Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, nov (IPS) - La impotencia domina a coordinadoras de comedores comunitarios que brindan alimentos diarios a niños y adolescentes argentinos, cuando observan que la marginación en la que viven sus familias les tiene marcado el futuro.
"Muchas veces uno se pregunta para qué los alimentamos si después viene un desgraciado y les vende esa porquería", dice en referencia a la droga Isabel Ruiz, coordinadora del comedor Las Brujas del municipio de Moreno, al oeste de la capital. "Estamos de mal en peor, nada detiene a los que venden la droga", dice a IPS.
En Las Brujas comen cada día 250 niñas y niños menores de cinco años, y muchos además se llevan una vianda para la noche. "Tenemos familias en lista de espera, a las que les pedimos que vengan a última hora a ver si sobró algo, pero el drama es que no siempre queda", describe Ruiz.
La perspectiva de muchos niños alimentados gracias a subsidios y donaciones no es buena para ella. La falta de empleo y educación de los padres los colocan ante riesgos muy concretos que acechan en los sectores marginales: el consumo de drogas y la delincuencia.
Para enfrentar esas amenazas, Ruiz está armando una huerta donde trabajen adolescentes y jóvenes. Pero nada alcanza. "A partir de los cinco años, los chicos van medio día a la escuela y el resto del tiempo están en la calle. Los perdemos. Nada los motiva ni nadie los contiene", asegura.
En otro municipio bonaerense, San Fernando, al norte de la capital, la situación no es muy distinta. Esther Bezek lleva 20 años en tareas comunitarias y se nota que está cansada. "Las madres son mugrientas, ignorantes, cómodas. Mandan a los chicos a vender droga o cartón y les pegan si no traen plata", describe con resentimiento.
En el comedor Corazones de América, que ella organizó primero en su casa y luego en un local, recibe a 250 niños de lunes a viernes. "Por acá ya pasaron tres generaciones, a muchos pudimos salvarlos, pero otros se nos escapan de las manos sumidos en la droga y la delincuencia", relata desesperada.
El año pasado, Bezek, de 59 años, se enfermó del corazón y tuvieron que colocarle un marcapasos. Ella atribuye la enfermedad a lo ingrata que es a veces su tarea. "No poder salvar a todos causa tanto dolor que al final te perjudica el corazón", cree. Los niños del comedor devienen en adolescentes ebrios o víctimas de las drogas, dice.
"La falta de trabajo de los padres es un problema, pero para mí es peor cómo se fueron acostumbrando a que les demos todo. A mí acá me preocupa más la droga que el hambre, porque alimentos conseguimos y desnutridos no tenemos, pero la droga nos está matando a los jóvenes que alimentamos", asegura.
Bezek recuerda que, tras la profunda crisis económica y social que vivió Argentina en 2001, las asistentes sociales del Hospital de Niños de San Fernando le enviaban niños desnutridos para que se recuperaran en el comedor, que funciona con recursos de una fundación privada. "Acá puede faltar a veces el postre, pero comida hay", declara.
Según datos oficiales, la pobreza en Argentina bajó a 15 por ciento y la indigencia afecta a cuatro por ciento de la población, lo que constituye un gran avance respecto de las cifras de 2002, cuando la mitad de los habitantes estaban sumidos en la pobreza y casi un tercio eran indigentes.
Pero el informe Barómetro de la Deuda Social Argentina, elaborado por la Pontificia Universidad Católica y otras instituciones privadas, señala que los porcentajes son mayores.
La pobreza afectaría a 27 por ciento de la población total y, si se toma sólo a los menores de 18 años, casi 41 por ciento serían pobres, de acuerdo al Barómetro.
Para enfrentar la indigencia, el Centro Académico de Lucha contra el Hambre de la Universidad de Buenos Aires estima que existen en el país unos 1.800 centros asistenciales o comedores.
El que coordina Bezek es apenas uno, pero los problemas que soporta se parecen a los de todos. "Tengo unos hermanitos que vienen solos porque los padres están presos por drogas", insiste preocupada. "¿Qué se puede hacer con tanta ignorancia? Yo quisiera meterme más con el tema educación, pero no es fácil", dice.
En 2004, encabezó una campaña para conseguir que el área de minoridad de la provincia de Buenos Aires le cediera un terreno baldío en el municipio de Campana para instalar allí una granja destinada a la recuperación de adictos.
"Como nadie nos hacía caso, fuimos con grupos de jóvenes de distintas iglesias y ocupamos el terreno con una carpa (tienda). Al tiempo, distintas empresas nos donaron maderas y materiales y levantamos la granja educativa para 10 adolescentes, con huerta, horno de pan, cerdos, gallinas, conejos…", recuerda emocionada.
El trabajo de recuperación estaba a cargo de un grupo de voluntarios, pero al cabo de un año, la mitad de los 10 jóvenes que vivían allí no lograron recuperarse y delinquieron. A uno lo mató la policía. El sitio fue allanado, desalojaron a todos y a Bezek le abrieron una causa penal por "promover el delito" y "albergar delincuentes".
"Después de un tiempo me sobreseyeron, pero esas son las cosas que te enferman y te dan ganas de decir basta", concluye.(FIN/2009)
jueves, 12 de noviembre de 2009
AGRICULTURA-GUATEMALA: La larga marcha campesina
Por Danilo Valladares
GUATEMALA, 6 nov (IPS) - Carreteras bloqueadas, labores paralizadas y movilizaciones de campesinos y sindicalistas se suceden en Guatemala, en busca del pago de "múltiples deudas pendientes con el pueblo". Reclaman un mayor acceso a la tierra, la derogación de la ley de minería y más recursos para salud, educación y agricultura.
Las manifestaciones sociales, que ya han cobrado una vida y heridas a varias personas, incluso afecta a las actividades deportivas, como la postergación de la 49 edición de la vuelta ciclística de Guatemala debido al bloqueo de rutas por donde debía transitar.
Roberto Madrid, dirigente del Frente Nacional de Lucha (FLN), organizadora de la marcha, señaló a IPS que las medidas de presión se deben a la falta de respuesta del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom frente a las necesidades de las mayorías.
El pedido de tierras para trabajar, el rechazo a la minería como está planteada, el cese contra la persecución de líderes indígenas, la nacionalización de la energía eléctrica y el combate contra la impunidad son sólo algunas de las demandas del FLN, que conformaron 168 agrupaciones sindicales y campesinas.
En ese marco de movilizaciones, una persona fue abatida por disparos y otras dos resultaron heridas durante una movilización en la capital guatemalteca, en una jornada caracterizada por los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la conmemoración del llamado Día de la Hispanidad, el 12 de octubre.
Otra movilización fuerte fue la registrada el 27 de octubre, cuando unas 40.000 personas, en su mayoría campesinos, bloquearon las principales carreteras del país, tomaron edificios públicos y paralizaron sus tareas como parte de un plan que incluía 23 acciones simultáneas para hacer ver sus peticiones.
La acción más visible y con mayores consecuencias fue el bloqueo del tránsito en 15 carreteras en distintas partes de Guatemala, lo cual provocó el malestar de miles de automovilistas que quedaron varados por unas 10 horas y paralizó el flujo comercial en el país y en vecinos.
El sindicato de Trabajadores de la Salud, la Asamblea Nacional del Magisterio, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala, la agrupación ambientalista Madre Selva y la Coordinadora 20 de Octubre, son algunas organizaciones integrantes del FLN que entre marzo y octubre ha convocado ocho grandes movilizaciones.
Las protestas han logrado algunos objetivos, como un canal de diálogo abierto por el gobierno. "A nivel del Congreso (legislativo), hemos tenido importantes avances, el primero fue lograr, a través de la mediación de los diputados, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investigue la persecución de líderes", dijo Madrid.
"Las cosas con el Poder Ejecutivo caminan más lento", indicó Madrid.
Moisés Guzmán, dirigente del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), otra agrupación que ha participado en las protestas y que aglutina a seis organizaciones indígenas, comentó a IPS que una de sus mayores preocupaciones es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, debido a la severa crisis alimentaria que afronta el país.
Informó que sostuvieron reuniones con diputados de la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y con el presidente del parlamento, Roberto Alejos, quienes prometieron que propondrían la aprobación de dicha normativa.
Esta ley busca reformar, democratizar y ampliar el acceso a los medios de producción, garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los indígenas y campesinos, y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
"Esperamos que el gobierno asigne el presupuesto directo al desarrollo rural para que, como campesinos, podamos tener más acceso a la siembra para que de ahí podamos tener nuestra alimentación", dijo el líder.
En este país, uno de los más desiguales del mundo, la falta de acceso a la tierra sigue siendo un problema histórico profundo. Alrededor de 80 por ciento de las áreas productivas siguen en manos de apenas cinco por ciento de los 13 millones de guatemaltecos, mientras que la mitad de ellos viven en la pobreza y 17 por ciento en la miseria, según agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las organizaciones sociales avalan la puesta en marcha por parte del gobierno del Programa Mi Familia Progresa, que aporta el equivalente a 37,50 dólares a cada familia a cambio de enviar a los niños a la escuela y a control médico, y e la llamada "bolsa solidaria", que consiste en la donación de víveres para la subsistencia. Pero ambas iniciativas para combatir el hambre han dejado dudas.
"No estamos en contra de estos programas, sino en el uso político electoral que les da la esposa del presidente Colom. Si un grupo no está con ellos, la ayuda no llega a esa comunidad", se quejó Guzmán.
Precisamente, el presidente destituyó el martes a cinco gobernadores departamentales, sospechosos de politizar la entrega de la "bolsa solidaria".
Basilio Sánchez, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), sostuvo ante la consulta de IPS que en lo que va del año han realizado tres manifestaciones a favor de un subsidio para los campesinos y contra la persecución de líderes.
El dirigente puso énfasis en la necesidad de un "pequeño subsidio" para paliar la crisis alimentaria, dado que la sequía y la consecuente escasez de granos básicos ha hecho mella en la economía y la salud familiar.
