Autor | Alessandra Rizzo | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 23 junio 2009 11:59
Más de 1.000 millones de personas, casi una sexta parte de la humanidad, padecen hambre debido en gran medida a la crisis económica mundial y a los precios elevados de los alimentos, informó el viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.
El número de hambrientos -quienes consumen menos de 1.800 calorías diarias- superó al del año pasado en unos 100 millones, agregó la organización conocida como FAO.
El director general de la agencia, Jacques Diouf, dijo que la crisis del hambre genera "graves riesgos para la paz y seguridad del mundo".
La FAO, con sede en Roma, dijo en el informe divulgado el viernes que casi todos los desnutridos viven en países en desarrollo.
El número de hambrientos es de 642 millones en Asia y el Pacífico y 265 millones en el Africa subsahariana.
En América Latina y el Caribe se registraron 53 millones de personas con hambre, un aumento del 12,8% con respecto al año anterior.
Casi todos los desnutridos en el mundo viven en países en desarrollo, donde los precios de los alimentos han bajado más lentamente que en el de las naciones más ricas, dijo el informe. Los países pobres necesitan más ayuda e inversiones agrícolas, agregó.
Los precios elevados por los alimentos básicos como el arroz desencadenaron motines en el mundo en desarrollo el año pasado.
El hambre aumentó pese a una firme producción de cereales en el 2009 y a una ligera baja en los precios de los alimentos en comparación con los niveles de mediados del año pasado. Sin embargo los precios promedio a fines del año pasado seguían un 24% superiores que en el 2006 en términos reales, observó la FAO.
La crisis económica mundial ha agravado el problema para las personas que enfrentan la pérdida de empleos o reducciones salariales. Algunos países también han perdido flexibilidad en el manejo de las fluctuaciones de precios debido a que la crisis ha restado efectividad a recursos como las divisas, que se han devaluado.
El informe pronosticó que los pobres urbanos probablemente serán los más afectados a medida que declinan las inversiones extranjeras y cae la demanda de exportaciones, y que millones regresarán al campo, lo que a su vez ejercerá presión sobre las comunidades rurales y sus recursos.
En el mundo hay actualmente unos 1.020 millones de hambrientos, un 11% más que los 915 millones del año pasado, dijo la agencia. Basó sus cálculos en análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
La crisis afecta también la calidad de la nutrición ya que las familias tienden a comprar alimentos más baratos, como granos, que son ricos en calorías pero que tienen menos proteínas que la carne o los productos lácteos.
Diouf instó a los gobiernos a establecer programas de protección social para mejorar el acceso a los alimentos de la gente necesitada. Agregó que los pequeños agricultores deberían recibir ayuda con semillas, herramientas y fertilizantes.
Fuente: El Nuevo Herald
viernes, 10 de julio de 2009
jueves, 9 de julio de 2009
La FAO alerta sobre la compra masiva de tierras
Autor | Stefania Muresu | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 23 junio 2009 12:10
Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta.
“El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.
Daewoo en Madagascar
Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla.
La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional Land Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con Daewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación.
El negocio de la tierra
Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia [ver información más abajo]. Lejos de los tiempos de la metrópoli, los Estados descolonizados viven ahora otro tipo de control sobre sus recursos, según denuncian innumerables organizaciones. La actuación de organismos como el Banco Mundial y el FMI durante las últimas décadas, forzando a países de la periferia a abrirse a los mercados mundiales, atrajo a numerosas multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial, entre otras instituciones, defienden este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros. Uno de los Estados más activos en la compra de tierras, según un informe publicado por la ONG Grain, es Arabia Saudí: ha comprado superficies en África, principalmente en Etiopía y Sudán, mientras que el holding saudí Bin Laden Group ha firmado en 2008 un acuerdo en nombre del Consorcio de Alimentos de Medio Oriente para invertir 4.300 millones de dólares en Indonesia, con la adquisición de 500.000 hectáreas (algo así como la Comunidad de Madrid) para la producción de arroz. China también está invirtiendo masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos millones de hectáreas (el equivalente a la Comunidad Valenciana) de cultivos entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Otros países que se han lanzado a la compra de tierras fértiles son Egipto, Bahrein, diversos Estados del Golfo Pérsico, India o Japón, países generalmente con abundantes petrodólares y escasas zonas cultivables en relación a su población. En total, más de ocho millones de hectáreas han sido compradas recientemente. Corea del Sur figura en primer lugar, con 2,3 millones de hectáreas.
