Autor | RAPAL | Idioma | Español | Pais | Bolivia | Publicado | 2 marzo 2009 12:16
Como cierre magistral de la Reunión Internacional ¨Prohibición de Plaguicidas Extremada y Altamente Tóxicos por la Soberanía Alimentaria¨, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, ingeniera Jenny Carrasco, anunció a nombre del titular de la cartera la decisión del gobierno de poner en su agenda la dictación de un decreto que prohíba los plaguicidas clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como extremada y altamente tóxicos.
La reunión, de dos días de duración, fue organizada por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y el Centro de Estudios e Investigación en Impactos Socioambientales (CEIISA), organización representante de RAP-AL en Bolivia.
¨Los plaguicidas no forman parte de nuestra cultura, fueron introducidos¨, señaló esta autoridad al clausurar el evento que reunió en La Paz a más de 150 personas, entre especialistas internacionales y nacionales, y representantes de organizaciones sociales y campesinas de diversos departamentos del país. Muy emocionada, la funcionaria de gobierno agregó que ¨estos reactivos de la muerte están afectando a los más pobres de nuestro país¨.
Momentos antes se habían presentado en el acto de clausura del evento dos jóvenes de RAP-Sucre, quienes descubrieron y denunciaron recientemente la muerte de 11 trabajadores de ese departamento, quienes se habían alojado en una habitación donde se almacenaban plaguicidas (Nurelle 25 D, Karate y Abonofor). Los afectados murieron durante el sueño, producto de la aspiración de estos agrotóxicos.
Asimismo, Jenny Carrasco felicitó a Tania Santiváñez, directora de CEIISA y coordinadora nacional de RAP-Bolivia, ¨por sus años de lucha contra los plaguicidas¨.
La noticia, que corona tantos años de esfuerzos, no sólo fue recibida con aplausos, sino también con profunda emoción por los asistentes. Entre ellos, por los representantes de RAP-AL de México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia.
Apertura auspiciosa
Esta reunión internacional se inició el 28 de enero con la presencia de la viceministra de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Medio Ambiente, licenciada Teresa Morales, quien expresó que el gobierno boliviano tenía toda la disposición a comprometerse con las organizaciones sociales para solucionar el problema generado por el uso de agrotóxicos. Destacó que la nueva Constitución Política de la República de Bolivia, recientemente aprobada, reconoce entre los derechos de primera prioridad el derecho a la seguridad alimentaria con soberanía.
En el acto inaugural, luego de la bienvenida de Tania Santiváñez, el coordinador regional de RAP-AL, ingeniero agrónomo Javier Souza, hizo una presentación general del problema. Se refirió a las muertes, a las enfermedades irreversibles y a los graves daños al medio ambiente que producen los agrotóxicos en general y, en particular, los plaguicidas extremada y altamente tóxicos (1a y 1b). Afirmó que esto es evitable, porque “hay alternativas, no vamos a morir de hambre si dejamos de usar plaguicidas”. A la vez, Javier Souza enfatizó que eliminar su uso es, en primer lugar, materia de decisiones políticas.
Los desafíos
En la primera sesión de la jornada se analizaron diferentes aspectos relacionados con la prohibición de plaguicidas.
Javier Souza expuso los principales desafíos que deben enfrentar las organizaciones sociales para lograr ese objetivo, lo que implica vencer a las empresas transnacionales que controlan la producción y el comercio de plaguicidas y semillas a nivel mundial. Planteó la necesidad de informar, de convencer a los tomadores de decisiones, de continuar investigando el impacto de los plaguicidas (especialmente en enfermedades crónicas) y, sobre todo, demostrar que hay alternativas agroecológicas.
Por su parte, Mark Davis, de Gestión y Manejo de Plaguicidas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quien estuvo presente tanto en la inauguración como en la clausura del evento, presentó una exposición con la postura de este organismo. Sostuvo que según un estudio efectuado en Dinamarca se puede reducir el uso de 70% a 80% de los plaguicidas sin tener pérdidas económicas significativas. Agregó que en algunos casos se pueden eliminar todos los agrotóxicos, pero en el caso de pestes migratorias (langostas, oruga militar, etc.) o de amenazas mayores “hay que seguir usándolos”.
Davis recordó que el consejo de la FAO realizado en noviembre de 2006 recomendó reducir los riesgos en la manipulación y aplicación de plaguicidas -llevando a la práctica el Código de Conducta creado por este organismo-, como también la prohibición progresiva de agrotóxicos de alto riesgo. La FAO ubica en esta categoría a las formulaciones de plaguicidas 1a y 1b -no principios activos-, como también los agrotóxicos con efectos cancerígenos, mutagénicos y reproductivos, y aquellos incluidos en los Convenios Internacionales de Estocolmo (sobre COPs), Rotterdam y Montreal.
A continuación, Fernando Bejarano, de RAPAM/ RAP México, se refirió a la prohibición de plaguicidas en el Convenio de Estocolmo, que en mayo próximo discutirá la inclusión de los plaguicidas lindano y endosulfán en la lista de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) que deben ser eliminados del planeta. Asimismo, analizó las principales disposiciones del Convenio de Rótterdam, del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) y del Código de Conducta de la FAO.
Situación de Bolivia
A través de diversas exposiciones de representantes de instituciones de gobierno, como SENASAG y Contraloría, se entregó una visión de las políticas y acciones tendientes a lograr la prohibición de los plaguicidas extremada y altamente tóxicos en Bolivia, así como de algunos avances en el control y gestión de agrotóxicos.
Por parte de la sociedad civil, Tania Santibáñez se refirió a la Campaña por la Prohibición de Plaguicidas 1a y 1b impulsada por CEIISA en Bolivia. En tanto, Víctor Machaca y Delma Cusicanqui, en representación de los movimientos sociales, expresaron la ausencia de resultados, hasta ese momento, a pesar de todos los esfuerzos desplegados para conseguir que se elimine el uso de los plaguicidas más tóxicos.
Desde el mundo académico, la doctora Margot Franken, de la Unidad de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, expuso evidencias científicas sobre contaminación de endosulfán y metamidofos en la alta cordillera boliviana.
Experiencias exitosas
Representantes de RAP-AL de distintos países dieron a conocer algunas experiencias positivas de eliminación de agrotóxicos.
José Restrepo, de RAPALMIRA (RAP-Colombia) hizo una síntesis del proceso de lucha que encabezó esta organización liderada por la ingeniera agrónoma Elsa Nivia hasta lograr la total prohibición del endosulfán en el año 2001. En total, fueron 23 años.
Hebe González, de Alter Vida (RAP-Paraguay), se refirió al proceso que condujo a la prohibición de los plaguicidas metamidofós y monocrotofós. Y más recientemente, a una resolución de julio de 2008 que dejó a los plaguicidas 1a y 1b sujetos a un sistema de venta controlada. Los principales aliados que ha tenido esta organización son funcionarios del Ministerio de Salud.
Fernando Ramírez, de IRET/ RAP-Costa Rica, presentó el caso de la prohibición del monocrotofós y las restricciones para el uso de otros 10 plaguicidas, entre ellos paraquat, endosulfán, carbofurano, metomil y aldicarb, aprobadas entre octubre de 2007 y octubre de 2008.
María Elena Rozas, de Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), expuso el proceso de lucha que permitió lograr la prohibición del lindano para uso sanitario y doméstico en diciembre de 2007, nueve años después que el uso de este plaguicida fue prohibido en la agricultura de ese país.
Raúl Carranza, de CEREB/RAP-Panamá, relató la experiencia de la campaña por la prohibición del lindano y del carbofurano. Hasta ahora sólo se ha conseguido restringir el uso del lindano para niños menores de 2 años, junto con la promesa del Ministerio de Salud de decretar su prohibición el año 2009.
Soberanía Alimentaria
Durante el segundo del encuentro, se analizó el concepto de soberanía alimentaria y se intercambiaron visiones sobre cómo avanzar hacia el pleno ejercicio de este derecho. En esta parte de la reunión se contó con las exposiciones de Danilo Quijano, de PAN para el Mundo, y Javier Souza, de RAP-AL.
Posteriormente, Janet Fuentes, Ivanova Castellón y Magui Mora, de CEIISA, dieron a conocer una valiosa experiencia de trabajo con niños y niñas en una escuela del área rural de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba, donde los estudios convencionales se combinan con educación ambiental y labores de agricultura orgánica. ¨Estamos formando protagonistas de seguridad y soberanía alimentaria¨, destacaron las docentes. Esta fue una de las experiencias que más impactó a los participantes en la reunión y que se intentará reproducir en otros países.
También impresionaron las experiencias realizadas en Cuba sobre alternativas al uso de plaguicidas. La experiencia fue presentada por la catedrática y experta en el tema Nilda Pérez, coordinadora nacional de RAP-AL en ese país. Cuba logró sustituir el 70% de los plaguicidas que se utilizaban en la agricultura aplicando la tecnología de manejo ecológico de plagas, basado principalmente en biodiversidad, manejo agroecológico de suelos y control biológico de plagas.
El programa incluyó otras conferencias y paneles, antes de comenzar un trabajo de talleres que concluyó en un plenario donde se aprobó la siguiente declaración. (Se adjunta).
