Autor | Gustavo Castro Soto | Idioma | Español | Pais | América Latina | Publicado | 31 julio 2009 12:52
Supongamos que no lucháramos contra el capitalismo. Tarde o temprano el sistema igualmente colapsaría ya sea desde el punto de vista ambiental, financiero o social. El modo de extracción de los recursos y la acumulación de capital no son sustentables en sí mismos lo que llevaría a un agotamiento tal que los recursos del planeta no darán para más.
Esto pareciera una invitación a cruzar los brazos y esperar su colapso. No. No es así. Con mayor razón nos lanza a buscar acabarlo antes de que nos acabe, antes de que nos deje sin nada sobre qué construir otra vida que garantice la felicidad para toda la humanidad.
En la región mesoamerica han crecido las luchas de resistencia por todos sus rincones. Casi no hay aspecto o temática que no tenga atrás una lucha de resistencia. Sin embargo, en muchas ocasiones nos cuestionamos sobre su articulación, sobre su posible dispersión, sobre las estrategia que debieran seguir o compartir, o de las alternativas que debieran implementar, y otros cuestionamientos que surgen en todos los foros y encuentros. Lejos de hacer un balance para lo cual este autor no está calificado, mencionamos al menos algunas luchas y redes significativas con la advertencia de que no se agotan. También abordaremos una reflexión sobre los retos de los movimientos sociales y más aún en el contexto del golpe militar en Honduras.
Algunas de las luchas
En el caso de Panamá podemos destacar la lucha por los derechos humanos y en especial las reivindicaciones de los derechos laborales, así como la lucha contra las presas y la minería.
Recientemente contra el turismo residencial que va creciendo aceleradamente en las costas panameñas y con más vigor la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. En Costa Rica cabe mencionar la lucha contra los tratados de libre comercio y de asociación, cuyo proceso ha sido un ejemplo de movilización social en la región. Pero también los costaricenses luchan contra la expansión escandalosa del monocultivo de la piña, contra la militarización extranjera y lo que fue el intento de instalar la escuela policiaca y militar de la ILEA, contra la construcción de presas y los proyectos mineros, contra la privatización de la energía eléctrica así como la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.
En Nicaragua podemos destacar la lucha por el agua como un derecho humano, contra la deuda externa y ecológica; contra los agroquímicos, las presas y los efectos de la privatización de la energía en manos de las trasnacionales, por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, contra los tratados de libre comercio y de asociación. En Honduras ha sido fuerte la lucha contra las presas, contra la minería y la militarización norteamericana, por los derechos sindicales, contra la deforestación y por la defensa de los bosques, contra la deuda externa y las granjas camaronícolas, por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios. Y ahora todos juntos contra el golpe militar, su oligarquía y los intereses de Estados Unidos y del narco cimentados en nuestro hermano país. En El Salvador rescatamos entre otras la lucha que se ha llevado contra las represas y la minería, contra la deuda externa y ecológica, la lucha por los derechos de las mujeres, la defensa del derecho a los servicios públicos, la ecología y el medio ambiernte, por el agua como un derecho humano y contra los tratados de libre comercio y los efectos el cambio climático, entre otras.
En Guatemala podemos destacar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por su tierra y territorio, así como las luchas contra las represas y al minería; la lucha contra la militarización, la violencia, la impunidad y por los derechos humanos; contra los efectos de la privatización de la energía eléctrica; contra los transgénicos, los tratados de libre comercio y los efectos de la explotación petrolera. En el sur-sureste de México podemos rescatar la lucha contra las represas y la naciente lucha contra la minería; contra los efectos de la explotación petrolera y las privatizaciones, la militarización y por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras y territorios; por los derechos humanos y contra los parques eólicos en manos de las trasnacionales europeas, contra la biopiratería, los trasngénicos y por la defensa de los derechos de las mujeres. Y al final de cuentas, toda la región contra el Plan Puebla Panamá (hoy Plan Mesoamérica) y contra el ALCA. Ahora, todos contra el golpe militar en Honduras porque el futuro de Honduras será el futuro de América Latina y el Caribe. Por ello, nuestro eje de lucha, de articulación, debe ser Honduras.
Sin embargo, también existen otros aspectos importantes en las agendas de los movimientos sociales como son la salud y sus redes, los agrocombustibles, los monoculivos de árboles (palma africana, el eucalipto, el pino, etc.); las incidencias en políticas públicas y otros temas que van surgiendo e incorporándose a la lucha. Todo lo anterior, por decir algo.
Algunas de las redes
Las luchas ya mencionadas se articulan a un sinfin de procesos sociales regionales y continentales. Algunas se articulan a uno o diversos actores, por ejemplo, alrededor de la Vía Campesina o la Coordinadora Latinaomericana de Organizaciones dcel Campo (CLOC); otras en torno a la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), al Grito de los Excluidos, a Amigos de la Tierra Internacional o a la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR). En la región también están los esfuerzos de la Asamblea Social Continental (ASC), Jubileo Sur, el Foro Mesoamericano, el Encuentro Hemisférico contra la Militarización, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), las redes mineras, de los Pueblos Indígenas, Abya Yala, el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático, la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL), la Red Vida, la Red Contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA), OilWatch, la Red contra Transgénicos, la implementación de Tribunales Permanentes de los Pueblos, entre otras muchas redes y actores colectivos.
Estas son por mencionar algunas, y muy pocas, de las que existen entre la gran gama de temáticas y ejes articuladores.
Pese a la gran variedad y aparente dispersión del movimiento social, nos parece que más bien se van articulando desde sus luchas locales y problemas específicos, concretos. Ya sea por el agua, la mina, la presa, la palma africana, el monocultivo, la carretera, la tierra, la privatización, la biodiversidad, los derechos humanos, etcétera. Así, el movimiento social se fortalece en la medida en que especifica su objetivo de lucha e integra en él la visión global. En otras palabras, trabajando en lo local y pensando en lo global. ¿Dónde se da entonces la posibilidad de una verdadera articulación? En el proceso inverso, en el trabajo global pensando en lo local. Por ello, el movimiento social, cada lucha, no puede dejar de hacer presencia en estos dos escenarios, lo local y lo global, lo coyuntural y lo estructural.
En la medida en que muchas redes y procesos sociales van incorporando una visión global, articulada e integral, se van fortaleciendo y creando puntos de vinculación y de articulaciones. El agua se ve desde la óptica de las represas, de la privatización, de la minería, de los servicios públicos, de los monocultivos, etcétera. De ahí que las redes por la defensa del agua como un derecho humano tienen la posibilidad de articularse con la lucha antirepresas. Del mismo modo, otras redes como las de represas, en la medida en que integran y dimensionan globalmente su problemática, articulan la lucha con el tema del agua, de la tierra, la biodiversidad, los parques eólicos, los campos de agrocombuistibles, el cambio climático, la privatización del agua y de la energía, las Ifis, etc. El tema de la deuda se vincula con el de los tratados de libre comercio, la militarización, el agua, los megaproyectos, la deuda ecológica, los derechos humanos, entre otros. La lucha contra los transgénicos con la soberanía alimentaria, con la salud, las corporaciones trasnacionales, el agua, la tierra y el territorio, etc. Y de este modo, todas las temáticas, ejes y sectores, en la medida que integran una visión global, sistémica y articulante, tarde o temprano se juntan, se encuentran. Así, respetando la peculiaridad de cada movimiento, de la lucha y los problemas que le preocupan y que tiene enfrente, son capaces de lograr la unidad con otros actores. Y esto está sucediendo en Mesoamérica. Y todos ellos desde la óptica y perspectiva de género, de los derechos humanos y de las mujeres, de la miltarización de todos los recursos naturales y los megaproyectos más que neoliberales, corporativos.
Hay quienes abogan por eliminar lo que aparentemente son temas que sectorizan, pulverizan o dividen, con el fin de conformar procesos amplios en torno a conceptos y realidades macro, como la “lucha por la tierra y el territorio”, “lucha por la soberanía”, “lucha contra el capitalismo”, “lucha por la unidad de los pueblos”, “lucha contra el neoliberalismo”, entre otros, que abracen toda forma de resistencia. Y estamos de acuerdo en ello, en procesos amplios que aglutinen fuerza social y política. Sin embargo, eliminar las particularidades de las luchas quizás nos lleve, mínimamente, a perder fuerza en lo local, ese elemento que da identidad y unidad social a un grupo social en torno a los problemas que se tienen enfrente y que son necesarios resolver y enfrentar, desde donde las personas se identifican para resolver sus problemas inmediatos. Así, comunidades y organizaciones tienen una plataforma de vínculo hacia otros procesos. Desde lo local a lo global y lo global a lo local, necesariamente. De quedarse en alguno de los polos existe el peligro de que el movimiento social, o uno de sus actores, se pierda en la realidad. Por ejemplo, no hace mucho el eje que articuló exitosamente la lucha social continental fue contra lo que se le llamó el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los movimientos desde sus especificidades simplemente entendieron que la perspectiva de su trabajo debería leerse desde la lucha contra el PPP y el ALCA. Independientemente del sector, tema, eje o el lugar físico o político en que se encontrara. Y se logró. Y fueron exitosas. Pero hoy es otra cosa, el gran capital y la crisis actual del capitalismo está orientando estrategias nuevas y ese es el reto del movimiento social ahora: encontrar la nueva perspectiva de lucha común. Eso sí nos falta en Mesoamérica, pero también en el continente entero.
Sin embargo, en medio de este proceso surge un acontecimiento que articula al movimiento social: el golpe militar en Honduras. Porque el futuro de Honduras será el futuro del Continente. Un desenlace a favor de los golpistas podría marcar la ruta que envalentonaría en otros países a las oligarquías, narcos, militares, trasnacionales y a los Estados Unidos de que sí se puede detener el avance de los procesos sociales y las luchas políticas pacíficas por medio de otra ola de golpes militares, democraticidios y violaciones a los derechos humanos. Hasta los nuevos gobiernos de izquierda para unos y supuesta izquierda para otros, siguen siendo una amenaza a la acumulación de la riqueza.
Algunos puntos para el debate
Aunque no hay espacio ni es el momento, lo será para otra ocasión, mencionamos algunos puntos para el debate que nos parecen importantes. Primero afirmamos que el neoliberalismo ya se acabó, casi se agotó, que no fue un fin en sí mismo sino la aplicación de políticas de ajuste para un interés: la incoporación del gran capital, de las grandes trasnacionales en el control económico y político. Por ello confirmamos que estamos en un nuevo modelo que denominamos Corporación-Nación. De esto ya hemos hablado en otros momentos(1). Lo segundo es que la globalización neoliberal no fue tal, que no fue tan global. Los países menos neoliberales son los del Norte, los más proteccionistas, los que más subsidian a sus economías, los que más rescatan empresas y los que, entre ellos, no existen Acuerdos de Libre Comercio. Lo tercero es más espinoso y consideramos no está del todo explorado, aclarado o consensuado. Es la visión sistémica. Esto significa ¿cuál es el análisis de los movimientos sobre el sistema capitalista? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos del sistema y su actual crisis? Este será la clave para discenir las alternativas anti sistémicas, anticapitalistas.
Por último y más difícil de digerir. Supongamos que no lucháramos contra el capitalismo, sino que lo apoyamos, lo acompañamos, lo defendemos y lo impulsamos. Tarde o temprano el sistema colapsaría ya sea desde el punto de vista ambiental, financiero o social. El modo de extracción de los recursos y la acumulación de capital no son sustentables en sí mismos lo que llevaría a un agotamiento tal que los recursos del planeta no darán para más. A esto nos referimos cuando decimos que el capitalismo, con nosotros o sin nosotros, llegará a su fin, que no es eterno. Esto asusta a muchos y hay quien se desgarra las vestiduras. Pareciera una invitación a cruzar los brazos y esperar su colapso. No. No es así. Con mayor razón nos lanza a buscar acabarlo antes de que nos acabe, antes de que nos deje sin nada sobre qué construir otra vida que garantice la felicidad para toda la humanidad. Con mayor razón nos debe mantener en movimiento. Pero es el movimiento ¿de lucha?, ¿de resistencia?, ¿o de alternativas?
Consideramos que la actual crisis del capitalismo no es una crisis coyuntural o modélica (la transición de un modelo a otro que por cierto no es el noeliberalismo sino el modelo Corporación-Nación), sino que se trata de una crisis sistémica. ¿Cuándo terminará esta crisis? ¿A qué sistema estamos transitando? Eso no toca abordarlo ahora, pero dejémoslo sobre la mesa.
Algunas reflexiones sobre las ¿luchas? ¿resistencias? ¿alternativas?
Por lo general nos encontramos en los movimientos dos conceptos que recurrentemente aparecen en el vocabulario, discursos, gritos, consignas y declaraciones: “lucha” y “contra”. Para todo somos primero “anti” antes que “alter”, de alternativas. Pero para saber contra qué luchamos es necesario conocer qué es el Sistema Capitalista. Así, al hacer su diagnóstico, o sea, en qué momento se encuentra de su existencia, cuáles son sus posibilidades reales de reproducción, podremos encontrar las pistas de qué implica el anti-capitalismo, lo anti sistémico, cuál es la mejor estrategia, cómo generar una experiencia o una realidad anti sistémica.
‘Anti’ es un prefijo griego que significa «protección contra», «prevención contra» o «lucha contra». Sin embargo preferimos usar la connotación de ‘opuesto’ o ‘contrario’. Así, cuando hablamos de experiencias anti-sistémicas nos referimos a aquellas experiencias y realidades opuestas o contrarias al Sistema Capitalista; al discurso y a las prácticas sociales y políticas unidas en lo cotidiano en un individuo o colectivo sociales, con características distintas o diametralmente opuestas a las que alimenta a este sistema. Experiencias que en mayor o menor grado reflejan un alter-nato, o sea, otras formas distintas muy suyas de vivir la vida con su propio sistema.
Las expresiones y experiencias anti sistémicas siempre han existido. Unas con mayor o menor impacto, con mayor o menor presencia social, con mayor o menor tiempo de duración histórica. Sin embargo, ellas no lograron conformar un sistema hegemónico que globalice las reglas de vida de toda la humanidad, como lo ha hecho el sistema capitalista, porque su esencia no es la hegemonía. Curiosamente otros mundos subsistentes no capitalistas se encuentran entre diversas culturas indígenas del mundo, y las alternativas antisistémicas emergentes se dan por lo general en las zonas rurales o entre la población excluida de los supuestos beneficios del sistema dominante actual. Pero veamos más allá. Las luchas anti-sistémicas pueden ser de varias formas. Mencionemos algunas:
1) Resistencia: resistir viene del latín resistere que significa tolerar, rechazar, aguantar o sufrir; oponerse a la acción o violencia de alguien o algo. Hay personas o movimientos sociales que aguantan y toleran los efectos del Capitalismo: no pago, no veo, no compro, no voy... Resisto.