Cultivos para energía
La producción de agrocombustibles es una de las causas que han llevado a esta progresiva privatización. La complicidad de los gobiernos locales, otra. En declaraciones a DIAGONAL, Sue Branford, editora de la publicación Seedling de la ONG Grain, habla sobre el papel de los Gobiernos locales frente a la venta de tierras a gobiernos y empresas multinacionales: “Muchos Estados en el Tercer Mundo están siendo afectados por la crisis mundial, a pesar de que no hicieron nada para crearla. No pueden obtener crédito comercial y están siendo perjudicados por la caída de los precios. En tales circunstancias, una oferta de otro país para alquilar o comprar tierras es muy tentadora. Para nosotros puede parecer chocante que un país como Camboya, que tiene un grave problema interno de hambre, pueda consentir la venta de tierras para producir alimentos para otros países. En realidad, los países pobres se ven obligados a buscar soluciones a corto plazo, que no les traerán beneficios a largo plazo. Como resultado, muchos de estos gobiernos están facilitando la entrada de países extranjeros y multinacionales y ayudándoles a eludir los límites legales sobre la cantidad de tierra que un extranjero puede poseer”. Parece claro quién pierde en este negocio. Privados de las tierras, base de su supervivencia, decenas de miles de campesinos se ven obligados a dejar anualmente sus lugares de origen, cuando no son desplazados por la fuerza, para buscar en otros sitios, en las ciudades o como inmigrantes en los países enriquecidos, una alternativa al hambre.
Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas. “Estas familias”, continúa Sue Brandford, de Grain, “a menudo se ven obligadas a unirse al éxodo rural. Cuando pierden sus tierras, también pierden su conocimiento de la biodiversidad y las plantas locales. Otra consecuencia, por supuesto, es que, en el largo plazo, estos acuerdos pueden agravar el problema del hambre en la economía local, ya que significa menos tierra disponible para las necesidades alimentarias”. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria.
AFECTADOS
Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición.
EL 10% DE ARGENTINA
Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas. En algunas provincias, la hectárea puede llegar a costar ocho dólares. Personajes como Ted Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas chilenas, europeas, norteamericanas y países como Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo para comprar amplias extensiones de terreno a lo largo de todo el país.
CHINA A POR TIERRAS
En la primera mitad de 2008, el Ministerio de Agricultura de China redactó una medida oficial central para alentar a las empresas nacionales a adquirir (alquilando o comprando) tierra en el extranjero con fines agrícolas, especialmente para asegurarle a China el suministro de soja a largo plazo. Se suponía que cinco empresas estatales serían escogidas para llevar a cabo el plan. A mediados de año se supo que la medida quedó momentáneamente en suspenso, según un informe de la ONG Grain.
MUCHO PETRÓLEO
En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una estrategia común, según Grain.
JAPÓN EN BRASIL
En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil.
Fuente: Diagonal Web
Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta.
“El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.
Daewoo en Madagascar
Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla.
La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional Land Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con Daewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación.
El negocio de la tierra
Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia [ver información más abajo]. Lejos de los tiempos de la metrópoli, los Estados descolonizados viven ahora otro tipo de control sobre sus recursos, según denuncian innumerables organizaciones. La actuación de organismos como el Banco Mundial y el FMI durante las últimas décadas, forzando a países de la periferia a abrirse a los mercados mundiales, atrajo a numerosas multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial, entre otras instituciones, defienden este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros. Uno de los Estados más activos en la compra de tierras, según un informe publicado por la ONG Grain, es Arabia Saudí: ha comprado superficies en África, principalmente en Etiopía y Sudán, mientras que el holding saudí Bin Laden Group ha firmado en 2008 un acuerdo en nombre del Consorcio de Alimentos de Medio Oriente para invertir 4.300 millones de dólares en Indonesia, con la adquisición de 500.000 hectáreas (algo así como la Comunidad de Madrid) para la producción de arroz. China también está invirtiendo masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos millones de hectáreas (el equivalente a la Comunidad Valenciana) de cultivos entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Otros países que se han lanzado a la compra de tierras fértiles son Egipto, Bahrein, diversos Estados del Golfo Pérsico, India o Japón, países generalmente con abundantes petrodólares y escasas zonas cultivables en relación a su población. En total, más de ocho millones de hectáreas han sido compradas recientemente. Corea del Sur figura en primer lugar, con 2,3 millones de hectáreas.
Cultivos para energía
La producción de agrocombustibles es una de las causas que han llevado a esta progresiva privatización. La complicidad de los gobiernos locales, otra. En declaraciones a DIAGONAL, Sue Branford, editora de la publicación Seedling de la ONG Grain, habla sobre el papel de los Gobiernos locales frente a la venta de tierras a gobiernos y empresas multinacionales: “Muchos Estados en el Tercer Mundo están siendo afectados por la crisis mundial, a pesar de que no hicieron nada para crearla. No pueden obtener crédito comercial y están siendo perjudicados por la caída de los precios. En tales circunstancias, una oferta de otro país para alquilar o comprar tierras es muy tentadora. Para nosotros puede parecer chocante que un país como Camboya, que tiene un grave problema interno de hambre, pueda consentir la venta de tierras para producir alimentos para otros países. En realidad, los países pobres se ven obligados a buscar soluciones a corto plazo, que no les traerán beneficios a largo plazo. Como resultado, muchos de estos gobiernos están facilitando la entrada de países extranjeros y multinacionales y ayudándoles a eludir los límites legales sobre la cantidad de tierra que un extranjero puede poseer”. Parece claro quién pierde en este negocio. Privados de las tierras, base de su supervivencia, decenas de miles de campesinos se ven obligados a dejar anualmente sus lugares de origen, cuando no son desplazados por la fuerza, para buscar en otros sitios, en las ciudades o como inmigrantes en los países enriquecidos, una alternativa al hambre.
Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas. “Estas familias”, continúa Sue Brandford, de Grain, “a menudo se ven obligadas a unirse al éxodo rural. Cuando pierden sus tierras, también pierden su conocimiento de la biodiversidad y las plantas locales. Otra consecuencia, por supuesto, es que, en el largo plazo, estos acuerdos pueden agravar el problema del hambre en la economía local, ya que significa menos tierra disponible para las necesidades alimentarias”. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria.
AFECTADOS
Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición.
EL 10% DE ARGENTINA
Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas. En algunas provincias, la hectárea puede llegar a costar ocho dólares. Personajes como Ted Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas chilenas, europeas, norteamericanas y países como Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo para comprar amplias extensiones de terreno a lo largo de todo el país.
CHINA A POR TIERRAS
En la primera mitad de 2008, el Ministerio de Agricultura de China redactó una medida oficial central para alentar a las empresas nacionales a adquirir (alquilando o comprando) tierra en el extranjero con fines agrícolas, especialmente para asegurarle a China el suministro de soja a largo plazo. Se suponía que cinco empresas estatales serían escogidas para llevar a cabo el plan. A mediados de año se supo que la medida quedó momentáneamente en suspenso, según un informe de la ONG Grain.
MUCHO PETRÓLEO
En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una estrategia común, según Grain.
JAPÓN EN BRASIL
En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil.
Fuente: Diagonal Web
miércoles, 8 de julio de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Campo fértil para la biopiratería
Por Ranjit Devraj
NUEVA DELHI, jul (IPS) - Compañías biotecnológicas suelen patentar cultivos genéticamente modificados para soportar la presión del cambio climático, sin importarles que perjudican a los agricultores tradicionales que, en muchas ocasiones, habían desarrollado antes tales innovaciones.
"Las características resistentes al clima que los gigantes de la biotecnología vienen patentando han evolucionado a través de siglos" de la mano de varias generaciones de agricultores, dijo a IPS la ambientalista Vandana Shiva, radicada en Nueva Delhi.
Al percibir una mera oportunidad de negocios en el cambio climático, las compañías que desarrollan transgénicos han acumulado "un desastre tras otro", sostuvo Shiva.
"Con esta nueva forma de biopiratería, la industria biotecnológica se muestra como la salvadora, y lleva a los gobiernos y el público a creer que, de no ser por ellas, no habrá semillas resistentes" al cambio climático, dijo.
Al reivindicar como propios "todos los cultivos y todas las características" resistentes al cambio climático con sus patentes, "la industria cierra otras opciones futuras de adaptación" al recalentamiento del planeta, agregó.
Shiva nombró a cuatro empresas --la alemana BASF Bayer, la suiza Syngenta y las estadounidenses Monsanto y DuPont-- como líderes en el juego de monopolizar los genes que permiten a los cultivos soportar efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías, invasiones de agua salada, calor y radiaciones ultravioletas más fuertes.
En 2001, la organización Navdanya, de la que Shiva es activista, desafió con éxito la propiedad de atributos que reclamaba la corporación estadounidense RiceTec para su variedad de arroz basmati, aromático y de grano largo.
Luego de demostrarse que la variedad de RiceTec contenía material genético desarrollado antes por los agricultores, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos desestimó el reclamo.
De modo similar, Navdanya, junto con Greenpeace Internacional y la organización de campesinos indios Bharat Krishak Samaj logró que se revocara en 2004 las patentes conseguidas para la variedad india de trigo Nap Hal por Monsanto, la mayor corporación mundial de semillas.
Un anuncio de Monsanto reza: "Nueve mil millones de personas que alimentar. Un clima cambiante. ¿Ahora qué?".
Luego señala que los transgénicos son la respuesta, aunque países en desarrollo los rechazan en favor de una agricultura tradicional, basada sobre el almacenamiento de semillas luego de las cosechas y no en su compra.
Navdanya difundió el mes pasado una lista de cientos de cultivos resistentes al clima desarrollados por comunidades en varios estados indios, pero cuyas patentes fueron tramitadas por empresas biotecnológicas..
