Estos viveros cuentan con un millón 691 mil plantas. En ellos trabajan principalmente mujeres.(3) También trabajan 5 mil productores de palma que, según el IFAT, cada uno capta alrededor de 30 mil pesos por hectárea.(4)
Pese a todo, el Plan Rector reconoce muchas debilidades del Sistema producto. No hay suficiente personal capacitado para el manejo de plantaciones. El costo de transporte es alto, las unidades productivas son pequeñas y dispersas; los ejidatarios no están bien organizados, no tienen buena planeación y no es óptima la vinculación entre éstos con los empresarios de las plantas. Falta
infraestructura de riego y mejor coordinación entre los actores de la cadena productiva.(5)
Las acciones del gobierno para ampliar las plantaciones.
El gobierno de Chiapas insiste en que las plantaciones de palma son la alternativa. Al iniciar el Plan Rector, en el 2004, el gobernador del estado se reunió con empresarios guatemaltecos productores de palma africana con inversiones en el estado de Chiapas.(6) Cabe señalar que en el otro lado de la frontera las plantaciones de palma en el territorio guatemalteco se extienden por miles de hectáreas.
Desde esa fecha en que inició el Plan Rector, el proceso de crecimiento de las plantaciones ha sido peligrosamente acelerado.
En el 2007 se sembraron 5 mil hectáreas más de palma.(7) Para ello el gobierno entregó en el municipio de Acapetahua 143 equipos de trasporte no motorizado por un monto de un millón 890 mil pesos para el impulso a las plantaciones.(8) Por su lado la Promotora de Palma del Soconusco, S.A. de C.V. adquirió una autorización indefinida en Materia de Emisiones Atmosféricas para su Planta Extractora de Aceite de Palma Africana.(9) A finales del mismo año, el Gobernador Juan Sabines realizó el “Primer Informe-Bioenergéticos 2007” donde estableció que la Comisión de Bioenergéticos llevaría a cabo las acciones de promoción, organización, asistencia técnica y financiamiento de módulos de producción de biodiesel de 2 mil hectáreas de palma de aceite con plantas extractoras con capacidad para procesar 10 toneladas de racimo de fruta fresca por hora y 20 mil litros diarios. A partir de este año la palma africana se incorpora a la producción de agro combustible.
Para el 2008 el gobierno del estado aumenta 11 mil hectáreas más de siembra de palma africana para sumar un total de 30 mil hectáreas. Para ello el gobernador entregó 750 mil plantas de palma africana enbiodiesel”.(10) Luego entregó más de 18 mil plantas de palma de aceite para sembrarlas en 129 hectáreas en el municipio de Ostuacán. Dentro del Programa de Reconversión Productiva de Plantaciones Forestales se otorgaron apoyos por un monto total de seis millones 300 mil pesos. Cabe señalar que en Ostuacán se ha construido la primera Ciudad Rural Sustentable, Nuevo Juan del Grijalva, conformado por las víctimas de inundaciones de noviembre de 2007. Así, vaciar el territorio de pobladores, concentrarlos, y conformar plantaciones.(11) Al 2008 se calculaba que la producción por hectárea de palma ya alcanzaba las 20 toneladas anuales, lo que anualmente alcanzaría ganancias de 100 millones de pesos.(12)
Las instituciones que apoyan las plantaciones y el marco jurídico y operativo.
Entre las organizaciones que han apoyado el cultivo de Palma de Aceite están los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) que apoya la producción, la industrialización, el comercio y los servicios en los siguientes tipos de crédito: Refaccionario hasta por 20 años en proyectos de larga maduración; Avío hasta por 36 meses (materias primas y materiales, jornales, salarios y gastos directos), y Prendarios hasta 180 días. Dentro del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agro negocios (FOMAGRO), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) puede hacer aportaciones directas en Proyectos, hasta 5 millones, con tasa cero y recuperable a 3 años. Dentro del Programa para Acceder al Sistema Financiero (PASSFIR) se ha apoyado la constitución de garantías líquidas a Fincas, hasta $200,000 por Finca, sin recuperación y aplicable como capital semilla.(13) Por último destacamos COPLANTA, la institución del Gobierno de Chiapas que administra el proyecto de las plantaciones en el estado y por donde se tramitan los subsidios por medio del programa Alianza Contigo.
Entre el marco jurídico y operativo están: Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley Orgánica de Financiera Rural, Ley de Capitalización del PROCAMPO, Ley de Energía para el Campo, Ley de
Planeación Agropecuaria, Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y Ley de Aguas Nacionales y su reglamento referente a cualquier aprovechamiento y tipo de uso que se haga sobre las aguas
superficiales y subterráneas, así como de sus zonas federales.(14)
Los programas gubernamentales.
También han existido diversos Programas gubernamentales de apoyos directos al productor para la reconversión productiva; de promoción comercial y fomento a las exportaciones; el PROCAMPO y
Alianza para el Campo. El gobierno ha facilitado asesoría y otros servicios de gestión, promoción, solución de controversias y Consejería agroalimentaria; fomento a la inversión y capitalización; apoyo a Proyectos de Inversión Rural Productivos, Desarrollo de Capacidades, Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones en el medio rural, etc. El gobierno ofrece apoyos financieros para aquellos actores que se sumen a la cadena productiva con adquisición de maquinaria; infraestructura de hasta 4 millones sin intereses, consultoría y capacitación de 50 a 100 mil pesos sin recuperación, proyectos de innovación hasta 4 millones sin recuperación, etc.
La Unión Europea.
La Unión Europea también impulsa las plantaciones de palma africana en Chiapas a partir del 2005. En el proyecto de PRODESIS, dentro del rubro “Sistemas Estratégicos de Producción Sustentable”, secontrataron estudios para analizar la viabilidad de innovaciones tecnológicas en autorregulación para el establecimiento de la palma africana y seguridad alimentaria (sic).(15) Más específicamente, las plantaciones de palma avanzan con el apoyo de la Unión Europea en la zona de Amortiguamiento de la Selva Lacandona y en el municipio de Marqués de Comillas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la frontera con Guatemala. En esta región el gobierno intentó impulsar las plantaciones desde 1997 pero fueron abandonadas y destruidas por los productores por la falta de apoyos y asesoría sobre la palma africana. Las razones que el PRODESIS plantea son muy simples: que hay mucha demanda de la palma aceitera, que es buen negocio, que hay tierras suficientes y que hay apoyo del gobierno, como siempre, y sin el cual las plantaciones de palma en el mundo no fueran rentables.(16)
Prodesis calculó en el 2005 que el precio para la tonelada de fruta fresca en las plantas extractoras de Palenque era de $ 580.00. Con 976 productores en la zona selva, con el potencial productivo de la superficie plantada en la región más la del proyecto de la Unión Europea, se calculó la producción en 74,592 Toneladas métricas anuales lo que abastecería sólo el 71% de las dos plantas extractoras de Palenque.
Las proyecciones a futuro.
El Plan Rector ya ha sido rebasado. Para el 2009 el gobierno del estado de Chiapas, en el marco de la llamada reconversión productiva que implica eliminar la soberanía alimentaria, anunció que destinaría 83 millones de pesos con lo que se ampliará 11 mil hectáreas más, lo que equivale a un incremento del 58% en relación al acumulado en el 2007 que eran de 19 mil hectáreas.(17) Luego anunció el gobierno federal que el campo de Chiapas recibiría 300 millones de pesos para los cultivos más rentables que el maíz como es el caso de la palma africana.(18)
En este año se amplían otras 15 mil hectáreas de palma africana lo que llegaría a un total de 44 mil con la expectativa de destinar su producción también al mercado del agro combustible.(19)
Para el 2012 el gobernador pretende llegar a las 100 mil hectáreas en total sembradas de palma africana en Chiapas: “Como un compromiso decidido con las organizaciones de palma africana, en mi administración se tiene contemplado plantar 100 mil hectáreas, esto significará un ingreso de tres mil millones de pesos para los productores chiapanecos”.(20)
Con las plantaciones del Soconusco se genera una derrama económica por unos 80 millones de pesos, pero la expectativa de crecimiento para el 2010 podría ser superior a los 500 millones de pesos y en la entidad, de cumplirse las expectativas de alcanzar las cien mil hectáreas, ya produciendo, estarían alcanzando cien mil millones de pesos. En la región del Soconusco el gobierno identifica un potencial de 300 mil hectáreas aptas para el cultivo de la palma y otras 600 mil se encuentran ubicadas en la Selva y Norte en donde "se recuperarán suelos perdidos que eran dedicados a la agricultura de autoconsumo y la ganadería".(21) Por ello, en esta región de Tapachula, será donde se instale la planta de biocombustibles -biodiesel- en el marco del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) y del convenio sobre biocombustibles que firmaron los presidentes de Colombia Álvaro Uribe y el de México Felipe Calderón. Esta planta se alimentaría con la producción de piñón, palma africana, higuera y otros productos que se producen en la costa.(22)
Los impactos de las plantaciones de palma aceitera.
El gobierno Federal y de Chiapas afirman que las plantaciones de palma se están instalando en hectáreas previamente deforestadas por la ganadería y otras actividades que ya no son rentables. Sin embargo, la meta de lograr las 100 mil hectáreas en tres años más, y el sueño de proyectar las más de 900 mil hectáreas con vocación en la entidad, deja claro que seguirán destruyendo selvas, bosques y otros ecosistemas. Si muchas actividades han dejado de ser “rentables” para el mercado empresarial, ha sido porque el gobierno ha abandonado el campo, a los pequeños productores y, en la lógica de los Tratados de Libre Comercio, enfocándose no a la soberanía alimentaria sino al mercado del agro negocio.
El pequeño productor, el campesino y el indígena salen sobrando a menos que se inserten en esta nueva dinámica de entregar su mano de obra barata, su tierra y subsidie con su trabajo las ganancias del agro negocio. Desde esta perspectiva, la palma africana tampoco es rentable si no contara con los grandes subsidios gubernamentales, de los productores, del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Costos ambientales…
Desde el 2004 el gobierno ya admitía que no se realizaban análisis adecuados de las variedades de palma acorde a las características agronómicas regionales, por lo que se encontraban diferentes variedades plantadas y no se verificaban su comportamiento ni rendimiento. Por otro lado, las miles de hectáreas de palma africana implican no sólo mantener la deforestación sino aumentar el CO2, e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad como las regiones de biosfera y la selva Lacandona. Por otro lado, en nada ayuda, sino al contrario, a recuperar la producción de miel de donde dependen miles de apicultores.(23) La crisis de los apicultores en Chiapas ha caído y se va agravando y más en la medida en que aumentan las plantaciones. Las plantaciones no regeneran la biodiversidad, las plantaciones no son bosques y no están ajenas a las afectaciones que se dan en todos lado como la grave deforestación, “que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, contaminación de los cursos de agua, aparición de plagas; además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto”.(24)
Las más de 11 mil personas que habitan el municipio de Marqués de Comillas consumen más de 82 mil metros cúbicos de agua al año, la mayoría de fuentes subterráneas por medio de pozos ante la falta del servicio de agua potable. A partir de hace algunos años el servicio de agua en la región se amplía poco a poco incluyendo ahora medidores en las nuevos proyectos habitacionales. Ante esta situación, las plantaciones de palma, grandes consumidoras de agua, agravan la disponibilidad de agua en la región.
Es en esta misma región de la selva de los Montes Azules, de 220 mil hectáreas, que ya ha sido deforestada el 80%. Para contenerlo se pretende crear los “cordones de protección mediante proyectos productivos de gran impacto como la palma africana, el hule, los cítricos y la agricultura protegida”. Tan sólo para la palma africana se impulsan sembrar 5 mil hectáreas en Marqués de Comillas de las 30 mil que se pretenden para el en una región donde no hay un control ambiental efectivo. Esto pese a que el Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la deforestación y la degradación de los bosques, las políticas gubernamentales de sustitución de bosques por plantaciones industriales de árboles –como la palma aceitera-, así como el avance de la frontera agrícola empujada por las plantaciones de monocultivos.
Las tierras…
Según palabras del Gobernador Juan Sabines Guerrero, el cultivo de la Palma Africana es el futuro de México y para ello destina grandes subsidios y apoyos. Presentarlo así ha llevado a que los campesinos del municipio de Escuintla, “se lamentan de no contar con el tipo de tierras cultivables. Los campesinos escuintlecos, cuentan con tierras de primera, pero todas están cultivadas de plátano, cacao, mango y maíz (…) lástima que en Escuintla no existen tierras libres para ese y otros cultivos”, comentaron los campesinos Juan Vera y Moisés Ventura.(25) Así, las promesas de apoyo generan reacciones entre el sector campesino como ha sucedido en su momento con el ganado y otros proyectos de supuesto desarrollo agrario. El día de mañana les dirán que lo más rentable es conservar las selvas antes que ampliar las plantaciones. Por ejemplo, en el contexto de la aplicación de los créditos REDD, conservar la selva en Indonesia saldría más rentable que talarla para las plantaciones de palma africana en caso de que la tonelada de CO2 en el mercado de créditos de carbono costase entre 10 y 33 dólares.(26)
Pero, independientemente de todo lo anterior, uno de los indicadores significativos en Chiapas es el avance en la privatización de los ejidos y tierras comunales. De no avanzar en esto, el gobierno lo identifica como “no hay seguridad en la tenencia de la tierra”.
La estrategia del gobierno para ganar terreno a la palma africana es bajar los apoyos a otros sectores para orillarlos hacia estas plantaciones. En el municipio de Villa de Acapetahua, ante el bajo precio que presenta el ganado vacuno, el poco apoyo gubernamental y los altos costos de mantenimiento, varios de los pequeños ganaderos pretenden sumarse al cultivo de la Palma Africana.(27) En el municipio de Villa Comaltitlán, que fue una de las principales zonas de criaderos de ganado junto con otros municipios de la Costa, incluso se exportaba ganado al centro y Norte del País, confirman que la caída de la ganadería “se debió no a la negligencia de los productores, si no más bien a la llegada de otro tipo de cultivos en donde no se puede combinar con la ganadería. Por ejemplo, el cultivo de plátano y de la palma africana, le ha restado espacios lo que implica la disminución de la cría de ganado.”(28)
Cambio climático…
Los investigadores dicen que la producción de una tonelada de aceite de palma en las turberas genera de 15 a 70 toneladas de CO2 en los 25 años de vida productiva de la palma como resultado de la conversión de los bosques, la descomposición de turba de los incendios y las emisiones asociadas con la tierra de liquidación.(29) "La emisión de la conversión de los bosques supera claramente el potencial de fijación de carbono de las plantaciones de palma aceitera. La conversión de bosques enmonocultivo de palma de aceite provoca una liberación neta de aproximadamente 650 Mg equivalentes de dióxido de carbono por hectárea (…)”.(30) "La conversión de una hectárea de bosque de turba genera más de 1.300 Mg en emisiones de CO2 durante los primeros 25 años del ciclo de crecimiento de la palma aceitera. Dependiendo de la profundidad de la turba, la continua descomposición aumenta la emisión de cada ciclo en una magnitud de 800 Mg de CO2 por hectárea".(31)
Desde otro ángulo, se requieren más años para secuestrar el carbono en comparación con los 25 años de vida productiva de la palma africana en los que supuestamente capta carbono significativamente.