2) Resistencia Activa: incluye la Resistencia pero con una forma activa de oponerse y rechazar a) algunas de sus expresiones como impedir que se construyan carreteras, puentes, represas, minas, monocultivos de eucalipto o palma africana; o estrategias para combatir la pobreza, contra los bajos salarios, contra el uso de agroquímicos, etcétera; b) o rechazar algunos de sus actores (empresas trasnacionales y gobiernos) por medio de acciones de boicots, u otras medidas; c) o detener, aletargar o evitar algunos de los mecanismos de acumulación y reproducción del Sistema Capitalista como las protestas contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), el G-8, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el BID, la Deuda Externa, el Plan Puebla Panamá, el IIRSA, el Foro Davós, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, etcétera.
3) Resistencia Propositiva: esta lucha puede incluir las dos anteriores y necesariamente la de emancipación. Las luchas emancipadoras implican la liberación de la subordinación o del dominio que ejerce el Sistema Capitalista. Pero no hay liberación si no se da la transformación de la realidad para construir alter-natos de forma integral. Sólo así se libera de la dependencia. Y será más alter-natos en la medida en que más elementos anti-capitalistas tenga. De esto también hemos hablado en otro momento.(2)
Pero podemos mantener, alimentar, potencializar el capitalismo sin darnos cuenta o de manera ingenua al pensar que implementamos supuestas alternativas. Los que reciben algún beneficio del sistema cuidan que ese interés se mantenga, se perpetúe y mejore, por lo que sus expresiones son reformistas o con argumentos de “humanización” del capitalismo, lo que intrínsecamente no se puede.
Por ello, no toda lucha contra el capitalismo en su expresión o reproducción significa que estamos generando otras expresiones y realidades diferentes al capitalismo. Así, vemos organizaciones o movimientos sociales con un análisis y un discurso antisistémico pero que sus prácticas no lo son; o hay movimientos sociales que no explicitan lo anti sistémicos pero sus practicas son profundamente anti capitalistas, simplemente viven el “alter-nato”. De cualquier manera, los movimientos son precisamente eso, movimientos, procesos que suben y bajan, que tienen sus ciclos de vida, cumplen su objetivo, se desgastan, surgen nuevos, se funden, se multiplican, se transforman. Todo en movimiento, lo que se detiene se pudre. Los hay más estructurados, los más amplios, con direcciones colectivas, con secretariados, coordinaciones, secretarias ejecutivas, comités, o con direcciones mesiánicas o caudillistas, entre otras muchas formas.
El golpe militar en Honduras nos pone nuevamente en una disyuntiva. Quienes consideran que la historia es ascendente, de menos a más, evolutiva, o que las civilizaciones son acumulativas, reproducen exclamaciones como “cómo es posible que en pleno Siglo XXI pase esto”. Que las dictaduras militares, los genocidios o los grupos armados son cosa del pasado. Si nos vanagloriamos de nuestras luchas libertarias que nos dieron patria, hacemos memoria y festejamos las luchas de independencia y de los procesos revolucionarios, aunque fue a costa de millones de muertos en todo el Continente, hay la tentación de alarmarse de esos mismos procesos hoy en día. Todos los caminos del pasado, independientemente de su valoración, siguen presentes y estarán vigentes toda la vida mientras los que sustentan el poder con la represión no quiera soltar sus privilegios. No es regresión, lamentablemente así somos la humanidad. No es una apología de las luchas revolucionarias armadas, simplemente decimos que estará presente tentativamente en muchos pueblos que no ven otras salidas para lograr justicia como lo hicieron en antaño y sobre quienes nos orgullecemos y festejamos. Y esto puede estar latente en cualquier región de mesoaérica. Aunque básicamente casi todas las Independencias se dieron por medio de procesos armados en nuestro hemisferio, creemos que las luchas políticas seguirán siendo el camino privilegiado para lograr otros sistema donde quepamos todos los mundos.(3) Pero vale la pena no sólo resistir, sino hacerlo activamente y propositivamente.
El alter-natos
Actualmente hablamos en los movimientos sociales sobre la necesidad de buscar alternativas a este capitalismo en crisis estructural. La palabra “alternativa” proviene del latín alter, altera, alterum, un pronombre (pro-nomen, “en lugar del nombre”) que significa el otro, entre dos alternativas.
Pero cuando hablamos de la alternativa al Sistema Capitalista no nos referimos a la única otra ‘alternativa’, como si solo hubiera que elegir entre dos cosas, entre el Capitalismo o la otra cosa que no conocemos pero que a final de cuentas será otra cosa hegemónica. Esto significa reducir a dos la realidad que es abierta y diversa. No optamos por una hegemonía para abrazar otra que se imponga y domine a los demás. Por ello la diferencia con otro pronombre, “alius”, que proviene también del latín alius, alia, aliud, que significa otro, entre tres o más opciones o posibilidades. Sin embargo, para algunos estudiosos del tema con el paso del tiempo se borró la diferencia y se incluyó en alternativa la idea de opción entre dos o más posibilidades. Y descubrimos que esto es el Alter, los Otros.
Las palabras alterado o inalterable, que significa que no es afectado por los hechos externos; o altercado, e incluso enaltecido que significa magnificado o resaltado por otros que no son él mismo, sugieren un movimiento de fuera hacia dentro. Por ello insistimos en la perspectiva de adentro hacia fuera, el ‘Natos’. Se trata de encontrar, lograr, potenciar, descubrir o crear ‘lo que se nace naturalmente’, de lo que es suyo, propio, que ‘nace de la suidad’, ‘de la mismidad’. Que es propio de un pueblo, de una cultura. Este es el “Natos”. Es lo otro que nace desde adentro. Es esta unidad mundanal que nace de la unidad de suidades, de mismidades. Sólo la diversidad genera unidad. Y sólo existe la unidad porque hay diversos.
Es por ello que la diversidad de culturas hace posible que en el Mundo haya Otros Mundos propios, suyos, distintos al Sistema Capitalista. Por ello, Alter-Natos son Otros Mundos, otros sistemas diversamente unidos. Por ello el movimiento social no es uno, sino muchos, con una lucha anti capitalista local y con visión global sistémica, pero en búsqueda y en experiencias reales aquí y ahora de cada vez mayor plenitud humana. Esta es la lucha antisistémica en Honduras donde se gesta un Alter-Natos, una nueva esperanza. Nuestro sueño no es un sueño: ¡Un Mundo sin Capitalismo! www.ecoportal.net
Gustavo Castro Soto - Otros Mundos, AC - San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; Julio de 2009 www.otrosmundoschiapas.org
(1) Véase “El Modelo Corporación Nación”,
en http://otrosmundoschiapas.org/index.php/modelo.html
(2) Véase “Otros Mundos; Los Elementos Anti-sistémicos”,
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/alternativas.html
(3) Recomendamos ampliamente el libro de Luis Suárez, “Un Siglo de Terror en América Latina/Cronología de crímenes de Estados Unidos contra la humanidad”.
Fuente: EcoPortal
martes, 18 de agosto de 2009
lunes, 17 de agosto de 2009
Pueblos Indígenas en Brasil: el desafío de la autonomía
Ricardo Verdum (*) | 21 de julio de 2009
Versión original: Povos Indígenas no Brasil: o desafio da autonomia
Traducción por: Silvia Adriana Sánchez de la Rosa
Programa de las Américas www.ircamericas.org
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 3).
Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se así lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5).
La población indígena en Brasil es estimada, por la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco más del 0.2% de la población total del país. Cerca de 60% de esta población vive hoy en la región designada como Amazonia Legal. Ya el censo demográfico de 2000, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó 734.127 auto-identificándose como "indígena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la población del país. Esa población representa una diversidad lingüística que excede el número de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias lingüísticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos indígenas, varios de ellos sometidos a jurisdicción de más de un Estado-nación, como es el caso de los Guaraníes (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Perú). Los indígenas están presentes en todos los estados de la Federación y sus territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del estado brasileño) suman aproximadamente 110,6 millones de hectáreas—el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasileña.
A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos años, implementó cambios significativos en las prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonomía política de esos pueblos y a la restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos "progresistas"1.
Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepción e implementación de los distritos sanitarios indígenas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, indígenas y no indígenas, vieron ahí la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras políticas más amplias, para el ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gestión de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas políticas e intereses económicos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias económicas y sociopolíticas. En la práctica, eso se manifiesta en políticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global2.
Los pueblos indígenas y la Constitución de 1988
Igual como lo ocurrido en otros países en América Latina, donde movimientos indígenas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los años 1980, por ocasión del proceso político que resultó en el actual texto de la Constitución Federal de 1988, también hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federación, vimos indígenas ingresando en partidos políticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio político y financiamiento de campaña y, por lo menos, una decena participó en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Unión de las Naciones Indígenas (UNI), constituida al inicio de esa década, fue un polo de articulación de "liderazgos indígenas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campaña Pueblos Indígenas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento indígena en el Congreso Nacional y en los estados4.
Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante indígena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota específica de representación de las "naciones" o "pueblos" indígenas en esa casa legislativa, esa movilización dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones indígenas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasileño. También posibilitó el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusión de un capítulo específico en la actual Constitución Federal, titulado De los Indios, con dos artículos clave para el futuro de las campañas de defensa y promoción de los derechos indígenas en el país. Por otro lado, queda evidente que no se consiguió ir mucho más además de la definición de derechos específicos, que no implican en cambios políticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.
En relación a la Constitución de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos indígenas, entonces denominados "silvícolas" 5. Nunca está de más recordar que, en uno de los artículos, el número 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos indígenas "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el artículo siguiente, el 232, también reconoce a los indígenas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio Público en todos los actos del proceso.
Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la sociedad brasileña. Pero como eso se transforma en prácticas y reformula las estructuras políticas del estado brasileño es algo para lo cual el texto de la nueva Constitución no tiene respuestas para dar. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados más de veinte años desde su aprobación, no sonará extraño constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las prácticas político-administrativas del Estado brasileño.
Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad étnica y los derechos específicos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras políticas de poder y dominación. También quedó fuera, invisibilizada en las políticas públicas especificas, la parcela de la población indígena que vive hoy en centros urbanos.
Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadanía indígena en los términos propuestos por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) significa el reconocimiento jurídico y efectico de los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, que incluyó (a) autonomía de decisión; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representación política en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulación y control sobre las llamadas políticas públicas de los Estados en que están insertos por fuerza del proceso de colonización iniciado en la región al final del siglo XV, en Brasil aún no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislación e de la relación establecida con los pueblos indígenas, aún está muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasileño6.
Pos-1988
Los cambios morfológicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros años de la década de 1990—se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "políticas" gubernamentales (salud, educación escolar, asistencia social, apoyo técnico y financiero y producción, etc.)—muy poco contribuyeron para que superásemos la matriz colonialista en relación con los pueblos indígenas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven procesándose, son sólo transformaciones en tecnología en las técnicas de dominación y de domesticación de la insatisfacción indígena, que de manera alguna pretende atacar las asimetrías y promover relaciones equitativas.
Por eso, varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).
En relación a los territorios indígenas, aún cuando reconocidos formalmente por el Estado brasileño, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y serán incorporados al circuito económico de mercado cuando sea necesario7. En última instancia, las demandas indígenas por control territorial y participación política son vistas sobra la óptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Indígena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas que allí viven y a las futuras demarcaciones de los territorios indígenas8.
En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo nació de una práctica de conocimiento y de acción político-administrativa llamada de "tradición sertanista". Ella se constituyó como tal al inicio del siglo XX, como parte de la política republicana de integración nacional. En los años 1950, el indigenismo brasileño pasó a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acción en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideología por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos9.
Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasileño nación con la misma grave e insoluble contradicción interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aquí, como en el caso mexicano analizado por Héctor Díaz Polanco (1991), un discurso ideológico relativista encubriendo una práctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas indígenas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integración nacional" y del "progreso", o porque son "inútiles" a la necesaria adaptación individual y colectiva de los indígenas en la economía de mercado.
Al proceso constituyente de 1986-1988 siguió un periodo de efervescencia organizativa en el medio indígena, sea en la defensa de una indianidad genérica, sea de grupos indígenas específicos, como los Kayapó y los Turkano, por ejemplo. Contribuyó para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesoría de la Iglesia Católica, de la cooperación internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representarían. Hay también organizaciones híbridas, con actuación en ambos de los frentes de acción.
El reconocimiento formal del derecho a la organización y a la representación propia de los indígenas, expreso en la Constitución de 1988, representó el impulso definitivo para el proceso de auto-organización de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicación de organizaciones indígenas por el país afuera y su articulación en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un año después de promulgada la nueva Constitución brasileña, fue creada la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que nació con enfoque regional e identidad indígena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy más de una centena de organizaciones locales y subregionales10.
En los años noventa también creció en Brasil, como en otros países en América Latina, la actuación de las llamadas agencias de cooperación internacional para el desarrollo—de países como Gran Bretaña y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)—en la política indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones indígenas. Hace recordar los años 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminación de ideas y en la organización de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia técnica, sino también como agentes políticos, influyendo en la definición de las política sectoriales y como un "aliado" del movimiento indígena en sentido de flexibilización de los mecanismos de tutel y control gubernamental11.
La hegemonía política, ideológica y administrativa de FUNAI sobre la gestión oficial de la población y de los territorios y recursos naturales indígenas se extendió hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o también repasadas para otros órganos de administración pública federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación, las acciones de "política de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecución del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementación12.
En ese contexto, la promoción del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-económico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y políticos que, en resultado de esa naturaleza, están sujetas a ser accionadas en la construcción de narrativas y proyectos de uso de los territorios indígenas y de los recursos naturales ahí existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noción polémica y polisémica de etnodesarrollo, que a lo largo de los últimos veinte años veo adquiriendo una creciente importancia en la retórica indigenista latinoamericana (y en la brasileña también), caracterizando lo que Héctor Díaz Polanco (1991) y Víctor Bretón (2001) denominaron indigenismo etnofágico.
En ese mismo año, 1991, se dan el inicio en el ámbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisión del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisión interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gestión de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivación jurídica la Constitución Federal recién promulgada, y como estímulo político la realización en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese año reuniones públicas, algunas abiertas a la participación de organizaciones no gubernamentales y especialistas—Consejo Indigenista Misionario, Asociación Brasileña de Antropología, Núcleo de Derechos Indígenas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos indígenas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisión Indígena Este-Noroeste), después de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisión Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.
Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que formó una Comisión Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Además de la propuesta elaborada por la Comisión Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos indígenas también presentados en abril de 1992, después de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisión Especial.
Demoró casi tres años para la Comisión Especial, en 1994 (después de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Indígenas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitación del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la Cámara. Incluso antes de la posesión del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da Távola, líder del PSDB en la Cámara, presentó en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitación del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan polémico proyecto". Ese acto acabó criando un estado de desconfianza y de insatisfacción con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones indígenas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesión del cargo el 1° de enero de 199514.
Casi catorce años después, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos indígenas en el ámbito del Estado brasileño. Esa reanudación se va a dar en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI está compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 indígenas de diferentes partes del país y dos representantes de entidades no gubernamentales.
Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y contó con el apoyo político de organizaciones indígenas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento técnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relación con el Estado brasileño. Participaron en los encuentros cerca de mil indígenas, donde en tal "substitución" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea indígena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este año de 2009 entre los días 4 y 8 de mayo, una versión preliminar, aprobada en el ámbito de la CNPI pocos días antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus líneas básicas. En la ocasión, fue lanzada oficialmente la creación de una organización indígena de representación nacional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Un análisis a profundidad de ese proceso aún está por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la dinámica de los encuentros habría inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploración de recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Indígenas, cuestionable en varios aspectos, que está presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista diseñado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero aún cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusión productiva, como contrapunto la otra noción no menos problemática cuando aplicada para interpretar la condición de los pueblos indígenas en Brasil, la noción de pobreza, viene informando y formateando políticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil político predominante en el Congreso Nacional brasileño en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas allí ocurrido resulta en un texto donde predomine una visión liberal más radical en el plano socioeconómico, que induzca a los indígenas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).
Consideraciones finales
A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemológicas, demográficas, organizativas y, principalmente, políticas que hoy se evidencia para la formulación e implementación de una estrategia de refundación del Estado brasileño, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminación y autonomía territorial indígena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder Legislativo brasileño. Digo retomar porque, a lo largo de los años 1990, ese asunto quedó relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes indígenas en los Legislativos estatal y federal y la constitución de un "parlamento indígena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento indígena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcación y regularización de los territorios; la creación de un subsistema de educación escolar; la estructuración de un subsistema de servicios de salud también específico, la elaboración de un nuevo "estatuto de los pueblos indígenas"; la institucionalización del asociacionismo indígena y de organizaciones de representación; es la creación de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los años 1990 el movimiento indígena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comité con una acción de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.
Un parlamentario indígena en la Cámara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocución con el Estado brasileño. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma política del Estado brasileño. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el país. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político en Brasil, resultado de casi cuatro años de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creación de mecanismos legales que garanticen la representación directa de los pueblos indígenas en las elecciones proporcionales en el país, como el ejemplo de países como Venezuela y Colombia. La creación de un sistema propio de elección, que no pasaría por el sistema partidario hoy existente.
Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo indígena Baniwa, pueblo que habita en la región fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicación organizada por nosotros en 2004 él presentó una propuesta de "parlamento indígena". En su visión, ese "parlamento" sería un espacio de articulación de los movimientos etnopolíticos indígenas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos indígenas, en la cual estarían representadas sus aspiraciones legítimas. En su visión, ella podría muy bien ser parte de un nuevo modelo de relación institucional de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad no indígena en Brasil: un Estado Plurinacional.
Hace recordar también del proceso de discusión sobre "alternativas de fortalecimiento de la participación indígena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociación con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APONME) y otros líderes y organizaciones indígenas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del país entre los años de 2003 y 2005.
Llego al final de este texto con la sensación de que estamos frente a un gran desafío. Será necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovación y disposición para enfrentar las barreras administrativas, políticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos indígenas. En este momento, en el que se retoma en el ámbito del Congreso Nacional la discusión sobre la necesidad de una legislación específica, en substitución al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir fórmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento indígena brasileño busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transición para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad estén en la raíz de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicación aportará contribuciones positivas.
Notas
La reflexión desarrollada por Héctor Díaz-Polanco (2006a, 2006b), El respeto de La "dificultad" teórica y política de La izquierda clásica latinoamericana para tratar la demanda de autonomía de los pueblos indígenas, es un bien punto de partida para pensar el contexto brasileño. El va mostrar, por ejemplo, que la desconsideración de la dimensión del reconocimiento (de la diversidad) acaba fortaleciendo tesis liberales (o neoliberales), contrarias a la demarcación de las "tierras indígenas" y al derecho de esos pueblos sobre los recursos naturales en la existentes.
Slajov Zizek (2005) va a llamar ese proceso como una nueva lógica multicultural del capitalismo multinacional. Esa "apertura" a la diversidad cultural e incorporación de demandas de los movimientos indígenas por los Estados se manifestó en varios países latino-americanos desde los primeros años de la década de 1990, cf. Bretón (2001, 2005), Guerrero & Ospina (2003), Verdum (2006), Hale (2007).
Ver Marés 1996; Bengoa 2000; Van Cott 2004; Montejo 2004; Bello 2004; Díaz-Polanco 2005; Dávalos 2005; Clavero 2008; Walsh 2009.
Para mayores detalles ver: CEDI 1987, 1991; Lacerda 2008.
La Enmienda Constitucional No. 1, de 17 de octubre de 1969, que modifica el texto constitucional de 1967, estabelece en el Artigo 198 que "Las tierras habitadas por los silvícolas son inalienables em los términos que la ley federal los determine, cabiendo su posesión permanente y quedando reconocido su derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes". Como en las demás Constituciones del periodo republicano (1934, 1937 y 1946), la "tierra" fue el único artículo que mereció atención de los legisladores.
Ver Gaiger 1991; Verdum 2006b.
Después de pasar por varios ciclos productivos (monocultivo agrícola, extracción maderera etc.), con el consentimiento o implementado directamente por el Servicio de Protección al Indio (SPI) y por su sustituta, la Federación Nacional del Indio (Funai), a los pueblos indígenas viene siendo ofertada una nueva "oportunidad" para desarrollarse: el mercado de los "servicios ambientales".
Mayores detalles del caso RSS ver: www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=noticias
Ver Gagliari 1989; Favre 1998; Verdum 2006.
Ver Ricardo 1996; Albert 1997, 1998, 2001; Athias 2002.
Sobre el papel de las estratégias de la cooperación internacional en relación a los pueblos indígenas en América Latina, en particular en Brasil y en Ecuador, ver Breton 2001; Verdum 2006.
Ver Barroso-Hoffman et al. 2004; Ricardo 1996, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffman 2002; Verdum 2003, 2005a, 2005b, 2008.
Ver Santilli 1996; Araújo e Leitão 2002.
En marzo de 2000 el Gobierno Federal presenta nueva propuesta de Estatuto por medio del diputado federal Luciano Pizzatto (PFL-PR), que fue duramente criticado por el movimiento indígena y entidades de apoyo y por la bancada de oposición al gobierno en el Congreso Nacional. Ver Oliveira Pankararu 2006.
(*)Ricardo Verdum (verdum(a)inesc.org.br) Es Doctor en Antropología de América Latina y El Caribe por El Centro de Investigación y Pos-Graduación sobre las Américas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia (UnB), asesor sénior de políticas indígena y socioambiental del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org.
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Recursos
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Versión original: Povos Indígenas no Brasil: o desafio da autonomia
Traducción por: Silvia Adriana Sánchez de la Rosa
Programa de las Américas www.ircamericas.org
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 3).
Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo al mismo tiempo su derecho de participar plenamente, se así lo desearan, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5).
La población indígena en Brasil es estimada, por la Fundación Nacional de Salud (Funasa), en cerca de 470 mil personas, o equivalente a poco más del 0.2% de la población total del país. Cerca de 60% de esta población vive hoy en la región designada como Amazonia Legal. Ya el censo demográfico de 2000, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) identificó 734.127 auto-identificándose como "indígena", elevando ese porcentaje para 0.4% de la población del país. Esa población representa una diversidad lingüística que excede el número de 180 lenguas, clasificadas en 35 familias lingüísticas. Se estima existen en Brasil un total de 220 pueblos indígenas, varios de ellos sometidos a jurisdicción de más de un Estado-nación, como es el caso de los Guaraníes (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), Yanomami (Brasil y Venezuela), Tukano (Brasil e Colombia) y Tikuna (Brasil, Colombia y Perú). Los indígenas están presentes en todos los estados de la Federación y sus territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del estado brasileño) suman aproximadamente 110,6 millones de hectáreas—el equivalente a aproximadamente 13% del territorio nacional y el 21% de la Amazonia brasileña.
A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy es ninguno de los gobiernos que siguieron, a lo largo de esos años, implementó cambios significativos en las prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional. El respeto al derecho interno de autonomía política de esos pueblos y a la restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos "progresistas"1.
Es cierto que hubo algunos esfuerzos en ese sentido, por ejemplo, cuando la concepción e implementación de los distritos sanitarios indígenas especiales (DSEIs). Algunos agentes sociales, indígenas y no indígenas, vieron ahí la posibilidad de los DSEIs de ser embriones de estructuras políticas más amplias, para el ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y para la gestión de sus territorios y recursos naturales. Pero a ese esfuerzo siguieron movimientos contrarios, que por diferentes perspectivas políticas e intereses económicos, descalificaron o, hasta, criminalizaron iniciativas que pudiesen caminar en ese sentido. Cuando mucho, fue aceptado un multiculturalismo "bien comportado", que se ocupa de la diversidad en cuando a la diferencia cultural, dentro de un determinado espacio (local, regional, nacional o internacional), al mismo tiempo en que repudia o deja del lado diferencias económicas y sociopolíticas. En la práctica, eso se manifiesta en políticas que se "abren" a La diversidad cultural, manifiestan un relativismo cultural, AL mismo tiempo en que se refuerzan los mecanismos de control y dominio de poder nacional y los intereses Del capitalismo global2.
Los pueblos indígenas y la Constitución de 1988
Igual como lo ocurrido en otros países en América Latina, donde movimientos indígenas se movilizaron y presionaron a las estructuras de poder de los estados, vislumbrando conquistar voz y poder de voto en la Asamblea Constituyente y en los parlamentos nacionales, como, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela3, en Brasil, a mediados de los años 1980, por ocasión del proceso político que resultó en el actual texto de la Constitución Federal de 1988, también hubo esfuerzos semejantes. En varios estados de la federación, vimos indígenas ingresando en partidos políticos, donde enfrentaron disputas internas por espacio político y financiamiento de campaña y, por lo menos, una decena participó en 1986 en la disputo electoral para "diputado constituyente". La Unión de las Naciones Indígenas (UNI), constituida al inicio de esa década, fue un polo de articulación de "liderazgos indígenas" y de organizaciones de apoyo (Inesc, Cedi, CPI-SP, ABA, etc.) y la principal responsable por la campaña Pueblos Indígenas en la Constituyente. EL Consejo Indigenista Misionario (Cimi) tuvo, igualmente, papel de destaque en el proceso, apoyando acciones del movimiento indígena en el Congreso Nacional y en los estados4.
Aunque no haya sido posible elegir, al menos, un representante indígena para el Congreso Nacional, ni conquistado cuota específica de representación de las "naciones" o "pueblos" indígenas en esa casa legislativa, esa movilización dio, sin embargo, visibilidad a las "cuestiones indígenas", extrapolando las fronteras de los actores sociales que forman el llamado campo indigenista brasileño. También posibilitó el apoyo de parlamentarios de diferentes matices a la inclusión de un capítulo específico en la actual Constitución Federal, titulado De los Indios, con dos artículos clave para el futuro de las campañas de defensa y promoción de los derechos indígenas en el país. Por otro lado, queda evidente que no se consiguió ir mucho más además de la definición de derechos específicos, que no implican en cambios políticos sustantivos en el proyecto republicano de Estado monocultural.
En relación a la Constitución de 1969, el texto constitucional de 1988 fue sin sombra de duda un avance, incorporando otras dimensiones de derecho a los pueblos indígenas, entonces denominados "silvícolas" 5. Nunca está de más recordar que, en uno de los artículos, el número 231, el texto constitucional reconoce a los pueblos indígenas "su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". En el artículo siguiente, el 232, también reconoce a los indígenas (sus comunidades y organizaciones) el derecho de ingresar en juicio de defensa de sus derechos e intereses, pudiendo contar para eso con el apoyo del Ministerio Público en todos los actos del proceso.
Eso, en nuestro entendimiento, significa el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la sociedad brasileña. Pero como eso se transforma en prácticas y reformula las estructuras políticas del estado brasileño es algo para lo cual el texto de la nueva Constitución no tiene respuestas para dar. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional. Entonces porque, pasados más de veinte años desde su aprobación, no sonará extraño constatas que no fueron realizados cambios sustantivos en las estructuras y en las prácticas político-administrativas del Estado brasileño.
Como otras Constituciones latinoamericanas, fueron incorporados la diversidad étnica y los derechos específicos en el nuevo texto constitucional, sin tocar las estructuras políticas de poder y dominación. También quedó fuera, invisibilizada en las políticas públicas especificas, la parcela de la población indígena que vive hoy en centros urbanos.
Si partimos del presupuesto de que en efecto la ciudadanía indígena en los términos propuestos por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) y por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) significa el reconocimiento jurídico y efectico de los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, que incluyó (a) autonomía de decisión; (b) autogobierno y control sobre los territorios y los recursos naturales en ellos existentes; (c) derecho a representación política en las instancias de poder legislativo del estado; y (d) protagonismo en la formulación y control sobre las llamadas políticas públicas de los Estados en que están insertos por fuerza del proceso de colonización iniciado en la región al final del siglo XV, en Brasil aún no encontramos distantes de que ello sea efectuado. No obstante las tentativas de ablandar la naturaleza integracionista de la legislación e de la relación establecida con los pueblos indígenas, aún está muy presente y activa el viejo vicio tutelar del Estado colonialista brasileño6.
Pos-1988
Los cambios morfológicos y gerenciales desencadenados en Brasil en los primeros años de la década de 1990—se implicaron en un mayor acceso de los individuos a los "servicios" prestados por el Estado en os distintos "sectores" o "políticas" gubernamentales (salud, educación escolar, asistencia social, apoyo técnico y financiero y producción, etc.)—muy poco contribuyeron para que superásemos la matriz colonialista en relación con los pueblos indígenas. Antes, crece la sospecha de que, lo que ven procesándose, son sólo transformaciones en tecnología en las técnicas de dominación y de domesticación de la insatisfacción indígena, que de manera alguna pretende atacar las asimetrías y promover relaciones equitativas.
Por eso, varios autores advierten que atrás de las nuevas políticas latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica que intenta controlar y armonizar la oposición con la pretensión de eventualmente integrar a los pueblos indígenas y negros dentro del mercado (Catherine Walsh, 2002: 25).
En relación a los territorios indígenas, aún cuando reconocidos formalmente por el Estado brasileño, persiste la idea de que son reservas de recursos naturales y serán incorporados al circuito económico de mercado cuando sea necesario7. En última instancia, las demandas indígenas por control territorial y participación política son vistas sobra la óptica de "seguridad nacional". Ejemplo de eso son las 19 "salvaguardas", establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) al caso de Tierra Indígena Raposa/ Sierra del Sol (RSS), que implican en una serie de limitaciones a la autodeterminación de los pueblos indígenas que allí viven y a las futuras demarcaciones de los territorios indígenas8.
En Brasil, lo que hoy llamamos indigenismo nació de una práctica de conocimiento y de acción político-administrativa llamada de "tradición sertanista". Ella se constituyó como tal al inicio del siglo XX, como parte de la política republicana de integración nacional. En los años 1950, el indigenismo brasileño pasó a interactuar con oras tradiciones indigenistas sin acción en el continente americano, cuando el indigenismo es adoptado como ideología por agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos9.
Aunque distinto del mexicano, el indigenismo brasileño nación con la misma grave e insoluble contradicción interna: postula el relativismo cultural, al mismo tiempo en que ambiciona la meta de "incluir a los indios" en la sociedad nacional. Tenemos aquí, como en el caso mexicano analizado por Héctor Díaz Polanco (1991), un discurso ideológico relativista encubriendo una práctica integracionista. Se separan los "aspectos positivos" de las culturas indígenas de aquellos que deben desaparecer, o porque son "contrarios" al buen andar del proceso de "integración nacional" y del "progreso", o porque son "inútiles" a la necesaria adaptación individual y colectiva de los indígenas en la economía de mercado.