La publicación del informe, titulado "Biopiratería de cultivos resistentes al clima", responde a la exclusión de las innovaciones de los agricultores tradicionales de los planes gubernamentales de acción en materia de cambio climático, el cual sí incluye la biotecnología.
Los gobiernos del Sur se pronunciaron por no ceder a países del Norte la patente de tecnologías amigables con el ambiente, como quedó de manifiesto en las negociaciones sobre cambio climático realizadas del 1 al 12 de junio en Bonn, afirmó Shiva.
China y el Grupo de los 77 (G-77), que reúne a 130 países en desarrollo, propusieron "dar todos los pasos necesarios para excluir obligatoriamente la expedición de patentes a tecnologías amigables con el clima" en poder de 24 países industriales y "que pueden usarse para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
Esta propuesta del G-77 es una de varias presentadas por países en desarrollo para allanar las barreras que levantan las patentes a la transferencia de tecnologías necesarias para la adaptación al cambio climático y su mitigación.
Bolivia, por ejemplo, propone "revocar en los países en desarrollo todas las patentes existentes sobre tecnologías esenciales/urgentes y ambientalmente sanas para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
En cambio, los países industriales --en particular Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Suiza-- insisten en regímenes de propiedad intelectual fuertes, y rechazan, incluso, las excepciones ya acordadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
El no gubernamental Grupo ETC, que defiende a los pequeños agricultores desde Ottawa, advirtió el año pasado que los gigantes biotecnológicos utilizan el cambio climático para mejorar su posición en el mercado de semillas.
Esta preocupación quedó en evidencia durante las negociaciones de Bonn, con la propuesta de crear un comité, un panel asesor u organismo designado para "abordar proactivamente las patentes y cuestiones relacionadas de derechos de propiedad intelectual", de modo de "garantizar tanto la mayor innovación como el mayor acceso a tecnologías para la mitigación y la adaptación". (FIN/20)
NUEVA DELHI, jul (IPS) - Compañías biotecnológicas suelen patentar cultivos genéticamente modificados para soportar la presión del cambio climático, sin importarles que perjudican a los agricultores tradicionales que, en muchas ocasiones, habían desarrollado antes tales innovaciones.
"Las características resistentes al clima que los gigantes de la biotecnología vienen patentando han evolucionado a través de siglos" de la mano de varias generaciones de agricultores, dijo a IPS la ambientalista Vandana Shiva, radicada en Nueva Delhi.
Al percibir una mera oportunidad de negocios en el cambio climático, las compañías que desarrollan transgénicos han acumulado "un desastre tras otro", sostuvo Shiva.
"Con esta nueva forma de biopiratería, la industria biotecnológica se muestra como la salvadora, y lleva a los gobiernos y el público a creer que, de no ser por ellas, no habrá semillas resistentes" al cambio climático, dijo.
Al reivindicar como propios "todos los cultivos y todas las características" resistentes al cambio climático con sus patentes, "la industria cierra otras opciones futuras de adaptación" al recalentamiento del planeta, agregó.
Shiva nombró a cuatro empresas --la alemana BASF Bayer, la suiza Syngenta y las estadounidenses Monsanto y DuPont-- como líderes en el juego de monopolizar los genes que permiten a los cultivos soportar efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías, invasiones de agua salada, calor y radiaciones ultravioletas más fuertes.
En 2001, la organización Navdanya, de la que Shiva es activista, desafió con éxito la propiedad de atributos que reclamaba la corporación estadounidense RiceTec para su variedad de arroz basmati, aromático y de grano largo.
Luego de demostrarse que la variedad de RiceTec contenía material genético desarrollado antes por los agricultores, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos desestimó el reclamo.
De modo similar, Navdanya, junto con Greenpeace Internacional y la organización de campesinos indios Bharat Krishak Samaj logró que se revocara en 2004 las patentes conseguidas para la variedad india de trigo Nap Hal por Monsanto, la mayor corporación mundial de semillas.
Un anuncio de Monsanto reza: "Nueve mil millones de personas que alimentar. Un clima cambiante. ¿Ahora qué?".
Luego señala que los transgénicos son la respuesta, aunque países en desarrollo los rechazan en favor de una agricultura tradicional, basada sobre el almacenamiento de semillas luego de las cosechas y no en su compra.
Navdanya difundió el mes pasado una lista de cientos de cultivos resistentes al clima desarrollados por comunidades en varios estados indios, pero cuyas patentes fueron tramitadas por empresas biotecnológicas..
La publicación del informe, titulado "Biopiratería de cultivos resistentes al clima", responde a la exclusión de las innovaciones de los agricultores tradicionales de los planes gubernamentales de acción en materia de cambio climático, el cual sí incluye la biotecnología.
Los gobiernos del Sur se pronunciaron por no ceder a países del Norte la patente de tecnologías amigables con el ambiente, como quedó de manifiesto en las negociaciones sobre cambio climático realizadas del 1 al 12 de junio en Bonn, afirmó Shiva.
