Por Haider Rizvi
NUEVA YORK, 21 abr (IPS) - En vísperas de las reuniones de las mayores instituciones financieras internacionales esta semana, crecen los llamados para que la ONU adopte nuevas iniciativas de apoyo al desarrollo en países pobres.
"Hay una urgente necesidad de un organismo inclusivo, efectivo y legítimo que atienda el tema de las reformas sistémicas en interés de la justicia y de la igualdad", dijo John Foster, del Instituto Norte-Sur de Ottawa, Canadá.
En conferencia de prensa celebrada el lunes, Foster y otros líderes de la sociedad civil instaron a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que asuma el financiamiento del desarrollo porque los organismos de crédito, en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), perdieron su credibilidad.
"Se necesitan reformas clave en el FMI antes de que pueda ser un agente efectivo la recuperación (económica) mundial", afirmó el directora ejecutiva de la Coalición por Nuevas Reglas en las Finanzas Mundiales, Jo Marie Griesgraber.
"Representantes de la sociedad civil también criticaron al G-20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes) por su tibia respuesta a la actual crisis económica, que principalmente depende de préstamos del FMI para proyectos de desarrollo en países pobres", añadió.
En una cumbre celebrada en Londres a comienzos de este mes, los líderes del G-20 acordaron gastar más de un billón de dólares para rescatar el sistema bancario mundial, afectado por la crisis, y confirmaron pasados compromisos para reducir la pobreza y proteger el ambiente.
También acordaron redoblar esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio en 2015. Fijados por la comunidad internacional en 2001, estas metas prevén reducciones sustanciales en la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la degradación ambiental.
Aunque celebraron la decisión del G-20 de proveer fondos para los Objetivos, los activistas alertaron que no habrían resultados positivos mientras el Banco Mundial y el FMI sigan funcionando como hasta ahora.
"Si bien las grandes sumas hechas disponibles a las naciones en desarrollo por el G-20 claramente se necesitan con urgencia, el FMI no debería entregar un cheque en blanco", dijo Neil Watkings, de la Red Jubileo de Estados Unidos, añadiendo que el FMI "necesita reformas significativas y profundas".
El FMI ha sido criticado por muchas organizaciones independientes de ayuda al desarrollo durante años por imponer estrictas condiciones a los países pobres para recibir préstamos. Como consecuencia, muchas naciones no invierten fondos en el desarrollo social para mostrar "prudencia fiscal".
Como muchos activistas contra la pobreza, Watkins está preocupado por el hecho de que la asistencia financiera comprometida por el G-20 en Londres se concrete sólo a través de préstamos y porque los líderes no hicieron ninguna promesa de alivio de la deuda de los países más pobres.
Red Jubileo, coalición que representa a más de 70 organizaciones a favor de la cancelación de la deuda de los países pobres y un sistema financiero global más justo, actualmente presiona a congresistas en Estados Unidos para pedir reformas en el FMI.
Observadores de la sociedad civil señalaron que los nuevos compromisos de ayuda al desarrollo al Sur no deben estar dirigidos por el FMI a menos que este organismo multilateral introduzca reformas que reflejen transparencia y cierto grado de representación democrática.
"Hay un propagado acuerdo entre muchos destacados economistas en que las medidas de austeridad fiscal profundizaron la crisis de deuda en el Tercer Mundo que estalló en 1992, la crisis en el sudeste asiático de 1997 y la crisis en Argentina en 2001 y 2002", dijo Griesgraber.
En su análisis, "poco ha cambiado" desde entonces. "El G-20 retrocedió. Se necesitan reformas claves en el FMI antes de que pueda ser un efectivo agente en la recuperación mundial", sostuvo.
Con ella coincidió Roberto Bissio, de la red de organizaciones no gubernamentales Social Watch con sede en Uruguay y quien habló en la conferencia de prensa en la sede de la ONU.
"Las negociaciones sobre una nueva arquitectura internacional y económica deben ser completamente inclusivas, y por tanto la ONU tiene que estar en el centro de esas negociaciones", con la misión de introducir un modelo "financiero equitativo y sostenible", sostuvo.
Para Bissio, tanto el G-20 como el Grupo de los Ocho países más poderosos "no son foros legítimos para resolver la actual crisis financiera" porque no actúan de forma democrática.
Para él y otros activistas de la sociedad civil, es tiempo de que el FMI conforme un espacio para que las naciones pobres participen del proceso de toma de decisiones, introduciendo "derechos de igual voto". Actualmente, el organismo de crédito toma sus decisiones en base a la fortaleza económica de sus miembros.
(FIN/2009)
miércoles, 22 de abril de 2009
DESARROLLO: Por un nuevo FMI
Por Haider Rizvi
NUEVA YORK, 21 abr (IPS) - En vísperas de las reuniones de las mayores instituciones financieras internacionales esta semana, crecen los llamados para que la ONU adopte nuevas iniciativas de apoyo al desarrollo en países pobres.
"Hay una urgente necesidad de un organismo inclusivo, efectivo y legítimo que atienda el tema de las reformas sistémicas en interés de la justicia y de la igualdad", dijo John Foster, del Instituto Norte-Sur de Ottawa, Canadá.
En conferencia de prensa celebrada el lunes, Foster y otros líderes de la sociedad civil instaron a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que asuma el financiamiento del desarrollo porque los organismos de crédito, en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), perdieron su credibilidad.
"Se necesitan reformas clave en el FMI antes de que pueda ser un agente efectivo la recuperación (económica) mundial", afirmó el directora ejecutiva de la Coalición por Nuevas Reglas en las Finanzas Mundiales, Jo Marie Griesgraber.
"Representantes de la sociedad civil también criticaron al G-20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes) por su tibia respuesta a la actual crisis económica, que principalmente depende de préstamos del FMI para proyectos de desarrollo en países pobres", añadió.
En una cumbre celebrada en Londres a comienzos de este mes, los líderes del G-20 acordaron gastar más de un billón de dólares para rescatar el sistema bancario mundial, afectado por la crisis, y confirmaron pasados compromisos para reducir la pobreza y proteger el ambiente.
También acordaron redoblar esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio en 2015. Fijados por la comunidad internacional en 2001, estas metas prevén reducciones sustanciales en la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la degradación ambiental.
Aunque celebraron la decisión del G-20 de proveer fondos para los Objetivos, los activistas alertaron que no habrían resultados positivos mientras el Banco Mundial y el FMI sigan funcionando como hasta ahora.
"Si bien las grandes sumas hechas disponibles a las naciones en desarrollo por el G-20 claramente se necesitan con urgencia, el FMI no debería entregar un cheque en blanco", dijo Neil Watkings, de la Red Jubileo de Estados Unidos, añadiendo que el FMI "necesita reformas significativas y profundas".
El FMI ha sido criticado por muchas organizaciones independientes de ayuda al desarrollo durante años por imponer estrictas condiciones a los países pobres para recibir préstamos. Como consecuencia, muchas naciones no invierten fondos en el desarrollo social para mostrar "prudencia fiscal".
Como muchos activistas contra la pobreza, Watkins está preocupado por el hecho de que la asistencia financiera comprometida por el G-20 en Londres se concrete sólo a través de préstamos y porque los líderes no hicieron ninguna promesa de alivio de la deuda de los países más pobres.
Red Jubileo, coalición que representa a más de 70 organizaciones a favor de la cancelación de la deuda de los países pobres y un sistema financiero global más justo, actualmente presiona a congresistas en Estados Unidos para pedir reformas en el FMI.
Observadores de la sociedad civil señalaron que los nuevos compromisos de ayuda al desarrollo al Sur no deben estar dirigidos por el FMI a menos que este organismo multilateral introduzca reformas que reflejen transparencia y cierto grado de representación democrática.
"Hay un propagado acuerdo entre muchos destacados economistas en que las medidas de austeridad fiscal profundizaron la crisis de deuda en el Tercer Mundo que estalló en 1992, la crisis en el sudeste asiático de 1997 y la crisis en Argentina en 2001 y 2002", dijo Griesgraber.
En su análisis, "poco ha cambiado" desde entonces. "El G-20 retrocedió. Se necesitan reformas claves en el FMI antes de que pueda ser un efectivo agente en la recuperación mundial", sostuvo.
Con ella coincidió Roberto Bissio, de la red de organizaciones no gubernamentales Social Watch con sede en Uruguay y quien habló en la conferencia de prensa en la sede de la ONU.
"Las negociaciones sobre una nueva arquitectura internacional y económica deben ser completamente inclusivas, y por tanto la ONU tiene que estar en el centro de esas negociaciones", con la misión de introducir un modelo "financiero equitativo y sostenible", sostuvo.
Para Bissio, tanto el G-20 como el Grupo de los Ocho países más poderosos "no son foros legítimos para resolver la actual crisis financiera" porque no actúan de forma democrática.
Para él y otros activistas de la sociedad civil, es tiempo de que el FMI conforme un espacio para que las naciones pobres participen del proceso de toma de decisiones, introduciendo "derechos de igual voto". Actualmente, el organismo de crédito toma sus decisiones en base a la fortaleza económica de sus miembros.
(FIN/2009)
NUEVA YORK, 21 abr (IPS) - En vísperas de las reuniones de las mayores instituciones financieras internacionales esta semana, crecen los llamados para que la ONU adopte nuevas iniciativas de apoyo al desarrollo en países pobres.
"Hay una urgente necesidad de un organismo inclusivo, efectivo y legítimo que atienda el tema de las reformas sistémicas en interés de la justicia y de la igualdad", dijo John Foster, del Instituto Norte-Sur de Ottawa, Canadá.
En conferencia de prensa celebrada el lunes, Foster y otros líderes de la sociedad civil instaron a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que asuma el financiamiento del desarrollo porque los organismos de crédito, en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), perdieron su credibilidad.