Al menos 54 niños han muerto este año a consecuencia de la desnutrición, según la Dirección General de Epidemiología, y la ONU alertado sobre los 2,5 millones de guatemaltecos que están afectados por la crisis alimentaria.
Marco Antonio Barahona, analista político de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales, apuntó a IPS que, sin duda alguna, la crisis económica mundial y la sequía que afecta el territorio nacional dañó la economía familiar, principalmente a las más pobres.
"Hace un par de años la población en la pobreza era 50 por ciento y es indiscutible que esta situación se ha agravado", indicó Barahona, quien aseguró a continuación que "hay una serie de deudas no cumplidas que hacen que estos grupos acudan a medidas de tensión para buscar incidencia".
A su criterio, el Estado es muy débil y frágil producto de cuestiones históricas que no le permiten contar con recursos suficientes para cumplir con necesidades de salud, seguridad y justicia, además de que, "al igual de lo que sucede en otras parte del mundo, el gobierno de Colom ofreció más de lo que podía cumplir".
El experto pronosticó más protestas y movilizaciones, aunque hay algunas acciones que no dependen de él sino del Congreso, de los poderes locales, sector empresarial y otros.
El país necesita de un gran diálogo nacional donde todas las fuerzas se unan para proponer acciones y resolver los problemas estructurales del país, entre los cuales es de suma urgencia una política de desarrollo rural, agregó. (FIN/2009)
GUATEMALA, 6 nov (IPS) - Carreteras bloqueadas, labores paralizadas y movilizaciones de campesinos y sindicalistas se suceden en Guatemala, en busca del pago de "múltiples deudas pendientes con el pueblo". Reclaman un mayor acceso a la tierra, la derogación de la ley de minería y más recursos para salud, educación y agricultura.
Las manifestaciones sociales, que ya han cobrado una vida y heridas a varias personas, incluso afecta a las actividades deportivas, como la postergación de la 49 edición de la vuelta ciclística de Guatemala debido al bloqueo de rutas por donde debía transitar.
Roberto Madrid, dirigente del Frente Nacional de Lucha (FLN), organizadora de la marcha, señaló a IPS que las medidas de presión se deben a la falta de respuesta del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom frente a las necesidades de las mayorías.
El pedido de tierras para trabajar, el rechazo a la minería como está planteada, el cese contra la persecución de líderes indígenas, la nacionalización de la energía eléctrica y el combate contra la impunidad son sólo algunas de las demandas del FLN, que conformaron 168 agrupaciones sindicales y campesinas.
En ese marco de movilizaciones, una persona fue abatida por disparos y otras dos resultaron heridas durante una movilización en la capital guatemalteca, en una jornada caracterizada por los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la conmemoración del llamado Día de la Hispanidad, el 12 de octubre.
Otra movilización fuerte fue la registrada el 27 de octubre, cuando unas 40.000 personas, en su mayoría campesinos, bloquearon las principales carreteras del país, tomaron edificios públicos y paralizaron sus tareas como parte de un plan que incluía 23 acciones simultáneas para hacer ver sus peticiones.
La acción más visible y con mayores consecuencias fue el bloqueo del tránsito en 15 carreteras en distintas partes de Guatemala, lo cual provocó el malestar de miles de automovilistas que quedaron varados por unas 10 horas y paralizó el flujo comercial en el país y en vecinos.
El sindicato de Trabajadores de la Salud, la Asamblea Nacional del Magisterio, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala, la agrupación ambientalista Madre Selva y la Coordinadora 20 de Octubre, son algunas organizaciones integrantes del FLN que entre marzo y octubre ha convocado ocho grandes movilizaciones.
Las protestas han logrado algunos objetivos, como un canal de diálogo abierto por el gobierno. "A nivel del Congreso (legislativo), hemos tenido importantes avances, el primero fue lograr, a través de la mediación de los diputados, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investigue la persecución de líderes", dijo Madrid.
"Las cosas con el Poder Ejecutivo caminan más lento", indicó Madrid.
Moisés Guzmán, dirigente del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), otra agrupación que ha participado en las protestas y que aglutina a seis organizaciones indígenas, comentó a IPS que una de sus mayores preocupaciones es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, debido a la severa crisis alimentaria que afronta el país.
Informó que sostuvieron reuniones con diputados de la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y con el presidente del parlamento, Roberto Alejos, quienes prometieron que propondrían la aprobación de dicha normativa.
Esta ley busca reformar, democratizar y ampliar el acceso a los medios de producción, garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los indígenas y campesinos, y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
"Esperamos que el gobierno asigne el presupuesto directo al desarrollo rural para que, como campesinos, podamos tener más acceso a la siembra para que de ahí podamos tener nuestra alimentación", dijo el líder.
En este país, uno de los más desiguales del mundo, la falta de acceso a la tierra sigue siendo un problema histórico profundo. Alrededor de 80 por ciento de las áreas productivas siguen en manos de apenas cinco por ciento de los 13 millones de guatemaltecos, mientras que la mitad de ellos viven en la pobreza y 17 por ciento en la miseria, según agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las organizaciones sociales avalan la puesta en marcha por parte del gobierno del Programa Mi Familia Progresa, que aporta el equivalente a 37,50 dólares a cada familia a cambio de enviar a los niños a la escuela y a control médico, y e la llamada "bolsa solidaria", que consiste en la donación de víveres para la subsistencia. Pero ambas iniciativas para combatir el hambre han dejado dudas.
"No estamos en contra de estos programas, sino en el uso político electoral que les da la esposa del presidente Colom. Si un grupo no está con ellos, la ayuda no llega a esa comunidad", se quejó Guzmán.
Precisamente, el presidente destituyó el martes a cinco gobernadores departamentales, sospechosos de politizar la entrega de la "bolsa solidaria".
Basilio Sánchez, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), sostuvo ante la consulta de IPS que en lo que va del año han realizado tres manifestaciones a favor de un subsidio para los campesinos y contra la persecución de líderes.
El dirigente puso énfasis en la necesidad de un "pequeño subsidio" para paliar la crisis alimentaria, dado que la sequía y la consecuente escasez de granos básicos ha hecho mella en la economía y la salud familiar.
Al menos 54 niños han muerto este año a consecuencia de la desnutrición, según la Dirección General de Epidemiología, y la ONU alertado sobre los 2,5 millones de guatemaltecos que están afectados por la crisis alimentaria.
Marco Antonio Barahona, analista político de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales, apuntó a IPS que, sin duda alguna, la crisis económica mundial y la sequía que afecta el territorio nacional dañó la economía familiar, principalmente a las más pobres.
"Hace un par de años la población en la pobreza era 50 por ciento y es indiscutible que esta situación se ha agravado", indicó Barahona, quien aseguró a continuación que "hay una serie de deudas no cumplidas que hacen que estos grupos acudan a medidas de tensión para buscar incidencia".
A su criterio, el Estado es muy débil y frágil producto de cuestiones históricas que no le permiten contar con recursos suficientes para cumplir con necesidades de salud, seguridad y justicia, además de que, "al igual de lo que sucede en otras parte del mundo, el gobierno de Colom ofreció más de lo que podía cumplir".
El experto pronosticó más protestas y movilizaciones, aunque hay algunas acciones que no dependen de él sino del Congreso, de los poderes locales, sector empresarial y otros.
El país necesita de un gran diálogo nacional donde todas las fuerzas se unan para proponer acciones y resolver los problemas estructurales del país, entre los cuales es de suma urgencia una política de desarrollo rural, agregó. (FIN/2009)
miércoles, 11 de noviembre de 2009
ZIMBABWE: Los diamantes no son eternos
Por Eli Clifton
WASHINGTON, 4 nov (IPS) - La situación de los derechos humanos en Zimbabwe es objeto de escrutinio esta semana en un ámbito peculiar: el Proceso de Kimberley, esquema integrado por decenas de gobiernos para impedir el comercio de diamantes cuya explotación alienta guerras.
La semana pasada, el asunto volvió a la luz pública, cuando una red de organizaciones humanitarias advirtió a la comunidad internacional que Zimbabwe cometía violaciones de derechos humanos en la extracción de diamantes.
Al mismo tiempo, las autoridades del país africano abortaron en el aeropuerto de Harare la visita el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Manfred Nowak, quien había sido invitado por el primer ministro y líder de la oposición, Morgan Tsvangirai.
Antes de la deportación de Nowak, ocurrida el miércoles 28 de octubre, Tsvangirai había roto relaciones con el presidente Robert Mugabe.
Al llegar a Johannesburgo desde Harare, el funcionario internacional sostuvo que Mugabe "no cree que sea buena cosa que un experto independiente en derechos humanos evalúe la situación de la tortura y el maltrato" a opositores en el país africano.
El diario zimbabwo The Herald, de propiedad estatal, consideró que Nowak trataba de "irrumpir en el país".
El mismo periódico, pero el martes de esta semana, atribuyó a "una campaña liderada por Occidente" las quejas por los "no comprobados abusos de derechos humanos en los campos de diamante del este de Zimbabwe", que han detonado en la reunión anual del Proceso de Kimberley, en curso en la ciudad namibia de Swakopmund.
La Coalición de la Sociedad Civil para el Proceso de Kimberley había indicado la semana pasada que los países integrantes del esquema deberían suspender las importaciones desde Zimbabwe.
El Proceso fue lanzado en Sudáfrica por varios gobiernos en 2000, cuando sus representantes se reunieron para estudiar estrategias que permitieran detener el comercio ilegal de los "diamantes sangrientos" cuya venta solventa diversas guerras.
La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este asunto consideran que, al introducir en 2003 normas internacionales para certificar el origen de los diamantes en los mercados, el Proceso de Kimberley produjo beneficios tangibles.
En los últimos dos decenios, las ganancias por la venta de diamantes sangrientos sirvieron para financiar guerras civiles y grupos armados ilegales en países como Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sierra Leona.
Las instituciones integrantes de la Coalición de la Sociedad Civil, entre las que figuran Global Witness, Partnership Africa Canada y la liberiana Green Advocates, reclamaron a las naciones del Proceso de Kimberley reprobar con acciones los abusos de derechos humanos que, aseguran, rodean el sector diamantífero zimbabwo.
