Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, 22 dic (IPS) - El fracaso de las conversaciones climáticas en Copenhague pone una vez más en duda la efectividad del sistema de negociaciones multilaterales que exige consenso, por ahora imposible, para la toma de decisiones urgentes.
"La gobernanza global no pasa por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo mecanismo de negociaciones es poco efectivo", según Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que estudia la geopolítica del cambio climático.
Así lo demuestran procesos similares que se desarrollan en el ámbito de la ONU, por ejemplo el de desarme nuclear, o la propia Ronda de Doha, en la Organización Mundial del Comercio.
Un acuerdo incluso informal entre las "tres superpotencias climáticas", China, Estados Unidos y la Unión Europea, es indispensable para destrabar un tratado mundial aún invisible en el horizonte porque las dos primeras son "irresponsables" en ese tema, sentenció.
"China parece menos irresponsable porque se oculta detrás de Estados Unidos", pero su propuesta de reducir la intensidad de producción de carbono en 40 por ciento equivale a un aumento de 80 por ciento de sus emisiones de gases invernadero hasta 2020, lo que haría imposible contener el calentamiento global en dos grados centígrados, sostuvo Viola.
Estados Unidos, por su lado, enfrenta "una crisis de gobernabilidad" por la paralizadora "capacidad de resistencia de las minorías", que limita el poder del presidente Barack Obama, enfrentado a tres desafíos cruciales: aprobar la reforma del sistema de salud, la ley climática y contener la pérdida de popularidad, evaluó.
La tarea se agiganta porque "la mitad de la población estadounidense ni siquiera cree en el cambio climático", advirtió.
En Copenhague se intentó en el último momento disfrazar el fracaso de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), celebrada entre el 7 y el 19 de diciembre, a través de un acuerdo entre Estados Unidos y el grupo BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China).
El intento no resultó y provocó una división en el Grupo de los 77 (G77), que representa a más de 130 países del mundo en desarrollo en su intento de mantener vigentes las reglas del Protocolo de Kyoto.
Bajo este Protocolo, en vigor desde 2005, solo 37 naciones ricas e industrializadas asumen metas compulsivas de reducción de las emisiones contaminantes, pero perdió fuerza por la no adhesión de Estados Unidos.
De todos modos la negociación directa entre Obama y el BASIC apunta en la misma dirección de soslayar la dificultad de lograr consenso entre 194 países, cuyas desigualdades y heterogeneidad se amplían en la cuestión climática.
El malogro de la COP-15 estaba previsto por Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña, que solo espera un acuerdo global de hecho para 2011 o "quizás el próximo año", tiempo necesario para "madurar un liderazgo" capaz de adoptar alguna acción que arrastrará a los demás.
Según su evaluación, "los avances no pasan por la negociación diplomática, que busca acuerdos por el mínimo denominador", insuficiente en este caso, sino por la economía y un líder que "arriesgue la delantera", como pasa en las carreras algún tiempo después del inicio en el que todos van juntos.
Ese liderazgo, "con masa crítica y credibilidad" solo puede venir de países que encabezan las emisiones de gases invernadero y con condiciones económicas que le permiten asumir la vanguardia, explicó. Europa podría hacerlo, pero no lo hizo, y condicionó sus metas a las ofertas de otros grandes emisores, ejemplificó a IPS.
Entre las posibles iniciativas en ese sentido Smeraldi apuntó la imposición unilateral de gravámenes a productos con alta intensidad de carbono y la asignación de billones de dólares, como se hizo para salvar bancos en la reciente crisis financiera, a tecnologías limpias, obligando los demás a seguir el ejemplo para no perder competitividad.
"Sería ilógico que la diplomacia se adelantara a la economía" y hubiera obtenido así un acuerdo vinculante en Copenhague, acotó. Pero hubo señales prometedoras, como la fuerte presencia de empresarios en la COP-15, aunque sin voz ni acceso a los debates, mostrando sus tecnologías, productos y servicios.
Los cambios en la economía son rápidos, observó Smeraldi, y puso como ejemplo a Internet y la migración del capital financiero hacia China: en 2002, entre los 20 mayores bancos del mundo 17 eran británicos o estadounidenses, hoy son solo tres, mientras los cuatro primeros son todos chinos.
Brasil, en su opinión, tiene condiciones de liderazgo, pero parcial, por sus características específicas de poseedor de enormes reservas forestales y de avances en la "civilización de la biomasa", prevista por Ignacy Sachs, polaco naturalizado francés que se autodefine como "ecosocioeconomista".
Este país sudamericano está entre las seis "potencias climáticas", con poder limitado en relación a las tres "superpotencias" para encaminar soluciones globales, pero que realizó "una revolución en su política climática este año", asumiendo metas voluntarias de reducción de emisiones y de la deforestación, reconoció Viola.
La decisión de la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, de dejar el gobernante Partido de los Trabajadores en agosto para preparar su candidatura presidencial por el Partido Verde fue uno de los "factores convergentes" del cambio de rumbo del gobierno brasileño, pues puso el clima y el ambiente en la agenda electoral, destacó.
Otro factor, según Smeraldi, fueron las iniciativas de gobiernos estaduales. El del sureño São Paulo, que concentra un tercio del producto interno bruto nacional, adoptó una meta de 20 por ciento de reducción absoluta de gases invernadero hasta 2020, mientras los estados amazónicos presionaron por la inclusión de los bosques en la negociación climática.
Hace tres años el gobierno brasileño "ni siquiera admitía incluir la deforestación" en las negociaciones, solo en la COP-13, celebrada en Bali, aceptó la Reducción de Emisiones de Carbono por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) como generadora de créditos de carbono o fondos climáticos, recordó.
El discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue el más aplaudido en Copenhague, por reclamar un fuerte tratado vinculante y ofrecer contribuciones brasileñas para su concreción, pero contradijo sus políticas internas, observó Sergio Santos Filho, secretario ejecutivo del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA).
Lula "amnistió" la deforestación practicada por terratenientes, suspendiéndole multas y concediéndoles plazos de tres años para cumplir reglas ambientales, una semana antes de hablar en la COP-15, y está cediendo a presiones de hacendados en la reforma del Código Forestal, destacó el activista.
Además, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), eje orientador del gobierno, sigue los viejos paradigmas de la expansión económica, intensiva en carbono, acotó.
El fracaso de Copenhague es grave porque la situación del clima se agrava cada año y las negociaciones no avanzan al ritmo necesario, advirtió. En cinco años se derretirá el hielo del Ártico, elevando el nivel de los océanos, dijo Filho.
El exceso de lluvias en el sur de Brasil y las sequías en el norte amazónico ya no pueden explicarse simplemente por el fenómeno periódico de El Niño, concluyó. (FIN/2009)
miércoles, 23 de diciembre de 2009
martes, 22 de diciembre de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Eliminar subsidios sin dañar a la población
Por Claudia Ciobanu
COPENHAGUE, 15 dic (IPS/TerraViva) - La eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles reduciría hasta 10 por ciento la emisión de gases invernadero para 2050, pero los gobiernos deberán compensar a la población pobre por la subida de precios y la pérdida de empleos resultantes, se advirtió en la capital danesa.
La cifra equivale a 20 por ciento del compromiso máximo mundial de reducción de emisiones al que aspiran los negociadores en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15), que se realiza en Copenhague desde el día 7 y hasta el viernes 18.
La COP 15 pretende acordar antes de su clausura un tratado para reducir las emisiones de gases invernadero, causantes del calentamiento del planeta, que dé continuidad al Protocolo de Kyoto, cuyas metas vencen en 2012.
Las cifras sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles – petróleo, carbón y gas natural – surgen de un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que manejan los negociadores en esta capital.
El cese de estos subsidios podría ser un factor importante para que el calentamiento global no supere los dos grados por encima de los niveles preindustriales.
Los gobiernos de todo el mundo gastan en la actualidad entre 500.000 y 700.000 millones de dólares anuales en subsidios para los combustibles orgánicos. Eso representa cinco veces el monto de los fondos destinados a la ayuda a las naciones en desarrollo.
La mayor parte de estos subsidios la distribuyen, además, gobiernos de países en desarrollo.
Según cálculos de la organización ecologista Environmental Law Institute, con sede en Washington, entre 2002 y 2008 el gobierno de Estados Unidos destinó más de 72.000 millones de dólares a subsidios para la producción de energía fósil.
No obstante, en septiembre de 2009 los gobernantes de las mayores 20 economías industrializadas y en desarrollo se comprometieron a reducir gradualmente esos subsidios en el mediano plazo, durante una cumbre del llamado Grupo de los 20 en la ciudad estadounidense de Pittsburg.
Encontrar la forma de cumplir ese compromiso puede ser un desafío "tan importante" como el de las negociaciones de la COP 15, sostuvo Per Callesen, subsecretario permanente del Ministerio de Finanzas danés.
"Estamos apretando el acelerador de los subsidios a las energías fósiles, y esa aceleración es mucho mayor que el freno", advirtió en un encuentro sobre el tema en el hotel Crowne Plaza, cercano al Bella Center, sede de la Conferencia.
Desde la perspectiva ecológica, tiene sentido eliminar los subsidios a este tipo de combustibles, pero los gobiernos son reacios a estas reformas radicales porque la suba resultante de los precios de los combustibles podría hacerles perder capital político.
Muchos temen las consecuencias que causará la eliminación de los subsidios en las familias pobres y los empleados de las industrias del sector de las energías fósiles.
Fatih Birol, economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, argumentó que estos subsidios en realidad no benefician a los pobres, sino a las clases medias, por lo cual no hay que preocuparse por las consecuencias. Los pobres no tienen automóviles y en muchos casos ni siquiera tienen acceso a la electricidad, explicó.
La opinión de Birol fue respaldada por el ex presidente de Costa Rica, José María Figueres, conocido por romper con la línea socialdemócrata de su Partido Liberación Nacional para impulsar reformas económicas liberales.
Figueres compartió con el público el costo político que tuvo que pagar por reducir los subsidios, y argumentó que el "problema de las reducción de 80 por ciento de las emisiones para 2050 se puede resolver sólo con la eliminación gradual de los subsidios a las energías fósiles y el mejoramiento de la eficiencia energética".
El ex presidente dio un apasionado discurso en contra de los subsidios en general, pero no abordó la cuestión de las posibles consecuencias sociales negativas que tendrían los costos del combustible para los pobres.
En ese sentido, se deben establecer políticas claras para asegurar que parte de ese dinero se canalice directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, argumentaron Callesen y William Pizer, funcionario de Medio Ambiente y Energía del Departamento (ministerio) del Tesoro de Estados Unidos.
"Es evidente que los países que están en proceso de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles deben adoptar medidas de compensación de los ingresos", dijo Callesen a IPS. "Como sustitución, se debe crear un sistema que sea capaz de administrar el apoyo estatal a las familias de bajos ingresos", explicó.
Las medidas de apoyo a los ingresos de los sectores más vulnerables, para compensar las consecuencias negativas del alza de los costos del combustible, costarían a los gobiernos mucho menos de lo que gastan ahora en los subsidios, agregó el subsecretario permanente del Ministerio de Finanzas danés.
"Por cada dólar ahorrado con la eliminación de los subsidios, sólo se necesitarían 20 o 30 centavos para medidas eficientes de compensación de los ingresos", calculó Callesen.
Pizer citó como ejemplo las políticas adoptadas por el gobierno estadounidense de Barack Obama para ayudar a las familias pobres a adaptarse a la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, que la administración de Washington pretende instrumentar.
Las familias pobres reciben ayuda financiera para pagar la calefacción y el Estado apoya a las personas con bajos recursos en el aislamiento térmico de sus viviendas. El costo total del programa asciende a 5.000 millones de dólares, explicó Pizer.
"Sería mejor y más económico si los gobiernos sólo compensaran a los pobres, y no a todos. Y para los pobres es mejor recibir un dólar en forma directa a que éste se le otorgue a las industrias de combustibles fósiles", dijo Pizer a IPS. (FIN/2009)
COPENHAGUE, 15 dic (IPS/TerraViva) - La eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles reduciría hasta 10 por ciento la emisión de gases invernadero para 2050, pero los gobiernos deberán compensar a la población pobre por la subida de precios y la pérdida de empleos resultantes, se advirtió en la capital danesa.
La cifra equivale a 20 por ciento del compromiso máximo mundial de reducción de emisiones al que aspiran los negociadores en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15), que se realiza en Copenhague desde el día 7 y hasta el viernes 18.
La COP 15 pretende acordar antes de su clausura un tratado para reducir las emisiones de gases invernadero, causantes del calentamiento del planeta, que dé continuidad al Protocolo de Kyoto, cuyas metas vencen en 2012.
Las cifras sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles – petróleo, carbón y gas natural – surgen de un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que manejan los negociadores en esta capital.
El cese de estos subsidios podría ser un factor importante para que el calentamiento global no supere los dos grados por encima de los niveles preindustriales.
Los gobiernos de todo el mundo gastan en la actualidad entre 500.000 y 700.000 millones de dólares anuales en subsidios para los combustibles orgánicos. Eso representa cinco veces el monto de los fondos destinados a la ayuda a las naciones en desarrollo.
La mayor parte de estos subsidios la distribuyen, además, gobiernos de países en desarrollo.
Según cálculos de la organización ecologista Environmental Law Institute, con sede en Washington, entre 2002 y 2008 el gobierno de Estados Unidos destinó más de 72.000 millones de dólares a subsidios para la producción de energía fósil.
No obstante, en septiembre de 2009 los gobernantes de las mayores 20 economías industrializadas y en desarrollo se comprometieron a reducir gradualmente esos subsidios en el mediano plazo, durante una cumbre del llamado Grupo de los 20 en la ciudad estadounidense de Pittsburg.
Encontrar la forma de cumplir ese compromiso puede ser un desafío "tan importante" como el de las negociaciones de la COP 15, sostuvo Per Callesen, subsecretario permanente del Ministerio de Finanzas danés.
"Estamos apretando el acelerador de los subsidios a las energías fósiles, y esa aceleración es mucho mayor que el freno", advirtió en un encuentro sobre el tema en el hotel Crowne Plaza, cercano al Bella Center, sede de la Conferencia.
Desde la perspectiva ecológica, tiene sentido eliminar los subsidios a este tipo de combustibles, pero los gobiernos son reacios a estas reformas radicales porque la suba resultante de los precios de los combustibles podría hacerles perder capital político.
Muchos temen las consecuencias que causará la eliminación de los subsidios en las familias pobres y los empleados de las industrias del sector de las energías fósiles.
Fatih Birol, economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, argumentó que estos subsidios en realidad no benefician a los pobres, sino a las clases medias, por lo cual no hay que preocuparse por las consecuencias. Los pobres no tienen automóviles y en muchos casos ni siquiera tienen acceso a la electricidad, explicó.
La opinión de Birol fue respaldada por el ex presidente de Costa Rica, José María Figueres, conocido por romper con la línea socialdemócrata de su Partido Liberación Nacional para impulsar reformas económicas liberales.
Figueres compartió con el público el costo político que tuvo que pagar por reducir los subsidios, y argumentó que el "problema de las reducción de 80 por ciento de las emisiones para 2050 se puede resolver sólo con la eliminación gradual de los subsidios a las energías fósiles y el mejoramiento de la eficiencia energética".
El ex presidente dio un apasionado discurso en contra de los subsidios en general, pero no abordó la cuestión de las posibles consecuencias sociales negativas que tendrían los costos del combustible para los pobres.