"Se necesitan reformas clave en el FMI antes de que pueda ser un agente efectivo la recuperación (económica) mundial", afirmó el directora ejecutiva de la Coalición por Nuevas Reglas en las Finanzas Mundiales, Jo Marie Griesgraber.
"Representantes de la sociedad civil también criticaron al G-20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes) por su tibia respuesta a la actual crisis económica, que principalmente depende de préstamos del FMI para proyectos de desarrollo en países pobres", añadió.
En una cumbre celebrada en Londres a comienzos de este mes, los líderes del G-20 acordaron gastar más de un billón de dólares para rescatar el sistema bancario mundial, afectado por la crisis, y confirmaron pasados compromisos para reducir la pobreza y proteger el ambiente.
También acordaron redoblar esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio en 2015. Fijados por la comunidad internacional en 2001, estas metas prevén reducciones sustanciales en la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la degradación ambiental.
Aunque celebraron la decisión del G-20 de proveer fondos para los Objetivos, los activistas alertaron que no habrían resultados positivos mientras el Banco Mundial y el FMI sigan funcionando como hasta ahora.
"Si bien las grandes sumas hechas disponibles a las naciones en desarrollo por el G-20 claramente se necesitan con urgencia, el FMI no debería entregar un cheque en blanco", dijo Neil Watkings, de la Red Jubileo de Estados Unidos, añadiendo que el FMI "necesita reformas significativas y profundas".
El FMI ha sido criticado por muchas organizaciones independientes de ayuda al desarrollo durante años por imponer estrictas condiciones a los países pobres para recibir préstamos. Como consecuencia, muchas naciones no invierten fondos en el desarrollo social para mostrar "prudencia fiscal".
Como muchos activistas contra la pobreza, Watkins está preocupado por el hecho de que la asistencia financiera comprometida por el G-20 en Londres se concrete sólo a través de préstamos y porque los líderes no hicieron ninguna promesa de alivio de la deuda de los países más pobres.
Red Jubileo, coalición que representa a más de 70 organizaciones a favor de la cancelación de la deuda de los países pobres y un sistema financiero global más justo, actualmente presiona a congresistas en Estados Unidos para pedir reformas en el FMI.
Observadores de la sociedad civil señalaron que los nuevos compromisos de ayuda al desarrollo al Sur no deben estar dirigidos por el FMI a menos que este organismo multilateral introduzca reformas que reflejen transparencia y cierto grado de representación democrática.
"Hay un propagado acuerdo entre muchos destacados economistas en que las medidas de austeridad fiscal profundizaron la crisis de deuda en el Tercer Mundo que estalló en 1992, la crisis en el sudeste asiático de 1997 y la crisis en Argentina en 2001 y 2002", dijo Griesgraber.
En su análisis, "poco ha cambiado" desde entonces. "El G-20 retrocedió. Se necesitan reformas claves en el FMI antes de que pueda ser un efectivo agente en la recuperación mundial", sostuvo.
Con ella coincidió Roberto Bissio, de la red de organizaciones no gubernamentales Social Watch con sede en Uruguay y quien habló en la conferencia de prensa en la sede de la ONU.
"Las negociaciones sobre una nueva arquitectura internacional y económica deben ser completamente inclusivas, y por tanto la ONU tiene que estar en el centro de esas negociaciones", con la misión de introducir un modelo "financiero equitativo y sostenible", sostuvo.
Para Bissio, tanto el G-20 como el Grupo de los Ocho países más poderosos "no son foros legítimos para resolver la actual crisis financiera" porque no actúan de forma democrática.
Para él y otros activistas de la sociedad civil, es tiempo de que el FMI conforme un espacio para que las naciones pobres participen del proceso de toma de decisiones, introduciendo "derechos de igual voto". Actualmente, el organismo de crédito toma sus decisiones en base a la fortaleza económica de sus miembros.
(FIN/2009)
martes, 21 de abril de 2009
Ecuador: Manifiesto por el agua y la vida
Autor | Organizaciones de Ecuador | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 13 abril 2009 16:04
"El derecho humano al agua tiene un enfoque integral: además del consumo humano, el agua es también un medio de producción para garantizar la soberanía alimentaria, es central para la regeneración de la vida y presenta un alto valor cultural y espiritual. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de sus funciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas".
1. El Derecho humano al agua
La ley así como las acciones y políticas públicas deben garantizar la asignación de agua en cantidad y calidad suficientes, en el marco del principio de justiciabilidad y la equidad para todos los habitantes de la ciudad y del campo, particularmente para quienes se encuentren en situación de desventaja socio-económica. El derecho humano al agua tiene un enfoque integral: además del consumo humano, el agua es también un medio de producción para garantizar la soberanía alimentaria, es central para la regeneración de la vida y presenta un alto valor cultural y espiritual. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de sus funciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas. Para cumplir con este derecho humano, es necesario un proceso urgente de desmonopolización y desprivatización del agua.
2. Patrimonio nacional estratégico de uso público
La ley y las acciones y políticas públicas deben garantizar la preservación del agua en su calidad de patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, incluidas las futuras generaciones; por lo tanto, su gestión es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad y debe involucrar a todos los ciudadanos y ciudadanas a través del manejo comunitario. Además, deben reconocer que el agua es un bien público cuyas bondades para las sociedades humanas y para los ecosistemas, no pueden ser reducidas a su valor comercial.
3. Derecho colectivo al agua
La Constitución reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos colectivos, los cuales deben ser garantizados por el Estado ecuatoriano. Reconoce también sus derechos a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de autoridad en sus territorios legalmente constituidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. Los derechos colectivos garantizan la conservación de la propiedad de las tierras comunitarias, su control territorial así como, el manejo y administración de la biodiversidad y de su entorno natural. La consulta previa, libre e informada en proyectos que pueden afectar ambiental y culturalmente a las comunidades y/o pueblos que están en un determinado territorio, es un derecho colectivo, consagrado en la constitución. Además la Constitución determina que solo hay dos formas de gestión del agua: pública y comunitaria. Por lo tanto el Estado está en la obligación de proteger y fortalecer las formas comunitarias de manejo del agua, respetar sus instancias territoriales y de ejercicio de autoridad, así como su participación en la institucionalidad que regule la gestión del agua.
4. Participación ciudadana
Las acciones y políticas públicas, así como la ley de aguas, deben garantizar la existencia de mecanismos, condiciones y estrategias de participación vinculante en la planificación, control y gestión integral e integrada del agua que involucren a los consumidores, usuarios, trabajadores de empresas de agua potable, gobiernos comunitarios territoriales, pueblos y nacionalidades ancestrales, así como a las juntas comunitarias de riego y agua potable. En ese ámbito, se priorizará la participación asociativa y se garantizará la representatividad a nivel de instancias como los órganos de decisión nacional y locales de la autoridad única del agua, instituciones sectoriales de usos del agua, empresas publicas de agua potable, y toda aquella relativa al agua. Para facilitar y garantizar la participación, el Estado debe implementar, como política pública, el efectivo fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las organizaciones sociales y populares, incluidas las que se orientan a la vigilancia y control social, así como a la mediación y resolución alternativa de conflictos.
5. Institucionalidad
La gestión y planificación de los recursos hídricos que se destinen a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico, actividades productivas y otras, se harán a través de una autoridad única del agua con rango ministerial y rectoría sobre la totalidad del sector hídrico, incluidos los subsectores del agua potable y saneamiento, aguas marítimas y fluviales, riego y medio ambiente y que respete el carácter plurinacional y los derechos colectivos y de la naturaleza establecidos por la Constitución.
6. Gestión integral e integrada por cuencas hidrográficas
El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; en particular, debe velar por la conservación y uso sustentable y no contaminante de las fuentes, zonas de recarga y aguas subterráneas.Las políticas públicas deben efectivizar y operativizar la previsión y gestión de los riesgos naturales y desastres, incluido el manejo y protección de esteros las quebradas, laderas y cuencas de captación. La gestión integral e integrada de los recursos hídricos por cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas fomentará la redistribución equitativa del agua así como su gestión colectiva basada en mecanismos efectivos de participación que no soslayen ni desconozcan las instancias sociales-comunitarias de manejo e institucionalidad.
7. Orden de prelación
La prioridad absoluta en cuanto a uso y aprovechamiento del agua debe ser otorgada al consumo humano y luego al riego para la soberanía alimentaria, sin afectar el caudal ecológico. Las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua deben ser otorgadas acordes a un nuevo modelo de desarrollo que tiene como finalidad garantizar la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, un modo de vida saludable y una redistribución equitativa del agua. En este sentido, se dará prioridad a los usos y aprovechamientos que no contaminan al agua y en particular a los proyectos comunitarios. En aplicación a las disposiciones transitorias vigésimas sexta y séptima de la Constitución de la República, urge revisar el otorgamiento de las concesiones en función del orden de prelación. 8. Riego – Sistemas comunitarios
El riego debe ser un medio para el desarrollo sustentable de la población rural, dirigido a la lucha contra la pobreza y a la construcción de una sociedad con mayor equidad. Debe ser prioridad del Estado la mejora y ampliación de los sistemas comunitarios y campesinos de riego, sobre todo de aquellos que garantizan la soberanía alimentaria. Es responsabilidad del Estado apoyar y reconocer dentro de la institucionalidad a modalidades de riego que aseguren la recuperación, conservación y protección del suelo y de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos. La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego es competencia de las organizaciones indígenas, campesinas y de usuarios con el apoyo del Estado.