"Desde el descubrimiento en 2006 de importantes aluviones minerales en Marange, en el oriente de Zimbabwe, el control del sector diamantífero ha sido inexistente y comunidades ubicadas dentro y alrededor de los campos han soportado una serie de brutales medidas para restaurar el control estatal sobre el área", según Global Witness.
"Las autoridades no detuvieron los abusos de los militares, ni impidió que éstos se lucraran del tráfico ilícito de diamantes, consintiendo --y tal vez hasta alentando-- el saqueo y la violencia contra los civiles", indica el informe de la organización no gubernamental.
No actuar ante los abusos en Zimbabwe pondría en tela de juicio la legitimidad del sistema de certificación de "diamantes libres de conflicto" realizado por el Proceso de Kimberley, agrega.
La Coalición de la Sociedad Civil también exhortó al Proceso a vincular su certificación al respeto de los derechos humanos, acelerar la adopción de sanciones, establecer un sistema estadístico y de investigación independiente y asegurarse de que el dinero obtenido por el comercio diamantífero sea, en parte, usado para promover el desarrollo de las comunidades en cuyos territorios se extraen estos minerales.
"Nos preocupa que el Proceso de Kimberley resulte cuestionado en su credibilidad porque los gobiernos no muestran voluntad de tomar acciones contra países que incumplen los requisitos mínimos", dijo a IPS la directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos, Corinna Gilfillan.
"Dados los desafíos que encontramos en nuestras gestiones por la suspensión de Zimbabwe, creemos que debería haber criterios más específicos para garantizar el respeto de los derechos humanos en el sector diamantífero", agregó.
La Federación Mundial de Bolsas de Diamantes, que regula el comercio mundial de esas gemas, aconsejó en abril a sus 28 afiliadas "tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que no comercien, ni directa ni indirectamente", las procedentes de Marange.
Una misión del Proceso de Kimberley informó en julio que Zimbabwe no estaba cumpliendo los principios del esquema, y recomendó que no se le permitiera al país exportar o importar diamantes hasta que otro equipo constate si hubo un cambio de actitud.
El equipo constató graves violaciones de los derechos humanos desde que las Fuerzas Armadas tomaron control de los campos diamantíferos de Marange el año pasado.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch aseguró en junio que soldados se lucraban de la extracción de diamantes y habían asesinado a fines del año pasado a buscadores informales de gemas en Marange.
"La minería diamantífera en el este de Zimbabwe no está ayudando de ningún modo a la recuperación económica del país ni aporta al país de los recursos que tanto necesita. Gran parte de las ganancias son desviadas a socios del gobierno o de los militares", dijo a IPS el director de campañas de la organización humanitaria estadounidense Africa Action, Briggs Bomba.
Asisten a la conferencia anual del Proceso de Kimberley 48 representantes de 74 países entre los que figuran los grandes productores, exportadores e importadores de diamantes en bruto. (FIN/2009)
WASHINGTON, 4 nov (IPS) - La situación de los derechos humanos en Zimbabwe es objeto de escrutinio esta semana en un ámbito peculiar: el Proceso de Kimberley, esquema integrado por decenas de gobiernos para impedir el comercio de diamantes cuya explotación alienta guerras.
La semana pasada, el asunto volvió a la luz pública, cuando una red de organizaciones humanitarias advirtió a la comunidad internacional que Zimbabwe cometía violaciones de derechos humanos en la extracción de diamantes.
Al mismo tiempo, las autoridades del país africano abortaron en el aeropuerto de Harare la visita el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Manfred Nowak, quien había sido invitado por el primer ministro y líder de la oposición, Morgan Tsvangirai.
Antes de la deportación de Nowak, ocurrida el miércoles 28 de octubre, Tsvangirai había roto relaciones con el presidente Robert Mugabe.
Al llegar a Johannesburgo desde Harare, el funcionario internacional sostuvo que Mugabe "no cree que sea buena cosa que un experto independiente en derechos humanos evalúe la situación de la tortura y el maltrato" a opositores en el país africano.
El diario zimbabwo The Herald, de propiedad estatal, consideró que Nowak trataba de "irrumpir en el país".
El mismo periódico, pero el martes de esta semana, atribuyó a "una campaña liderada por Occidente" las quejas por los "no comprobados abusos de derechos humanos en los campos de diamante del este de Zimbabwe", que han detonado en la reunión anual del Proceso de Kimberley, en curso en la ciudad namibia de Swakopmund.
La Coalición de la Sociedad Civil para el Proceso de Kimberley había indicado la semana pasada que los países integrantes del esquema deberían suspender las importaciones desde Zimbabwe.
El Proceso fue lanzado en Sudáfrica por varios gobiernos en 2000, cuando sus representantes se reunieron para estudiar estrategias que permitieran detener el comercio ilegal de los "diamantes sangrientos" cuya venta solventa diversas guerras.
La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este asunto consideran que, al introducir en 2003 normas internacionales para certificar el origen de los diamantes en los mercados, el Proceso de Kimberley produjo beneficios tangibles.
En los últimos dos decenios, las ganancias por la venta de diamantes sangrientos sirvieron para financiar guerras civiles y grupos armados ilegales en países como Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sierra Leona.
Las instituciones integrantes de la Coalición de la Sociedad Civil, entre las que figuran Global Witness, Partnership Africa Canada y la liberiana Green Advocates, reclamaron a las naciones del Proceso de Kimberley reprobar con acciones los abusos de derechos humanos que, aseguran, rodean el sector diamantífero zimbabwo.
"Desde el descubrimiento en 2006 de importantes aluviones minerales en Marange, en el oriente de Zimbabwe, el control del sector diamantífero ha sido inexistente y comunidades ubicadas dentro y alrededor de los campos han soportado una serie de brutales medidas para restaurar el control estatal sobre el área", según Global Witness.
"Las autoridades no detuvieron los abusos de los militares, ni impidió que éstos se lucraran del tráfico ilícito de diamantes, consintiendo --y tal vez hasta alentando-- el saqueo y la violencia contra los civiles", indica el informe de la organización no gubernamental.
No actuar ante los abusos en Zimbabwe pondría en tela de juicio la legitimidad del sistema de certificación de "diamantes libres de conflicto" realizado por el Proceso de Kimberley, agrega.
La Coalición de la Sociedad Civil también exhortó al Proceso a vincular su certificación al respeto de los derechos humanos, acelerar la adopción de sanciones, establecer un sistema estadístico y de investigación independiente y asegurarse de que el dinero obtenido por el comercio diamantífero sea, en parte, usado para promover el desarrollo de las comunidades en cuyos territorios se extraen estos minerales.
"Nos preocupa que el Proceso de Kimberley resulte cuestionado en su credibilidad porque los gobiernos no muestran voluntad de tomar acciones contra países que incumplen los requisitos mínimos", dijo a IPS la directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos, Corinna Gilfillan.
"Dados los desafíos que encontramos en nuestras gestiones por la suspensión de Zimbabwe, creemos que debería haber criterios más específicos para garantizar el respeto de los derechos humanos en el sector diamantífero", agregó.
La Federación Mundial de Bolsas de Diamantes, que regula el comercio mundial de esas gemas, aconsejó en abril a sus 28 afiliadas "tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que no comercien, ni directa ni indirectamente", las procedentes de Marange.
Una misión del Proceso de Kimberley informó en julio que Zimbabwe no estaba cumpliendo los principios del esquema, y recomendó que no se le permitiera al país exportar o importar diamantes hasta que otro equipo constate si hubo un cambio de actitud.
El equipo constató graves violaciones de los derechos humanos desde que las Fuerzas Armadas tomaron control de los campos diamantíferos de Marange el año pasado.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch aseguró en junio que soldados se lucraban de la extracción de diamantes y habían asesinado a fines del año pasado a buscadores informales de gemas en Marange.
"La minería diamantífera en el este de Zimbabwe no está ayudando de ningún modo a la recuperación económica del país ni aporta al país de los recursos que tanto necesita. Gran parte de las ganancias son desviadas a socios del gobierno o de los militares", dijo a IPS el director de campañas de la organización humanitaria estadounidense Africa Action, Briggs Bomba.
Asisten a la conferencia anual del Proceso de Kimberley 48 representantes de 74 países entre los que figuran los grandes productores, exportadores e importadores de diamantes en bruto. (FIN/2009)
martes, 10 de noviembre de 2009
INFANCIA-ARGENTINA: Ataque a la pobreza
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, nov (IPS) - La asignación de casi 50 dólares para cada menor de 18 años cuyos padres o tutores estén sin empleo o en la economía informal, dispuesta por el gobierno argentino a partir de diciembre, es considerada por expertos un avance extraordinario en materia de política social, más allá de críticas puntuales.
"Hay una gran cantidad de familias que necesitaban un ingreso complementario y ahora lo van a recibir", dijo a IPS el economista Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de Argentina e integrante de la Red Mundial de Renta Básica.
"Esto marca un hito en la política social argentina", enfatizó este experto, uno de los que bregaba por la creación de un régimen de asignación universal para los niños y niñas de Argentina.
Para Lo Vuolo, la estrategia es "original", y "por la generosidad" del monto coloca al país entre los primeros en América del Sur en materia de iniciativas que reconocen el derecho al ingreso a sectores sociales vulnerables, como menores pobres y ancianos. También Uruguay cuenta desde 2007 con un régimen y montos similares para menores de 18 años.
El economista Claudio Lozano, diputado de la agrupación centroizquierdista opositora Proyecto Sur, admitió a IPS que la asignación "amplia la cobertura a menores excluidos del sistema" y en ese sentido "es muy importante".
La gran mayoría de los empleados registrados cobran desde hace décadas una asignación mensual por cada hijo en edad escolar, que se paga con el salario, pero los trabajadores informales y los desocupados no lo podían hacer hasta ahora, recordó.