En ese sentido, se deben establecer políticas claras para asegurar que parte de ese dinero se canalice directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, argumentaron Callesen y William Pizer, funcionario de Medio Ambiente y Energía del Departamento (ministerio) del Tesoro de Estados Unidos.
"Es evidente que los países que están en proceso de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles deben adoptar medidas de compensación de los ingresos", dijo Callesen a IPS. "Como sustitución, se debe crear un sistema que sea capaz de administrar el apoyo estatal a las familias de bajos ingresos", explicó.
Las medidas de apoyo a los ingresos de los sectores más vulnerables, para compensar las consecuencias negativas del alza de los costos del combustible, costarían a los gobiernos mucho menos de lo que gastan ahora en los subsidios, agregó el subsecretario permanente del Ministerio de Finanzas danés.
"Por cada dólar ahorrado con la eliminación de los subsidios, sólo se necesitarían 20 o 30 centavos para medidas eficientes de compensación de los ingresos", calculó Callesen.
Pizer citó como ejemplo las políticas adoptadas por el gobierno estadounidense de Barack Obama para ayudar a las familias pobres a adaptarse a la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, que la administración de Washington pretende instrumentar.
Las familias pobres reciben ayuda financiera para pagar la calefacción y el Estado apoya a las personas con bajos recursos en el aislamiento térmico de sus viviendas. El costo total del programa asciende a 5.000 millones de dólares, explicó Pizer.
"Sería mejor y más económico si los gobiernos sólo compensaran a los pobres, y no a todos. Y para los pobres es mejor recibir un dólar en forma directa a que éste se le otorgue a las industrias de combustibles fósiles", dijo Pizer a IPS. (FIN/2009)
jueves, 17 de diciembre de 2009
VENEZUELA: Crisis bancaria da paso a cruzada anticorrupción
Por Humberto Márquez
CARACAS, 8 dic (IPS) - La caída de siete de los 60 bancos que tiene Venezuela permitió al presidente Hugo Chávez iniciar una cruzada anticorrupción, mientras sus opositores muestran presuntos lazos entre funcionarios y empresarios súbitamente enriquecidos.
Uno de los más cercanos colaboradores del mandatario, Jesse Chacón, debió renunciar a su cargo de ministro de Ciencia y Tecnología para franquear el paso a investigaciones, porque su hermano, Arné Chacón, fue detenido junto a otros siete dueños y directivos de bancos mientras la policía busca a una veintena de ejecutivos más.
"Los bancos intervenidos estaban dirigidos por delincuentes; quienes cometieron las irregularidades son estafadores. Unos están presos, a otros los están buscando. Estamos arreglando un entuerto que hizo una parte de la banca privada y sus redes de negocios especulativos", dijo Chávez en una de sus intervenciones sobre el tema.
La crisis estalló a mediados de noviembre, cuando cuatro pequeños bancos propiedad de Ricardo Fernández fueron intervenidos a puertas abiertas, es decir con posibilidad de retirar los depósitos. A fines de ese mes, en vista de las irregularidades comprobadas, la intervención cambió a puertas cerradas y hubo corridas de depositantes en otras instituciones financieras.
"No se equivoquen, aquí lo que va a caer es el sistema privado de bancos, no Chávez. Y le digo a todos los banqueros: el que se resbale, pierde; le quito el banco sin importar el tamaño. No tengo problema en nacionalizar toda la banca" si hace falta, clamó el mandatario.
La Fiscalía General comenzó a librar órdenes de captura contra banqueros como Chacón y Fernández, y la prensa publicó informes que relacionaban a los investigados con funcionarios del círculo más próximo al presidente.
Hubo reacciones de desencanto. Gabriela García, de 65 años, depositante en uno de los bancos intervenidos, dijo a IPS en Caracas que en esa entidad tenía sus " de años de trabajo". "Seguramente me los devolverán, pero me quedará la desconfianza de cuál será el próximo banco en caer y qué decidirá el gobierno entonces", añadió.
Desde San Cristóbal, ciudad del sudoeste fronterizo con Colombia, Genaro Rodríguez, un inmigrante del vecino país que manufactura y empaca dulces y chocolates, dijo a IPS que está "sacando todo el dinero que tenía en tres cuentas de bancos".
Piensa reunirlo y llevárselo a Colombia, donde perderá con el cambio, pero igual prefiere hacerlo porque "una parte quedará segura". El Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos presentaron un esquema para devolver a cada uno de las decenas de miles de ahorristas sus depósitos hasta un total de 4.600 dólares. En tanto que Chávez cambió su discurso hacia el ofrecimiento de garantías sobre la solidez de la banca privada, tras agradecer la cooperación de las principales instituciones.
"No se dejen llevar por los rumores, los necesitamos de nuestro lado. Esta revolución fortalece la propiedad privada", dijo entonces el mandatario. "Tomaré medidas drásticas de ser necesario", y "que vaya a prisión todo el que tenga que ir", agregó.
Los banqueros involucrados en el escándalo "son unos rateros de cuello blanco", escribió Chávez en su columna dominical de prensa.
"Pero aquí los delincuentes de cuello blanco van a parar a la cárcel", aseguró.
"En este momento buena parte del país ve a Chávez transfigurado en un San Jorge, que lanza en ristre va contra el dragón de la corrupción, embistiendo contra los ricos y contra algunas figuras de su entorno histórico", opinó Teodoro Petkoff, editor del diario opositor Tal Cual.
En cambio, el analista político Manuel Malaver dijo a IPS que "esta es una derrota política e ideológica para Chávez, porque al cabo de años pregonando un socialismo debe admitir, muy a su pesar, que la banca que favoreció no funciona sino la que sigue patrones capitalistas, que son los principales del país".
Los expertos concuerdan en alabar la sagacidad del mandatario, que ha presentado como un compromiso contra la corrupción la purga en el entorno empresarial que rodea a su gobierno y que sus opositores llaman "boliburguesía", aludiendo a ejecutivos aceleradamente enriquecidos por su vecindad con el partido chavista.
La estatización y reorganización de los bancos intervenidos por irregularidades, más las entidades que ya poseía el gobierno, dejan en sus manos una cuarta parte del negocio financieros en Venezuela.
El Estado es dueño de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una de las mayores empresas del Sur en desarrollo y proveedora de 90 por ciento de las divisas que ingresan al país, y de otras 12 de las primeras 15 firmas nacionales. Con las estatizaciones que Chávez ordena constantemente ha reunido hasta ahora en las arcas públicas desde hoteles hasta fábricas de jugos.
Pero un misterio, al margen de los fríos datos económicos, es cuánto erosionará o apuntalará al gobierno esta crisis de algunos bancos y la divulgación de presuntos lazos entre colaboradores del presidente y empresarios que usufructuaban recursos públicos.
Henry Ramos, secretario general del partido opositor Acción Democrática, dijo a IPS que "es imposible que Chávez desconociera el entramado de la corrupción, por ejemplo que un hermano del ministro Chacón hubiese comprado un banco hace tres años, después de no tener un centavo".
Chávez en sus intervenciones ha dicho que "la revolución (su gobierno) tenía los radares apagados.
¿Cómo es posible que Arné Chacón, un ‘pata-en-el-suelo’ (expresión coloquial venezolanisma que identifica a quien no puede comprar ni sandalias), de pronto aparezca como dueño de un banco y (costosos) caballos de carrera?"
Según las denuncias de Ramos, "una docena de boliburgueses, entre los que se encuentran Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente del gigante estatal Pdvsa, y Alejandro Andrade, tesorero de la Nación, coaligados con empresarios se han enriquecido mucho más rápido que los narcotraficantes".
Parte del enriquecimiento provendría de contratos diversos con el Estado, en particular de seguros, y de la manipulación cambiaria con títulos de deuda de Argentina y otros países, por miles de millones de dólares.
Esos bonos fueron pagados a la tasa de cambio oficial y luego colocados en instituciones que trabajaban con el Estado a un precio muy superior en bolívares, según las denuncias procesadas por Ramos.
El caso de Fernández sería emblemático, porque emergió como importador y luego empresario agroindustrial durante la huelga patronal y sindical de diciembre de 2002 y enero de 2003 que pretendió forzar la renuncia de Chávez y amenazó el abastecimiento del país en materia de alimentos y combustibles.
Convertido luego en gran abastecedor de las redes gubernamentales que venden en todo el país alimentos a precios subsidiados, Fernández acumuló una fortuna que la prensa local estima en más de 1.500 millones de dólares.
Al incursionar en el negocio bancario adquirió una entidad y luego otras tres, usando el dinero de depósitos públicos, según las denuncias. Sólo se estrelló cuando este noviembre intentó comprar una de las tres firmas de telefonía digital que operan en el país, sin demostrar satisfactoriamente el origen de los fondos, según el gobierno.
Los denunciantes desde la oposición sostienen que Fernández es apenas "la punta del iceberg" de la corrupción que involucraría a altos mandos del gobierno.
Una investigación del diario conservador El Universal, de Caracas, mostró nexos entre banqueros y otros empresarios, detenidos o prófugos, con Chacón, Andrade y Ramírez, pero también con Adán Chávez, gobernador del sudoccidental estado de Barinas y hermano del presidente, y con el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello.
También señaló como asociados a las redes al ex vicepresidente José Vicente Rangel, al ex ministro de Educación y ex alcalde caraqueño Aristóbulo Istúriz, y al general Hugo Carvajal, director de la Inteligencia Militar.
Malaver dijo que "entre 1993 y 1995 Venezuela vivió una crisis bancaria, que forzó la estatización de 60 por ciento del sector, pero entonces se trató de empresarios que aprovecharon la situación económica, pero en esta oportunidad se trata de individuos que han utilizado en su beneficio los resortes del poder y su cercanía con él". (FIN/2009)
CARACAS, 8 dic (IPS) - La caída de siete de los 60 bancos que tiene Venezuela permitió al presidente Hugo Chávez iniciar una cruzada anticorrupción, mientras sus opositores muestran presuntos lazos entre funcionarios y empresarios súbitamente enriquecidos.
Uno de los más cercanos colaboradores del mandatario, Jesse Chacón, debió renunciar a su cargo de ministro de Ciencia y Tecnología para franquear el paso a investigaciones, porque su hermano, Arné Chacón, fue detenido junto a otros siete dueños y directivos de bancos mientras la policía busca a una veintena de ejecutivos más.
"Los bancos intervenidos estaban dirigidos por delincuentes; quienes cometieron las irregularidades son estafadores. Unos están presos, a otros los están buscando. Estamos arreglando un entuerto que hizo una parte de la banca privada y sus redes de negocios especulativos", dijo Chávez en una de sus intervenciones sobre el tema.
La crisis estalló a mediados de noviembre, cuando cuatro pequeños bancos propiedad de Ricardo Fernández fueron intervenidos a puertas abiertas, es decir con posibilidad de retirar los depósitos. A fines de ese mes, en vista de las irregularidades comprobadas, la intervención cambió a puertas cerradas y hubo corridas de depositantes en otras instituciones financieras.
"No se equivoquen, aquí lo que va a caer es el sistema privado de bancos, no Chávez. Y le digo a todos los banqueros: el que se resbale, pierde; le quito el banco sin importar el tamaño. No tengo problema en nacionalizar toda la banca" si hace falta, clamó el mandatario.
La Fiscalía General comenzó a librar órdenes de captura contra banqueros como Chacón y Fernández, y la prensa publicó informes que relacionaban a los investigados con funcionarios del círculo más próximo al presidente.
Hubo reacciones de desencanto. Gabriela García, de 65 años, depositante en uno de los bancos intervenidos, dijo a IPS en Caracas que en esa entidad tenía sus " de años de trabajo". "Seguramente me los devolverán, pero me quedará la desconfianza de cuál será el próximo banco en caer y qué decidirá el gobierno entonces", añadió.
Desde San Cristóbal, ciudad del sudoeste fronterizo con Colombia, Genaro Rodríguez, un inmigrante del vecino país que manufactura y empaca dulces y chocolates, dijo a IPS que está "sacando todo el dinero que tenía en tres cuentas de bancos".
Piensa reunirlo y llevárselo a Colombia, donde perderá con el cambio, pero igual prefiere hacerlo porque "una parte quedará segura". El Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos presentaron un esquema para devolver a cada uno de las decenas de miles de ahorristas sus depósitos hasta un total de 4.600 dólares. En tanto que Chávez cambió su discurso hacia el ofrecimiento de garantías sobre la solidez de la banca privada, tras agradecer la cooperación de las principales instituciones.
"No se dejen llevar por los rumores, los necesitamos de nuestro lado. Esta revolución fortalece la propiedad privada", dijo entonces el mandatario. "Tomaré medidas drásticas de ser necesario", y "que vaya a prisión todo el que tenga que ir", agregó.
Los banqueros involucrados en el escándalo "son unos rateros de cuello blanco", escribió Chávez en su columna dominical de prensa.
"Pero aquí los delincuentes de cuello blanco van a parar a la cárcel", aseguró.
"En este momento buena parte del país ve a Chávez transfigurado en un San Jorge, que lanza en ristre va contra el dragón de la corrupción, embistiendo contra los ricos y contra algunas figuras de su entorno histórico", opinó Teodoro Petkoff, editor del diario opositor Tal Cual.
En cambio, el analista político Manuel Malaver dijo a IPS que "esta es una derrota política e ideológica para Chávez, porque al cabo de años pregonando un socialismo debe admitir, muy a su pesar, que la banca que favoreció no funciona sino la que sigue patrones capitalistas, que son los principales del país".
Los expertos concuerdan en alabar la sagacidad del mandatario, que ha presentado como un compromiso contra la corrupción la purga en el entorno empresarial que rodea a su gobierno y que sus opositores llaman "boliburguesía", aludiendo a ejecutivos aceleradamente enriquecidos por su vecindad con el partido chavista.
La estatización y reorganización de los bancos intervenidos por irregularidades, más las entidades que ya poseía el gobierno, dejan en sus manos una cuarta parte del negocio financieros en Venezuela.
El Estado es dueño de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una de las mayores empresas del Sur en desarrollo y proveedora de 90 por ciento de las divisas que ingresan al país, y de otras 12 de las primeras 15 firmas nacionales. Con las estatizaciones que Chávez ordena constantemente ha reunido hasta ahora en las arcas públicas desde hoteles hasta fábricas de jugos.
Pero un misterio, al margen de los fríos datos económicos, es cuánto erosionará o apuntalará al gobierno esta crisis de algunos bancos y la divulgación de presuntos lazos entre colaboradores del presidente y empresarios que usufructuaban recursos públicos.
Henry Ramos, secretario general del partido opositor Acción Democrática, dijo a IPS que "es imposible que Chávez desconociera el entramado de la corrupción, por ejemplo que un hermano del ministro Chacón hubiese comprado un banco hace tres años, después de no tener un centavo".
Chávez en sus intervenciones ha dicho que "la revolución (su gobierno) tenía los radares apagados.
¿Cómo es posible que Arné Chacón, un ‘pata-en-el-suelo’ (expresión coloquial venezolanisma que identifica a quien no puede comprar ni sandalias), de pronto aparezca como dueño de un banco y (costosos) caballos de carrera?"
Según las denuncias de Ramos, "una docena de boliburgueses, entre los que se encuentran Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente del gigante estatal Pdvsa, y Alejandro Andrade, tesorero de la Nación, coaligados con empresarios se han enriquecido mucho más rápido que los narcotraficantes".
Parte del enriquecimiento provendría de contratos diversos con el Estado, en particular de seguros, y de la manipulación cambiaria con títulos de deuda de Argentina y otros países, por miles de millones de dólares.