En suelos de turba, el balance de carbono es aún menos favorable para las plantaciones de palma de aceite debido a las emisiones de drenaje. Por tanto, las plantaciones de palma no almacenan más carbono que los bosques. Cada tonelada de aceite de palma producido emite 33 toneladas de CO2 (9 toneladas de carbono), aproximadamente 10 veces mayor que la del diesel normal. Por tanto, además de degradar el ambiente, afectar zonas de turba, no reforestar, e igualar erróneamente bosques con plantaciones, Chiapas irá aportando más CO2 para el cambio climático.
Los agroquímicos…
Son 143 plantas por hectárea (la distancia adecuada es de 9m entre plantas y 1.8m entre hileras, sembradas en tresbolillo) a las que les derraman insecticidas como el llamado endosulfán y otros químicos como rodenticidas. Tampoco las plantaciones cuentan con el adecuado mantenimiento sobre todo en la aplicación de fertilizantes, control de plagas y el reestablecimiento de nuevas plantaciones. Y existe un manejo inadecuado de paquetes tecnológicos.(32)
En la región de la Selva Lacandona el río Lacantún suele rebasar su corriente ante los huracanas que pondrán en peligro las plantaciones de los campesinos del lugar y dispersará con mayor facilidad en un área rica en biodiversidad la cantidad de agroquímicos que usa. Por ello no es sustentable ambientalmente este tipo de monocultivos en lugares aledaños o en regiones de amortiguamiento.
De por sí pocos científicos serios afirman que las plantaciones de palma aceitera almacenan más carbono que los bosques tropicales naturales ya que, al contrario, producen más emisiones de gases de invernadero en relación con los bosques naturales. Si a ello incluimos el uso de los fertilizantes y las emisiones de metano procedentes de la transformación de los bosques en plantaciones el impacto climático es aún mayor.
Condiciones laborales…
En el 2008 un grupo de trabajadores de la planta de aceite AGROIMSA, S.A. DE C.V. en el municipio de Mapastepec fueron reprimidos por la fuerza pública, detenidos algunos de sus dirigentes y un asesor. También fueron despedidos los dirigentes sindicales por lo que 42 de los 64 trabajadores se negaron a laborar. Al final varios dirigentes quedaron en prisión.(33)
En otros aspectos laborales, para la cosecha, en muchos casos los productores no cuentan con las herramientas adecuadas (cuchillo malayos, otros) para hacer más eficiente el proceso, por lo que se prevé que aumenten los costos de cosecha cuando se encuentren en edad de su máxima capacidad de producción (9 años). En otros casos no cuentan con la capacitación para la cosecha, ni la adecuada asesoría técnica y capacitación para el cultivo, control y manejo integral de las plantaciones.
Aunque el Plan Rector se jacta de la existencia de mucha mano de obra lamenta que “La cultura de trabajo del productor limita el manejo de la plantación, carece el productor de hábitos y recursos económicos para llevar a cabo los rubros del mantenimiento de plantaciones.” Por si fuera poco, los productores campesinos e indígenas no cuentan con contratos o convenios ni existen diferencias en los precios por la calidad del producto que entregan. En el caso de la Planta Extractora de la Empresa Palma Tica deMéxico, S.A. de C.V. ha ofrecido plántulas a los productores pero a crédito y con la condición de que el productor comercialice sólo con esta Planta su cosecha. Por otro lado, para ahorrar gastos a los empresarios, se planteó incorporar como socios a los productores del Sistema Producto Palma de Aceite, por medio de la compra de acciones en una planta extractora.(34)
Poca información, poco acceso…
Los productores desconocen los programas y mecanismos para accesar a los recursos por parte de los productores. Los campesinos e indígenas no conocen la forma de establecer los precios para la tonelada de su fruta fresca por lo que se generan desconfianzas con los empresarios industriales; no cuentan con acceso a la información de los precios internacionales y están a merced de los empresarios. El Plan Rector Chiapas tiene la falsa expectativa de lograr precios justos e incrementar la rentabilidad de los participantes de la cadena productiva, zonificar el abasto, consolidar la organización de productores, comercializadores y agroindustriales cuando los tres niveles se encuentran en fuerte debilidad. Los productores no cuentan con suficientes créditos y otros servicios financieros por no tener garantías ante la banca o por tener carteras vencidas. No se aplica un paquete tecnológico integral regionalizado y validado para la palma de aceite en Chiapas. Falta un plan para el establecimiento de nuevas plantaciones y mantenimiento de las existentes mientras que el gobernador distribuye por doquier plántulas invitando a los campesinos e indígenas a abandonar el maíz y sumarse a las plantaciones.
Promesas incumplidas…
Los recursos que el gobierno destina a los productores a través de los programas son recibidos a destiempo. A finales del 2007, productores de la palma africana denunciaron el atraso en el pago del apoyo del IFAT en Acapetahua.(35) Y en la región de Marqués de Comillas el gobierno intentó impulsar las plantaciones desde 1997 pero fueron abandonadas y destruidas por los productores por la falta de apoyos y asesoría sobre la palma africana.(36) Perdieron sus otros cultivos.
Los costos y la infraestructura…
El productor tiene que llevar hasta la planta extractora el producto y en ello se le va casi el 40% del costo del precio final tan solo en transporte. No son adecuados los caminos a las plantaciones ni a las plantas extractoras, no hay suficientes centros de acopio y no cuentan con los vehículos necesarios. Además, si los caminos son malos dependen de los proyectos de gobierno para arreglarlos, con lo que el empresario dueño de la planta siempre sale ganando y es el más subsidiado de todos en la cadena productiva. En el municipio de Acapetahua, el señor Manuel Jiménez manifestó su descontento y que “los principales culpables de destruir caminos y carreteras, son los transportistas de carga pesada, ya que con sus camiones cargados de piedra, caña y fruta de palma africana causan los daños.”(37) En la cabecera municipal de Mapastepec, “Por el zanjeo para introducir el drenaje se hundió el terreno (…) en el barrio 15 de septiembre y ahora dificulta el tránsito vehicular así como se levantan grandes polvaredas y afecta la salud de los vecinos”. Los habitantes del barrio, Gabriel Colón y Elio Ventura, demandaron al Ayuntamiento que preside Gamaliel Estrada Moguel arreglar la calle que es muy transitada principalmente por camiones con carga de palma africana que van a la planta de la aceitera.(38)
Malas ganancias…
Con las plantaciones no se ve mejoría en las condiciones de vida de la población.
En Acapetahua, pese a las riquezas con las que se cuenta en la región, empezando con la ganadería, fruticultura y agricultura, por ejemplo, “la mayoría de los campesinos están pasando por la peor crisis económica (…) La Colonia Soconusco, es una de las principales productoras de plátano, cacao, palma africana y mango.”(39) Según el IFAT, un productor capta alrededor de 30 mil pesos por hectárea.(40)
La ganancia equivale a casi dos salarios mínimos que en México es igual a decir nada. Sin embargo,estudios de la Fundación Produce Chiapas proporcionan otro dato y establecen que "un productor promedio ejidal con siete hectáreas y una producción promedio de 19 toneladas por hectárea, obtiene ingresos por más de cien mil pesos anuales” que equivaldrían a 274 pesos diarios (21 dólares), o sea, equivalen a 39 pesos diarios por hectárea, menos del salario mínimo por hectárea.
En la inversión anual para establecer una hectárea de palma el paquete tecnológico le cuesta al productor alrededor de 6,500 pesos que equivale a 17 pesos diarios (alrededor de 1.3 dólares diarios).
Incluye la siembra (preparar el terreno, comprar la plántula, control de malezas, limpia de calle, herbicidas y su aplicación, cajeteo manual), fertilización, control de plagas, podas, equipamiento y servicios.
La tercera parte del costo se va en herbicidas, control de plagas, fertilizantes, rodenticidas. Por otro lado, durante los primeros tres años no hay producción ni cosecha, y hasta el octavo año se cosecha al 100%.
En estos tres años el costo de inversión es de más de 12 mil pesos y al cuarto año que por primera vez vende algo de fruta, sigue teniendo un déficit de 16 mil pesos. Durante la producción, la inversión anual por hectárea de palma es de 9,125 pesos, que equivalen a 25 pesos diarios (2 dólares proximadamente), lo que le pagan a un indígena o campesino en Chiapas por el jornal diario de trabajo. Implica la siembra la fertilización y su aplicación, el control de plagas y su aplicación, las podas, la cosecha, el equipamiento, y los servicios de asistencia técnica.(41) Es esta mano de obra barata la que también subsidia los productos.
Uno de los recursos que usan los campesinos productores es conseguir el pago adelantado del Procampo que durante tantos años ha financiado por el BM y el BID para invertir en las plantaciones de palma africana. Este programa arrancó desde el inicio del TLC con Estados Unidos y Canadá con el fin de entregar una determinada cantidad de dinero anual en efectivo a los campesinos e indígenas por cada hectárea de maíz sembrada para supuestamente mejorar su producción y competitividad en el contexto del TLC. Sin embargo, esto sirvió por años para que los pobres consiguieran otros bienes necesarios para combatir la pobreza más que para competir contra el maíz de Monsanto y otras trasnacionales altamente subsidiadas por los Estados Unidos.
No cabe duda que los grandes negocios se hacen sobre las espaldas de los más pobres, sobre sus tierras y territorios y a costa de los bienes comunes de la humanidad. ¡Basta de monocultivos!
Gustavo Castro Soto - Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México - www.otrosmundoschiapas.org; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México;12 de junio de 2009 - San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Para más información y consulta:
-Oil World. The Independent Forecasting Service for Oilseeds, Oils & Meals. Providing Primary Information --Professional Analysis. © Copyright 2004 ISTA Mielke GmbH. All Rights Reserved. Date: Aug 2004 Legal Terms http://www.oilworld.com
-Food and Agricultura Organization (F.A.O.). Base de Datos Estadísticos.
www.fao.org/waicent/portal/statistic_es.asp ; Centro de Información Agraria Mundial; Consejo de Promoción de Palma de Aceite de Malasia, MPOPC. www.mpopc.org,my/; World Wild Life Organization: http://www.wwf.org.mx/noticia_helado_elefantes.php
-Revista Aniame, XVIII Vol. 9, Número 45, Abril-junio de 2004.
-Secretaría de Economía. www.economia.gob.mx; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de México 2003.
-Coplanta. Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas; Plan Estatal de Desarrollo 2000-2006, Gobierno del Estado de Chiapas; Programa de Palma de Aceite del Estado de Chiapas; Sagarpa, Fomento Agrícola, Delegación Chiapas; Fondo Chiapas; Boletines del gobierno de Chiapas 3684, 2111, 1796, 4963, www.cocoso.chiapas.gob.mx; Análisis de sectores de diversificación, Palma Africana. Chiapas Visión 2020. www.chiapasvision2020.org ; Fundación Produce, Inifap, Cofupro; Estudio de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de la Palma de Aceite; Palma de Aceite en el Sureste Mexicano, Reportaje/Métodos Globales Respuestas Locales/ANIAME, s/f
-Sedafop. Gobierno del Estado de Tabasco; Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco; Sedarpa. Gobierno del Estado de Veracruz; Sagarpa, Delegación Veracruz.; Vivas, Dr. Martín Tucuch Cauich. Campeche, Mayo de 2003.
-Consultores en Estrategia Pública, S.C.; Aceites de Palma, S.A. de C.V.
Referencias:
(1) Plan Rector del Sistema Producto Palma de Aceite de Chiapas 2004-2014, Gobierno del Estado de Chiapas, SDR, Fomento Económico de Chiapas AC.
(2) Ibid.
(3) Palma de Aceite en el Sureste Mexicano, Reportaje/Métodos Globales Respuestas Locales/ANIAME, s/f
(4) Comunicado 1184, Op. Cit, declaración de Salim Rodríguez Salomón del Instituto del Fomento para la Agricultura Tropical.
(5) Plan Rector, Op. Cit.
(6) 30 de Agosto de 2004 Guatemala, Guatemala, sábado, 28 de Agosto de 2004. Gobierno del Estado de Chiapas. Boletín: 1939.
(7) Tuxtla Gutiérrez, Notimex. mayo 11, 2008
(8) En representación del gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, el secretario del Campo, Ernesto Gutiérrez Villanueva, acompañado del alcalde de Acapetahua, Ariel Espinosa Domínguez, 02 de Mayo de 2007.
(9) Autorizaciones otorgadas en Materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental y en Materia de Emisiones Atmosféricas. Gobierno del Estado de Chiapas, Instituto de Historia Natural y Ecología, Dirección de Protección Ambiental, Departamento de Regulación Ambiental. 30 de Octubre del 2007. Lic. Claudia Patricia Sántiz Sánchez. Enlace de Información.
(10) Comunicado 1184, Gobierno del estado de Chiapas, 05 de Abril de 2008.
(11) Domingo 31 de Agosto de 2008, visita del gobernador Juan Sabines a Ostuacán para la entrega de proyectos de más de 20 millones de pesos.
(12) Declaración de Salim Rodríguez Salomón del Instituto del Fomento para la Agricultura Tropical, Tuxtla Gutiérrez, Notimex. mayo 11, 2008
(13) Plan Rector, Op. Cit.
(14) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. ESTUDIO DE VIABILIDAD PLANTACIONES DE PALMA AFRICANA EN LA REGIÓN DE LA SELVA, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (PRODESIS, SDS).
(15) Presentación del Consejo Consultivo, Proyecto “Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Chiapas, México” (PRODESIS) 2004-2007, 12 de mayo de 2006. Gobierno de Chiapas y la Unión Europea.
(16) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. Op. Cit.
(17) Información del subsecretario de Comercialización de la Secretaría del Campo (Secam), Wenceslao López. Notimex, 20 de Enero de 2009.
(18) Dante López Amador, director jurídico de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 20 de Diciembre de 2008.
(19) Declaraciones del coordinador general del dependiente de la Secretaría del Campo, Salim Rodríguez Salomón.
(20) Gobierno del Estado de Chiapas, Comunicado 1184, Op. Cit.
(21) Declaraciones de Amílcar Fernández Archiva, gerente del Programa Palma Africana del IFAT.
(22) Alberto de la Cruz Aguilar; EL ORBE/ lunes, 02 de marzo de 2009.
(23) http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/ganaderia/abeja.htm
(24) Declaración internacional en contra de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO) En defensa de los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad y la Justicia Climática:
http://www.wrm.org.uy/temas/Agrocombustibles/Declaracion_Internacional_RSPO.html
(25) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; El Orbe, domingo 29 de marzo de 2009.
(26) http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=8118327&IdCat=6273.
Ver también Rhett Butler and Sarah Conway Rhett Butler y Sarah Conway; “Conservación de las turberas podría ser más rentable que el aceite de palma?”; 22 de agosto de 2007; www.mongabay.com
(27) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE, jueves 05 de febrero de 2009.
(28) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE , sábado 30 de mayo de 2009.
(29) www.mongabay.com
(30) Germer y Sauerborn, revista Medio Ambiente, Desarrollo y Sostenibilidad; www.mongabay.com
(31) www.mongabay.com
(32) Cfr. Plan Rector y proyecto Prodesis.
(33) Cuarto Poder, Jorge Moscoso Pedrero, Jueves 25 de Septiembre de 2008.
(34) Estrategias de Comercialización de Sistemas Producto, Sistemas de Inteligencia de Mercado para la Competitividad/ Secretaría del Campo, Gobierno del Estado de Chiapas; presentación en pdf s/f
(35) Héctor Narváez/El Orbe, Jueves 26 de marzo de 2009.
(36) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. Op. Cit.
(37) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE, sábado 02 de mayo de 2009.
(38) Alberto de la Cruz Aguilar; EL ORBE / jueves 05 de marzo de 2009.
(39) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE / martes 12 de mayo de 2009.