Sin embargo, estos observadores y otros también tienen reparos. Cuestionan, por ejemplo, que la medida no tenga un alcance universal. Además ponen en duda la validez de las condiciones fijadas por el Estado para percibir la asignación, que consisten en exigir a los padres certificados de escolaridad y vacunación de sus hijos.
La asignación debería ser universal, dicen, para que, si el padre o la madre del menor beneficiado cambian su situación laboral, no haya riesgo de que el niño o niña pierda la renta.
La universalidad consiste en la asignación de un ingreso básico para cada ciudadano, aunque el beneficiario no quiera trabajar de forma remunerada y más allá de su condición social o con quien conviva. Se trata de una herramienta social que reemplazaría las actuales transferencias condicionadas de ingresos.
Por otra parte, los especialistas y políticos consultados critican la fuente de financiamiento del programa, que usará recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), encargada de recaudar los aportes jubilatorios y de pagar las pensiones. También que se haya impuesto por decreto en lugar de hacerlo por ley, lo cual le daría mayor certeza de continuidad.
Una medida de este tipo era reclamada por casi todo el espectro político, por la Iglesia Católica y por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las dos agrupaciones de sindicatos y de tendencia centroizquierdista,
El gobierno de Cristina Fernández, del ala centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), se avino a crear la "Asignación Universal por Hijo para Protección Social" de 180 pesos mensuales (48 dólares), como forma de atender la urgencia social de miles de niños, niñas y adolescentes marginados del sistema social.
El beneficio es mayor que el que se paga en Brasil mediante el programa Beca Familia, que otorga el equivalente a entre 8,5 y 76 dólares por mes a cada familia pobre, sujeto a la escolarización de los niños y otros requerimientos. Pero, al igual que la del país vecino, la transferencia argentina no es estrictamente universal.
Está dirigida a niños y niñas menores de 18 años, y a discapacitados sin límite de edad, cuyos padres acrediten estar desocupados o tengan un empleo no registrado, siempre que su ingreso informal no supere el salario mínimo que está hoy fijado en el equivalente a unos 390 dólares mensuales. También quedan cubiertos los hijos de trabajadores rurales y del servicio doméstico. Además, las familias pueden percibir el beneficio hasta un número de cinco hijos.
Se entiende que las familias que tienen otros planes de asistencia con una asignación menor a la dispuesta ahora, como el plan jefes y jefas de hogar que hoy ronda los 150 pesos (40 dólares), se pasaran al que regirá por decreto a partir del 1 de diciembre.
Según estadísticas oficiales, puestas en duda por denuncias de expertos y de la oposición sobre la supuesta manipulación de los datos desde 2007, el desempleo abierto alcanza en la actualidad a 8,8 por ciento de la población económicamente activa. Y dentro del universo de los que trabajan, más de 40 por ciento lo hace sin estar registrado, o sea sin aportes a la seguridad social.
Si bien el decreto de la nueva asignación no se reglamentó y aún hay dudas sobre su alcance, se estima que la medida podría beneficiar a 5,4 millones de niños y niñas, un total cercano al número de menores pobres. Según la CTA, 47 por ciento de los menores de 18 años son pobres en Argentina, lo cual hace un total de 6,3 millones.
El decreto reconoce que, si bien en los últimos años la economía registró un fuerte crecimiento al igual que el empleo y con ello cayó la pobreza y la indigencia, "subsisten situaciones de exclusión que resulta necesario atender". Fernández también destaca en el texto que "los más diversos sectores políticos y sociales" reclamaban una medida de este tipo "para los más vulnerables".
No obstante, aún entre los que apoyaban alguna de las iniciativas que contemple la transferencia directa de ingresos, la idea era debatir las distintas alternativas en el parlamento y sancionar el beneficio por ley y no por un decreto que pueda ser fácilmente derogado o modificado.
"Se había avanzado mucho en el consenso de universalizar un beneficio de este tipo y debió hacerse por ley", declaró Lozano. "De esta manera, se perdió la oportunidad de instituir un nuevo derecho a una renta básica para todos los niños, sin depender de la voluntad de un gobierno determinado", argumentó.
Los promotores de esta iniciativa sostienen que para que el derecho sea universal debió derogarse la actual ley de asignaciones familiares por la cual el Estado paga una prestación monetaria por cada hijo en edad escolar de primaria o secundaria a los trabajadores registrados que ganan salarios de hasta 4.800 pesos por mes (1.260 dólares).
También debió eliminarse la exención impositiva que beneficia a los que tienen ingresos superiores a ese tope y tienen hijos menores a cargo.
La legislación vigente reconoce no sólo el derecho de los trabajadores formales a percibir un ingreso del Estado por cada hijo menor de 18 años, sino que beneficia a los que ganan más de 4.800 pesos con la deducción del pago del impuesto a las ganancias si tienen hijos en edad escolar.
Es decir que hasta ahora el Estado otorgaba un subsidio indirecto a los hijos de los trabajadores mejor remunerados. La nueva asignación complementaria para hijos de desocupados y trabajadores informales no haría más que complementar el universo de los alcanzados por la ley en vigor, aunque deja algunos resquicios.
Los críticos consideran que para evitar la discrecionalidad, era mejor conceder la renta a todos los niños, sin fraccionar por la situación laboral de los padres.
Por su parte, se cuestiona que los fondos que se destinarán a la asignación, estimado en unos 2.600 millones de dólares al año, provengan de la ANSES que es la institución que se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores activos.
Las autoridades de la ANSES sostienen que los fondos recaudados generan utilidades que serán destinadas a este nuevo plan. Pero los críticos señalan que, si hay ganancias en esos fondos, lo más legítimo sería aumentar el monto de las pensiones, extenderlas a quienes no las perciben, o afrontar el pago de numerosos juicios por jubilaciones mal liquidadas que fueron ganados en la justicia y aún están impagos.
La CTA, de la que Lozano forma parte, hubiera preferido que la asignación se solvente mediante una reforma impositiva que cambie un sistema considerado regresivo, porque exceptúa, por ejemplo, a las ganancias de capital, como son las rentas de acciones, depósitos bancarios y operaciones inmobiliarias.
Finalmente, las fuentes consultadas dudan de la efectividad de las condiciones exigidas para recibir el beneficio. Para Lo Vuolo, se trata de un "mecanismo represivo", porque amenaza con quitar la asignación al menor que abandone la escuela o que no se vacune. "No es justo, porque si eso ocurre no será su culpa", criticó.
En cambio, Lozano consideró que "no está mal" que se controle la escolaridad y la vacunación de los menores, pero planteó para ello que el Estado asuma su "corresponsabilidad" en el cumplimiento y que lo haga también con los hijos de los trabajadores registrados que perciben una asignación sin condicionamientos. (FIN/2009)
BUENOS AIRES, nov (IPS) - La asignación de casi 50 dólares para cada menor de 18 años cuyos padres o tutores estén sin empleo o en la economía informal, dispuesta por el gobierno argentino a partir de diciembre, es considerada por expertos un avance extraordinario en materia de política social, más allá de críticas puntuales.
"Hay una gran cantidad de familias que necesitaban un ingreso complementario y ahora lo van a recibir", dijo a IPS el economista Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de Argentina e integrante de la Red Mundial de Renta Básica.
"Esto marca un hito en la política social argentina", enfatizó este experto, uno de los que bregaba por la creación de un régimen de asignación universal para los niños y niñas de Argentina.
Para Lo Vuolo, la estrategia es "original", y "por la generosidad" del monto coloca al país entre los primeros en América del Sur en materia de iniciativas que reconocen el derecho al ingreso a sectores sociales vulnerables, como menores pobres y ancianos. También Uruguay cuenta desde 2007 con un régimen y montos similares para menores de 18 años.
El economista Claudio Lozano, diputado de la agrupación centroizquierdista opositora Proyecto Sur, admitió a IPS que la asignación "amplia la cobertura a menores excluidos del sistema" y en ese sentido "es muy importante".
La gran mayoría de los empleados registrados cobran desde hace décadas una asignación mensual por cada hijo en edad escolar, que se paga con el salario, pero los trabajadores informales y los desocupados no lo podían hacer hasta ahora, recordó.
Sin embargo, estos observadores y otros también tienen reparos. Cuestionan, por ejemplo, que la medida no tenga un alcance universal. Además ponen en duda la validez de las condiciones fijadas por el Estado para percibir la asignación, que consisten en exigir a los padres certificados de escolaridad y vacunación de sus hijos.
La asignación debería ser universal, dicen, para que, si el padre o la madre del menor beneficiado cambian su situación laboral, no haya riesgo de que el niño o niña pierda la renta.
La universalidad consiste en la asignación de un ingreso básico para cada ciudadano, aunque el beneficiario no quiera trabajar de forma remunerada y más allá de su condición social o con quien conviva. Se trata de una herramienta social que reemplazaría las actuales transferencias condicionadas de ingresos.
Por otra parte, los especialistas y políticos consultados critican la fuente de financiamiento del programa, que usará recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), encargada de recaudar los aportes jubilatorios y de pagar las pensiones. También que se haya impuesto por decreto en lugar de hacerlo por ley, lo cual le daría mayor certeza de continuidad.
Una medida de este tipo era reclamada por casi todo el espectro político, por la Iglesia Católica y por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las dos agrupaciones de sindicatos y de tendencia centroizquierdista,
El gobierno de Cristina Fernández, del ala centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), se avino a crear la "Asignación Universal por Hijo para Protección Social" de 180 pesos mensuales (48 dólares), como forma de atender la urgencia social de miles de niños, niñas y adolescentes marginados del sistema social.
El beneficio es mayor que el que se paga en Brasil mediante el programa Beca Familia, que otorga el equivalente a entre 8,5 y 76 dólares por mes a cada familia pobre, sujeto a la escolarización de los niños y otros requerimientos. Pero, al igual que la del país vecino, la transferencia argentina no es estrictamente universal.