China y el Grupo de los 77 (G-77), que reúne a 130 países en desarrollo, propusieron "dar todos los pasos necesarios para excluir obligatoriamente la expedición de patentes a tecnologías amigables con el clima" en poder de 24 países industriales y "que pueden usarse para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
Esta propuesta del G-77 es una de varias presentadas por países en desarrollo para allanar las barreras que levantan las patentes a la transferencia de tecnologías necesarias para la adaptación al cambio climático y su mitigación.
Bolivia, por ejemplo, propone "revocar en los países en desarrollo todas las patentes existentes sobre tecnologías esenciales/urgentes y ambientalmente sanas para adaptarse al cambio climático o mitigarlo".
En cambio, los países industriales --en particular Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Suiza-- insisten en regímenes de propiedad intelectual fuertes, y rechazan, incluso, las excepciones ya acordadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
El no gubernamental Grupo ETC, que defiende a los pequeños agricultores desde Ottawa, advirtió el año pasado que los gigantes biotecnológicos utilizan el cambio climático para mejorar su posición en el mercado de semillas.
Esta preocupación quedó en evidencia durante las negociaciones de Bonn, con la propuesta de crear un comité, un panel asesor u organismo designado para "abordar proactivamente las patentes y cuestiones relacionadas de derechos de propiedad intelectual", de modo de "garantizar tanto la mayor innovación como el mayor acceso a tecnologías para la mitigación y la adaptación". (FIN/20)
AMÉRICA LATINA: Urge nueva forma de conciliar familia y trabajo
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, 6 jul (IPS) - El modo tradicional de armonizar deberes familiares y laborales está en crisis en América Latina, y avanzar en políticas de "corresponsabilidad social" es menos costoso que seguir como hasta ahora, concluye un estudio sin precedentes.
"Este informe nos invita a revalorizar el papel de las mujeres y las familias, a repensar las relaciones al interior de la familia, y a examinar cómo podemos colaborar desde la empresa, desde el Estado, desde los distintos actores de una sociedad", dijo este lunes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet sobre el documento "Trabajo y Familia. Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social".
Para la directora del PNUD para América Latina, Rebeca Grynspan, "la organización de la sociedad y del trabajo productivo y reproductivo alrededor de un solo modelo, donde el padre es proveedor y la madre cuidadora, ha entrado en crisis, dado los profundos cambios que se han dado en el ámbito demográfico, la estructura familiar y la organización del trabajo".
"Cuando los mecanismos de conciliación tradicionales no dan respuesta a las nuevas necesidades, las familias concilian de alguna manera, pero ello sucede con altos costos para la sociedad y las personas y produce grandes ineficiencias", acotó.
Al presentar el informe este lunes, la mandataria chilena admitió que "la crisis económica aparece hoy como lo verdaderamente urgente ante los ojos de todos los gobiernos y la ciudadanía".
"Pero no debemos perder esta mirada estratégica", reflexionó Bachelet en la ceremonia en el palacio de La Moneda, sede del gobierno.
En América Latina hay más de 100 millones de mujeres en el mercado laboral, 53 por ciento del total, detalla el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En el caso de las que tienen entre 20 y 40 años, la tasa de participación laboral se empina hasta 70 por ciento.
Pese a los avances de los últimos años, en Chile sólo 40 por ciento de las mujeres económicamente activas trabajan en forma remunerada.
"En Chile dos de cada cinco mujeres mayores de 15 años trabajan o buscan trabajo para lograr una mayor autonomía personal, realizarse o simplemente ayudar a su familia. Y esa proporción no para de crecer, incluso en momentos económicos adversos como los que hoy vivimos", afirmó Bachelet.
Pero en promedio, ellas ganan 30 por ciento menos que los hombres y su tasa de informalidad es mucho mayor que la de ellos.
Bachelet citó varios estudios que indican, por ejemplo, que un aumento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina del quintil más pobre de la población permitiría reducir la pobreza a menos de 10 por ciento, mientras hoy afecta a 13,7 por ciento de la población.
Otras investigaciones plantean que un aumento de 10 por ciento en la proporción de mujeres trabajadoras elevaría el crecimiento del país en casi cinco puntos.
Tanto el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Jean Maninat, y su par del PNUD, Grynspan, destacaron las políticas impulsadas por la presidenta de Chile en materia de conciliación del trabajo y la familia con corresponsabilidad social.
Entre ellas, sobresale el Programa Integral de Atención a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, que atiende a niños y niñas de hasta cuatro años de edad del 40 por ciento más pobre de la población.
La presidenta se comprometió a quintuplicar las salas cunas públicas gratuitas en sus cuatro años de mandato y alargar sus horarios de atención. En marzo de 2006 había 708 en todo el país y Bachelet dejará el poder en marzo de 2010 con 4.200.