(40) Comunicado 1184, Op. Cit, declaración de Salim Rodríguez Salomón del Instituto del Fomento para la Agricultura Tropical.
(41) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. Op. Cit.
Fuente: Ecoportal
Las miles de hectáreas de palma africana implican no sólo mantener la deforestación sino aumentar el CO2, e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad como las regiones de biosfera y la selva Lacandona.
Las plantaciones no regeneran la biodiversidad, las plantaciones no son bosques y no están ajenas a las afectaciones que se dan en todos lado como la grave deforestación, “que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, contaminación de los cursos de agua, aparición de plagas; además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto”
La producción de palma de aceite en Chiapas.
Con la familia Berntoff llegaron los primeros cultivos en 1948 e instalaron una pequeña extractora, Aceitera La Lima, para el proceso de fruta fresca en 1970. Esta tenía una capacidad para procesar 2 toneladas por hora. Entre 1990 y 1991 arranca el Programa de Palma de Aceite en 4 municipios de la región Soconusco ubicado en 26 localidades y con la participación de 425 productores con plantaciones en 2,500 hectáreas. Hasta 1996 el programa se mantuvo inactivo y el conflicto armado en Chiapas cruzó en estos momentos. A partir de 1997 se retoma el impulso de las plantaciones de palma con la participación de los estados de Veracruz y Tabasco.(1)
Actualmente, en Chiapas las plantaciones se han establecido en dos regiones: Soconusco y Selva.
Al definir el Plan Rector en 2004 se contabilizaban 16,829.75 hectáreas de palma en Chiapas, hoy son más de 40 mil, se esperan llegar a las 100 mil en el 2012 y se calcula un potencial de más de 900 mil hectáreas en todo Chiapas.
Chiapas sigue siendo el principal estado productor de Palma de Aceite en México, el de mayor rendimiento y con mucho subsidio gubernamental. El rendimiento por hectárea de fruta fresca oscila entre 18 y 20 toneladas al año. Existen 7 plantas extractoras en 4 municipios distintos de los cuales solo uno es de capital social y las demás son privadas. Estas plantas tienen la capacidad de procesamiento de toneladas de fruta fresca hasta por 881,280 toneladas. Son demasiadas para la producción local y por ello entre el 50 y el 70% de su capacidad instalada no se usa. Al inicio del Plan Rector del Sistema Producto Palma de Aceite de Chiapas 2004-2014, se cosechan aproximadamente 131,611 toneladas de fruta fresca al año mientras que se tenía la capacidad de procesar 322 mil toneladas. Por esa razón mencionan los productores que los industriales pagan el 13% ó 15% del precio de la tonelada de Aceite Crudo, con la finalidad de acaparar la mayor cantidad de Fruta Fresca posible e incrementar el rendimiento promedio de sus industrias. Toda la producción de Fruta Fresca se vende a la industria de Chiapas y a su vez éstas venden el aceite crudo a las refinadoras en otros estados que es utilizada para la producción de aproximadamente 900 productos finales. No hay datos para calcular el consumo percapital en Chiapas.(2)
Chiapas cuenta con seis viveros que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical (IFAT), son “los más grandes de América Latina”, ubicados en los municipios de Acapetahua, Mapastepec, Marqués de Comillas, Zamora Pico de Oro y Palenque. Estos viveros cuentan con un millón 691 mil plantas. En ellos trabajan principalmente mujeres.(3) También trabajan 5 mil productores de palma que, según el IFAT, cada uno capta alrededor de 30 mil pesos por hectárea.(4)
Pese a todo, el Plan Rector reconoce muchas debilidades del Sistema producto. No hay suficiente personal capacitado para el manejo de plantaciones. El costo de transporte es alto, las unidades productivas son pequeñas y dispersas; los ejidatarios no están bien organizados, no tienen buena planeación y no es óptima la vinculación entre éstos con los empresarios de las plantas. Falta
infraestructura de riego y mejor coordinación entre los actores de la cadena productiva.(5)
Las acciones del gobierno para ampliar las plantaciones.
El gobierno de Chiapas insiste en que las plantaciones de palma son la alternativa. Al iniciar el Plan Rector, en el 2004, el gobernador del estado se reunió con empresarios guatemaltecos productores de palma africana con inversiones en el estado de Chiapas.(6) Cabe señalar que en el otro lado de la frontera las plantaciones de palma en el territorio guatemalteco se extienden por miles de hectáreas.
Desde esa fecha en que inició el Plan Rector, el proceso de crecimiento de las plantaciones ha sido peligrosamente acelerado.
En el 2007 se sembraron 5 mil hectáreas más de palma.(7) Para ello el gobierno entregó en el municipio de Acapetahua 143 equipos de trasporte no motorizado por un monto de un millón 890 mil pesos para el impulso a las plantaciones.(8) Por su lado la Promotora de Palma del Soconusco, S.A. de C.V. adquirió una autorización indefinida en Materia de Emisiones Atmosféricas para su Planta Extractora de Aceite de Palma Africana.(9) A finales del mismo año, el Gobernador Juan Sabines realizó el “Primer Informe-Bioenergéticos 2007” donde estableció que la Comisión de Bioenergéticos llevaría a cabo las acciones de promoción, organización, asistencia técnica y financiamiento de módulos de producción de biodiesel de 2 mil hectáreas de palma de aceite con plantas extractoras con capacidad para procesar 10 toneladas de racimo de fruta fresca por hora y 20 mil litros diarios. A partir de este año la palma africana se incorpora a la producción de agro combustible.
Para el 2008 el gobierno del estado aumenta 11 mil hectáreas más de siembra de palma africana para sumar un total de 30 mil hectáreas. Para ello el gobernador entregó 750 mil plantas de palma africana enbiodiesel”.(10) Luego entregó más de 18 mil plantas de palma de aceite para sembrarlas en 129 hectáreas en el municipio de Ostuacán. Dentro del Programa de Reconversión Productiva de Plantaciones Forestales se otorgaron apoyos por un monto total de seis millones 300 mil pesos. Cabe señalar que en Ostuacán se ha construido la primera Ciudad Rural Sustentable, Nuevo Juan del Grijalva, conformado por las víctimas de inundaciones de noviembre de 2007. Así, vaciar el territorio de pobladores, concentrarlos, y conformar plantaciones.(11) Al 2008 se calculaba que la producción por hectárea de palma ya alcanzaba las 20 toneladas anuales, lo que anualmente alcanzaría ganancias de 100 millones de pesos.(12)
Las instituciones que apoyan las plantaciones y el marco jurídico y operativo.
Entre las organizaciones que han apoyado el cultivo de Palma de Aceite están los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) que apoya la producción, la industrialización, el comercio y los servicios en los siguientes tipos de crédito: Refaccionario hasta por 20 años en proyectos de larga maduración; Avío hasta por 36 meses (materias primas y materiales, jornales, salarios y gastos directos), y Prendarios hasta 180 días. Dentro del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agro negocios (FOMAGRO), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) puede hacer aportaciones directas en Proyectos, hasta 5 millones, con tasa cero y recuperable a 3 años. Dentro del Programa para Acceder al Sistema Financiero (PASSFIR) se ha apoyado la constitución de garantías líquidas a Fincas, hasta $200,000 por Finca, sin recuperación y aplicable como capital semilla.(13) Por último destacamos COPLANTA, la institución del Gobierno de Chiapas que administra el proyecto de las plantaciones en el estado y por donde se tramitan los subsidios por medio del programa Alianza Contigo.
Entre el marco jurídico y operativo están: Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley Orgánica de Financiera Rural, Ley de Capitalización del PROCAMPO, Ley de Energía para el Campo, Ley de
Planeación Agropecuaria, Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y Ley de Aguas Nacionales y su reglamento referente a cualquier aprovechamiento y tipo de uso que se haga sobre las aguas
superficiales y subterráneas, así como de sus zonas federales.(14)
Los programas gubernamentales.
También han existido diversos Programas gubernamentales de apoyos directos al productor para la reconversión productiva; de promoción comercial y fomento a las exportaciones; el PROCAMPO y
Alianza para el Campo. El gobierno ha facilitado asesoría y otros servicios de gestión, promoción, solución de controversias y Consejería agroalimentaria; fomento a la inversión y capitalización; apoyo a Proyectos de Inversión Rural Productivos, Desarrollo de Capacidades, Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones en el medio rural, etc. El gobierno ofrece apoyos financieros para aquellos actores que se sumen a la cadena productiva con adquisición de maquinaria; infraestructura de hasta 4 millones sin intereses, consultoría y capacitación de 50 a 100 mil pesos sin recuperación, proyectos de innovación hasta 4 millones sin recuperación, etc.
La Unión Europea.
La Unión Europea también impulsa las plantaciones de palma africana en Chiapas a partir del 2005. En el proyecto de PRODESIS, dentro del rubro “Sistemas Estratégicos de Producción Sustentable”, secontrataron estudios para analizar la viabilidad de innovaciones tecnológicas en autorregulación para el establecimiento de la palma africana y seguridad alimentaria (sic).(15) Más específicamente, las plantaciones de palma avanzan con el apoyo de la Unión Europea en la zona de Amortiguamiento de la Selva Lacandona y en el municipio de Marqués de Comillas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la frontera con Guatemala. En esta región el gobierno intentó impulsar las plantaciones desde 1997 pero fueron abandonadas y destruidas por los productores por la falta de apoyos y asesoría sobre la palma africana. Las razones que el PRODESIS plantea son muy simples: que hay mucha demanda de la palma aceitera, que es buen negocio, que hay tierras suficientes y que hay apoyo del gobierno, como siempre, y sin el cual las plantaciones de palma en el mundo no fueran rentables.(16)
Prodesis calculó en el 2005 que el precio para la tonelada de fruta fresca en las plantas extractoras de Palenque era de $ 580.00. Con 976 productores en la zona selva, con el potencial productivo de la superficie plantada en la región más la del proyecto de la Unión Europea, se calculó la producción en 74,592 Toneladas métricas anuales lo que abastecería sólo el 71% de las dos plantas extractoras de Palenque.
Las proyecciones a futuro.
El Plan Rector ya ha sido rebasado. Para el 2009 el gobierno del estado de Chiapas, en el marco de la llamada reconversión productiva que implica eliminar la soberanía alimentaria, anunció que destinaría 83 millones de pesos con lo que se ampliará 11 mil hectáreas más, lo que equivale a un incremento del 58% en relación al acumulado en el 2007 que eran de 19 mil hectáreas.(17) Luego anunció el gobierno federal que el campo de Chiapas recibiría 300 millones de pesos para los cultivos más rentables que el maíz como es el caso de la palma africana.(18)
En este año se amplían otras 15 mil hectáreas de palma africana lo que llegaría a un total de 44 mil con la expectativa de destinar su producción también al mercado del agro combustible.(19)
Para el 2012 el gobernador pretende llegar a las 100 mil hectáreas en total sembradas de palma africana en Chiapas: “Como un compromiso decidido con las organizaciones de palma africana, en mi administración se tiene contemplado plantar 100 mil hectáreas, esto significará un ingreso de tres mil millones de pesos para los productores chiapanecos”.(20)
Con las plantaciones del Soconusco se genera una derrama económica por unos 80 millones de pesos, pero la expectativa de crecimiento para el 2010 podría ser superior a los 500 millones de pesos y en la entidad, de cumplirse las expectativas de alcanzar las cien mil hectáreas, ya produciendo, estarían alcanzando cien mil millones de pesos. En la región del Soconusco el gobierno identifica un potencial de 300 mil hectáreas aptas para el cultivo de la palma y otras 600 mil se encuentran ubicadas en la Selva y Norte en donde "se recuperarán suelos perdidos que eran dedicados a la agricultura de autoconsumo y la ganadería".(21) Por ello, en esta región de Tapachula, será donde se instale la planta de biocombustibles -biodiesel- en el marco del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) y del convenio sobre biocombustibles que firmaron los presidentes de Colombia Álvaro Uribe y el de México Felipe Calderón. Esta planta se alimentaría con la producción de piñón, palma africana, higuera y otros productos que se producen en la costa.(22)
Los impactos de las plantaciones de palma aceitera.
El gobierno Federal y de Chiapas afirman que las plantaciones de palma se están instalando en hectáreas previamente deforestadas por la ganadería y otras actividades que ya no son rentables. Sin embargo, la meta de lograr las 100 mil hectáreas en tres años más, y el sueño de proyectar las más de 900 mil hectáreas con vocación en la entidad, deja claro que seguirán destruyendo selvas, bosques y otros ecosistemas. Si muchas actividades han dejado de ser “rentables” para el mercado empresarial, ha sido porque el gobierno ha abandonado el campo, a los pequeños productores y, en la lógica de los Tratados de Libre Comercio, enfocándose no a la soberanía alimentaria sino al mercado del agro negocio.
El pequeño productor, el campesino y el indígena salen sobrando a menos que se inserten en esta nueva dinámica de entregar su mano de obra barata, su tierra y subsidie con su trabajo las ganancias del agro negocio. Desde esta perspectiva, la palma africana tampoco es rentable si no contara con los grandes subsidios gubernamentales, de los productores, del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Costos ambientales…
Desde el 2004 el gobierno ya admitía que no se realizaban análisis adecuados de las variedades de palma acorde a las características agronómicas regionales, por lo que se encontraban diferentes variedades plantadas y no se verificaban su comportamiento ni rendimiento. Por otro lado, las miles de hectáreas de palma africana implican no sólo mantener la deforestación sino aumentar el CO2, e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad como las regiones de biosfera y la selva Lacandona. Por otro lado, en nada ayuda, sino al contrario, a recuperar la producción de miel de donde dependen miles de apicultores.(23) La crisis de los apicultores en Chiapas ha caído y se va agravando y más en la medida en que aumentan las plantaciones. Las plantaciones no regeneran la biodiversidad, las plantaciones no son bosques y no están ajenas a las afectaciones que se dan en todos lado como la grave deforestación, “que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, contaminación de los cursos de agua, aparición de plagas; además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto”.(24)
Las más de 11 mil personas que habitan el municipio de Marqués de Comillas consumen más de 82 mil metros cúbicos de agua al año, la mayoría de fuentes subterráneas por medio de pozos ante la falta del servicio de agua potable. A partir de hace algunos años el servicio de agua en la región se amplía poco a poco incluyendo ahora medidores en las nuevos proyectos habitacionales. Ante esta situación, las plantaciones de palma, grandes consumidoras de agua, agravan la disponibilidad de agua en la región.
Es en esta misma región de la selva de los Montes Azules, de 220 mil hectáreas, que ya ha sido deforestada el 80%. Para contenerlo se pretende crear los “cordones de protección mediante proyectos productivos de gran impacto como la palma africana, el hule, los cítricos y la agricultura protegida”. Tan sólo para la palma africana se impulsan sembrar 5 mil hectáreas en Marqués de Comillas de las 30 mil que se pretenden para el en una región donde no hay un control ambiental efectivo. Esto pese a que el Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la deforestación y la degradación de los bosques, las políticas gubernamentales de sustitución de bosques por plantaciones industriales de árboles –como la palma aceitera-, así como el avance de la frontera agrícola empujada por las plantaciones de monocultivos.