Fuente: Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
-Coordinación Regional
Ing. Javier Souza C.
javierrapal@yahoo.com.ar
-Oficina de Comunicaciones y Administración de RAP-AL.
rap-al@terra.cl
Mas informaciones:
Tania Santivañez
CEIISA, Bolivia.
http://www.ceiisa.org
DECLARACIÓN DE LA PAZ, BOLIVIA
Los participantes en la Reunión Internacional “Prohibición de Plaguicidas Extremada y Altamente Tóxicos por la Soberanía Alimentaria”, campesinos/as, técnicos/as, miembros de ONGs, representantes de instituciones oficiales y estudiantes, entre otros
Expresamos
- El modelo productivo basado en el monocultivo y en el uso de transgénicos lleva a la expulsión de productores y a la intoxicación y muerte de las familias
- La soberanía alimentaria se halla vulnerada tanto en la producción, distribución y acceso a los alimentos, como en la calidad de éstos
- Existen alternativas al uso de plaguicidas que no son químicas, se basan en la nutrición adecuada de los suelos y en la diversidad biológica para el manejo ecológico de plagas
- Se necesita fortalecer a los grupos de trabajo en la campaña contra los plaguicidas 1a y 1b
- Se requiere hacer campañas de información sobre la problemática del uso de los plaguicidas
- Se necesita educar y sensibilizar a los niños sobre la problemática vinculada a los plaguicidas y a la agroecología
- Se debe incluir en los currículos o mallas educativas en las universidades y escuelas técnicas programas específicos de agroecología
- Se requiere socializar experiencias sobre el manejo de cultivos agroecológicos
- Es preciso mostrar y difundir las consecuencias de los agrotóxicos en la salud a través de todos los medios de comunicación, con la finalidad de sensibilizar a productores y consumidores
- Se requiere apoyar la creación y funcionamiento de ferias ecológicas
- Es preciso hacer investigaciones sobre plaguicidas y poseer bases de datos que permitan acceder a información con la cual alimentar las campañas contra los plaguicidas
- Hay que recuperar y valorar las tecnologías apropiadas ancestrales
- Nos asiste el derecho a mantener y enriquecer la diversidad biológica a partir de la recuperación de semillas nativas
- Se requiere control social y municipal para fiscalizar el ingreso y uso de plaguicidas
- Es necesario elaborar leyes y reglamentaciones para apoyar la soberanía alimentaria junto a medidas eficaces para su vigilancia y cumplimiento
- Se requiere mayor involucramiento de las autoridades en el manejo de plaguicidas y recuperación de la soberanía alimentaria
Demandamos
- La prohibición de plaguicidas incluidos en la lista de los 1a y 1b
- El respeto a la decisión de las comunidades de sustentarse con alimentos sanos y de alta calidad
- La promoción y facilidades para la adopción y desarrollo de la agroecología
- Planeamientos estratégicos para la recuperación de saberes ancestrales respecto de la recuparación de la soberanía alimentaria
- Que los gobiernos apoyen técnica y económicamente a los productores ecológicos para reducir la migración y fortalecer la soberanía alimentaria
- Fortalecer el marco normativo que vele por la salud de la población
- El respeto y aplicación de las normativas relacionadas con lo expresado en los convenios internacionales, especialmente acordar un plan nacional de manejo de sustancias químicas de acuerdo a la estrategia internacional para el manejo de sustancias químicas (SAICM)
- La posibilidad de acceder a alimentos sanos producidos en forma ecológica
Nos pronunciamos
En apoyo a la Declaración Común Global de SAICM, elaborada de manera conjunta por PAN, RAP-AL, IPEN y otras organizaciones ciudadanas y hacemos un llamado a las autoridades competentes de Bolivia para que con el apoyo de la FAO se logre eliminar progresivamente los plaguicidas más peligrosos junto con el apoyo a formas de control agroecológico de plagas.
29 de enero de 2009
Fuente: RAP-AL
domingo, 8 de marzo de 2009
viernes, 6 de marzo de 2009
Campaña: Para un nuevo modelo económico y social. ¡Pongamos la finanza en su sitio!
En los últimos meses se ha vivido una de las crisis financieras más significativas de la historia, la que comenzó en Estados Unidos y se difundió en Europa, Asia y el resto del mundo. La respuesta también fue histórica. Para evitar recesiones globales y regionales y restablecer la confianza en los mercados, los gobiernos del Norte han impulsado un programa masivo sin precedentes de intervención del estado: nacionalización de bancos, inyección generalizada de subsidios a instituciones en crisis y la re-regulación de sus sectores financieros.
Esta respuesta desnuda un inaceptable doble estándar que contrasta con las austeras políticas neoliberales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países desarrollados, los han presionado a los países en desarrollo durante los últimos treinta años.
El sistema financiero internacional, su arquitectura e instituciones han sido sobrepasados por la magnitud de la crisis financiera y económica actual. El sistema financiero, su arquitectura e instituciones están siendo cuestionados y necesitan replantearse completamente.
Pero, ¿cuáles son los impactos en el Sur? Aun no se muestran claramente, aunque ya comenzó a golpear fuerte a los países en desarrollo a medida que sus mercados accionarios y monedas caen y los fondos extranjeros comienzan a irse. Hasta ahora las últimas palabras de EEUU y las capitales europeas es un llamado a una serie de cumbres económicas que comenzarían a finales de Noviembre de 2008 para analizar reformas en el sistema financiero internacional. Hay quienes hablan de un “Bretón Woods II”, refiriéndose a la conferencia que a mediados de los ’40 creó la arquitectura financiera mundial que existe hasta hoy.
Sin embargo, el proceso de estas reuniones se lleva a cabo de forma apresurada y no incluyente. Como resultado de ello, existe la preocupación de que la reunión no aborde la amplia gama de reformas necesarias ni asigne equitativamente la carga de las mismas.
Muchos países en desarrollo expresan su molestia por ser las víctimas de una crisis en la que claramente no son responsables. Organizaciones de la sociedad civil se han unido en una campaña para exigir una Conferencia internacional relevante para hacer frente a la crisis, convocada por las Naciones Unidas y que incluya a todos los países, a organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.
También a finales de noviembre, los líderes del mundo se reunirán en Doha, Qatar, para examinar los progresos en la aplicación de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (celebrada en 2002 en Monterrey, México). La reforma del sistema financiero internacional será un tema clave en el orden del día. Sin embargo, es probable que los países desarrollados se reúnan con anterioridad a esta Conferencia y decidan a puertas cerradas en lugar de discutir las reformas en un contexto donde todas las naciones tengan voz y voto.
"La lección final es que la ansiedad por tener ganancias financieras alejadas de la producción y la creencia que eso podría permanecer de forma estable culmina cuando es evidente que todo tiene un precio en esta vida y que no hay ganancias sin riesgos. En ese momento regresa el Estado a salvar, rescatar y luego regular y nacionalizar y se vuelve a teorías económicas más vinculadas a la producción y la distribución y menos al intercambio. Del libre cambismo de Marshall y Pigou pasamos a Keynes y de Hayek, del consenso de Washington y Monte Pelerin pasaremos a bancos comerciales que asuman sus riesgos, a sistemas regulados globalmente, a una legislación financiera global, y sobre todo, a un banco central global y una supervisora de bancos global. La autorregulación ha muerto, y con ella Basilea 2"
Por Oscar Ugarteche, Fuente: Observatorio Económico de América Latina (OBELA)
Esta respuesta desnuda un inaceptable doble estándar que contrasta con las austeras políticas neoliberales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países desarrollados, los han presionado a los países en desarrollo durante los últimos treinta años.
El sistema financiero internacional, su arquitectura e instituciones han sido sobrepasados por la magnitud de la crisis financiera y económica actual. El sistema financiero, su arquitectura e instituciones están siendo cuestionados y necesitan replantearse completamente.
Pero, ¿cuáles son los impactos en el Sur? Aun no se muestran claramente, aunque ya comenzó a golpear fuerte a los países en desarrollo a medida que sus mercados accionarios y monedas caen y los fondos extranjeros comienzan a irse. Hasta ahora las últimas palabras de EEUU y las capitales europeas es un llamado a una serie de cumbres económicas que comenzarían a finales de Noviembre de 2008 para analizar reformas en el sistema financiero internacional. Hay quienes hablan de un “Bretón Woods II”, refiriéndose a la conferencia que a mediados de los ’40 creó la arquitectura financiera mundial que existe hasta hoy.
Sin embargo, el proceso de estas reuniones se lleva a cabo de forma apresurada y no incluyente. Como resultado de ello, existe la preocupación de que la reunión no aborde la amplia gama de reformas necesarias ni asigne equitativamente la carga de las mismas.
Muchos países en desarrollo expresan su molestia por ser las víctimas de una crisis en la que claramente no son responsables. Organizaciones de la sociedad civil se han unido en una campaña para exigir una Conferencia internacional relevante para hacer frente a la crisis, convocada por las Naciones Unidas y que incluya a todos los países, a organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.
También a finales de noviembre, los líderes del mundo se reunirán en Doha, Qatar, para examinar los progresos en la aplicación de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (celebrada en 2002 en Monterrey, México). La reforma del sistema financiero internacional será un tema clave en el orden del día. Sin embargo, es probable que los países desarrollados se reúnan con anterioridad a esta Conferencia y decidan a puertas cerradas en lugar de discutir las reformas en un contexto donde todas las naciones tengan voz y voto.