Al proceso constituyente de 1986-1988 siguió un periodo de efervescencia organizativa en el medio indígena, sea en la defensa de una indianidad genérica, sea de grupos indígenas específicos, como los Kayapó y los Turkano, por ejemplo. Contribuyó para eso el apoyo dado por la ayuda financiera y asesoría de la Iglesia Católica, de la cooperación internacional oficial (gubernamental y multilateral) y de organizaciones civiles (ONG), nacionales e internacionales. Hay casos de organizaciones criadas con la finalidad de recibir recursos financieros para desarrollar acciones de intereses de la comunidad que supuestamente representarían. Hay también organizaciones híbridas, con actuación en ambos de los frentes de acción.
El reconocimiento formal del derecho a la organización y a la representación propia de los indígenas, expreso en la Constitución de 1988, representó el impulso definitivo para el proceso de auto-organización de esos pueblos, el surgimiento y la multiplicación de organizaciones indígenas por el país afuera y su articulación en redes regionales, nacionales e inclusive transfronterizas. Un año después de promulgada la nueva Constitución brasileña, fue creada la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que nació con enfoque regional e identidad indígena transcomunitaria. Con sede en Manaus (AM), congrega hoy más de una centena de organizaciones locales y subregionales10.
En los años noventa también creció en Brasil, como en otros países en América Latina, la actuación de las llamadas agencias de cooperación internacional para el desarrollo—de países como Gran Bretaña y Alemania, o agencias multilaterales como el Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, OMS, PNUD, etc.)—en la política indigenista oficial o directamente junto a las organizaciones indígenas. Hace recordar los años 1940 y 1950, cuando varias agencias internacionales, como la OIT, actuaban en la diseminación de ideas y en la organización de un sistema indigenista de cobertura continental. Como en aquel periodo, esas instituciones pasaron a actuar no solamente como agentes financieros y de asistencia técnica, sino también como agentes políticos, influyendo en la definición de las política sectoriales y como un "aliado" del movimiento indígena en sentido de flexibilización de los mecanismos de tutel y control gubernamental11.
La hegemonía política, ideológica y administrativa de FUNAI sobre la gestión oficial de la población y de los territorios y recursos naturales indígenas se extendió hasta 1991, cuando algunas de sus funciones pasaron a ser gradualmente compartidas o también repasadas para otros órganos de administración pública federal. Por medio de los Decretos No. 23, 24, 25, 26, del 4 de febrero de 1991, durante la presidencia de Fernando Collor de Mello, fueron repasadas, respectivamente para los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, de Agricultura y de Educación, las acciones de "política de asistencia al indio", que estaban, hasta entonces, en la responsabilidad de ejecución del FUNAI, o conceder a terceros la corresponsabilidad por la implementación12.
En ese contexto, la promoción del llamado, etnodesarrollo fue concebida como capaz de "romper con el ciclo vicioso de dependencia de recursos para nuevos proyectos" y como estrategia de "desarrollo socio-económico-cultural de estas poblaciones siguiendo las especificidades propias". Es importante tener la claridad de que estamos tratando de expresiones-artefactos culturales y políticos que, en resultado de esa naturaleza, están sujetas a ser accionadas en la construcción de narrativas y proyectos de uso de los territorios indígenas y de los recursos naturales ahí existentes (ver ver Ribeiro 1992, 2005). Ese es el caso, por ejemplo, de la noción polémica y polisémica de etnodesarrollo, que a lo largo de los últimos veinte años veo adquiriendo una creciente importancia en la retórica indigenista latinoamericana (y en la brasileña también), caracterizando lo que Héctor Díaz Polanco (1991) y Víctor Bretón (2001) denominaron indigenismo etnofágico.
En ese mismo año, 1991, se dan el inicio en el ámbito del Poder Ejecutivo discusiones avistando promover una revisión del Estatuto del Indio (Ley 6001/73). Fue constituida entonces una comisión interministerial para ese fin, que paso a ser coordinada por la FUNAI en la gestión de Sydney Possuelo. Teniendo por referencia y motivación jurídica la Constitución Federal recién promulgada, y como estímulo político la realización en Brasil de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (a RIO92), se lograron en ese año reuniones públicas, algunas abiertas a la participación de organizaciones no gubernamentales y especialistas—Consejo Indigenista Misionario, Asociación Brasileña de Antropología, Núcleo de Derechos Indígenas (NDI) y otras. En junio de 1991, organizaciones y liderazgos indígenas (entre ellas COIAB, UNI-AC y la Comisión Indígena Este-Noroeste), después de analizar la propuesta del Estatuto elaborada por una Comisión Interministerial del Gobierno Federal, presentaron sus propuestas para el nuevo Estatuto.
Por lo menos tres proyectos de ley fueron encaminados al Congreso Nacional, que formó una Comisión Especial para analizar las propuestas encaminadas a emitir un parecer. Además de la propuesta elaborada por la Comisión Interministerial (PL 2160), o NDO (PL 2057) e el CIMI (PL 2619) encaminaron sus respectivas propuestas de proyecto de ley. La coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y otras organizaciones y liderazgos indígenas también presentados en abril de 1992, después de analizar las tres propuestas encaminadas al Poder Legislativo, un conjunto de propuestas para ser analizadas por la Comisión Especial.
Demoró casi tres años para la Comisión Especial, en 1994 (después de innumerables reuniones, versiones, enmiendas, negociaciones, etc.) votar el texto definitivo del Estatuto de las Sociedades Indígenas, "conciliando" las diferentes visiones e intereses en juego13. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la tramitación del proyecto de ley (PL 2.057/91) del nuevo Estatuto fue paralizada en la Cámara. Incluso antes de la posesión del presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de 1994, el entonces diputado federal Arthur da Távola, líder del PSDB en la Cámara, presentó en nombre del nuevo gobierno un recurso suspendiendo la tramitación del proyecto, justificando la necesidad de nuevo gobierno de formar un juicio sobre "tan polémico proyecto". Ese acto acabó criando un estado de desconfianza y de insatisfacción con el nuevo gobierno, habiendo generado protestas de organizaciones indígenas y de apoyo, incluso antes de que el presidente Fernando Henrique Cardoso, tomara posesión del cargo el 1° de enero de 199514.
Casi catorce años después, en el segundo mandato del presidente Lula da Silva, el gobierno federal retoma el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto, conteniendo los derechos y deberes de los pueblos indígenas en el ámbito del Estado brasileño. Esa reanudación se va a dar en el ámbito de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituida por medio del decreto presidencial firmado el 22 de marzo de 2006, vinculada administrativamente al Ministerio de Justicia. La CNPI está compuesta por 12 integrantes del Gobierno Federal, 20 indígenas de diferentes partes del país y dos representantes de entidades no gubernamentales.
Teniendo por base el documento elaborado por el Diputado Federal Luciano Pizzato, llamado "Substitutivo al PL 2.05/91", y aprobado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 1994, fueron realizados a lo largo del segundo semestre de 2008 diez encuentros regionales. Esos encuentros fueron patrocinados y organizados por el Gobierno Federal, y contó con el apoyo político de organizaciones indígenas como COIAB, APOINME, ARPIN-SUL y asesoramiento técnico del CIMI, sobre el argumento de que existen posibilidades de avance en relación con el Estado brasileño. Participaron en los encuentros cerca de mil indígenas, donde en tal "substitución" fueran hechas sugerencias de cambios, exclusiones y aumentos por los participantes. Durante el denominado Campamento Tierra Libre, asamblea indígena realizada anualmente desde 2004, en Brasilia, realizada en este año de 2009 entre los días 4 y 8 de mayo, una versión preliminar, aprobada en el ámbito de la CNPI pocos días antes, fue distribuida a los participantes y discutida en sus líneas básicas. En la ocasión, fue lanzada oficialmente la creación de una organización indígena de representación nacional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Un análisis a profundidad de ese proceso aún está por ser realizado. Hay varias puntuaciones de los encuentros que convergen para un punto preocupante: que el plan de trabajo con cuestiones orientadoras de la dinámica de los encuentros habría inducido a sus participantes a considerar como un presupuesto, o pero, un "hecho consumado", una "necesidad" la exploración de recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas., El hecho es que hoy hay un documento, llamado Estatuto de los Pueblos Indígenas, cuestionable en varios aspectos, que está presente a ser encaminado al Congreso Nacional como "enmienda" al Sustitutivo al PL 2.957/91. Pero el riesgo de continuidad con el proyecto integracionista diseñado e implementado a partir de la primera mitad del siglo pasado es fuerte. Pero aún cuando constatamos que nociones operacionales del tipo inclusión productiva, como contrapunto la otra noción no menos problemática cuando aplicada para interpretar la condición de los pueblos indígenas en Brasil, la noción de pobreza, viene informando y formateando políticas y acciones "de justicia social" de diferentes "sectores" del indigenismo oficial. O peor, dado el perfil político predominante en el Congreso Nacional brasileño en la actualidad, el debate y el juego de las fuerzas allí ocurrido resulta en un texto donde predomine una visión liberal más radical en el plano socioeconómico, que induzca a los indígenas a adoptar los principios de la libre competencia, del lucro y de la propiedad privada en el trato con sus territorios y recursos (naturales, culturales, etc.).
Consideraciones finales
A pesar de las limitaciones conceptuales, epistemológicas, demográficas, organizativas y, principalmente, políticas que hoy se evidencia para la formulación e implementación de una estrategia de refundación del Estado brasileño, que insiste en se monocultural, a partir de la idea de autodeterminación y autonomía territorial indígena, entendemos ser necesario, al menos, intentar retomar el filio de la madeja del remate sobre la participación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder Legislativo brasileño. Digo retomar porque, a lo largo de los años 1990, ese asunto quedó relativamente sumergido, cubierto por tantas otras "prioridades". Entre 2002 y 2004 el tema "cuotas" para representantes indígenas en los Legislativos estatal y federal y la constitución de un "parlamento indígena" llego a ser debatido en reuniones y encuentros regionales del movimiento indígena, para gradualmente ser sobrepuesto por nuevas urgencias. La demarcación y regularización de los territorios; la creación de un subsistema de educación escolar; la estructuración de un subsistema de servicios de salud también específico, la elaboración de un nuevo "estatuto de los pueblos indígenas"; la institucionalización del asociacionismo indígena y de organizaciones de representación; es la creación de mecanismos de apoyo financiero a los proyectos de "desarrollo local", ocupa desde los años 1990 el movimiento indígena y sectores de la sociedad civil organizada solidaria. Todo eso en comité con una acción de resistencia frente a presiones contrarias en el Congreso Nacional, en la burocracias sectoriales del Poder Ejecutivo federal, en el nivel local, etc.
Un parlamentario indígena en la Cámara Federal en 2001 puede hacer la diferencia, puede abrir nuevas perspectivas de interlocución con el Estado brasileño. Desde 2005, un conjunto de organizaciones, movimientos, articulaciones, redes y foros de la sociedad civil debate e formula propuestas para una reforma política del Estado brasileño. Una propuesta que no restrinja al sistema electoral, pero, si, al conjunto de los procesos decisivos del sistema de poder instituido en el país. Entre las innumerables propuestas contenidas en el documento titulado Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político en Brasil, resultado de casi cuatro años de debates, aparece una que apunta para la necesidad de creación de mecanismos legales que garanticen la representación directa de los pueblos indígenas en las elecciones proporcionales en el país, como el ejemplo de países como Venezuela y Colombia. La creación de un sistema propio de elección, que no pasaría por el sistema partidario hoy existente.
Eso me hace recordar a Gersem Luciano, del pueblo indígena Baniwa, pueblo que habita en la región fronteriza entre Brasil y Colombia. En una publicación organizada por nosotros en 2004 él presentó una propuesta de "parlamento indígena". En su visión, ese "parlamento" sería un espacio de articulación de los movimientos etnopolíticos indígenas a nivel nacional, una instancia de referencia propia de los pueblos indígenas, en la cual estarían representadas sus aspiraciones legítimas. En su visión, ella podría muy bien ser parte de un nuevo modelo de relación institucional de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad no indígena en Brasil: un Estado Plurinacional.
Hace recordar también del proceso de discusión sobre "alternativas de fortalecimiento de la participación indígena en instancias legislativas del Estado nacional", desencadenado por el Inesc en 2001, en asociación con la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Noreste, Minas Gerais y Espíritu Santo (APONME) y otros líderes y organizaciones indígenas y de apoyo. A partir de esas discusiones, fue realizado en Brasilia, el 18 y 19 de noviembre de 2002, el Seminario Internacional Indios y Parlamentos, que fue seguido por reuniones y encuentros regionales en el Sur, Noreste y Norte del país entre los años de 2003 y 2005.
Llego al final de este texto con la sensación de que estamos frente a un gran desafío. Será necesaria mucha creatividad, mucha voluntad de innovación y disposición para enfrentar las barreras administrativas, políticas y culturales que frecuentemente se interponen al avance de la democracia participativa en Brasil, principalmente cuando se refiere a los pueblos indígenas. En este momento, en el que se retoma en el ámbito del Congreso Nacional la discusión sobre la necesidad de una legislación específica, en substitución al ya, hace mucho, obsoleto Estatuto del Indio de 1973: en que se intenta concebir fórmulas alternativas al instituto de tutela; cuando el movimiento indígena brasileño busca fortalecerse y articular alianzas con otros movimientos sociales, viendo a la transición para una sociedad donde la plurietnicidad y la interculturalidad estén en la raíz de sus instituciones, creemos que el contenido de esta publicación aportará contribuciones positivas.
Notas
La reflexión desarrollada por Héctor Díaz-Polanco (2006a, 2006b), El respeto de La "dificultad" teórica y política de La izquierda clásica latinoamericana para tratar la demanda de autonomía de los pueblos indígenas, es un bien punto de partida para pensar el contexto brasileño. El va mostrar, por ejemplo, que la desconsideración de la dimensión del reconocimiento (de la diversidad) acaba fortaleciendo tesis liberales (o neoliberales), contrarias a la demarcación de las "tierras indígenas" y al derecho de esos pueblos sobre los recursos naturales en la existentes.
Slajov Zizek (2005) va a llamar ese proceso como una nueva lógica multicultural del capitalismo multinacional. Esa "apertura" a la diversidad cultural e incorporación de demandas de los movimientos indígenas por los Estados se manifestó en varios países latino-americanos desde los primeros años de la década de 1990, cf. Bretón (2001, 2005), Guerrero & Ospina (2003), Verdum (2006), Hale (2007).
Ver Marés 1996; Bengoa 2000; Van Cott 2004; Montejo 2004; Bello 2004; Díaz-Polanco 2005; Dávalos 2005; Clavero 2008; Walsh 2009.
Para mayores detalles ver: CEDI 1987, 1991; Lacerda 2008.