9. Agua potable y saneamiento ambiental
Ya que la mala calidad del agua es la primera causa de muerte infantil en el país, se debe dotar a la población con agua potable en cantidades suficientes y calidad que cumpla con las normas nacionales e internacionales. El Estado debe fortalecer la gestión de empresas públicas y sistemas comunitarios en la prestación de servicios de agua de calidad mediante mecanismos como los asocios entre sectores públicos y comunitarios para la transferencia de tecnología, conocimientos y recursos; además, se respetará y protegerá a las jurisdicciones de los sistemas comunitarios. A nivel municipal, se garantizará la calidad del servicio de agua potable, el tratamiento de las aguas servidas y el manejo técnico y sustentable de los desechos sólidos y hospitalarios, a más de obligar a los sectores productivos a asumir su responsabilidad en el manejo de los residuos. Para dar cumplimiento a la disposición transitoria vigésimo sexta de la Constitución de la República, el Estado debe establecer los procedimientos para la reversión de las empresas privadas concesionadas hacia un manejo y gestión exclusivamente públicos mediante la realización de auditorias con participación social. 10. Prevención, regulación, control, reparación y sanción de la contaminación del agua
El control y sanción de la contaminación del agua potable y de los recursos hídricos deben estar a cargo de una sola institución adscrita a la autoridad única del agua pero independiente de los órganos de gestión y de los municipios. Se garantizará la participación ciudadana en esta institución a más de desarrollar mecanismos vinculantes como veedurías y defensorías. El causante de contaminación o daño será responsable de su reparación integral.
Organizaciones adherentes al Manifiesto:
ECUARUNARIForo Nacional de Recursos Hídricos
Consorcio de Sistemas Comunitarios de Agua Potable – CONSCAP-E
Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
CEDHU
Frente de Defensa por la Vida y el Agua de Pangua
Acción Ecológica
Red de Ecologistas Populares
Programa Andino de Agua - Internacional de Servicios Públicos, ISP
Personas adherentes al Manifiesto:
Alberto Acosta
Walter Fernández Ulloa
Nathalie Weemaels
Edison Domínguez
Ricardo Buitrón
Candidatos/as que adhieren al Manifiesto
Serapio Laje Liberio, Candidato a Concejal, Vinces, Los Ríos
Mercedes Mancheno, Candidata a Alcaldesa, Macas, Morona Santiago
Esther Landetta, Candidata a Asambleísta alterna, Guayas
Carlos Pérez, Candidato a Asambleísta, Azuay
Rodrigo Aucay, Candidato a Alcalde, El Pangui, Zamora Chinchipe Alex Romero, Candidato a Alcalde, Pangua, Cotopaxi Luis F. Tulcanaza, Candidato a Concejal, Pangua, Cotopaxi Alfonso Beltrán, Candidato a Concejal, Pangua, Cotopaxi Narcisa Pizco, Candidata a Concejal, Buena Fe, Los Ríos Carlos Oleas,Candidato a Concejal, Riobamba, Chimborazo Martha Roldós, candidata a presidenta Eduardo Delgado, candidato a vicepresidente Mónica Chuji, candidata a asambleista nacional
Para enviar adhesiones escriba a: info@elaguaesvida.org
Fuente: El Agua es Vida
"El derecho humano al agua tiene un enfoque integral: además del consumo humano, el agua es también un medio de producción para garantizar la soberanía alimentaria, es central para la regeneración de la vida y presenta un alto valor cultural y espiritual. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de sus funciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas".
1. El Derecho humano al agua
La ley así como las acciones y políticas públicas deben garantizar la asignación de agua en cantidad y calidad suficientes, en el marco del principio de justiciabilidad y la equidad para todos los habitantes de la ciudad y del campo, particularmente para quienes se encuentren en situación de desventaja socio-económica. El derecho humano al agua tiene un enfoque integral: además del consumo humano, el agua es también un medio de producción para garantizar la soberanía alimentaria, es central para la regeneración de la vida y presenta un alto valor cultural y espiritual. Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de sus funciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas. Para cumplir con este derecho humano, es necesario un proceso urgente de desmonopolización y desprivatización del agua.
2. Patrimonio nacional estratégico de uso público
La ley y las acciones y políticas públicas deben garantizar la preservación del agua en su calidad de patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, incluidas las futuras generaciones; por lo tanto, su gestión es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad y debe involucrar a todos los ciudadanos y ciudadanas a través del manejo comunitario. Además, deben reconocer que el agua es un bien público cuyas bondades para las sociedades humanas y para los ecosistemas, no pueden ser reducidas a su valor comercial.
3. Derecho colectivo al agua
La Constitución reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos colectivos, los cuales deben ser garantizados por el Estado ecuatoriano. Reconoce también sus derechos a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de autoridad en sus territorios legalmente constituidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. Los derechos colectivos garantizan la conservación de la propiedad de las tierras comunitarias, su control territorial así como, el manejo y administración de la biodiversidad y de su entorno natural. La consulta previa, libre e informada en proyectos que pueden afectar ambiental y culturalmente a las comunidades y/o pueblos que están en un determinado territorio, es un derecho colectivo, consagrado en la constitución. Además la Constitución determina que solo hay dos formas de gestión del agua: pública y comunitaria. Por lo tanto el Estado está en la obligación de proteger y fortalecer las formas comunitarias de manejo del agua, respetar sus instancias territoriales y de ejercicio de autoridad, así como su participación en la institucionalidad que regule la gestión del agua.
4. Participación ciudadana
Las acciones y políticas públicas, así como la ley de aguas, deben garantizar la existencia de mecanismos, condiciones y estrategias de participación vinculante en la planificación, control y gestión integral e integrada del agua que involucren a los consumidores, usuarios, trabajadores de empresas de agua potable, gobiernos comunitarios territoriales, pueblos y nacionalidades ancestrales, así como a las juntas comunitarias de riego y agua potable. En ese ámbito, se priorizará la participación asociativa y se garantizará la representatividad a nivel de instancias como los órganos de decisión nacional y locales de la autoridad única del agua, instituciones sectoriales de usos del agua, empresas publicas de agua potable, y toda aquella relativa al agua. Para facilitar y garantizar la participación, el Estado debe implementar, como política pública, el efectivo fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las organizaciones sociales y populares, incluidas las que se orientan a la vigilancia y control social, así como a la mediación y resolución alternativa de conflictos.
5. Institucionalidad
La gestión y planificación de los recursos hídricos que se destinen a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico, actividades productivas y otras, se harán a través de una autoridad única del agua con rango ministerial y rectoría sobre la totalidad del sector hídrico, incluidos los subsectores del agua potable y saneamiento, aguas marítimas y fluviales, riego y medio ambiente y que respete el carácter plurinacional y los derechos colectivos y de la naturaleza establecidos por la Constitución.
6. Gestión integral e integrada por cuencas hidrográficas
El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; en particular, debe velar por la conservación y uso sustentable y no contaminante de las fuentes, zonas de recarga y aguas subterráneas.Las políticas públicas deben efectivizar y operativizar la previsión y gestión de los riesgos naturales y desastres, incluido el manejo y protección de esteros las quebradas, laderas y cuencas de captación. La gestión integral e integrada de los recursos hídricos por cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas fomentará la redistribución equitativa del agua así como su gestión colectiva basada en mecanismos efectivos de participación que no soslayen ni desconozcan las instancias sociales-comunitarias de manejo e institucionalidad.
7. Orden de prelación
La prioridad absoluta en cuanto a uso y aprovechamiento del agua debe ser otorgada al consumo humano y luego al riego para la soberanía alimentaria, sin afectar el caudal ecológico. Las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua deben ser otorgadas acordes a un nuevo modelo de desarrollo que tiene como finalidad garantizar la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, un modo de vida saludable y una redistribución equitativa del agua. En este sentido, se dará prioridad a los usos y aprovechamientos que no contaminan al agua y en particular a los proyectos comunitarios. En aplicación a las disposiciones transitorias vigésimas sexta y séptima de la Constitución de la República, urge revisar el otorgamiento de las concesiones en función del orden de prelación. 8. Riego – Sistemas comunitarios
El riego debe ser un medio para el desarrollo sustentable de la población rural, dirigido a la lucha contra la pobreza y a la construcción de una sociedad con mayor equidad. Debe ser prioridad del Estado la mejora y ampliación de los sistemas comunitarios y campesinos de riego, sobre todo de aquellos que garantizan la soberanía alimentaria. Es responsabilidad del Estado apoyar y reconocer dentro de la institucionalidad a modalidades de riego que aseguren la recuperación, conservación y protección del suelo y de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos. La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego es competencia de las organizaciones indígenas, campesinas y de usuarios con el apoyo del Estado.
9. Agua potable y saneamiento ambiental
Ya que la mala calidad del agua es la primera causa de muerte infantil en el país, se debe dotar a la población con agua potable en cantidades suficientes y calidad que cumpla con las normas nacionales e internacionales. El Estado debe fortalecer la gestión de empresas públicas y sistemas comunitarios en la prestación de servicios de agua de calidad mediante mecanismos como los asocios entre sectores públicos y comunitarios para la transferencia de tecnología, conocimientos y recursos; además, se respetará y protegerá a las jurisdicciones de los sistemas comunitarios. A nivel municipal, se garantizará la calidad del servicio de agua potable, el tratamiento de las aguas servidas y el manejo técnico y sustentable de los desechos sólidos y hospitalarios, a más de obligar a los sectores productivos a asumir su responsabilidad en el manejo de los residuos. Para dar cumplimiento a la disposición transitoria vigésimo sexta de la Constitución de la República, el Estado debe establecer los procedimientos para la reversión de las empresas privadas concesionadas hacia un manejo y gestión exclusivamente públicos mediante la realización de auditorias con participación social. 10. Prevención, regulación, control, reparación y sanción de la contaminación del agua
El control y sanción de la contaminación del agua potable y de los recursos hídricos deben estar a cargo de una sola institución adscrita a la autoridad única del agua pero independiente de los órganos de gestión y de los municipios. Se garantizará la participación ciudadana en esta institución a más de desarrollar mecanismos vinculantes como veedurías y defensorías. El causante de contaminación o daño será responsable de su reparación integral.