El otro gran logro de esta administración es la reforma del sistema de pensiones con enfoque de género, que comenzó a regir gradualmente en 2008.
Esta incluye la entrega de pensiones básicas solidarias a todas las personas pobres que no trabajaron remuneradamente durante su vida o que almacenaron muy poco dinero en sus cuentas de capitalización individual, lo que cual favorece sobre todo a las mujeres.
Además, el 1 de este mes se comenzó a depositar en las cuentas previsionales de las mujeres un bono de 300.000 pesos (554 dólares) por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este generará intereses y podrá ser recibido por aquellas que se jubilen a los 65 años.
También se destacó el Código de Buenas Prácticas implementado en 2006 en el sistema público, que busca promover la equidad y la no discriminación entre hombres y mujeres, al cual se han adherido voluntariamente empresas privadas.
Asimismo, en 2007 se aprobó una ley de amamantamiento que permite a las trabajadoras destinar por lo menos una hora de su jornada laboral a alimentar a sus hijos e hijas menores de dos años.
El concepto de "corresponsabilidad social" postulado por la OIT y el PNUD alude no sólo a la necesidad de que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y el cuidado de hijos, enfermos y adultos mayores, sino que también apela al rol de los demás actores sociales, como el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales.
"Este informe demuestra que no tener políticas conciliatorias genera más costos que la inversión de tenerlas. No tenerlas implica desaprovechar la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para individuos y familia", puntualizó Grynspan.
El estudio propone una serie de estrategias públicas y áreas de intervención, tanto legales como políticas y administrativas, e identifica buenas prácticas implementadas en los países. En estos momentos, la OIT y el PNUD están elaborando una metodología para cuantificar exactamente cuánto pierden los países al no aplicar nuevas políticas de conciliación, adelantó la especialista regional de género y empleo de la OIT, la socióloga chilena María Elena Valenzuela, a cargo del estudio. (FIN/2009)
SANTIAGO, 6 jul (IPS) - El modo tradicional de armonizar deberes familiares y laborales está en crisis en América Latina, y avanzar en políticas de "corresponsabilidad social" es menos costoso que seguir como hasta ahora, concluye un estudio sin precedentes.
"Este informe nos invita a revalorizar el papel de las mujeres y las familias, a repensar las relaciones al interior de la familia, y a examinar cómo podemos colaborar desde la empresa, desde el Estado, desde los distintos actores de una sociedad", dijo este lunes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet sobre el documento "Trabajo y Familia. Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social".
Para la directora del PNUD para América Latina, Rebeca Grynspan, "la organización de la sociedad y del trabajo productivo y reproductivo alrededor de un solo modelo, donde el padre es proveedor y la madre cuidadora, ha entrado en crisis, dado los profundos cambios que se han dado en el ámbito demográfico, la estructura familiar y la organización del trabajo".
"Cuando los mecanismos de conciliación tradicionales no dan respuesta a las nuevas necesidades, las familias concilian de alguna manera, pero ello sucede con altos costos para la sociedad y las personas y produce grandes ineficiencias", acotó.
Al presentar el informe este lunes, la mandataria chilena admitió que "la crisis económica aparece hoy como lo verdaderamente urgente ante los ojos de todos los gobiernos y la ciudadanía".
"Pero no debemos perder esta mirada estratégica", reflexionó Bachelet en la ceremonia en el palacio de La Moneda, sede del gobierno.
En América Latina hay más de 100 millones de mujeres en el mercado laboral, 53 por ciento del total, detalla el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En el caso de las que tienen entre 20 y 40 años, la tasa de participación laboral se empina hasta 70 por ciento.
Pese a los avances de los últimos años, en Chile sólo 40 por ciento de las mujeres económicamente activas trabajan en forma remunerada.
"En Chile dos de cada cinco mujeres mayores de 15 años trabajan o buscan trabajo para lograr una mayor autonomía personal, realizarse o simplemente ayudar a su familia. Y esa proporción no para de crecer, incluso en momentos económicos adversos como los que hoy vivimos", afirmó Bachelet.
Pero en promedio, ellas ganan 30 por ciento menos que los hombres y su tasa de informalidad es mucho mayor que la de ellos.
Bachelet citó varios estudios que indican, por ejemplo, que un aumento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de participación laboral femenina del quintil más pobre de la población permitiría reducir la pobreza a menos de 10 por ciento, mientras hoy afecta a 13,7 por ciento de la población.
Otras investigaciones plantean que un aumento de 10 por ciento en la proporción de mujeres trabajadoras elevaría el crecimiento del país en casi cinco puntos.
Tanto el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Jean Maninat, y su par del PNUD, Grynspan, destacaron las políticas impulsadas por la presidenta de Chile en materia de conciliación del trabajo y la familia con corresponsabilidad social.