La Enmienda Constitucional No. 1, de 17 de octubre de 1969, que modifica el texto constitucional de 1967, estabelece en el Artigo 198 que "Las tierras habitadas por los silvícolas son inalienables em los términos que la ley federal los determine, cabiendo su posesión permanente y quedando reconocido su derecho al usufructo exclusivo de las riquezas naturales y de todas las utilidades en ellas existentes". Como en las demás Constituciones del periodo republicano (1934, 1937 y 1946), la "tierra" fue el único artículo que mereció atención de los legisladores.
Ver Gaiger 1991; Verdum 2006b.
Después de pasar por varios ciclos productivos (monocultivo agrícola, extracción maderera etc.), con el consentimiento o implementado directamente por el Servicio de Protección al Indio (SPI) y por su sustituta, la Federación Nacional del Indio (Funai), a los pueblos indígenas viene siendo ofertada una nueva "oportunidad" para desarrollarse: el mercado de los "servicios ambientales".
Mayores detalles del caso RSS ver: www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=noticias
Ver Gagliari 1989; Favre 1998; Verdum 2006.
Ver Ricardo 1996; Albert 1997, 1998, 2001; Athias 2002.
Sobre el papel de las estratégias de la cooperación internacional en relación a los pueblos indígenas en América Latina, en particular en Brasil y en Ecuador, ver Breton 2001; Verdum 2006.
Ver Barroso-Hoffman et al. 2004; Ricardo 1996, 2000; Souza Lima & Barroso-Hoffman 2002; Verdum 2003, 2005a, 2005b, 2008.
Ver Santilli 1996; Araújo e Leitão 2002.
En marzo de 2000 el Gobierno Federal presenta nueva propuesta de Estatuto por medio del diputado federal Luciano Pizzatto (PFL-PR), que fue duramente criticado por el movimiento indígena y entidades de apoyo y por la bancada de oposición al gobierno en el Congreso Nacional. Ver Oliveira Pankararu 2006.
(*)Ricardo Verdum (verdum(a)inesc.org.br) Es Doctor en Antropología de América Latina y El Caribe por El Centro de Investigación y Pos-Graduación sobre las Américas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia (UnB), asesor sénior de políticas indígena y socioambiental del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org.
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Recursos
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domingo, 16 de agosto de 2009
EGIPTO: Mercado de carbono está verde para contaminadores
Por Cam McGrath
EL CAIRO, ago (IPS/IFEJ) - El problema de la contaminación en Egipto es una potencial mina de oro, si el país consolida su participación en el lucrativo mercado internacional de carbono.
La comercialización de créditos de carbono, que mueve 130.000 millones de dólares, creció a partir de la idea de que, para controlar el cambio climático, de dónde venga el dióxido de carbono es menos importante que la cantidad total que se libere a la atmósfera.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) para abordar el cambio climático, es un instrumento mediante el cual las naciones ricas pueden superar sus cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero si financian proyectos para reducirlas en los países en desarrollo.
Los proyectos registrados en el marco del MDL reciben créditos por cada tonelada reducida de dióxido de carbono o su equivalente. Esos certificados pueden venderse directamente a las empresas contaminantes de naciones industriales, o indirectamente a través de un intermediario o gerente de fondos.
China, mayor emisor mundial de gases invernadero, también es líder en proyectos de energías limpias. El gigante industrial registró 586 proyectos bajo el MDL, que se espera generen 181 millones de créditos de carbono anuales, o alrededor de 59 por ciento del total del planeta.
India y Brasil han registrado proyectos de MDL que representan 12 y siete por ciento, respectivamente, de los créditos anuales totales.
Los laxos controles ambientales de Egipto lo convierten en un importante candidato para soluciones simples y baratas de reducción de emisiones. En 2005 el gobierno designó una autoridad nacional para el MDL, que ha registrado apenas cuatro proyectos por un valor anual promedio de 1,79 millones de créditos de carbono, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
"Egipto no ha vislumbrado el negocio", dijo Kilian Baelz, director en funciones del Centro Regional para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética, una organización de expertos con sede en El Cairo.
"Hay países como India y China que ven al MDL como una oportunidad de hacer negocios para financiar proyectos a gran escala, por ejemplo de infraestructura, mientras que en Egipto el MDL es percibido como un procedimiento burocrático más. Así, el proceso es engorroso y las actividades de la autoridad designada es más bien restrictiva", agregó.
Carbon Egypt, subsidiaria de Carbon Projektentwicklung, con sede en Viena, se convirtió en la primera empresa en intermediar en un proyecto de MDL en Egipto.
En esa oportunidad financió la instalación de una planta de tratamiento de gas en un complejo propiedad de Fertilizantes Abu Qir, mayor productor de Medio Oriente de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero.
Los filtros catalíticos de la planta absorben 99 por ciento de las 4.700 toneladas de óxido nitroso que emite el complejo por año, generando hasta 1,5 millones de créditos anuales de carbono.
Según el acuerdo, todos los créditos de carbono pertenecen a Carbon Egypt, que paga 30 por ciento de sus ingresos netos a la empresa fertilizadora estatal por el uso de sus instalaciones.
"El proyecto comenzó hace tres años e implicó cero riesgo para Abu Qir", explicó Hani Riskalla, gerente general de Carbon Egypt.
"Todo el financiamiento vino de (nuestro lado), el cliente no invirtió ni un centavo", añadió.
Según Riskalla, la mayoría de los créditos de carbono los compró la firma energética alemana RWE, para todo 2012, y el gobierno austriaco accedió a adquirir el resto.
Otros proyectos de MDL registrados por Egipto abarcan un sistema de captura de residuos de gases para una fábrica de carbono negro --un producto de la combustión incompleta de hidrocarburos que tiene varios usos industriales--, el secuestro de gas metano en un vertedero cercano a la septentrional ciudad de Alejandría, y una granja eólica de 120 megavatios en la costa del mar Rojo.
El Consejo Egipcio para el Mecanismo de Desarrollo Limpio también aprobó más de 50 proyectos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por el equivalente a 9,1 millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
La mayoría de estos proyectos involucran la conversión de maquinaria que quema combustibles fósiles a un sistema que emplee combustibles renovables y más limpios.
Un informe de 2006 elaborado por el Instituto Tabbin para los Estudios Metalúrgicos identificó a las actividades relacionadas con la energía como la fuente de 71 por ciento de las emisiones de gases invernadero en Egipto.
"Los sectores con las emisiones más altas son el principal objetivo para las medidas de reducción y la implementación de proyectos de MDL", señaló.
El estudio también citó varios obstáculos que disuaden a las firmas locales y a los inversores extranjeros de adoptar medidas para reducir las emisiones. "Los subsidios al combustible y la electricidad, los obstáculos burocráticos y los impuestos aduaneros limitan en cierto grado el atractivo y el potencial del MDL en el país", concluyó.
Algunos analistas en energía consideran que hay en juego factores externos. Entre ellos, la caída de los precios internacionales de los créditos de carbono, fenómeno que ha debilitado el interés empresarial por soluciones limpias.
"La crisis financiera ha golpeado muy duramente a las energías renovables por varias razones", destacó Baelz.
"Una razón es que la mayoría de estos proyectos se autofinancian, y se ha vuelto muy difícil conseguir estos fondos. Otra es que la economía mundial se está contrayendo y, por lo tanto, también la cuota de carbono que puede cumplirse. Pero no porque hayamos cambiado el modo en que vivimos y las tecnologías que usamos, sino simplemente porque, al contraerse la economía, las emisiones se están reduciendo", añadió.
También puede haber cierta reticencia a implementar proyectos de MDL, dada la incertidumbre que rodea al futuro del Protocolo de Kyoto, que expirará en 2012.
Se espera que el panorama se aclare en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en diciembre en Copenhague.
Riskalla confía en que el MDL siga implementándose para los países en desarrollo como incentivo para introducir tecnologías limpias. "E incluso si no existe (después de 2012), todavía tendremos que trabajar para minimizar las emisiones", dijo.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)
EL CAIRO, ago (IPS/IFEJ) - El problema de la contaminación en Egipto es una potencial mina de oro, si el país consolida su participación en el lucrativo mercado internacional de carbono.
La comercialización de créditos de carbono, que mueve 130.000 millones de dólares, creció a partir de la idea de que, para controlar el cambio climático, de dónde venga el dióxido de carbono es menos importante que la cantidad total que se libere a la atmósfera.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) para abordar el cambio climático, es un instrumento mediante el cual las naciones ricas pueden superar sus cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero si financian proyectos para reducirlas en los países en desarrollo.
Los proyectos registrados en el marco del MDL reciben créditos por cada tonelada reducida de dióxido de carbono o su equivalente. Esos certificados pueden venderse directamente a las empresas contaminantes de naciones industriales, o indirectamente a través de un intermediario o gerente de fondos.
China, mayor emisor mundial de gases invernadero, también es líder en proyectos de energías limpias. El gigante industrial registró 586 proyectos bajo el MDL, que se espera generen 181 millones de créditos de carbono anuales, o alrededor de 59 por ciento del total del planeta.
India y Brasil han registrado proyectos de MDL que representan 12 y siete por ciento, respectivamente, de los créditos anuales totales.
Los laxos controles ambientales de Egipto lo convierten en un importante candidato para soluciones simples y baratas de reducción de emisiones. En 2005 el gobierno designó una autoridad nacional para el MDL, que ha registrado apenas cuatro proyectos por un valor anual promedio de 1,79 millones de créditos de carbono, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
"Egipto no ha vislumbrado el negocio", dijo Kilian Baelz, director en funciones del Centro Regional para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética, una organización de expertos con sede en El Cairo.
"Hay países como India y China que ven al MDL como una oportunidad de hacer negocios para financiar proyectos a gran escala, por ejemplo de infraestructura, mientras que en Egipto el MDL es percibido como un procedimiento burocrático más. Así, el proceso es engorroso y las actividades de la autoridad designada es más bien restrictiva", agregó.
Carbon Egypt, subsidiaria de Carbon Projektentwicklung, con sede en Viena, se convirtió en la primera empresa en intermediar en un proyecto de MDL en Egipto.
En esa oportunidad financió la instalación de una planta de tratamiento de gas en un complejo propiedad de Fertilizantes Abu Qir, mayor productor de Medio Oriente de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero.
Los filtros catalíticos de la planta absorben 99 por ciento de las 4.700 toneladas de óxido nitroso que emite el complejo por año, generando hasta 1,5 millones de créditos anuales de carbono.
Según el acuerdo, todos los créditos de carbono pertenecen a Carbon Egypt, que paga 30 por ciento de sus ingresos netos a la empresa fertilizadora estatal por el uso de sus instalaciones.
"El proyecto comenzó hace tres años e implicó cero riesgo para Abu Qir", explicó Hani Riskalla, gerente general de Carbon Egypt.
"Todo el financiamiento vino de (nuestro lado), el cliente no invirtió ni un centavo", añadió.
Según Riskalla, la mayoría de los créditos de carbono los compró la firma energética alemana RWE, para todo 2012, y el gobierno austriaco accedió a adquirir el resto.
Otros proyectos de MDL registrados por Egipto abarcan un sistema de captura de residuos de gases para una fábrica de carbono negro --un producto de la combustión incompleta de hidrocarburos que tiene varios usos industriales--, el secuestro de gas metano en un vertedero cercano a la septentrional ciudad de Alejandría, y una granja eólica de 120 megavatios en la costa del mar Rojo.
El Consejo Egipcio para el Mecanismo de Desarrollo Limpio también aprobó más de 50 proyectos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por el equivalente a 9,1 millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
La mayoría de estos proyectos involucran la conversión de maquinaria que quema combustibles fósiles a un sistema que emplee combustibles renovables y más limpios.
Un informe de 2006 elaborado por el Instituto Tabbin para los Estudios Metalúrgicos identificó a las actividades relacionadas con la energía como la fuente de 71 por ciento de las emisiones de gases invernadero en Egipto.
"Los sectores con las emisiones más altas son el principal objetivo para las medidas de reducción y la implementación de proyectos de MDL", señaló.
El estudio también citó varios obstáculos que disuaden a las firmas locales y a los inversores extranjeros de adoptar medidas para reducir las emisiones. "Los subsidios al combustible y la electricidad, los obstáculos burocráticos y los impuestos aduaneros limitan en cierto grado el atractivo y el potencial del MDL en el país", concluyó.
Algunos analistas en energía consideran que hay en juego factores externos. Entre ellos, la caída de los precios internacionales de los créditos de carbono, fenómeno que ha debilitado el interés empresarial por soluciones limpias.
"La crisis financiera ha golpeado muy duramente a las energías renovables por varias razones", destacó Baelz.
"Una razón es que la mayoría de estos proyectos se autofinancian, y se ha vuelto muy difícil conseguir estos fondos. Otra es que la economía mundial se está contrayendo y, por lo tanto, también la cuota de carbono que puede cumplirse. Pero no porque hayamos cambiado el modo en que vivimos y las tecnologías que usamos, sino simplemente porque, al contraerse la economía, las emisiones se están reduciendo", añadió.
También puede haber cierta reticencia a implementar proyectos de MDL, dada la incertidumbre que rodea al futuro del Protocolo de Kyoto, que expirará en 2012.
Se espera que el panorama se aclare en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en diciembre en Copenhague.
Riskalla confía en que el MDL siga implementándose para los países en desarrollo como incentivo para introducir tecnologías limpias. "E incluso si no existe (después de 2012), todavía tendremos que trabajar para minimizar las emisiones", dijo.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)
CAMBIO CLIMÁTICO: "No queremos ver más repartos de culpas"
Prime Sarmiento entrevista a MOHAMED ASLAM, ministro de Ambiente de Maldivas
MANILA, ago (IPS) - Las economías en desarrollo son más vulnerables al recalentamiento planetario y necesitan fondos para implementar las tan necesitadas medidas de mitigación y adaptación. Este es uno de los puntos clave que deben ser encarados en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague.
Así lo afirmó el ministro de Vivienda, Transporte y Ambiente de Maldivas, Mohamed Aslam.
Representantes de gobiernos se reunirán en la capital danesa entre el 7 y el 18 de diciembre para fijar nuevas metas de emisión de los llamados gases invernadero, que según la mayoría de los científicos son los causantes del recalentamiento planetario.
Países industrializados como Estados Unidos insisten en que las economías de rápido crecimiento como China e India deben comprometerse a reducir sus emisiones, mientras que estas últimas señalan que las naciones del Norte son los principales responsables del recalentamiento global.
Mohamed estuvo recientemente en Manila para participar de un foro regional sobre cambio climático. En entrevista con IPS, expresó su frustración por este discurso en las negociaciones, que sólo busca repartir culpas.
"No importa quién lo hizo", dijo a IPS, añadiendo que ahora lo fundamental es que "quien tenga los fondos, debe hacerlos disponibles para aquellos que lo necesitan".
El archipiélago de Maldivas, en el océano Índico, es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ya que sus 1.190 habitantes viven a solo dos metros por sobre del nivel del mar.
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha alertado repetidamente que un aumento en el nivel de los océanos causado por el recalentamiento planetario podría exacerbar los fenómenos de tormentas y la erosión costera en las pequeñas islas.
Mohamed dijo que el gobierno de Maldivas está haciendo lo que puede, pero señaló que con recursos modestos es imposible implementar las costosas medidas de adaptación y mitigación.