Las tierras…
Según palabras del Gobernador Juan Sabines Guerrero, el cultivo de la Palma Africana es el futuro de México y para ello destina grandes subsidios y apoyos. Presentarlo así ha llevado a que los campesinos del municipio de Escuintla, “se lamentan de no contar con el tipo de tierras cultivables. Los campesinos escuintlecos, cuentan con tierras de primera, pero todas están cultivadas de plátano, cacao, mango y maíz (…) lástima que en Escuintla no existen tierras libres para ese y otros cultivos”, comentaron los campesinos Juan Vera y Moisés Ventura.(25) Así, las promesas de apoyo generan reacciones entre el sector campesino como ha sucedido en su momento con el ganado y otros proyectos de supuesto desarrollo agrario. El día de mañana les dirán que lo más rentable es conservar las selvas antes que ampliar las plantaciones. Por ejemplo, en el contexto de la aplicación de los créditos REDD, conservar la selva en Indonesia saldría más rentable que talarla para las plantaciones de palma africana en caso de que la tonelada de CO2 en el mercado de créditos de carbono costase entre 10 y 33 dólares.(26)
Pero, independientemente de todo lo anterior, uno de los indicadores significativos en Chiapas es el avance en la privatización de los ejidos y tierras comunales. De no avanzar en esto, el gobierno lo identifica como “no hay seguridad en la tenencia de la tierra”.
La estrategia del gobierno para ganar terreno a la palma africana es bajar los apoyos a otros sectores para orillarlos hacia estas plantaciones. En el municipio de Villa de Acapetahua, ante el bajo precio que presenta el ganado vacuno, el poco apoyo gubernamental y los altos costos de mantenimiento, varios de los pequeños ganaderos pretenden sumarse al cultivo de la Palma Africana.(27) En el municipio de Villa Comaltitlán, que fue una de las principales zonas de criaderos de ganado junto con otros municipios de la Costa, incluso se exportaba ganado al centro y Norte del País, confirman que la caída de la ganadería “se debió no a la negligencia de los productores, si no más bien a la llegada de otro tipo de cultivos en donde no se puede combinar con la ganadería. Por ejemplo, el cultivo de plátano y de la palma africana, le ha restado espacios lo que implica la disminución de la cría de ganado.”(28)
Cambio climático…
Los investigadores dicen que la producción de una tonelada de aceite de palma en las turberas genera de 15 a 70 toneladas de CO2 en los 25 años de vida productiva de la palma como resultado de la conversión de los bosques, la descomposición de turba de los incendios y las emisiones asociadas con la tierra de liquidación.(29) "La emisión de la conversión de los bosques supera claramente el potencial de fijación de carbono de las plantaciones de palma aceitera. La conversión de bosques enmonocultivo de palma de aceite provoca una liberación neta de aproximadamente 650 Mg equivalentes de dióxido de carbono por hectárea (…)”.(30) "La conversión de una hectárea de bosque de turba genera más de 1.300 Mg en emisiones de CO2 durante los primeros 25 años del ciclo de crecimiento de la palma aceitera. Dependiendo de la profundidad de la turba, la continua descomposición aumenta la emisión de cada ciclo en una magnitud de 800 Mg de CO2 por hectárea".(31)
Desde otro ángulo, se requieren más años para secuestrar el carbono en comparación con los 25 años de vida productiva de la palma africana en los que supuestamente capta carbono significativamente.
En suelos de turba, el balance de carbono es aún menos favorable para las plantaciones de palma de aceite debido a las emisiones de drenaje. Por tanto, las plantaciones de palma no almacenan más carbono que los bosques. Cada tonelada de aceite de palma producido emite 33 toneladas de CO2 (9 toneladas de carbono), aproximadamente 10 veces mayor que la del diesel normal. Por tanto, además de degradar el ambiente, afectar zonas de turba, no reforestar, e igualar erróneamente bosques con plantaciones, Chiapas irá aportando más CO2 para el cambio climático.
Los agroquímicos…
Son 143 plantas por hectárea (la distancia adecuada es de 9m entre plantas y 1.8m entre hileras, sembradas en tresbolillo) a las que les derraman insecticidas como el llamado endosulfán y otros químicos como rodenticidas. Tampoco las plantaciones cuentan con el adecuado mantenimiento sobre todo en la aplicación de fertilizantes, control de plagas y el reestablecimiento de nuevas plantaciones. Y existe un manejo inadecuado de paquetes tecnológicos.(32)
En la región de la Selva Lacandona el río Lacantún suele rebasar su corriente ante los huracanas que pondrán en peligro las plantaciones de los campesinos del lugar y dispersará con mayor facilidad en un área rica en biodiversidad la cantidad de agroquímicos que usa. Por ello no es sustentable ambientalmente este tipo de monocultivos en lugares aledaños o en regiones de amortiguamiento.
De por sí pocos científicos serios afirman que las plantaciones de palma aceitera almacenan más carbono que los bosques tropicales naturales ya que, al contrario, producen más emisiones de gases de invernadero en relación con los bosques naturales. Si a ello incluimos el uso de los fertilizantes y las emisiones de metano procedentes de la transformación de los bosques en plantaciones el impacto climático es aún mayor.
Condiciones laborales…
En el 2008 un grupo de trabajadores de la planta de aceite AGROIMSA, S.A. DE C.V. en el municipio de Mapastepec fueron reprimidos por la fuerza pública, detenidos algunos de sus dirigentes y un asesor. También fueron despedidos los dirigentes sindicales por lo que 42 de los 64 trabajadores se negaron a laborar. Al final varios dirigentes quedaron en prisión.(33)
En otros aspectos laborales, para la cosecha, en muchos casos los productores no cuentan con las herramientas adecuadas (cuchillo malayos, otros) para hacer más eficiente el proceso, por lo que se prevé que aumenten los costos de cosecha cuando se encuentren en edad de su máxima capacidad de producción (9 años). En otros casos no cuentan con la capacitación para la cosecha, ni la adecuada asesoría técnica y capacitación para el cultivo, control y manejo integral de las plantaciones.
Aunque el Plan Rector se jacta de la existencia de mucha mano de obra lamenta que “La cultura de trabajo del productor limita el manejo de la plantación, carece el productor de hábitos y recursos económicos para llevar a cabo los rubros del mantenimiento de plantaciones.” Por si fuera poco, los productores campesinos e indígenas no cuentan con contratos o convenios ni existen diferencias en los precios por la calidad del producto que entregan. En el caso de la Planta Extractora de la Empresa Palma Tica deMéxico, S.A. de C.V. ha ofrecido plántulas a los productores pero a crédito y con la condición de que el productor comercialice sólo con esta Planta su cosecha. Por otro lado, para ahorrar gastos a los empresarios, se planteó incorporar como socios a los productores del Sistema Producto Palma de Aceite, por medio de la compra de acciones en una planta extractora.(34)
Poca información, poco acceso…
Los productores desconocen los programas y mecanismos para accesar a los recursos por parte de los productores. Los campesinos e indígenas no conocen la forma de establecer los precios para la tonelada de su fruta fresca por lo que se generan desconfianzas con los empresarios industriales; no cuentan con acceso a la información de los precios internacionales y están a merced de los empresarios. El Plan Rector Chiapas tiene la falsa expectativa de lograr precios justos e incrementar la rentabilidad de los participantes de la cadena productiva, zonificar el abasto, consolidar la organización de productores, comercializadores y agroindustriales cuando los tres niveles se encuentran en fuerte debilidad. Los productores no cuentan con suficientes créditos y otros servicios financieros por no tener garantías ante la banca o por tener carteras vencidas. No se aplica un paquete tecnológico integral regionalizado y validado para la palma de aceite en Chiapas. Falta un plan para el establecimiento de nuevas plantaciones y mantenimiento de las existentes mientras que el gobernador distribuye por doquier plántulas invitando a los campesinos e indígenas a abandonar el maíz y sumarse a las plantaciones.
Promesas incumplidas…
Los recursos que el gobierno destina a los productores a través de los programas son recibidos a destiempo. A finales del 2007, productores de la palma africana denunciaron el atraso en el pago del apoyo del IFAT en Acapetahua.(35) Y en la región de Marqués de Comillas el gobierno intentó impulsar las plantaciones desde 1997 pero fueron abandonadas y destruidas por los productores por la falta de apoyos y asesoría sobre la palma africana.(36) Perdieron sus otros cultivos.
Los costos y la infraestructura…
El productor tiene que llevar hasta la planta extractora el producto y en ello se le va casi el 40% del costo del precio final tan solo en transporte. No son adecuados los caminos a las plantaciones ni a las plantas extractoras, no hay suficientes centros de acopio y no cuentan con los vehículos necesarios. Además, si los caminos son malos dependen de los proyectos de gobierno para arreglarlos, con lo que el empresario dueño de la planta siempre sale ganando y es el más subsidiado de todos en la cadena productiva. En el municipio de Acapetahua, el señor Manuel Jiménez manifestó su descontento y que “los principales culpables de destruir caminos y carreteras, son los transportistas de carga pesada, ya que con sus camiones cargados de piedra, caña y fruta de palma africana causan los daños.”(37) En la cabecera municipal de Mapastepec, “Por el zanjeo para introducir el drenaje se hundió el terreno (…) en el barrio 15 de septiembre y ahora dificulta el tránsito vehicular así como se levantan grandes polvaredas y afecta la salud de los vecinos”. Los habitantes del barrio, Gabriel Colón y Elio Ventura, demandaron al Ayuntamiento que preside Gamaliel Estrada Moguel arreglar la calle que es muy transitada principalmente por camiones con carga de palma africana que van a la planta de la aceitera.(38)
Malas ganancias…
Con las plantaciones no se ve mejoría en las condiciones de vida de la población.
En Acapetahua, pese a las riquezas con las que se cuenta en la región, empezando con la ganadería, fruticultura y agricultura, por ejemplo, “la mayoría de los campesinos están pasando por la peor crisis económica (…) La Colonia Soconusco, es una de las principales productoras de plátano, cacao, palma africana y mango.”(39) Según el IFAT, un productor capta alrededor de 30 mil pesos por hectárea.(40)
La ganancia equivale a casi dos salarios mínimos que en México es igual a decir nada. Sin embargo,estudios de la Fundación Produce Chiapas proporcionan otro dato y establecen que "un productor promedio ejidal con siete hectáreas y una producción promedio de 19 toneladas por hectárea, obtiene ingresos por más de cien mil pesos anuales” que equivaldrían a 274 pesos diarios (21 dólares), o sea, equivalen a 39 pesos diarios por hectárea, menos del salario mínimo por hectárea.
En la inversión anual para establecer una hectárea de palma el paquete tecnológico le cuesta al productor alrededor de 6,500 pesos que equivale a 17 pesos diarios (alrededor de 1.3 dólares diarios).
Incluye la siembra (preparar el terreno, comprar la plántula, control de malezas, limpia de calle, herbicidas y su aplicación, cajeteo manual), fertilización, control de plagas, podas, equipamiento y servicios.
La tercera parte del costo se va en herbicidas, control de plagas, fertilizantes, rodenticidas. Por otro lado, durante los primeros tres años no hay producción ni cosecha, y hasta el octavo año se cosecha al 100%.
En estos tres años el costo de inversión es de más de 12 mil pesos y al cuarto año que por primera vez vende algo de fruta, sigue teniendo un déficit de 16 mil pesos. Durante la producción, la inversión anual por hectárea de palma es de 9,125 pesos, que equivalen a 25 pesos diarios (2 dólares proximadamente), lo que le pagan a un indígena o campesino en Chiapas por el jornal diario de trabajo. Implica la siembra la fertilización y su aplicación, el control de plagas y su aplicación, las podas, la cosecha, el equipamiento, y los servicios de asistencia técnica.(41) Es esta mano de obra barata la que también subsidia los productos.
Uno de los recursos que usan los campesinos productores es conseguir el pago adelantado del Procampo que durante tantos años ha financiado por el BM y el BID para invertir en las plantaciones de palma africana. Este programa arrancó desde el inicio del TLC con Estados Unidos y Canadá con el fin de entregar una determinada cantidad de dinero anual en efectivo a los campesinos e indígenas por cada hectárea de maíz sembrada para supuestamente mejorar su producción y competitividad en el contexto del TLC. Sin embargo, esto sirvió por años para que los pobres consiguieran otros bienes necesarios para combatir la pobreza más que para competir contra el maíz de Monsanto y otras trasnacionales altamente subsidiadas por los Estados Unidos.
No cabe duda que los grandes negocios se hacen sobre las espaldas de los más pobres, sobre sus tierras y territorios y a costa de los bienes comunes de la humanidad. ¡Basta de monocultivos!
Gustavo Castro Soto - Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México - www.otrosmundoschiapas.org; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México;12 de junio de 2009 - San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Para más información y consulta:
-Oil World. The Independent Forecasting Service for Oilseeds, Oils & Meals. Providing Primary Information --Professional Analysis. © Copyright 2004 ISTA Mielke GmbH. All Rights Reserved. Date: Aug 2004 Legal Terms http://www.oilworld.com
-Food and Agricultura Organization (F.A.O.). Base de Datos Estadísticos.
www.fao.org/waicent/portal/statistic_es.asp ; Centro de Información Agraria Mundial; Consejo de Promoción de Palma de Aceite de Malasia, MPOPC. www.mpopc.org,my/; World Wild Life Organization: http://www.wwf.org.mx/noticia_helado_elefantes.php
-Revista Aniame, XVIII Vol. 9, Número 45, Abril-junio de 2004.
-Secretaría de Economía. www.economia.gob.mx; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de México 2003.
-Coplanta. Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas; Plan Estatal de Desarrollo 2000-2006, Gobierno del Estado de Chiapas; Programa de Palma de Aceite del Estado de Chiapas; Sagarpa, Fomento Agrícola, Delegación Chiapas; Fondo Chiapas; Boletines del gobierno de Chiapas 3684, 2111, 1796, 4963, www.cocoso.chiapas.gob.mx; Análisis de sectores de diversificación, Palma Africana. Chiapas Visión 2020. www.chiapasvision2020.org ; Fundación Produce, Inifap, Cofupro; Estudio de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de la Palma de Aceite; Palma de Aceite en el Sureste Mexicano, Reportaje/Métodos Globales Respuestas Locales/ANIAME, s/f
-Sedafop. Gobierno del Estado de Tabasco; Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco; Sedarpa. Gobierno del Estado de Veracruz; Sagarpa, Delegación Veracruz.; Vivas, Dr. Martín Tucuch Cauich. Campeche, Mayo de 2003.
-Consultores en Estrategia Pública, S.C.; Aceites de Palma, S.A. de C.V.
Referencias:
(1) Plan Rector del Sistema Producto Palma de Aceite de Chiapas 2004-2014, Gobierno del Estado de Chiapas, SDR, Fomento Económico de Chiapas AC.
(2) Ibid.
(3) Palma de Aceite en el Sureste Mexicano, Reportaje/Métodos Globales Respuestas Locales/ANIAME, s/f
(4) Comunicado 1184, Op. Cit, declaración de Salim Rodríguez Salomón del Instituto del Fomento para la Agricultura Tropical.
(5) Plan Rector, Op. Cit.
(6) 30 de Agosto de 2004 Guatemala, Guatemala, sábado, 28 de Agosto de 2004. Gobierno del Estado de Chiapas. Boletín: 1939.
(7) Tuxtla Gutiérrez, Notimex. mayo 11, 2008
(8) En representación del gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, el secretario del Campo, Ernesto Gutiérrez Villanueva, acompañado del alcalde de Acapetahua, Ariel Espinosa Domínguez, 02 de Mayo de 2007.
(9) Autorizaciones otorgadas en Materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental y en Materia de Emisiones Atmosféricas. Gobierno del Estado de Chiapas, Instituto de Historia Natural y Ecología, Dirección de Protección Ambiental, Departamento de Regulación Ambiental. 30 de Octubre del 2007. Lic. Claudia Patricia Sántiz Sánchez. Enlace de Información.