"La lección final es que la ansiedad por tener ganancias financieras alejadas de la producción y la creencia que eso podría permanecer de forma estable culmina cuando es evidente que todo tiene un precio en esta vida y que no hay ganancias sin riesgos. En ese momento regresa el Estado a salvar, rescatar y luego regular y nacionalizar y se vuelve a teorías económicas más vinculadas a la producción y la distribución y menos al intercambio. Del libre cambismo de Marshall y Pigou pasamos a Keynes y de Hayek, del consenso de Washington y Monte Pelerin pasaremos a bancos comerciales que asuman sus riesgos, a sistemas regulados globalmente, a una legislación financiera global, y sobre todo, a un banco central global y una supervisora de bancos global. La autorregulación ha muerto, y con ella Basilea 2"
Por Oscar Ugarteche, Fuente: Observatorio Económico de América Latina (OBELA)
jueves, 5 de marzo de 2009
Colombia: Organizaciones sociales reafirman la Minga de Resistencia en el 2009
Autor | Minga Social y Comunitaria | Idioma | Español | Pais | Colombia | Publicado | 2 marzo 2009 13:30
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REAFIRMAN CONTINUIDAD DE LA MINGA Y EMITEN CONVOCATORIA PÚBLICA A LA COMISIÓN MINISTERIAL DEL GOBIERNO NACIONAL
Con el objetivo de evaluar la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, las organizaciones sociales se reunieron en La María Piendamó, durante los días 20 y 21 de los presentes, dando cumplimiento a lo acordado en diciembre del 2008.
Delegados de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, estudiantes, desplazados, ambientalistas, sindicalistas, mujeres, plataformas nacionales y ONGs de derechos humanos, así como periodistas de medios alternativos, movimientos cristianos que a través de sus confluencias participaron en la Minga del 2008, confirmamos nuestro compromiso con la continuidad del proceso de Minga Social y Comunitaria.
Urgidos ante la grave situación que viven amplios sectores de la sociedad colombiana, en especial los pueblos Awá de Nariño; Eperara Siapidara de la Costa Pacífica caucana y Kankuamos de la Sierra Nevada, quienes en los últimos dos meses han sido objeto de agresiones contra su vida, integridad y territorios por parte de todos los actores armados, constatamos, en este periodo, la vigencia de la resistencia y la movilización como únicas alternativas para la defensa de la dignidad y de los derechos fundamentales. En sentido de lo anterior decidimos:
1. Condenar la acción brutal cometida por las FARC contra el pueblo Awá de Nariño, endilgando responsabilidad al gobierno colombiano por persistir en sus acciones sistemáticas de involucramiento de la sociedad civil en el conflicto armado; y repudiar igualmente la situación violatoria de los derechos humanos que se repite en la Costa Pacífica caucana contra el pueblo Eperara Siapidara, víctima del desplazamiento forzado por la acción de todos los grupos armados tanto ilegales como fuerza pública del Estado colombiano.
2. Acompañar y brindar apoyo solidario a los Awá, Eperara Siapidara y Kankuamo, reclamando de la comunidad nacional e internacional acciones urgentes de atención humanitaria, exigiendo del gobierno nacional prevenir las causas del desplazamiento forzado y el diseño e implementación de un programa de garantías de los derechos de los pueblos indígenas tal como se lo ordena el Auto No. 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional.
3. Exigir de los agentes de la guerra (Estado-guerrillas) actos de responsabilidad política que conlleven a un acuerdo humanitario y a una salida política dialogada al conflicto armado, como instrumento hacia el respeto de la población civil y al ejercicio de autonomía territorial de los pueblos indígenas. De igual forma las Autoridades Indígenas, líderes sociales y delegados de organizaciones de derechos humanos, provenientes de todo el territorio nacional evaluamos el comportamiento que tuvo el gobierno nacional durante el debate presidencial y la interlocución institucional en el 2008, así como su negligencia para dar respuestas eficaces a las demandas hechas por las organizaciones sociales durante el proceso de Minga Social y Comunitaria, por lo cual precisamos:
1. Nuestra voluntad de mantener la exigencia del debate de la Minga con el presidente Uribe y de citar al gobierno nacional y sus ministros para el día 15 de abril con el objetivo que informe públicamente cómo avanza el cumplimiento de los compromisos que tiene el Estado Nacional con los sectores sociales que participan de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y sobre los cuales las instituciones no supieron responder en el mes de noviembre del 2008. De igual forma entregar resultados concretos sobre las investigaciones frente los asesinatos de Taurino Ramos y Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor CRIC, Aida Quilcue, víctimas del Estado, así como de los más de 150 heridos al ser invadido por la fuerza pública el territorio Guambiano de la María, Piendamó, igual que de las demás víctimas del Estado durante el proceso de Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se adelantó en el país. A esta reunión es imperativa la asistencia de la Comisión de Garantes.
Los participantes destacamos el apoyo y la solidaridad recibida durante el proceso de Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dado por parte de las Universidades úblicas, los Entes Territoriales y otros Sectores de la Sociedad Civil organizada y no organizada, así como de la Comunidad Internacional que de forma reiterada ha solicitado del gobierno colombiano la urgente necesidad de brindar garantías a los derechos humanos de la población nacional, en especial para los pueblos indígenas afectados por las acciones de guerra que vulneran el derecho internacional humanitario. A todos ellos los convocamos, invitándolos a permanecer atentos de los compromisos, actividades y programaciones aquí concertadas, referidas a:
1. Ratificar la estructura y vocerías de Aida Quilcué, Feliciano Valencia, y Marilén Serna, reconocidas durante el proceso de Minga del 2008, dando a la Comisión Política la facultad de definir nuevas vocerías para coyunturas específicas de movilización y exigibilidad.
2. Promover la agenda de los cinco puntos de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, definiendo acciones sectoriales para las jornadas de marzo, mayo, julio y octubre, que deben mostrar sus avances en la cumbre de organizaciones sociales a realizarse en el cuarto trimestre del 2009.
Finalmente, la plenaria de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, realizada en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil, en La Maria Piendamo, considerando que la sociedad colombiana está decidida a actuar en el marco de la defensa de los derechos humanos, referidos a la vida, el empleo y la vivienda digna, la salud y la educación, manifestamos:
1. Nuestra decisión de defensa del agua como derecho humano fundamental y de globalizar el tema de la Liberación de La madre Tierra como acción legítima de defensa de la naturaleza.
2. Nuestro compromiso con el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones hechas por Naciones Unidas al Estado colombiano durante el Examen Periódico Universal, al igual que las planteadas por el relator especial de la ONU para Pueblos Indígenas.
3. Nuestro rechazo a la decisión presidencial de enviar colombianos a participar del conflicto Árabe – Israelí, mas cuando su compromiso es con las fuerza invasoras que han cometido delitos de lesa humanidad y están promoviendo el genocidio del pueblo palestino, a quien la Minga le expresa su solidaridad y apoyo en la resistencia contra terrorismo sionista.
4. Nuestra disposición a continuar trabajando por la unidad en la diversidad tanto de los sectores sociales de la nación colombiana, como de movimientos y organizaciones del continente y del mundo que trabajan por una sociedad libre y la construcción de Estados realmente democráticos.
La Minga continúa caminando la palabra para acompañar a las víctimas, combatir la impunidad, exigir garantía del derecho pleno a la vida y construir el país que soñamos las mayorías populares.
ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES PARTICIPANTES
Coordinador nacional Agrario, CNA; Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEE; Coalición de Organizaciones Sociales; Campaña Permanente Tierra, Vida yDignidad; Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia; Campaña Prohibido Olvidar; Gran Coalición Democrática; Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca; Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA; Movimiento Campesino de Cajibío, ANUC-UR, Codesco, Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; Central Unitaria de Trabajadores, CUT Cauca; Organización Regional Indígena del Valle, ORIVAC; Asociación de Campesinos Bajo Cauca; Asociación de Estudiantes Universitarios, La Colombiana; Estudiantes Univalle; Cesnsat Aguaviva, Fundación Sol y Tierra; Asociación Minga; Suippcol y las delegaciones de los pueblos Pastos y Embera Katio del Alto Sinú.
Fuente: Red de Hermandad y Solidaridad - Colombia
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REAFIRMAN CONTINUIDAD DE LA MINGA Y EMITEN CONVOCATORIA PÚBLICA A LA COMISIÓN MINISTERIAL DEL GOBIERNO NACIONAL
Con el objetivo de evaluar la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, las organizaciones sociales se reunieron en La María Piendamó, durante los días 20 y 21 de los presentes, dando cumplimiento a lo acordado en diciembre del 2008.
Delegados de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, estudiantes, desplazados, ambientalistas, sindicalistas, mujeres, plataformas nacionales y ONGs de derechos humanos, así como periodistas de medios alternativos, movimientos cristianos que a través de sus confluencias participaron en la Minga del 2008, confirmamos nuestro compromiso con la continuidad del proceso de Minga Social y Comunitaria.