Está dirigida a niños y niñas menores de 18 años, y a discapacitados sin límite de edad, cuyos padres acrediten estar desocupados o tengan un empleo no registrado, siempre que su ingreso informal no supere el salario mínimo que está hoy fijado en el equivalente a unos 390 dólares mensuales. También quedan cubiertos los hijos de trabajadores rurales y del servicio doméstico. Además, las familias pueden percibir el beneficio hasta un número de cinco hijos.
Se entiende que las familias que tienen otros planes de asistencia con una asignación menor a la dispuesta ahora, como el plan jefes y jefas de hogar que hoy ronda los 150 pesos (40 dólares), se pasaran al que regirá por decreto a partir del 1 de diciembre.
Según estadísticas oficiales, puestas en duda por denuncias de expertos y de la oposición sobre la supuesta manipulación de los datos desde 2007, el desempleo abierto alcanza en la actualidad a 8,8 por ciento de la población económicamente activa. Y dentro del universo de los que trabajan, más de 40 por ciento lo hace sin estar registrado, o sea sin aportes a la seguridad social.
Si bien el decreto de la nueva asignación no se reglamentó y aún hay dudas sobre su alcance, se estima que la medida podría beneficiar a 5,4 millones de niños y niñas, un total cercano al número de menores pobres. Según la CTA, 47 por ciento de los menores de 18 años son pobres en Argentina, lo cual hace un total de 6,3 millones.
El decreto reconoce que, si bien en los últimos años la economía registró un fuerte crecimiento al igual que el empleo y con ello cayó la pobreza y la indigencia, "subsisten situaciones de exclusión que resulta necesario atender". Fernández también destaca en el texto que "los más diversos sectores políticos y sociales" reclamaban una medida de este tipo "para los más vulnerables".
No obstante, aún entre los que apoyaban alguna de las iniciativas que contemple la transferencia directa de ingresos, la idea era debatir las distintas alternativas en el parlamento y sancionar el beneficio por ley y no por un decreto que pueda ser fácilmente derogado o modificado.
"Se había avanzado mucho en el consenso de universalizar un beneficio de este tipo y debió hacerse por ley", declaró Lozano. "De esta manera, se perdió la oportunidad de instituir un nuevo derecho a una renta básica para todos los niños, sin depender de la voluntad de un gobierno determinado", argumentó.
Los promotores de esta iniciativa sostienen que para que el derecho sea universal debió derogarse la actual ley de asignaciones familiares por la cual el Estado paga una prestación monetaria por cada hijo en edad escolar de primaria o secundaria a los trabajadores registrados que ganan salarios de hasta 4.800 pesos por mes (1.260 dólares).
También debió eliminarse la exención impositiva que beneficia a los que tienen ingresos superiores a ese tope y tienen hijos menores a cargo.
La legislación vigente reconoce no sólo el derecho de los trabajadores formales a percibir un ingreso del Estado por cada hijo menor de 18 años, sino que beneficia a los que ganan más de 4.800 pesos con la deducción del pago del impuesto a las ganancias si tienen hijos en edad escolar.
Es decir que hasta ahora el Estado otorgaba un subsidio indirecto a los hijos de los trabajadores mejor remunerados. La nueva asignación complementaria para hijos de desocupados y trabajadores informales no haría más que complementar el universo de los alcanzados por la ley en vigor, aunque deja algunos resquicios.
Los críticos consideran que para evitar la discrecionalidad, era mejor conceder la renta a todos los niños, sin fraccionar por la situación laboral de los padres.
Por su parte, se cuestiona que los fondos que se destinarán a la asignación, estimado en unos 2.600 millones de dólares al año, provengan de la ANSES que es la institución que se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores activos.
Las autoridades de la ANSES sostienen que los fondos recaudados generan utilidades que serán destinadas a este nuevo plan. Pero los críticos señalan que, si hay ganancias en esos fondos, lo más legítimo sería aumentar el monto de las pensiones, extenderlas a quienes no las perciben, o afrontar el pago de numerosos juicios por jubilaciones mal liquidadas que fueron ganados en la justicia y aún están impagos.
La CTA, de la que Lozano forma parte, hubiera preferido que la asignación se solvente mediante una reforma impositiva que cambie un sistema considerado regresivo, porque exceptúa, por ejemplo, a las ganancias de capital, como son las rentas de acciones, depósitos bancarios y operaciones inmobiliarias.
Finalmente, las fuentes consultadas dudan de la efectividad de las condiciones exigidas para recibir el beneficio. Para Lo Vuolo, se trata de un "mecanismo represivo", porque amenaza con quitar la asignación al menor que abandone la escuela o que no se vacune. "No es justo, porque si eso ocurre no será su culpa", criticó.
En cambio, Lozano consideró que "no está mal" que se controle la escolaridad y la vacunación de los menores, pero planteó para ello que el Estado asuma su "corresponsabilidad" en el cumplimiento y que lo haga también con los hijos de los trabajadores registrados que perciben una asignación sin condicionamientos. (FIN/2009)
DESARROLLO: ONU impulsa cooperación Sur-Sur
Por Thalif Deen
NUEVA YORK, 4 nov (IPS) - Mientras la crisis financiera mundial continúa azotando a las economías más frágiles, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara para el mes próximo una conferencia internacional de alto nivel destinada a promover la cooperación Sur-Sur.
El encuentro, que se realizará entre el 1 y 3 de diciembre en Nairobi, tiene el principal objetivo de fortalecer el comercio, las finanzas y el flujo de inversiones entre los países en desarrollo.
India, considerado uno de los principales socios comerciales e inversores del Sur, le dio "gran importancia" a la próxima conferencia.
"Esperamos participar activamente en este acontecimiento", dijo a IPS el ministro de Estado para Asuntos Externos indio Shashi Tharoor.
La cooperación Sur-Sur creció principalmente a través de impulsos bilaterales y multilaterales propios de los países en desarrollo.
"Esperamos que una conferencia sobre el tema apuntale esos esfuerzos, utilizando las tecnologías, la experiencias y los enfoques del Sur en iniciativas de desarrollo de la ONU", dijo Tharoor.
"Aunque no presentaremos la conferencia como una solución a la crisis financiera, creemos que la cooperación Sur-Sur proveerá ayuda y apoyo adicional a los países en desarrollo", añadió.
En un nuevo informe sobre "El estado de la cooperación Sur-Sur", presentado el mes pasado, el secretario general de la ONU, Ban ki-moon, subrayó que la tendencia general, antes de la actual crisis, era "un notable aumento en el comercio, las finanzas y el flujo de inversiones" entre las naciones en desarrollo.
Desde 1995, el comercio Sur-Sur creció a un promedio de 13 por ciento, alcanzando en 2007 los 2,4 millones de dólares (20 por ciento del intercambio mundial), mientras que la tasa de crecimiento del comercio internacional era de apenas 0,9 por ciento.
Pero, "debido a la actual crisis económica, la vasta mayoría de los países experimentan un drástico revés del robusto crecimiento que ocurrió durante el periodo 2002-2007", añade el informe.
Solo en África, una de las regiones más vulnerables del mundo, se espera que el crecimiento económico disminuya a 4,1 por ciento en 2009, respecto de 5,1 por ciento el año anterior, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), con sede en Ginebra.
Un diplomático de Asia dijo a IPS que el trabajo previo para las grandes conferencias internacionales se hace por lo general con al menos un año o dos de anticipación.
Pero la Asamblea General, de 192 miembros, después de años de largas negociaciones, decidió realizar la conferencia de Nairobi apenas el mes pasado, dando poco tiempo para su preparación.
La Asamblea instó a los estados miembros a participar de la conferencia "al más alto nivel posible". El lema del encuentro es "Promoción de la cooperación Sur-Sur para el desarrollo".
Islandia y Yemen han sido designados facilitadores para preparar un plan de acción que será adoptado en el encuentro.
Consultado sobre el significado de la reunión de Nairobi, el secretario general de la Unctad, Supachai Panitchpakdi, dijo a IPS: "La conferencia es un logro simbólico muy importante para los países en desarrollo y una reflexión sobre la creciente importancia de la agenda Sur-Sur".
Pero reconoció que elaborar y negociar un completo plan de acción en pocas semanas era bastante ambicioso.
"No obstante, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial del pasado junio, será importante también el seguimiento después del encuentro, dándole a los países la oportunidad de ir más allá de las declaraciones de apoyo hacia indicios más claros de cómo hacer que avance la agenda", añadió.
Por su parte, Tharoor dijo a IPS que la conferencia Sur-Sur estaba siendo preparada desde hacía bastante tiempo, aunque la resolución final fue aceptada sólo recientemente.
"Es lamentable que la organización de la conferencia se haya demorado debido a lo largo de las negociaciones para concretar las modalidades de la resolución", señaló.
Además, indicó que las principales diferencias entre los países del Norte industrializado y el Sur en desarrollo eran sobre temas de "efectividad de la ayuda" y sobre financiamiento para el desarrollo.
Consecuentemente, el relativamente escaso tiempo podría añadir dificultades para todos, y en particular para el país anfitrión, Kenia.
"Pero no tenemos dudas de que, con la necesaria voluntad política y la cooperación de todos los involucrados, la conferencia Sur-Sur será un éxito", señaló Tharoor.
India, importante actor en la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional y en IBSA (iniciativa trilateral de desarrollo que incluye a India, Brasil y Sudáfrica) ha estado tradicionalmente al frente de los esfuerzos de cooperación Sur-Sur.
"Es en ese espíritu positivo y constructivo y en su continuado compromiso para la cooperación Sur-Sur que India puede encarar y participar de la próxima conferencia", dijo Tharoor.
(FIN/2009)
NUEVA YORK, 4 nov (IPS) - Mientras la crisis financiera mundial continúa azotando a las economías más frágiles, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara para el mes próximo una conferencia internacional de alto nivel destinada a promover la cooperación Sur-Sur.
El encuentro, que se realizará entre el 1 y 3 de diciembre en Nairobi, tiene el principal objetivo de fortalecer el comercio, las finanzas y el flujo de inversiones entre los países en desarrollo.
India, considerado uno de los principales socios comerciales e inversores del Sur, le dio "gran importancia" a la próxima conferencia.