Organizaciones adherentes al Manifiesto:
ECUARUNARIForo Nacional de Recursos Hídricos
Consorcio de Sistemas Comunitarios de Agua Potable – CONSCAP-E
Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
CEDHU
Frente de Defensa por la Vida y el Agua de Pangua
Acción Ecológica
Red de Ecologistas Populares
Programa Andino de Agua - Internacional de Servicios Públicos, ISP
Personas adherentes al Manifiesto:
Alberto Acosta
Walter Fernández Ulloa
Nathalie Weemaels
Edison Domínguez
Ricardo Buitrón
Candidatos/as que adhieren al Manifiesto
Serapio Laje Liberio, Candidato a Concejal, Vinces, Los Ríos
Mercedes Mancheno, Candidata a Alcaldesa, Macas, Morona Santiago
Esther Landetta, Candidata a Asambleísta alterna, Guayas
Carlos Pérez, Candidato a Asambleísta, Azuay
Rodrigo Aucay, Candidato a Alcalde, El Pangui, Zamora Chinchipe Alex Romero, Candidato a Alcalde, Pangua, Cotopaxi Luis F. Tulcanaza, Candidato a Concejal, Pangua, Cotopaxi Alfonso Beltrán, Candidato a Concejal, Pangua, Cotopaxi Narcisa Pizco, Candidata a Concejal, Buena Fe, Los Ríos Carlos Oleas,Candidato a Concejal, Riobamba, Chimborazo Martha Roldós, candidata a presidenta Eduardo Delgado, candidato a vicepresidente Mónica Chuji, candidata a asambleista nacional
Para enviar adhesiones escriba a: info@elaguaesvida.org
Fuente: El Agua es Vida
viernes, 17 de abril de 2009
El Compromiso Monsanto
Autor | Vicente Boix Bornay | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 13 abril 2009 16:25
"Con el avance de las semillas modificadas genéticamente se talaron bosques, se expulsó a campesinos de sus tierras, se descuidó la soberanía alimentaria, se abandonaron variedades tradicionales, etc. El agricultor, poco a poco, se fue enganchando a un paquete tecnológico. También a un modelo agrícola basado en la exportación, sustentado en el libre mercado y gobernado por intermediarios, latifundistas y transnacionales de diferente pelaje."
Gruñidos en el desierto.
“Hemos conseguido mejores semillas y mejores opciones para los agricultores en países desarrollados y en vías de desarrollo -para ayudarles a cosechar más alimentos, a utilizar menos pesticidas y a mejorar sus oportunidades económicas.”
Hugh Grant, presidente de Monsanto.[1]
“ Contribuir a la mejora del nivel de vida de los agricultores. La compañía ayudará a mejorar el nivel de vida de los agricultores, incluyendo cinco millones de personas de familias de agricultores con pocos recursos en 2020.”
“El tercer elemento del compromiso de Monsanto es mejorar la vida de los agricultores, incluyendo tanto a los pequeños agricultores como a los agricultores con pocos recursos. Parte de este compromiso es ofrecer productos que incrementan la productividad y reducen los gastos necesarios para combatir los insectos, malas hierbas y otros problemas que afectan a los cultivos.”
Extracto del Compromiso de Monsanto para aumentar la productividad. Junio de 2008.[2]
Se abre el telón.
Al parecer, Monsanto, la transnacional química y biotecnológica, está comprometida con el bienestar del agricultor, su economía y su estilo de vida. Desde hace años, la industria y su comparsa ha venido argumentando y defendiendo que con la transgenia la situación económica del agricultor iba a mejorar notablemente, con todo lo que ello conlleva: mejora en la alimentación, acceso a educación, reducción de la pobreza, etc.
La propaganda inicial fue más allá, cuando advertía sin tapujo alguno, que los transgénicos eran un instrumento necesario para reducir el hambre en el mundo. Por momentos, los principios y los valores de ciertas multinacionales químicas, se parecían más a los de una ONG que a los de aquellas que fabricaron el DBCP, los PCB’s o el agente naranja.
No hace mucho, sacaban pecho ante las supuestas bondades económicas de los transgénicos. Claro, sin tener en cuenta que el negocio lo hacían unos pocos y que dicha tecnología favorecía la desestructuración del tejido productivo y social. Bajo este prisma reduccionista y cortoplacista, se cometieron autenticas aberraciones. Por ejemplo, Argentina sembró de soja (mayoritariamente transgénica) más de la mitad de su superficie cultivable. Con el avance de las semillas modificadas genéticamente se talaron bosques, se incrementó el uso de químicos, se expulsó a campesinos de sus tierras, se descuidó la soberanía alimentaria en favor de la agroexportación, se abandonaron variedades tradicionales, etc. El agricultor, poco a poco, se fue enganchando a un paquete tecnológico. También a un modelo agrícola basado en la exportación, sustentado en el libre mercado y gobernado por intermediarios, latifundistas y transnacionales de diferente pelaje.
En 2008 estalló la crisis económica global, pero el campo ya estaba en regresión mucho antes. A pesar de la crisis y la fuerte recesión en la venta de insumos químicos, el año 2008 se caracterizó por una espectacular subida en el precio de éstos. Se atribuyó a diversidad de factores: el incremento del valor del petróleo, la movilidad del dólar, la crisis en USA, etc. No obstante, algunos datos sugieren otro tipo de causas mucho más terrenales y empresariales.
En febrero de 2008, Monsanto pronosticaba para dicho año un incremento en el beneficio bruto por la venta de Roundup que oscilaría los 1300 y 1400 millones de dólares, “…respaldado por el aumento de los volúmenes y los precios a nivel mundial.”[3]
Claramente la transnacional preveía, que por lo menos una parte del aumento en sus ganancias, derivaría de la subida en los precios de venta del producto. Este dato se consolida al analizar un informe financiero editado el 2 de abril de este año, sobre las ventas, precios y beneficios brutos del Roundup y otros herbicidas a base de glifosato[4]:
Ver cuadro aquí:
Cuadro
Si ya desde mediados de 2008 el precio del petróleo empezó a disminuir ¿Por qué siguió aumentando el precio de glifosato durante este año, incluso con una reducción en la venta del volumen? En sus negocios a nivel más general, la misma transnacional manifiesta que tiene previsto duplicar su beneficio bruto, de 4.200 millones de dólares en 2007 a 9.750 en 2012. Toda una exhibición de equilibrismo comercial, durante unos años, en los que se vivió una crisis en los precios de los alimentos, una crisis energética y una crisis económica global. Todo ello, adobado con una crisis estructural de la agricultura a pequeña escala, marcada por una clara reducción -en algunos casos claudicante- de los márgenes de ganancia ¿Queda más o menos ilustrado quién sale ganando con la amplificación del precio de los agroquímicos?
Las crisis a fin de cuentas, no las acaban sufriendo todos. Lo que para unos es una bacanal financiera, para otros es una vuelta de tuerca más. Los agroquímicos podrían suponer aproximadamente el 25% de los costes totales del agricultor (dependiendo claro está del tipo de cultivo). Por eso un incremento abultado repercute negativamente en la maltrecha economía agrícola. En España y según datos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de organizaciones de amas de casa consumidores y usuarios (CEACCU), el incremento en los precios de fertilizantes supuso un sobre coste de más de 700 millones de euros en 2008.[5] En el país del “milagro agrícola”, Argentina, este año los márgenes de ganancia de algunos cultivos se podrían reducir drásticamente, en parte por este aumento del precio de los insumos.[6]
Como se decía, en el campo se junta el hambre con las ganas de comer. Los costes suben por una parte y los ingresos se comprimen por la otra. Según datos de la Unió de Llauradors i Ramaders, la mandarina en el País Valenciano se pagó esta temporada a 0,14 euros/kilo, cuando el mínimo aconsejable para sufragar costes era de 0,24.[7] Según el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, que confecciona la COAG, la UCE y la CEACCU, los agricultores en España percibieron aproximadamente el 20% de lo que el consumidor paga por un determinado producto.[8] Esto supone un auténtico abuso que sitúa a la agricultura en el corredor de la muerte.
Al igual que sucede con la distribución de los alimentos, que cada vez está más concentrada, el monopolio de ciertas empresas que fabrican y venden agroquímicos les confiere una posición privilegiada para establecer los precios. En países como México, la desnacionalización de la industria petrolera supuso el fin en la elaboración de fertilizantes baratos. Ahora, miles de agricultores los tienen que comprar más caros a empresas multinacionales. Los transgénicos en este contexto, generan más dependencia a estos productos químicos y por lo tanto más beneficios para Monsanto y compañía.
A groso modo, se están haciendo realidad los presagios maquiavélicos que la izquierda social viene denunciando desde hace años. La globalización neoliberal, con la ayuda de ciertas tecnologías, ha concentrando la tierra, los insumos, las semillas, el comercio, la distribución y la venta de alimentos, cada vez en menos manos. Eso, para algunos, significa competitividad. Para la inmensa mayoría, el final.