Urgidos ante la grave situación que viven amplios sectores de la sociedad colombiana, en especial los pueblos Awá de Nariño; Eperara Siapidara de la Costa Pacífica caucana y Kankuamos de la Sierra Nevada, quienes en los últimos dos meses han sido objeto de agresiones contra su vida, integridad y territorios por parte de todos los actores armados, constatamos, en este periodo, la vigencia de la resistencia y la movilización como únicas alternativas para la defensa de la dignidad y de los derechos fundamentales. En sentido de lo anterior decidimos:
1. Condenar la acción brutal cometida por las FARC contra el pueblo Awá de Nariño, endilgando responsabilidad al gobierno colombiano por persistir en sus acciones sistemáticas de involucramiento de la sociedad civil en el conflicto armado; y repudiar igualmente la situación violatoria de los derechos humanos que se repite en la Costa Pacífica caucana contra el pueblo Eperara Siapidara, víctima del desplazamiento forzado por la acción de todos los grupos armados tanto ilegales como fuerza pública del Estado colombiano.
2. Acompañar y brindar apoyo solidario a los Awá, Eperara Siapidara y Kankuamo, reclamando de la comunidad nacional e internacional acciones urgentes de atención humanitaria, exigiendo del gobierno nacional prevenir las causas del desplazamiento forzado y el diseño e implementación de un programa de garantías de los derechos de los pueblos indígenas tal como se lo ordena el Auto No. 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional.
3. Exigir de los agentes de la guerra (Estado-guerrillas) actos de responsabilidad política que conlleven a un acuerdo humanitario y a una salida política dialogada al conflicto armado, como instrumento hacia el respeto de la población civil y al ejercicio de autonomía territorial de los pueblos indígenas. De igual forma las Autoridades Indígenas, líderes sociales y delegados de organizaciones de derechos humanos, provenientes de todo el territorio nacional evaluamos el comportamiento que tuvo el gobierno nacional durante el debate presidencial y la interlocución institucional en el 2008, así como su negligencia para dar respuestas eficaces a las demandas hechas por las organizaciones sociales durante el proceso de Minga Social y Comunitaria, por lo cual precisamos:
1. Nuestra voluntad de mantener la exigencia del debate de la Minga con el presidente Uribe y de citar al gobierno nacional y sus ministros para el día 15 de abril con el objetivo que informe públicamente cómo avanza el cumplimiento de los compromisos que tiene el Estado Nacional con los sectores sociales que participan de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y sobre los cuales las instituciones no supieron responder en el mes de noviembre del 2008. De igual forma entregar resultados concretos sobre las investigaciones frente los asesinatos de Taurino Ramos y Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor CRIC, Aida Quilcue, víctimas del Estado, así como de los más de 150 heridos al ser invadido por la fuerza pública el territorio Guambiano de la María, Piendamó, igual que de las demás víctimas del Estado durante el proceso de Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se adelantó en el país. A esta reunión es imperativa la asistencia de la Comisión de Garantes.
Los participantes destacamos el apoyo y la solidaridad recibida durante el proceso de Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dado por parte de las Universidades úblicas, los Entes Territoriales y otros Sectores de la Sociedad Civil organizada y no organizada, así como de la Comunidad Internacional que de forma reiterada ha solicitado del gobierno colombiano la urgente necesidad de brindar garantías a los derechos humanos de la población nacional, en especial para los pueblos indígenas afectados por las acciones de guerra que vulneran el derecho internacional humanitario. A todos ellos los convocamos, invitándolos a permanecer atentos de los compromisos, actividades y programaciones aquí concertadas, referidas a:
1. Ratificar la estructura y vocerías de Aida Quilcué, Feliciano Valencia, y Marilén Serna, reconocidas durante el proceso de Minga del 2008, dando a la Comisión Política la facultad de definir nuevas vocerías para coyunturas específicas de movilización y exigibilidad.
2. Promover la agenda de los cinco puntos de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, definiendo acciones sectoriales para las jornadas de marzo, mayo, julio y octubre, que deben mostrar sus avances en la cumbre de organizaciones sociales a realizarse en el cuarto trimestre del 2009.
Finalmente, la plenaria de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, realizada en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil, en La Maria Piendamo, considerando que la sociedad colombiana está decidida a actuar en el marco de la defensa de los derechos humanos, referidos a la vida, el empleo y la vivienda digna, la salud y la educación, manifestamos:
1. Nuestra decisión de defensa del agua como derecho humano fundamental y de globalizar el tema de la Liberación de La madre Tierra como acción legítima de defensa de la naturaleza.
2. Nuestro compromiso con el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones hechas por Naciones Unidas al Estado colombiano durante el Examen Periódico Universal, al igual que las planteadas por el relator especial de la ONU para Pueblos Indígenas.
3. Nuestro rechazo a la decisión presidencial de enviar colombianos a participar del conflicto Árabe – Israelí, mas cuando su compromiso es con las fuerza invasoras que han cometido delitos de lesa humanidad y están promoviendo el genocidio del pueblo palestino, a quien la Minga le expresa su solidaridad y apoyo en la resistencia contra terrorismo sionista.
4. Nuestra disposición a continuar trabajando por la unidad en la diversidad tanto de los sectores sociales de la nación colombiana, como de movimientos y organizaciones del continente y del mundo que trabajan por una sociedad libre y la construcción de Estados realmente democráticos.
La Minga continúa caminando la palabra para acompañar a las víctimas, combatir la impunidad, exigir garantía del derecho pleno a la vida y construir el país que soñamos las mayorías populares.
ORGANIZACIONES Y PROCESOS SOCIALES PARTICIPANTES
Coordinador nacional Agrario, CNA; Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEE; Coalición de Organizaciones Sociales; Campaña Permanente Tierra, Vida yDignidad; Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia; Campaña Prohibido Olvidar; Gran Coalición Democrática; Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca; Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA; Movimiento Campesino de Cajibío, ANUC-UR, Codesco, Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; Central Unitaria de Trabajadores, CUT Cauca; Organización Regional Indígena del Valle, ORIVAC; Asociación de Campesinos Bajo Cauca; Asociación de Estudiantes Universitarios, La Colombiana; Estudiantes Univalle; Cesnsat Aguaviva, Fundación Sol y Tierra; Asociación Minga; Suippcol y las delegaciones de los pueblos Pastos y Embera Katio del Alto Sinú.
Fuente: Red de Hermandad y Solidaridad - Colombia
miércoles, 4 de marzo de 2009
Ecuador: firme la petición: detener las odiosas operaciones petroleras dentro de Yasuní
Autor | Amazonía por la Vida | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 3 marzo 2009 11:28
Los abusos de las empresas petroleras dentro del Yasuní deben ser analizados. Abusos que no sólo han sido en materia económica, hay una larga lista de denuncias sobre su comportamiento ambiental, en los bloques que afectan al Parque. Es imperativo conocer la verdad del Yasuní!
Carta Abierta al Presidente de la República del Ecuador.
ASUNTO: Detener las odiosas operaciones petroleras dentro de Yasuní.
Ecuador, 28 de febrero de 2009
Señor Presidente
Rafael Correa
Presidente de la República del Ecuador
De nuestra consideración:
La decisión de una prorroga indefinida a la no explotación de crudo del Yasuní fue una señal fundamental para la viabilidad de la propuesta, pero se requieren además señales coherentes en relación a las políticas ambientales, cuando menos en relación al Yasuní.
Por eso sorprende que las negociaciones con las empresas Repsol y Perenco, ambas operando dentro del Parque Nacional Yasuní, no tengan como condición básica una auditoría ambiental de su comportamiento previo.
Los abusos de las empresas petroleras dentro del Yasuní deben ser analizados. Abusos que no sólo han sido en materia económica, hay una larga lista de denuncias sobre su comportamiento ambiental, en los bloques que afectan al Parque. Es imperativo conocer la verdad del Yasuní!
Los bloques 31, 16, 14, incluso una porción del bloque 15, afectan al Parque Nacional Yasuní, por lo tanto la propuesta Yasuní/ ITT, debe enfrentar este hecho tarde o temprano. Lo ideal es hacerlo ahora, realizando una auditoría que establezca las responsabilidades, que exija la limpieza y la reparación y que inicie un camino de protección del conjunto del Parque.
Para ser consecuentes, cada uno de estos bloques, en las respectivas porciones que están dentro del Parque Nacional Yasuní podrían incorporarse a la propuesta de no explotación del crudo.
En el caso del bloque 31, con una producción ridícula que es el 1% de lo que Petroecuador produce. En el caso del bloque 16, con un contrato próximo a terminar con Repsol, en lugar de concluirlo, exigir el abandono del área y su reparación, se le abre la opción de permanecer con las ventajas que ya tuvo, por casi 10 años, más a cambio de dinero en efectivo proveniente de pagos atrasados. En el caso de la francesa Perenco, hay suficientes argumentos para terminar su contrato y además de que esta empresa incluso tiene un juicio por daños ambientales colocado recientemente en Francia.
También el bloque 17 tiene una parte dentro del área intangible.
En concreto, nuestra propuesta es:
1. Iniciar una auditoría ambiental de todas las petroleras que operan en el Yasuní, sus impactos económicos, sociales, culturales y ambientales.
2. Iniciar una propuesta de abandono de los pozos que están dentro del Parque y del área intangible, incluyendo la necesaria reparación de los daños ocasionados, por parte de las empresas operadoras de los bloques.
