Autor | Roger Rumrrill | Idioma | Español | Pais | América Latina | Publicado | 28 septiembre 2009 13:28
La cuenca amazónica, paraíso de la biodiversidad, se encuentra en el ojo de la tormenta: sus ríos y bosques concentran todos los recursos vitales a los que apunta el capitalismo en crisis. La deforestación masiva, la contaminación, los megaproyectos viales, mineros e hidrocarburíferos amenazan la fragilidad de un ecosistema vital para el planeta.
Al amparo de los gobiernos de Brasil y Perú, se impone un neolatifundismo febril, en absoluta contradicción con la urgente necesidad de un sistema de desarrollo sustentable e inclusivo.
La dura y épica batalla delos pueblos indígenas amazónicos del Perú por el respeto a sus tierras y territorios tuvo un epílogo trágico el pasado 5 de junio en la localidad de Bagua, con una treintena de muertos. Pero también tuvo el impacto de un cambio de época, de un parteaguas en la Amazonía y en la política peruana: ha visibilizado a los indígenas erigiéndolos en actores sociales y políticos nacionales, puso en cuestión al modelo neoliberal y en jaque al gobierno de Alan García. Pero por sobre todas las cosas actualizó y puso en agenda el carácter geoestratégico del espacio amazónico sudamericano en el siglo XXI (1).
Los gurúes de la geopolítica coinciden en afirmar que la economía poscrisis del capitalismo debe sostenerse en cuatro recursos vitales: agua, energía, biodiversidad y tierras. Estas últimas para la producción de las commodities y en especial de alimentos baratos, cada vez más controlados por los oligopolios y monopsomios que están imponiendo su reinado a nivel planetario (2). Buena parte de esta riqueza estratégica se encuentra en la cuenca amazónica, localizada en las tierras y territorios indígenas de los países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela (3).
Elmar Altvater, economista de la Universidad Libre de Berlín y analista de la economía global escribió recientemente al respecto: “¿Qué se viene después de esta crisis? Al aguacero de la new economy en el 2000 siguió el boom inmobiliario con las hipotecas subprime y los productos financieros aventureros, lo que posibilitó unos cuantos años de imponentes negocios que han durado hasta ahora, hasta la crisis financiera más grave de los últimos 100 años. Capital disponible de todos modos sigue habiendo, a pesar de la crisis. Está al acecho de aquellas inversiones que hoy y en lo venidero podrían reportar réditos. ¿Cuáles podrían ser? Las materias primas, señaladamente petróleo y gas, así como agrocombustibles procedentes de la biomasa, son la primera opción. Sus precios debían subir, porque escasean y la demanda es alta. Los certificados de emisión para dióxido de carbono, conformes al Protocolo de Kyoto, prometen buenos réditos” (4).
De caza en el paraíso
La cuenca amazónica sudamericana es un subcontinente de más de 8 millones de kilómetros cuadrados con una población estimada de 33,5 millones de habitantes, de los cuales 21 millones viven en ciudades. Se calcula que la cuenca, presidida por el monarca de los ríos, el Amazonas, con más de 1.000 tributarios, posee entre el 15 y el 20 por ciento del agua dulce del mundo, un recurso vital –más que el petróleo y el gas, dado que es insustituible– y cada día más escaso, que es y será el recurso estratégico del siglo XXI (5).
La cuenca amazónica es el paraíso de la megadiversidad. Y el bosque cumple allí múltiples funciones: un papel crucial en el ciclo del agua, reservorio de carbono y banco genético. Pero no es la única riqueza. Además del agua, las tierras, los bosques y la fauna (sólo en el bosque amazónico peruano se han registrado 4.200 especies de mariposas, un récord mundial) existen también cuantiosos recursos mineros metálicos y no metálicos y los imprescindibles bancos de conocimiento de los pueblos indígenas sin los cuales es imposible imaginar el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica (6).
El capital transnacional, con su agudo olfato y su privilegiada información para los negocios, se ha lanzado a la caza de esta riqueza natural. Una suerte de neolatifundismo se instala en el planeta a través de una “fiebre” mundial de compra de tierras para producción de biocombustibles y alimentos baratos, complejos turísticos y reservas para servicios ambientales, entre otros múltiples fines. “Fiebre” que para la doctora Annelies Zoomers, de la Universidad de Utrecht (Holanda) “debe ser vista como una consecuencia de la combinación de la liberalización de los mercados, el auge de inversiones directas y los avances en las tecnologías de comunicación y transporte” (7).
Brasil y Perú, mediante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Alan García Pérez, respectivamente, se han convertido en los auténticos “Caballos de Troya” del capital transnacional que está desembarcando en el subcontinente amazónico. Por distintas razones, en los demás países de la cuenca, las puertas permanecen cerradas a este nuevo modelo de transnacionalización del bosque tropical. En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico hacen inviable otra ocupación del territorio amazónico colombiano. Mientras que los regímenes políticos de Ecuador, Bolivia y Venezuela son por ahora hostiles a negociar sus Amazonias con las multinacionales.
Según el periodista y escritor francés Christophe Ventura, Lula da Silva ha suscrito sólidos compromisos con las firmas del agrobusiness Monsanto, Syngenta, Cargill, Nestlé, Basf, Bayer y otros dinosaurios de la economía mundial para hacer realidad su sueño de convertir a Brasil en el mayor productor mundial de soja, de caña de azúcar para etanol y otros productos de gran demanda en el mercado global del siglo XXI (8). Alan García Pérez, por su lado, cree que la Amazonia peruana está sumida en el atraso por culpa de peruanos pobres –a los que de acuerdo a su filosofía ultraliberal califica de “perros del hortelano” porque poseen millones de hectáreas de tierras que están “ociosas”– que estorban el desarrollo y la modernidad que sólo puede abrirse paso a través de la privatización de las tierras y su venta al gran capital. Para hacerlas rentables y productivas, su gobierno promulgó un centenar de decretos legislativos para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, puerta de ingreso del gran capital y blindaje del modelo neoliberal (9).
Pero existen diferencias de fondo entre la transnacionalización del bosque y las tierras en la Amazonia brasileña y la que ejecuta Alan García en la Amazonia peruana. En Brasil, el propio Estado actúa como garante de esa transnacionalización. “No es que el Estado se retire y deje el espacio público para ser ocupado por las grandes corporaciones”, escribe Silvio Caccia Bava, director de la edición brasileña de Le Monde diplomatique (10). En realidad, Lula negocia desde un Estado cuyas empresas compiten codo con codo con las multinacionales europeas, estadounidenses o asiáticas. Para probarlo están Petrobras, Electrobras y Odebrecht. Se trata pues de un Estado fuerte, incluso con pujos y vocación imperiales (11).
García Pérez, por el contrario, no negocia con las transnacionales. Éstas imponen sus condiciones a un Estado débil y a un gobierno totalmente subordinado. Como señala el destacado economista peruano Humberto Campodónico: “La legislación peruana es absolutamente permisiva… Sucede que el Estado está tomado ‘desde adentro’ por lobbies y diversos bufetes de abogados que preparan la legislación ‘sastre’, al deseo de los inversionistas (...) Cuando el Estado está ‘privatizado’, poco o nada le interesa fortalecer las empresas estatales estratégicas (...). Y, claro, tampoco hace nada para cobrar los impuestos que le corresponden y que, en el caso de Petrotech, serán pagados en Estados Unidos y no en Perú” (12).
Objetivo político-militar
Así, la cuenca amazónica, que atesora el mayor banco genético del planeta Tierra, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta y está siendo asediada por poderosos intereses internacionales y amenazada por toda suerte de peligros. Todo esto porque sin ninguna duda es el espacio geoestratégico e hidropolítico más importante para la economía global en el siglo XXI.
En el seminario internacional sobre la Amazonía, “Desarrollo Local, Sustentabilidad y Organización Popular”, realizado en Río Branco, capital del estado brasileño del Acre, del 17 al 20 de julio de 2008, las organizaciones sociales de la mayoría de los países ribereños del Amazonas concluyeron que las amenazas que se ciernen sobre el espacio amazónico y sus poblaciones –sobre todo indígenas, habitantes ancestrales de la cuenca– son los megaproyectos energéticos, viales, hidrocarburíferos, mineros y los grandes monocultivos para biocombustibles que provocan la deforestación masiva de los bosques, la contaminación de ríos y lagos y el despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Todo ello contribuye a acelerar el cambio climático y a bloquear las posibilidades de construir un sistema de desarrollo inclusivo y sostenible.
“Por ejemplo, la agricultura migratoria y la ganadería han generado una deforestación amazónica acumulada al año 2005 de 857.666 kilómetros cuadrados; asimismo, en la Amazonia brasileña, en un período de 30 años (1975-2005), la red vial se multiplicó diez veces, lo que estimuló el desarrollo de asentamientos humanos. Más recientemente, la producción creciente de biocombustibles podría acelerar el cambio de uso del suelo en la región” (13).
El Fondo Mundial para la Naturaleza (FMN), en un informe de septiembre de 2006, sostiene que para el año 2050 la humanidad necesitará los recursos de dos planetas Tierra para abastecer la demanda mundial de alimentos, agua, energía, suelos y otras riquezas naturales. A la actual tasa de extracción, la naturaleza amazónica está perdiendo su capacidad de regeneración. Pero la tala ilegal no sólo abate los bosques tropicales del Amazonas, también devasta al resto del planeta. El Banco Mundial ha calculado que los países con bosques tropicales de América Latina, África y Asia pierden entre 10.000 y 15.000 millones de dólares anuales en el comercio ilegal de madera. En Perú, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, se extraen cada año 22.000 metros cúbicos de caoba (Swetenia macrophyla) por un valor de 40 millones de dólares. El 90% de la extracción de esa valiosa especie, el “oro rojo de la Amazonia”, es de origen ilegal porque proviene de áreas de conservación como Parques y Reservas Nacionales (14).
Por otra parte, en el plano político y jurídico, los movimientos sociales amazónicos denuncian un proceso de militarización y criminalización de los pueblos, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.