"Esperamos participar activamente en este acontecimiento", dijo a IPS el ministro de Estado para Asuntos Externos indio Shashi Tharoor.
La cooperación Sur-Sur creció principalmente a través de impulsos bilaterales y multilaterales propios de los países en desarrollo.
"Esperamos que una conferencia sobre el tema apuntale esos esfuerzos, utilizando las tecnologías, la experiencias y los enfoques del Sur en iniciativas de desarrollo de la ONU", dijo Tharoor.
"Aunque no presentaremos la conferencia como una solución a la crisis financiera, creemos que la cooperación Sur-Sur proveerá ayuda y apoyo adicional a los países en desarrollo", añadió.
En un nuevo informe sobre "El estado de la cooperación Sur-Sur", presentado el mes pasado, el secretario general de la ONU, Ban ki-moon, subrayó que la tendencia general, antes de la actual crisis, era "un notable aumento en el comercio, las finanzas y el flujo de inversiones" entre las naciones en desarrollo.
Desde 1995, el comercio Sur-Sur creció a un promedio de 13 por ciento, alcanzando en 2007 los 2,4 millones de dólares (20 por ciento del intercambio mundial), mientras que la tasa de crecimiento del comercio internacional era de apenas 0,9 por ciento.
Pero, "debido a la actual crisis económica, la vasta mayoría de los países experimentan un drástico revés del robusto crecimiento que ocurrió durante el periodo 2002-2007", añade el informe.
Solo en África, una de las regiones más vulnerables del mundo, se espera que el crecimiento económico disminuya a 4,1 por ciento en 2009, respecto de 5,1 por ciento el año anterior, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), con sede en Ginebra.
Un diplomático de Asia dijo a IPS que el trabajo previo para las grandes conferencias internacionales se hace por lo general con al menos un año o dos de anticipación.
Pero la Asamblea General, de 192 miembros, después de años de largas negociaciones, decidió realizar la conferencia de Nairobi apenas el mes pasado, dando poco tiempo para su preparación.
La Asamblea instó a los estados miembros a participar de la conferencia "al más alto nivel posible". El lema del encuentro es "Promoción de la cooperación Sur-Sur para el desarrollo".
Islandia y Yemen han sido designados facilitadores para preparar un plan de acción que será adoptado en el encuentro.
Consultado sobre el significado de la reunión de Nairobi, el secretario general de la Unctad, Supachai Panitchpakdi, dijo a IPS: "La conferencia es un logro simbólico muy importante para los países en desarrollo y una reflexión sobre la creciente importancia de la agenda Sur-Sur".
Pero reconoció que elaborar y negociar un completo plan de acción en pocas semanas era bastante ambicioso.
"No obstante, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial del pasado junio, será importante también el seguimiento después del encuentro, dándole a los países la oportunidad de ir más allá de las declaraciones de apoyo hacia indicios más claros de cómo hacer que avance la agenda", añadió.
Por su parte, Tharoor dijo a IPS que la conferencia Sur-Sur estaba siendo preparada desde hacía bastante tiempo, aunque la resolución final fue aceptada sólo recientemente.
"Es lamentable que la organización de la conferencia se haya demorado debido a lo largo de las negociaciones para concretar las modalidades de la resolución", señaló.
Además, indicó que las principales diferencias entre los países del Norte industrializado y el Sur en desarrollo eran sobre temas de "efectividad de la ayuda" y sobre financiamiento para el desarrollo.
Consecuentemente, el relativamente escaso tiempo podría añadir dificultades para todos, y en particular para el país anfitrión, Kenia.
"Pero no tenemos dudas de que, con la necesaria voluntad política y la cooperación de todos los involucrados, la conferencia Sur-Sur será un éxito", señaló Tharoor.
India, importante actor en la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional y en IBSA (iniciativa trilateral de desarrollo que incluye a India, Brasil y Sudáfrica) ha estado tradicionalmente al frente de los esfuerzos de cooperación Sur-Sur.
"Es en ese espíritu positivo y constructivo y en su continuado compromiso para la cooperación Sur-Sur que India puede encarar y participar de la próxima conferencia", dijo Tharoor.
(FIN/2009)
lunes, 9 de noviembre de 2009
CAFÉ-BRASIL: La maldición agroexportadora
Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, nov (IPS) - Brasil encabeza la producción y exportación mundial de café desde hace más de un siglo y medio, pero nunca logró extender ese liderazgo al grano industrializado, debido a barreras externas e internas que persisten en algunos casos.
La industria brasileña de torrefacción volvió a reclamar al gobierno la liberación de importaciones de café, una vieja pretensión cuya finalidad es justamente poder mezclar el producto extranjero con el nacional para así incrementar las escasas exportaciones del tostado.
Pero todo indica que el pedido será nuevamente rechazado, debido a la presión en contrario de los caficultores, más numerosos y fuertes políticamente que los industriales del área.
Los grandes mercados consumidores "cambiaron mucho en los últimos 10 años y requieren mezclas con cafés de nuevos orígenes", como Etiopía, Kenia o América Central, justificó ante la consulta de IPS Nathan Herszkowicz, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria de Café (ABIC).
Esa diversificación responde a distintos atractivos, como sabores y aromas preferidos, la imagen de buena calidad de grano de algunos países, exigencias ambientales y sociales, explicó.
Una demanda firme ya identificada permitiría a Brasil quintuplicar sus exportaciones de café tostado en los próximos dos años, si se mezcla con el de otros países, afirmó. De los 35,6 millones de dólares que dejó esta actividad en 2008, se pasaría a un total de entre 150 millones y 180 millones de dólares.
Es muy poco comparado con las exportaciones de café crudo, que el año pasado alcanzó los 4.131 millones de dólares.
La importación correspondería a sólo un tercio del volumen adicional a exportar, es decir unos 200.000 sacos de 60 kilogramos, equivalentes a casi 0,5 por ciento de la producción interno bruto, destacó Herszkowicz.
El peligro de introducir nuevas plagas en el país a través del café importado representa un primer obstáculo. Un análisis de los riesgos que prepara el servicio de defensa agropecuaria del Ministerio de Agricultura es indispensable y puede demorar, reconoció el director de ABIC.
Pero "el problema sanitario es el mas sencillo" de resolver, más complejo sería sufrir la competencia desigual, ante la diferencia de las leyes ambientales y laborales, mucho mas rígidas en Brasil, señaló el diputado Carlos Melles, presidente del Frente Parlamentar del Café y de una cooperativa de caficultores en el estado de Minas Gerais.
Brasil no necesita importar porque produce "todos los cafés del mundo" y puede atender los más variados con sus mezclas propias, dijo a IPS.
Además, desarrolló variedades de calidad reconocida en mercados exigentes, acotó.
"Si fuera ministro (de Agricultura) no haría la locura de abrir las importaciones", afirmó. Pero se manifestó dispuesto a discutir las posibles ventajas para la industrialización del café en Brasil, evaluando todos los aspectos, como el papel de las empresas transnacionales que ocuparon buena parte de la torrefacción en el país e incluso el cambio, con la sobrevaluación del real (moneda local respecto del dólar) encareciendo el producto nacional.
La industria quiere importar ahora "por razones económicas" y no por una efectiva necesidad de mezclar cafés extranjeros, sospecha José Luis Rufino, investigador del centro de café de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), órgano estatal que fue decisivo en el gran aumento de la productividad agrícola en Brasil.
La industria quiere aprovechar los precios del café foráneo, hoy más baratos que el nacional a causa del cambio, opinó Rufino, un agrónomo especializado en economía y coautor del libro recién publicado "Mercados Interno y Externo del Café Brasileño".
No es por falta de café extranjero en el "blend" (mezcla) que la industria brasileña de torrefacción tiene dificultades de exportar, sino por su "falta de competitividad en mercadeo y publicidad", acusó. "No logró crear internacionalmente una imagen de calidad como lo ha hecho el café colombiano", ejemplificó.
Los recursos invertidos por Brasil en promover su café en el exterior son "irrisorios" y ahora es difícil competir con la industria europea que acumuló "100 años de conocimiento" y además cuenta con la protección de barreras arancelarias, comentó.
Los tostadores brasileños de hecho estuvieron históricamente volcados al mercado interno, que absorbe como promedio 40 por ciento de la producción nacional de café, reconoció Herszkowicz.
Pero el café es el único producto que tiene totalmente prohibida su importación y Brasil es el único gran productor que adopta esa medida, impidiendo que su industria de torrefacción pueda competir en igualdad de condiciones, arguyó.
La situación actual está obligando a algunas industrias brasileñas a instalar filiales en el exterior, "exportando empleos e ingresos", lamentó, ejemplificando con una empresa que tiene una planta en Estados Unidos para procesar mezclas de cafés brasileños y de otros orígenes.
Brasil, además de mayor productor y exportador mundial, es el segundo mayor mercado consumidor y debe alcanzar el primer lugar dentro de algunos años, superando a Estados Unidos. El consumo interno crece sostenidamente desde que, hace 20 años, la ABIC adoptó un programa de control de calidad, certificando empresas con su "Sello de Pureza".
La mejora de calidad del café tostado, molido y empaquetado permitió recuperar el consumo por persona de los brasileños casi al nivel de los años 60, de 5,9 kilogramos al año. En 1985 ese índice había caído a menos de la mitad. El año pasado se registró 5,64 kilogramos por habitante.
Ese proceso abrió paso también a las exportaciones de café tostado, molido o no, en pequeñas cantidades en la década pasada y en rápido crecimiento a partir de 2001, aunque en minúscula proporción sobre el total, que comprende además el grano crudo y el café soluble.
Históricamente el producto más importante en la economía brasileña, por su largo predominio y por haber posibilitado el inicio de la industrialización brasileña, el café es un ejemplo de las dificultades que enfrentan países en desarrollo para superar su condición agroexportadora.
A la ineficiencia de sus industriales se sumaron barreras en los mercados ricos, que eximen de aranceles la importación de materias primas, pero gravan fuertemente los productos manufacturados. Es así que países europeos, como Alemania e Italia, se constituyeron en los mayores exportadores de café tostado con el grano importado de países tropicales.