(10) Comunicado 1184, Gobierno del estado de Chiapas, 05 de Abril de 2008.
(11) Domingo 31 de Agosto de 2008, visita del gobernador Juan Sabines a Ostuacán para la entrega de proyectos de más de 20 millones de pesos.
(12) Declaración de Salim Rodríguez Salomón del Instituto del Fomento para la Agricultura Tropical, Tuxtla Gutiérrez, Notimex. mayo 11, 2008
(13) Plan Rector, Op. Cit.
(14) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. ESTUDIO DE VIABILIDAD PLANTACIONES DE PALMA AFRICANA EN LA REGIÓN DE LA SELVA, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (PRODESIS, SDS).
(15) Presentación del Consejo Consultivo, Proyecto “Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Chiapas, México” (PRODESIS) 2004-2007, 12 de mayo de 2006. Gobierno de Chiapas y la Unión Europea.
(16) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. Op. Cit.
(17) Información del subsecretario de Comercialización de la Secretaría del Campo (Secam), Wenceslao López. Notimex, 20 de Enero de 2009.
(18) Dante López Amador, director jurídico de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 20 de Diciembre de 2008.
(19) Declaraciones del coordinador general del dependiente de la Secretaría del Campo, Salim Rodríguez Salomón.
(20) Gobierno del Estado de Chiapas, Comunicado 1184, Op. Cit.
(21) Declaraciones de Amílcar Fernández Archiva, gerente del Programa Palma Africana del IFAT.
(22) Alberto de la Cruz Aguilar; EL ORBE/ lunes, 02 de marzo de 2009.
(23) http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/ganaderia/abeja.htm
(24) Declaración internacional en contra de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO) En defensa de los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad y la Justicia Climática:
http://www.wrm.org.uy/temas/Agrocombustibles/Declaracion_Internacional_RSPO.html
(25) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; El Orbe, domingo 29 de marzo de 2009.
(26) http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=8118327&IdCat=6273.
Ver también Rhett Butler and Sarah Conway Rhett Butler y Sarah Conway; “Conservación de las turberas podría ser más rentable que el aceite de palma?”; 22 de agosto de 2007; www.mongabay.com
(27) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE, jueves 05 de febrero de 2009.
(28) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE , sábado 30 de mayo de 2009.
(29) www.mongabay.com
(30) Germer y Sauerborn, revista Medio Ambiente, Desarrollo y Sostenibilidad; www.mongabay.com
(31) www.mongabay.com
(32) Cfr. Plan Rector y proyecto Prodesis.
(33) Cuarto Poder, Jorge Moscoso Pedrero, Jueves 25 de Septiembre de 2008.
(34) Estrategias de Comercialización de Sistemas Producto, Sistemas de Inteligencia de Mercado para la Competitividad/ Secretaría del Campo, Gobierno del Estado de Chiapas; presentación en pdf s/f
(35) Héctor Narváez/El Orbe, Jueves 26 de marzo de 2009.
(36) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. Op. Cit.
(37) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE, sábado 02 de mayo de 2009.
(38) Alberto de la Cruz Aguilar; EL ORBE / jueves 05 de marzo de 2009.
(39) Alonso Castañeda Pineda / Corresponsal; EL ORBE / martes 12 de mayo de 2009.
(40) Comunicado 1184, Op. Cit, declaración de Salim Rodríguez Salomón del Instituto del Fomento para la Agricultura Tropical.
(41) Proyecto: Establecimiento de plantaciones de Palma Africana en el Municipio de Marqués de Comillas. Op. Cit.
Fuente: Ecoportal
sábado, 27 de junio de 2009
Escamoteo de la Consulta Indígena en el Ecuador
Autor | Bartolomé Clavero | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 22 junio 2009 12:48
"...He aquí derechos de un orden distinto y de un carácter complementario, los derechos de los pueblos y los derechos de la ciudadanía, pero los segundos, los derechos de la ciudadanía, pueden utilizarse para escamotear los primeros, los derechos de los pueblos. Es lo que está ocurriendo con el desarrollo legislativo de la Constitución ecuatoriana".
Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
La Constitución del Ecuador reconoce el derecho de “las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas” a “la consulta previa, libre e informada” sobre los “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente” (art. 57.7). También reconoce a “las ecuatorianas y ecuatorianos” todos y todas el derecho “a ser consultados” (art. 61.4) por iniciativa no sólo institucional, sino también ciudadana (art. 104). Análogamente, para materia ambiental, la Constitución contempla como derecho ciudadano una consulta “a la comunidad” sin mayor especificación (art. 398). He aquí derechos de un orden distinto y de un carácter complementario, los derechos de los pueblos y los derechos de la ciudadanía, pero los segundos, los derechos de la ciudadanía, pueden utilizarse para escamotear los primeros, los derechos de los pueblos. Es lo que está ocurriendo con el desarrollo legislativo de la Constitución ecuatoriana.
Para medirse la magnitud del posible escamoteo, conviene también que nos fijemos previamente en el encuadramiento constitucional del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución declara que los reconoce de conformidad consigo misma y “con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos” (art. 57, inicio). Al efecto, convenio es el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; declaración, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante Convenio y Declaración respectivamente). La misma terminología constitucional que identifica el derecho en cuestión (“consulta previa, libre e informada”) procede de dichos instrumentos internacionales. La Declaración, usando casi las mismas palabras del Convenio para reformular y reforzar su planteamiento, dispone que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (art. 19).
Tal es lo que dispone entonces la Constitución, a lo que debe enseguida añadirse que no lo ha comenzado a entender así su propio desarrollo legislativo. Leyes inmediatas a la Constitución y tan importantes por ejemplo como la de minería ya enervan los derechos de los pueblos indígenas y principalmente el de consulta, un derecho que es garantía para todo el resto. Y el caso es que esta deriva no parece que vaya a rectificarse. Muy al contrario, todo indica que va a consolidarse y acentuarse. Llega ahora un proyecto de Código de Ambiente y Agua que es una verdadera ley ómnibus, un código sobre ambiente, agua, naturaleza, ecosistemas, fuentes de energía, biodiversidad terrestre y marina, especies amenazadas y exóticas, biotecnología, transgénicos, recursos y deshechos, productos químicos y todos los negocios y gestiones, salvaguardas y aprovechamientos, concebibles respecto a todas estas materias y alguna más. Se trata de un código del manejo de la naturaleza realmente notable, bien que aquejado de un serio problema, al menos uno, de índole constitucional, el del atropello de los derechos de los pueblos indígenas comenzándose por la garantía de la consulta.
Cataloga a su inicio el Código una serie de “Principios Ambientales” entre los que figura el de la interculturalidad, el de una interculturalidad que se define en unos términos de convivencia sin referencia alguna a derechos: “La integración de las distintas visiones del desarrollo sustentable, y equidad de género social y étnica en todos los niveles de gestión y de gobierno. La promoción de relaciones positivas de respeto mutuo entre los distintos componentes socioculturales del país, para construir una gestión ambiental pluralista. En la gestión ambiental se reconocerán, respetarán, fortalecerán e incluirán la identidad, las cosmovisiones, la diversidad de género y de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. No se dice que se reconocerán, respetarán y fortalecerán los respectivos derechos, los derechos que reconocidos ya lo están por la Constitución. El Código ni los respeta no los fortalece en absoluto.
Los derechos de los pueblos se registran incluso declarándolos en esta materia de carácter prevalente sobre los derechos de las personas: “Los derechos ambientales de las comunidades, pueblos y nacionalidades son complementarios y concurrentes en relación con los derechos ambientales de las personas. En caso de antagonismo, se aplicará los derechos ambientales de las comunidades, pueblos y nacionalidades”; “las comunidades, pueblos y nacionalidades son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en especial, de aquellos derechos colectivos relacionados con el ambiente y la naturaleza para tal efecto, se establecerán las normas especiales para su protección y ejercicio, reconociendo además las formas ancestrales de organización interna y de uso y administración de los recursos naturales que les corresponden; sin perjuicio de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos colectivos”. Bien está, pero ¿dónde se encuentra esa garantía principal de estos derechos que es la consulta? Se buscará en vano. Con los pueblos como sujetos, no consta en ningún pasaje ni opera en paraje ninguno del Código.
En el Código figura la consulta, pero es sobre todo la más específica del artículo 398 de la Constitución antes referido, el que la remite “a la comunidad” sin más especificación (art. 398). Según el proyecto del Código de Ambiente y Agua se trata de una forma de “participación de la sociedad civil”. La consulta que así contempla se presenta como “una herramienta que garantiza la articulación de los derechos ambientales de las personas con los derechos de la naturaleza y el desarrollo sustentable, que viabiliza el sumak-kawsay” (buen vivir en quichua). A estos efectos de consulta, ahora precisamente, se produce la evaporación de “los derechos ambientales de las comunidades, pueblos y nacionalidades” que se han declarado prevalentes. A los efectos de la consulta, la desaparición es de momento absoluta: “La consulta y participación ciudadana es un proceso, condición y mecanismo bidireccional y continuo por el cual la sociedad civil y el gobierno establecen un diálogo, generan alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas que afectan al ambiente”. Luego el propio Código, como veremos, se referirá a consulta “a comunidad” sin especificar y sin reparar el olvido de los pueblos indígenas como sujetos del derecho.
En el libro del Código sobre aguas reaparecen, junto a “los propietarios privados”, los pueblos indígenas, “los pueblos ancestrales, nacionalidades y comunidades”, dotados de derechos que ahora, con objeto más tangible como sea el de los recursos hídricos, no se declaran prevalentes. También comparecen cuando se trata del manejo de la biodiversidad y de áreas naturales, pero sin registro en este apartado de derechos. “El Estado reconoce el aporte de los pueblos ancestrales y comunidades locales al manejo y conservación de la biodiversidad” y pasa a asignarles una reserva estricta sin reconocimiento de derechos y con endorso de obligaciones: “Las tierras comunitarias de las comunidades, pueblos y nacionalidades que se encuentren en una zona a ser declarada como área del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, asentadas en ellas con anterioridad a la declaratoria, les serán adjudicadas como parte del área natural protegida, con la finalidad de garantizar la integridad del área, la conservación de la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades que la habitan”. Entre estas previsiones sigue sin haber nada sobre consulta específicamente indígena, la consulta prevista por la Constitución, por el Convenio y por la Declaración.
Respecto a los derechos sobre el agua, se prevé que puedan ejercerse por “comunidades, pueblos y nacionalidades” tanto individual como colectivamente: “por si mismos directamente o a través de sus representantes, de conformidad con lo prescrito en las normas constitucionales, en esta ley y en otras leyes que se dicten para el ejercicio de sus derechos”. En este momento clave de la determinación de unos derechos, los mismos se someten a ley relegándose lo dicho por la Constitución misma sobre Convenio y “demás instrumentos” como la Declaración. No se olvida sin embargo plenamente el Código de unos compromisos constitucionales e internacionales respecto a derechos indígenas. Todo ello, inclusive la consulta, regresa a lo largo de su extenso desenvolvimiento, pero sin capacidad nunca para situar los derechos de los pueblos indígenas en el lugar que constitucional e internacionalmente les corresponde. En ningún momento se recuperan las condiciones para que la consulta opere como garantía principal de tales derechos de pueblos.
Compruébese: “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos” las entidades indígenas, “de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”, cuentan con “el derecho colectivo a participar en el uso, usufructo, administración y conservación del agua que fluya en sus tierras” y con participación en “las organizaciones de cuenca que se constituyan en las cuencas y subcuencas en que sus tierras se encuentran” del modo previsto por la propia ley. A la hora de la verdad, por lo que interesa a derechos de los pueblos indígenas, no es la Constitución ni desde luego el Convenio como tampoco la Declaración la norma que prevalece, según en principio corresponde, sino la ley, esta forma de determinación política que se está practicando sin consulta. No extrañará que el proyecto de Código de Ambiente y Agua no haga previsión alguna para consultarse él mismo con los pueblos indígenas según lo requieren categóricamente el Convenio y la Declaración.
Hay más en el Código, algo nuevamente de carácter general, pero especialmente aplicable, por su forma de expresarse, a caso indígena: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”. Al final, igual que al principio, la decisión es de la ley o incluso del ejecutivo. En verdad, esta previsión tan restrictiva del derecho indígena ya se encuentra prevista en la Constitución misma: “Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley” (en el art 57.7 citado).
Compárese en todo caso con el proyecto de Código el bloque que conforman respecto a derechos de los pueblos indígenas Constitución, Convenio y Declaración. La evidencia es concluyente: el Código de Ambiente y Agua choca frontalmente con sus previsiones superiores. Es entonces inconstitucional además de lesivo de derechos humanos. Lo malo es que esto no contrasta con el desarrollo legislativo de la Constitución ya habido pues las leyes vienen ciertamente marcando la tendencia contraria a Constitución, Convenio y Declaración en lo que toca a derechos de los pueblos indígenas. En definitiva, después de reconocerse constitucionalmente con toda formalidad, en el Ecuador se está escamoteando los derechos de los pueblos indígenas.
Permítaseme una penúltima referencia a otro pasaje de la Constitución pues lo que dispone implica que los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente deben prevalecer ante la justicia y en la práctica frente a las leyes y las políticas que los conculcan: “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a los establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos por la Constitución”. Insistamos. Tratado de derechos humanos es el Convenio. Otro instrumento de derechos humanos es la Declaración.
Mi última referencia constitucional es ésta: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales…” (art. 98). Una forma de ejercer la resistencia es la acción de inconstitucionalidad que ya por ejemplo se ha presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador contra la Ley de Minería mencionada.
Anexo : Acción de Incostitucionalidad contra la Lay de Minería (Acción presentada por la CONAIE y varias Coadyuvancias, documentación obrante en el sitio de RAMA, Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía).
Fuente: Bartolomé Clavero
"...He aquí derechos de un orden distinto y de un carácter complementario, los derechos de los pueblos y los derechos de la ciudadanía, pero los segundos, los derechos de la ciudadanía, pueden utilizarse para escamotear los primeros, los derechos de los pueblos. Es lo que está ocurriendo con el desarrollo legislativo de la Constitución ecuatoriana".
Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
La Constitución del Ecuador reconoce el derecho de “las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas” a “la consulta previa, libre e informada” sobre los “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente” (art. 57.7). También reconoce a “las ecuatorianas y ecuatorianos” todos y todas el derecho “a ser consultados” (art. 61.4) por iniciativa no sólo institucional, sino también ciudadana (art. 104). Análogamente, para materia ambiental, la Constitución contempla como derecho ciudadano una consulta “a la comunidad” sin mayor especificación (art. 398). He aquí derechos de un orden distinto y de un carácter complementario, los derechos de los pueblos y los derechos de la ciudadanía, pero los segundos, los derechos de la ciudadanía, pueden utilizarse para escamotear los primeros, los derechos de los pueblos. Es lo que está ocurriendo con el desarrollo legislativo de la Constitución ecuatoriana.
Para medirse la magnitud del posible escamoteo, conviene también que nos fijemos previamente en el encuadramiento constitucional del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución declara que los reconoce de conformidad consigo misma y “con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos” (art. 57, inicio). Al efecto, convenio es el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; declaración, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante Convenio y Declaración respectivamente). La misma terminología constitucional que identifica el derecho en cuestión (“consulta previa, libre e informada”) procede de dichos instrumentos internacionales. La Declaración, usando casi las mismas palabras del Convenio para reformular y reforzar su planteamiento, dispone que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (art. 19).