Esos bonos fueron pagados a la tasa de cambio oficial y luego colocados en instituciones que trabajaban con el Estado a un precio muy superior en bolívares, según las denuncias procesadas por Ramos.
El caso de Fernández sería emblemático, porque emergió como importador y luego empresario agroindustrial durante la huelga patronal y sindical de diciembre de 2002 y enero de 2003 que pretendió forzar la renuncia de Chávez y amenazó el abastecimiento del país en materia de alimentos y combustibles.
Convertido luego en gran abastecedor de las redes gubernamentales que venden en todo el país alimentos a precios subsidiados, Fernández acumuló una fortuna que la prensa local estima en más de 1.500 millones de dólares.
Al incursionar en el negocio bancario adquirió una entidad y luego otras tres, usando el dinero de depósitos públicos, según las denuncias. Sólo se estrelló cuando este noviembre intentó comprar una de las tres firmas de telefonía digital que operan en el país, sin demostrar satisfactoriamente el origen de los fondos, según el gobierno.
Los denunciantes desde la oposición sostienen que Fernández es apenas "la punta del iceberg" de la corrupción que involucraría a altos mandos del gobierno.
Una investigación del diario conservador El Universal, de Caracas, mostró nexos entre banqueros y otros empresarios, detenidos o prófugos, con Chacón, Andrade y Ramírez, pero también con Adán Chávez, gobernador del sudoccidental estado de Barinas y hermano del presidente, y con el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello.
También señaló como asociados a las redes al ex vicepresidente José Vicente Rangel, al ex ministro de Educación y ex alcalde caraqueño Aristóbulo Istúriz, y al general Hugo Carvajal, director de la Inteligencia Militar.
Malaver dijo que "entre 1993 y 1995 Venezuela vivió una crisis bancaria, que forzó la estatización de 60 por ciento del sector, pero entonces se trató de empresarios que aprovecharon la situación económica, pero en esta oportunidad se trata de individuos que han utilizado en su beneficio los resortes del poder y su cercanía con él". (FIN/2009)
miércoles, 16 de diciembre de 2009
JUVENTUD-MERCOSUR: Entre Internet y la desocupación
Por Pablo Alfano
MONTEVIDEO, 11 dic (IPS) - Es una de las tantas paradojas de la modernidad en el mundo en desarrollo. A pesar del mayor acceso y mejor manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los jóvenes del Mercosur afrontan muchos más obstáculos que sus mayores a la hora de traducir sus estudios en oportunidades laborales.
El voluminoso Informe sobre Desarrollo Humano para el Mercosur 2009-2010, elaborado por el PNUD, aporta datos reveladores sobre la situación, tan heterogénea, que afronta un joven uruguayo medio, uno de Asunción, otro nacido y educado en las "favelas" (barrio marginal) de Río de Janeiro o aquel que transita las calles de la periferia de Buenos Aires.
A pesar de las realidades sociales, económicas y geográficas tan disímiles, los más de 64 millones de jóvenes que viven en los cuatro países del Mercosur (Mercado Común del Sur) se muestran, en su mayoría, preocupados por el sentimiento creciente de inseguridad y la violencia, señala el documento presentado en sociedad este viernes en un acto en el Paraninfo de la estatal Universidad de la República, en Montevideo.
La preocupación por el cuidado del ambiente, la falta de oportunidades laborales, la demanda de espacios públicos para relacionarse y un nuevo vínculo de los jóvenes con sus familias, con mayor diálogo ya que consultan todas sus decisiones, incluso a la hora de emanciparse, aparecen como una constante en la investigación del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
El acto fue encabezado por la directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Rebeca Grynspan, en compañía del coordinador del trabajo, el boliviano Fernando Calderón, el coordinador residente del PNUD en Uruguay, Pablo Mandeville, y el pro-rector de Enseñanza de la Universidad de la República, Luis Calegari.
También fue parte de la presentación el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno, Conrado Ramos, y el presidente de la Comisión Permanente de Representantes del Mercosur, el argentino Carlos "Chacho" Álvarez.
Entre los asistentes estaban el coordinador académico del Observatorio del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Gerardo Caetano, el ex viceministro uruguayo de Educación Felipe Michelini, el viceministro del Interior, Ricardo Bernal, la ex ministra de Trabajo y dirigente del opositor Partido Nacional, Analía Piñeyrúa, legisladores del gobernante e izquierdista Frente Amplio y, obviamente, muchos jóvenes.
El informe, que cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hace añicos algunos mitos y muestra que, aunque Uruguay mantiene los mejores indicadores del bloque en materia de lucha contra la pobreza, en educación y salud, en los últimos años se estancó en varias áreas del desarrollo humano.
Por ejemplo, Uruguay muestra las mismas tasas de asistencia y finalización a la enseñanza secundaria desde hace 15 años, y ya fue superado por Brasil y Paraguay.
El avance más notorio en la materia se registra en Brasil, que estuvo históricamente rezagado, al pasar la tasa neta de asistencia a los estudios secundarios de 19 a 78 por ciento entre 1991 y 2005.
Para el pro rector Calegari, este estudio constituye un nuevo llamado de alerta para intentar comprender porqué los jóvenes uruguayos se han apartado, lentamente, de la enseñanza formal, "algo que nos desvela profundamente".
Brasil es, además, el país con el mayor incremento en la cantidad de líneas telefónicas, computadoras y usuarios de Internet, mientras que Paraguay es la nación que registra menos avances.
Se deja constancia, como indicó Calderón a IPS en la presentación a la prensa hecha el jueves, que los datos no pudieron, por el momento en que se recogieron, incluir los avances logrados en Uruguay por el Plan Ceibal, que completó este año la entrega de una computadora por cada alumnos de la escuela primaria.
La investigación señala también que 61 por ciento de los habitantes de las favelas cariocas tiene en su casa al menos un teléfono celular.
La investigación devela que en los países del bloque los jóvenes "se ven a sí mismos como sujetos de derechos que aspiran al empoderamiento tanto individual como colectivo y esto es un gran capital social para la región", comentó a IPS Grynspan.
NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS VALORES
La directora regional del PNUD sostuvo que, mientras los jóvenes reclaman, cada vez más, un mejor acceso a las TIC, al mismo tiempo pugnan por una mayor presencia en los espacios públicos (parques, plazas y otros) como una manera más directa y auténtica de socialización.
"De este estudio se desprende que quieren más Internet y más tecnología para comunicarse, pero también más espacios que no sean virtuales para mejorar las relaciones. Ellos mismos no quieren quedarse en un mundo meramente virtual", señaló Grynspan.
Calderón coincidió con Grynspan en la existencia de las mayores trabas que afrontan los jóvenes en la actualidad para lograr, sin traumas, la transición del mundo educativo al mercado laboral, algo que no se notaba tanto en las generaciones anteriores.
"Hay una tensión muy grande entre la creciente especialización educativa, que luego no se acompasa con la oferta del mercado laboral. Ellos sienten que es cada vez más difícil acceder a un empleo que les permita emanciparse de sus hogares, o mejorar la calidad de sus estudios", dijo a IPS el coordinador del estudio.
Opinó que la explosión de las nuevas tecnologías no es ni buena ni mala. "El mayor caudal de información es así, no es positivo, ni negativo, luego se verá la capacidad de cada uno de reflexionar, optar y manejar estos nuevos códigos de comunicación, sobre los que se están sentando las bases de nuevos valores para la sociedad".
EL VAIVÉN URUGUAYO
Aunque goza de los mejores índices de educación, salud y pobreza respecto del resto del bloque, la juventud de Uruguay no consigue tener una visión positiva del país, indica el estudio.
Al igual que el resto de los jóvenes del Mercosur, sus principales desvelos son las oportunidades laborales, el cuidado del ambiente, la seguridad y un mejor acceso a los espacios públicos de los que se sienten desplazados.
Los mayores problemas son la calidad de la educación, la emigración, una estructura demográfica que carga sobre los jóvenes el peso de la solidaridad intergeneracional, la subvaloración de sus capacidades y su escasa participación, agrega el estudio.
Actualmente, 23 por ciento de los uruguayos de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. Pero esta tendencia que venía en aumento, el año pasado comenzó a retroceder.
"Que la curva empezara a bajar nos puso contentos, pero es un disparate que la cuarta parte de la población juvenil no estudie ni trabaje", explicó para esta investigación Fernando Panizza, coordinador de Projoven, un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, en acuerdo con el Instituto Nacional de la Juventud.
"El gran problema es la deserción del sistema educativo. No les resulta atractivo, no logra retenerlos", apuntó.
El otro problema es la emigración juvenil, directamente relacionada con la escasa oferta de empleos accesibles y atractivos.
"Uruguay tiene un problema estructural, grave, que está dado por el tema demográfico, su tendencia a disminuir la población joven. Tiene una alta emigración de los sectores medios calificados: se van con 30 años, 35, 40, con sus hijos y con su potencial reproductivo también", sostuvo para este estudio Pablo Mazzini, del Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
"Por lo tanto, el peso de sostener una estructura de bienestar ¿en quién recae?: en 40 por ciento de los adolescentes y jóvenes", puntualizó.
La investigación reseña variadas críticas de la juventud uruguaya a la mentalidad un tanto conformista, al inmovilismo del "país de viejos", pero su contrapartida positiva es la humildad, un fuerte igualitarismo y la institucionalidad democrática.
"Quizás por eso sea bueno que todo lo que está plasmado en este informe pueda llevarse a la praxis, por el bien de este país y, sobre todo, del que vendrá", dijo al cierre de su exposición Conrado Ramos, mientras blandía con una de sus manos el voluminoso trabajo de 385 páginas. (FIN/2009)
MONTEVIDEO, 11 dic (IPS) - Es una de las tantas paradojas de la modernidad en el mundo en desarrollo. A pesar del mayor acceso y mejor manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los jóvenes del Mercosur afrontan muchos más obstáculos que sus mayores a la hora de traducir sus estudios en oportunidades laborales.
El voluminoso Informe sobre Desarrollo Humano para el Mercosur 2009-2010, elaborado por el PNUD, aporta datos reveladores sobre la situación, tan heterogénea, que afronta un joven uruguayo medio, uno de Asunción, otro nacido y educado en las "favelas" (barrio marginal) de Río de Janeiro o aquel que transita las calles de la periferia de Buenos Aires.
A pesar de las realidades sociales, económicas y geográficas tan disímiles, los más de 64 millones de jóvenes que viven en los cuatro países del Mercosur (Mercado Común del Sur) se muestran, en su mayoría, preocupados por el sentimiento creciente de inseguridad y la violencia, señala el documento presentado en sociedad este viernes en un acto en el Paraninfo de la estatal Universidad de la República, en Montevideo.
La preocupación por el cuidado del ambiente, la falta de oportunidades laborales, la demanda de espacios públicos para relacionarse y un nuevo vínculo de los jóvenes con sus familias, con mayor diálogo ya que consultan todas sus decisiones, incluso a la hora de emanciparse, aparecen como una constante en la investigación del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
El acto fue encabezado por la directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Rebeca Grynspan, en compañía del coordinador del trabajo, el boliviano Fernando Calderón, el coordinador residente del PNUD en Uruguay, Pablo Mandeville, y el pro-rector de Enseñanza de la Universidad de la República, Luis Calegari.
También fue parte de la presentación el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno, Conrado Ramos, y el presidente de la Comisión Permanente de Representantes del Mercosur, el argentino Carlos "Chacho" Álvarez.
Entre los asistentes estaban el coordinador académico del Observatorio del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Gerardo Caetano, el ex viceministro uruguayo de Educación Felipe Michelini, el viceministro del Interior, Ricardo Bernal, la ex ministra de Trabajo y dirigente del opositor Partido Nacional, Analía Piñeyrúa, legisladores del gobernante e izquierdista Frente Amplio y, obviamente, muchos jóvenes.
El informe, que cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hace añicos algunos mitos y muestra que, aunque Uruguay mantiene los mejores indicadores del bloque en materia de lucha contra la pobreza, en educación y salud, en los últimos años se estancó en varias áreas del desarrollo humano.
Por ejemplo, Uruguay muestra las mismas tasas de asistencia y finalización a la enseñanza secundaria desde hace 15 años, y ya fue superado por Brasil y Paraguay.
El avance más notorio en la materia se registra en Brasil, que estuvo históricamente rezagado, al pasar la tasa neta de asistencia a los estudios secundarios de 19 a 78 por ciento entre 1991 y 2005.
Para el pro rector Calegari, este estudio constituye un nuevo llamado de alerta para intentar comprender porqué los jóvenes uruguayos se han apartado, lentamente, de la enseñanza formal, "algo que nos desvela profundamente".
Brasil es, además, el país con el mayor incremento en la cantidad de líneas telefónicas, computadoras y usuarios de Internet, mientras que Paraguay es la nación que registra menos avances.
Se deja constancia, como indicó Calderón a IPS en la presentación a la prensa hecha el jueves, que los datos no pudieron, por el momento en que se recogieron, incluir los avances logrados en Uruguay por el Plan Ceibal, que completó este año la entrega de una computadora por cada alumnos de la escuela primaria.
La investigación señala también que 61 por ciento de los habitantes de las favelas cariocas tiene en su casa al menos un teléfono celular.
La investigación devela que en los países del bloque los jóvenes "se ven a sí mismos como sujetos de derechos que aspiran al empoderamiento tanto individual como colectivo y esto es un gran capital social para la región", comentó a IPS Grynspan.
NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS VALORES
La directora regional del PNUD sostuvo que, mientras los jóvenes reclaman, cada vez más, un mejor acceso a las TIC, al mismo tiempo pugnan por una mayor presencia en los espacios públicos (parques, plazas y otros) como una manera más directa y auténtica de socialización.
"De este estudio se desprende que quieren más Internet y más tecnología para comunicarse, pero también más espacios que no sean virtuales para mejorar las relaciones. Ellos mismos no quieren quedarse en un mundo meramente virtual", señaló Grynspan.
Calderón coincidió con Grynspan en la existencia de las mayores trabas que afrontan los jóvenes en la actualidad para lograr, sin traumas, la transición del mundo educativo al mercado laboral, algo que no se notaba tanto en las generaciones anteriores.
"Hay una tensión muy grande entre la creciente especialización educativa, que luego no se acompasa con la oferta del mercado laboral. Ellos sienten que es cada vez más difícil acceder a un empleo que les permita emanciparse de sus hogares, o mejorar la calidad de sus estudios", dijo a IPS el coordinador del estudio.
Opinó que la explosión de las nuevas tecnologías no es ni buena ni mala. "El mayor caudal de información es así, no es positivo, ni negativo, luego se verá la capacidad de cada uno de reflexionar, optar y manejar estos nuevos códigos de comunicación, sobre los que se están sentando las bases de nuevos valores para la sociedad".
EL VAIVÉN URUGUAYO
Aunque goza de los mejores índices de educación, salud y pobreza respecto del resto del bloque, la juventud de Uruguay no consigue tener una visión positiva del país, indica el estudio.
Al igual que el resto de los jóvenes del Mercosur, sus principales desvelos son las oportunidades laborales, el cuidado del ambiente, la seguridad y un mejor acceso a los espacios públicos de los que se sienten desplazados.
Los mayores problemas son la calidad de la educación, la emigración, una estructura demográfica que carga sobre los jóvenes el peso de la solidaridad intergeneracional, la subvaloración de sus capacidades y su escasa participación, agrega el estudio.
Actualmente, 23 por ciento de los uruguayos de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. Pero esta tendencia que venía en aumento, el año pasado comenzó a retroceder.