Una excepción es el café soluble, del que Brasil consiguió ser el gran exportador. Pero viene perdiendo participación en el mercado internacional porque Europa le impone un arancel de nueve por ciento, mientras concede exención a competidores como Ecuador y Colombia para estimular su combate a la producción de cocaína.
El año pasado Brasil exportó 26,1 millones de sacos de 60 kilogramos de café en grano (crudo) y el correspondiente a 3,2 millones de sacos en café soluble y 132.070 sacos del tostado. (FIN/2009)
RÍO DE JANEIRO, nov (IPS) - Brasil encabeza la producción y exportación mundial de café desde hace más de un siglo y medio, pero nunca logró extender ese liderazgo al grano industrializado, debido a barreras externas e internas que persisten en algunos casos.
La industria brasileña de torrefacción volvió a reclamar al gobierno la liberación de importaciones de café, una vieja pretensión cuya finalidad es justamente poder mezclar el producto extranjero con el nacional para así incrementar las escasas exportaciones del tostado.
Pero todo indica que el pedido será nuevamente rechazado, debido a la presión en contrario de los caficultores, más numerosos y fuertes políticamente que los industriales del área.
Los grandes mercados consumidores "cambiaron mucho en los últimos 10 años y requieren mezclas con cafés de nuevos orígenes", como Etiopía, Kenia o América Central, justificó ante la consulta de IPS Nathan Herszkowicz, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria de Café (ABIC).
Esa diversificación responde a distintos atractivos, como sabores y aromas preferidos, la imagen de buena calidad de grano de algunos países, exigencias ambientales y sociales, explicó.
Una demanda firme ya identificada permitiría a Brasil quintuplicar sus exportaciones de café tostado en los próximos dos años, si se mezcla con el de otros países, afirmó. De los 35,6 millones de dólares que dejó esta actividad en 2008, se pasaría a un total de entre 150 millones y 180 millones de dólares.
Es muy poco comparado con las exportaciones de café crudo, que el año pasado alcanzó los 4.131 millones de dólares.
La importación correspondería a sólo un tercio del volumen adicional a exportar, es decir unos 200.000 sacos de 60 kilogramos, equivalentes a casi 0,5 por ciento de la producción interno bruto, destacó Herszkowicz.
El peligro de introducir nuevas plagas en el país a través del café importado representa un primer obstáculo. Un análisis de los riesgos que prepara el servicio de defensa agropecuaria del Ministerio de Agricultura es indispensable y puede demorar, reconoció el director de ABIC.
Pero "el problema sanitario es el mas sencillo" de resolver, más complejo sería sufrir la competencia desigual, ante la diferencia de las leyes ambientales y laborales, mucho mas rígidas en Brasil, señaló el diputado Carlos Melles, presidente del Frente Parlamentar del Café y de una cooperativa de caficultores en el estado de Minas Gerais.
Brasil no necesita importar porque produce "todos los cafés del mundo" y puede atender los más variados con sus mezclas propias, dijo a IPS.
Además, desarrolló variedades de calidad reconocida en mercados exigentes, acotó.
"Si fuera ministro (de Agricultura) no haría la locura de abrir las importaciones", afirmó. Pero se manifestó dispuesto a discutir las posibles ventajas para la industrialización del café en Brasil, evaluando todos los aspectos, como el papel de las empresas transnacionales que ocuparon buena parte de la torrefacción en el país e incluso el cambio, con la sobrevaluación del real (moneda local respecto del dólar) encareciendo el producto nacional.
La industria quiere importar ahora "por razones económicas" y no por una efectiva necesidad de mezclar cafés extranjeros, sospecha José Luis Rufino, investigador del centro de café de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), órgano estatal que fue decisivo en el gran aumento de la productividad agrícola en Brasil.
La industria quiere aprovechar los precios del café foráneo, hoy más baratos que el nacional a causa del cambio, opinó Rufino, un agrónomo especializado en economía y coautor del libro recién publicado "Mercados Interno y Externo del Café Brasileño".
No es por falta de café extranjero en el "blend" (mezcla) que la industria brasileña de torrefacción tiene dificultades de exportar, sino por su "falta de competitividad en mercadeo y publicidad", acusó. "No logró crear internacionalmente una imagen de calidad como lo ha hecho el café colombiano", ejemplificó.
Los recursos invertidos por Brasil en promover su café en el exterior son "irrisorios" y ahora es difícil competir con la industria europea que acumuló "100 años de conocimiento" y además cuenta con la protección de barreras arancelarias, comentó.
Los tostadores brasileños de hecho estuvieron históricamente volcados al mercado interno, que absorbe como promedio 40 por ciento de la producción nacional de café, reconoció Herszkowicz.
Pero el café es el único producto que tiene totalmente prohibida su importación y Brasil es el único gran productor que adopta esa medida, impidiendo que su industria de torrefacción pueda competir en igualdad de condiciones, arguyó.
La situación actual está obligando a algunas industrias brasileñas a instalar filiales en el exterior, "exportando empleos e ingresos", lamentó, ejemplificando con una empresa que tiene una planta en Estados Unidos para procesar mezclas de cafés brasileños y de otros orígenes.
Brasil, además de mayor productor y exportador mundial, es el segundo mayor mercado consumidor y debe alcanzar el primer lugar dentro de algunos años, superando a Estados Unidos. El consumo interno crece sostenidamente desde que, hace 20 años, la ABIC adoptó un programa de control de calidad, certificando empresas con su "Sello de Pureza".
La mejora de calidad del café tostado, molido y empaquetado permitió recuperar el consumo por persona de los brasileños casi al nivel de los años 60, de 5,9 kilogramos al año. En 1985 ese índice había caído a menos de la mitad. El año pasado se registró 5,64 kilogramos por habitante.
Ese proceso abrió paso también a las exportaciones de café tostado, molido o no, en pequeñas cantidades en la década pasada y en rápido crecimiento a partir de 2001, aunque en minúscula proporción sobre el total, que comprende además el grano crudo y el café soluble.
Históricamente el producto más importante en la economía brasileña, por su largo predominio y por haber posibilitado el inicio de la industrialización brasileña, el café es un ejemplo de las dificultades que enfrentan países en desarrollo para superar su condición agroexportadora.
A la ineficiencia de sus industriales se sumaron barreras en los mercados ricos, que eximen de aranceles la importación de materias primas, pero gravan fuertemente los productos manufacturados. Es así que países europeos, como Alemania e Italia, se constituyeron en los mayores exportadores de café tostado con el grano importado de países tropicales.
Una excepción es el café soluble, del que Brasil consiguió ser el gran exportador. Pero viene perdiendo participación en el mercado internacional porque Europa le impone un arancel de nueve por ciento, mientras concede exención a competidores como Ecuador y Colombia para estimular su combate a la producción de cocaína.
El año pasado Brasil exportó 26,1 millones de sacos de 60 kilogramos de café en grano (crudo) y el correspondiente a 3,2 millones de sacos en café soluble y 132.070 sacos del tostado. (FIN/2009)
domingo, 8 de noviembre de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: África juega últimas cartas en Barcelona
Por Servaas van den Bosch
WINDHOEK, 2 nov (IPS) - La caravana mundial de discusiones sobre cambio climático llegó a Barcelona esta semana para la última ronda antes de la gran conferencia de diciembre en Copenhague, y África apuesta todo.
"Tengo mis dedos cruzados, pero para ser realistas no creo que vayan a suceder grandes cosas en (la reunión preparatoria de) Barcelona esta semana", dijo a IPS desde Nairobi el secretario de la Conferencia Ministerial Africana sobre Ambiente (AMCEN), Peter Acquah.
La AMCEN se reunió la semana pasada en Addis Abeba para las últimas discusiones entre los negociadores africanos antes de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15), en la que se procurará, entre el 7 y el 18 de diciembre en la capital danesa, delinear un tratado para la reducción de las emisiones de gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario.
El resultado de las conversaciones en la capital de Etiopía fue un ambiguo rechazo al actual borrador del acuerdo, que reemplazaría al Protocolo Kyoto, único instrumento internacional contra el recalentamiento planetario y que expirará en 2012.
Los países del Sur en desarrollo, que forman un frente común en el Grupo de los 77 (G-77) más China, aumentan la presión camino a Copenhague para exigir mayores compromisos al Norte industrializado.
"Por su puesto, un rápido movimiento se haría de pronto posible si los países del Anexo I (industrializados) están dispuestos a poner algunos números sobre la mesa en Barcelona que superen los recortes de emisiones propuestos actualmente", añadió Acquah, quien también demandó "una cifra realista para financiar el acuerdo".
La interpretación africana del principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", plasmado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es que los países industrializados deben reducir sus emisiones 40 por ciento para 2020 respecto de los niveles de 1990, y 85 por ciento para 2050, así como destinar 1,5 por ciento de su producto interno bruto a las naciones pobres para ayudarlas a compensar los efectos del recalentamiento planetario.
"África, por ser el continente más vulnerable, se merece el derecho a un apoyo completo para adaptarse al cambio climático. África también ha sido el que menos contribuyó con las emisiones mundiales de gases invernadero, pero sus comunidades son las que más sufren", señaló AMCEN en una declaración esta semana.
"Se estima que ese apoyo debe ser de entre 200.000 millones y 400.000 millones de dólares al año, un tercio del cual debe ser destinado a (esfuerzos de) adaptación ante el cambio climático", dijo a IPS desde Barcelona el jefe negociador de Sudáfrica y portavoz del G-77/China, Alf Wills.
"La ventana de una oportunidad aquí es sin embargo pequeña. Si el recalentamiento planetario alcanza el umbral de los dos grados Celsius, los costos aumentarán drásticamente y la adaptación se hará mucho menos factible. Eso por esto también que es imperativo que las naciones industrializadas reduzcan más sus gases invernadero", añadió.