La “guerra mundial contra las drogas”, cuyo mayor promotor es Estados Unidos, es una guerra perdida desde que se inició hace más de tres decenios. Ha fracasado en su objetivo de frenar o eliminar la producción y el consumo de las drogas naturales como la cocaína y la heroína. Pero es un éxito en su objetivo geopolítico. Porque la “guerra mundial contra las drogas” ha sido y sigue siendo instrumentalizada con fines geopolíticos y de seguridad hemisférica. Tal es el caso de Colombia. Ni el narcotráfico ni las FARC son las razones de fondo de la presencia militar de Estados Unidos en ese país, sino el monitoreo de sus intereses geoestratégicos en América del Sur: el petróleo, el gas, la biodiversidad y el agua de la cuenca amazónica (15).
En efecto, pese a su ostensible declinación como potencia unipolar, Estados Unidos sigue siendo el mayor poder militar del mundo, y sus políticas estratégicas mantienen una continuidad a prueba de los cambios de administración. En 2007 el informe del US Southern Command confirmaba la voluntad estadounidense de garantizar “la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de toda América” (16), un eufemismo que esconde su vocación mesiánica y la urgencia de intereses que le llevan a pensar a América Latina como su antiguo “patio trasero”. Allí, el jardín amazónico cumple un papel cada día mayor.
Róger Rumrrill es periodista y escritor, experto en temas amazónicos. Es autor de 26 libros sobre la Amazonía.
(1) Francisco Durand, “Crisis en las alturas”, La República, Lima, 5-7-09.
(2) De acuerdo a la organización GRAIN, las multinacionales han especulado con los precios de los alimentos obteniendo inmensas utilidades. Cargill, la mayor empresa de granos del mundo, tuvo un aumento en sus ganancias del 86% en el primer trimestre del año 2008. Bunge, otro gigante de los alimentos, subió en un 77% sus utilidades en el último trimestre del 2007. Por su lado, Archer Daniels Midland Company incrementó sus ganancias en 67% en 2007. Para más información,véase Boletín Democracy Now, 28-4-08: www.democracynow. org/es/2008/4/28/titulares#13
(3) OTCA y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía. GEO Amazonía”, 2009.
(4) En Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf, Las limitaciones de la globalización. Economía, ecología y política de la globalización, Siglo XXI Editores, México DF, 2008.
(5) El 97,5% del agua existente en el planeta Tierra es agua salada de océanos y mares; sólo un 2,5% es agua dulce, apta para el consumo humano, la agricultura y la industria. Y de ese 2,5 sólo queda disponible el 1%, nada más. Pero ese 1% se está agotando. De acuerdo con la información científica disponible, la temperatura promedio de la Tierra aumentará de 1,5 a 5 grados en el siglo XXI, provocando cambios radicales en la estabilidad ecológica planetaria. El mayor impacto se está produciendo en la disponibilidad del agua, por cuanto la superficie de hielo, nieve y glaciares que alimentan los ríos y lagos se está derritiendo y disminuyendo por el calentamiento climático. Véase también OTCA-PNUMA, op. cit.
(6) Róger Rumrrill, La Amazonía Peruana. La última renta estratégica del Perú en el siglo XXI o la Tierra Prometida, PNUD-CONAM, Lima, 2008.
(7) “La globalización está generando cambios a gran escala en la propiedad y uso de la tierra”, entrevista a la doctora Annelies Zoomers, La revista agraria, NÞ 106, abril de 2009: www.cepes.org.pe/revista/r-agra106/LRA106-04-05.pdf
(8) Christophe Ventura, “Polo de resistencia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2009.
(9) Alan García Pérez, “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28-10-07: www.elcomercio.com.pe
(10) S. Caccia Bava, “Gigante pela própia natureza”, Le Monde diplomatique, edición brasileña, San Pablo, febrero de 2009.
(11) Esta temprana vocación expansiva aparece ya en la época colonial, luego de la conquista de Portugal por Felipe II en 1580 y cuya consecuencia política en el Nuevo Mundo fue la desaparición de los límites coloniales al producirse la unificación de los reinos de España y Portugal. De este período datan las eficaces y devastadoras expediciones de bandeirantes que se infiltraron y tomaron posesión de territorios pertenecientes a las colonias españolas. Primero Portugal, libre ya de la tutela del imperio español, y luego Brasil, independiente de la corona lusitana, merced a una hábil y persuasiva diplomacia de hechos consumados –o de aplicación de la doctrina del uti possidetis iure–, lograron afianzar los avances territoriales y luego incorporar definitivamente a la soberanía brasileña más de un millón de kilómetros cuadrados. Véase R. Rumrrill y María Elena Medina, Acerca del Pacto Amazónico, CIPA, Lima, 1981.
(12) Humberto Campodónico, “Cristal de Mira”. La República, Lima, 9-2-09.
(13) OTCA-PNUMA, “Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía. GEO Amazonia”, op. cit.
(14) Róger Rumrrill, La Amazonía Peruana, op. cit.
(15) Idem.
(16) Juan Gabriel Tokatlian, “El militarismo estadounidense en América del Sur. La configuración de un problema”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2008. Véase también el dossier “Petróleo y Plan Colombia. Guerra por la Amazonia”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, abril de 2008.
Fuente: Rebelión
martes, 6 de octubre de 2009
lunes, 5 de octubre de 2009
AGRICULTURA-BRASIL: Mucha tierra en poder de pocos
Por Fabiana Frayssinet
RÍO DE JANEIRO, 1 oct (IPS) - El avance del agronegocio, con monocultivos de soja o de caña de azúcar, es el responsable en Brasil de la expansión de las grandes propiedades, que cada día quedan en menos manos, según organizaciones campesinas y analistas del sector.
Así lo indica el Censo Agropecuario de 2006, realizado por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que tomó como base de trabajo de campo más de cinco millones de haciendas.
El informe señala que el índice que mide la distribución del suelo vinculando el área total de cultivos comparado con la cantidad de dueños de la tierra fue en 2006 de 0,872, quedando muy cerca del nivel máximo de concentración de tierras, indicado con el número "1".
El mismo índice en el censo agropecuario anterior, realizado en 1995-1996, era de 0,856, es decir que aumentó en 1,9 por ciento.
El censo determinó que la concentración aumentó en todos los estados, mientras se acentuaba la pérdida de fuentes de trabajo.
Asimismo, la investigación contiene datos puntuales de cada estado. Los más reveladores para los analistas, es que en áreas como las de São Paulo el avance de los cultivos de caña de azúcar hizo que se incrementara en 6,1 por ciento la concentración de la tierra en el mismo período, gracias al incentivo de la producción de combustibles como el etanol.
Los responsables de la encuesta del IBGE, divulgada el miércoles, dicen que esa realidad paulista muestra que uno de los principales factores del aumento de la concentración es el avance del agronegocio y de los grandes monocultivos para exportación, como los de soja y maíz, al igual que la expansión de fronteras agropecuarias hasta abarcar áreas protegidas como la Amazonia y el Pantanal matogrosense.
También aumentó la desigualdad rural. En el sudoccidental estado de Mato Grosso do Sul fue de 4,1 por ciento y en el norteño de Tocantins de 9,1 por ciento.
En Mato Grosso do Sul, donde el índice de desigualdad en la tenencia de la tierra llegó a 0,865, se estimuló desde la década pasada la producción de soja y de ganado vacuno, mientras que en el nororiental estado de Alagoas, donde alcanzó el 0,871, creció la explotación de caña de azúcar. Algo similar ocurrió en el estado de Sao Paulo.
Los expertos del IBGE aclararon que el índice que da la proporción de la concentración, no significa en si mismo los beneficios o perjuicios de esa distribución. Por ejemplo, no revela datos sobre arrendamiento de la tierra.
Una interpretación que, sin embargo, es cuestionada por organizaciones campesinas y especialistas del sector rural.
La socióloga Brancolina Ferreira, del también estatal Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), destacó que, aunque todavía no hubo tiempo hábil para conocer los resultados del censo en detalle, "a primera vista salta que entre 1996 y 2006 aumentó la concentración de la propiedad de la tierra".
Inclusive en las zonas "donde había un gran número de familias asentadas por disposición gubernamental en el marco de la reforma agraria, acotó a IPS esta técnica en investigación y planificación del IPEA.
Joao Pedro Stedile, de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), no se sorprendió por los resultados.
"Es el retrato que refleja lo que ya estábamos denunciando en la práctica y es que en los últimos 10 años hubo una brutal concentración de la propiedad de la tierra en Brasil", respondió el dirigente campesino a IPS.
Según el estudio, las propiedades mayores de 1.000 hectáreas controlan nada menos que 46 por ciento de todas las tierras de Brasil. Mientras que las propiedades con menos de 10 hectáreas controlan apenas 2,7 por ciento.
"Yo creo que ahora debemos ser el país con mayor concentración de la propiedad en el mundo", se lamentó.
Stedile atribuyó el aumento de la concentración rural a la expansión del agronegocio dirigido a la exportación, que necesita de grandes extensiones e inversiones para producir a gran escala.
"Eso confirma que la agricultura brasileña pasó a ser dominada por el gran capital internacional, que se unió a los hacendados para aplicar el modelo del agronegocio", agregó.
Lo que ahora está expreso en números según el MST, ya era evidente a simple vista en la expansión de los monocultivos de caña, de naranja, de eucaliptos y de la ganadería extensiva.
Según el Instituto de Colonización Agraria, durante la gestión gubernamental de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2008, se entregaron parcelas para cultivo a 519.000 familias, que equivale a 59 por ciento del total concretado en toda la historia del país
Asegura además que de 2003 a 2009 se destinaron en créditos 4.352 millones de reales (1.275 millones de dólares).
Pero para Stedile, esos avances son parte de una reforma agraria que es "apenas de compensación social" y que no "ataca la gran propiedad de la tierra en Brasil."
Junto a otros movimientos sociales y campesinos, el MST dice que "es hora de debatir con urgencia" cuál es el modelo que el país quiere. Si el del agronegocio "aliado a empresas nacionales que controlan la producción y el comercio de granos y materias primas" o el de agricultura familiar y de reforma agraria.