"Que la curva empezara a bajar nos puso contentos, pero es un disparate que la cuarta parte de la población juvenil no estudie ni trabaje", explicó para esta investigación Fernando Panizza, coordinador de Projoven, un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, en acuerdo con el Instituto Nacional de la Juventud.
"El gran problema es la deserción del sistema educativo. No les resulta atractivo, no logra retenerlos", apuntó.
El otro problema es la emigración juvenil, directamente relacionada con la escasa oferta de empleos accesibles y atractivos.
"Uruguay tiene un problema estructural, grave, que está dado por el tema demográfico, su tendencia a disminuir la población joven. Tiene una alta emigración de los sectores medios calificados: se van con 30 años, 35, 40, con sus hijos y con su potencial reproductivo también", sostuvo para este estudio Pablo Mazzini, del Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
"Por lo tanto, el peso de sostener una estructura de bienestar ¿en quién recae?: en 40 por ciento de los adolescentes y jóvenes", puntualizó.
La investigación reseña variadas críticas de la juventud uruguaya a la mentalidad un tanto conformista, al inmovilismo del "país de viejos", pero su contrapartida positiva es la humildad, un fuerte igualitarismo y la institucionalidad democrática.
"Quizás por eso sea bueno que todo lo que está plasmado en este informe pueda llevarse a la praxis, por el bien de este país y, sobre todo, del que vendrá", dijo al cierre de su exposición Conrado Ramos, mientras blandía con una de sus manos el voluminoso trabajo de 385 páginas. (FIN/2009)
lunes, 14 de diciembre de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Energía nuclear no es solución
Neena Bhandari entrevista a la activista SUE WAREHAM
MELBOURNE, 9 dic (IPS) - Pacifistas y expertos reclaman la rápida abolición de las armas nucleares porque ponen en riesgo la existencia misma de la Tierra. Además sostienen que la energía atómica no es una solución al cambio climático.
Sue Wareham integra el directorio australiano de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas), que llama a los gobiernos a negociar una convención que prohíba su desarrollo, los ensayos, su producción y su uso.
Hay que aprovechar el poder de la fe para lograr la paz mediante el desarme, la abolición de las armas nucleares, la erradicación de la pobreza y las acciones contra el cambio climático, señaló Wareham frente al Parlamento de las Religiones del Mundo durante uno de los encuentros dedicados a la temática en esta ciudad australiana.
Este miércoles fue el último de los siete días de reuniones del Parlamento, que agrupa a comunidades religiosas y espirituales de diferentes partes del mundo para discutir asuntos relacionados con la paz, la diversidad y la sustentabilidad.
Wareham cree que su trabajo en la Asociación Médica para la Prevención de la Guerra (MAPW, por sus siglas en inglés) de Australia, de la que fue presidenta, es fundamental en el marco de su compromiso para proteger la vida y mejorar el bienestar humano.
Médica de profesión, Wareham conversó con IPS sobre su pasión por la búsqueda de un mundo sin armas nucleares.
IPS: ¿Por qué hay un sentimiento de urgencia para abolir ya las armas nucleares?
SUE WAREHAM: Una de las razones por las que este asunto se vuelve cada vez más urgente es que en mayo de 2010 es la revisión quinquenal del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TPN).
Está más que claro que a menos que se avance hacia el desarme y que los estados con armas nucleares den señales claras de que están dispuestos a tomar medidas para deshacerse de ellas, no podremos evitar su propagación.
El desarme atómico y la no proliferación nuclear deben ir de la mano.
IPS: ICAN aboga por crear una convención sobre armas nucleares. ¿Usted cree que es factible?
SW: Definitivamente, factible y necesario. Llamamos a todas las personas a que presionen a sus gobiernos para que promuevan una convención sobre armas nucleares durante la conferencia del TPN del año que viene. Creemos que es el camino más prometedor para que el mundo avance hacia su abolición.
El acuerdo fijaría las mismas reglas para todos los países, uno de los mayores problemas en este momento, que hay un conjunto de normas para los que tienen armas nucleares y otras para los que no las tienen.
IPS: ¿Le parece que la energía atómica, que no libera dióxido de carbono, es la panacea contra los problemas que supone el cambio climático y debe sustituir a las plantas de generación eléctrica a carbón?
SW: La energía nuclear no es una forma sensata de responder al cambio climático. Hay limitaciones físicas a la cantidad de plantas que se van a poder construir en los próximos 10 años, aproximadamente.
Incluso si hay un mayor desarrollo de la energía atómica, será muy lento porque lleva entre 10 y 15 años lograr que una planta nuclear alcance el punto necesario para producir electricidad. Necesitamos tomar medidas más rápidas.
Además, su vínculo con las armas es especialmente importante. Definitivamente hay una relación entre los ciclos de combustible militar y civil, y ése es un problema particular que seguirá existiendo mientras haya energía nuclear.
También está el problema de los desperdicios nucleares, al que ningún país le ha dado solución. Nos parece inaceptable que esta generación le deje esos residuos a las que vendrán. La realidad tecnológica y práctica es que no tenemos forma de separar los deshechos atómicos del ambiente.
Nuestro mensaje es que el mundo debe destinar una cantidad significativa de dinero a la promoción, el desarrollo y la implementación de energías renovables, como la solar, la eólica, la geotérmica y los biocombustibles, que han sido subutilizadas y no han recibido los fondos necesarios.
IPS: ¿Usted cree que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) logró frenar la propagación de las armas nucleares o piensa que ha quedado de rehén de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad?
SW: La Asamblea General de la ONU saca todos los años una buena cantidad de resoluciones a favor del desarme nuclear y trata de promover este asunto. Creo que tenemos que diferenciar al foro mundial de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad.
Los cinco miembros del Consejo de Seguridad tienen armas nucleares y es asombroso que la seguridad del mundo esté depositada en las manos de cinco estados que tienen las peores armas de terror.
IPS: En lo que a posesión de armas se refiere, ¿no hay un doble discurso para ricos y pobres?
SW: Hay unas 25.000 armas atómicas en el mundo en manos de nueve países, y ellos son los que realmente tienen de rehén al mundo. Notamos que algunos de ellos son los que más abogan por que otras naciones no las adquieran.
Además de ellos, hay un grupo de países, incluida Australia, que alegan estar protegidos por un "paraguas nuclear" (alianza entre Estados Unidos y países sin armas atómica basada en el concepto de que les dan seguridad), lo que también nos parece un problema.
El gobierno australiano, por ejemplo, pide a países como Irán que no se doten de armas nucleares, pero alega necesitar la protección de un "paraguas nuclear".
IPS: ¿Por qué la humanidad no ha podido afrontar el desafío de las armas nucleares con celeridad y de forma efectiva?
SW: Las naciones con armas nucleares han justificado su beneficio en base a la teoría de la "disuasión", lo que, según arguyen, evita que se desate una guerra entre ellas.
Pero es una teoría errónea porque, como vemos, así como algunas creen que tienen derecho a tener armas, otras reclaman el mismo beneficio. Es una receta para que cada país tenga el arsenal más destructivo del mundo.
Todos los países deben acatar la misma norma, que todas las armas de destrucción masiva, en especial las atómicas que son las más atemorizantes, sean destruidas.
IPS: ¿Qué pueden hacer las comunidades religiosas y espirituales para eliminar las armas de destrucción masiva?
SW: Una de las grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo y algo que todas las religiones deben comprender es que las nucleares son las armas más destructivas y amenazadoras que se hayan creado.
Por eso creemos que las personas que se interesan y se apasionan por las cuestiones éticas tienen la responsabilidad de abogar por la abolición de las armas nucleares.
IPS: Como médica, ¿de dónde surge su pasión por la cuestión del desarme nuclear y qué alimenta su afán por lograr un mundo libre de armas atómicas?
SW: Las armas nucleares son absolutamente destructivas. Ridiculizan nuestra labor como médicos que salvamos una vida a la vez. Ponen en riesgo a miles de personas al mismo tiempo e incluso a las futuras generaciones.
(FIN/2009)
MELBOURNE, 9 dic (IPS) - Pacifistas y expertos reclaman la rápida abolición de las armas nucleares porque ponen en riesgo la existencia misma de la Tierra. Además sostienen que la energía atómica no es una solución al cambio climático.
Sue Wareham integra el directorio australiano de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas), que llama a los gobiernos a negociar una convención que prohíba su desarrollo, los ensayos, su producción y su uso.
Hay que aprovechar el poder de la fe para lograr la paz mediante el desarme, la abolición de las armas nucleares, la erradicación de la pobreza y las acciones contra el cambio climático, señaló Wareham frente al Parlamento de las Religiones del Mundo durante uno de los encuentros dedicados a la temática en esta ciudad australiana.
Este miércoles fue el último de los siete días de reuniones del Parlamento, que agrupa a comunidades religiosas y espirituales de diferentes partes del mundo para discutir asuntos relacionados con la paz, la diversidad y la sustentabilidad.
Wareham cree que su trabajo en la Asociación Médica para la Prevención de la Guerra (MAPW, por sus siglas en inglés) de Australia, de la que fue presidenta, es fundamental en el marco de su compromiso para proteger la vida y mejorar el bienestar humano.
Médica de profesión, Wareham conversó con IPS sobre su pasión por la búsqueda de un mundo sin armas nucleares.
IPS: ¿Por qué hay un sentimiento de urgencia para abolir ya las armas nucleares?
SUE WAREHAM: Una de las razones por las que este asunto se vuelve cada vez más urgente es que en mayo de 2010 es la revisión quinquenal del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TPN).
Está más que claro que a menos que se avance hacia el desarme y que los estados con armas nucleares den señales claras de que están dispuestos a tomar medidas para deshacerse de ellas, no podremos evitar su propagación.
El desarme atómico y la no proliferación nuclear deben ir de la mano.
IPS: ICAN aboga por crear una convención sobre armas nucleares. ¿Usted cree que es factible?
SW: Definitivamente, factible y necesario. Llamamos a todas las personas a que presionen a sus gobiernos para que promuevan una convención sobre armas nucleares durante la conferencia del TPN del año que viene. Creemos que es el camino más prometedor para que el mundo avance hacia su abolición.
El acuerdo fijaría las mismas reglas para todos los países, uno de los mayores problemas en este momento, que hay un conjunto de normas para los que tienen armas nucleares y otras para los que no las tienen.
IPS: ¿Le parece que la energía atómica, que no libera dióxido de carbono, es la panacea contra los problemas que supone el cambio climático y debe sustituir a las plantas de generación eléctrica a carbón?
SW: La energía nuclear no es una forma sensata de responder al cambio climático. Hay limitaciones físicas a la cantidad de plantas que se van a poder construir en los próximos 10 años, aproximadamente.
Incluso si hay un mayor desarrollo de la energía atómica, será muy lento porque lleva entre 10 y 15 años lograr que una planta nuclear alcance el punto necesario para producir electricidad. Necesitamos tomar medidas más rápidas.
Además, su vínculo con las armas es especialmente importante. Definitivamente hay una relación entre los ciclos de combustible militar y civil, y ése es un problema particular que seguirá existiendo mientras haya energía nuclear.
También está el problema de los desperdicios nucleares, al que ningún país le ha dado solución. Nos parece inaceptable que esta generación le deje esos residuos a las que vendrán. La realidad tecnológica y práctica es que no tenemos forma de separar los deshechos atómicos del ambiente.
Nuestro mensaje es que el mundo debe destinar una cantidad significativa de dinero a la promoción, el desarrollo y la implementación de energías renovables, como la solar, la eólica, la geotérmica y los biocombustibles, que han sido subutilizadas y no han recibido los fondos necesarios.
IPS: ¿Usted cree que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) logró frenar la propagación de las armas nucleares o piensa que ha quedado de rehén de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad?
SW: La Asamblea General de la ONU saca todos los años una buena cantidad de resoluciones a favor del desarme nuclear y trata de promover este asunto. Creo que tenemos que diferenciar al foro mundial de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad.
Los cinco miembros del Consejo de Seguridad tienen armas nucleares y es asombroso que la seguridad del mundo esté depositada en las manos de cinco estados que tienen las peores armas de terror.
IPS: En lo que a posesión de armas se refiere, ¿no hay un doble discurso para ricos y pobres?
SW: Hay unas 25.000 armas atómicas en el mundo en manos de nueve países, y ellos son los que realmente tienen de rehén al mundo. Notamos que algunos de ellos son los que más abogan por que otras naciones no las adquieran.
Además de ellos, hay un grupo de países, incluida Australia, que alegan estar protegidos por un "paraguas nuclear" (alianza entre Estados Unidos y países sin armas atómica basada en el concepto de que les dan seguridad), lo que también nos parece un problema.
El gobierno australiano, por ejemplo, pide a países como Irán que no se doten de armas nucleares, pero alega necesitar la protección de un "paraguas nuclear".
IPS: ¿Por qué la humanidad no ha podido afrontar el desafío de las armas nucleares con celeridad y de forma efectiva?
SW: Las naciones con armas nucleares han justificado su beneficio en base a la teoría de la "disuasión", lo que, según arguyen, evita que se desate una guerra entre ellas.
Pero es una teoría errónea porque, como vemos, así como algunas creen que tienen derecho a tener armas, otras reclaman el mismo beneficio. Es una receta para que cada país tenga el arsenal más destructivo del mundo.
Todos los países deben acatar la misma norma, que todas las armas de destrucción masiva, en especial las atómicas que son las más atemorizantes, sean destruidas.
IPS: ¿Qué pueden hacer las comunidades religiosas y espirituales para eliminar las armas de destrucción masiva?
SW: Una de las grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo y algo que todas las religiones deben comprender es que las nucleares son las armas más destructivas y amenazadoras que se hayan creado.
Por eso creemos que las personas que se interesan y se apasionan por las cuestiones éticas tienen la responsabilidad de abogar por la abolición de las armas nucleares.
IPS: Como médica, ¿de dónde surge su pasión por la cuestión del desarme nuclear y qué alimenta su afán por lograr un mundo libre de armas atómicas?
SW: Las armas nucleares son absolutamente destructivas. Ridiculizan nuestra labor como médicos que salvamos una vida a la vez. Ponen en riesgo a miles de personas al mismo tiempo e incluso a las futuras generaciones.
(FIN/2009)
CAMBIO CLIMÁTICO-EEUU: Petrodólares compran política ambiental
Por Adrianne Appel
BOSTON, Estados Unidos, 7 dic (IPS/TerraViva) - La delegación estadounidense se fue con las manos casi vacías a la conferencia de cambio climático que comenzó este lunes en Copenhague, porque las empresas de petróleo y gas imponen sus intereses con donaciones a legisladores, denuncian organizaciones no gubernamentales.
Las próximas elecciones legislativas están previstas sólo para noviembre de 2010, pero los intereses del petróleo y el gas ya donaron a las campañas políticas de los representantes 4,4 millones de dólares desde el 1 de enero de 2009.
El Center for Responsive Politics, una organización que investiga los vínculos entre las empresas que donan dinero y la política legislativa y electoral, contó a 321 ex legisladores y empleados del Congreso que ahora representan los intereses del sector energético.
"Los intereses empresariales son los que pagan nuestras campañas políticas. En cierto sentido están comprando el acceso" a la legislación, dijo a TerraViva Mary Boyle, portavoz de Common Cause, una organización no gubernamental que vigila el funcionamiento del sistema de gobierno de este país.
"Tienen una voz muy poderosa y un papel muy fuerte a la hora de fijar nuestra agenda política", aseguró Boyle.