En España, el gobierno seudo izquierdista de Rodríguez Zapatero, está siendo partícipe en la defenestración de la agricultura tradicional y en la proliferación del negocio transgénico y químico. Para apreciar la ceguera -por no decir ebriedad o complicidad- del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARN), revisen con atención estás dos notas recientes:
1- El 3 de abril, el MARN hizo público un informe en el que NO creía necesarias reformas urgentes para mejorar el margen de ganancia de los citricultores españoles. Es decir, el hecho de que éstos vendan su producción más barata que hace dos décadas, y en muchos casos, por debajo de los precios de coste, no es alarmante para la administración.[9] Como ya quedó claro, los “planes de salvamento” con sus estratosféricas sumas de dinero público, se los llevan los de siempre.
2- El 8 de abril, el ministerio que debería velar por el medio ambiente y la agricultura, editó un manual de buenas prácticas agrícolas en la aplicación de fitosanitarios, en el que se reconoce que “…los productos fitosanitarios son imprescindibles, ya que constituyen la base de la defensa de las cosechas frente a las plagas y hacen rentable la producción de alimentos de calidad. De esta forma, la guía explica que prescindir del empleo de los herbicidas daría lugar a unas pérdidas de producción entre el 20 y 30% como valor medios, pudiendo llegarse a valores de hasta el 75%. Otro tanto puede decirse de los insecticidas y de los fungicidas, gracias a los cuales se asegura que al consumidor llegan unos alimentos de calidad, exentos de microorganismo que puedan ser peligrosos para su salud.”[10]
Para el MARN, lo rentable en la producción de alimentos es alienarse a unos insumos que en pocos meses se encarecieron brutalmente, ahogando todavía más al pobre campesino. Lo que para las organizaciones agrarias y de consumidores es un lastre, para “nuestros representantes” es una oportunidad de negocio. Lo que para “nuestros representantes” no es problema alguno (abuso en el precio de compra), para las organizaciones sociales es el auténtico lastre ¿Quién comanda el MARN? ¿Hugh Grant? ¿O tal vez la Duquesa de Alba?
El asunto de la mejora productiva por unidad de superficie no va relacionado directamente a la rentabilidad, ya que simplemente no soluciona el problema troncal: el esquelético precio que recibe el agricultor en el campo. Es más, una mayor producción de un cultivo x en una determinada región, puede acabar derrumbando los precios. De hecho, los citricultores valencianos, desde hace años vienen exigiendo medidas a las diferentes administraciones para que detengan el cultivo de nuevos plantíos que saturan el mercado y micronizan los precios.
Sin duda alguna, la agricultura ecológica es en si, el mejor argumento para contrarrestar los panfletos de los burócratas del MARN, en cuanto a rentabilidad y calidad. Porque también para combatir a los microorganismos existen otros métodos diferentes a unos productos químicos, que pueden resultar muy peligrosos.
Por este apoyo silencioso y encubierto al mayor genocidio laboral, social y cultural que se está produciendo en España, por el vergonzoso honor de ser el único país de Europa que cultiva a gran escala transgénicos y por defender los intereses de terratenientes y transnacionales, decenas de organizaciones sociales se manifestarán el próximo 18 de abril en Zaragoza, exigiendo el cambio en una política agraria que convierte el país en el cortijo de unos pocos.[11]
Por último pardiez y antes de que se olvide, dejar claro que los compromisos sociales de Monsanto y los de otras corporaciones, sólo son polvo cósmico. Como se ha visto, entre sus objetivosno está precisamente “ayudar a mejorar el nivel de vida de los agricultores…” ni “…ayudar a cosechar más alimentos, a utilizar menos pesticidas y a mejorar sus oportunidades económicas.”. Estos dicharachos no son más que marketing comercial, que hoy en día, a casi nadie engañan.
[1]http://www.monsanto.es/sobre-monsanto/compromiso-de-monsanto/compromiso-de-monsanto
[2]http://www.monsanto.es/noticias-y-recursos/comunicados-de-prensa/monsanto-asume-un-compromiso-en-tres-puntos
[3]http://monsanto.mediaroom.com/index.php?s=43&item=572
[4]http://www.monsanto.com/pdf/investors/2009/04_02_09.pdf
[5] “Alimentación, una cuestión de estado”: http://www.coag.org/rep_ficheros_web/963d516d8f9f8c0cb71e1af657a815dd.pdf
[6]http://www.cronista.com/notas/178373-la-rentabilidad-la-soja-el-maiz-y-el-girasol-podria-pasar-ser-negativa-2009
[7] MESTRE, J: “Los cítricos siguen en números rojos”, en Levante, 9 de febrero de 2009, en http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_4_553404__Castello-citricos-siguen-numeros-rojos
[8]http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-rural-coag-denuncia-diferencial-precios-origen-destino-500-productos-agricolas-20090325140359.html
[9]http://www.agroinformacion.com/noticias/5/citricos/16263/se-critica-al-gobierno-por-concluir-que-no-urge-mejorar-la-renta-del-citricultor.aspx
[10]http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=21953_AT080409
[11] Más información: http://noquierotransgenicos.wordpress.com/
Fuente: El Parque de las Hamacas
"Con el avance de las semillas modificadas genéticamente se talaron bosques, se expulsó a campesinos de sus tierras, se descuidó la soberanía alimentaria, se abandonaron variedades tradicionales, etc. El agricultor, poco a poco, se fue enganchando a un paquete tecnológico. También a un modelo agrícola basado en la exportación, sustentado en el libre mercado y gobernado por intermediarios, latifundistas y transnacionales de diferente pelaje."
Gruñidos en el desierto.
“Hemos conseguido mejores semillas y mejores opciones para los agricultores en países desarrollados y en vías de desarrollo -para ayudarles a cosechar más alimentos, a utilizar menos pesticidas y a mejorar sus oportunidades económicas.”
Hugh Grant, presidente de Monsanto.[1]
“ Contribuir a la mejora del nivel de vida de los agricultores. La compañía ayudará a mejorar el nivel de vida de los agricultores, incluyendo cinco millones de personas de familias de agricultores con pocos recursos en 2020.”
“El tercer elemento del compromiso de Monsanto es mejorar la vida de los agricultores, incluyendo tanto a los pequeños agricultores como a los agricultores con pocos recursos. Parte de este compromiso es ofrecer productos que incrementan la productividad y reducen los gastos necesarios para combatir los insectos, malas hierbas y otros problemas que afectan a los cultivos.”
Extracto del Compromiso de Monsanto para aumentar la productividad. Junio de 2008.[2]
Se abre el telón.
Al parecer, Monsanto, la transnacional química y biotecnológica, está comprometida con el bienestar del agricultor, su economía y su estilo de vida. Desde hace años, la industria y su comparsa ha venido argumentando y defendiendo que con la transgenia la situación económica del agricultor iba a mejorar notablemente, con todo lo que ello conlleva: mejora en la alimentación, acceso a educación, reducción de la pobreza, etc.
La propaganda inicial fue más allá, cuando advertía sin tapujo alguno, que los transgénicos eran un instrumento necesario para reducir el hambre en el mundo. Por momentos, los principios y los valores de ciertas multinacionales químicas, se parecían más a los de una ONG que a los de aquellas que fabricaron el DBCP, los PCB’s o el agente naranja.
No hace mucho, sacaban pecho ante las supuestas bondades económicas de los transgénicos. Claro, sin tener en cuenta que el negocio lo hacían unos pocos y que dicha tecnología favorecía la desestructuración del tejido productivo y social. Bajo este prisma reduccionista y cortoplacista, se cometieron autenticas aberraciones. Por ejemplo, Argentina sembró de soja (mayoritariamente transgénica) más de la mitad de su superficie cultivable. Con el avance de las semillas modificadas genéticamente se talaron bosques, se incrementó el uso de químicos, se expulsó a campesinos de sus tierras, se descuidó la soberanía alimentaria en favor de la agroexportación, se abandonaron variedades tradicionales, etc. El agricultor, poco a poco, se fue enganchando a un paquete tecnológico. También a un modelo agrícola basado en la exportación, sustentado en el libre mercado y gobernado por intermediarios, latifundistas y transnacionales de diferente pelaje.
En 2008 estalló la crisis económica global, pero el campo ya estaba en regresión mucho antes. A pesar de la crisis y la fuerte recesión en la venta de insumos químicos, el año 2008 se caracterizó por una espectacular subida en el precio de éstos. Se atribuyó a diversidad de factores: el incremento del valor del petróleo, la movilidad del dólar, la crisis en USA, etc. No obstante, algunos datos sugieren otro tipo de causas mucho más terrenales y empresariales.
En febrero de 2008, Monsanto pronosticaba para dicho año un incremento en el beneficio bruto por la venta de Roundup que oscilaría los 1300 y 1400 millones de dólares, “…respaldado por el aumento de los volúmenes y los precios a nivel mundial.”[3]
Claramente la transnacional preveía, que por lo menos una parte del aumento en sus ganancias, derivaría de la subida en los precios de venta del producto. Este dato se consolida al analizar un informe financiero editado el 2 de abril de este año, sobre las ventas, precios y beneficios brutos del Roundup y otros herbicidas a base de glifosato[4]:
Ver cuadro aquí:
Cuadro
Si ya desde mediados de 2008 el precio del petróleo empezó a disminuir ¿Por qué siguió aumentando el precio de glifosato durante este año, incluso con una reducción en la venta del volumen? En sus negocios a nivel más general, la misma transnacional manifiesta que tiene previsto duplicar su beneficio bruto, de 4.200 millones de dólares en 2007 a 9.750 en 2012. Toda una exhibición de equilibrismo comercial, durante unos años, en los que se vivió una crisis en los precios de los alimentos, una crisis energética y una crisis económica global. Todo ello, adobado con una crisis estructural de la agricultura a pequeña escala, marcada por una clara reducción -en algunos casos claudicante- de los márgenes de ganancia ¿Queda más o menos ilustrado quién sale ganando con la amplificación del precio de los agroquímicos?