El mismo censo reveló que la agricultura familiar es la que produce 85 por ciento de todos los alimentos de Brasil y, entrando en detalles, 87 por ciento de la mandioca, 70 por ciento del fríjol, entre otros, mientras que emplea 74 por ciento de los trabajadores en el campo.
"El agronegocio esta preocupado en cambio por producir dólares exportando", según Stedile.
Ferreira de IPEA, considera que para combatir la desigualdad en el campo es necesario "terminar la reforma agraria", revisar algunos dispositivos legales, invertir en la estructuración productiva de los asentados, darles una asistencia permanente de calidad, acabar con el analfabetismo y elevar los niveles de escolaridad, entre otras medidas.
Stedile va más allá. Reivindica lo que llama "una reforma agraria popular", basada en la desconcentración de la tierra, en la priorización de la producción de alimentos para el mercado interno y en el incentivo de pequeñas agroindustrias en forma de cooperativa.
También destaca otras necesidades, como la de adoptar técnicas de producción agrícola basadas en la agro-ecología sin elementos tóxicos.
En ese sentido, el censo se refiere a otros datos llamativos como que 27 por ciento de las haciendas usan agrotóxicos, sin mayores criterios o controles.
Y establece que la concentración de la tierra no fue mayor por la creación de parte del gobierno de áreas de preservación de tierras indígenas. En esa dirección, un estado como el amazónico de Roraiama, con gran presencia de reservas, es el que presentó una mayor caída del índice de desigualdad, en el orden de 18,3 por ciento negativo. (FIN/2009)
RÍO DE JANEIRO, 1 oct (IPS) - El avance del agronegocio, con monocultivos de soja o de caña de azúcar, es el responsable en Brasil de la expansión de las grandes propiedades, que cada día quedan en menos manos, según organizaciones campesinas y analistas del sector.
Así lo indica el Censo Agropecuario de 2006, realizado por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que tomó como base de trabajo de campo más de cinco millones de haciendas.
El informe señala que el índice que mide la distribución del suelo vinculando el área total de cultivos comparado con la cantidad de dueños de la tierra fue en 2006 de 0,872, quedando muy cerca del nivel máximo de concentración de tierras, indicado con el número "1".
El mismo índice en el censo agropecuario anterior, realizado en 1995-1996, era de 0,856, es decir que aumentó en 1,9 por ciento.
El censo determinó que la concentración aumentó en todos los estados, mientras se acentuaba la pérdida de fuentes de trabajo.
Asimismo, la investigación contiene datos puntuales de cada estado. Los más reveladores para los analistas, es que en áreas como las de São Paulo el avance de los cultivos de caña de azúcar hizo que se incrementara en 6,1 por ciento la concentración de la tierra en el mismo período, gracias al incentivo de la producción de combustibles como el etanol.
Los responsables de la encuesta del IBGE, divulgada el miércoles, dicen que esa realidad paulista muestra que uno de los principales factores del aumento de la concentración es el avance del agronegocio y de los grandes monocultivos para exportación, como los de soja y maíz, al igual que la expansión de fronteras agropecuarias hasta abarcar áreas protegidas como la Amazonia y el Pantanal matogrosense.
También aumentó la desigualdad rural. En el sudoccidental estado de Mato Grosso do Sul fue de 4,1 por ciento y en el norteño de Tocantins de 9,1 por ciento.
En Mato Grosso do Sul, donde el índice de desigualdad en la tenencia de la tierra llegó a 0,865, se estimuló desde la década pasada la producción de soja y de ganado vacuno, mientras que en el nororiental estado de Alagoas, donde alcanzó el 0,871, creció la explotación de caña de azúcar. Algo similar ocurrió en el estado de Sao Paulo.
Los expertos del IBGE aclararon que el índice que da la proporción de la concentración, no significa en si mismo los beneficios o perjuicios de esa distribución. Por ejemplo, no revela datos sobre arrendamiento de la tierra.
Una interpretación que, sin embargo, es cuestionada por organizaciones campesinas y especialistas del sector rural.
La socióloga Brancolina Ferreira, del también estatal Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), destacó que, aunque todavía no hubo tiempo hábil para conocer los resultados del censo en detalle, "a primera vista salta que entre 1996 y 2006 aumentó la concentración de la propiedad de la tierra".
Inclusive en las zonas "donde había un gran número de familias asentadas por disposición gubernamental en el marco de la reforma agraria, acotó a IPS esta técnica en investigación y planificación del IPEA.
Joao Pedro Stedile, de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), no se sorprendió por los resultados.
"Es el retrato que refleja lo que ya estábamos denunciando en la práctica y es que en los últimos 10 años hubo una brutal concentración de la propiedad de la tierra en Brasil", respondió el dirigente campesino a IPS.
Según el estudio, las propiedades mayores de 1.000 hectáreas controlan nada menos que 46 por ciento de todas las tierras de Brasil. Mientras que las propiedades con menos de 10 hectáreas controlan apenas 2,7 por ciento.
"Yo creo que ahora debemos ser el país con mayor concentración de la propiedad en el mundo", se lamentó.
Stedile atribuyó el aumento de la concentración rural a la expansión del agronegocio dirigido a la exportación, que necesita de grandes extensiones e inversiones para producir a gran escala.
"Eso confirma que la agricultura brasileña pasó a ser dominada por el gran capital internacional, que se unió a los hacendados para aplicar el modelo del agronegocio", agregó.
Lo que ahora está expreso en números según el MST, ya era evidente a simple vista en la expansión de los monocultivos de caña, de naranja, de eucaliptos y de la ganadería extensiva.
Según el Instituto de Colonización Agraria, durante la gestión gubernamental de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2008, se entregaron parcelas para cultivo a 519.000 familias, que equivale a 59 por ciento del total concretado en toda la historia del país
Asegura además que de 2003 a 2009 se destinaron en créditos 4.352 millones de reales (1.275 millones de dólares).
Pero para Stedile, esos avances son parte de una reforma agraria que es "apenas de compensación social" y que no "ataca la gran propiedad de la tierra en Brasil."
Junto a otros movimientos sociales y campesinos, el MST dice que "es hora de debatir con urgencia" cuál es el modelo que el país quiere. Si el del agronegocio "aliado a empresas nacionales que controlan la producción y el comercio de granos y materias primas" o el de agricultura familiar y de reforma agraria.
El mismo censo reveló que la agricultura familiar es la que produce 85 por ciento de todos los alimentos de Brasil y, entrando en detalles, 87 por ciento de la mandioca, 70 por ciento del fríjol, entre otros, mientras que emplea 74 por ciento de los trabajadores en el campo.
"El agronegocio esta preocupado en cambio por producir dólares exportando", según Stedile.
Ferreira de IPEA, considera que para combatir la desigualdad en el campo es necesario "terminar la reforma agraria", revisar algunos dispositivos legales, invertir en la estructuración productiva de los asentados, darles una asistencia permanente de calidad, acabar con el analfabetismo y elevar los niveles de escolaridad, entre otras medidas.
Stedile va más allá. Reivindica lo que llama "una reforma agraria popular", basada en la desconcentración de la tierra, en la priorización de la producción de alimentos para el mercado interno y en el incentivo de pequeñas agroindustrias en forma de cooperativa.
También destaca otras necesidades, como la de adoptar técnicas de producción agrícola basadas en la agro-ecología sin elementos tóxicos.
En ese sentido, el censo se refiere a otros datos llamativos como que 27 por ciento de las haciendas usan agrotóxicos, sin mayores criterios o controles.
Y establece que la concentración de la tierra no fue mayor por la creación de parte del gobierno de áreas de preservación de tierras indígenas. En esa dirección, un estado como el amazónico de Roraiama, con gran presencia de reservas, es el que presentó una mayor caída del índice de desigualdad, en el orden de 18,3 por ciento negativo. (FIN/2009)
domingo, 4 de octubre de 2009
La Iniciativa Mérida, estados fallidos y falsas independencias
Autor | OFRANEH | Idioma | Español | Pais | Honduras | Publicado | 28 septiembre 2009 13:37
El día 15 de septiembre los países centroamericanos y México celebraron sus 188 años de independencia de España. El ambiente enrarecido que se vive en nuestro país nos obliga a reflexionar sobre el rumbo político y económico que determinará el futuro de la región.
La inducción exógena a estados fallidos que hemos vivido en los últimos años, forma parte de una estrategia de dominación practicada por los Estados Unidos, en donde el narcotráfico se ha convertido en la disculpa para promover la intervención.
Los deslucidos desfiles militares acompañados por un pueblo con hambre y sed de justicia, no logró servir de catarsis para el pueblo que cada día ven a sus gobernantes convertirse aún más en vasallos de los intereses transnacionales. En el caso de Honduras es aún más vergonzoso, pues el ejercito cipayo y los títeres de Washington cada día pisotean más los derechos humanos del pueblo hondureño.
El narcotráfico es la excusa de los Estados Unidos para las conjuras y la represión que se aplica a lo largo del istmo, en persecución de un negocio made in usa, que le ha servido para el control social interno en ese país a través de la drogadicción al mismo tiempo que justifica la militarización al sur de la frontera.
La Iniciativa Mérida, réplica del Plan Colombia, es una maniobra más para crear las situaciones propensas a una intervención directa acompañando a nuestros ejércitos nacionales, a los cuales les queda imposible disfrazar su rol de ejércitos de ocupación.
La fabricación mediática de falacias que vienen efectuando los medios de comunicación locales afines a la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), distorsionan la realidad y se dan el lujo de engañar a pueblos que sufren de un severo analfabetismo político, como consecuencias de las guerras fratricidas de los años 80 y del menguado acceso a los beneficios de la educación formal.
La guerra en contra de las drogas, de donde deriva tanto el plan Colombia y la Iniciativa Mérida no son más que parte de un drama singular en donde los Estados Unidos pone el mercado, los precursores químicos, las armas y el blanqueo de las ganancias de las drogas; al mismo tiempo que estampa un sello de represión en toda la región, acompañado en los últimos años de una proliferación de bases para supuestamente desde ahí controlar el flujo de estupefacientes.