IPS: ¿Cuáles son los principales temas que el panel de Maldivas presentará durante el encuentro en Copenhague?
MOHAMED ASLAM: No queremos ver el intercambio de culpas. Quién lo hizo, no importa. Lo que importa es que quien tenga los fondos debe hacerlos disponibles para los que los necesitan. Necesitamos tecnología. No necesitamos dádivas, sino socios que vengan y nos ayuden.
No queremos más estudios ni planes de acción. Ya ha habido suficiente de eso. Tenemos una visión clara de lo que hay que hacer ahora.
No queremos hablar de reducir los gases invernadero. Queremos que el mundo invierta en tecnologías verdes. Seguiremos usando los ventiladores y el aire acondicionado. No vamos a dejar de hacerlo. Así que debemos desarrollar una vía alternativa para producir energía.
IPS: ¿Están esperando actualmente los efectos del cambio climático?
MA: Todos los efectos que se han predicho, como erosión, inundaciones, tornados, sequías y transformaciones en los patrones de lluvias, los estamos viendo en Maldivas. Muchas zonas costeras también se están erosionando. Esto no lo veíamos cuando éramos niños.
En los últimos años, el gobierno ha tenido que suministrar agua potable a muchas de nuestras islas. También estamos viendo muchas inundaciones. En 2005, hubo una gran inundación y no fue causada por una tormenta cercana a nosotros, sino lejana. Maldivas es una zona libre de tormentas. Como las islas del país están en un nivel bajo, cualquier tornado por encima de lo normal causa inundaciones.
IPS: ¿Cómo está el gobierno de Maldivas preparándose para el cambio climático?
MA: El gobierno está recomendando. Eso es lo mejor que podemos hacer. Queremos cambiar los hábitos de las personas. La solución a largo plazo para este problema es que todos se involucren. Todos deben darse cuenta de que tienen algún nivel de contribución para arreglar esto.
Hemos destinado dinero para la protección costera, así como para tratar la carencia de agua potable. No podemos tratar con los principales asuntos solo nosotros. Simplemente no tenemos los fondos.
La adaptación no es barata. Necesitamos casi 40 millones de dólares sólo para proteger la línea costera de una isla.
IPS: ¿Reciben asistencia financiera de agencias multilaterales?
MA: Nada significativo. Se habla mucho de financiamiento disponible, pero no sé cuántos países la han recibido. Nosotros no. Quizás no sabemos cómo obtenerla. Quizás alguien deba decirnos cómo.
IPS: ¿Cuál es el proyecto más urgente que necesitan hacer para proteger a Maldivas de los impactos del cambio climático?
MA: Necesitamos implementar proyectos sobre adaptación física. Tenemos que prevenir la erosión costera y administrar nuestros desechos.(FIN/2009)
MANILA, ago (IPS) - Las economías en desarrollo son más vulnerables al recalentamiento planetario y necesitan fondos para implementar las tan necesitadas medidas de mitigación y adaptación. Este es uno de los puntos clave que deben ser encarados en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague.
Así lo afirmó el ministro de Vivienda, Transporte y Ambiente de Maldivas, Mohamed Aslam.
Representantes de gobiernos se reunirán en la capital danesa entre el 7 y el 18 de diciembre para fijar nuevas metas de emisión de los llamados gases invernadero, que según la mayoría de los científicos son los causantes del recalentamiento planetario.
Países industrializados como Estados Unidos insisten en que las economías de rápido crecimiento como China e India deben comprometerse a reducir sus emisiones, mientras que estas últimas señalan que las naciones del Norte son los principales responsables del recalentamiento global.
Mohamed estuvo recientemente en Manila para participar de un foro regional sobre cambio climático. En entrevista con IPS, expresó su frustración por este discurso en las negociaciones, que sólo busca repartir culpas.
"No importa quién lo hizo", dijo a IPS, añadiendo que ahora lo fundamental es que "quien tenga los fondos, debe hacerlos disponibles para aquellos que lo necesitan".
El archipiélago de Maldivas, en el océano Índico, es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ya que sus 1.190 habitantes viven a solo dos metros por sobre del nivel del mar.
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha alertado repetidamente que un aumento en el nivel de los océanos causado por el recalentamiento planetario podría exacerbar los fenómenos de tormentas y la erosión costera en las pequeñas islas.
Mohamed dijo que el gobierno de Maldivas está haciendo lo que puede, pero señaló que con recursos modestos es imposible implementar las costosas medidas de adaptación y mitigación.
IPS: ¿Cuáles son los principales temas que el panel de Maldivas presentará durante el encuentro en Copenhague?
MOHAMED ASLAM: No queremos ver el intercambio de culpas. Quién lo hizo, no importa. Lo que importa es que quien tenga los fondos debe hacerlos disponibles para los que los necesitan. Necesitamos tecnología. No necesitamos dádivas, sino socios que vengan y nos ayuden.
No queremos más estudios ni planes de acción. Ya ha habido suficiente de eso. Tenemos una visión clara de lo que hay que hacer ahora.
No queremos hablar de reducir los gases invernadero. Queremos que el mundo invierta en tecnologías verdes. Seguiremos usando los ventiladores y el aire acondicionado. No vamos a dejar de hacerlo. Así que debemos desarrollar una vía alternativa para producir energía.
IPS: ¿Están esperando actualmente los efectos del cambio climático?
MA: Todos los efectos que se han predicho, como erosión, inundaciones, tornados, sequías y transformaciones en los patrones de lluvias, los estamos viendo en Maldivas. Muchas zonas costeras también se están erosionando. Esto no lo veíamos cuando éramos niños.
En los últimos años, el gobierno ha tenido que suministrar agua potable a muchas de nuestras islas. También estamos viendo muchas inundaciones. En 2005, hubo una gran inundación y no fue causada por una tormenta cercana a nosotros, sino lejana. Maldivas es una zona libre de tormentas. Como las islas del país están en un nivel bajo, cualquier tornado por encima de lo normal causa inundaciones.
IPS: ¿Cómo está el gobierno de Maldivas preparándose para el cambio climático?
MA: El gobierno está recomendando. Eso es lo mejor que podemos hacer. Queremos cambiar los hábitos de las personas. La solución a largo plazo para este problema es que todos se involucren. Todos deben darse cuenta de que tienen algún nivel de contribución para arreglar esto.
Hemos destinado dinero para la protección costera, así como para tratar la carencia de agua potable. No podemos tratar con los principales asuntos solo nosotros. Simplemente no tenemos los fondos.
La adaptación no es barata. Necesitamos casi 40 millones de dólares sólo para proteger la línea costera de una isla.
IPS: ¿Reciben asistencia financiera de agencias multilaterales?
MA: Nada significativo. Se habla mucho de financiamiento disponible, pero no sé cuántos países la han recibido. Nosotros no. Quizás no sabemos cómo obtenerla. Quizás alguien deba decirnos cómo.
IPS: ¿Cuál es el proyecto más urgente que necesitan hacer para proteger a Maldivas de los impactos del cambio climático?
MA: Necesitamos implementar proyectos sobre adaptación física. Tenemos que prevenir la erosión costera y administrar nuestros desechos.(FIN/2009)
AMBIENTE-CHILE: Amenazas a activistas contrarios a termoeléctricas
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, ago (IPS) - Cinco dirigentes sociales contrarios a la instalación de centrales termoeléctricas en el norte de Chile denunciaron a la justicia haber recibido amenazas de muerte anónimas conminándolos a desistir de su lucha.
"Estamos preocupados", comentó a IPS la dirigente Rosa Rojas, presidenta del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), que desde hace dos años se opone junto a pescadores artesanales a tres centrales termoeléctricas a carbón proyectadas en esa comuna de la norteña región chilena de Coquimbo. Se trata de Barrancones, de la franco-belga Suez Energy, y Cruz Grande, de Abastecimientos CAP.
El tercer proyecto, Farellones, de la empresa minera estatal Codelco, fue retirado en noviembre del año pasado del sistema de evaluación de impacto ambiental, una decisión recibida como un triunfo parcial por los activistas.
Como Cruz Grande ha solicitado en varias ocasiones ampliar el plazo legal para responder las observaciones de organismos públicos, los esfuerzos de los habitantes de La Higuera hoy se dirigen a frenar Barrancones, que está en su última etapa de calificación ambiental.
El proyecto de Barrancones prevé una inversión de 1.100 millones de dólares para producir 600 megavatios de electricidad.
Los opositores, entre los que se cuentan pescadores, agricultores, empresarios turísticos y biólogos, plantean que la generación eléctrica a carbón dañará irremediablemente la biodiversidad marina, la salud de las personas y el turismo. La empresa descarta todos esos riesgos.
La usina termoeléctrica se ubicaría a 21 kilómetros de Punta de Choros, sobre el océano Pacífico, un sitio que anualmente atrae a miles turistas porque alberga la mayor reserva mundial de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti). Allí también es posible divisar delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).
Además de Rojas, las otras víctimas de amenazas telefónicas son Gabriel Molina, presidente de la asociación de pescadores de Los Choros, Clara Pérez, del Movimiento ecologista Línea Verde, Carlos Vergara, presidente del sindicato de pescadores de Caleta de Hornos, y Jan Van Dyck, agricultor y secretario de Modema.
El 24 de julio, con una diferencia de aproximadamente cinco minutos, todos recibieron mensajes amenazadores de texto en sus teléfonos celulares, que se repitieron los tres días subsiguientes, inclusive después de que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (fiscalía).
"No se metan con Barrancones", "Los andamos siguiendo" o "Muerte a todos los que están en contra de las termoeléctricas" fueron algunas de las frases recibidas, aseguró Rojas.
Ante la gravedad de los hechos, decidieron interponer una querella penal contra quienes resulten responsables. Efectivos policiales y de la marina de guerra están alerta por su seguridad, aunque no se les ha prestado protección individual.
¿Hacia a dónde apuntan las sospechas? "Nosotros no podemos decir nada. Lo único que sí sabemos es que la empresa Suez Energy ha negociado con muchos pescadores y está ofreciendo plata (dinero) a diferentes grupos y lógicamente eso genera divisiones sociales que nosotros hace mucho tiempo venimos denunciando", dijo Rojas.
"Están ofreciendo plata, manipulando a la gente, entonces lógicamente en algún momento situaciones así pueden pasar. Nosotros no podemos acusar a nadie, pero sí creo que Suez ha hecho una acción disociadora dentro del ámbito social de La Higuera que puede crear muchos conflictos", acotó.
Consultada por IPS sobre estas denuncias, Suez Energy se excusó de formular declaraciones.
El único pronunciamiento de la empresa fue a través de una carta al director del diario local El Día, y publicada por éste, donde Damián Talavera, gerente del proyecto Barrancones, señaló que "lamentamos vernos injustamente vinculados con ciertas amenazas y ciertamente repudiamos que terceros anónimos, con oscuras intenciones, pretendan sembrar dudas o inquietud en nuestra convivencia".
Nos "solidarizamos con quienes estén o puedan sentirse afectados por dichas amenazas. El Ministerio Público y los tribunales de justicia son los llamados a aclarar la verdad de este tema y a sancionar cualquier acción que pretenda amenazar a terceros", agregó el ejecutivo.
"Nosotros no tenemos sospechas de nadie, solamente esperamos que la justicia investigue", dijo a IPS Gabriel Molina, presidente de la asociación de pescadores de Los Choros, una pequeña localidad de 60 familias que además de dedicarse a la pesca y al turismo de observación de cetáceos tienen cultivos de olivo y ganado caprino.
"Estas cosas (las amenazas) no pueden suceder en un país libre, democrático, en el siglo XXI", sostuvo el dirigente, quien pide a las autoridades proteger a la comuna de La Higuera que, según señaló, produce 60 por ciento de los pescados y moluscos de la región y siete por ciento del total del país.
Las amenazas no han amilanado a los dirigentes, que solicitaron entrevistas con autoridades y parlamentarios para informarlos sobre los peligros que a su juicio entrañan las centrales termoeléctricas para la zona.
El carbón es uno de los combustibles fósiles, junto al petróleo y al gas natural, cuya quema genera gran cantidad de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera e intensifican el recalentamiento global.
Preocupado por el aumento de estos gases y por la creciente participación del carbón en la matriz energética chilena, el gobierno prepara una norma para regular las emisiones de estas generadoras termoeléctricas. El anteproyecto debería conocerse a fines de este año.
Antes de que Chile comenzara a importar gas natural desde Argentina, a mediados de los años 90, el carbón representaba 25 por ciento de la matriz energética nacional, proporción que bajó al 17 por ciento actual.
Sin embargo, tras la estrechez energética causada por los recortes del hidrocarburo argentino a partir de 2004 y por el aumento del precio del petróleo, el país se volcó nuevamente al carbón.
Considerando los proyectos que comenzarán a funcionar en los próximos años, el gobierno estima que hacia 2015 esta fuente de energía volverá a las proporciones de la década pasada.(FIN/2009)
SANTIAGO, ago (IPS) - Cinco dirigentes sociales contrarios a la instalación de centrales termoeléctricas en el norte de Chile denunciaron a la justicia haber recibido amenazas de muerte anónimas conminándolos a desistir de su lucha.
"Estamos preocupados", comentó a IPS la dirigente Rosa Rojas, presidenta del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), que desde hace dos años se opone junto a pescadores artesanales a tres centrales termoeléctricas a carbón proyectadas en esa comuna de la norteña región chilena de Coquimbo. Se trata de Barrancones, de la franco-belga Suez Energy, y Cruz Grande, de Abastecimientos CAP.
El tercer proyecto, Farellones, de la empresa minera estatal Codelco, fue retirado en noviembre del año pasado del sistema de evaluación de impacto ambiental, una decisión recibida como un triunfo parcial por los activistas.
Como Cruz Grande ha solicitado en varias ocasiones ampliar el plazo legal para responder las observaciones de organismos públicos, los esfuerzos de los habitantes de La Higuera hoy se dirigen a frenar Barrancones, que está en su última etapa de calificación ambiental.
El proyecto de Barrancones prevé una inversión de 1.100 millones de dólares para producir 600 megavatios de electricidad.
Los opositores, entre los que se cuentan pescadores, agricultores, empresarios turísticos y biólogos, plantean que la generación eléctrica a carbón dañará irremediablemente la biodiversidad marina, la salud de las personas y el turismo. La empresa descarta todos esos riesgos.
La usina termoeléctrica se ubicaría a 21 kilómetros de Punta de Choros, sobre el océano Pacífico, un sitio que anualmente atrae a miles turistas porque alberga la mayor reserva mundial de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti). Allí también es posible divisar delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).
Además de Rojas, las otras víctimas de amenazas telefónicas son Gabriel Molina, presidente de la asociación de pescadores de Los Choros, Clara Pérez, del Movimiento ecologista Línea Verde, Carlos Vergara, presidente del sindicato de pescadores de Caleta de Hornos, y Jan Van Dyck, agricultor y secretario de Modema.
El 24 de julio, con una diferencia de aproximadamente cinco minutos, todos recibieron mensajes amenazadores de texto en sus teléfonos celulares, que se repitieron los tres días subsiguientes, inclusive después de que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (fiscalía).