Tal es lo que dispone entonces la Constitución, a lo que debe enseguida añadirse que no lo ha comenzado a entender así su propio desarrollo legislativo. Leyes inmediatas a la Constitución y tan importantes por ejemplo como la de minería ya enervan los derechos de los pueblos indígenas y principalmente el de consulta, un derecho que es garantía para todo el resto. Y el caso es que esta deriva no parece que vaya a rectificarse. Muy al contrario, todo indica que va a consolidarse y acentuarse. Llega ahora un proyecto de Código de Ambiente y Agua que es una verdadera ley ómnibus, un código sobre ambiente, agua, naturaleza, ecosistemas, fuentes de energía, biodiversidad terrestre y marina, especies amenazadas y exóticas, biotecnología, transgénicos, recursos y deshechos, productos químicos y todos los negocios y gestiones, salvaguardas y aprovechamientos, concebibles respecto a todas estas materias y alguna más. Se trata de un código del manejo de la naturaleza realmente notable, bien que aquejado de un serio problema, al menos uno, de índole constitucional, el del atropello de los derechos de los pueblos indígenas comenzándose por la garantía de la consulta.
Cataloga a su inicio el Código una serie de “Principios Ambientales” entre los que figura el de la interculturalidad, el de una interculturalidad que se define en unos términos de convivencia sin referencia alguna a derechos: “La integración de las distintas visiones del desarrollo sustentable, y equidad de género social y étnica en todos los niveles de gestión y de gobierno. La promoción de relaciones positivas de respeto mutuo entre los distintos componentes socioculturales del país, para construir una gestión ambiental pluralista. En la gestión ambiental se reconocerán, respetarán, fortalecerán e incluirán la identidad, las cosmovisiones, la diversidad de género y de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. No se dice que se reconocerán, respetarán y fortalecerán los respectivos derechos, los derechos que reconocidos ya lo están por la Constitución. El Código ni los respeta no los fortalece en absoluto.
Los derechos de los pueblos se registran incluso declarándolos en esta materia de carácter prevalente sobre los derechos de las personas: “Los derechos ambientales de las comunidades, pueblos y nacionalidades son complementarios y concurrentes en relación con los derechos ambientales de las personas. En caso de antagonismo, se aplicará los derechos ambientales de las comunidades, pueblos y nacionalidades”; “las comunidades, pueblos y nacionalidades son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en especial, de aquellos derechos colectivos relacionados con el ambiente y la naturaleza para tal efecto, se establecerán las normas especiales para su protección y ejercicio, reconociendo además las formas ancestrales de organización interna y de uso y administración de los recursos naturales que les corresponden; sin perjuicio de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos colectivos”. Bien está, pero ¿dónde se encuentra esa garantía principal de estos derechos que es la consulta? Se buscará en vano. Con los pueblos como sujetos, no consta en ningún pasaje ni opera en paraje ninguno del Código.
En el Código figura la consulta, pero es sobre todo la más específica del artículo 398 de la Constitución antes referido, el que la remite “a la comunidad” sin más especificación (art. 398). Según el proyecto del Código de Ambiente y Agua se trata de una forma de “participación de la sociedad civil”. La consulta que así contempla se presenta como “una herramienta que garantiza la articulación de los derechos ambientales de las personas con los derechos de la naturaleza y el desarrollo sustentable, que viabiliza el sumak-kawsay” (buen vivir en quichua). A estos efectos de consulta, ahora precisamente, se produce la evaporación de “los derechos ambientales de las comunidades, pueblos y nacionalidades” que se han declarado prevalentes. A los efectos de la consulta, la desaparición es de momento absoluta: “La consulta y participación ciudadana es un proceso, condición y mecanismo bidireccional y continuo por el cual la sociedad civil y el gobierno establecen un diálogo, generan alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas que afectan al ambiente”. Luego el propio Código, como veremos, se referirá a consulta “a comunidad” sin especificar y sin reparar el olvido de los pueblos indígenas como sujetos del derecho.
En el libro del Código sobre aguas reaparecen, junto a “los propietarios privados”, los pueblos indígenas, “los pueblos ancestrales, nacionalidades y comunidades”, dotados de derechos que ahora, con objeto más tangible como sea el de los recursos hídricos, no se declaran prevalentes. También comparecen cuando se trata del manejo de la biodiversidad y de áreas naturales, pero sin registro en este apartado de derechos. “El Estado reconoce el aporte de los pueblos ancestrales y comunidades locales al manejo y conservación de la biodiversidad” y pasa a asignarles una reserva estricta sin reconocimiento de derechos y con endorso de obligaciones: “Las tierras comunitarias de las comunidades, pueblos y nacionalidades que se encuentren en una zona a ser declarada como área del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, asentadas en ellas con anterioridad a la declaratoria, les serán adjudicadas como parte del área natural protegida, con la finalidad de garantizar la integridad del área, la conservación de la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades que la habitan”. Entre estas previsiones sigue sin haber nada sobre consulta específicamente indígena, la consulta prevista por la Constitución, por el Convenio y por la Declaración.
Respecto a los derechos sobre el agua, se prevé que puedan ejercerse por “comunidades, pueblos y nacionalidades” tanto individual como colectivamente: “por si mismos directamente o a través de sus representantes, de conformidad con lo prescrito en las normas constitucionales, en esta ley y en otras leyes que se dicten para el ejercicio de sus derechos”. En este momento clave de la determinación de unos derechos, los mismos se someten a ley relegándose lo dicho por la Constitución misma sobre Convenio y “demás instrumentos” como la Declaración. No se olvida sin embargo plenamente el Código de unos compromisos constitucionales e internacionales respecto a derechos indígenas. Todo ello, inclusive la consulta, regresa a lo largo de su extenso desenvolvimiento, pero sin capacidad nunca para situar los derechos de los pueblos indígenas en el lugar que constitucional e internacionalmente les corresponde. En ningún momento se recuperan las condiciones para que la consulta opere como garantía principal de tales derechos de pueblos.
Compruébese: “Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos” las entidades indígenas, “de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”, cuentan con “el derecho colectivo a participar en el uso, usufructo, administración y conservación del agua que fluya en sus tierras” y con participación en “las organizaciones de cuenca que se constituyan en las cuencas y subcuencas en que sus tierras se encuentran” del modo previsto por la propia ley. A la hora de la verdad, por lo que interesa a derechos de los pueblos indígenas, no es la Constitución ni desde luego el Convenio como tampoco la Declaración la norma que prevalece, según en principio corresponde, sino la ley, esta forma de determinación política que se está practicando sin consulta. No extrañará que el proyecto de Código de Ambiente y Agua no haga previsión alguna para consultarse él mismo con los pueblos indígenas según lo requieren categóricamente el Convenio y la Declaración.
Hay más en el Código, algo nuevamente de carácter general, pero especialmente aplicable, por su forma de expresarse, a caso indígena: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”. Al final, igual que al principio, la decisión es de la ley o incluso del ejecutivo. En verdad, esta previsión tan restrictiva del derecho indígena ya se encuentra prevista en la Constitución misma: “Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley” (en el art 57.7 citado).
Compárese en todo caso con el proyecto de Código el bloque que conforman respecto a derechos de los pueblos indígenas Constitución, Convenio y Declaración. La evidencia es concluyente: el Código de Ambiente y Agua choca frontalmente con sus previsiones superiores. Es entonces inconstitucional además de lesivo de derechos humanos. Lo malo es que esto no contrasta con el desarrollo legislativo de la Constitución ya habido pues las leyes vienen ciertamente marcando la tendencia contraria a Constitución, Convenio y Declaración en lo que toca a derechos de los pueblos indígenas. En definitiva, después de reconocerse constitucionalmente con toda formalidad, en el Ecuador se está escamoteando los derechos de los pueblos indígenas.
Permítaseme una penúltima referencia a otro pasaje de la Constitución pues lo que dispone implica que los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente deben prevalecer ante la justicia y en la práctica frente a las leyes y las políticas que los conculcan: “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a los establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos por la Constitución”. Insistamos. Tratado de derechos humanos es el Convenio. Otro instrumento de derechos humanos es la Declaración.
Mi última referencia constitucional es ésta: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales…” (art. 98). Una forma de ejercer la resistencia es la acción de inconstitucionalidad que ya por ejemplo se ha presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador contra la Ley de Minería mencionada.
Anexo : Acción de Incostitucionalidad contra la Lay de Minería (Acción presentada por la CONAIE y varias Coadyuvancias, documentación obrante en el sitio de RAMA, Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía).
Fuente: Bartolomé Clavero
viernes, 26 de junio de 2009
Se fortalece el movimiento indígena peruano
En impasse luego de generar la peor crisis social de Perú en los últimos años, la apertura de la Amazonía a la inversión privada atentaría contra el proyecto de vida de las comunidades indígenas de la región, advierte ONG Suiza.
Lima, que apuesta a esa medida económica para fomentar el desarrollo del país, tuvo que dar marcha atrás y el Congreso revocó dos decretos concernidos.
"La andanada contra la riqueza forestal del país, que cobra fuerza con Alan García, se produce cuando los movimientos indígenas están mejor organizados", subraya Hugo de la Cruz, responsable de los programas de la ONG Suiza Acción Cuaresmal, en Perú.
Su pronunciamiento coincide con los análisis de diversos medios internacionales para los que el desarrollo de los recientes acontecimientos en el país traduce el fortalecimiento del movimiento indígena peruano.
"Hoy las organizaciones indígenas están mucho más informadas, organizadas, cohesionadas. Tienen una más sólida formación académica y política, un proyecto de futuro y una propuesta que respeta el ecosistema y que no tendría viabilidad con los decretos de Alan García", subraya De la Cruz a swissinfo.ch.
Mayor inversión, para mayor desarrollo
Muy otra, la visión de las autoridades peruanas señala que es necesario abrir al capital –nacional y extranjero- la riqueza de la Amazonía, que ocupa 75% de la superficie del país, para responder a las demandas sociales.
"El objetivo del Gobierno es llevar desarrollo y beneficio a todos los peruanos, y en particular a los pobladores de la Amazonía. En la medida en que haya más inversión, habrá más trabajo, más recursos para proporcionarles salud, educación, vivienda", señala la embajadora Elizabeth Astete.
En entrevista con swissinfo.ch, la representante de Perú ante Suiza, ratifica la postura de su Gobierno en el sentido de que, dados los acontecimientos, el proceso de modernización que se busca con la inversión privada tendrá que darse de una manera más ponderada.
Una mezcla peligrosísima
Por su parte, Hugo de la Cruz considera que la forma en que procedieron las autoridades peruanas "demuestra su ignorancia hacia esas comunidades. Y cuando se junta la ignorancia con el racismo y la discriminación, se produce una mezcla peligrosísima".
Cabe recordar que en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Gobierno de Perú emitió un paquete legislativo para permitir inversiones privadas en la Amazonía, lo que provocó una sensación de despojo entre los habitantes de esa zona.
Desde el pasado mes de abril, las comunidades indígenas de la región organizaron una serie de bloqueos para exigir la supresión de dos de esos decretos, el 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) y el 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de la Tierra de Uso Agrario).
En un intento por romper el bloqueo, el 5-6 de junio, las autoridades se enfrentaron a los indígenas en la zona de Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, con un saldo de 34 personas muertas, en su mayoría policías.
Ante la gravedad de los hechos, y en medio de la peor crisis social del país en los últimos años, el Congreso suspendió primero y derogó después ambos decretos.
Alan García pide perdón
"Aprendo que, querer modernizar muy rápidamente trae conflictos y no tengamos temor de eso si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables, y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos", declaró el jueves 18.06 el presidente Alan García.
En un discurso a la nación, el mandatario peruano también pidió perdón a sus conciudadanos por el manejo de la crisis que además del saldo fatal, impactó la esfera política (con la dimisión de dos ministros) y las relaciones con los países vecinos (acusaciones de injerencia al Gobierno del boliviano Evo Morales).
El propio mandatario peruano pidió al Congreso la derogación de los decretos que nos ocupan y a cuyo fracaso la embajadora Astete atribuye también una deficiente estrategia de comunicación y la carencia de mecanismos de consulta popular en el país para el tema de las legislaciones.
Tierras intangibles y de reserva ecológica
Considera que no quedó claro el hecho de que con la apertura a la inversión privada de la Amazonía también se pretende poner coto a los procesos de explotación irregulares (tala inmoderada, incontrolados desechos de cianuro) que dañan el ecosistema.
Descarta las críticas en el sentido de que esa política de liberalización vaya en detrimento de las comunidades indígenas o del medioambiente:
"También hay que tomar en cuenta que los 400 mil indígenas (de la zona) cuentan con una superficie de 12 millones de hectáreas que no van a ser tocadas, "intangibles", como tampoco serán tocadas 15 millones de hectáreas para reservas naturales".
Beneficios sólo para el capital
Escéptico, Hugo de la Cruz recuerda el caso de la explotación del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX que dio pie a la masacre de poblaciones indígenas.
"Si las explotaciones de los recursos naturales en Perú hubieran garantizado siquiera un 5% de las necesidades del país, podrían (las autoridades) tener un margen de credibilidad", subraya.
"Si uno revisa la explotación de los recursos naturales de todo el país, no sólo de la Amazonía, se ve que no ha significado en absoluto beneficios para el pueblo, sino para los inversionistas y el capital. Los enfrentamientos del 5 y 6 de junio no son sino un momento, una escena de una larga crónica de hechos".
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
Lima, que apuesta a esa medida económica para fomentar el desarrollo del país, tuvo que dar marcha atrás y el Congreso revocó dos decretos concernidos.
"La andanada contra la riqueza forestal del país, que cobra fuerza con Alan García, se produce cuando los movimientos indígenas están mejor organizados", subraya Hugo de la Cruz, responsable de los programas de la ONG Suiza Acción Cuaresmal, en Perú.
Su pronunciamiento coincide con los análisis de diversos medios internacionales para los que el desarrollo de los recientes acontecimientos en el país traduce el fortalecimiento del movimiento indígena peruano.
"Hoy las organizaciones indígenas están mucho más informadas, organizadas, cohesionadas. Tienen una más sólida formación académica y política, un proyecto de futuro y una propuesta que respeta el ecosistema y que no tendría viabilidad con los decretos de Alan García", subraya De la Cruz a swissinfo.ch.
Mayor inversión, para mayor desarrollo
Muy otra, la visión de las autoridades peruanas señala que es necesario abrir al capital –nacional y extranjero- la riqueza de la Amazonía, que ocupa 75% de la superficie del país, para responder a las demandas sociales.
"El objetivo del Gobierno es llevar desarrollo y beneficio a todos los peruanos, y en particular a los pobladores de la Amazonía. En la medida en que haya más inversión, habrá más trabajo, más recursos para proporcionarles salud, educación, vivienda", señala la embajadora Elizabeth Astete.
En entrevista con swissinfo.ch, la representante de Perú ante Suiza, ratifica la postura de su Gobierno en el sentido de que, dados los acontecimientos, el proceso de modernización que se busca con la inversión privada tendrá que darse de una manera más ponderada.
Una mezcla peligrosísima
Por su parte, Hugo de la Cruz considera que la forma en que procedieron las autoridades peruanas "demuestra su ignorancia hacia esas comunidades. Y cuando se junta la ignorancia con el racismo y la discriminación, se produce una mezcla peligrosísima".
Cabe recordar que en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Gobierno de Perú emitió un paquete legislativo para permitir inversiones privadas en la Amazonía, lo que provocó una sensación de despojo entre los habitantes de esa zona.