Entre las empresas con influencia en el Congreso de Estados Unidos, las del sector petrolero y del gas ejercen un poder especial, y se unieron para influir en el proceso de redacción del proyecto de ley sobre cambio climático que aprobó en junio la Cámara de Representantes.
El proyecto propone reducir las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en 17 por ciento para 2020, tomando como base indicadores de 2005. Eso es aproximadamente cuatro por ciento por debajo de los niveles de 1990, muy lejos de la merma de 40 por ciento recomendada por científicos para impedir que la temperatura promedio de la Tierra suba dos grados, lo cual tendría consecuencias catastróficas.
Una iniciativa similar se encuentra ante consideración del Senado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya presencia en Copenhague está prevista para el último día de la conferencia, el viernes 18, dijo que Washington propondrá la fórmula del 17 por ciento como punto de partida para las negociaciones.
"Hay miles de representantes de los intereses empresariales que cortejan al Congreso y superan por lejos a quienes están de nuestro lado. Lo que salió es un proyecto de ley climático que favorece al sector industrial", sostuvo Kert Davies, director de investigación de la organización ecologista Greenpeace Estados Unidos.
La firma petrolera Chevron lidera la lista de donaciones políticas, con 328.000 dólares entregados, seguida por Koch, a la cual pertenece el Koch Petroleum Group, con 308.000 dólares, Valero Industry con 289.000 dólares y Exxon Mobil con 273.000 dólares.
"Siete de las 10 mayores empresas del mundo son petroleras, según sus ingresos. El dinero que tienen a su disposición les da una voz enorme en el sistema político estadounidense", declaró a TerraViva la experta en estas industrias Antonia Juhasz.
El sector destina su dinero a los legisladores con jurisdicción en la legislación relacionada con la energía, como el proyecto de ley sobre cambio climático ante el senado.
La senadora demócrata Blanche Lincoln y su par republicana Lisa Murkowsky, ambas de la comisión de Energía y Recursos Naturales, recibieron este año 210.000 dólares y 139.000 dólares respectivamente del sector de hidrocarburos.
El senador republicano David Vitter, de la comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas, aceptó 157.000 dólares.
Las empresas también envían sus agentes a las oficinas de los legisladores para convencerlos de incluir o excluir disposiciones en el proyecto de cambio climático y otras iniciativas de su interés.
Las empresas de petróleo y gas gastaron 121 millones de dólares para enviar 745 agentes de presión al Congreso entre el 1 de enero y el 26 de octubre. También donaron dinero a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que hace lobby cada vez más en pos de los intereses petroleros, para el proyecto de cambio climático y otras iniciativas legislativas, indicó Juhasz.
"La industria petrolera está unida en su oposición a la legislación sobre el clima. La (asociación de empresas) American Petroleum Institute, liderada por Exxon Mobil, tuvo un papel destacado en el intento de influir sobre el Congreso, con una campaña muy sofisticada que desacreditaba los indicios del cambio climático", aseguró a TerraViva el director de Energía de Public Citizen, Tyson Slocum. Esta organización es defensora del derechos de los consumidores.
Un destello de esperanza es que el gobierno de Obama, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), tiene la potestad de reducir considerablemente las emisiones de algunos gases invernadero, sin la aprobación previa del Congreso, explicó Slocum.
Sin embargo, el proyecto climático que aprobó la cámara alta procura limitar la autoridad de la EPA en lo que constituye una evidente concesión a la industria contaminante, dijo Slocum. El proyecto no se convertirá en ley a menos que lo apruebe el Congreso en pleno el año próximo.
Muchos de los agentes de presión de las empresas son ex funcionarios de gobierno o del Congreso. Lisa Barry, por ejemplo, es ex secretaria adjunta del Departamento de Comercio de Estados Unidos y ahora se vincula con los legisladores en representación de Chevron, según datos del Center for Responsive Politics.
El ex legislador Vic Fazio ahora representa a la firma petrolera Royal Dutch Shell y otras empresas.
"Que sigamos teniendo un sistema de energía basado en combustibles fósiles y no hayamos transitado hacia los combustibles alternativos se debe a que en Estados Unidos existe un enorme grupo de presión a favor de estas industrias que evitó tomar el camino más sostenible y benigno para el clima, y en virtud de la seguridad nacional", sostuvo Nick Nyhart, presidente de Public Campaign.(FIN/2009)
BOSTON, Estados Unidos, 7 dic (IPS/TerraViva) - La delegación estadounidense se fue con las manos casi vacías a la conferencia de cambio climático que comenzó este lunes en Copenhague, porque las empresas de petróleo y gas imponen sus intereses con donaciones a legisladores, denuncian organizaciones no gubernamentales.
Las próximas elecciones legislativas están previstas sólo para noviembre de 2010, pero los intereses del petróleo y el gas ya donaron a las campañas políticas de los representantes 4,4 millones de dólares desde el 1 de enero de 2009.
El Center for Responsive Politics, una organización que investiga los vínculos entre las empresas que donan dinero y la política legislativa y electoral, contó a 321 ex legisladores y empleados del Congreso que ahora representan los intereses del sector energético.
"Los intereses empresariales son los que pagan nuestras campañas políticas. En cierto sentido están comprando el acceso" a la legislación, dijo a TerraViva Mary Boyle, portavoz de Common Cause, una organización no gubernamental que vigila el funcionamiento del sistema de gobierno de este país.
"Tienen una voz muy poderosa y un papel muy fuerte a la hora de fijar nuestra agenda política", aseguró Boyle.
Entre las empresas con influencia en el Congreso de Estados Unidos, las del sector petrolero y del gas ejercen un poder especial, y se unieron para influir en el proceso de redacción del proyecto de ley sobre cambio climático que aprobó en junio la Cámara de Representantes.
El proyecto propone reducir las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en 17 por ciento para 2020, tomando como base indicadores de 2005. Eso es aproximadamente cuatro por ciento por debajo de los niveles de 1990, muy lejos de la merma de 40 por ciento recomendada por científicos para impedir que la temperatura promedio de la Tierra suba dos grados, lo cual tendría consecuencias catastróficas.
Una iniciativa similar se encuentra ante consideración del Senado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya presencia en Copenhague está prevista para el último día de la conferencia, el viernes 18, dijo que Washington propondrá la fórmula del 17 por ciento como punto de partida para las negociaciones.
"Hay miles de representantes de los intereses empresariales que cortejan al Congreso y superan por lejos a quienes están de nuestro lado. Lo que salió es un proyecto de ley climático que favorece al sector industrial", sostuvo Kert Davies, director de investigación de la organización ecologista Greenpeace Estados Unidos.
La firma petrolera Chevron lidera la lista de donaciones políticas, con 328.000 dólares entregados, seguida por Koch, a la cual pertenece el Koch Petroleum Group, con 308.000 dólares, Valero Industry con 289.000 dólares y Exxon Mobil con 273.000 dólares.
"Siete de las 10 mayores empresas del mundo son petroleras, según sus ingresos. El dinero que tienen a su disposición les da una voz enorme en el sistema político estadounidense", declaró a TerraViva la experta en estas industrias Antonia Juhasz.
El sector destina su dinero a los legisladores con jurisdicción en la legislación relacionada con la energía, como el proyecto de ley sobre cambio climático ante el senado.
La senadora demócrata Blanche Lincoln y su par republicana Lisa Murkowsky, ambas de la comisión de Energía y Recursos Naturales, recibieron este año 210.000 dólares y 139.000 dólares respectivamente del sector de hidrocarburos.
El senador republicano David Vitter, de la comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas, aceptó 157.000 dólares.
Las empresas también envían sus agentes a las oficinas de los legisladores para convencerlos de incluir o excluir disposiciones en el proyecto de cambio climático y otras iniciativas de su interés.
Las empresas de petróleo y gas gastaron 121 millones de dólares para enviar 745 agentes de presión al Congreso entre el 1 de enero y el 26 de octubre. También donaron dinero a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que hace lobby cada vez más en pos de los intereses petroleros, para el proyecto de cambio climático y otras iniciativas legislativas, indicó Juhasz.
"La industria petrolera está unida en su oposición a la legislación sobre el clima. La (asociación de empresas) American Petroleum Institute, liderada por Exxon Mobil, tuvo un papel destacado en el intento de influir sobre el Congreso, con una campaña muy sofisticada que desacreditaba los indicios del cambio climático", aseguró a TerraViva el director de Energía de Public Citizen, Tyson Slocum. Esta organización es defensora del derechos de los consumidores.
Un destello de esperanza es que el gobierno de Obama, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), tiene la potestad de reducir considerablemente las emisiones de algunos gases invernadero, sin la aprobación previa del Congreso, explicó Slocum.
Sin embargo, el proyecto climático que aprobó la cámara alta procura limitar la autoridad de la EPA en lo que constituye una evidente concesión a la industria contaminante, dijo Slocum. El proyecto no se convertirá en ley a menos que lo apruebe el Congreso en pleno el año próximo.
Muchos de los agentes de presión de las empresas son ex funcionarios de gobierno o del Congreso. Lisa Barry, por ejemplo, es ex secretaria adjunta del Departamento de Comercio de Estados Unidos y ahora se vincula con los legisladores en representación de Chevron, según datos del Center for Responsive Politics.
El ex legislador Vic Fazio ahora representa a la firma petrolera Royal Dutch Shell y otras empresas.
"Que sigamos teniendo un sistema de energía basado en combustibles fósiles y no hayamos transitado hacia los combustibles alternativos se debe a que en Estados Unidos existe un enorme grupo de presión a favor de estas industrias que evitó tomar el camino más sostenible y benigno para el clima, y en virtud de la seguridad nacional", sostuvo Nick Nyhart, presidente de Public Campaign.(FIN/2009)
sábado, 12 de diciembre de 2009
MUJERES: Sudáfrica con una de las menores brechas de género
Miren Gutiérrez entrevista a SAADIA ZAHIDI, coautora del Índice de Brecha Global de Género
ROMA, dic (IPS) - "Está claro que dentro de África subsahariana hay enormes diferencias, pero en general la región se desempeña extremadamente bien en términos de empoderamiento político", dijo a IPS Saadia Zahidi, directora del Programa para la Igualdad de Género y Mujeres Líderes del Foro Económico Mundial.
Pero ¿cuáles son los asuntos pendientes en la región?
El Índice de Brecha Global de Género elaborado por el Foro Económico Mundial actualmente clasifica a 134 países según la igualdad de género, y está diseñado para medir las brechas en el acceso a recursos y oportunidades en cada país. Considera cuatro factores: la participación y oportunidad económica, los logros educativos, el empoderamiento político, y la salud y supervivencia de las mujeres.
En una entrevista telefónica con IPS desde Ginebra, Zahidi habló sobre casos concretos en base a datos revelados en el Índice, y analizó el surgimiento de Sudáfrica como uno de los países con menor brecha de género, entre otras tendencias de la región subsahariana.
IPS: La sorpresa es Sudáfrica, que pasó del puesto 22 en 2008 al sexto este año. ¿Qué cambió?
SAADIA ZAHIDI: Los datos revelan que Sudáfrica logró mejoras significativas en la participación femenina en la fuerza laboral, además de triunfos para las mujeres en puestos parlamentarios y ministeriales del nuevo gobierno.
En otros países hemos visto mejoras solamente en una variable, mientras que en Sudáfrica hemos visto mejoras claras tanto en la participación política como en el mercado laboral. Pero aunque el Índice muestra un salto, es posible que se haya tratado más bien de un cambio gradual en los últimos dos años, en términos de acceso laboral, dado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualizó estos datos hace poco, y estamos viendo el cambio ahora (en el Índice).
IPS: Pero estamos hablando de un país que ocupa el primer puesto en materia de violaciones por persona (1,19 por cada 1.000 personas), según el Séptimo Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal Correspondiente al Periodo 1998-2000. ¿Cómo puede Sudáfrica estar en una posición tan privilegiada del Índice mientras experimenta esta realidad?
SZ: Para esta pregunta hay varias respuestas. Vemos diversas situaciones comparables, donde se registran mejoras en algunas variables, combinadas con desempeños muy pobres en otros.
Por ejemplo, India es un país de rápido crecimiento que tiene un mal lugar en el Índice (puesto 114, debido a su deficiente desempeño en la participación política y económica), con enormes problemas como el infanticidio femenino y los abortos selectivos. Esta clase de discriminación ocurre en sociedades altamente desiguales, donde hay un gran sector de la población que es pobre, luego una clase media emergente, y una elite muy rica.
Otro caso es Brasil (82), que ciertamente se desempeña mal en materia de empoderamiento político (mientras que lo hace muy bien en términos de acceso a educación y salud para las mujeres).
Sin embargo, el Índice no se fija en la violencia contra las mujeres y otros temas de género similares. Ve a las mujeres como recursos, (centrándose) en cuán bien un país determinado invierte en esos recursos (en términos de educación y salud) y en cómo esos recursos son puestos a producir. Y medimos brechas, no niveles.
Pero si se mira la información adicional que hay al final del informe, (se ve que) los derechos básicos y las variables sociales institucionales están consideradas, entre ellas la salud materna, la mutilación genital femenina, la poligamia y la existencia de legislación que castiga actos de violencia contra las mujeres en una escala de cero a uno, donde cero es el mejor puntaje.
Sudáfrica se ubica en 0,42 en materia de legislación que castiga la violencia contra las mujeres, y en 0,50 en materia de poligamia, así que hay muchas cosas que tienen que mejorar.
Sin embargo, incluso los mejores países, como Islandia (uno) o Suecia (cuatro) todavía no han superado totalmente las brechas de género.
IPS: Lesotho avanzó seis posiciones, pasando de la 16 a la 10. Entre los 10 países que encabezan el Índice, hay seis europeos, dos africanos y dos de la región Asia-Pacífico. ¿Esto quiere decir algo sobre África en general?
SZ: Pienso que hay enormes diferencias en las clasificaciones de toda África subsahariana. No puedo hacer una declaración sobre la región en su totalidad. Por ejemplo, Chad (133) y Etiopía (122) están muy al final de la lista mundial.
Pero podemos decir que la región tiene una clara fortaleza en términos de participación económica y política para las mujeres. En general, África subsahariana tiene un mejor desempeño que Medio Oriente y África del Norte, Asia, y América Latina y el Caribe, y está casi a la par de Europa oriental y occidental. En términos de empoderamiento político, aunque las puntuaciones sean bajas, la región subsahariana se desempeña mejor que Medio Oriente y África del Norte (las peores), Europa oriental, América Latina y el Caribe, y América del Norte.
Sin embargo, hay un largo camino que recorrer en materia de educación y salud. La región en general tiene la calificación más baja del mundo, y en cuanto a salud tiene la segunda más baja, después de Asia.
IPS: En medio de una crisis económica mundial, el Índice sugiere que hay un vínculo directo entre una pequeña brecha de género y un alto desempeño económico.
SZ: Depende de cómo se mire el género. Se lo puede ver como una cuestión de igualdad y derechos humanos. Y está claro que debería haber derechos iguales para todos. Pero una segunda razón es la eficiencia. Las mujeres constituyen la mitad de los recursos humanos. Cuán bien use un país sus recursos humanos afectará su desempeño. Y vemos una correlación entre el Índice de Brecha Global de Género y el Índice de Competitividad Global (del Foro Económico Mundial).
En un sentido amplio, hay tres grupos de países. El primero incluye a aquellos donde las mujeres no acceden a lo básico, salud y educación. Y no se puede avanzar en lo económico y en lo político sin ellas.