Es interesante además como surgen bandas de militares organizados, entre ellas los zetas y kaibiles, que posteriormente de participar en las fuerzas represivas pasan a conformar las huestes de sicarios de los carteles de las drogas. Al igual que las bandas juveniles conocidas como maras, originadas en las cárceles de los Estados Unidos donde son recluidos los jóvenes centroamericanos. La Iniciativa Mérida incluye a las maras como uno de sus objetivos militares, sin tener en cuenta el origen socioeconómico de la problemática y el papel jugado por las políticas económicas neoliberales y el desplazamiento poblacional causado por las guerras locales de los años 80.
El golpe de Estado en Honduras, intervención directa de los Estados Unidos, que sus afines trataron de maquillar como sucesión constitucional, siendo este un ejemplo más de la inducción a crear estados fallidos promovidas tanto por la administración Bush como la Obama. En la actualidad en Honduras existe un gobierno de facto que según sus medios de comunicación nada inusual está sucediendo en el país, mientras la realidad demuestra una ingorbernabilidad que a pesar de la represión es altamente palpable y debilitante.
La construcción de una base militar en la Moskitia Hondureña (Caratasca) se suma a las siete bases que Estados Unidos logró obtener de la administración de Álvaro Uribe, con el supuesto objetivo de afianzar el Plan Colombia, pero que muchos interpretan como una ofensiva para desestabilizar al gobierno de la república Bolivariana de Venezuela.
El choque de bloques comerciales y políticos ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas) ha intensificado en forma abrumadora la intervención por parte de los Estados Unidos que quedó demostrada con el golpe militar del 28 de junio. Es indudable el rol jugado por los servicios de inteligencia de ese país, los que no vislumbraron la heroica resistencia que ha demostrado el pueblo hondureño y su rechazo a la intervención yankee.
Las empresas telefónicas extranjeras, fruteras internacionales, consorcios petroleros y la oligarquía local, participaron en financiar la defenestración de Manuel Zelaya, que al pretender efectuar una encuesta no vinculante recibió los ataques virulentos por parte de los medios de comunicación locales que comenzaron una guerra mediática en su contra, acompañada por interpretaciones venenosas sobre la encuesta.
Es importante reflexionar sobre el papel jugado por el diario Wall Sreet Journal (WSJ), propiedad del ultraconservador Rupert Murdoch. Desde el primer día del golpe el WSJ ha venido apoyando a los transgresores de la ley, al mismo tiempo que inició una campaña de satanización de la izquierda hondureña con vista a calificarla de estar asociada a grupos terroristas. Murdoch y sus medios son equiparables al trabajo de conversión de Honduras en estado fallido que ha venido realizando el Sr. Jorge Canahuati, propietario de los periódicos El Heraldo y La Prensa, destacados como especialista en distorsión de la información y azuzamiento.
México y Honduras en la actualidad ostentan el calificativo de estados fallidos, como producto de las intervenciones directas de los Estados Unidos que ha comprobado la utilidad de derruir la instituciones locales para justificar intervenciones. El efecto dominó se hará sentir en los próximos meses y Guatemala se encuentra en la lisa de espera. Para el imperio la apropiación de los recursos naturales es un objetivo inminente, en especial los recursos energéticos que son esenciales para poder proseguir en el derroche de combustibles fósiles que caracteriza al país más depredador del planeta.
A los 188 años de lo que fue la supuesta independencia de España, manipulada por los criollos y el clero, es objeto de "festividades" que siempre han servido para sacar a relucir las oxidas y obsoletas armas, la sensación que prevalece entre nuestros pueblos - a excepción de las exiguas elites dominantes- es de estar ocupados militarmente por ejércitos cipayos al servicio del mejor postor. La independencia económica nunca existió y la política ha sido una larga lista de traiciones incubadas en Washington y de guerras fratricidas donde siempre los victoriosos son los intereses de los Estados Unidos.
Nuestros pueblos reaccionan en este momento a la fatalidad impuesta por el imperio. El golpe militar en Honduras ha sido una enorme escuela política para los hondureños, que ya no retrocederemos en la conquista de una patria para todos a través de una Asamblea Constituyente que redactará una constitución que reflejará los intereses del pueblo y no sólo la elite adepta al Tio Sam, sus cañoneras, bananeras y sus geoestrategias militares.
La Ceiba, 16 de Septiembre del 2009.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058
Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras
email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com
El día 15 de septiembre los países centroamericanos y México celebraron sus 188 años de independencia de España. El ambiente enrarecido que se vive en nuestro país nos obliga a reflexionar sobre el rumbo político y económico que determinará el futuro de la región.
La inducción exógena a estados fallidos que hemos vivido en los últimos años, forma parte de una estrategia de dominación practicada por los Estados Unidos, en donde el narcotráfico se ha convertido en la disculpa para promover la intervención.
Los deslucidos desfiles militares acompañados por un pueblo con hambre y sed de justicia, no logró servir de catarsis para el pueblo que cada día ven a sus gobernantes convertirse aún más en vasallos de los intereses transnacionales. En el caso de Honduras es aún más vergonzoso, pues el ejercito cipayo y los títeres de Washington cada día pisotean más los derechos humanos del pueblo hondureño.
El narcotráfico es la excusa de los Estados Unidos para las conjuras y la represión que se aplica a lo largo del istmo, en persecución de un negocio made in usa, que le ha servido para el control social interno en ese país a través de la drogadicción al mismo tiempo que justifica la militarización al sur de la frontera.
La Iniciativa Mérida, réplica del Plan Colombia, es una maniobra más para crear las situaciones propensas a una intervención directa acompañando a nuestros ejércitos nacionales, a los cuales les queda imposible disfrazar su rol de ejércitos de ocupación.
La fabricación mediática de falacias que vienen efectuando los medios de comunicación locales afines a la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), distorsionan la realidad y se dan el lujo de engañar a pueblos que sufren de un severo analfabetismo político, como consecuencias de las guerras fratricidas de los años 80 y del menguado acceso a los beneficios de la educación formal.
La guerra en contra de las drogas, de donde deriva tanto el plan Colombia y la Iniciativa Mérida no son más que parte de un drama singular en donde los Estados Unidos pone el mercado, los precursores químicos, las armas y el blanqueo de las ganancias de las drogas; al mismo tiempo que estampa un sello de represión en toda la región, acompañado en los últimos años de una proliferación de bases para supuestamente desde ahí controlar el flujo de estupefacientes.
Es interesante además como surgen bandas de militares organizados, entre ellas los zetas y kaibiles, que posteriormente de participar en las fuerzas represivas pasan a conformar las huestes de sicarios de los carteles de las drogas. Al igual que las bandas juveniles conocidas como maras, originadas en las cárceles de los Estados Unidos donde son recluidos los jóvenes centroamericanos. La Iniciativa Mérida incluye a las maras como uno de sus objetivos militares, sin tener en cuenta el origen socioeconómico de la problemática y el papel jugado por las políticas económicas neoliberales y el desplazamiento poblacional causado por las guerras locales de los años 80.
El golpe de Estado en Honduras, intervención directa de los Estados Unidos, que sus afines trataron de maquillar como sucesión constitucional, siendo este un ejemplo más de la inducción a crear estados fallidos promovidas tanto por la administración Bush como la Obama. En la actualidad en Honduras existe un gobierno de facto que según sus medios de comunicación nada inusual está sucediendo en el país, mientras la realidad demuestra una ingorbernabilidad que a pesar de la represión es altamente palpable y debilitante.
La construcción de una base militar en la Moskitia Hondureña (Caratasca) se suma a las siete bases que Estados Unidos logró obtener de la administración de Álvaro Uribe, con el supuesto objetivo de afianzar el Plan Colombia, pero que muchos interpretan como una ofensiva para desestabilizar al gobierno de la república Bolivariana de Venezuela.
El choque de bloques comerciales y políticos ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas) ha intensificado en forma abrumadora la intervención por parte de los Estados Unidos que quedó demostrada con el golpe militar del 28 de junio. Es indudable el rol jugado por los servicios de inteligencia de ese país, los que no vislumbraron la heroica resistencia que ha demostrado el pueblo hondureño y su rechazo a la intervención yankee.
Las empresas telefónicas extranjeras, fruteras internacionales, consorcios petroleros y la oligarquía local, participaron en financiar la defenestración de Manuel Zelaya, que al pretender efectuar una encuesta no vinculante recibió los ataques virulentos por parte de los medios de comunicación locales que comenzaron una guerra mediática en su contra, acompañada por interpretaciones venenosas sobre la encuesta.
Es importante reflexionar sobre el papel jugado por el diario Wall Sreet Journal (WSJ), propiedad del ultraconservador Rupert Murdoch. Desde el primer día del golpe el WSJ ha venido apoyando a los transgresores de la ley, al mismo tiempo que inició una campaña de satanización de la izquierda hondureña con vista a calificarla de estar asociada a grupos terroristas. Murdoch y sus medios son equiparables al trabajo de conversión de Honduras en estado fallido que ha venido realizando el Sr. Jorge Canahuati, propietario de los periódicos El Heraldo y La Prensa, destacados como especialista en distorsión de la información y azuzamiento.
México y Honduras en la actualidad ostentan el calificativo de estados fallidos, como producto de las intervenciones directas de los Estados Unidos que ha comprobado la utilidad de derruir la instituciones locales para justificar intervenciones. El efecto dominó se hará sentir en los próximos meses y Guatemala se encuentra en la lisa de espera. Para el imperio la apropiación de los recursos naturales es un objetivo inminente, en especial los recursos energéticos que son esenciales para poder proseguir en el derroche de combustibles fósiles que caracteriza al país más depredador del planeta.
A los 188 años de lo que fue la supuesta independencia de España, manipulada por los criollos y el clero, es objeto de "festividades" que siempre han servido para sacar a relucir las oxidas y obsoletas armas, la sensación que prevalece entre nuestros pueblos - a excepción de las exiguas elites dominantes- es de estar ocupados militarmente por ejércitos cipayos al servicio del mejor postor. La independencia económica nunca existió y la política ha sido una larga lista de traiciones incubadas en Washington y de guerras fratricidas donde siempre los victoriosos son los intereses de los Estados Unidos.