Desde el pasado mes de abril, las comunidades indígenas de la región organizaron una serie de bloqueos para exigir la supresión de dos de esos decretos, el 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) y el 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de la Tierra de Uso Agrario).
En un intento por romper el bloqueo, el 5-6 de junio, las autoridades se enfrentaron a los indígenas en la zona de Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, con un saldo de 34 personas muertas, en su mayoría policías.
Ante la gravedad de los hechos, y en medio de la peor crisis social del país en los últimos años, el Congreso suspendió primero y derogó después ambos decretos.
Alan García pide perdón
"Aprendo que, querer modernizar muy rápidamente trae conflictos y no tengamos temor de eso si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables, y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos", declaró el jueves 18.06 el presidente Alan García.
En un discurso a la nación, el mandatario peruano también pidió perdón a sus conciudadanos por el manejo de la crisis que además del saldo fatal, impactó la esfera política (con la dimisión de dos ministros) y las relaciones con los países vecinos (acusaciones de injerencia al Gobierno del boliviano Evo Morales).
El propio mandatario peruano pidió al Congreso la derogación de los decretos que nos ocupan y a cuyo fracaso la embajadora Astete atribuye también una deficiente estrategia de comunicación y la carencia de mecanismos de consulta popular en el país para el tema de las legislaciones.
Tierras intangibles y de reserva ecológica
Considera que no quedó claro el hecho de que con la apertura a la inversión privada de la Amazonía también se pretende poner coto a los procesos de explotación irregulares (tala inmoderada, incontrolados desechos de cianuro) que dañan el ecosistema.
Descarta las críticas en el sentido de que esa política de liberalización vaya en detrimento de las comunidades indígenas o del medioambiente:
"También hay que tomar en cuenta que los 400 mil indígenas (de la zona) cuentan con una superficie de 12 millones de hectáreas que no van a ser tocadas, "intangibles", como tampoco serán tocadas 15 millones de hectáreas para reservas naturales".
Beneficios sólo para el capital
Escéptico, Hugo de la Cruz recuerda el caso de la explotación del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX que dio pie a la masacre de poblaciones indígenas.
"Si las explotaciones de los recursos naturales en Perú hubieran garantizado siquiera un 5% de las necesidades del país, podrían (las autoridades) tener un margen de credibilidad", subraya.
"Si uno revisa la explotación de los recursos naturales de todo el país, no sólo de la Amazonía, se ve que no ha significado en absoluto beneficios para el pueblo, sino para los inversionistas y el capital. Los enfrentamientos del 5 y 6 de junio no son sino un momento, una escena de una larga crónica de hechos".
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
ECONOMÍA: Nuevo multilateralismo curará efectos de la crisis
Por Henry Parr
NUEVA YORK, 25 jun (IPS) - La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debate la crisis financiera mundial en medio de llamados a revisar el modelo por el cual los países más ricos han fijado hasta ahora los términos de las políticas económicas internacionales.
"En este momento crítico debemos todos unir nuestros esfuerzos para impedir que la crisis global con su miríada de rostros se transforme en una tragedia social, ambiental y humanitaria", afirmó el presidente de la Asamblea General, el nicaragüense Miguel D’Escoto.
"No es humano ni responsable construir un Arca de Noé sólo para salvar el sistema económico existente, dejando a la vasta mayoría de la humanidad a su suerte y sufriendo los efectos negativos de un sistema impuesto por una minoría irresponsable pero poderosa", añadió D’Escoto. "Debemos tomar decisiones que nos afecten a todos colectivamente en el mayor grado posible".
La decisión de realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el Desarrollo fue tomada por el consenso de todos los 192 países miembros en una importante reunión sobre financiamiento para el desarrollo celebrada en Doha el pasado noviembre.
Observadores esperan que este encuentro en Nueva York, al que se espera asistan jefes de Estado y de gobierno, marque un momento clave para el futuro de la ONU, particularmente en términos de formar una nueva hoja de ruta más democrática para la gobernanza económica y financiera internacional.
Sin embargo, ni el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ni el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, no asistirán a la conferencia, al igual que prácticamente todos los líderes de las más importantes naciones occidentales, incluyendo a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Entre los participantes de la conferencia, que se desarrollará hasta este viernes, se encuentran dos jefes de Estado, cuatro vicepresidentes, 10 jefes de gobierno, tres viceprimeros ministros y 32 ministros. La abrumadora mayoría de estos pertenecen al Sur en desarrollo.
En total, 142 países han enviado delegados, que discuten el borrador de un documento final con referencias a la necesidad de preservar "los logros económicos y de desarrollo ganados con esfuerzo… incluyendo progresos hacia" los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
El texto también subraya la importancia de promover una recuperación ambientalmente sostenible, fortaleciendo el papel del foro mundial en la respuesta a la crisis, y reformar instituciones internacionales clave como el FMI y el Banco Mundial, "basándonos en una representación justa y equitativa de los países en desarrollo".
Al apoyar la elección de la Asamblea General como lugar para discutir soluciones a la crisis –debate que hasta ahora estaba confinado a los grupos internacionales que reúnen a las economías más poderosas--, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon subrayó que el problema "no es para una persona ni una nación ni un grupo de naciones, sino que es un desafío para todos nosotros".
Ban llamó a adoptar enfoques que amplíen el acceso a la educación, promuevan el crecimiento ambientalmente sostenible, ayuden a los agricultores de subsistencia e incrementen los recursos para combatir enfermedades como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y la tuberculosis.
"Las instituciones mundiales, creadas generaciones atrás, deben ser más responsables, más representativas y más efectivas", dijo, reconociendo que la idea de reformar a organismos como el FMI y el Banco Mundial ha dividido a los estados miembros. Ban propuso un "renovado multilateralismo".
En forma paralela a la conferencia, se realizan encuentros sobre temas variados, como atención médica, migraciones y derechos de género.
La Fundación Freidrich Ebert Stiftung realizó un panel de discusión donde expertos económicos debatieron las fallas en la actual arquitectura económica.
"No tenemos un sistema de gobierno global", dijo Jomo Kwame Sundaram, secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.
"Desde fines de 1971 hemos tenido un ‘no sistema’ en lugar de un sistema", sostuvo, en referencia al Foro Económico Mundial, fundado ese año y realizado desde entonces anualmente en la ciudad suiza de Davos.
Jomo recordó que, "a mediados de los 90, surgieron varias propuestas, especialmente para algo llamado la Autoridad Financiera Mundial… pero ninguna se materializó".
El secretario hizo una enorme lista de los desafíos que afronta hoy la comunidad internacional, entre ellos una pesada deuda, la falta de responsabilidad y la "falta de coherencia en el sistema multilateral internacional".
Roberto Bissio, coordinador de Social Watch (Control Ciudadano), sostuvo que la actual estructura económica mundial favorece a las naciones ricas.
"Cuando empiezas a ver el dinero y a dónde va, te das cuenta de que el flujo va hacia arriba, y va de hecho del Sur al Norte, y eso es una situación bien documentada", explicó.
La mejor forma de reformar el actual modelo mundial sería "aplicar métodos transparentes" y un "sistema en base a reglas" que equipare a las naciones ricas y pobres y requiera que las opciones del Sur sean tomadas en cuenta por el Norte, concluyó el panel.
(FIN/2009)
NUEVA YORK, 25 jun (IPS) - La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debate la crisis financiera mundial en medio de llamados a revisar el modelo por el cual los países más ricos han fijado hasta ahora los términos de las políticas económicas internacionales.
"En este momento crítico debemos todos unir nuestros esfuerzos para impedir que la crisis global con su miríada de rostros se transforme en una tragedia social, ambiental y humanitaria", afirmó el presidente de la Asamblea General, el nicaragüense Miguel D’Escoto.
"No es humano ni responsable construir un Arca de Noé sólo para salvar el sistema económico existente, dejando a la vasta mayoría de la humanidad a su suerte y sufriendo los efectos negativos de un sistema impuesto por una minoría irresponsable pero poderosa", añadió D’Escoto. "Debemos tomar decisiones que nos afecten a todos colectivamente en el mayor grado posible".
La decisión de realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el Desarrollo fue tomada por el consenso de todos los 192 países miembros en una importante reunión sobre financiamiento para el desarrollo celebrada en Doha el pasado noviembre.
Observadores esperan que este encuentro en Nueva York, al que se espera asistan jefes de Estado y de gobierno, marque un momento clave para el futuro de la ONU, particularmente en términos de formar una nueva hoja de ruta más democrática para la gobernanza económica y financiera internacional.
Sin embargo, ni el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ni el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, no asistirán a la conferencia, al igual que prácticamente todos los líderes de las más importantes naciones occidentales, incluyendo a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Entre los participantes de la conferencia, que se desarrollará hasta este viernes, se encuentran dos jefes de Estado, cuatro vicepresidentes, 10 jefes de gobierno, tres viceprimeros ministros y 32 ministros. La abrumadora mayoría de estos pertenecen al Sur en desarrollo.
En total, 142 países han enviado delegados, que discuten el borrador de un documento final con referencias a la necesidad de preservar "los logros económicos y de desarrollo ganados con esfuerzo… incluyendo progresos hacia" los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
El texto también subraya la importancia de promover una recuperación ambientalmente sostenible, fortaleciendo el papel del foro mundial en la respuesta a la crisis, y reformar instituciones internacionales clave como el FMI y el Banco Mundial, "basándonos en una representación justa y equitativa de los países en desarrollo".
Al apoyar la elección de la Asamblea General como lugar para discutir soluciones a la crisis –debate que hasta ahora estaba confinado a los grupos internacionales que reúnen a las economías más poderosas--, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon subrayó que el problema "no es para una persona ni una nación ni un grupo de naciones, sino que es un desafío para todos nosotros".
Ban llamó a adoptar enfoques que amplíen el acceso a la educación, promuevan el crecimiento ambientalmente sostenible, ayuden a los agricultores de subsistencia e incrementen los recursos para combatir enfermedades como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y la tuberculosis.
"Las instituciones mundiales, creadas generaciones atrás, deben ser más responsables, más representativas y más efectivas", dijo, reconociendo que la idea de reformar a organismos como el FMI y el Banco Mundial ha dividido a los estados miembros. Ban propuso un "renovado multilateralismo".
En forma paralela a la conferencia, se realizan encuentros sobre temas variados, como atención médica, migraciones y derechos de género.
La Fundación Freidrich Ebert Stiftung realizó un panel de discusión donde expertos económicos debatieron las fallas en la actual arquitectura económica.
"No tenemos un sistema de gobierno global", dijo Jomo Kwame Sundaram, secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.
"Desde fines de 1971 hemos tenido un ‘no sistema’ en lugar de un sistema", sostuvo, en referencia al Foro Económico Mundial, fundado ese año y realizado desde entonces anualmente en la ciudad suiza de Davos.
Jomo recordó que, "a mediados de los 90, surgieron varias propuestas, especialmente para algo llamado la Autoridad Financiera Mundial… pero ninguna se materializó".
El secretario hizo una enorme lista de los desafíos que afronta hoy la comunidad internacional, entre ellos una pesada deuda, la falta de responsabilidad y la "falta de coherencia en el sistema multilateral internacional".
Roberto Bissio, coordinador de Social Watch (Control Ciudadano), sostuvo que la actual estructura económica mundial favorece a las naciones ricas.
"Cuando empiezas a ver el dinero y a dónde va, te das cuenta de que el flujo va hacia arriba, y va de hecho del Sur al Norte, y eso es una situación bien documentada", explicó.
La mejor forma de reformar el actual modelo mundial sería "aplicar métodos transparentes" y un "sistema en base a reglas" que equipare a las naciones ricas y pobres y requiera que las opciones del Sur sean tomadas en cuenta por el Norte, concluyó el panel.
(FIN/2009)
AMÉRICA LATINA: ALBA crece y se hace alianza
Por Humberto Márquez
CARACAS, 25 jun (IPS) - Creada por Cuba y Venezuela hace cinco años como Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), el grupo con esas siglas cuenta desde este jueves con nueve socios y se llamará Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, para subrayar su prédica de solidaridad económica y política.
Ecuador, en América del Sur, y Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas, del Caribe anglohablante, se unieron al sexteto del ALBA que ya integraban Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
La incorporación de los tres socios "es de una importancia histórica que ratifica el carácter político, antiimperialista" de la iniciativa, dijo el presidente anfitrión de la sexta cumbre del grupo, Hugo Chávez.
"Aunque mantiene su condición de alternativa, desde ya podemos empezar a llamarla alianza", agregó Chávez, para quien el cambio de nombre lleva aparejados "cambios de fondo, de contenido y de rumbo".
El ALBA surgió como propuesta de comercio solidario entre Estados, a modo de alternativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que Washington impulsó desde 1994 y se estrelló con la oposición del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Venezuela en la cuarta Cumbre de las Américas --mecanismo que excluye a La Habana-- en noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina.
Haití, que se automarginó del grupo, y Ecuador, permanecían como observadores, pero Quito decidió integrarse plenamente "como una demostración de consecuencia política, empatía ideológica y de solidaridad con nuestros países hermanos", dijo el miércoles su presidente Rafael Correa en la reunión cimera.
"Es una decisión asumida reflexiva y maduramente, fundamentada en la convicción de que la América morena está llamada a ser protagonista de un nuevo proceso histórico no encaminado al saqueo de las riquezas naturales sino a su aprovechamiento, no a sustentar la inequidad sino la igualdad", agregó el mandatario ecuatoriano.
Elsa Cardoso, docente de posgrado en asuntos internacionales de las universidades Metropolitana y Central de Venezuela, dijo a IPS que la incorporación de Ecuador "es pragmática, calculada, para abundar en algo que ya viene funcionando, como es la cooperación energética" entre socios y observadores del ALBA.
El gobierno de Ecuador "tiene lineamientos coincidentes con otros países del ALBA, como control por parte del Estado de sectores estratégicos de la economía y una posición enfrentada a (algunos) medios de comunicación", como ocurre en Bolivia y Venezuela, dijo Cardoso.
La experta destacó que el ALBA es "el grupo más heterogéneo, cultural y geográficamente" entre los que buscan la integración regional, a diferencia del Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericano o la Comunidad del Caribe anglohablante.
El vicepresidente primero de Cuba, José Ramón Machado, dijo que el ALBA "introduce nuevos conceptos y modos de relaciones más humanas entre países miembros", y estimó que el mecanismo "puede coexistir con otros grupos de integración regional".
Chávez no sólo se regocijó por la incorporación de Ecuador --que será la segunda economía del grupo, después de Venezuela-- sino que elogió "el valor y la osadía" de los tres mandatarios de pequeños estados del Caribe que decidieron acompañar al ALBA.
"Quiero hacer un reconocimiento al coraje de los primeros ministros Roosevelt Skerrit (Dominica), Baldwin Spencer (Antigua y Barbuda) y Ralph Gonsalves (San Vicente y Granadinas), de acompañar esta osadía que es el ALBA", dijo Chávez.
El mandatario venezolano, que ha dispuesto aportes millonarios para que funcione el ALBA, pidió recientemente unir en uno solo los fondos financieros del grupo y el de Petrocaribe, una iniciativa de cooperación de Caracas con 18 pequeños países de la región caribeña, a los que suministra combustible en condiciones de cooperación.
Por iniciativa suya, la cita del ALBA aprobó establecer consejos político, económico y social, y estudiar la propuesta del presidente boliviano --anfitrión de la próxima cumbre, en septiembre-- de dotar al grupo de una secretaría permanente.