3. Detener la firma del nuevo contrato a Repsol, que extendería su odiosa operación hasta el 2018
4. Frenar las propuestas en curso de una explotación temprana del Tiputini (no se trata de sacar una T al ITT), pues esto enterraría definitivamente la propuesta inicial.
5. Organizar una estrategia hacia Copenhagen, en donde se logre un cambio en las negociaciones internacionales, se alcance el reconocimiento de la deuda ecológica, el tratamiento de las emisiones en base a cuotas per capita y sobre todo mecanismos de compensación para propuestas de conservación del crudo en el subsuelo como la mejor manera de reducir las emisiones de CO2.
Atentamente,
Fuente: Amazonia por la Vida
Los abusos de las empresas petroleras dentro del Yasuní deben ser analizados. Abusos que no sólo han sido en materia económica, hay una larga lista de denuncias sobre su comportamiento ambiental, en los bloques que afectan al Parque. Es imperativo conocer la verdad del Yasuní!
Carta Abierta al Presidente de la República del Ecuador.
ASUNTO: Detener las odiosas operaciones petroleras dentro de Yasuní.
Ecuador, 28 de febrero de 2009
Señor Presidente
Rafael Correa
Presidente de la República del Ecuador
De nuestra consideración:
La decisión de una prorroga indefinida a la no explotación de crudo del Yasuní fue una señal fundamental para la viabilidad de la propuesta, pero se requieren además señales coherentes en relación a las políticas ambientales, cuando menos en relación al Yasuní.
Por eso sorprende que las negociaciones con las empresas Repsol y Perenco, ambas operando dentro del Parque Nacional Yasuní, no tengan como condición básica una auditoría ambiental de su comportamiento previo.
Los abusos de las empresas petroleras dentro del Yasuní deben ser analizados. Abusos que no sólo han sido en materia económica, hay una larga lista de denuncias sobre su comportamiento ambiental, en los bloques que afectan al Parque. Es imperativo conocer la verdad del Yasuní!
Los bloques 31, 16, 14, incluso una porción del bloque 15, afectan al Parque Nacional Yasuní, por lo tanto la propuesta Yasuní/ ITT, debe enfrentar este hecho tarde o temprano. Lo ideal es hacerlo ahora, realizando una auditoría que establezca las responsabilidades, que exija la limpieza y la reparación y que inicie un camino de protección del conjunto del Parque.
Para ser consecuentes, cada uno de estos bloques, en las respectivas porciones que están dentro del Parque Nacional Yasuní podrían incorporarse a la propuesta de no explotación del crudo.
En el caso del bloque 31, con una producción ridícula que es el 1% de lo que Petroecuador produce. En el caso del bloque 16, con un contrato próximo a terminar con Repsol, en lugar de concluirlo, exigir el abandono del área y su reparación, se le abre la opción de permanecer con las ventajas que ya tuvo, por casi 10 años, más a cambio de dinero en efectivo proveniente de pagos atrasados. En el caso de la francesa Perenco, hay suficientes argumentos para terminar su contrato y además de que esta empresa incluso tiene un juicio por daños ambientales colocado recientemente en Francia.
También el bloque 17 tiene una parte dentro del área intangible.
En concreto, nuestra propuesta es:
1. Iniciar una auditoría ambiental de todas las petroleras que operan en el Yasuní, sus impactos económicos, sociales, culturales y ambientales.
2. Iniciar una propuesta de abandono de los pozos que están dentro del Parque y del área intangible, incluyendo la necesaria reparación de los daños ocasionados, por parte de las empresas operadoras de los bloques.
3. Detener la firma del nuevo contrato a Repsol, que extendería su odiosa operación hasta el 2018
4. Frenar las propuestas en curso de una explotación temprana del Tiputini (no se trata de sacar una T al ITT), pues esto enterraría definitivamente la propuesta inicial.
5. Organizar una estrategia hacia Copenhagen, en donde se logre un cambio en las negociaciones internacionales, se alcance el reconocimiento de la deuda ecológica, el tratamiento de las emisiones en base a cuotas per capita y sobre todo mecanismos de compensación para propuestas de conservación del crudo en el subsuelo como la mejor manera de reducir las emisiones de CO2.
Atentamente,
Fuente: Amazonia por la Vida
martes, 3 de marzo de 2009
AGRICULTURA: Control global de transgénicos se vuelve quimera
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 27 feb (IPS) - Las negociaciones celebradas esta semana en México expusieron las dificultades casi insalvables para obtener un firme régimen internacional de responsabilidad y compensación por daños atribuibles al movimiento transfronterizo de transgénicos.
En ese diagnóstico coincidieron la activista Silvia Ribeiro, portavoz en América Latina del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), con sede en Canadá, y Sandra Piña, gerente de negociaciones internacionales de Agrobio México, asociación de empresas biotecnológicas que promueven transgénicos.
Ribeiro, una curtida crítica de las empresas que venden semillas transgénicas, y Piña asistieron como observadoras a cita del grupo de apoyo del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología, y dialogaron con IPS.
Los delegados de unos 30 países esperaban definir el régimen que aplicará al artículo 27 del Protocolo sobre "responsabilidad y compensación", vigente desde 2003
. Pero el debate que lleva cinco años no ha llegado aún el consenso requerido para este tipo de instrumentos.
Las negociaciones avanzaron en México, pero no llegaron a puerto, según las entrevistadas. La discusiones continuarán el año próximo, posiblemente en febrero en Malasia.
El objetivo es alcanzar un documento negociado antes de la conferencia de los 153 países que se han adherido al Protocolo de Cartagena, programada para octubre de 2010en Japón.
El Protocolo, complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica, está destinado a proteger la biodiversidad de los posibles daños de los transgénicos, y establece que, ante la incertidumbre o falta de información, se debe aplicar el principio precautorio para evitar el ingreso o uso de esos organismos genéticamente modificados.
La biotecnología agrícola permite crear, manipulando genes, plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a plagas y enfermedades, así como otras que pueden sobrevivir a suelos secos o salitrosos. Además, se están desarrollando semillas que, según sus promotores, darán lugar a cultivos alimenticios con más vitaminas y hasta vacunas contra enfermedades.
Científicos de todo el mundo todavía discuten si los organismos genéticamente modificados son peligrosos para el ambiente o la salud humana. Hay quienes sostienen que son totalmente inocuos, pero se ha llegado a documentar casos de alergias en personas y alteraciones en animales relacionadas a su consumo.
De acuerdo con Ribeiro, si llegase a concretarse en 2010 un acuerdo entre gobiernos sobre el régimen de responsabilidad y compensación al movimiento de transgénicos "tendrá tantos huecos que será inútil, estará vaciado de contenido".
El problema de la negociación en marcha, apunta Ribeiro, es que requiere consenso, lo que impide que gane la postura mayoritaria de países que apuestan por un régimen que ordene compensaciones directas a las empresas que producen y venden semillas transgénicas y a los gobiernos que las autorizan.
En contraste, la portavoz de la empresarial Agrobio declaró que en las negociaciones se pudo observar que "afortunadamente" los participantes "están cada vez menos apasionados" en la defensa de sus posturas.
Piña sostuvo que las partes están "más abiertas" a alcanzar a un acuerdo sobre un régimen de compensación de carácter administrativo, que sea definido en sus detalles por cada país.
Dictar un régimen universal "sería muy difícil", pues en la responsabilidad y la compensación de posibles daños "hay 'n' factores que considerar" como los ambientales de cada lugar, el transporte, el manejo, la presencia de otras especies y el mal uso de semillas, entre otras. Cada país debe analizarlo", manifestó.
"A los activistas, cuya presencia y punto de vista es valioso y necesario, les gusta subir mucho la vara en este tema, pero eso no anima el consenso y hay que recordar que aquí mandan los gobiernos", añadió Piña.
En su opinión, se busca un acuerdo "razonable que todavía tiene algún camino que recorrer".
Entre lunes y este viernes, unos 150 delegados de 30 gobiernos se reunieron en salones de la cancillería de México, en la capital de este país.
En las afueras del edificio, activistas ambientalistas y campesinos realizaron manifestaciones callejeras en rechazo a los transgénicos.
Además, la oficina nacional de la organización internacional Greenpeace dibujó con mazorcas de maíz no transgénico un gigantesco mapa de México en la plaza del Zócalo, el centro histórico de la ciudad.
La Red en Defensa del Maíz de México, de la que forman parte ETC, Greenpeace y varias organizaciones campesinas, emitieron una declaración donde señalan que los "transgénicos son la expresión más exagerada y lesiva del dominio corporativo y para el lucro, de la historia de la agricultura".
Desde su punto de vista, los transgénicos están "diseñados para garantizar la dependencia alimentaria de todos".
Las compañías que los producen, "los científicos que trabajan para ellas, junto a las trasnacionales que los distribuyen y promueven, y los gobiernos que los permiten" son responsables de los daños que causan "a los pueblos, sus culturas y economías, a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad", afirmaron.
El área de cultivos transgénicos en el mundo viene creciendo sin pausa desde sus primeras autorizaciones comerciales en 1996 y ya abarca 125 millones de hectáreas en 25 países y 13,3 millones de agricultores. Las semillas de las corporaciones transnacionales BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont/Pioneer, Monsanto y Syngenta dominan ampliamente este mercado.