Nuestros pueblos reaccionan en este momento a la fatalidad impuesta por el imperio. El golpe militar en Honduras ha sido una enorme escuela política para los hondureños, que ya no retrocederemos en la conquista de una patria para todos a través de una Asamblea Constituyente que redactará una constitución que reflejará los intereses del pueblo y no sólo la elite adepta al Tio Sam, sus cañoneras, bananeras y sus geoestrategias militares.
La Ceiba, 16 de Septiembre del 2009.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058
Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras
email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com
sábado, 3 de octubre de 2009
CHILE: Gobierno estudia demanda a empresa geotérmica
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, 29 sep (IPS) - El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) podría demandar por daño ambiental al consorcio chileno-italiano que realiza una exploración geotérmica a pocos kilómetros del turístico campo de géiseres de El Tatio, en la norteña región de Antofagasta.
A principios de este mes, una columna de vapor de agua de entre 30 y 60 metros de altura se levantó sobre uno de los pozos de exploración donde la empresa Geotérmica del Norte extrae y reinyecta fluidos geotérmicos con el fin de evaluar el potencial energético del sector.
"El proyecto ha tenido una contingencia que no estaba prevista en la resolución de calificación ambiental... En una operación rigurosa, cuidada, de acuerdo al desarrollo normal del proyecto, esto nunca debió haber ocurrido", dijo la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
La secretaria de Estado se reunió este martes con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, para solicitar que el organismo evalúe la posibilidad de interponer una acción por daño ambiental ante la justicia.
El CDE es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica e independiente de los ministerios, que es supervisado directamente por la presidenta de la República. Su misión es defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado en sus intereses patrimoniales y no patrimoniales.
Mackenney confirmó que el CDE estudia el caso desde hace varios días.
La posible demanda del CDE se sumaría al proceso de sanción abierto por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta por eventuales incumplimientos administrativos a la resolución de calificación ambiental.
"Estamos investigando con el máximo celo y rigor las causas y consecuencias de este hecho y nos parece que el CDE, dentro de sus atribuciones, puede acompañar esta investigación porque perseguiría responsabilidades distintas a las que está persiguiendo la Corema en este momento", explicó Uriarte.
La acción judicial del CDE buscaría la reparación del eventual daño ambiental provocado por la empresa en esta zona altoandina de vegas (tierras húmedas) y bofedales (formaciones vegetales que se nutren de aguas superficiales y subterráneas).
El lugar, que diferentes actores piden declarar reserva o parque nacional para asegurar su protección, también es hábitat de vicuñas (Vicugna vicugna), vizcachas (Lagidium viscacia) y otros animales.
En julio de 2008, Geotérmica del Norte inició un proyecto de exploración de 18 meses en la Quebrada del Zoquete, comuna de Calama, a pocos kilómetros de El Tatio, el campo de géiseres más grande del hemisferio Sur y el tercero del mundo, con más de 100 manantiales en erupción a más de 4.000 metros de altura.
De propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, y administrado por dos comunidades indígenas atacameñas, El Tatio fue declarado en 2002 zona de de interés turístico.
Geotérmica del Norte es controlada por la Empresa Nacional de Geotermia, un consorcio cuya propiedad se reparte en 51 por ciento para la estatal eléctrica italiana ENEL y 49 por ciento para la Empresa Nacional del Petróleo de Chile.
El 25 de este mes, la Corema de la región de Antofagasta, 1.400 kilómetros al norte de Santiago, recomendó a la empresa paralizar las obras hasta que la anómala columna de vapor y agua fuera controlada, decisión que ya había tomado Geotérmica del Norte.
"La geotermia, y en eso quiero ser categórica, es una energía renovable no convencional que a Chile le interesa desarrollar, nos interesa seguir propulsando y promoviendo", pero como su explotación es nueva para el país, el gobierno evalúa recurrir a expertos internacionales para aclarar lo sucedido, dijo Uriarte.
Chile es rico en esta energía calórica del interior de la tierra, puesto que está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La geotermia produce unos 9.000 megavatios en el mundo, con Estados Unidos, Filipinas y México a la cabeza. Distintos estudios indican que el potencial de aprovechamiento chileno ronda los 3.000 megavatios.
Lejos de hacer una autocrítica a nombre del gobierno por la aprobación del proyecto, la ministra responsabilizó totalmente a la empresa.
"Claramente acá hay algo que se hizo de forma distinta a aquello señalado en la resolución de calificación ambiental. No es el proceso de evaluación ambiental el que ha tenido una falla", dijo Uriarte.
En julio, el ministro de Energía de Chile, Marcelo Tokman, dijo a IPS que el gobierno había tomado todo los resguardos necesarios para evitar algún daño ambiental, como la contratación de una consultora estadounidense para que analizara el estudio de impacto presentado por la empresa.
"Lamento (que la preocupación del gobierno por determinar y sancionar el daño ambiental) se haya dado luego del hecho tan lamentable que está ocurriendo en estos instantes", dijo a IPS Julio Ramos, presidente del Consejo del Pueblo Lickanantay-Atacameño, que agrupa a comunidades de esta etnia en Antofagasta.
"Hace tres años que estamos en una oposición constante del proyecto... y en ese periodo nunca hubo sensibilidad de las autoridades en torno a escuchar y tomar acción sobre lo que nosotros estábamos planteando como originarios", acusó el dirigente indígena, cuya organización inclusive interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el proyecto.
Aunque la empresa descarta daños ambientales, según Ramos el fuerte ruido y los temblores provocados por la fuga de agua y vapor están ahuyentando a la frágil fauna de la zona, y la columna contaminada con metales del fondo de la tierra, asegura, afectará irremediablemente a la flora local.
Además, el municipio de Calama está evaluando la posibilidad de cerrar el acceso a la zona de los géiseres por motivos de seguridad, lo cual generaría millonarias pérdidas al turismo de San Pedro de Atacama, desde donde salen las excursiones a esa zona termal.
El Consejo del Pueblo Atacameño estudia presentar una demanda no sólo contra quienes resulten responsables de la fuga sino también contra quienes autorizaron la exploración, adelantó Ramos. También convocó a una marcha para este sábado hacia los géiseres.
"No puede ser que en un país que está proyectándose hacia el Bicentenario (de la independencia de España, a celebrarse en 2010) con una visión renovada, de desarrollo moderno, exista este tipo de irresponsabilidades respecto a proyectos que ponen en riesgo el gran patrimonio natural del norte de Chile", sostuvo Ramos, quien exige la paralización definitiva de la exploración.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medioambiente de la Cámara de Diputados anunció que este miércoles analizará la situación de El Tatio. (FIN/2009)
SANTIAGO, 29 sep (IPS) - El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) podría demandar por daño ambiental al consorcio chileno-italiano que realiza una exploración geotérmica a pocos kilómetros del turístico campo de géiseres de El Tatio, en la norteña región de Antofagasta.
A principios de este mes, una columna de vapor de agua de entre 30 y 60 metros de altura se levantó sobre uno de los pozos de exploración donde la empresa Geotérmica del Norte extrae y reinyecta fluidos geotérmicos con el fin de evaluar el potencial energético del sector.
"El proyecto ha tenido una contingencia que no estaba prevista en la resolución de calificación ambiental... En una operación rigurosa, cuidada, de acuerdo al desarrollo normal del proyecto, esto nunca debió haber ocurrido", dijo la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
La secretaria de Estado se reunió este martes con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, para solicitar que el organismo evalúe la posibilidad de interponer una acción por daño ambiental ante la justicia.
El CDE es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica e independiente de los ministerios, que es supervisado directamente por la presidenta de la República. Su misión es defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado en sus intereses patrimoniales y no patrimoniales.
Mackenney confirmó que el CDE estudia el caso desde hace varios días.
La posible demanda del CDE se sumaría al proceso de sanción abierto por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta por eventuales incumplimientos administrativos a la resolución de calificación ambiental.
"Estamos investigando con el máximo celo y rigor las causas y consecuencias de este hecho y nos parece que el CDE, dentro de sus atribuciones, puede acompañar esta investigación porque perseguiría responsabilidades distintas a las que está persiguiendo la Corema en este momento", explicó Uriarte.
La acción judicial del CDE buscaría la reparación del eventual daño ambiental provocado por la empresa en esta zona altoandina de vegas (tierras húmedas) y bofedales (formaciones vegetales que se nutren de aguas superficiales y subterráneas).
El lugar, que diferentes actores piden declarar reserva o parque nacional para asegurar su protección, también es hábitat de vicuñas (Vicugna vicugna), vizcachas (Lagidium viscacia) y otros animales.
En julio de 2008, Geotérmica del Norte inició un proyecto de exploración de 18 meses en la Quebrada del Zoquete, comuna de Calama, a pocos kilómetros de El Tatio, el campo de géiseres más grande del hemisferio Sur y el tercero del mundo, con más de 100 manantiales en erupción a más de 4.000 metros de altura.
De propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, y administrado por dos comunidades indígenas atacameñas, El Tatio fue declarado en 2002 zona de de interés turístico.
Geotérmica del Norte es controlada por la Empresa Nacional de Geotermia, un consorcio cuya propiedad se reparte en 51 por ciento para la estatal eléctrica italiana ENEL y 49 por ciento para la Empresa Nacional del Petróleo de Chile.
El 25 de este mes, la Corema de la región de Antofagasta, 1.400 kilómetros al norte de Santiago, recomendó a la empresa paralizar las obras hasta que la anómala columna de vapor y agua fuera controlada, decisión que ya había tomado Geotérmica del Norte.
"La geotermia, y en eso quiero ser categórica, es una energía renovable no convencional que a Chile le interesa desarrollar, nos interesa seguir propulsando y promoviendo", pero como su explotación es nueva para el país, el gobierno evalúa recurrir a expertos internacionales para aclarar lo sucedido, dijo Uriarte.