Las crisis a fin de cuentas, no las acaban sufriendo todos. Lo que para unos es una bacanal financiera, para otros es una vuelta de tuerca más. Los agroquímicos podrían suponer aproximadamente el 25% de los costes totales del agricultor (dependiendo claro está del tipo de cultivo). Por eso un incremento abultado repercute negativamente en la maltrecha economía agrícola. En España y según datos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de organizaciones de amas de casa consumidores y usuarios (CEACCU), el incremento en los precios de fertilizantes supuso un sobre coste de más de 700 millones de euros en 2008.[5] En el país del “milagro agrícola”, Argentina, este año los márgenes de ganancia de algunos cultivos se podrían reducir drásticamente, en parte por este aumento del precio de los insumos.[6]
Como se decía, en el campo se junta el hambre con las ganas de comer. Los costes suben por una parte y los ingresos se comprimen por la otra. Según datos de la Unió de Llauradors i Ramaders, la mandarina en el País Valenciano se pagó esta temporada a 0,14 euros/kilo, cuando el mínimo aconsejable para sufragar costes era de 0,24.[7] Según el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, que confecciona la COAG, la UCE y la CEACCU, los agricultores en España percibieron aproximadamente el 20% de lo que el consumidor paga por un determinado producto.[8] Esto supone un auténtico abuso que sitúa a la agricultura en el corredor de la muerte.
Al igual que sucede con la distribución de los alimentos, que cada vez está más concentrada, el monopolio de ciertas empresas que fabrican y venden agroquímicos les confiere una posición privilegiada para establecer los precios. En países como México, la desnacionalización de la industria petrolera supuso el fin en la elaboración de fertilizantes baratos. Ahora, miles de agricultores los tienen que comprar más caros a empresas multinacionales. Los transgénicos en este contexto, generan más dependencia a estos productos químicos y por lo tanto más beneficios para Monsanto y compañía.
A groso modo, se están haciendo realidad los presagios maquiavélicos que la izquierda social viene denunciando desde hace años. La globalización neoliberal, con la ayuda de ciertas tecnologías, ha concentrando la tierra, los insumos, las semillas, el comercio, la distribución y la venta de alimentos, cada vez en menos manos. Eso, para algunos, significa competitividad. Para la inmensa mayoría, el final.
En España, el gobierno seudo izquierdista de Rodríguez Zapatero, está siendo partícipe en la defenestración de la agricultura tradicional y en la proliferación del negocio transgénico y químico. Para apreciar la ceguera -por no decir ebriedad o complicidad- del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARN), revisen con atención estás dos notas recientes:
1- El 3 de abril, el MARN hizo público un informe en el que NO creía necesarias reformas urgentes para mejorar el margen de ganancia de los citricultores españoles. Es decir, el hecho de que éstos vendan su producción más barata que hace dos décadas, y en muchos casos, por debajo de los precios de coste, no es alarmante para la administración.[9] Como ya quedó claro, los “planes de salvamento” con sus estratosféricas sumas de dinero público, se los llevan los de siempre.
2- El 8 de abril, el ministerio que debería velar por el medio ambiente y la agricultura, editó un manual de buenas prácticas agrícolas en la aplicación de fitosanitarios, en el que se reconoce que “…los productos fitosanitarios son imprescindibles, ya que constituyen la base de la defensa de las cosechas frente a las plagas y hacen rentable la producción de alimentos de calidad. De esta forma, la guía explica que prescindir del empleo de los herbicidas daría lugar a unas pérdidas de producción entre el 20 y 30% como valor medios, pudiendo llegarse a valores de hasta el 75%. Otro tanto puede decirse de los insecticidas y de los fungicidas, gracias a los cuales se asegura que al consumidor llegan unos alimentos de calidad, exentos de microorganismo que puedan ser peligrosos para su salud.”[10]
Para el MARN, lo rentable en la producción de alimentos es alienarse a unos insumos que en pocos meses se encarecieron brutalmente, ahogando todavía más al pobre campesino. Lo que para las organizaciones agrarias y de consumidores es un lastre, para “nuestros representantes” es una oportunidad de negocio. Lo que para “nuestros representantes” no es problema alguno (abuso en el precio de compra), para las organizaciones sociales es el auténtico lastre ¿Quién comanda el MARN? ¿Hugh Grant? ¿O tal vez la Duquesa de Alba?
El asunto de la mejora productiva por unidad de superficie no va relacionado directamente a la rentabilidad, ya que simplemente no soluciona el problema troncal: el esquelético precio que recibe el agricultor en el campo. Es más, una mayor producción de un cultivo x en una determinada región, puede acabar derrumbando los precios. De hecho, los citricultores valencianos, desde hace años vienen exigiendo medidas a las diferentes administraciones para que detengan el cultivo de nuevos plantíos que saturan el mercado y micronizan los precios.
Sin duda alguna, la agricultura ecológica es en si, el mejor argumento para contrarrestar los panfletos de los burócratas del MARN, en cuanto a rentabilidad y calidad. Porque también para combatir a los microorganismos existen otros métodos diferentes a unos productos químicos, que pueden resultar muy peligrosos.
Por este apoyo silencioso y encubierto al mayor genocidio laboral, social y cultural que se está produciendo en España, por el vergonzoso honor de ser el único país de Europa que cultiva a gran escala transgénicos y por defender los intereses de terratenientes y transnacionales, decenas de organizaciones sociales se manifestarán el próximo 18 de abril en Zaragoza, exigiendo el cambio en una política agraria que convierte el país en el cortijo de unos pocos.[11]
Por último pardiez y antes de que se olvide, dejar claro que los compromisos sociales de Monsanto y los de otras corporaciones, sólo son polvo cósmico. Como se ha visto, entre sus objetivosno está precisamente “ayudar a mejorar el nivel de vida de los agricultores…” ni “…ayudar a cosechar más alimentos, a utilizar menos pesticidas y a mejorar sus oportunidades económicas.”. Estos dicharachos no son más que marketing comercial, que hoy en día, a casi nadie engañan.
[1]http://www.monsanto.es/sobre-monsanto/compromiso-de-monsanto/compromiso-de-monsanto
[2]http://www.monsanto.es/noticias-y-recursos/comunicados-de-prensa/monsanto-asume-un-compromiso-en-tres-puntos
[3]http://monsanto.mediaroom.com/index.php?s=43&item=572
[4]http://www.monsanto.com/pdf/investors/2009/04_02_09.pdf
[5] “Alimentación, una cuestión de estado”: http://www.coag.org/rep_ficheros_web/963d516d8f9f8c0cb71e1af657a815dd.pdf
[6]http://www.cronista.com/notas/178373-la-rentabilidad-la-soja-el-maiz-y-el-girasol-podria-pasar-ser-negativa-2009
[7] MESTRE, J: “Los cítricos siguen en números rojos”, en Levante, 9 de febrero de 2009, en http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_4_553404__Castello-citricos-siguen-numeros-rojos
[8]http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-rural-coag-denuncia-diferencial-precios-origen-destino-500-productos-agricolas-20090325140359.html
[9]http://www.agroinformacion.com/noticias/5/citricos/16263/se-critica-al-gobierno-por-concluir-que-no-urge-mejorar-la-renta-del-citricultor.aspx
[10]http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=21953_AT080409
[11] Más información: http://noquierotransgenicos.wordpress.com/
Fuente: El Parque de las Hamacas
jueves, 16 de abril de 2009
AMÉRICA LATINA: EEUU sin grandes ofertas
Por Patricia Grogg
LA HABANA, 15 abr (IPS) - Inmerso como está en sus propios problemas, Estados Unidos tiene poco que ofrecer a América Latina, coincidieron expertos cubanos en vísperas de una nueva cumbre continental en la que participará por primera vez el presidente de ese país, Barack Obama.
En cuanto a Cuba, único país excluido de la V Cumbre de las Américas prevista del viernes al domingo en Trinidad y Tobago, no se prevén más novedades que las ya ofrecidas por Obama el lunes al levantar las restricciones impuestas a los inmigrantes cubanos residentes en Estados Unidos para viajar o enviar remesas de dinero a esta isla caribeña.
"Obama sabe que los latinoamericanos y caribeños están en contra del embargo (impuesto por Washington a Cuba hace casi cinco décadas), que la isla está menos aislada que nunca, sus relaciones con la Unión Europea (UE) son mejores que hace cinco años y son óptimas con China y Rusia", dijo a IPS Rafael Hernández, politólogo y editor de la revista teórica Temas.
No obstante, algunos mandatarios ya anunciaron que pondrán sobre el tapete el caso Cuba y pedirán explicaciones por la ausencia de esta nación caribeña en la cita. "Esa será una de las primeras preguntas que desde ahora resonarán en (la isla) Trinidad", advirtió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Este gobernante, quien el viernes se entrevistó en La Habana con los hermanos Fidel y Raúl Castro en el marco de una visita de 30 horas, convocó en Venezuela a una Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que agrupa a Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Ese encuentro, previsto para este jueves, permitiría a los miembros de este bloque nacido en 2004, preparar una postura conjunta ante la cita americana de Puerto España. Según Chávez, a la cumbre del ALBA fueron también invitados los presidentes Fernando Lugo, de Paraguay, y Rafael Correa, de Ecuador, Los mandatarios Daniel Ortega, de Nicaragua, y Evo Morales, de Bolivia, ya han anunciado que pedirán el cese del bloqueo estadounidense a Cuba en la Cumbre.
En tanto, otras autoridades continentales han tomado nota de que la suspensión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, desde 1962, es una anomalía que debería ser "corregida".
Para especialistas en La Habana, el mandatario estadounidense podrá responder a cualquier demanda sobre Cuba que su decisión de abrir las puertas para que los cubano-americanos viajen libremente y envíen remesas sin límites a sus familiares en la isla "expresa una voluntad política de cambio de su parte".