El segundo incluye a países cuya población, en general, tiene acceso a salud y educación, que han hecho la inversión pero todavía no han recibido la recompensa, porque no han invertido suficiente en eliminar las barreras a la participación económica y política.
El tercero incluye a países que han hecho las inversiones necesarias en el acceso a salud y educación, y también en cambiar los niveles de ingreso a las esferas política y económica. Pero esto no es suficiente porque todavía persisten algunas barreras y las mujeres se estancan en cierto punto. Entre estos países figuran Suecia (cuatro), Dinamarca (siete) y Estados Unidos (31). Las últimas barreras no han sido eliminadas.
IPS: ¿Y Sudáfrica?
SZ: Hay excepciones, y Sudáfrica es una de ellas. Se está desempeñando bastante bien, en términos relativos. Por ejemplo, en materia de educación, el puntaje es 99 por ciento de la educación que reciben los hombres, lo que es extremadamente alto.
Los países que están reduciendo sus brechas en educación y salud, o que están cerca de lograrlo, empiezan a desempeñarse bien en otras variables, independientemente de los ingresos o los recursos. El Índice no se fija en niveles generales de desarrollo, sino en cuán equitativamente se distribuyen los recursos. Y Sudáfrica, aunque es más pobre que Suecia, se ubica en un puesto bastante alto.(FIN/2009)
ROMA, dic (IPS) - "Está claro que dentro de África subsahariana hay enormes diferencias, pero en general la región se desempeña extremadamente bien en términos de empoderamiento político", dijo a IPS Saadia Zahidi, directora del Programa para la Igualdad de Género y Mujeres Líderes del Foro Económico Mundial.
Pero ¿cuáles son los asuntos pendientes en la región?
El Índice de Brecha Global de Género elaborado por el Foro Económico Mundial actualmente clasifica a 134 países según la igualdad de género, y está diseñado para medir las brechas en el acceso a recursos y oportunidades en cada país. Considera cuatro factores: la participación y oportunidad económica, los logros educativos, el empoderamiento político, y la salud y supervivencia de las mujeres.
En una entrevista telefónica con IPS desde Ginebra, Zahidi habló sobre casos concretos en base a datos revelados en el Índice, y analizó el surgimiento de Sudáfrica como uno de los países con menor brecha de género, entre otras tendencias de la región subsahariana.
IPS: La sorpresa es Sudáfrica, que pasó del puesto 22 en 2008 al sexto este año. ¿Qué cambió?
SAADIA ZAHIDI: Los datos revelan que Sudáfrica logró mejoras significativas en la participación femenina en la fuerza laboral, además de triunfos para las mujeres en puestos parlamentarios y ministeriales del nuevo gobierno.
En otros países hemos visto mejoras solamente en una variable, mientras que en Sudáfrica hemos visto mejoras claras tanto en la participación política como en el mercado laboral. Pero aunque el Índice muestra un salto, es posible que se haya tratado más bien de un cambio gradual en los últimos dos años, en términos de acceso laboral, dado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualizó estos datos hace poco, y estamos viendo el cambio ahora (en el Índice).
IPS: Pero estamos hablando de un país que ocupa el primer puesto en materia de violaciones por persona (1,19 por cada 1.000 personas), según el Séptimo Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal Correspondiente al Periodo 1998-2000. ¿Cómo puede Sudáfrica estar en una posición tan privilegiada del Índice mientras experimenta esta realidad?
SZ: Para esta pregunta hay varias respuestas. Vemos diversas situaciones comparables, donde se registran mejoras en algunas variables, combinadas con desempeños muy pobres en otros.
Por ejemplo, India es un país de rápido crecimiento que tiene un mal lugar en el Índice (puesto 114, debido a su deficiente desempeño en la participación política y económica), con enormes problemas como el infanticidio femenino y los abortos selectivos. Esta clase de discriminación ocurre en sociedades altamente desiguales, donde hay un gran sector de la población que es pobre, luego una clase media emergente, y una elite muy rica.
Otro caso es Brasil (82), que ciertamente se desempeña mal en materia de empoderamiento político (mientras que lo hace muy bien en términos de acceso a educación y salud para las mujeres).
Sin embargo, el Índice no se fija en la violencia contra las mujeres y otros temas de género similares. Ve a las mujeres como recursos, (centrándose) en cuán bien un país determinado invierte en esos recursos (en términos de educación y salud) y en cómo esos recursos son puestos a producir. Y medimos brechas, no niveles.
Pero si se mira la información adicional que hay al final del informe, (se ve que) los derechos básicos y las variables sociales institucionales están consideradas, entre ellas la salud materna, la mutilación genital femenina, la poligamia y la existencia de legislación que castiga actos de violencia contra las mujeres en una escala de cero a uno, donde cero es el mejor puntaje.
Sudáfrica se ubica en 0,42 en materia de legislación que castiga la violencia contra las mujeres, y en 0,50 en materia de poligamia, así que hay muchas cosas que tienen que mejorar.
Sin embargo, incluso los mejores países, como Islandia (uno) o Suecia (cuatro) todavía no han superado totalmente las brechas de género.
IPS: Lesotho avanzó seis posiciones, pasando de la 16 a la 10. Entre los 10 países que encabezan el Índice, hay seis europeos, dos africanos y dos de la región Asia-Pacífico. ¿Esto quiere decir algo sobre África en general?
SZ: Pienso que hay enormes diferencias en las clasificaciones de toda África subsahariana. No puedo hacer una declaración sobre la región en su totalidad. Por ejemplo, Chad (133) y Etiopía (122) están muy al final de la lista mundial.
Pero podemos decir que la región tiene una clara fortaleza en términos de participación económica y política para las mujeres. En general, África subsahariana tiene un mejor desempeño que Medio Oriente y África del Norte, Asia, y América Latina y el Caribe, y está casi a la par de Europa oriental y occidental. En términos de empoderamiento político, aunque las puntuaciones sean bajas, la región subsahariana se desempeña mejor que Medio Oriente y África del Norte (las peores), Europa oriental, América Latina y el Caribe, y América del Norte.
Sin embargo, hay un largo camino que recorrer en materia de educación y salud. La región en general tiene la calificación más baja del mundo, y en cuanto a salud tiene la segunda más baja, después de Asia.
IPS: En medio de una crisis económica mundial, el Índice sugiere que hay un vínculo directo entre una pequeña brecha de género y un alto desempeño económico.
SZ: Depende de cómo se mire el género. Se lo puede ver como una cuestión de igualdad y derechos humanos. Y está claro que debería haber derechos iguales para todos. Pero una segunda razón es la eficiencia. Las mujeres constituyen la mitad de los recursos humanos. Cuán bien use un país sus recursos humanos afectará su desempeño. Y vemos una correlación entre el Índice de Brecha Global de Género y el Índice de Competitividad Global (del Foro Económico Mundial).
En un sentido amplio, hay tres grupos de países. El primero incluye a aquellos donde las mujeres no acceden a lo básico, salud y educación. Y no se puede avanzar en lo económico y en lo político sin ellas.
El segundo incluye a países cuya población, en general, tiene acceso a salud y educación, que han hecho la inversión pero todavía no han recibido la recompensa, porque no han invertido suficiente en eliminar las barreras a la participación económica y política.
El tercero incluye a países que han hecho las inversiones necesarias en el acceso a salud y educación, y también en cambiar los niveles de ingreso a las esferas política y económica. Pero esto no es suficiente porque todavía persisten algunas barreras y las mujeres se estancan en cierto punto. Entre estos países figuran Suecia (cuatro), Dinamarca (siete) y Estados Unidos (31). Las últimas barreras no han sido eliminadas.
IPS: ¿Y Sudáfrica?
SZ: Hay excepciones, y Sudáfrica es una de ellas. Se está desempeñando bastante bien, en términos relativos. Por ejemplo, en materia de educación, el puntaje es 99 por ciento de la educación que reciben los hombres, lo que es extremadamente alto.
Los países que están reduciendo sus brechas en educación y salud, o que están cerca de lograrlo, empiezan a desempeñarse bien en otras variables, independientemente de los ingresos o los recursos. El Índice no se fija en niveles generales de desarrollo, sino en cuán equitativamente se distribuyen los recursos. Y Sudáfrica, aunque es más pobre que Suecia, se ubica en un puesto bastante alto.(FIN/2009)
viernes, 11 de diciembre de 2009
BOLIVIA: Irán cosecha los primeros frutos
Por Franz Chávez
LA PAZ, 24 nov (IPS) - El presidente iraní Mahmud Ahmadineyad comenzó este martes la recolección de los frutos de una estrecha relación sembrada con Bolivia a partir de septiembre de 2007, cuando otorgó una importante ayuda económica y técnica a este país sudamericano.
Con su par boliviano Evo Morales, el iraní reafirmó su posición contraria a la política exterior de Estados Unidos y defendió su programa de energía nuclear.
Tras su estadía en Brasil, Ahmadineyad llegó a La Paz para una visita de cinco horas, en el marco de una travesía sudamericana que continuará en Venezuela, donde se entrevistará con el mandatario Hugo Chávez.
La gira, que despierta interés de observadores diplomáticos por las alianzas consolidadas por Teherán con los gobiernos de izquierda de Brasil, Bolivia y Venezuela, no está exenta de conjeturas sobre el supuesto deseo iraní de crear un bloque de respaldo a su plan atómico.
Unos 23.000 kilómetros separan a la sudamericana Bolivia de Irán, pero el mandatario visitante afirmó que "el pensamiento y el corazón están cercanos" en sus objetivos comunes de "luchar por una vida mejor".
"Querido amigo y revolucionario, a pesar de las dificultades que provoca el imperialismo, la colaboración avanza entre los dos países", dijo Ahmadineyad en un discurso pronunciado en La Paz.
Desde Palacio de Gobierno, el presidente iraní presenció por teleconferencia el inicio de actividades de una planta industrial de leche localizada en la población de Ivirgarzam, en el central departamento de Cochabamba.
Otra obra inaugurada a distancia fue un hospital de segundo nivel en la zona de Villa Dolores, en la empobrecida ciudad de El Alto, donde se contó con el eficiente apoyo del gobierno de Irán y de sus técnicos, según destacó el ministro de Salud boliviano Ramiro Tapia.
"Soy muy admirador de usted y de su pueblo. Nos encontramos en la lucha por la soberanía y nuestros pueblos nos dan el mandato de liberarlos", expresó Morales en el encuentro.
"Donde hay imperio, no hay desarrollo; donde hay bases militares extranjeras, no hay integración y tampoco paz social. Por eso tenemos enormes coincidencias entre Bolivia e Irán, en la defensa de nuestros pueblos", añadió, en referencia a la presencia militar estadounidense en Colombia.
"El presidente Morales tiene prerrogativas para reunirse con otros mandatarios, pero debe evaluar las consecuencias y obtener beneficios e inversiones claras para el país", declaró a IPS la diputada Marisol Abán del conservador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
En opinión de Abán, los antecedentes bélicos de Irán atraen las miradas del mundo y por ello reclamó una evaluación seria de las ventajas y desventajas de una relación diplomática entre La Paz y Teherán.
Al final del encuentro, Morales y Ahmadineyad firmaron acuerdos de cooperación bilateral en investigación y aprovechamiento del litio localizado en la mayor reserva del mundo, el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, al sureste de La Paz.
La asistencia iraní se ampliará a la instalación de centros de hemodiálisis en las ciudades de El Alto, colindante con La Paz, y en la central capital departamental de Cochabamba.
Además, Morales pidió a su colega transferencia de tecnología y conocimientos en la industria petroquímica que desea ampliar para fortalecer a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los compromisos amplían un programa de cooperación económica y asistencia técnica comprometida este país sudamericano por Ahmadineyad en septiembre de 2007, por 1.100 millones de dólares.
Desde la ciudad de Santa Cruz, el diputado de la derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Carlos Klinsky, dijo a IPS que tras la diplomacia iraní se esconde el verdadero deseo de obtener el uranio boliviano para sus planes de desarrollo nuclear.
La opinión del congresista se alinea a las versiones atribuidas a informes secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sobre el supuesto interés de Irán en contar con uranio boliviano, con el respaldo de Venezuela.
Bolivia posee 10 reservas de uranio en su territorio, pero el gobierno asegura no contar con la capacidad necesaria para explotar y comercializar el mineral.
La última producción de uranio data de 1974, cuando la ahora desaparecida Comisión Boliviana de Energía Nuclear consiguió elaborar dos kilogramos de "torta amarilla" (óxido de uranio concentrado que se usa para el combustible de las centrales atómicas).
(FIN/2009)
LA PAZ, 24 nov (IPS) - El presidente iraní Mahmud Ahmadineyad comenzó este martes la recolección de los frutos de una estrecha relación sembrada con Bolivia a partir de septiembre de 2007, cuando otorgó una importante ayuda económica y técnica a este país sudamericano.
Con su par boliviano Evo Morales, el iraní reafirmó su posición contraria a la política exterior de Estados Unidos y defendió su programa de energía nuclear.
Tras su estadía en Brasil, Ahmadineyad llegó a La Paz para una visita de cinco horas, en el marco de una travesía sudamericana que continuará en Venezuela, donde se entrevistará con el mandatario Hugo Chávez.
La gira, que despierta interés de observadores diplomáticos por las alianzas consolidadas por Teherán con los gobiernos de izquierda de Brasil, Bolivia y Venezuela, no está exenta de conjeturas sobre el supuesto deseo iraní de crear un bloque de respaldo a su plan atómico.
Unos 23.000 kilómetros separan a la sudamericana Bolivia de Irán, pero el mandatario visitante afirmó que "el pensamiento y el corazón están cercanos" en sus objetivos comunes de "luchar por una vida mejor".
"Querido amigo y revolucionario, a pesar de las dificultades que provoca el imperialismo, la colaboración avanza entre los dos países", dijo Ahmadineyad en un discurso pronunciado en La Paz.
Desde Palacio de Gobierno, el presidente iraní presenció por teleconferencia el inicio de actividades de una planta industrial de leche localizada en la población de Ivirgarzam, en el central departamento de Cochabamba.
Otra obra inaugurada a distancia fue un hospital de segundo nivel en la zona de Villa Dolores, en la empobrecida ciudad de El Alto, donde se contó con el eficiente apoyo del gobierno de Irán y de sus técnicos, según destacó el ministro de Salud boliviano Ramiro Tapia.
"Soy muy admirador de usted y de su pueblo. Nos encontramos en la lucha por la soberanía y nuestros pueblos nos dan el mandato de liberarlos", expresó Morales en el encuentro.
"Donde hay imperio, no hay desarrollo; donde hay bases militares extranjeras, no hay integración y tampoco paz social. Por eso tenemos enormes coincidencias entre Bolivia e Irán, en la defensa de nuestros pueblos", añadió, en referencia a la presencia militar estadounidense en Colombia.
"El presidente Morales tiene prerrogativas para reunirse con otros mandatarios, pero debe evaluar las consecuencias y obtener beneficios e inversiones claras para el país", declaró a IPS la diputada Marisol Abán del conservador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
En opinión de Abán, los antecedentes bélicos de Irán atraen las miradas del mundo y por ello reclamó una evaluación seria de las ventajas y desventajas de una relación diplomática entre La Paz y Teherán.
Al final del encuentro, Morales y Ahmadineyad firmaron acuerdos de cooperación bilateral en investigación y aprovechamiento del litio localizado en la mayor reserva del mundo, el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, al sureste de La Paz.
La asistencia iraní se ampliará a la instalación de centros de hemodiálisis en las ciudades de El Alto, colindante con La Paz, y en la central capital departamental de Cochabamba.