Chile es rico en esta energía calórica del interior de la tierra, puesto que está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La geotermia produce unos 9.000 megavatios en el mundo, con Estados Unidos, Filipinas y México a la cabeza. Distintos estudios indican que el potencial de aprovechamiento chileno ronda los 3.000 megavatios.
Lejos de hacer una autocrítica a nombre del gobierno por la aprobación del proyecto, la ministra responsabilizó totalmente a la empresa.
"Claramente acá hay algo que se hizo de forma distinta a aquello señalado en la resolución de calificación ambiental. No es el proceso de evaluación ambiental el que ha tenido una falla", dijo Uriarte.
En julio, el ministro de Energía de Chile, Marcelo Tokman, dijo a IPS que el gobierno había tomado todo los resguardos necesarios para evitar algún daño ambiental, como la contratación de una consultora estadounidense para que analizara el estudio de impacto presentado por la empresa.
"Lamento (que la preocupación del gobierno por determinar y sancionar el daño ambiental) se haya dado luego del hecho tan lamentable que está ocurriendo en estos instantes", dijo a IPS Julio Ramos, presidente del Consejo del Pueblo Lickanantay-Atacameño, que agrupa a comunidades de esta etnia en Antofagasta.
"Hace tres años que estamos en una oposición constante del proyecto... y en ese periodo nunca hubo sensibilidad de las autoridades en torno a escuchar y tomar acción sobre lo que nosotros estábamos planteando como originarios", acusó el dirigente indígena, cuya organización inclusive interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el proyecto.
Aunque la empresa descarta daños ambientales, según Ramos el fuerte ruido y los temblores provocados por la fuga de agua y vapor están ahuyentando a la frágil fauna de la zona, y la columna contaminada con metales del fondo de la tierra, asegura, afectará irremediablemente a la flora local.
Además, el municipio de Calama está evaluando la posibilidad de cerrar el acceso a la zona de los géiseres por motivos de seguridad, lo cual generaría millonarias pérdidas al turismo de San Pedro de Atacama, desde donde salen las excursiones a esa zona termal.
El Consejo del Pueblo Atacameño estudia presentar una demanda no sólo contra quienes resulten responsables de la fuga sino también contra quienes autorizaron la exploración, adelantó Ramos. También convocó a una marcha para este sábado hacia los géiseres.
"No puede ser que en un país que está proyectándose hacia el Bicentenario (de la independencia de España, a celebrarse en 2010) con una visión renovada, de desarrollo moderno, exista este tipo de irresponsabilidades respecto a proyectos que ponen en riesgo el gran patrimonio natural del norte de Chile", sostuvo Ramos, quien exige la paralización definitiva de la exploración.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medioambiente de la Cámara de Diputados anunció que este miércoles analizará la situación de El Tatio. (FIN/2009)
AMBIENTE: Tras sinergias entre cambio climático y desertificación
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 29 sep (IPS) - El cambio climático exacerba la degradación de los suelos, pero si se hace un uso sustentable de ellos se puede, en cambio, contribuir a mitigar el recalentamiento global, dijeron participantes en la capital argentina de la conferencia de la ONU contra la desertificación.
Como instancia previa a la llamada Cumbre del Clima a celebrarse en diciembre en Copenhague, representantes de 193 gobiernos se reúnen esta semana en Buenos Aires en la Novena Sesión de la Conferencia de las Partes (COP 9) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
"A partir de ahora será difícil hablar de cambio climático sin hablar de la necesidad de recuperar el suelo", declaró la titular de la cartera de Medio Ambiente y Turismo de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, tras el segundo día de discusión del grupo de alto nivel de la COP 9, integrado por ministros de los países partes y funcionarios internacionales.
Los asistentes a esta novena sesión, que se extenderá hasta el viernes, debatieron acerca del papel que jugarán las tierras en las negociaciones sobre nuevas medidas para mitigar el cambio climático que se analizarán en Copenhague. En ese sentido, Nandi-Ndaitwah indicó que "nunca hubo un vínculo tan claro entre cambio climático y degradación como el que hay ahora, con pruebas científicas".
De todos modos, los delegados de América Latina y África defendieron la particularidad de la Convención sobre Desertificación, que tiene un mandato distinto al de su similar de cambio climático. "Lo que debemos hacer es buscar sinergias, ver como complementarnos para satisfacer nuestros objetivos", subrayó la ministra.
La cita de alto nivel fue inaugurada por el secretario ejecutivo de la Convención, el beninés Luc Gnacadja, quien remarcó que el manejo sustentable del suelo debe ser parte de las negociaciones de Copenhague. "El carbono en la atmósfera es un contaminante, pero en tierra es un ‘commodity’ (producto básico), un bien común", señaló.
En este sentido, Gnacadja leyó a los delegados un mensaje del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, quien sostuvo la necesidad de "tomar en cuenta el intrínseco vínculo entre desertificación, degradación de la tierra y cambio climático".
"El manejo sustentable de la tierra puede hacer una contribución critica a través del secuestro de carbono y la restauración de la vegetación", apuntó Ban, para luego agregar que "la agenda de la tierra debe ser parte de Copenhague". Para ello animó a los representantes de los países a que sus deliberaciones sean una guía para los delegados de la Cumbre del Clima.
La degradación de los suelos, provocada por efectos climáticos y también por la actividad humana, afecta a más de 2.000 millones de personas en distintas parte del mundo.
En América Latina y el Caribe, 25 por ciento de las tierras están degradadas, y estos procesos acentúan la pobreza, el hambre y las migraciones.
Según los estudios científicos, la agricultura intensiva, la deforestación y la degradación de los suelos son fuente de producción de gases de efecto invernadero que provocan el recalentamiento de la atmósfera. En cambio, la rehabilitación de suelos degradados a través de su manejo sustentable podría contribuir a fijar ese carbono en la tierra.
Por el contrario, si la degradación sigue expandiéndose y provocando pérdida de productividad, emigraciones e inseguridad alimentaria, el cambio climático, con su impacto en sequías más intensas y prolongadas en zonas secas exacerbara el problema de la pobreza y el hambre, señalan los estudios.
En dialogo con IPS, la directora del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Jan McAlpine, que participo de la cumbre, consideró que "la cuestión de la tierra tiene un papel que jugar en las discusiones sobre cambio climático definitivamente", pero advirtió que el tema "es complejo".
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación no se limita a los aportes que pueda hacer el suelo como fijador de carbono sino que trabaja además en el cuidado de la biodiversidad, el agua y el bienestar de la gente que vive en ecosistemas frágiles como son las tierras áridas.
"Un manejo sustentable del bosque debe hacerse a partir de un gran número de convenciones y acuerdos", dijo.
Finalmente, los delegados discutieron la necesidad de aumentar el flujo de recursos para el combarte contra la degradación de suelos. En este sentido, señalaron que se requiere un mayor compromiso financiero para los proyectos de rehabilitación de suelos que, según algunos delegados, podrían provenir de la Convención Marco sobre Cambio Climático.
Los países industrializados consideran que un modo de cumplir los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a los que los obligue la Convención de Cambio Climático, es la reforestación, y estos proyectos pueden contribuir a recuperar las tierras degradadas. (FIN/2009)
BUENOS AIRES, 29 sep (IPS) - El cambio climático exacerba la degradación de los suelos, pero si se hace un uso sustentable de ellos se puede, en cambio, contribuir a mitigar el recalentamiento global, dijeron participantes en la capital argentina de la conferencia de la ONU contra la desertificación.
Como instancia previa a la llamada Cumbre del Clima a celebrarse en diciembre en Copenhague, representantes de 193 gobiernos se reúnen esta semana en Buenos Aires en la Novena Sesión de la Conferencia de las Partes (COP 9) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
"A partir de ahora será difícil hablar de cambio climático sin hablar de la necesidad de recuperar el suelo", declaró la titular de la cartera de Medio Ambiente y Turismo de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, tras el segundo día de discusión del grupo de alto nivel de la COP 9, integrado por ministros de los países partes y funcionarios internacionales.
Los asistentes a esta novena sesión, que se extenderá hasta el viernes, debatieron acerca del papel que jugarán las tierras en las negociaciones sobre nuevas medidas para mitigar el cambio climático que se analizarán en Copenhague. En ese sentido, Nandi-Ndaitwah indicó que "nunca hubo un vínculo tan claro entre cambio climático y degradación como el que hay ahora, con pruebas científicas".
De todos modos, los delegados de América Latina y África defendieron la particularidad de la Convención sobre Desertificación, que tiene un mandato distinto al de su similar de cambio climático. "Lo que debemos hacer es buscar sinergias, ver como complementarnos para satisfacer nuestros objetivos", subrayó la ministra.
La cita de alto nivel fue inaugurada por el secretario ejecutivo de la Convención, el beninés Luc Gnacadja, quien remarcó que el manejo sustentable del suelo debe ser parte de las negociaciones de Copenhague. "El carbono en la atmósfera es un contaminante, pero en tierra es un ‘commodity’ (producto básico), un bien común", señaló.
En este sentido, Gnacadja leyó a los delegados un mensaje del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, quien sostuvo la necesidad de "tomar en cuenta el intrínseco vínculo entre desertificación, degradación de la tierra y cambio climático".
"El manejo sustentable de la tierra puede hacer una contribución critica a través del secuestro de carbono y la restauración de la vegetación", apuntó Ban, para luego agregar que "la agenda de la tierra debe ser parte de Copenhague". Para ello animó a los representantes de los países a que sus deliberaciones sean una guía para los delegados de la Cumbre del Clima.
La degradación de los suelos, provocada por efectos climáticos y también por la actividad humana, afecta a más de 2.000 millones de personas en distintas parte del mundo.
En América Latina y el Caribe, 25 por ciento de las tierras están degradadas, y estos procesos acentúan la pobreza, el hambre y las migraciones.
Según los estudios científicos, la agricultura intensiva, la deforestación y la degradación de los suelos son fuente de producción de gases de efecto invernadero que provocan el recalentamiento de la atmósfera. En cambio, la rehabilitación de suelos degradados a través de su manejo sustentable podría contribuir a fijar ese carbono en la tierra.