"Probablemente intente poner la bola del lado cubano y quizás reitere que los cambios futuros dependen de los cambios en Cuba", apuntó Hernández.
"No creo que pase nada más, ni que los latinoamericanos vayan más allá de donde ya están, ni tengan capacidad para influir en un cambio o para intermediar entre los dos países", añadió. A su vez, Luis René Fernández, subdirector del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (Cehseu), advirtió que aun en las actuales condiciones de crisis, Estados Unidos "no es propenso a subordinarse al contexto regional o internacional" y una expresión clara es cómo no impactan en su percepción las votaciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Habana llevó por primera vez su demanda de cese del embargo a la ONU en 1992, con una resolución que aprobaron sólo 59 países. Al cabo de 17 años y sucesivas votaciones, la condena de la comunidad internacional es casi unánime.
Para Fernández, hay que tener en cuenta que con vista a la Cumbre existen temas importantes como los impactos de la crisis, los problemas del ambiente y el cambio climático, así como los precios de las materias primas y la seguridad alimentaria, que si se les diera una respuesta "sería de gran valor".
"Pero no debe esperarse mucho. La solución de los problemas de América Latina y el Caribe está más bien en aprovechar el balance de fuerzas y buscar con el resto del mundo un equilibrio beneficioso y favorable a sus intereses y no subordinado a Estados Unidos", consideró.
Al respecto, el director de Temas recalcó que Obama no tiene capacidad para ofrecer apoyo en ninguno de los problemas de la región verdaderamente graves, como son la pobreza y la desigualdad creciente, conflictos fronterizos, altos costos de la energía y, por encima de todo, la contracción que conlleva la crisis económica y la recesión.
"El mandatario estadounidense tiene las manos llenas con su propia crisis financiera. Iraq, Afganistán, Irán y hasta Corea del Norte son más importantes que América Latina", advirtió este experto, que considera infundada la mera insinuación de que el conflicto entre su país y Estados Unidos no se ha resuelto porque se ha saboteado del lado cubano
"Cuba siempre ha respondido positivamente a las propuestas de diálogo de Estados Unidos y el presidente (cubano) Raúl Castro lo ha reiterado en los últimos tres años", dijo Hernández, quien recordó además que su país no vive en una "urna de cristal" y los desafíos que se derivan de una relación más normal con el gran vecino ya están presentes.
"No creo que el efecto social e ideológico de los ciudadanos norteamericanos viajando legalmente a Cuba sea más negativo que el de los turistas de Italia o España, dijo el experto, que dudó, además, que "una relación más normal" sea la panacea, a menos que Washington "renuncie a influir en el destino político de Cuba", escenario que consideró improbable. (FIN/2009)
LA HABANA, 15 abr (IPS) - Inmerso como está en sus propios problemas, Estados Unidos tiene poco que ofrecer a América Latina, coincidieron expertos cubanos en vísperas de una nueva cumbre continental en la que participará por primera vez el presidente de ese país, Barack Obama.
En cuanto a Cuba, único país excluido de la V Cumbre de las Américas prevista del viernes al domingo en Trinidad y Tobago, no se prevén más novedades que las ya ofrecidas por Obama el lunes al levantar las restricciones impuestas a los inmigrantes cubanos residentes en Estados Unidos para viajar o enviar remesas de dinero a esta isla caribeña.
"Obama sabe que los latinoamericanos y caribeños están en contra del embargo (impuesto por Washington a Cuba hace casi cinco décadas), que la isla está menos aislada que nunca, sus relaciones con la Unión Europea (UE) son mejores que hace cinco años y son óptimas con China y Rusia", dijo a IPS Rafael Hernández, politólogo y editor de la revista teórica Temas.
No obstante, algunos mandatarios ya anunciaron que pondrán sobre el tapete el caso Cuba y pedirán explicaciones por la ausencia de esta nación caribeña en la cita. "Esa será una de las primeras preguntas que desde ahora resonarán en (la isla) Trinidad", advirtió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Este gobernante, quien el viernes se entrevistó en La Habana con los hermanos Fidel y Raúl Castro en el marco de una visita de 30 horas, convocó en Venezuela a una Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que agrupa a Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Ese encuentro, previsto para este jueves, permitiría a los miembros de este bloque nacido en 2004, preparar una postura conjunta ante la cita americana de Puerto España. Según Chávez, a la cumbre del ALBA fueron también invitados los presidentes Fernando Lugo, de Paraguay, y Rafael Correa, de Ecuador, Los mandatarios Daniel Ortega, de Nicaragua, y Evo Morales, de Bolivia, ya han anunciado que pedirán el cese del bloqueo estadounidense a Cuba en la Cumbre.
En tanto, otras autoridades continentales han tomado nota de que la suspensión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, desde 1962, es una anomalía que debería ser "corregida".
Para especialistas en La Habana, el mandatario estadounidense podrá responder a cualquier demanda sobre Cuba que su decisión de abrir las puertas para que los cubano-americanos viajen libremente y envíen remesas sin límites a sus familiares en la isla "expresa una voluntad política de cambio de su parte".
"Probablemente intente poner la bola del lado cubano y quizás reitere que los cambios futuros dependen de los cambios en Cuba", apuntó Hernández.
"No creo que pase nada más, ni que los latinoamericanos vayan más allá de donde ya están, ni tengan capacidad para influir en un cambio o para intermediar entre los dos países", añadió. A su vez, Luis René Fernández, subdirector del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (Cehseu), advirtió que aun en las actuales condiciones de crisis, Estados Unidos "no es propenso a subordinarse al contexto regional o internacional" y una expresión clara es cómo no impactan en su percepción las votaciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Habana llevó por primera vez su demanda de cese del embargo a la ONU en 1992, con una resolución que aprobaron sólo 59 países. Al cabo de 17 años y sucesivas votaciones, la condena de la comunidad internacional es casi unánime.
Para Fernández, hay que tener en cuenta que con vista a la Cumbre existen temas importantes como los impactos de la crisis, los problemas del ambiente y el cambio climático, así como los precios de las materias primas y la seguridad alimentaria, que si se les diera una respuesta "sería de gran valor".
"Pero no debe esperarse mucho. La solución de los problemas de América Latina y el Caribe está más bien en aprovechar el balance de fuerzas y buscar con el resto del mundo un equilibrio beneficioso y favorable a sus intereses y no subordinado a Estados Unidos", consideró.
Al respecto, el director de Temas recalcó que Obama no tiene capacidad para ofrecer apoyo en ninguno de los problemas de la región verdaderamente graves, como son la pobreza y la desigualdad creciente, conflictos fronterizos, altos costos de la energía y, por encima de todo, la contracción que conlleva la crisis económica y la recesión.
"El mandatario estadounidense tiene las manos llenas con su propia crisis financiera. Iraq, Afganistán, Irán y hasta Corea del Norte son más importantes que América Latina", advirtió este experto, que considera infundada la mera insinuación de que el conflicto entre su país y Estados Unidos no se ha resuelto porque se ha saboteado del lado cubano
"Cuba siempre ha respondido positivamente a las propuestas de diálogo de Estados Unidos y el presidente (cubano) Raúl Castro lo ha reiterado en los últimos tres años", dijo Hernández, quien recordó además que su país no vive en una "urna de cristal" y los desafíos que se derivan de una relación más normal con el gran vecino ya están presentes.
"No creo que el efecto social e ideológico de los ciudadanos norteamericanos viajando legalmente a Cuba sea más negativo que el de los turistas de Italia o España, dijo el experto, que dudó, además, que "una relación más normal" sea la panacea, a menos que Washington "renuncie a influir en el destino político de Cuba", escenario que consideró improbable. (FIN/2009)
miércoles, 15 de abril de 2009
México: ¡No al maíz transgénico! Red en Defensa del Maíz
Autor | Red en Defensa del Maíz | Idioma | Español | Pais | México | Publicado | 7 abril 2009 13:14
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Al gobierno de México
Al Convenio de Diversidad Biológica / Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad
A la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas / FAO
Las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, ambientales, de educación popular, organizaciones de base, comunidades eclesiales, grupos de productores, integrantes de movimientos urbanos, académicos y científicos, analistas políticos de la Red En defensa del maíz,
Rechazamos enérgicamente la siembra de maíz transgénico en México. Es un crimen histórico contra los pueblos del maíz, contra la biodiversidad y contra la soberanía alimentaria, contra diez mil años de agricultura campesina e indígena que legaron esta semilla para el bien de todos los pueblos de mundo.
Declaramos que el decreto presidencial del 6 de marzo del 2009, que permite la siembra de maíz transgénico, intencionalmente no considera que:
México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas.
Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que depende la alimentación humana y animal en el planeta.
El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. Existen estudios científicos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos.
Las variedades de maíz transgénico que se propone plantar en el país no resuelven los problemas de la agricultura mexicana: son más caros, pues el costo de las semillas y la licencia son mayores que los cultivos convencionales; no aumentan los rendimientos: son iguales o incluso los disminuyen, a menos que exista una muy fuerte incidencia de plagas que no son frecuentes en México; utilizan más plaguicidas, pues emiten la toxina Bt constantemente, generando resistencia y plagas secundarias que deben controlase con otros plaguicidas.
Provocarán daños a la diversidad biológica y al ambiente: al ser México un país megadiverso, ningún estudio realizado en otras condiciones es aplicable pues las variables e interconexiones aumentan exponencialmente.
Por ser un cultivo de polinización abierta es imposible evitar la contaminación transgénica del maíz cuando se siembra a campo abierto. La contaminación ocurre también en los almacenes, transportes, industrias.