Una infinidad de alimentos procesados con esos productos circulan ya en el mercado y los consumen millones de personas. "La experiencia de los últimos años no indica que los temores sobre los transgénicos sean reales. En la actualidad hay más conciencia sobre sus potenciales beneficios y por eso su crecimiento exponencial", dijo la portavoz de Agrobio.
Ribeiro, en cambio, indicó que existen evidencias claras de los impactos de los transgénicos y que, ante la imposibilidad de definir un "verdadero" régimen mundial de responsabilidad y compensación, lo único que queda es rechazar su presencia en cada país de forma puntual y usando los medios al alcance de activistas y campesinos.
El ETC reclama además regulaciones internacionales para impedir que ingresen transgénicos a los centros de origen de ciertas variedades, como el maíz en México, pues puedan alterar su presencia natural.
Aunque en México está prohibido el cultivo comercial y experimental de maíz transgénico, varias investigaciones han detectado ya trazas y mezclas con las variedades criollas.
México deberá decidir pronto la conveniencia o no de cultivar maíz transgénico, pero solo podrá hacerlo permitiendo primero la experimentación, dijo Piña, una posibilidad que los ambientalistas rechazan. (FIN/2009)
MÉXICO, 27 feb (IPS) - Las negociaciones celebradas esta semana en México expusieron las dificultades casi insalvables para obtener un firme régimen internacional de responsabilidad y compensación por daños atribuibles al movimiento transfronterizo de transgénicos.
En ese diagnóstico coincidieron la activista Silvia Ribeiro, portavoz en América Latina del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), con sede en Canadá, y Sandra Piña, gerente de negociaciones internacionales de Agrobio México, asociación de empresas biotecnológicas que promueven transgénicos.
Ribeiro, una curtida crítica de las empresas que venden semillas transgénicas, y Piña asistieron como observadoras a cita del grupo de apoyo del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología, y dialogaron con IPS.
Los delegados de unos 30 países esperaban definir el régimen que aplicará al artículo 27 del Protocolo sobre "responsabilidad y compensación", vigente desde 2003
. Pero el debate que lleva cinco años no ha llegado aún el consenso requerido para este tipo de instrumentos.
Las negociaciones avanzaron en México, pero no llegaron a puerto, según las entrevistadas. La discusiones continuarán el año próximo, posiblemente en febrero en Malasia.
El objetivo es alcanzar un documento negociado antes de la conferencia de los 153 países que se han adherido al Protocolo de Cartagena, programada para octubre de 2010en Japón.
El Protocolo, complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica, está destinado a proteger la biodiversidad de los posibles daños de los transgénicos, y establece que, ante la incertidumbre o falta de información, se debe aplicar el principio precautorio para evitar el ingreso o uso de esos organismos genéticamente modificados.
La biotecnología agrícola permite crear, manipulando genes, plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a plagas y enfermedades, así como otras que pueden sobrevivir a suelos secos o salitrosos. Además, se están desarrollando semillas que, según sus promotores, darán lugar a cultivos alimenticios con más vitaminas y hasta vacunas contra enfermedades.
Científicos de todo el mundo todavía discuten si los organismos genéticamente modificados son peligrosos para el ambiente o la salud humana. Hay quienes sostienen que son totalmente inocuos, pero se ha llegado a documentar casos de alergias en personas y alteraciones en animales relacionadas a su consumo.
De acuerdo con Ribeiro, si llegase a concretarse en 2010 un acuerdo entre gobiernos sobre el régimen de responsabilidad y compensación al movimiento de transgénicos "tendrá tantos huecos que será inútil, estará vaciado de contenido".
El problema de la negociación en marcha, apunta Ribeiro, es que requiere consenso, lo que impide que gane la postura mayoritaria de países que apuestan por un régimen que ordene compensaciones directas a las empresas que producen y venden semillas transgénicas y a los gobiernos que las autorizan.
En contraste, la portavoz de la empresarial Agrobio declaró que en las negociaciones se pudo observar que "afortunadamente" los participantes "están cada vez menos apasionados" en la defensa de sus posturas.
Piña sostuvo que las partes están "más abiertas" a alcanzar a un acuerdo sobre un régimen de compensación de carácter administrativo, que sea definido en sus detalles por cada país.
Dictar un régimen universal "sería muy difícil", pues en la responsabilidad y la compensación de posibles daños "hay 'n' factores que considerar" como los ambientales de cada lugar, el transporte, el manejo, la presencia de otras especies y el mal uso de semillas, entre otras. Cada país debe analizarlo", manifestó.
"A los activistas, cuya presencia y punto de vista es valioso y necesario, les gusta subir mucho la vara en este tema, pero eso no anima el consenso y hay que recordar que aquí mandan los gobiernos", añadió Piña.
En su opinión, se busca un acuerdo "razonable que todavía tiene algún camino que recorrer".
Entre lunes y este viernes, unos 150 delegados de 30 gobiernos se reunieron en salones de la cancillería de México, en la capital de este país.
En las afueras del edificio, activistas ambientalistas y campesinos realizaron manifestaciones callejeras en rechazo a los transgénicos.
Además, la oficina nacional de la organización internacional Greenpeace dibujó con mazorcas de maíz no transgénico un gigantesco mapa de México en la plaza del Zócalo, el centro histórico de la ciudad.
La Red en Defensa del Maíz de México, de la que forman parte ETC, Greenpeace y varias organizaciones campesinas, emitieron una declaración donde señalan que los "transgénicos son la expresión más exagerada y lesiva del dominio corporativo y para el lucro, de la historia de la agricultura".
Desde su punto de vista, los transgénicos están "diseñados para garantizar la dependencia alimentaria de todos".
Las compañías que los producen, "los científicos que trabajan para ellas, junto a las trasnacionales que los distribuyen y promueven, y los gobiernos que los permiten" son responsables de los daños que causan "a los pueblos, sus culturas y economías, a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad", afirmaron.
El área de cultivos transgénicos en el mundo viene creciendo sin pausa desde sus primeras autorizaciones comerciales en 1996 y ya abarca 125 millones de hectáreas en 25 países y 13,3 millones de agricultores. Las semillas de las corporaciones transnacionales BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont/Pioneer, Monsanto y Syngenta dominan ampliamente este mercado.
Una infinidad de alimentos procesados con esos productos circulan ya en el mercado y los consumen millones de personas. "La experiencia de los últimos años no indica que los temores sobre los transgénicos sean reales. En la actualidad hay más conciencia sobre sus potenciales beneficios y por eso su crecimiento exponencial", dijo la portavoz de Agrobio.
Ribeiro, en cambio, indicó que existen evidencias claras de los impactos de los transgénicos y que, ante la imposibilidad de definir un "verdadero" régimen mundial de responsabilidad y compensación, lo único que queda es rechazar su presencia en cada país de forma puntual y usando los medios al alcance de activistas y campesinos.
El ETC reclama además regulaciones internacionales para impedir que ingresen transgénicos a los centros de origen de ciertas variedades, como el maíz en México, pues puedan alterar su presencia natural.
Aunque en México está prohibido el cultivo comercial y experimental de maíz transgénico, varias investigaciones han detectado ya trazas y mezclas con las variedades criollas.
México deberá decidir pronto la conveniencia o no de cultivar maíz transgénico, pero solo podrá hacerlo permitiendo primero la experimentación, dijo Piña, una posibilidad que los ambientalistas rechazan. (FIN/2009)
lunes, 2 de marzo de 2009
Peligros de la liberación de transgénicos
Autor | Elena Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro | Idioma | Español | Pais | México | Publicado | 16 febrero 2009 13:28
Los riesgos y las insuficiencias tecnológicas de las plantas transgénicas se potencian y multiplican en el caso de su liberación en los centros de origen y diversidad de los cultivos en cuestión. Tal es el caso del maíz transgénico en México.
En los centros de origen y diversidad será imposible evitar el flujo génico de los cultivos transgénicos a los no transgénicos. Innumerables datos demuestran que es imposible la coexistencia de ambos tipos de cultivos sin contaminación transgénica. En los países donde se ubica la mayor parte de estos centros dicho flujo es mayor, porque el manejo e intercambio de semillas aseguran que en ellas se muevan los genes (y transgenes) a largas distancias.
Lamentablemente, se ha demostrado la presencia de transgenes en variedades nativas de maíz y algodón en México, su centro de origen y diversidad.
Una vez en las variedades locales cultivadas y silvestres, los transgenes tendrán efectos que dependerán de la variedad en cuestión, del sitio en el genoma donde se inserte el transgén y del ambiente en que se encuentre la planta local (ver “Transgénicos: ¿ciencia? y ¿para quién?”, La Jornada, 31 enero de 2009). Las secuencias transgénicas estarán además sujetas a cambios evolutivos a lo largo de las generaciones. Es decir, a mutaciones y recombinaciones. Ambos hechos amplían las incertidumbres y los posibles efectos no deseados de los transgénicos.
Estudios empíricos y teóricos han demostrado que una vez que se introduce un nuevo gen (o transgén) en una población, éste puede permanecer en ella por largos periodos, incluso en casos en que dicho gen no dé ventajas a la planta receptora (mayores niveles de supervivencia, reproducción o preferencia por parte de los agricultores). Pero si es un gen que aumenta las probabilidades de supervivencia o reproducción de un cultivo, su frecuencia aumentará.