Por el contrario, si la degradación sigue expandiéndose y provocando pérdida de productividad, emigraciones e inseguridad alimentaria, el cambio climático, con su impacto en sequías más intensas y prolongadas en zonas secas exacerbara el problema de la pobreza y el hambre, señalan los estudios.
En dialogo con IPS, la directora del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Jan McAlpine, que participo de la cumbre, consideró que "la cuestión de la tierra tiene un papel que jugar en las discusiones sobre cambio climático definitivamente", pero advirtió que el tema "es complejo".
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación no se limita a los aportes que pueda hacer el suelo como fijador de carbono sino que trabaja además en el cuidado de la biodiversidad, el agua y el bienestar de la gente que vive en ecosistemas frágiles como son las tierras áridas.
"Un manejo sustentable del bosque debe hacerse a partir de un gran número de convenciones y acuerdos", dijo.
Finalmente, los delegados discutieron la necesidad de aumentar el flujo de recursos para el combarte contra la degradación de suelos. En este sentido, señalaron que se requiere un mayor compromiso financiero para los proyectos de rehabilitación de suelos que, según algunos delegados, podrían provenir de la Convención Marco sobre Cambio Climático.
Los países industrializados consideran que un modo de cumplir los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a los que los obligue la Convención de Cambio Climático, es la reforestación, y estos proyectos pueden contribuir a recuperar las tierras degradadas. (FIN/2009)
viernes, 2 de octubre de 2009
Ecuador: los 10 pecados capitales de la Ley de Agua
Autor | CONAIE - ECUARUNARI | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 29 septiembre 2009 13:01
"La Nueva Constitución prohíbe toda forma de privatización del agua y establece que su gestión será exclusivamente pública o comunitaria, sin embargo, en otros artículos aparecen formas tramposas de privatización y acaparamiento al otorgar prioridad en el uso del agua a actividades industriales, como las hidroeléctricas y la minería que serán realizadas por capitales privados y transnacionales."
1-. LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.
La Nueva Constitución prohíbe toda forma de privatización del agua y establece que su gestión será esclusivamente pública o comunitaria (Art. 318).
El proyecto de ley de agua elaborada por el gobierno, en su art. 3 ratifica esta prohibición. Sin embargo, en otros artículos aparecen formas tramposas de privatización y acaparamiento al otorgar prioridad en el uso del agua a actividades industriales, como las hidroeléctricas (art.70) y la minería (arts. 73 y 74) que serán realizadas por capitales privados y transnacionales, como indica además la Ley de Minería vigente.
Además, el art. 67 permite la transferencia de autorizaciones de aprovechamiento económico del agua con el dominio de la tierra, eso implica la venta del agua con la propiedad. El mismo articulo determina que “priman las consideraciones de carácter económico y de mercado en el otorgamiento de autorizaciones”. Es más en el art. 14 señala que será de propiedad del dueño del predio rural las aguas retenidas naturalmente, como las lagunas, humedales, etc.
2.- VIOLACIÓN A LA PRIORIDAD CONSTITUCIONAL PARA EL USO DEL AGUA
La Constitución en su art. 318 determina que el agua será utilizada prioritariamente para : (1) consumo humano, (2) riego que garantice la soberanía alimentaria, (3) caudal ecológico y (4) actividades productivas; en este orden.
Sin embargo en el proyecto del gobierno el art. 58 indica que “podrá cambiarse el destino del agua desde una prioridad baja hacia una alta, en función del interés nacional previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”, violando lo dispuesto en la Constitución. Reforzando esto con los arts. 70 y 73 que priorizan las hidroeléctricas y la minería, contradiciendo también el Mandato Minero dela Asamblea Constituyente, que prohíbe afectar el agua para consumo humano y la soberanía alimentaria.
Por el contrario, el proyecto de Ley de las organizaciones sociales indica en su art. 81 que “serán nulos los títulos mineros otorgados a personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en zonas que afecten las áreas protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguamiento y las que afecten nacimientos o fuentes de agua”.
3.- INCUMPLE LAS AUDITORIAS DE LAS CONCESIONES DEL AGUA
En lugar de cumplir con la auditoria integral para revisar, revertir las concesiones y su posterior redistribución equitativamente, tal como indican las transitorias vigesimosexta y vigesimoséptima de la Constitución, el proyecto de ley de aguas del gobierno, en su 1ra. transitoria indica la obligación de realizar el canje de concesiones por autorizaciones de uso y/o aprovechamiento económico; es decir primero permite la legalización y luego audita.,
De esta forma se está permitiendo consagrar los derechos de los acaparadores antes de auditarles, dificultando, o lo que es peor, impidiendo la redistribución planteada en la Constitución. Además incumple groseramente el plazo señalado en la mencionada transitoria constitucional, que se cumple el 14 de octubre proximo.
4.- PROTEGE A LOS CONTAMINADORES
Después de una envidiable retórica ambientalista en los primeros artículos, el proyecto de Ley del gobierno omite en el resto del texto cualquier tipo de sanción a los responsables de la contaminación de las aguas, tampoco establece mecanismos de saneamiento, recuperación y reparación de los ecosistemas.
Por el contrario, el art. 51 de la Ley de las Organizaciones Sociales directamente dice: “prohíbase toda clase de contaminación de las aguas mediante el vertido o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, compuestos orgánicos e inorgánicos, que alteren la calidad del agua, afecten la salud humana, la fauna y la flora, y el equiibrio de los ecosistemas”; además éstasacciones son tipificadas como delitos ambientales y sancionados como tales (art. 179 y 180).
5.- LA VULNERABILIDAD DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
La propuesta del gobierno dice que el agua es un derecho humano (Art. 21,22,24,25). Sin embargo, está planteado de forma limitada ya que se refiere solamente al agua de consumo humano. Además que no dejaría de ser mercancía, porque para ejercer este derecho hay que pagarlo (Art. 23). Agravado además porque la producción de alimentos que garantiza la soberanía alimentaria no estaría dentro de la categoría de derecho humano al agua.
6. EL COBRO POR SERVICIOS AMBIENTALES
En el Art. 144 de la propuesta del gobierno, vuelve a aparecer el cobro por servicios ambientales relacionados con el agua. No nos olvidemos que este es un mecanismo abierto de privatización de la naturaleza y el agua, cuando se negocia con el sector privado, lo cual ya está contemplado en el proyecto de Ley de Código Ambiental, elaborado por el Ministerio del Ambiente.
7.- IRRESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN DE HUMEDALES Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
La propuesta del gobierno habla de responsabilidad compartida o deja en manos de los usuarios la protección de las zonas de conservación (art. 12). Ésta debe ser responsabilidad del Estado, ya que al ser realizado por los usuarios o por privados, se generan derechos individuales y se pone en peligro el manejo comunitario.
8.- DESCONOCIMIENTO DE LA PLURINACIONALIDAD Y LAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAMPESINAS E INDÍGENAS
La autoridad única fijada en el proyecto de Ley del gobierno se atenta contra el carácter plurinacional del Estado, ya que entrega todo el poder al Presidente (art. 171), dividiendo, sin embargo, las funciones de administración del agua en tres instituciones gubernamentales: SENAGUA; Autoridad Ambiental Nacional y el MIDUVI, con lo cual los atuales conglictos de jurididcción y funciones se mantendrán.
Además, no respeta los derechos de las comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones campesinas, que tienen sus propias normas, formas organizativas y de resolución de conflictos, ya que desconoce a las autoridades indígenas, poniéndolas bajo tutela de la autoridad única del agua (art. 31, 102, 103), y disminuye sus capacidades jurisdiccionales otorgadas a los pueblos indígenas en la Constitución (art. 171). Somete además los territorios indígenas a un nuevo ordenamiento territorial impuesto desde el modelo de cuencas hidrográficas, diseñado por el Banco Mundial.
9.- EL ESTADO NO INVIERTE
El modelo neoliberal planteaba que los usuarios deben autogestionar el manejo del agua. Con la actual propuesta se hace realidad porque el gobierno no acepta el Fondo de Inversión para el Agua, pero si propone cobrar una gran cantidad de tarifas (Art.145,146,147) hasta para pagar a la burocracia de las ciudades.
Por el contrario, las organizaciones plantean la necesidad de crear un Fondo Nacional del Agua (art.130 a 135) para la construcción de infraestructura hídrica, mantenimiento de cuencas hidrográficas, conservación etc; administrado por la COMUNAGUA, entidad participativa conformada por las organizaciones sociales.
10.- REPRESIÓN POR DEFENDER EL AGUA
Pese al reconocimiento en la Constitución del agua como un sector estratégico, la nueva ley de Seguridad Pública aprobada en las últimas semanas expresa en su artículo 43 que ante circunstancias de inseguridad críticas (como acciones de resistencia social ante políticas extractivistas como minería, hidroeléctricas privadas, explotación petrolera) el Ministro de Defensa dispondrá la intervención de las Fuerzas Armadas.
CONAIE – ECUARUNARI
Fuente: Acción Ecológica
"La Nueva Constitución prohíbe toda forma de privatización del agua y establece que su gestión será exclusivamente pública o comunitaria, sin embargo, en otros artículos aparecen formas tramposas de privatización y acaparamiento al otorgar prioridad en el uso del agua a actividades industriales, como las hidroeléctricas y la minería que serán realizadas por capitales privados y transnacionales."
1-. LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.
La Nueva Constitución prohíbe toda forma de privatización del agua y establece que su gestión será esclusivamente pública o comunitaria (Art. 318).
El proyecto de ley de agua elaborada por el gobierno, en su art. 3 ratifica esta prohibición. Sin embargo, en otros artículos aparecen formas tramposas de privatización y acaparamiento al otorgar prioridad en el uso del agua a actividades industriales, como las hidroeléctricas (art.70) y la minería (arts. 73 y 74) que serán realizadas por capitales privados y transnacionales, como indica además la Ley de Minería vigente.
Además, el art. 67 permite la transferencia de autorizaciones de aprovechamiento económico del agua con el dominio de la tierra, eso implica la venta del agua con la propiedad. El mismo articulo determina que “priman las consideraciones de carácter económico y de mercado en el otorgamiento de autorizaciones”. Es más en el art. 14 señala que será de propiedad del dueño del predio rural las aguas retenidas naturalmente, como las lagunas, humedales, etc.