Además, Morales pidió a su colega transferencia de tecnología y conocimientos en la industria petroquímica que desea ampliar para fortalecer a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los compromisos amplían un programa de cooperación económica y asistencia técnica comprometida este país sudamericano por Ahmadineyad en septiembre de 2007, por 1.100 millones de dólares.
Desde la ciudad de Santa Cruz, el diputado de la derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Carlos Klinsky, dijo a IPS que tras la diplomacia iraní se esconde el verdadero deseo de obtener el uranio boliviano para sus planes de desarrollo nuclear.
La opinión del congresista se alinea a las versiones atribuidas a informes secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sobre el supuesto interés de Irán en contar con uranio boliviano, con el respaldo de Venezuela.
Bolivia posee 10 reservas de uranio en su territorio, pero el gobierno asegura no contar con la capacidad necesaria para explotar y comercializar el mineral.
La última producción de uranio data de 1974, cuando la ahora desaparecida Comisión Boliviana de Energía Nuclear consiguió elaborar dos kilogramos de "torta amarilla" (óxido de uranio concentrado que se usa para el combustible de las centrales atómicas).
(FIN/2009)
jueves, 10 de diciembre de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: Banco Mundial defiende mercado de carbono
Por Raúl Pierri
COPENHAGUE, 8 dic (IPS/TerraViva) - El Banco Mundial defendió orgulloso este martes en la capital danesa el mercado mundial de carbono y su "contribución" a los esfuerzos contra el cambio climático, a pesar de las críticas de la sociedad civil.
El organismo multilateral presentó el informe titulado "Diez años de experiencia en finanzas del carbono: Miradas al trabajo con mercados de carbono para el desarrollo y la mitigación mundial de gases invernadero", en el marco de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla desde el lunes y hasta el 18 de este mes en Copenhague.
El estudio hace un resumen de las experiencias de la institución con los instrumentos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el programa de Aplicación Conjunta (AC).
La AC es un sistema por el cual los países industrializados pueden cumplir parte de sus obligaciones de recortar las emisiones de gases invernadero pagando proyectos que reduzcan la contaminación de otras naciones del Norte.
En la práctica, esto supone la construcción de instalaciones en países de Europa oriental y de la ex Unión Soviética financiadas por naciones de Europa occidental y América del Norte.
Mientras, el MDL habilita a las naciones ricas obligadas a reducir su contaminación climática a compensar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero financiando proyectos para abatirlas en los países del Sur en desarrollo.
La nación que reduce dióxido de carbono en el país pobre "vende" a quien paga por ese proyecto desde el país rico permisos (créditos de carbono) para emitir en la misma proporción.
El Banco Mundial considera este mercado, ya que calcula que las naciones del Sur necesitaran entre 75.000 millones y 100.000 millones de dólares al año de aquí a 2050 para afrontar los efectos del recalentamiento planetario.
La especialista del Banco Mundial en Financiamiento del Carbono, Martina Bosi, destacó en conferencia de prensa este martes en Copenhague que el organismo multilateral creó en 2000, cinco años antes de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el Fondo Prototipo del Carbono, por 160 millones de dólares.
Hoy, el organismo multilateral maneja 2.500 millones de dólares en diversos fondos, de los cuales los países más beneficiados son China, India, Brasil, México y Colombia.
Algunos de los fondos más importantes son BioCarbon, concentrado en proyectos de forestación y uso de la tierra, y el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, dedicado a proyectos en los países menos desarrollados, "que han obtenido enormes beneficios sociales además de reducir los gases invernadero".
Según el informe, 26 por ciento de los proyectos financiados por estos fondos del Banco Mundial fueron ejecutados en América Latina y el Caribe, 21 por ciento en Asia, otro 21 por ciento en África oriental, 18 por ciento en Europa y 13 por ciento en el sudeste asiático.
Por su parte, Bosi destacó que la mayor parte de los fondos que financian los proyectos del Banco Mundial bajo este sistema provienen del sector privado, lo que demuestra que es una importante herramienta para incluirlo en los esfuerzos contra el recalentamiento planetario.
Cuarenta y nueve por ciento de los recursos para los proyectos llevados a cabo hasta ahora provienen de capital privado, 21 por ciento de los mercados del carbono, 17 por ciento de la inversión extranjera pública y 13 por ciento de fondos públicos locales.
Organizaciones no gubernamentales critican el MDL por considerarlo un sistema "corrupto" y "barato" para el Norte, que permite a los países industrializados no adoptar verdaderas medidas para reducir sus emisiones de gases invernadero y, por el contrario, favorece a empresas trasnacionales.
La organización no gubernamental Amigos de la Tierra señaló que los MDL "deben ser abolidos ya que no impulsan los cambios estructurales (necesarios) para cambiar hacia una economía sostenible", y denuncio que la mayoría "tienen incluso efectos ambientales perjudiciales".
En un comunicado divulgado en la conferencia Copenhague, el grupo exigió "un compromiso de reducción de por lo menos 40 por ciento de las emisiones internas respecto de 1990, sin mercados de carbono y sin Mecanismos de Desarrollo Limpio".
Es que entiende que "la mayoría de esos proyectos no permiten una reducción real y además tienen consecuencias catastróficas en el medio ambiente y la sociedad del Sur global".
También demandó "la financiación de la parte que justamente les corresponde (a las naciones del Norte) para la mitigación y adaptación de los más pobres, sin contar con los fondos destinados a ayuda para el desarrollo y administrado por (la Organización de las) Naciones Unidas".
"Cualquier otra financiación externa, como los fondos del Banco Mundial, tampoco deben contar para el cumplimiento de los compromisos", exigió. (FIN/2009)
COPENHAGUE, 8 dic (IPS/TerraViva) - El Banco Mundial defendió orgulloso este martes en la capital danesa el mercado mundial de carbono y su "contribución" a los esfuerzos contra el cambio climático, a pesar de las críticas de la sociedad civil.
El organismo multilateral presentó el informe titulado "Diez años de experiencia en finanzas del carbono: Miradas al trabajo con mercados de carbono para el desarrollo y la mitigación mundial de gases invernadero", en el marco de la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla desde el lunes y hasta el 18 de este mes en Copenhague.
El estudio hace un resumen de las experiencias de la institución con los instrumentos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el programa de Aplicación Conjunta (AC).
La AC es un sistema por el cual los países industrializados pueden cumplir parte de sus obligaciones de recortar las emisiones de gases invernadero pagando proyectos que reduzcan la contaminación de otras naciones del Norte.
En la práctica, esto supone la construcción de instalaciones en países de Europa oriental y de la ex Unión Soviética financiadas por naciones de Europa occidental y América del Norte.
Mientras, el MDL habilita a las naciones ricas obligadas a reducir su contaminación climática a compensar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero financiando proyectos para abatirlas en los países del Sur en desarrollo.
La nación que reduce dióxido de carbono en el país pobre "vende" a quien paga por ese proyecto desde el país rico permisos (créditos de carbono) para emitir en la misma proporción.
El Banco Mundial considera este mercado, ya que calcula que las naciones del Sur necesitaran entre 75.000 millones y 100.000 millones de dólares al año de aquí a 2050 para afrontar los efectos del recalentamiento planetario.
La especialista del Banco Mundial en Financiamiento del Carbono, Martina Bosi, destacó en conferencia de prensa este martes en Copenhague que el organismo multilateral creó en 2000, cinco años antes de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el Fondo Prototipo del Carbono, por 160 millones de dólares.
Hoy, el organismo multilateral maneja 2.500 millones de dólares en diversos fondos, de los cuales los países más beneficiados son China, India, Brasil, México y Colombia.
Algunos de los fondos más importantes son BioCarbon, concentrado en proyectos de forestación y uso de la tierra, y el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, dedicado a proyectos en los países menos desarrollados, "que han obtenido enormes beneficios sociales además de reducir los gases invernadero".
Según el informe, 26 por ciento de los proyectos financiados por estos fondos del Banco Mundial fueron ejecutados en América Latina y el Caribe, 21 por ciento en Asia, otro 21 por ciento en África oriental, 18 por ciento en Europa y 13 por ciento en el sudeste asiático.
Por su parte, Bosi destacó que la mayor parte de los fondos que financian los proyectos del Banco Mundial bajo este sistema provienen del sector privado, lo que demuestra que es una importante herramienta para incluirlo en los esfuerzos contra el recalentamiento planetario.
Cuarenta y nueve por ciento de los recursos para los proyectos llevados a cabo hasta ahora provienen de capital privado, 21 por ciento de los mercados del carbono, 17 por ciento de la inversión extranjera pública y 13 por ciento de fondos públicos locales.
Organizaciones no gubernamentales critican el MDL por considerarlo un sistema "corrupto" y "barato" para el Norte, que permite a los países industrializados no adoptar verdaderas medidas para reducir sus emisiones de gases invernadero y, por el contrario, favorece a empresas trasnacionales.
La organización no gubernamental Amigos de la Tierra señaló que los MDL "deben ser abolidos ya que no impulsan los cambios estructurales (necesarios) para cambiar hacia una economía sostenible", y denuncio que la mayoría "tienen incluso efectos ambientales perjudiciales".
En un comunicado divulgado en la conferencia Copenhague, el grupo exigió "un compromiso de reducción de por lo menos 40 por ciento de las emisiones internas respecto de 1990, sin mercados de carbono y sin Mecanismos de Desarrollo Limpio".
Es que entiende que "la mayoría de esos proyectos no permiten una reducción real y además tienen consecuencias catastróficas en el medio ambiente y la sociedad del Sur global".
También demandó "la financiación de la parte que justamente les corresponde (a las naciones del Norte) para la mitigación y adaptación de los más pobres, sin contar con los fondos destinados a ayuda para el desarrollo y administrado por (la Organización de las) Naciones Unidas".
"Cualquier otra financiación externa, como los fondos del Banco Mundial, tampoco deben contar para el cumplimiento de los compromisos", exigió. (FIN/2009)
miércoles, 9 de diciembre de 2009
MUJERES: Sudáfrica con una de las menores brechas de género
Miren Gutiérrez entrevista a SAADIA ZAHIDI, coautora del Índice de Brecha Global de Género
ROMA, dic (IPS) - "Está claro que dentro de África subsahariana hay enormes diferencias, pero en general la región se desempeña extremadamente bien en términos de empoderamiento político", dijo a IPS Saadia Zahidi, directora del Programa para la Igualdad de Género y Mujeres Líderes del Foro Económico Mundial.
Pero ¿cuáles son los asuntos pendientes en la región?
El Índice de Brecha Global de Género elaborado por el Foro Económico Mundial actualmente clasifica a 134 países según la igualdad de género, y está diseñado para medir las brechas en el acceso a recursos y oportunidades en cada país. Considera cuatro factores: la participación y oportunidad económica, los logros educativos, el empoderamiento político, y la salud y supervivencia de las mujeres.
En una entrevista telefónica con IPS desde Ginebra, Zahidi habló sobre casos concretos en base a datos revelados en el Índice, y analizó el surgimiento de Sudáfrica como uno de los países con menor brecha de género, entre otras tendencias de la región subsahariana.
IPS: La sorpresa es Sudáfrica, que pasó del puesto 22 en 2008 al sexto este año. ¿Qué cambió?
SAADIA ZAHIDI: Los datos revelan que Sudáfrica logró mejoras significativas en la participación femenina en la fuerza laboral, además de triunfos para las mujeres en puestos parlamentarios y ministeriales del nuevo gobierno.
En otros países hemos visto mejoras solamente en una variable, mientras que en Sudáfrica hemos visto mejoras claras tanto en la participación política como en el mercado laboral. Pero aunque el Índice muestra un salto, es posible que se haya tratado más bien de un cambio gradual en los últimos dos años, en términos de acceso laboral, dado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualizó estos datos hace poco, y estamos viendo el cambio ahora (en el Índice).
IPS: Pero estamos hablando de un país que ocupa el primer puesto en materia de violaciones por persona (1,19 por cada 1.000 personas), según el Séptimo Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal Correspondiente al Periodo 1998-2000. ¿Cómo puede Sudáfrica estar en una posición tan privilegiada del Índice mientras experimenta esta realidad?
SZ: Para esta pregunta hay varias respuestas. Vemos diversas situaciones comparables, donde se registran mejoras en algunas variables, combinadas con desempeños muy pobres en otros.
Por ejemplo, India es un país de rápido crecimiento que tiene un mal lugar en el Índice (puesto 114, debido a su deficiente desempeño en la participación política y económica), con enormes problemas como el infanticidio femenino y los abortos selectivos. Esta clase de discriminación ocurre en sociedades altamente desiguales, donde hay un gran sector de la población que es pobre, luego una clase media emergente, y una elite muy rica.
Otro caso es Brasil (82), que ciertamente se desempeña mal en materia de empoderamiento político (mientras que lo hace muy bien en términos de acceso a educación y salud para las mujeres).
Sin embargo, el Índice no se fija en la violencia contra las mujeres y otros temas de género similares. Ve a las mujeres como recursos, (centrándose) en cuán bien un país determinado invierte en esos recursos (en términos de educación y salud) y en cómo esos recursos son puestos a producir. Y medimos brechas, no niveles.
Pero si se mira la información adicional que hay al final del informe, (se ve que) los derechos básicos y las variables sociales institucionales están consideradas, entre ellas la salud materna, la mutilación genital femenina, la poligamia y la existencia de legislación que castiga actos de violencia contra las mujeres en una escala de cero a uno, donde cero es el mejor puntaje.
Sudáfrica se ubica en 0,42 en materia de legislación que castiga la violencia contra las mujeres, y en 0,50 en materia de poligamia, así que hay muchas cosas que tienen que mejorar.
Sin embargo, incluso los mejores países, como Islandia (uno) o Suecia (cuatro) todavía no han superado totalmente las brechas de género.
IPS: Lesotho avanzó seis posiciones, pasando de la 16 a la 10. Entre los 10 países que encabezan el Índice, hay seis europeos, dos africanos y dos de la región Asia-Pacífico. ¿Esto quiere decir algo sobre África en general?
SZ: Pienso que hay enormes diferencias en las clasificaciones de toda África subsahariana. No puedo hacer una declaración sobre la región en su totalidad. Por ejemplo, Chad (133) y Etiopía (122) están muy al final de la lista mundial.
Pero podemos decir que la región tiene una clara fortaleza en términos de participación económica y política para las mujeres. En general, África subsahariana tiene un mejor desempeño que Medio Oriente y África del Norte, Asia, y América Latina y el Caribe, y está casi a la par de Europa oriental y occidental. En términos de empoderamiento político, aunque las puntuaciones sean bajas, la región subsahariana se desempeña mejor que Medio Oriente y África del Norte (las peores), Europa oriental, América Latina y el Caribe, y América del Norte.
Sin embargo, hay un largo camino que recorrer en materia de educación y salud. La región en general tiene la calificación más baja del mundo, y en cuanto a salud tiene la segunda más baja, después de Asia.
IPS: En medio de una crisis económica mundial, el Índice sugiere que hay un vínculo directo entre una pequeña brecha de género y un alto desempeño económico.
SZ: Depende de cómo se mire el género. Se lo puede ver como una cuestión de igualdad y derechos humanos. Y está claro que debería haber derechos iguales para todos. Pero una segunda razón es la eficiencia. Las mujeres constituyen la mitad de los recursos humanos. Cuán bien use un país sus recursos humanos afectará su desempeño. Y vemos una correlación entre el Índice de Brecha Global de Género y el Índice de Competitividad Global (del Foro Económico Mundial).