Entre ellas, sobresale el Programa Integral de Atención a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, que atiende a niños y niñas de hasta cuatro años de edad del 40 por ciento más pobre de la población.
La presidenta se comprometió a quintuplicar las salas cunas públicas gratuitas en sus cuatro años de mandato y alargar sus horarios de atención. En marzo de 2006 había 708 en todo el país y Bachelet dejará el poder en marzo de 2010 con 4.200.
El otro gran logro de esta administración es la reforma del sistema de pensiones con enfoque de género, que comenzó a regir gradualmente en 2008.
Esta incluye la entrega de pensiones básicas solidarias a todas las personas pobres que no trabajaron remuneradamente durante su vida o que almacenaron muy poco dinero en sus cuentas de capitalización individual, lo que cual favorece sobre todo a las mujeres.
Además, el 1 de este mes se comenzó a depositar en las cuentas previsionales de las mujeres un bono de 300.000 pesos (554 dólares) por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este generará intereses y podrá ser recibido por aquellas que se jubilen a los 65 años.
También se destacó el Código de Buenas Prácticas implementado en 2006 en el sistema público, que busca promover la equidad y la no discriminación entre hombres y mujeres, al cual se han adherido voluntariamente empresas privadas.
Asimismo, en 2007 se aprobó una ley de amamantamiento que permite a las trabajadoras destinar por lo menos una hora de su jornada laboral a alimentar a sus hijos e hijas menores de dos años.
El concepto de "corresponsabilidad social" postulado por la OIT y el PNUD alude no sólo a la necesidad de que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y el cuidado de hijos, enfermos y adultos mayores, sino que también apela al rol de los demás actores sociales, como el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales.
"Este informe demuestra que no tener políticas conciliatorias genera más costos que la inversión de tenerlas. No tenerlas implica desaprovechar la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para individuos y familia", puntualizó Grynspan.
El estudio propone una serie de estrategias públicas y áreas de intervención, tanto legales como políticas y administrativas, e identifica buenas prácticas implementadas en los países. En estos momentos, la OIT y el PNUD están elaborando una metodología para cuantificar exactamente cuánto pierden los países al no aplicar nuevas políticas de conciliación, adelantó la especialista regional de género y empleo de la OIT, la socióloga chilena María Elena Valenzuela, a cargo del estudio. (FIN/2009)
martes, 7 de julio de 2009
Implicancias de la Reforma Constitucional en Chile sobre Pueblos Indígenas
Autor | Matías Meza-Lopehandía | Idioma | Español | Pais | Chile | Publicado | 12 junio 2009 12:21
"El camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile".
Desde hace veinte años se ha venido discutiendo una reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas en nuestro país. En un comienzo esta iniciativa -que fue parte de los acuerdos de Nueva Imperial entre los pueblos indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin- se centró en un reconocimiento de la existencia de dichos pueblos y su presencia en los territorios que habitan con anterioridad a la conformación de los Estados. Esta demanda, al igual que el movimiento que la sostuvo, fue de carácter continental, y alcanzó su objetivo en mayor o menor medida en casi todos los países de la región 2. Sin embargo, al poco andar, la experiencia demostró que el simple reconocimiento de la preexistencia no era suficiente, y era necesario el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el sentido que éstos estaban siendo reconocidos en el derecho internacional 3.
Lamentablemente el camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile 4.
Esta posición simplemente muestra la incomprensión de la clase política acerca del alcance de las demandas indígenas. Al final de este trabajo revisaremos el contenido del derecho a la autonomía y veremos como este no constituye una amenaza para la integridad territorial de los Estados. Es más -lejos de ello- la autonomía refuerza la cohesión social, pues permite resolver las tensiones sociales que provoca la negación de la diversidad, y que en el caso de Chile, ha generado violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y los pueblos indígenas.
En el último tiempo, la cuestión del reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ha vuelto a estar en el centro de la discusión. El ejecutivo le ha puesto urgencia a uno de los proyectos de reforma constitucional y el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya ha llamado la atención sobre la falta de una consulta y participación adecuada de los pueblos indígenas en su tramitación. Además ha hecho un llamado a que el contenido de la reforma se ajuste al estándar internacional de derechos de Pueblos Indígenas 5.
A continuación entregaremos alguno elementos para aportar a la discusión al interior de las organizaciones indígenas en relación a la importancia y alcance de una reforma constitucional de esta naturaleza.
Fuente: Observatorio Ciudadano
"El camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile".