"No se metan con Barrancones", "Los andamos siguiendo" o "Muerte a todos los que están en contra de las termoeléctricas" fueron algunas de las frases recibidas, aseguró Rojas.
Ante la gravedad de los hechos, decidieron interponer una querella penal contra quienes resulten responsables. Efectivos policiales y de la marina de guerra están alerta por su seguridad, aunque no se les ha prestado protección individual.
¿Hacia a dónde apuntan las sospechas? "Nosotros no podemos decir nada. Lo único que sí sabemos es que la empresa Suez Energy ha negociado con muchos pescadores y está ofreciendo plata (dinero) a diferentes grupos y lógicamente eso genera divisiones sociales que nosotros hace mucho tiempo venimos denunciando", dijo Rojas.
"Están ofreciendo plata, manipulando a la gente, entonces lógicamente en algún momento situaciones así pueden pasar. Nosotros no podemos acusar a nadie, pero sí creo que Suez ha hecho una acción disociadora dentro del ámbito social de La Higuera que puede crear muchos conflictos", acotó.
Consultada por IPS sobre estas denuncias, Suez Energy se excusó de formular declaraciones.
El único pronunciamiento de la empresa fue a través de una carta al director del diario local El Día, y publicada por éste, donde Damián Talavera, gerente del proyecto Barrancones, señaló que "lamentamos vernos injustamente vinculados con ciertas amenazas y ciertamente repudiamos que terceros anónimos, con oscuras intenciones, pretendan sembrar dudas o inquietud en nuestra convivencia".
Nos "solidarizamos con quienes estén o puedan sentirse afectados por dichas amenazas. El Ministerio Público y los tribunales de justicia son los llamados a aclarar la verdad de este tema y a sancionar cualquier acción que pretenda amenazar a terceros", agregó el ejecutivo.
"Nosotros no tenemos sospechas de nadie, solamente esperamos que la justicia investigue", dijo a IPS Gabriel Molina, presidente de la asociación de pescadores de Los Choros, una pequeña localidad de 60 familias que además de dedicarse a la pesca y al turismo de observación de cetáceos tienen cultivos de olivo y ganado caprino.
"Estas cosas (las amenazas) no pueden suceder en un país libre, democrático, en el siglo XXI", sostuvo el dirigente, quien pide a las autoridades proteger a la comuna de La Higuera que, según señaló, produce 60 por ciento de los pescados y moluscos de la región y siete por ciento del total del país.
Las amenazas no han amilanado a los dirigentes, que solicitaron entrevistas con autoridades y parlamentarios para informarlos sobre los peligros que a su juicio entrañan las centrales termoeléctricas para la zona.
El carbón es uno de los combustibles fósiles, junto al petróleo y al gas natural, cuya quema genera gran cantidad de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera e intensifican el recalentamiento global.
Preocupado por el aumento de estos gases y por la creciente participación del carbón en la matriz energética chilena, el gobierno prepara una norma para regular las emisiones de estas generadoras termoeléctricas. El anteproyecto debería conocerse a fines de este año.
Antes de que Chile comenzara a importar gas natural desde Argentina, a mediados de los años 90, el carbón representaba 25 por ciento de la matriz energética nacional, proporción que bajó al 17 por ciento actual.
Sin embargo, tras la estrechez energética causada por los recortes del hidrocarburo argentino a partir de 2004 y por el aumento del precio del petróleo, el país se volcó nuevamente al carbón.
Considerando los proyectos que comenzarán a funcionar en los próximos años, el gobierno estima que hacia 2015 esta fuente de energía volverá a las proporciones de la década pasada.(FIN/2009)
sábado, 15 de agosto de 2009
ENERGÍA-EGIPTO: Acuerdo con Israel desata polémica
Por Adam Morrow y Khaled Moussa Al-Omrani*
EL CAIRO, 12 ago (IPS) - Figuras de la oposición y activistas de Egipto critican al gobierno de Hosni Mubarak por un acuerdo que firmó con Israel para venderle gas natural licuado (GNL) a precios que consideran excesivamente reducidos.
"El gas egipcio está siendo vendido a Israel a precios muy por debajo del promedio internacional", dijo a IPS Ibrahim Yosri, ex jefe de asuntos legales y tratados de la cancillería de Egipto. "Este acuerdo es una prueba de que al régimen gobernante no le preocupa la opinión pública, y que insiste en privarle al público egipcio de sus justos bienes nacionales".
El 28 de julio, Egipto formalmente aceptó vender entre 12.500 millones y 16.000 millones de metros cúbicos de GNL anuales a Israel durante un periodo de entre 17 y 22 años. El consorcio de energía egipcio-israelí Egyptian Mediterranean Gas (EMG) suministrará el producto a la firma israelí Dorad Energy a un costo total informado de entre 2.100 millones y 3.300 millones de dólares.
El acuerdo provocó gran controversia política, considerando la amplia condena popular a las políticas de Israel, particularmente las relacionadas con la población palestina en la franja de Gaza y Cisjordania.
"Está absolutamente prohibido que apoyemos a un país actualmente en guerra con el Islam y que ocupa la tierra de Palestina", dijo a medios de prensa independientes Nasr Farid Wassil, ex gran muftí (jurisconsulto islámico) de Egipto. "Todas las relaciones económicas con un país así deberían romperse", añadió.
A pesar de su impopularidad, este acuerdo no es el primero: bajo un tratado energético anterior, Egipto ha estado exportando GNL a Israel desde mayo de 2008. Extraído del norte de la península de Sinaí, el gas es llevado vía submarina desde la localidad costera de Al Arish hasta la ciudad portuaria israelí de Ashkelon.
El primer acuerdo, firmado en 2005, permitió a EMG vender 1.700 millones de metros cúbicos de GNL anuales a la estatal Corporación Eléctrica Israelí por un periodo de 15 años. El importe del producto nunca fue oficialmente informado, lo que motivó especulaciones de que había sido vendido a precios reducidos.
Egipto es uno de los pocos estados árabes, junto a Mauritania y Jordania, que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Israel. Sin embargo, la cooperación bilateral se ha visto obstaculizada por la desaprobación popular egipcia a las políticas israelíes.
En los últimos años, las opiniones contra Israel aumentaron a causa de la ofensiva y el bloqueo que ese país llevó a cabo contra la franja de Gaza, que comparte una frontera de 14 kilómetros con Egipto. El asedio israelí, entre diciembre y enero, dejó más de 1.500 muertos y otros 5.000 heridos.
El año pasado se lanzó una iniciativa pública contra todo tipo de acuerdo sobre exportación de GNL.
"El gas natural egipcio pertenece al pueblo egipcio, no al gobierno", dijo entonces a IPS el portavoz de la Campaña Popular contra las Exportaciones de Gas y ex parlamentario Mohammed Anwar Al Sadat. "Si van a venderlo, deberían al menos hacerlo a precios internacionales", añadió.
La campaña incluyó una demanda presentada por Yosri y varios activistas políticos contra el acuerdo de 2005.
"Todos los estudios, oficiales e independientes, indican que Egipto está en gran necesidad de estos recursos energéticos para su propio futuro desarrollo", afirmó Yosri. "Y aun más, los actuales precios de las ventas son muy bajos".
En noviembre pasado, un tribunal administrativo falló a favor de Yosri y sus co-demandantes. Citando la falta de aprobación parlamentaria y la vaguedad del tratado, la corte ordenó prohibir las exportaciones.
Pero el gobierno apeló y la Suprema Corte ordenó en febrero congelar la implementación del fallo, ahora pendiente de futuras deliberaciones.
Respondiendo a las críticas al tratado de 2005, el gobierno de Mubarak anunció su intención de revisarlo. El ministro de Petróleo, Sameh Fahmy, prometió en junio ante el parlamento que se "revisarían todos los acuerdos de exportación de gas con todos los países, incluyendo con Israel".
Tras la firma del acuerdo de julio pasado, Mubarak anunció que el gobierno había "hecho revisiones y enmiendas a los actuales contratos del gas con todos los países, con el fin de maximizar las ganancias para Egipto".
Citado en la edición del 4 de este mes del periódico Al Ahram, el mandatario subrayó que "Egipto no está vendiendo gas a Israel a precios reducidos, como algunos afirman".
Pero el experto en energía Ibrahim Zahram, miembro de la campaña contra las exportaciones, sostuvo que el precio del gas "estaba devaluado en el primer acuerdo, y lo sigue estando".
"El primer acuerdo estableció un precio de 1,25 dólares por millón de unidades termales británicas (BTU), comparado con los precios internacionales de unos 15 dólares por millón de BTU", dijo a Zahran a IPS.
"Bajo el nuevo acuerdo, el precio fue elevado a 1,75 dólares por millón de BTU, aunque los precios internacionales siguen igual. Rusia, por ejemplo, vende actualmente a su vecina Ucrania el gas a 15 dólares el millón de BTU", añadió.
"Con estos precios ampliamente reducidos, Egipto está efectivamente subsidiando a Israel", sostuvo.
Las deliberaciones finales de la Suprema Corte sobre la demanda comenzarán en octubre. Yosri sostuvo que también presentarán una queja por los términos del nuevo acuerdo.
*Excluida su publicación en Italia.
(FIN/2009)
EL CAIRO, 12 ago (IPS) - Figuras de la oposición y activistas de Egipto critican al gobierno de Hosni Mubarak por un acuerdo que firmó con Israel para venderle gas natural licuado (GNL) a precios que consideran excesivamente reducidos.
"El gas egipcio está siendo vendido a Israel a precios muy por debajo del promedio internacional", dijo a IPS Ibrahim Yosri, ex jefe de asuntos legales y tratados de la cancillería de Egipto. "Este acuerdo es una prueba de que al régimen gobernante no le preocupa la opinión pública, y que insiste en privarle al público egipcio de sus justos bienes nacionales".
El 28 de julio, Egipto formalmente aceptó vender entre 12.500 millones y 16.000 millones de metros cúbicos de GNL anuales a Israel durante un periodo de entre 17 y 22 años. El consorcio de energía egipcio-israelí Egyptian Mediterranean Gas (EMG) suministrará el producto a la firma israelí Dorad Energy a un costo total informado de entre 2.100 millones y 3.300 millones de dólares.
El acuerdo provocó gran controversia política, considerando la amplia condena popular a las políticas de Israel, particularmente las relacionadas con la población palestina en la franja de Gaza y Cisjordania.
"Está absolutamente prohibido que apoyemos a un país actualmente en guerra con el Islam y que ocupa la tierra de Palestina", dijo a medios de prensa independientes Nasr Farid Wassil, ex gran muftí (jurisconsulto islámico) de Egipto. "Todas las relaciones económicas con un país así deberían romperse", añadió.
A pesar de su impopularidad, este acuerdo no es el primero: bajo un tratado energético anterior, Egipto ha estado exportando GNL a Israel desde mayo de 2008. Extraído del norte de la península de Sinaí, el gas es llevado vía submarina desde la localidad costera de Al Arish hasta la ciudad portuaria israelí de Ashkelon.
El primer acuerdo, firmado en 2005, permitió a EMG vender 1.700 millones de metros cúbicos de GNL anuales a la estatal Corporación Eléctrica Israelí por un periodo de 15 años. El importe del producto nunca fue oficialmente informado, lo que motivó especulaciones de que había sido vendido a precios reducidos.
Egipto es uno de los pocos estados árabes, junto a Mauritania y Jordania, que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Israel. Sin embargo, la cooperación bilateral se ha visto obstaculizada por la desaprobación popular egipcia a las políticas israelíes.
En los últimos años, las opiniones contra Israel aumentaron a causa de la ofensiva y el bloqueo que ese país llevó a cabo contra la franja de Gaza, que comparte una frontera de 14 kilómetros con Egipto. El asedio israelí, entre diciembre y enero, dejó más de 1.500 muertos y otros 5.000 heridos.
El año pasado se lanzó una iniciativa pública contra todo tipo de acuerdo sobre exportación de GNL.
"El gas natural egipcio pertenece al pueblo egipcio, no al gobierno", dijo entonces a IPS el portavoz de la Campaña Popular contra las Exportaciones de Gas y ex parlamentario Mohammed Anwar Al Sadat. "Si van a venderlo, deberían al menos hacerlo a precios internacionales", añadió.
La campaña incluyó una demanda presentada por Yosri y varios activistas políticos contra el acuerdo de 2005.
"Todos los estudios, oficiales e independientes, indican que Egipto está en gran necesidad de estos recursos energéticos para su propio futuro desarrollo", afirmó Yosri. "Y aun más, los actuales precios de las ventas son muy bajos".
En noviembre pasado, un tribunal administrativo falló a favor de Yosri y sus co-demandantes. Citando la falta de aprobación parlamentaria y la vaguedad del tratado, la corte ordenó prohibir las exportaciones.
Pero el gobierno apeló y la Suprema Corte ordenó en febrero congelar la implementación del fallo, ahora pendiente de futuras deliberaciones.
Respondiendo a las críticas al tratado de 2005, el gobierno de Mubarak anunció su intención de revisarlo. El ministro de Petróleo, Sameh Fahmy, prometió en junio ante el parlamento que se "revisarían todos los acuerdos de exportación de gas con todos los países, incluyendo con Israel".
Tras la firma del acuerdo de julio pasado, Mubarak anunció que el gobierno había "hecho revisiones y enmiendas a los actuales contratos del gas con todos los países, con el fin de maximizar las ganancias para Egipto".
Citado en la edición del 4 de este mes del periódico Al Ahram, el mandatario subrayó que "Egipto no está vendiendo gas a Israel a precios reducidos, como algunos afirman".
Pero el experto en energía Ibrahim Zahram, miembro de la campaña contra las exportaciones, sostuvo que el precio del gas "estaba devaluado en el primer acuerdo, y lo sigue estando".
"El primer acuerdo estableció un precio de 1,25 dólares por millón de unidades termales británicas (BTU), comparado con los precios internacionales de unos 15 dólares por millón de BTU", dijo a Zahran a IPS.
"Bajo el nuevo acuerdo, el precio fue elevado a 1,75 dólares por millón de BTU, aunque los precios internacionales siguen igual. Rusia, por ejemplo, vende actualmente a su vecina Ucrania el gas a 15 dólares el millón de BTU", añadió.
"Con estos precios ampliamente reducidos, Egipto está efectivamente subsidiando a Israel", sostuvo.
Las deliberaciones finales de la Suprema Corte sobre la demanda comenzarán en octubre. Yosri sostuvo que también presentarán una queja por los términos del nuevo acuerdo.
*Excluida su publicación en Italia.
(FIN/2009)
viernes, 14 de agosto de 2009
El enorme abismo entre la ciencia climática y las negociaciones sobre el clima
Autor | Chris Lang | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 3 agosto 2009 13:39
La distancia que existe entre la ciencia climática y las negociaciones sobre el clima quedó dramáticamente ilustrada en la reunión sobre el clima de la ONU que tuvo lugar en Bonn. Mientras los científicos nos dicen que necesitamos grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos establecen objetivos de reducción tan bajos que casi garantizan un cambio climático descontrolado.
La distancia que existe entre la ciencia climática y las negociaciones sobre el clima quedó dramáticamente ilustrada en la reunión sobre el clima de la ONU que tuvo lugar en Bonn a comienzos de este mes. Mientras los científicos nos dicen que necesitamos grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos establecen objetivos de reducción tan bajos que casi garantizan un cambio climático descontrolado.