También se ha documentado con insistencia que la liberación de transgénicos al ambiente puede dar lugar a la aparición de supermalezas, nuevas plagas resistentes, efectos nocivos en organismos que no eran objeto de la biotecnología y disminución de la biodiversidad. En cuanto a los efectos en la salud, hay pocos estudios independientes de los realizados por las corporaciones que promueven el uso de dichas tecnologías. Pero análisis recientes de científicos austriacos muestran que los transgénicos pueden tener claros efectos en detrimento de la viabilidad de las crías, en estudios con ratas alimentadas con transgénicos por varias generaciones.
En los casos en que transgenes con efectos no deseados o nocivos se introduzcan en las variedades no transgénicas, el “flujo transgénico” provocaría una contaminación con posibles consecuencias negativas difíciles o imposibles de controlar o revertir.
Por ejemplo, la contaminación por transgenes que codifican (dan la instrucción para la producción de) para sustancias no alimenticias (vacunas, anticoagulantes, resinas, etcétera), llamados comúnmente maíces bio-reactores, podría llegar a amenazar la cadena alimenticia del maíz.
El riesgo de que el maíz mexicano se contamine con los transgenes del maíz bio-reactor está latente, dado que en Estados Unidos se han generado y probado a campo abierto un gran número de estos maíces. Sus transgenes pueden contaminar los maíces de exportación a México y luego contaminar otros maíces en nuestro país y dispersarse en el polen (movido a su vez por el viento durante el entrecruzamiento entre plantas de maíz) y en las semillas (movidas por el hombre a miles de kilómetros), y así pueden llegar a la cadena alimenticia.
Por ello, es crucial investigar qué transgenes hay en los maíces de Estados Unidos, cuáles son las vías de entrada de éstos a nuestro campo y evitar que sigan llegando a lugares remotos, para lo cual es imperante reforzar las medidas de bioseguridad actuales.
Por ejemplo, tenemos datos preliminares de que los híbridos comerciales de compañías americanas etiquetados como no transgénicos están contaminados.
Los estudios recientes resumidos en la tercera de esta serie de contribuciones muestran que hay presencia de transgenes en maíces nativos de México. Por tanto, es urgente establecer medidas de bioseguridad más –y no menos– restrictivas que las actuales, detectar sus fuentes y cancelarlas. Es urgente que el gobierno coordine un esfuerzo para impedir que la contaminación transgénica ilegal continúe antes de que sea irreversible.
El gobierno debería establecer medidas y acuerdos internacionales que garanticen “tolerancia cero” a la presencia de transgenes en el maíz que se importa a México, y así evitar la contaminación de su centro de origen y diversidad, tal como lo hace Japón con su cereal básico, el arroz, a pesar de no ser su centro de origen y diversidad.
El estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC propuso que el maíz importado de Estados Unidos se quebrara para evitar la contaminación transgénica. Pero esta medida no se ha implementado.
El gobierno, sus funcionarios implicados en las decisiones de bioseguridad y –de manera sobresaliente– sus asesores técnico-científicos en este ramo son responsables de la contaminación presente y futura de las plantas cultivadas para las cuales México es centro de origen y diversidad, así como de sus posibles consecuencias negativas. Sobresale el maíz por ser la base de nuestro alimento y el cereal más importante del mundo, pero también es el caso del algodón.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) ha integrado un expediente científico que sustenta estas y otras conclusiones disponibles en su página. La conclusión es que es nodal para el futuro del país y de la seguridad alimentaria del maíz evitar que el centro de origen del cereal más importante del mundo se siga contaminando y revertir la contaminación existente hasta ahora. Este expediente completo se publicará pronto.
Invitamos a los colegas científicos que, desde paradigmas distintos, favorecidos por la industria biotecnológica, plantean una visión más optimista y menos precautoria en torno a la liberación al ambiente de transgénicos, en particular del maíz transgénico en su centro de origen, a un debate público. Dicho debate sería la base para una consulta nacional acerca de este tema crucial en la vida presente y futura de México.
Elena Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro*/II
14-2-2009
*Dra. Elena Álvarez-Buylla (investigadora titular C) y Alma Piñeyro (estudiante de doctorado), Instituto de Ecología, UNAM;
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
Fuente: La Jornada
Los riesgos y las insuficiencias tecnológicas de las plantas transgénicas se potencian y multiplican en el caso de su liberación en los centros de origen y diversidad de los cultivos en cuestión. Tal es el caso del maíz transgénico en México.
En los centros de origen y diversidad será imposible evitar el flujo génico de los cultivos transgénicos a los no transgénicos. Innumerables datos demuestran que es imposible la coexistencia de ambos tipos de cultivos sin contaminación transgénica. En los países donde se ubica la mayor parte de estos centros dicho flujo es mayor, porque el manejo e intercambio de semillas aseguran que en ellas se muevan los genes (y transgenes) a largas distancias.
Lamentablemente, se ha demostrado la presencia de transgenes en variedades nativas de maíz y algodón en México, su centro de origen y diversidad.
Una vez en las variedades locales cultivadas y silvestres, los transgenes tendrán efectos que dependerán de la variedad en cuestión, del sitio en el genoma donde se inserte el transgén y del ambiente en que se encuentre la planta local (ver “Transgénicos: ¿ciencia? y ¿para quién?”, La Jornada, 31 enero de 2009). Las secuencias transgénicas estarán además sujetas a cambios evolutivos a lo largo de las generaciones. Es decir, a mutaciones y recombinaciones. Ambos hechos amplían las incertidumbres y los posibles efectos no deseados de los transgénicos.
Estudios empíricos y teóricos han demostrado que una vez que se introduce un nuevo gen (o transgén) en una población, éste puede permanecer en ella por largos periodos, incluso en casos en que dicho gen no dé ventajas a la planta receptora (mayores niveles de supervivencia, reproducción o preferencia por parte de los agricultores). Pero si es un gen que aumenta las probabilidades de supervivencia o reproducción de un cultivo, su frecuencia aumentará.
También se ha documentado con insistencia que la liberación de transgénicos al ambiente puede dar lugar a la aparición de supermalezas, nuevas plagas resistentes, efectos nocivos en organismos que no eran objeto de la biotecnología y disminución de la biodiversidad. En cuanto a los efectos en la salud, hay pocos estudios independientes de los realizados por las corporaciones que promueven el uso de dichas tecnologías. Pero análisis recientes de científicos austriacos muestran que los transgénicos pueden tener claros efectos en detrimento de la viabilidad de las crías, en estudios con ratas alimentadas con transgénicos por varias generaciones.
En los casos en que transgenes con efectos no deseados o nocivos se introduzcan en las variedades no transgénicas, el “flujo transgénico” provocaría una contaminación con posibles consecuencias negativas difíciles o imposibles de controlar o revertir.
Por ejemplo, la contaminación por transgenes que codifican (dan la instrucción para la producción de) para sustancias no alimenticias (vacunas, anticoagulantes, resinas, etcétera), llamados comúnmente maíces bio-reactores, podría llegar a amenazar la cadena alimenticia del maíz.
El riesgo de que el maíz mexicano se contamine con los transgenes del maíz bio-reactor está latente, dado que en Estados Unidos se han generado y probado a campo abierto un gran número de estos maíces. Sus transgenes pueden contaminar los maíces de exportación a México y luego contaminar otros maíces en nuestro país y dispersarse en el polen (movido a su vez por el viento durante el entrecruzamiento entre plantas de maíz) y en las semillas (movidas por el hombre a miles de kilómetros), y así pueden llegar a la cadena alimenticia.
Por ello, es crucial investigar qué transgenes hay en los maíces de Estados Unidos, cuáles son las vías de entrada de éstos a nuestro campo y evitar que sigan llegando a lugares remotos, para lo cual es imperante reforzar las medidas de bioseguridad actuales.
Por ejemplo, tenemos datos preliminares de que los híbridos comerciales de compañías americanas etiquetados como no transgénicos están contaminados.
Los estudios recientes resumidos en la tercera de esta serie de contribuciones muestran que hay presencia de transgenes en maíces nativos de México. Por tanto, es urgente establecer medidas de bioseguridad más –y no menos– restrictivas que las actuales, detectar sus fuentes y cancelarlas. Es urgente que el gobierno coordine un esfuerzo para impedir que la contaminación transgénica ilegal continúe antes de que sea irreversible.
El gobierno debería establecer medidas y acuerdos internacionales que garanticen “tolerancia cero” a la presencia de transgenes en el maíz que se importa a México, y así evitar la contaminación de su centro de origen y diversidad, tal como lo hace Japón con su cereal básico, el arroz, a pesar de no ser su centro de origen y diversidad.
El estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC propuso que el maíz importado de Estados Unidos se quebrara para evitar la contaminación transgénica. Pero esta medida no se ha implementado.
El gobierno, sus funcionarios implicados en las decisiones de bioseguridad y –de manera sobresaliente– sus asesores técnico-científicos en este ramo son responsables de la contaminación presente y futura de las plantas cultivadas para las cuales México es centro de origen y diversidad, así como de sus posibles consecuencias negativas. Sobresale el maíz por ser la base de nuestro alimento y el cereal más importante del mundo, pero también es el caso del algodón.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) ha integrado un expediente científico que sustenta estas y otras conclusiones disponibles en su página. La conclusión es que es nodal para el futuro del país y de la seguridad alimentaria del maíz evitar que el centro de origen del cereal más importante del mundo se siga contaminando y revertir la contaminación existente hasta ahora. Este expediente completo se publicará pronto.