La coordinadora de programas de adaptación al cambio climático en África para la organización Gobiernos Locales por Sostenibilidad-ICLEI, Linda Fairhurst, dijo a IPS que el recalentamiento planetario probablemente tenga un efecto devastador en el continente. "Estamos viendo graves consecuencias en la provisión de agua, el saneamiento, el sustento, el transporte y la energía", indicó.
Fairhurst alertó que sitios poblados en terrenos bajos, como la localidad de Walvis Bay en Namibia, y las ciudades de Maputo en Mozambique y Dar es Salaam en Tanzania, están bajo seria amenaza por el aumento del nivel del mar.
En agosto, AMCEN calculó que el costo de la lucha contra el cambio climático ascendería a 67.000 millones de dólares anuales solo en África.
"Pero no se trata solamente de dinero", dijo Acquah. "Se deduce del Protocolo de Kyoto que a África se le deben proveer los medios para adaptarse. Esto incluye transferencia de tecnología verde, y hay poco movimiento en ese frente".
Las emisiones de dióxido de carbono de África representan un modesto 3,7 por ciento de las totales mundiales. En su mayoría son causadas por la deforestación, la quema de gases y la generación de energía en base a carbón en un puñado de países.
Una de las principales expectativas para Copenhague es que se alcance un acuerdo sobre reducción de emisiones y degradación forestal, que permitiría la llegada de miles de millones de dólares al continente para preservar las selvas tropicales.
Este dinero es sumamente necesario para la adaptación. Un reciente estudio de científicos británicos publicado en la Oxford Review sugirió que "el impacto del cambio climático en África probablemente será severo debido a los efectos adversos directos, la alta dependencia agrícola y la limitada capacidad de adaptación".
"La adaptación será difícil por la fragmentación de África en pequeños países y grupos étnicos, y por los pobres ambientes de negocios", añadieron los expertos.
Por su parte, el Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias predijo recientemente que los cultivos de trigo en el continente se reducirán 30 por ciento en 2050 y los precios casi se duplicarán debido al cambio climático.
"Si no se acuerda un tratado ambicioso y vinculante, seremos recordados como la generación que gastó miles de millones en tarjetas de crédito, propagó el vandalismo ambiental y no hizo nada para enfrentar el más intrincado problema de nuestros tiempos", dijo en vísperas de la reunión en Barcelona el jefe de la Iniciativa sobre Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza, Kim Carstensen.
"Estoy seguro de que ninguno de los líderes quiere ser recordado así", añadió.
Pero una de las principales dudas en las negociaciones es quién avanzará primero y cuánto. La Unión Europea está dispuesta a acordar una reducción de hasta 30 por ciento para 2020 respecto de los niveles de 1990, pero sólo si lo hacen el resto de las naciones industrializadas.
El mayor contaminante, China, prometió reducir sus emisiones por un "significativo margen" respecto de los niveles de 2005, pero demandó a cambio un recorte de 40 por ciento de parte del Norte.
En Estados Unidos se propuso un proyecto de ley que recortaría las emisiones alrededor de siete por ciento, pero es probable que su aprobación se vea obstaculizada en el Congreso legislativo.
Mientras, los países africanos están decididos a marcar deberes diferenciados entre el Norte industrializado y el Sur en desarrollo. Los compromisos de los países pobres, insisten, deben ser voluntarios.
"Las acciones de mitigación para África deben ser voluntarias y apropiadas a nivel nacional, y tienen que ser plenamente apoyadas con transferencia de tecnología, financiamiento y desarrollo de infraestructuras", señaló AMCEN.
"Las altas temperaturas en las próximas décadas serán causadas por las emisiones históricas de los países industrializados, así que tienen la principal responsabilidad", subrayó por su parte Acquah.
(FIN/2009)
WINDHOEK, 2 nov (IPS) - La caravana mundial de discusiones sobre cambio climático llegó a Barcelona esta semana para la última ronda antes de la gran conferencia de diciembre en Copenhague, y África apuesta todo.
"Tengo mis dedos cruzados, pero para ser realistas no creo que vayan a suceder grandes cosas en (la reunión preparatoria de) Barcelona esta semana", dijo a IPS desde Nairobi el secretario de la Conferencia Ministerial Africana sobre Ambiente (AMCEN), Peter Acquah.
La AMCEN se reunió la semana pasada en Addis Abeba para las últimas discusiones entre los negociadores africanos antes de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15), en la que se procurará, entre el 7 y el 18 de diciembre en la capital danesa, delinear un tratado para la reducción de las emisiones de gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario.
El resultado de las conversaciones en la capital de Etiopía fue un ambiguo rechazo al actual borrador del acuerdo, que reemplazaría al Protocolo Kyoto, único instrumento internacional contra el recalentamiento planetario y que expirará en 2012.
Los países del Sur en desarrollo, que forman un frente común en el Grupo de los 77 (G-77) más China, aumentan la presión camino a Copenhague para exigir mayores compromisos al Norte industrializado.
"Por su puesto, un rápido movimiento se haría de pronto posible si los países del Anexo I (industrializados) están dispuestos a poner algunos números sobre la mesa en Barcelona que superen los recortes de emisiones propuestos actualmente", añadió Acquah, quien también demandó "una cifra realista para financiar el acuerdo".
La interpretación africana del principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", plasmado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es que los países industrializados deben reducir sus emisiones 40 por ciento para 2020 respecto de los niveles de 1990, y 85 por ciento para 2050, así como destinar 1,5 por ciento de su producto interno bruto a las naciones pobres para ayudarlas a compensar los efectos del recalentamiento planetario.
"África, por ser el continente más vulnerable, se merece el derecho a un apoyo completo para adaptarse al cambio climático. África también ha sido el que menos contribuyó con las emisiones mundiales de gases invernadero, pero sus comunidades son las que más sufren", señaló AMCEN en una declaración esta semana.
"Se estima que ese apoyo debe ser de entre 200.000 millones y 400.000 millones de dólares al año, un tercio del cual debe ser destinado a (esfuerzos de) adaptación ante el cambio climático", dijo a IPS desde Barcelona el jefe negociador de Sudáfrica y portavoz del G-77/China, Alf Wills.
"La ventana de una oportunidad aquí es sin embargo pequeña. Si el recalentamiento planetario alcanza el umbral de los dos grados Celsius, los costos aumentarán drásticamente y la adaptación se hará mucho menos factible. Eso por esto también que es imperativo que las naciones industrializadas reduzcan más sus gases invernadero", añadió.
La coordinadora de programas de adaptación al cambio climático en África para la organización Gobiernos Locales por Sostenibilidad-ICLEI, Linda Fairhurst, dijo a IPS que el recalentamiento planetario probablemente tenga un efecto devastador en el continente. "Estamos viendo graves consecuencias en la provisión de agua, el saneamiento, el sustento, el transporte y la energía", indicó.
Fairhurst alertó que sitios poblados en terrenos bajos, como la localidad de Walvis Bay en Namibia, y las ciudades de Maputo en Mozambique y Dar es Salaam en Tanzania, están bajo seria amenaza por el aumento del nivel del mar.
En agosto, AMCEN calculó que el costo de la lucha contra el cambio climático ascendería a 67.000 millones de dólares anuales solo en África.
"Pero no se trata solamente de dinero", dijo Acquah. "Se deduce del Protocolo de Kyoto que a África se le deben proveer los medios para adaptarse. Esto incluye transferencia de tecnología verde, y hay poco movimiento en ese frente".
Las emisiones de dióxido de carbono de África representan un modesto 3,7 por ciento de las totales mundiales. En su mayoría son causadas por la deforestación, la quema de gases y la generación de energía en base a carbón en un puñado de países.
Una de las principales expectativas para Copenhague es que se alcance un acuerdo sobre reducción de emisiones y degradación forestal, que permitiría la llegada de miles de millones de dólares al continente para preservar las selvas tropicales.
Este dinero es sumamente necesario para la adaptación. Un reciente estudio de científicos británicos publicado en la Oxford Review sugirió que "el impacto del cambio climático en África probablemente será severo debido a los efectos adversos directos, la alta dependencia agrícola y la limitada capacidad de adaptación".
"La adaptación será difícil por la fragmentación de África en pequeños países y grupos étnicos, y por los pobres ambientes de negocios", añadieron los expertos.
Por su parte, el Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias predijo recientemente que los cultivos de trigo en el continente se reducirán 30 por ciento en 2050 y los precios casi se duplicarán debido al cambio climático.
"Si no se acuerda un tratado ambicioso y vinculante, seremos recordados como la generación que gastó miles de millones en tarjetas de crédito, propagó el vandalismo ambiental y no hizo nada para enfrentar el más intrincado problema de nuestros tiempos", dijo en vísperas de la reunión en Barcelona el jefe de la Iniciativa sobre Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza, Kim Carstensen.
"Estoy seguro de que ninguno de los líderes quiere ser recordado así", añadió.
Pero una de las principales dudas en las negociaciones es quién avanzará primero y cuánto. La Unión Europea está dispuesta a acordar una reducción de hasta 30 por ciento para 2020 respecto de los niveles de 1990, pero sólo si lo hacen el resto de las naciones industrializadas.
El mayor contaminante, China, prometió reducir sus emisiones por un "significativo margen" respecto de los niveles de 2005, pero demandó a cambio un recorte de 40 por ciento de parte del Norte.
En Estados Unidos se propuso un proyecto de ley que recortaría las emisiones alrededor de siete por ciento, pero es probable que su aprobación se vea obstaculizada en el Congreso legislativo.
Mientras, los países africanos están decididos a marcar deberes diferenciados entre el Norte industrializado y el Sur en desarrollo. Los compromisos de los países pobres, insisten, deben ser voluntarios.
"Las acciones de mitigación para África deben ser voluntarias y apropiadas a nivel nacional, y tienen que ser plenamente apoyadas con transferencia de tecnología, financiamiento y desarrollo de infraestructuras", señaló AMCEN.
"Las altas temperaturas en las próximas décadas serán causadas por las emisiones históricas de los países industrializados, así que tienen la principal responsabilidad", subrayó por su parte Acquah.
(FIN/2009)
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