Los consejos estarán integrados por los ministros de las carteras de cada ramo y se reunirán una vez por mes. El político, a cargo de los cancilleres, fijará posiciones comunes ante temas internacionales, como hizo la propia cumbre al expresar respaldo a la reelección de Mahmoud Ahmadineyad como presidente de Irán.
El social "deberá trabajar para solventar la deuda con nuestros pueblos", dijo Chávez, y tendrá entre sus objetivos que en el grupo --algunos de cuyos socios están entre los países más pobres de la región-- "no haya una familia sin techo digno, no haya ni un solo niño en la calle o un solo niño sin escuela".
El consejo económico reunirá ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio "en un consejo de complementación que se instalará el próximo 24 de julio", y entre sus primeras tareas tendrá la concreción de un mecanismo de compensación de pagos para los intercambios regionales que debe prescindir del dólar.
Chávez ha promovido que los países sudamericanos, los del ALBA y los de Petrocaribe, se doten a la brevedad posible de un banco de desarrollo y una moneda común.
Correa dijo que el ALBA "contribuirá a promover nuevos tribunales regionales para la solución de controversias", distintos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un brazo del Banco Mundial con el que han tenido diferencias en los últimos años La Paz, Caracas y Quito.
El líder ecuatoriano hizo críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos que negociaron sus socios andinos Colombia y Perú y, por otra parte, reiteró su apoyo a la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la agrupación de los 12 Estados del área, impulsada por Brasil.
El canciller ecuatoriano Fander Falconí sostuvo que el ALBA "no genera ningún tipo de preocupación" a Estados Unidos, y relató que cuando 10 días atrás visitó en Washington a la secretaria de Estado (canciller) Hillary Rodham Clinton "pensé que el tema ALBA iba a salir en el diálogo, pero no fue así".
Según Correa, "luego del estrepitoso fracaso del Área de Libre Comercio para las Américas", el ALBA se abre como "un proyecto político de solidaridad, de integración, de ser dueños de nuestro propio destino". (FIN/2009)
CARACAS, 25 jun (IPS) - Creada por Cuba y Venezuela hace cinco años como Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), el grupo con esas siglas cuenta desde este jueves con nueve socios y se llamará Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, para subrayar su prédica de solidaridad económica y política.
Ecuador, en América del Sur, y Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas, del Caribe anglohablante, se unieron al sexteto del ALBA que ya integraban Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
La incorporación de los tres socios "es de una importancia histórica que ratifica el carácter político, antiimperialista" de la iniciativa, dijo el presidente anfitrión de la sexta cumbre del grupo, Hugo Chávez.
"Aunque mantiene su condición de alternativa, desde ya podemos empezar a llamarla alianza", agregó Chávez, para quien el cambio de nombre lleva aparejados "cambios de fondo, de contenido y de rumbo".
El ALBA surgió como propuesta de comercio solidario entre Estados, a modo de alternativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que Washington impulsó desde 1994 y se estrelló con la oposición del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Venezuela en la cuarta Cumbre de las Américas --mecanismo que excluye a La Habana-- en noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina.
Haití, que se automarginó del grupo, y Ecuador, permanecían como observadores, pero Quito decidió integrarse plenamente "como una demostración de consecuencia política, empatía ideológica y de solidaridad con nuestros países hermanos", dijo el miércoles su presidente Rafael Correa en la reunión cimera.
"Es una decisión asumida reflexiva y maduramente, fundamentada en la convicción de que la América morena está llamada a ser protagonista de un nuevo proceso histórico no encaminado al saqueo de las riquezas naturales sino a su aprovechamiento, no a sustentar la inequidad sino la igualdad", agregó el mandatario ecuatoriano.
Elsa Cardoso, docente de posgrado en asuntos internacionales de las universidades Metropolitana y Central de Venezuela, dijo a IPS que la incorporación de Ecuador "es pragmática, calculada, para abundar en algo que ya viene funcionando, como es la cooperación energética" entre socios y observadores del ALBA.
El gobierno de Ecuador "tiene lineamientos coincidentes con otros países del ALBA, como control por parte del Estado de sectores estratégicos de la economía y una posición enfrentada a (algunos) medios de comunicación", como ocurre en Bolivia y Venezuela, dijo Cardoso.
La experta destacó que el ALBA es "el grupo más heterogéneo, cultural y geográficamente" entre los que buscan la integración regional, a diferencia del Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericano o la Comunidad del Caribe anglohablante.
El vicepresidente primero de Cuba, José Ramón Machado, dijo que el ALBA "introduce nuevos conceptos y modos de relaciones más humanas entre países miembros", y estimó que el mecanismo "puede coexistir con otros grupos de integración regional".
Chávez no sólo se regocijó por la incorporación de Ecuador --que será la segunda economía del grupo, después de Venezuela-- sino que elogió "el valor y la osadía" de los tres mandatarios de pequeños estados del Caribe que decidieron acompañar al ALBA.
"Quiero hacer un reconocimiento al coraje de los primeros ministros Roosevelt Skerrit (Dominica), Baldwin Spencer (Antigua y Barbuda) y Ralph Gonsalves (San Vicente y Granadinas), de acompañar esta osadía que es el ALBA", dijo Chávez.
El mandatario venezolano, que ha dispuesto aportes millonarios para que funcione el ALBA, pidió recientemente unir en uno solo los fondos financieros del grupo y el de Petrocaribe, una iniciativa de cooperación de Caracas con 18 pequeños países de la región caribeña, a los que suministra combustible en condiciones de cooperación.
Por iniciativa suya, la cita del ALBA aprobó establecer consejos político, económico y social, y estudiar la propuesta del presidente boliviano --anfitrión de la próxima cumbre, en septiembre-- de dotar al grupo de una secretaría permanente.
Los consejos estarán integrados por los ministros de las carteras de cada ramo y se reunirán una vez por mes. El político, a cargo de los cancilleres, fijará posiciones comunes ante temas internacionales, como hizo la propia cumbre al expresar respaldo a la reelección de Mahmoud Ahmadineyad como presidente de Irán.
El social "deberá trabajar para solventar la deuda con nuestros pueblos", dijo Chávez, y tendrá entre sus objetivos que en el grupo --algunos de cuyos socios están entre los países más pobres de la región-- "no haya una familia sin techo digno, no haya ni un solo niño en la calle o un solo niño sin escuela".
El consejo económico reunirá ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio "en un consejo de complementación que se instalará el próximo 24 de julio", y entre sus primeras tareas tendrá la concreción de un mecanismo de compensación de pagos para los intercambios regionales que debe prescindir del dólar.
Chávez ha promovido que los países sudamericanos, los del ALBA y los de Petrocaribe, se doten a la brevedad posible de un banco de desarrollo y una moneda común.
Correa dijo que el ALBA "contribuirá a promover nuevos tribunales regionales para la solución de controversias", distintos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un brazo del Banco Mundial con el que han tenido diferencias en los últimos años La Paz, Caracas y Quito.
El líder ecuatoriano hizo críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos que negociaron sus socios andinos Colombia y Perú y, por otra parte, reiteró su apoyo a la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la agrupación de los 12 Estados del área, impulsada por Brasil.
El canciller ecuatoriano Fander Falconí sostuvo que el ALBA "no genera ningún tipo de preocupación" a Estados Unidos, y relató que cuando 10 días atrás visitó en Washington a la secretaria de Estado (canciller) Hillary Rodham Clinton "pensé que el tema ALBA iba a salir en el diálogo, pero no fue así".
Según Correa, "luego del estrepitoso fracaso del Área de Libre Comercio para las Américas", el ALBA se abre como "un proyecto político de solidaridad, de integración, de ser dueños de nuestro propio destino". (FIN/2009)
jueves, 25 de junio de 2009
Perú: ¡Paremos los TLCs!
Autor | Minga Informativa de Movimientos Sociales | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 22 junio 2009 13:01
Las poblaciones indígenas de la Amazonía Peruana condujeron una huelga general y pacífica durante casi 60 días en protesta por los 10 decretos legislativos promovidos por el Gobierno Peruano para facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos el cual amenaza sus derechos y el medioambiente. Más específicamente, entregar en concesión a compañías de petróleo y minería 44 de las 75 millones de hectáreas del Amazonas, los cuales son territorios indígenas sin ningún tipo de acuerdo o consulta con ellos.
En respuesta, el Presidente Alan García lanzó el 5 de junio un ataque violento extremo contra los manifestantes quienes habían ocupado la carretera Belaunde-Terry durante 10 días, en la región llamada «Curva del Diablo», Amazonas, en el norte del país. Los militares dispararon y tiraron gas lacrimógeno desde helicópteros sobre los manifestantes.
De acuerdo a las últimas informaciones, las confrontaciones dejaron un saldo de por lo menos 50 muertos, y muchos desaparecidos, entre los cuales se incluyen indígenas y policías. Esta masacre ocurrió unas horas después que el Congreso Peruano decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos. El Gobierno de Alan García continúa negándose al diálogo demandado por las comunidades indígenas desde el comienzo de la crisis. Aún cuando Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales obligan al Estado peruano a realizar consultas con las comunidades indígenas previas a decisiones que puedan afectar sus condiciones de vida. El Gobierno peruano ha ignorado completamente sus obligaciones como signatario de estos Convenios Internacionales.
Esta situación muestra una vez más las devastadoras consecuencias de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) para los pequeños campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores, la biodiversidad y para el medio ambiente. Si el TLC entre la UE y Perú y Colombia que está siendo negociado, se firma, es de esperar aun más decretos promulgando cambios de leyes nacionales, que ocasionen consecuencias similares a las actuales para las comunidades indígenas y campesinas así como para los trabajadores y las mujeres entre otros.
La próxima Ronda de negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Perú y Colombia esta programada para el 15 al 19 de Junio en Bogota. Es inaceptable que los Gobiernos de Europa continúen con estas negociaciones en una situación de flagrante violación de Derechos Humanos por parte de los Gobiernos de Perú y Colombia. Asimismo, es también inaceptable que teniendo pruebas fehacientes de los impactos negativos de estos TLCs sobre los derechos sociales, económicos y medioambientales de los pueblos, sigan las negociaciones como si nada hubiera pasado.
Las organizaciones abajo firmantes, venimos denunciando y resistiendo desde hace años los TLCs y la expansión de la OMC, principalmente porque ellos imponen un modelo de comercio fracasado que causa la depredación de los recursos naturales y socaba los intereses nacionales en favor de las grandes corporaciones transnacionales las cuales tienen un récord de daño medioambiental, saqueo y explotación de los pueblos nativos y han jugado un rol central en la aceleración del cambio climático y la crisis económica mundial.
Por esto, demandamos:
Al Gobierno Peruano
- El cese inmediato de la violencia gubernamental contra los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana y el respeto de sus derechos.
- Respeto y cumplimiento al Convenio 169 (OIT) y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas suscrito por Perú que se refiere a la libre determinación de los pueblos.
- Inmediata derogación de todos los decretos legislativos anti-constitucionales impuestos por el Gobierno peruano
- Levantamiento del Estado de Emergencia en la Amazonía peruana
- Cese a la persecución de los dirigentes sociales, la criminalización de la protesta social y la denuncia por conspiración, rebelión y sedición a Alberto Pizango, máximo dirigente de AIDESEP
- Proceso judicial para los culpables de la masacre.
A los Gobiernos de Europa y la Unión Europea
- Inmediata suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea con el Gobierno de Perú, así como con Colombia.
Al Gobierno de los Estados Unidos
- Denuncia y revisión del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.
Finalmente, impulsamos a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a mostrar solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas de Perú llamando a la inmediata suspensión de los TLCs y de la Ronda de Doha de la OMC.
17 de Junio de 2009
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
Las poblaciones indígenas de la Amazonía Peruana condujeron una huelga general y pacífica durante casi 60 días en protesta por los 10 decretos legislativos promovidos por el Gobierno Peruano para facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos el cual amenaza sus derechos y el medioambiente. Más específicamente, entregar en concesión a compañías de petróleo y minería 44 de las 75 millones de hectáreas del Amazonas, los cuales son territorios indígenas sin ningún tipo de acuerdo o consulta con ellos.
En respuesta, el Presidente Alan García lanzó el 5 de junio un ataque violento extremo contra los manifestantes quienes habían ocupado la carretera Belaunde-Terry durante 10 días, en la región llamada «Curva del Diablo», Amazonas, en el norte del país. Los militares dispararon y tiraron gas lacrimógeno desde helicópteros sobre los manifestantes.
De acuerdo a las últimas informaciones, las confrontaciones dejaron un saldo de por lo menos 50 muertos, y muchos desaparecidos, entre los cuales se incluyen indígenas y policías. Esta masacre ocurrió unas horas después que el Congreso Peruano decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos. El Gobierno de Alan García continúa negándose al diálogo demandado por las comunidades indígenas desde el comienzo de la crisis. Aún cuando Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales obligan al Estado peruano a realizar consultas con las comunidades indígenas previas a decisiones que puedan afectar sus condiciones de vida. El Gobierno peruano ha ignorado completamente sus obligaciones como signatario de estos Convenios Internacionales.
Esta situación muestra una vez más las devastadoras consecuencias de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) para los pequeños campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores, la biodiversidad y para el medio ambiente. Si el TLC entre la UE y Perú y Colombia que está siendo negociado, se firma, es de esperar aun más decretos promulgando cambios de leyes nacionales, que ocasionen consecuencias similares a las actuales para las comunidades indígenas y campesinas así como para los trabajadores y las mujeres entre otros.
La próxima Ronda de negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Perú y Colombia esta programada para el 15 al 19 de Junio en Bogota. Es inaceptable que los Gobiernos de Europa continúen con estas negociaciones en una situación de flagrante violación de Derechos Humanos por parte de los Gobiernos de Perú y Colombia. Asimismo, es también inaceptable que teniendo pruebas fehacientes de los impactos negativos de estos TLCs sobre los derechos sociales, económicos y medioambientales de los pueblos, sigan las negociaciones como si nada hubiera pasado.
Las organizaciones abajo firmantes, venimos denunciando y resistiendo desde hace años los TLCs y la expansión de la OMC, principalmente porque ellos imponen un modelo de comercio fracasado que causa la depredación de los recursos naturales y socaba los intereses nacionales en favor de las grandes corporaciones transnacionales las cuales tienen un récord de daño medioambiental, saqueo y explotación de los pueblos nativos y han jugado un rol central en la aceleración del cambio climático y la crisis económica mundial.
Por esto, demandamos:
Al Gobierno Peruano
- El cese inmediato de la violencia gubernamental contra los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana y el respeto de sus derechos.
- Respeto y cumplimiento al Convenio 169 (OIT) y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas suscrito por Perú que se refiere a la libre determinación de los pueblos.
- Inmediata derogación de todos los decretos legislativos anti-constitucionales impuestos por el Gobierno peruano
- Levantamiento del Estado de Emergencia en la Amazonía peruana
- Cese a la persecución de los dirigentes sociales, la criminalización de la protesta social y la denuncia por conspiración, rebelión y sedición a Alberto Pizango, máximo dirigente de AIDESEP
- Proceso judicial para los culpables de la masacre.
A los Gobiernos de Europa y la Unión Europea
- Inmediata suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea con el Gobierno de Perú, así como con Colombia.
Al Gobierno de los Estados Unidos
- Denuncia y revisión del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.
Finalmente, impulsamos a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a mostrar solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas de Perú llamando a la inmediata suspensión de los TLCs y de la Ronda de Doha de la OMC.
17 de Junio de 2009
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
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