Desde hace veinte años se ha venido discutiendo una reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas en nuestro país. En un comienzo esta iniciativa -que fue parte de los acuerdos de Nueva Imperial entre los pueblos indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin- se centró en un reconocimiento de la existencia de dichos pueblos y su presencia en los territorios que habitan con anterioridad a la conformación de los Estados. Esta demanda, al igual que el movimiento que la sostuvo, fue de carácter continental, y alcanzó su objetivo en mayor o menor medida en casi todos los países de la región 2. Sin embargo, al poco andar, la experiencia demostró que el simple reconocimiento de la preexistencia no era suficiente, y era necesario el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el sentido que éstos estaban siendo reconocidos en el derecho internacional 3.
Lamentablemente el camino para el reconocimiento de los derechos ha sido largo y difícil. El Estado de Chile y sus tres poderes se han negado a asumir que los indígenas constituyen Pueblos, y que como tales tienen derecho a la autodeterminación, la autonomía para administrar sus asuntos en sus territorios y el control de los recursos naturales que les pertenecen. De hecho en las discusiones parlamentarias se ha señalado constantemente que otorgarles el carácter de pueblos se podrían alentar supuestos procesos separatistas o podría producirse una balcanización del territorio del Estado de Chile 4.
Esta posición simplemente muestra la incomprensión de la clase política acerca del alcance de las demandas indígenas. Al final de este trabajo revisaremos el contenido del derecho a la autonomía y veremos como este no constituye una amenaza para la integridad territorial de los Estados. Es más -lejos de ello- la autonomía refuerza la cohesión social, pues permite resolver las tensiones sociales que provoca la negación de la diversidad, y que en el caso de Chile, ha generado violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y los pueblos indígenas.
En el último tiempo, la cuestión del reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ha vuelto a estar en el centro de la discusión. El ejecutivo le ha puesto urgencia a uno de los proyectos de reforma constitucional y el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya ha llamado la atención sobre la falta de una consulta y participación adecuada de los pueblos indígenas en su tramitación. Además ha hecho un llamado a que el contenido de la reforma se ajuste al estándar internacional de derechos de Pueblos Indígenas 5.
A continuación entregaremos alguno elementos para aportar a la discusión al interior de las organizaciones indígenas en relación a la importancia y alcance de una reforma constitucional de esta naturaleza.
Fuente: Observatorio Ciudadano
domingo, 5 de julio de 2009
Perú: manifiesto al país y al mundo
Autor | Frente Nacional Comunitario por la Vida y la Soberania | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 12 junio 2009 12:31
Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARO NACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!
EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria.
Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009,
Frente Nacional por la Vida y la Soberanía
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARO NACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!
EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria.
Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009,
Frente Nacional por la Vida y la Soberanía
Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales
Masacre en la Amazonia: La guerra por los bienes comunes
Autor | Raúl Zibechi | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 12 junio 2009 12:44
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.
El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicios y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intensiva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.
Notas:
Servindi, 9 de junio de 2009.
Idem.
La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
Página 12, 10 de junio de 2009.
Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
Idem p. 97.
"Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
Lucha Indígena No. 34.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Referencias
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana): www.aidesep.org.
Ana María Vidal, "Crónica de una matanza anunciada", Instituto Bartolomé de las Casas, en www.lahaine.org.
APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos): www.aprodeh.org.
CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) www.minkandina.org.
Diario el Comercio: www.elcomercio.com.pe.
Diario La República: www.larepublica.pe.
Francisco Eguiguren, "Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley No. 29157", elaborado a solicitud de OXFAM América, 5 de agosto de 2008.
Periódico Lucha Indígena No. 34, junio de 2009.
Servindi (Servicios en Comunicación Intercultural): www.servindi.org.
Recursos
Cochabamba
De la guerra a la gestión del agua
http://www.ircamericas.org/esp/6130
Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón del racismo
http://www.ircamericas.org/esp/6075
Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos
http://www.ircamericas.org/esp/5933
Fuente: Programa de las Américas
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.
El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicios y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intensiva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.
Notas:
Servindi, 9 de junio de 2009.
Idem.
La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
Página 12, 10 de junio de 2009.
Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
Idem p. 97.
"Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
Lucha Indígena No. 34.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Referencias
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana): www.aidesep.org.
Ana María Vidal, "Crónica de una matanza anunciada", Instituto Bartolomé de las Casas, en www.lahaine.org.
APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos): www.aprodeh.org.
CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas) www.minkandina.org.
Diario el Comercio: www.elcomercio.com.pe.
Diario La República: www.larepublica.pe.
Francisco Eguiguren, "Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley No. 29157", elaborado a solicitud de OXFAM América, 5 de agosto de 2008.
Periódico Lucha Indígena No. 34, junio de 2009.
Servindi (Servicios en Comunicación Intercultural): www.servindi.org.
Recursos
Cochabamba
De la guerra a la gestión del agua
http://www.ircamericas.org/esp/6130
Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón del racismo
http://www.ircamericas.org/esp/6075
Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos
http://www.ircamericas.org/esp/5933
Fuente: Programa de las Américas
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