En un evento paralelo organizado por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, los científicos realizaron una serie de presentaciones bajo el título: “Las emisiones y el objetivo de quedar por debajo de 2°C – ¿lo lograrán las propuestas actuales?”. Katje Frieler, del Instituto de Potsdam, señaló que más de 100 países exigen un objetivo que limite el calentamiento global a 2°C o menos. “¿Cuánto hace falta reducir las emisiones para alcanzar ese objetivo?”, preguntó. Los gráficos que mostró daban miedo. Si las emisiones siguieran como hasta ahora, el aumento de la temperatura oscilaría entre los 3°C y los 8°C para 2100. Pero la cifra importante fue 1 billón de toneladas de CO2. Esa es la cantidad total de emisiones que podemos producir entre 2000 y 2050 para que la posibilidad de exceder los 2°C no pase del 25 por ciento. La mala noticia es que ya emitimos un tercio de esa cifra en los últimos nueve años.
Joeri Rogelj mostró que la situación era aún peor. Observó los objetivos de reducción de las emisiones que los países están fijando actualmente y concluyó que, si cumplen con dichas metas, es “prácticamente seguro que excederemos los 2°C”, con concentraciones medias de CO2 de más de 700 partes por millón para 2100.
Bill Hare, del Instituto de Potsdam y de Climate Analytics, resumió las implicaciones de los hallazgos que fueron publicados en la revista Nature el 30 de abril de 2009. Según dijo, “Entre 2009 y 2050 podemos quemar menos de un cuarto de las reservas de combustible fósil disponible y económicamente recuperable”.
Como señaló George Monbiot, “La prueba del compromiso de todos los gobiernos para detener la crisis climática es ésta: si están dispuestos a imponer un límite al uso de las reservas [de combustibles fósiles] ya descubiertas y una moratoria permanente a la prospección de nuevas reservas, bien. Si no lo están, todo es pura palabrería.”
La urgencia que revelaban las presentaciones del Instituto de Potsdam no se vio reflejada en las negociaciones de Bonn. Ninguna de las delegaciones gubernamentales presentes habló de imponer límite alguno al uso de combustibles fósiles. El Grupo de Trabajo ad hoc sobre la acción cooperativa a largo plazo de la Convención (AWGLCA) terminó presentando un borrador de negociación de 200 páginas, o sea casi cuatro veces más largo que el borrador redactado antes de la reunión. El Grupo de Trabajo ad hoc del Protocolo de Kyoto no logró alcanzar ningún acuerdo sobre objetivos de reducción de las emisiones más allá de 2012. En otras palabras, pura palabrería.
Además de detener la extracción y quema de combustibles fósiles, debemos también detener la deforestación. Pero en Bonn no hubo grandes progresos en las discusiones acerca de reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD). En una sesión plenaria informal, Michael Zammit Cutajar, presidente del AWGLCA, habló largo y tendido sobre paréntesis y corchetes. Habló de “la falta de perfección de los corchetes” y de algo que él llamo “paréntesis mentales”.
En una reunión del AWGLCA sobre REDD que tuvo lugar durante la segunda semana de conversaciones, la impresión dominante fue que alguien había soñado con REDD la noche anterior, después de uno o dos vasos de cerveza. Durante 90 minutos, los delegados charlaron sobre REDD como si nunca antes hubiesen tocado el tema. Otras discusiones del AWGLCA fueron diabólicamente complejas, referentes a temas como REDD plus; REDD y NAMA; REDD y LULUCF; REDD y MRV; REDD y el CDB; REDD y la DNUDPI; REDD y el comercio de carbono; REDD y las compensaciones; y REDD y la contabilidad del carbono. Lo que todo esto significa no tiene importancia alguna, ya que no se llegó prácticamente a ningún acuerdo.
Pero mientras las negociaciones oficiales sobre REDD se ahogan en una sopa de acrónimos, organizaciones como The Nature Conservancy (TNC) avanzan a todo vapor con sus propias versiones de REDD. Durante un evento paralelo en Bonn, Sarene Marshall de TNC describió el Programa Piloto REDD de Berau, que cubre un área de 2,2 millones de hectáreas en Kalimantán oriental. De dicha superficie se talarían 780.000 hectáreas. Como nos lo aseguró la presentación de Marshall, se trataría de una “tala certificada de bajo impacto”. Luego, el proyecto “vendería 'créditos' por reducciones a compradores voluntarios del mercado de carbono.”
Aquí tenemos dos problemas serios. En primer lugar, la tala producirá grandes cantidades de emisiones. Comparar estas emisiones con lo que podría haber pasado con una tala más destructiva es fraudulento. Un nuevo informe de Global Witness, “Intereses Creados – la tala industrial y el carbono en las selvas tropicales,” documenta cómo la tala de bajo impacto “mata entre 5 y 10 árboles no previstos por cada árbol objetivo que se tala, y libera entre 10 y 80 toneladas de carbono por hectárea.” Además, la explotación también vuelve a los bosques más vulnerables a una mayor deforestación y a los incendios. “Durante los eventos del Niño a fines de los años 90, el 60% de los bosques explotados de Borneo se convirtieron en humo, contra el 6% del bosque primario,” señala Global Witness.
El segundo problema es que necesitamos reducir las emisiones por la quema de combustible fósil tanto como detener la deforestación, especialmente la tala a escala industrial de bosques primarios. No podemos compensar una cosa con la otra. “En la práctica, la compensación de emisiones de carbono está teniendo un efecto desastroso sobre las posibilidades de evitar un catastrófico cambio climático,” escribe Amigos de la Tierra en un nuevo informe sobre el sistema de compensaciones. “Las compensaciones no deben ser ampliadas en Copenhague. Los nuevos mecanismos de compensación propuestos no deben incluirse en las negociaciones y hay que eliminar los mecanismos de compensación existentes.”
La diapositiva más extraordinaria de la presentación de Sarene Marshall sobre el proyecto de Berau se titulaba “REDD Berau - Estructura de la Fase 1” y resumía las transferencias de dinero. Una flecha con tres símbolos de dólar va desde “Proveedores de Fondos” hasta “Concesiones Madereras”. Se creará un fondo de fideicomiso y una unidad de dirección de proyecto. Bajo las palabras “Actividades REDD” hay tres recuadros llamados: “Concesiones Madereras”, “Palma Aceitera” y “Bosques de Protección”. Por debajo está la palabra “Compensaciones”. Un recuadro incluye las palabras “Gobierno Local, Gobierno Nacional, Sociedad Civil, etc.” y otros dos dicen “Gobierno” y “Comunidades”. Ninguno de éstos parece tener intervención alguna en la supervisión de los flujos de dinero, ni en mucha otra cosa. La diapositiva de Marshall muestra la infraestructura política y financiera que establecerá TNC, una ONG con sede en los EE.UU. que, a mi entender, no ha sido elegida para gobernar esta zona de Kalimantán. Esto no es democracia, es carbocracia. www.ecoportal.net
Chris Lang , http://chrislang.org/ publicado por http://www.wrm.org.uy
Global Witness, “Vested interests - Industrial logging and carbon in tropical forests”. http://bit.ly/F7al4
Friends of the Earth/Amigos de la Tierra, “Offsetting: A dangerous distraction”. http://bit.ly/3cgNy
Fuente: EcoPortal
La distancia que existe entre la ciencia climática y las negociaciones sobre el clima quedó dramáticamente ilustrada en la reunión sobre el clima de la ONU que tuvo lugar en Bonn. Mientras los científicos nos dicen que necesitamos grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos establecen objetivos de reducción tan bajos que casi garantizan un cambio climático descontrolado.
La distancia que existe entre la ciencia climática y las negociaciones sobre el clima quedó dramáticamente ilustrada en la reunión sobre el clima de la ONU que tuvo lugar en Bonn a comienzos de este mes. Mientras los científicos nos dicen que necesitamos grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, los gobiernos establecen objetivos de reducción tan bajos que casi garantizan un cambio climático descontrolado.
En un evento paralelo organizado por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, los científicos realizaron una serie de presentaciones bajo el título: “Las emisiones y el objetivo de quedar por debajo de 2°C – ¿lo lograrán las propuestas actuales?”. Katje Frieler, del Instituto de Potsdam, señaló que más de 100 países exigen un objetivo que limite el calentamiento global a 2°C o menos. “¿Cuánto hace falta reducir las emisiones para alcanzar ese objetivo?”, preguntó. Los gráficos que mostró daban miedo. Si las emisiones siguieran como hasta ahora, el aumento de la temperatura oscilaría entre los 3°C y los 8°C para 2100. Pero la cifra importante fue 1 billón de toneladas de CO2. Esa es la cantidad total de emisiones que podemos producir entre 2000 y 2050 para que la posibilidad de exceder los 2°C no pase del 25 por ciento. La mala noticia es que ya emitimos un tercio de esa cifra en los últimos nueve años.
Joeri Rogelj mostró que la situación era aún peor. Observó los objetivos de reducción de las emisiones que los países están fijando actualmente y concluyó que, si cumplen con dichas metas, es “prácticamente seguro que excederemos los 2°C”, con concentraciones medias de CO2 de más de 700 partes por millón para 2100.
Bill Hare, del Instituto de Potsdam y de Climate Analytics, resumió las implicaciones de los hallazgos que fueron publicados en la revista Nature el 30 de abril de 2009. Según dijo, “Entre 2009 y 2050 podemos quemar menos de un cuarto de las reservas de combustible fósil disponible y económicamente recuperable”.
Como señaló George Monbiot, “La prueba del compromiso de todos los gobiernos para detener la crisis climática es ésta: si están dispuestos a imponer un límite al uso de las reservas [de combustibles fósiles] ya descubiertas y una moratoria permanente a la prospección de nuevas reservas, bien. Si no lo están, todo es pura palabrería.”
La urgencia que revelaban las presentaciones del Instituto de Potsdam no se vio reflejada en las negociaciones de Bonn. Ninguna de las delegaciones gubernamentales presentes habló de imponer límite alguno al uso de combustibles fósiles. El Grupo de Trabajo ad hoc sobre la acción cooperativa a largo plazo de la Convención (AWGLCA) terminó presentando un borrador de negociación de 200 páginas, o sea casi cuatro veces más largo que el borrador redactado antes de la reunión. El Grupo de Trabajo ad hoc del Protocolo de Kyoto no logró alcanzar ningún acuerdo sobre objetivos de reducción de las emisiones más allá de 2012. En otras palabras, pura palabrería.
Además de detener la extracción y quema de combustibles fósiles, debemos también detener la deforestación. Pero en Bonn no hubo grandes progresos en las discusiones acerca de reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD). En una sesión plenaria informal, Michael Zammit Cutajar, presidente del AWGLCA, habló largo y tendido sobre paréntesis y corchetes. Habló de “la falta de perfección de los corchetes” y de algo que él llamo “paréntesis mentales”.
En una reunión del AWGLCA sobre REDD que tuvo lugar durante la segunda semana de conversaciones, la impresión dominante fue que alguien había soñado con REDD la noche anterior, después de uno o dos vasos de cerveza. Durante 90 minutos, los delegados charlaron sobre REDD como si nunca antes hubiesen tocado el tema. Otras discusiones del AWGLCA fueron diabólicamente complejas, referentes a temas como REDD plus; REDD y NAMA; REDD y LULUCF; REDD y MRV; REDD y el CDB; REDD y la DNUDPI; REDD y el comercio de carbono; REDD y las compensaciones; y REDD y la contabilidad del carbono. Lo que todo esto significa no tiene importancia alguna, ya que no se llegó prácticamente a ningún acuerdo.
Pero mientras las negociaciones oficiales sobre REDD se ahogan en una sopa de acrónimos, organizaciones como The Nature Conservancy (TNC) avanzan a todo vapor con sus propias versiones de REDD. Durante un evento paralelo en Bonn, Sarene Marshall de TNC describió el Programa Piloto REDD de Berau, que cubre un área de 2,2 millones de hectáreas en Kalimantán oriental. De dicha superficie se talarían 780.000 hectáreas. Como nos lo aseguró la presentación de Marshall, se trataría de una “tala certificada de bajo impacto”. Luego, el proyecto “vendería 'créditos' por reducciones a compradores voluntarios del mercado de carbono.”
Aquí tenemos dos problemas serios. En primer lugar, la tala producirá grandes cantidades de emisiones. Comparar estas emisiones con lo que podría haber pasado con una tala más destructiva es fraudulento. Un nuevo informe de Global Witness, “Intereses Creados – la tala industrial y el carbono en las selvas tropicales,” documenta cómo la tala de bajo impacto “mata entre 5 y 10 árboles no previstos por cada árbol objetivo que se tala, y libera entre 10 y 80 toneladas de carbono por hectárea.” Además, la explotación también vuelve a los bosques más vulnerables a una mayor deforestación y a los incendios. “Durante los eventos del Niño a fines de los años 90, el 60% de los bosques explotados de Borneo se convirtieron en humo, contra el 6% del bosque primario,” señala Global Witness.
El segundo problema es que necesitamos reducir las emisiones por la quema de combustible fósil tanto como detener la deforestación, especialmente la tala a escala industrial de bosques primarios. No podemos compensar una cosa con la otra. “En la práctica, la compensación de emisiones de carbono está teniendo un efecto desastroso sobre las posibilidades de evitar un catastrófico cambio climático,” escribe Amigos de la Tierra en un nuevo informe sobre el sistema de compensaciones. “Las compensaciones no deben ser ampliadas en Copenhague. Los nuevos mecanismos de compensación propuestos no deben incluirse en las negociaciones y hay que eliminar los mecanismos de compensación existentes.”
La diapositiva más extraordinaria de la presentación de Sarene Marshall sobre el proyecto de Berau se titulaba “REDD Berau - Estructura de la Fase 1” y resumía las transferencias de dinero. Una flecha con tres símbolos de dólar va desde “Proveedores de Fondos” hasta “Concesiones Madereras”. Se creará un fondo de fideicomiso y una unidad de dirección de proyecto. Bajo las palabras “Actividades REDD” hay tres recuadros llamados: “Concesiones Madereras”, “Palma Aceitera” y “Bosques de Protección”. Por debajo está la palabra “Compensaciones”. Un recuadro incluye las palabras “Gobierno Local, Gobierno Nacional, Sociedad Civil, etc.” y otros dos dicen “Gobierno” y “Comunidades”. Ninguno de éstos parece tener intervención alguna en la supervisión de los flujos de dinero, ni en mucha otra cosa. La diapositiva de Marshall muestra la infraestructura política y financiera que establecerá TNC, una ONG con sede en los EE.UU. que, a mi entender, no ha sido elegida para gobernar esta zona de Kalimantán. Esto no es democracia, es carbocracia. www.ecoportal.net
Chris Lang , http://chrislang.org/ publicado por http://www.wrm.org.uy
Global Witness, “Vested interests - Industrial logging and carbon in tropical forests”. http://bit.ly/F7al4
Friends of the Earth/Amigos de la Tierra, “Offsetting: A dangerous distraction”. http://bit.ly/3cgNy
Fuente: EcoPortal
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