Invitamos a los colegas científicos que, desde paradigmas distintos, favorecidos por la industria biotecnológica, plantean una visión más optimista y menos precautoria en torno a la liberación al ambiente de transgénicos, en particular del maíz transgénico en su centro de origen, a un debate público. Dicho debate sería la base para una consulta nacional acerca de este tema crucial en la vida presente y futura de México.
Elena Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro*/II
14-2-2009
*Dra. Elena Álvarez-Buylla (investigadora titular C) y Alma Piñeyro (estudiante de doctorado), Instituto de Ecología, UNAM;
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
Fuente: La Jornada
domingo, 1 de marzo de 2009
Honduras: Declaración de Purutukwa
Autor | Organizaciones y pueblos negros e indígenas de Honduras | Idioma | Español | Pais | Honduras | Publicado | 16 febrero 2009 13:53
"Manifestamos con abierto y amplio espíritu de unidad, nuestra disposición de luchar por el respeto y aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas que garantizan los derechos territoriales, culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas y negros de Honduras..."
Comunidad de Pueblo Nuevo, Subirana, Olancho
Reunidos en la Comunidad de Pueblo Nuevo Subirana, Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho, Honduras, en la Asamblea de Tribu Pech junto con representantes de los Pueblos Lenca, Tawahka y Garifuna y, después de haber discutido sobre las intenciones gubernamentales, de las empresas transnacionales y los Organismos Financieros Internacionales que buscan impulsar diferentes programas y megaproyectos en nuestros territorios ancestrales, que violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado de Honduras en el año de 1994 y, que atentan contra la reciente aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nos pronunciamos en los siguientes términos:
1. Rechazamos abiertamente la privatización y expropiación de los territorios indígenas y negros con fines turísticos (como el proyecto de Bahía de Tela) o para monocultivos de empresas privadas nacionales y transnacionales.
2. Nos oponemos a los diversos megaproyectos hidroeléctricos que afectan nuestros ríos, cuencas, subcuencas y microcuencas y que destruyen la vida, los territorios y la cultura de los nuestros pueblos. Nos referimos especialmente a las represas Patuca III, El Tigre, Río Gualcarque y otras que igualmente destructivas.
3. Estamos en contra del "ante proyecto de ley de hidrocarburos", elaborado a espaldas del pueblo hondureño y las comunidades indígenas y negras de nuestro país, por considerar que atenta contra la biodiversidad, los ecosistemas y la integridad del territorio nacional y que sólo busca beneficiar a las empresas transnacionales y el interés geoestratégico de los Estados Unidos en la región.
4. Rechazamos la instalación de la Base Militar de Estados Unidos en Karataska, territorio del pueblo Miskito, así como la amenaza de reactivación de la Base Militar de los Llanos de San Antonio, Marcala, La Paz, territorio Lenca. Exigimos al gobierno la inmediata cancelación de todas las bases militares extranjeras en nuestro país ya que las mismas agreden aun más la soberanía nacional.
5. A más de 500 años seguimos siendo saqueados y depredados a través de las concesiones mineras como parte de los proyectos de muerte del sistema capitalista y de los sectores dominantes de nuestro país. Por esta razón, demandamos se cancelen todas las concesiones mineras.
6. Reiteramos nuestra absoluta oposición al Ante Proyecto de Ley Especial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, impulsada por el PAPIN-DIPA desde el la Secretaría de Gobernación y Justicia y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene la intención de continuar con el exterminio de los pueblos indígenas y negros.
7. Repudiamos las políticas del Banco Mundial y la Unión Europea a través de los Programas de Administración de Tierras de Honduras (PATH) y el Ordenamiento Territorial, que destruyen el sentido de comunidad de los pueblos indígenas y negros y pone en precario nuestra soberanía alimentaria.
8. Nos oponemos a cualquier Acuerdo, Tratado, Ley o Política que tenga como objetivo la privatización de los recursos hídricos, fundamentalmente, el anteproyecto de Ley General del Agua, manejada en completa secretividad y como componente principal de los Acuerdos de Asociación (Tratado de Libre Comercio disfrazado) con la Unión Europea.
9. Condenamos a los pseudo líderes que, en nombre de nuestros pueblos, avalan los planes y proyectos de muerte, contaminados por la corrupción. Desconocemos sus actuaciones por considerarlas una traición a la lucha de resistencia de nuestros pueblos.
Frente a todo lo anterior, manifestamos con abierto y amplio espíritu de unidad, nuestra disposición de luchar por el respeto y aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas que garantizan los derechos territoriales, culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas y negros de Honduras. A la vez, hacemos un llamado al pueblo hondureño y sus organizaciones para seguir el ejemplo de dignidad y fuerza de nuestras ancestras y ancestros.
* Asamblea de Tribu Pech, Pueblo Nuevo Subirana, Alianza Verde, Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Asamblea de Pueblos Indígenas y Negros de Honduras.
11 de febrero del 2009.
Fuente: ADITAL
"Manifestamos con abierto y amplio espíritu de unidad, nuestra disposición de luchar por el respeto y aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas que garantizan los derechos territoriales, culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas y negros de Honduras..."
Comunidad de Pueblo Nuevo, Subirana, Olancho
Reunidos en la Comunidad de Pueblo Nuevo Subirana, Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho, Honduras, en la Asamblea de Tribu Pech junto con representantes de los Pueblos Lenca, Tawahka y Garifuna y, después de haber discutido sobre las intenciones gubernamentales, de las empresas transnacionales y los Organismos Financieros Internacionales que buscan impulsar diferentes programas y megaproyectos en nuestros territorios ancestrales, que violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado de Honduras en el año de 1994 y, que atentan contra la reciente aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nos pronunciamos en los siguientes términos:
1. Rechazamos abiertamente la privatización y expropiación de los territorios indígenas y negros con fines turísticos (como el proyecto de Bahía de Tela) o para monocultivos de empresas privadas nacionales y transnacionales.
2. Nos oponemos a los diversos megaproyectos hidroeléctricos que afectan nuestros ríos, cuencas, subcuencas y microcuencas y que destruyen la vida, los territorios y la cultura de los nuestros pueblos. Nos referimos especialmente a las represas Patuca III, El Tigre, Río Gualcarque y otras que igualmente destructivas.
3. Estamos en contra del "ante proyecto de ley de hidrocarburos", elaborado a espaldas del pueblo hondureño y las comunidades indígenas y negras de nuestro país, por considerar que atenta contra la biodiversidad, los ecosistemas y la integridad del territorio nacional y que sólo busca beneficiar a las empresas transnacionales y el interés geoestratégico de los Estados Unidos en la región.
4. Rechazamos la instalación de la Base Militar de Estados Unidos en Karataska, territorio del pueblo Miskito, así como la amenaza de reactivación de la Base Militar de los Llanos de San Antonio, Marcala, La Paz, territorio Lenca. Exigimos al gobierno la inmediata cancelación de todas las bases militares extranjeras en nuestro país ya que las mismas agreden aun más la soberanía nacional.
5. A más de 500 años seguimos siendo saqueados y depredados a través de las concesiones mineras como parte de los proyectos de muerte del sistema capitalista y de los sectores dominantes de nuestro país. Por esta razón, demandamos se cancelen todas las concesiones mineras.
6. Reiteramos nuestra absoluta oposición al Ante Proyecto de Ley Especial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, impulsada por el PAPIN-DIPA desde el la Secretaría de Gobernación y Justicia y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene la intención de continuar con el exterminio de los pueblos indígenas y negros.
7. Repudiamos las políticas del Banco Mundial y la Unión Europea a través de los Programas de Administración de Tierras de Honduras (PATH) y el Ordenamiento Territorial, que destruyen el sentido de comunidad de los pueblos indígenas y negros y pone en precario nuestra soberanía alimentaria.
8. Nos oponemos a cualquier Acuerdo, Tratado, Ley o Política que tenga como objetivo la privatización de los recursos hídricos, fundamentalmente, el anteproyecto de Ley General del Agua, manejada en completa secretividad y como componente principal de los Acuerdos de Asociación (Tratado de Libre Comercio disfrazado) con la Unión Europea.
9. Condenamos a los pseudo líderes que, en nombre de nuestros pueblos, avalan los planes y proyectos de muerte, contaminados por la corrupción. Desconocemos sus actuaciones por considerarlas una traición a la lucha de resistencia de nuestros pueblos.
Frente a todo lo anterior, manifestamos con abierto y amplio espíritu de unidad, nuestra disposición de luchar por el respeto y aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas que garantizan los derechos territoriales, culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas y negros de Honduras. A la vez, hacemos un llamado al pueblo hondureño y sus organizaciones para seguir el ejemplo de dignidad y fuerza de nuestras ancestras y ancestros.
* Asamblea de Tribu Pech, Pueblo Nuevo Subirana, Alianza Verde, Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Asamblea de Pueblos Indígenas y Negros de Honduras.
11 de febrero del 2009.
Fuente: ADITAL
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