2.- VIOLACIÓN A LA PRIORIDAD CONSTITUCIONAL PARA EL USO DEL AGUA
La Constitución en su art. 318 determina que el agua será utilizada prioritariamente para : (1) consumo humano, (2) riego que garantice la soberanía alimentaria, (3) caudal ecológico y (4) actividades productivas; en este orden.
Sin embargo en el proyecto del gobierno el art. 58 indica que “podrá cambiarse el destino del agua desde una prioridad baja hacia una alta, en función del interés nacional previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”, violando lo dispuesto en la Constitución. Reforzando esto con los arts. 70 y 73 que priorizan las hidroeléctricas y la minería, contradiciendo también el Mandato Minero dela Asamblea Constituyente, que prohíbe afectar el agua para consumo humano y la soberanía alimentaria.
Por el contrario, el proyecto de Ley de las organizaciones sociales indica en su art. 81 que “serán nulos los títulos mineros otorgados a personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en zonas que afecten las áreas protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguamiento y las que afecten nacimientos o fuentes de agua”.
3.- INCUMPLE LAS AUDITORIAS DE LAS CONCESIONES DEL AGUA
En lugar de cumplir con la auditoria integral para revisar, revertir las concesiones y su posterior redistribución equitativamente, tal como indican las transitorias vigesimosexta y vigesimoséptima de la Constitución, el proyecto de ley de aguas del gobierno, en su 1ra. transitoria indica la obligación de realizar el canje de concesiones por autorizaciones de uso y/o aprovechamiento económico; es decir primero permite la legalización y luego audita.,
De esta forma se está permitiendo consagrar los derechos de los acaparadores antes de auditarles, dificultando, o lo que es peor, impidiendo la redistribución planteada en la Constitución. Además incumple groseramente el plazo señalado en la mencionada transitoria constitucional, que se cumple el 14 de octubre proximo.
4.- PROTEGE A LOS CONTAMINADORES
Después de una envidiable retórica ambientalista en los primeros artículos, el proyecto de Ley del gobierno omite en el resto del texto cualquier tipo de sanción a los responsables de la contaminación de las aguas, tampoco establece mecanismos de saneamiento, recuperación y reparación de los ecosistemas.
Por el contrario, el art. 51 de la Ley de las Organizaciones Sociales directamente dice: “prohíbase toda clase de contaminación de las aguas mediante el vertido o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, compuestos orgánicos e inorgánicos, que alteren la calidad del agua, afecten la salud humana, la fauna y la flora, y el equiibrio de los ecosistemas”; además éstasacciones son tipificadas como delitos ambientales y sancionados como tales (art. 179 y 180).
5.- LA VULNERABILIDAD DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
La propuesta del gobierno dice que el agua es un derecho humano (Art. 21,22,24,25). Sin embargo, está planteado de forma limitada ya que se refiere solamente al agua de consumo humano. Además que no dejaría de ser mercancía, porque para ejercer este derecho hay que pagarlo (Art. 23). Agravado además porque la producción de alimentos que garantiza la soberanía alimentaria no estaría dentro de la categoría de derecho humano al agua.
6. EL COBRO POR SERVICIOS AMBIENTALES
En el Art. 144 de la propuesta del gobierno, vuelve a aparecer el cobro por servicios ambientales relacionados con el agua. No nos olvidemos que este es un mecanismo abierto de privatización de la naturaleza y el agua, cuando se negocia con el sector privado, lo cual ya está contemplado en el proyecto de Ley de Código Ambiental, elaborado por el Ministerio del Ambiente.
7.- IRRESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN DE HUMEDALES Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
La propuesta del gobierno habla de responsabilidad compartida o deja en manos de los usuarios la protección de las zonas de conservación (art. 12). Ésta debe ser responsabilidad del Estado, ya que al ser realizado por los usuarios o por privados, se generan derechos individuales y se pone en peligro el manejo comunitario.
8.- DESCONOCIMIENTO DE LA PLURINACIONALIDAD Y LAS FORMAS ORGANIZATIVAS CAMPESINAS E INDÍGENAS
La autoridad única fijada en el proyecto de Ley del gobierno se atenta contra el carácter plurinacional del Estado, ya que entrega todo el poder al Presidente (art. 171), dividiendo, sin embargo, las funciones de administración del agua en tres instituciones gubernamentales: SENAGUA; Autoridad Ambiental Nacional y el MIDUVI, con lo cual los atuales conglictos de jurididcción y funciones se mantendrán.
Además, no respeta los derechos de las comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones campesinas, que tienen sus propias normas, formas organizativas y de resolución de conflictos, ya que desconoce a las autoridades indígenas, poniéndolas bajo tutela de la autoridad única del agua (art. 31, 102, 103), y disminuye sus capacidades jurisdiccionales otorgadas a los pueblos indígenas en la Constitución (art. 171). Somete además los territorios indígenas a un nuevo ordenamiento territorial impuesto desde el modelo de cuencas hidrográficas, diseñado por el Banco Mundial.
9.- EL ESTADO NO INVIERTE
El modelo neoliberal planteaba que los usuarios deben autogestionar el manejo del agua. Con la actual propuesta se hace realidad porque el gobierno no acepta el Fondo de Inversión para el Agua, pero si propone cobrar una gran cantidad de tarifas (Art.145,146,147) hasta para pagar a la burocracia de las ciudades.
Por el contrario, las organizaciones plantean la necesidad de crear un Fondo Nacional del Agua (art.130 a 135) para la construcción de infraestructura hídrica, mantenimiento de cuencas hidrográficas, conservación etc; administrado por la COMUNAGUA, entidad participativa conformada por las organizaciones sociales.
10.- REPRESIÓN POR DEFENDER EL AGUA
Pese al reconocimiento en la Constitución del agua como un sector estratégico, la nueva ley de Seguridad Pública aprobada en las últimas semanas expresa en su artículo 43 que ante circunstancias de inseguridad críticas (como acciones de resistencia social ante políticas extractivistas como minería, hidroeléctricas privadas, explotación petrolera) el Ministro de Defensa dispondrá la intervención de las Fuerzas Armadas.
CONAIE – ECUARUNARI
Fuente: Acción Ecológica
jueves, 1 de octubre de 2009
El movimiento indígena latinoamericano
Autor | Mónica Bruckmann | Idioma | Español | Pais | América Latina | Publicado | 29 septiembre 2009 13:20
El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad latinoamericana contemporánea. Se construye como movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales.
Ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina.
A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, su racionalidad, su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la dominación. Ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en algo articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos donde se desarrollaron esas civilizaciones originarias, en los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento, diversos foros de intercambio y movilización, se han creado en los últimos años en la región, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria.
La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones originarias como unidad histórica, han profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, fundó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) con la participación de los pueblos quechuas, ichwas, aymaras, mapuches, cymbis, saraguros, guambinos, koris, lafquenches, urus, entre otros, convirtiéndose en un espacio dinámico de articulación política y social, con proyección hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.
En la amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente se incluyen entre sus principales banderas la construcción de Estados plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. La unidad, equidad y complementariedad de género; el respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso; la liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista; las decisiones colectivas sobre la producción, los mercados y la economía; la descolonialidad de las ciencias y tecnologías; una nueva ética social alternativa a la del mercado. Principios fundamentales de convivencia humana y profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.
* *
La plurinacionalidad es asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar, en plebiscitos nacionales o en asambleas constituyentes, nuevas formas políticas e institucionales del Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina.
Este nuevo modelo de Estado es incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.
Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representar un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.
La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblos: ella es la “madre que nos acoge”, el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, hay que “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda con la tierra se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación.
Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente. La mano de obra indígena trabajó la minería en las colonias, permitiendo la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismos de exterminio.
Tras siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra y exige el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición que levanta banderas universales para la sobrevivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.
Así, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad. La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas precoloniales, retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo es el movimiento zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad.
Por la profundidad de su propuesta y de su praxis, el movimiento indígena abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.
Mónica Bruckmann, socióloga peruana, investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU. Una versión significativamente más amplia, en ALAI, América Latina en Movimiento.
Fuente: Ojarasca 149
El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad latinoamericana contemporánea. Se construye como movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales.
Ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina.
A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, su racionalidad, su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la dominación. Ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en algo articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos donde se desarrollaron esas civilizaciones originarias, en los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento, diversos foros de intercambio y movilización, se han creado en los últimos años en la región, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria.
La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones originarias como unidad histórica, han profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, fundó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) con la participación de los pueblos quechuas, ichwas, aymaras, mapuches, cymbis, saraguros, guambinos, koris, lafquenches, urus, entre otros, convirtiéndose en un espacio dinámico de articulación política y social, con proyección hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.
En la amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente se incluyen entre sus principales banderas la construcción de Estados plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. La unidad, equidad y complementariedad de género; el respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso; la liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista; las decisiones colectivas sobre la producción, los mercados y la economía; la descolonialidad de las ciencias y tecnologías; una nueva ética social alternativa a la del mercado. Principios fundamentales de convivencia humana y profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.
* *
La plurinacionalidad es asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar, en plebiscitos nacionales o en asambleas constituyentes, nuevas formas políticas e institucionales del Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina.
Este nuevo modelo de Estado es incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.
Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representar un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.
La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblos: ella es la “madre que nos acoge”, el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, hay que “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda con la tierra se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación.
Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente. La mano de obra indígena trabajó la minería en las colonias, permitiendo la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismos de exterminio.
Tras siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra y exige el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición que levanta banderas universales para la sobrevivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.
Así, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad. La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas precoloniales, retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo es el movimiento zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad.
Por la profundidad de su propuesta y de su praxis, el movimiento indígena abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.
Mónica Bruckmann, socióloga peruana, investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU. Una versión significativamente más amplia, en ALAI, América Latina en Movimiento.
Fuente: Ojarasca 149
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