Los trasngénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su nicho de mercado.
Todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y están controladas por seis multinacionales(Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación.
Los pueblos originarios de México crearon el maíz y han sido los guardianes y creadores de la diversidad de variedades que actualmente existe. De la integridad de sus derechos dependerá la soberanía alimentaria y la preservación de esta diversidad. Por ello, la contaminación transgénica es una herida a la identidad de los pueblos mesoamericanos y atenta contra diez mil años de agricultura. La siembra de maíz transgénico es un ataque frontal a los pueblos originarios y campesinos y una violación a sus derechos.
El maíz para los pueblos que constituímos México no es una mercancía, si no el origen de una civilización y base del sustento de las vidas y economías campesinas.
No permitiremos que se pierdan nuestras semillas, ni que se contaminen por transgenes propiedad de empresas transnacionales. No acataremos las leyes injustas que criminalizan las semillas y la vida campesina.
Seguiremos cuidando el maíz y la vida de los pueblos.Responsabilizamos de la pérdida y daños al maíz mexicano a las corporaciones productoras de semillas transgénicas; al poder legislativo que aprobó una Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Ley Monsanto) a favor de las empresas, al gobierno de México, a los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y a la Cibiogem que son responsables de las medidas finales para eliminar toda protección legal al maíz:
Por todas estas razones:
Rechazamos la siembra experimental o comercial de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
Rechazamos la "Ley Monsanto", su reglamento y cualquier otra forma de criminalización de las semillas campesinas. Rechazamos el monitoreo gubernamental de las milpas campesinas, porque es usado como pretexto para eliminar aún más semillas campesinas.
Nos comprometemos y llamamos a todas las comunidades y pueblos indígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico.
Llamamos a la población a exigir que todos los alimentos que comemos diariamente garanticen estar libres de transgénicos.
Llamamos a los organismos internacionales a condenar a México por esta violación a los derechos ancestrales de los campesinos, a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria y al principio de precaución en centros de origen de un cultivo básico para la alimentación y economía mundial.
¡NO AL MAÍZ TRANSGÉNICO!
RED EN DEFENSA DEL MAÍZ
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Al gobierno de México
Al Convenio de Diversidad Biológica / Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad
A la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas / FAO
Las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, ambientales, de educación popular, organizaciones de base, comunidades eclesiales, grupos de productores, integrantes de movimientos urbanos, académicos y científicos, analistas políticos de la Red En defensa del maíz,
Rechazamos enérgicamente la siembra de maíz transgénico en México. Es un crimen histórico contra los pueblos del maíz, contra la biodiversidad y contra la soberanía alimentaria, contra diez mil años de agricultura campesina e indígena que legaron esta semilla para el bien de todos los pueblos de mundo.
Declaramos que el decreto presidencial del 6 de marzo del 2009, que permite la siembra de maíz transgénico, intencionalmente no considera que:
México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas.
Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que depende la alimentación humana y animal en el planeta.
El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. Existen estudios científicos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos.
Las variedades de maíz transgénico que se propone plantar en el país no resuelven los problemas de la agricultura mexicana: son más caros, pues el costo de las semillas y la licencia son mayores que los cultivos convencionales; no aumentan los rendimientos: son iguales o incluso los disminuyen, a menos que exista una muy fuerte incidencia de plagas que no son frecuentes en México; utilizan más plaguicidas, pues emiten la toxina Bt constantemente, generando resistencia y plagas secundarias que deben controlase con otros plaguicidas.
Provocarán daños a la diversidad biológica y al ambiente: al ser México un país megadiverso, ningún estudio realizado en otras condiciones es aplicable pues las variables e interconexiones aumentan exponencialmente.
Por ser un cultivo de polinización abierta es imposible evitar la contaminación transgénica del maíz cuando se siembra a campo abierto. La contaminación ocurre también en los almacenes, transportes, industrias.
Los trasngénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su nicho de mercado.
Todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y están controladas por seis multinacionales(Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación.
Los pueblos originarios de México crearon el maíz y han sido los guardianes y creadores de la diversidad de variedades que actualmente existe. De la integridad de sus derechos dependerá la soberanía alimentaria y la preservación de esta diversidad. Por ello, la contaminación transgénica es una herida a la identidad de los pueblos mesoamericanos y atenta contra diez mil años de agricultura. La siembra de maíz transgénico es un ataque frontal a los pueblos originarios y campesinos y una violación a sus derechos.
El maíz para los pueblos que constituímos México no es una mercancía, si no el origen de una civilización y base del sustento de las vidas y economías campesinas.
No permitiremos que se pierdan nuestras semillas, ni que se contaminen por transgenes propiedad de empresas transnacionales. No acataremos las leyes injustas que criminalizan las semillas y la vida campesina.
Seguiremos cuidando el maíz y la vida de los pueblos.Responsabilizamos de la pérdida y daños al maíz mexicano a las corporaciones productoras de semillas transgénicas; al poder legislativo que aprobó una Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Ley Monsanto) a favor de las empresas, al gobierno de México, a los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y a la Cibiogem que son responsables de las medidas finales para eliminar toda protección legal al maíz:
Por todas estas razones:
Rechazamos la siembra experimental o comercial de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
Rechazamos la "Ley Monsanto", su reglamento y cualquier otra forma de criminalización de las semillas campesinas. Rechazamos el monitoreo gubernamental de las milpas campesinas, porque es usado como pretexto para eliminar aún más semillas campesinas.
Nos comprometemos y llamamos a todas las comunidades y pueblos indígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico.
Llamamos a la población a exigir que todos los alimentos que comemos diariamente garanticen estar libres de transgénicos.
Llamamos a los organismos internacionales a condenar a México por esta violación a los derechos ancestrales de los campesinos, a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria y al principio de precaución en centros de origen de un cultivo básico para la alimentación y economía mundial.
¡NO AL MAÍZ TRANSGÉNICO!
RED EN DEFENSA DEL MAÍZ
lunes, 13 de abril de 2009
Agrocombustibles: ¿Una alternativa "verde"?
Autor | Virginia Toledo López | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 26 marzo 2009 13:04
Los combustibles de origen agrícola han tenido un gran auge en el último tiempo. Frecuentemente se los presenta como una respuesta ecológica frente al calentamiento global o se los ve como una solución económica y renovable ante el horizonte de agotamiento del petróleo. Con ambos argumentos son impulsados estos energéticos desde algunos de los países que mayor consumo de hidrocarburos poseen y que generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
Consecuentemente, la mayor parte de los países industrializados han establecido políticas para aumentar la proporción de combustibles obtenidos a partir de cultivos en sus respectivas matrices energéticas. Particularmente, se destaca el rol que Estados Unidos y los países de la Unión Europea han tenido en la promoción de la producción y consumo de etanol y biodiesel. Ello ha llevado a algunos analistas a plantear que, en muchos casos, países con obligación de reducción de emisiones requerirán importar esos combustibles, en virtud de los grandes volúmenes de consumo de hidrocarburos y de la baja disponibilidad de tierras para cultivo que poseen.
El paulatino surgimiento del mercado internacional de estos combustibles ha despertado un interés renovado y creciente en los países tradicionalmente exportadores de materias primas y commodities de origen agrícola. En Argentina en los últimos años, además de sancionarse leyes que promueven el corte obligatorio de las naftas o del gasoil, han aflorado una serie de proyectos de gran envergadura para el mercado externo.
Paralelamente, se ha iniciado un prolífero debate respecto de la sustentabilidad de los agrocombustibles. La competencia por el uso del suelo con los alimentos, el balance energético, la emisión de gases de efecto invernadero y los impactos ambientales asociados al modelo de agricultura industrial son algunos de los aspectos considerados entre quienes sostienen que los agrocombustibles no constituyen una respuesta ecológica y adecuada ante los problemas ambientales y energéticos actuales.
Para acceder al documento completo (formato PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:
Agrocombustibles: ¿Una alternativa "verde"?
Los combustibles de origen agrícola han tenido un gran auge en el último tiempo. Frecuentemente se los presenta como una respuesta ecológica frente al calentamiento global o se los ve como una solución económica y renovable ante el horizonte de agotamiento del petróleo. Con ambos argumentos son impulsados estos energéticos desde algunos de los países que mayor consumo de hidrocarburos poseen y que generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
Consecuentemente, la mayor parte de los países industrializados han establecido políticas para aumentar la proporción de combustibles obtenidos a partir de cultivos en sus respectivas matrices energéticas. Particularmente, se destaca el rol que Estados Unidos y los países de la Unión Europea han tenido en la promoción de la producción y consumo de etanol y biodiesel. Ello ha llevado a algunos analistas a plantear que, en muchos casos, países con obligación de reducción de emisiones requerirán importar esos combustibles, en virtud de los grandes volúmenes de consumo de hidrocarburos y de la baja disponibilidad de tierras para cultivo que poseen.
El paulatino surgimiento del mercado internacional de estos combustibles ha despertado un interés renovado y creciente en los países tradicionalmente exportadores de materias primas y commodities de origen agrícola. En Argentina en los últimos años, además de sancionarse leyes que promueven el corte obligatorio de las naftas o del gasoil, han aflorado una serie de proyectos de gran envergadura para el mercado externo.
Paralelamente, se ha iniciado un prolífero debate respecto de la sustentabilidad de los agrocombustibles. La competencia por el uso del suelo con los alimentos, el balance energético, la emisión de gases de efecto invernadero y los impactos ambientales asociados al modelo de agricultura industrial son algunos de los aspectos considerados entre quienes sostienen que los agrocombustibles no constituyen una respuesta ecológica y adecuada ante los problemas ambientales y energéticos actuales.
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Agrocombustibles: ¿Una alternativa "verde"?
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