En un sentido amplio, hay tres grupos de países. El primero incluye a aquellos donde las mujeres no acceden a lo básico, salud y educación. Y no se puede avanzar en lo económico y en lo político sin ellas.
El segundo incluye a países cuya población, en general, tiene acceso a salud y educación, que han hecho la inversión pero todavía no han recibido la recompensa, porque no han invertido suficiente en eliminar las barreras a la participación económica y política.
El tercero incluye a países que han hecho las inversiones necesarias en el acceso a salud y educación, y también en cambiar los niveles de ingreso a las esferas política y económica. Pero esto no es suficiente porque todavía persisten algunas barreras y las mujeres se estancan en cierto punto. Entre estos países figuran Suecia (cuatro), Dinamarca (siete) y Estados Unidos (31). Las últimas barreras no han sido eliminadas.
IPS: ¿Y Sudáfrica?
SZ: Hay excepciones, y Sudáfrica es una de ellas. Se está desempeñando bastante bien, en términos relativos. Por ejemplo, en materia de educación, el puntaje es 99 por ciento de la educación que reciben los hombres, lo que es extremadamente alto.
Los países que están reduciendo sus brechas en educación y salud, o que están cerca de lograrlo, empiezan a desempeñarse bien en otras variables, independientemente de los ingresos o los recursos. El Índice no se fija en niveles generales de desarrollo, sino en cuán equitativamente se distribuyen los recursos. Y Sudáfrica, aunque es más pobre que Suecia, se ubica en un puesto bastante alto.(FIN/2009)
ROMA, dic (IPS) - "Está claro que dentro de África subsahariana hay enormes diferencias, pero en general la región se desempeña extremadamente bien en términos de empoderamiento político", dijo a IPS Saadia Zahidi, directora del Programa para la Igualdad de Género y Mujeres Líderes del Foro Económico Mundial.
Pero ¿cuáles son los asuntos pendientes en la región?
El Índice de Brecha Global de Género elaborado por el Foro Económico Mundial actualmente clasifica a 134 países según la igualdad de género, y está diseñado para medir las brechas en el acceso a recursos y oportunidades en cada país. Considera cuatro factores: la participación y oportunidad económica, los logros educativos, el empoderamiento político, y la salud y supervivencia de las mujeres.
En una entrevista telefónica con IPS desde Ginebra, Zahidi habló sobre casos concretos en base a datos revelados en el Índice, y analizó el surgimiento de Sudáfrica como uno de los países con menor brecha de género, entre otras tendencias de la región subsahariana.
IPS: La sorpresa es Sudáfrica, que pasó del puesto 22 en 2008 al sexto este año. ¿Qué cambió?
SAADIA ZAHIDI: Los datos revelan que Sudáfrica logró mejoras significativas en la participación femenina en la fuerza laboral, además de triunfos para las mujeres en puestos parlamentarios y ministeriales del nuevo gobierno.
En otros países hemos visto mejoras solamente en una variable, mientras que en Sudáfrica hemos visto mejoras claras tanto en la participación política como en el mercado laboral. Pero aunque el Índice muestra un salto, es posible que se haya tratado más bien de un cambio gradual en los últimos dos años, en términos de acceso laboral, dado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualizó estos datos hace poco, y estamos viendo el cambio ahora (en el Índice).
IPS: Pero estamos hablando de un país que ocupa el primer puesto en materia de violaciones por persona (1,19 por cada 1.000 personas), según el Séptimo Estudio de las Naciones Unidas sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de Justicia Penal Correspondiente al Periodo 1998-2000. ¿Cómo puede Sudáfrica estar en una posición tan privilegiada del Índice mientras experimenta esta realidad?
SZ: Para esta pregunta hay varias respuestas. Vemos diversas situaciones comparables, donde se registran mejoras en algunas variables, combinadas con desempeños muy pobres en otros.
Por ejemplo, India es un país de rápido crecimiento que tiene un mal lugar en el Índice (puesto 114, debido a su deficiente desempeño en la participación política y económica), con enormes problemas como el infanticidio femenino y los abortos selectivos. Esta clase de discriminación ocurre en sociedades altamente desiguales, donde hay un gran sector de la población que es pobre, luego una clase media emergente, y una elite muy rica.
Otro caso es Brasil (82), que ciertamente se desempeña mal en materia de empoderamiento político (mientras que lo hace muy bien en términos de acceso a educación y salud para las mujeres).
Sin embargo, el Índice no se fija en la violencia contra las mujeres y otros temas de género similares. Ve a las mujeres como recursos, (centrándose) en cuán bien un país determinado invierte en esos recursos (en términos de educación y salud) y en cómo esos recursos son puestos a producir. Y medimos brechas, no niveles.
Pero si se mira la información adicional que hay al final del informe, (se ve que) los derechos básicos y las variables sociales institucionales están consideradas, entre ellas la salud materna, la mutilación genital femenina, la poligamia y la existencia de legislación que castiga actos de violencia contra las mujeres en una escala de cero a uno, donde cero es el mejor puntaje.
Sudáfrica se ubica en 0,42 en materia de legislación que castiga la violencia contra las mujeres, y en 0,50 en materia de poligamia, así que hay muchas cosas que tienen que mejorar.
Sin embargo, incluso los mejores países, como Islandia (uno) o Suecia (cuatro) todavía no han superado totalmente las brechas de género.
IPS: Lesotho avanzó seis posiciones, pasando de la 16 a la 10. Entre los 10 países que encabezan el Índice, hay seis europeos, dos africanos y dos de la región Asia-Pacífico. ¿Esto quiere decir algo sobre África en general?
SZ: Pienso que hay enormes diferencias en las clasificaciones de toda África subsahariana. No puedo hacer una declaración sobre la región en su totalidad. Por ejemplo, Chad (133) y Etiopía (122) están muy al final de la lista mundial.
Pero podemos decir que la región tiene una clara fortaleza en términos de participación económica y política para las mujeres. En general, África subsahariana tiene un mejor desempeño que Medio Oriente y África del Norte, Asia, y América Latina y el Caribe, y está casi a la par de Europa oriental y occidental. En términos de empoderamiento político, aunque las puntuaciones sean bajas, la región subsahariana se desempeña mejor que Medio Oriente y África del Norte (las peores), Europa oriental, América Latina y el Caribe, y América del Norte.
Sin embargo, hay un largo camino que recorrer en materia de educación y salud. La región en general tiene la calificación más baja del mundo, y en cuanto a salud tiene la segunda más baja, después de Asia.
IPS: En medio de una crisis económica mundial, el Índice sugiere que hay un vínculo directo entre una pequeña brecha de género y un alto desempeño económico.
SZ: Depende de cómo se mire el género. Se lo puede ver como una cuestión de igualdad y derechos humanos. Y está claro que debería haber derechos iguales para todos. Pero una segunda razón es la eficiencia. Las mujeres constituyen la mitad de los recursos humanos. Cuán bien use un país sus recursos humanos afectará su desempeño. Y vemos una correlación entre el Índice de Brecha Global de Género y el Índice de Competitividad Global (del Foro Económico Mundial).
En un sentido amplio, hay tres grupos de países. El primero incluye a aquellos donde las mujeres no acceden a lo básico, salud y educación. Y no se puede avanzar en lo económico y en lo político sin ellas.
El segundo incluye a países cuya población, en general, tiene acceso a salud y educación, que han hecho la inversión pero todavía no han recibido la recompensa, porque no han invertido suficiente en eliminar las barreras a la participación económica y política.
El tercero incluye a países que han hecho las inversiones necesarias en el acceso a salud y educación, y también en cambiar los niveles de ingreso a las esferas política y económica. Pero esto no es suficiente porque todavía persisten algunas barreras y las mujeres se estancan en cierto punto. Entre estos países figuran Suecia (cuatro), Dinamarca (siete) y Estados Unidos (31). Las últimas barreras no han sido eliminadas.
IPS: ¿Y Sudáfrica?
SZ: Hay excepciones, y Sudáfrica es una de ellas. Se está desempeñando bastante bien, en términos relativos. Por ejemplo, en materia de educación, el puntaje es 99 por ciento de la educación que reciben los hombres, lo que es extremadamente alto.
Los países que están reduciendo sus brechas en educación y salud, o que están cerca de lograrlo, empiezan a desempeñarse bien en otras variables, independientemente de los ingresos o los recursos. El Índice no se fija en niveles generales de desarrollo, sino en cuán equitativamente se distribuyen los recursos. Y Sudáfrica, aunque es más pobre que Suecia, se ubica en un puesto bastante alto.(FIN/2009)
martes, 8 de diciembre de 2009
CAMBIO CLIMÁTICO: El paradigma danés
Por Julio Godoy
COPENHAGUE, nov (IPS/IFEJ) - Todavía no es un hecho que en diciembre se llegue a un acuerdo internacionalmente vinculante para reducir las emisiones de gases invernadero. Lo que sí está claro es que, si hay un lugar en el mundo que se merece ser el escenario de su firma, ése es la capital danesa.
Gracias a un esfuerzo extraordinario del gobierno y de la sociedad civil para mejorar la eficiencia en la generación y consumo de energía, y a enormes inversiones en fuentes de energías renovables, Dinamarca es actualmente el único país que ha podido desvincular el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según estadísticas oficiales, entre 1980 y 2000 el producto interno bruto (PIB) danés creció 78 por ciento. En el mismo periodo, el consumo energético del país fue prácticamente el mismo.
Esto significa que la intensidad energética --proporción de consumo de energía en relación al PIB-- se redujo 40 por ciento. Las emisiones danesas de gases invernadero, especialmente dióxido de carbono (CO2), también decayeron sustancialmente, alrededor de 20 por ciento.
Según la Agencia Internacional de Energía, Dinamarca es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más baja relación entre su PIB y las emisiones de carbono.
Los dos que le anteceden son Suecia y Francia. Ambos --especialmente el segundo-- dependen mucho de la generación de energía nuclear, que se presume libre de carbono.
El desarrollo ejemplar de Dinamarca es consecuencia del aumento de la eficiencia en la generación y consumo de energía, pero también del incremento de fuentes energéticas renovables, en particular el viento, usadas para producir electricidad. Anne Grete Holmsgaard, parlamentaria por el opositor Partido Popular Socialista, dijo a este periodista que uno de los factores más importantes en el aumento de la eficiencia en el consumo de energía en el país es la cogeneración de electricidad y calor.
"Prácticamente todos los generadores daneses funcionan de modo dual", señaló Holmsgaard, quien también es una de los principales legisladoras ambientales danesas.
"La cogeneración de electricidad y calor garantiza un uso más eficiente de los combustibles en la producción. En los generadores más eficientes podemos alcanzar una eficiencia de hasta 90 por ciento", agregó.
Actualmente, los generadores combinados de calor y electricidad constituyen uno de los métodos más comunes de reciclaje de energía.
Mientras las centrales eléctricas convencionales dejan que el calor que producen como derivado de la electricidad fluya hacia la naturaleza mediante torres de refrigeración, drenando el agua caliente hacia los ríos o por otros medios, los generadores combinados lo capturan para usarlo en el calefaccionamiento doméstico o industrial.
Además, en los años 80 Dinamarca introdujo elevados estándares de eficiencia para edificios, programas de etiquetado de energía para artefactos eléctricos y campañas públicas para promover el ahorro en hogares e industrias.
Desde entonces, estos estándares han sido constantemente actualizados y mejorados.
"También pagamos impuestos muy altos al consumo de energía", dijo Holmsgaard para este artículo.
Dinamarca lanzó su programa de eficiencia energética en los años 70, en las postrimerías de la primera crisis del petróleo.
"En ese momento éramos casi completamente dependientes del petróleo y de otros combustibles fósiles", dijo a este periodista Steen Gade, presidente del Comité Danés de Ambiente y Planificación y del Trust de Ahorro de Energía Danés.
Hasta mediados de los años 70, Dinamarca generó 90 por ciento de su electricidad quemando petróleo importado. La quema de carbón extraído en el país generó el 10 por ciento restante.
"El objetivo de nuestro primer Plan Danés de Energía consciente, de 1976, fue aumentar nuestra seguridad de suministro, y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles", agregó Gade.
Las preocupaciones ambientales no jugaron ningún rol en la concepción de ese plan.
En realidad, el principal objetivo del plan fue mejorar primero la eficiencia en la generación de electricidad y calor, y convertir a los generadores del país de petróleo a carbón.
"La energía renovable solamente tuvo un rol marginal en el suministro de energía en ese momento", dijo Gade.
El plan siguiente, en 1981, puso énfasis en intensificar el desarrollo de la recuperación de petróleo y gas desde el mar del Norte. Sin embargo, en simultáneo el plan lanzó la construcción y operación de turbinas eólicas y plantas de biomasa, dando inicio a la actual historia de éxito en materia de generación de energías renovables en Dinamarca.
Para 1990, antes de que el mundo industrializado empezara a pensar en reducir las emisiones de gases invernadero, un nuevo plan danés de energía se fijó el objetivo de reducir 20 por ciento las emisiones de CO2 entre 1998 y 2005.
"Los instrumentos más importantes del plan Energía 2000 fueron aumentar el suministro de energía renovable, así como la utilización de los generadores combinados de calor y electricidad, y más ahorros energéticos", dijo Gade para este artículo.
Desde entonces, la cuota de energía renovable --eólica, geotérmica, solar, de biomasa y biogás-- aumentó de modo constante en Dinamarca, y ahora representa 28 por ciento del suministro eléctrico total del país.
"Para este aumento de la energía renovable fue esencial la decisión adoptada en 1985, de renunciar a la energía nuclear", dijo Holmsgaard.
"Si Dinamarca hubiera seguido el ejemplo de, digamos, Francia, y hubiera comenzado a construir centrales nucleares, nosotros habríamos bloqueado el desarrollo de nuestro sector de energía renovable", añadió.
Según ella, para 2020 el país habrá reducido por lo menos cuatro por ciento su consumo de energía, en relación a 2006. "Pero podemos ir más lejos y reducir hasta 45 por ciento el consumo de energía para 2050. Es sólo una decisión política", enfatizó.
Sin embargo, pese a su eficiencia ejemplar, el sistema energético danés tiene fallas.
Dorthe Vinther, vicepresidenta de Energinet, una empresa pública independiente que posee las principales redes de electricidad y gas natural en Dinamarca, dijo a este reportero que la red danesa todavía "no es suficientemente inteligente para coordinar de modo flexible la oferta y la demanda, y para compensar las fluctuaciones que dependen de la meteorología y que son típicas de la energía eólica y de la solar".
Según Vinther, esas fluctuaciones en el abastecimiento de energías renovables vuelven difícil satisfacer la demanda básica. "Para lograr ese objetivo necesitamos un mejor pronóstico meteorológico, que nos permitiría mejorar nuestro programa y manejo de la oferta de energía eólica o solar", planteó.
Además, "la red debe ser capaz de almacenar electricidad en fases de mayor suministro de energía eólica y solar, y de distribuirla en periodos de bajo suministro, para satisfacer constantemente la demanda básica", dijo.
Vinther señaló que esa red y el pronóstico constituyen factores a ser considerados en la creación de un futuro mercado internacional de energías renovables, especialmente de la eólica.
"La integración de energía eólica a gran escala requiere una fuerte red internacional de transmisiones y eficientes mercados eléctricos internacionales, para comerciar y equilibrar la energía eólica en un área geográfica amplia", declaró.
"Para un proyecto internacional de esas características, también necesitamos sistemas energéticos coherentes, a fin de aumentar la flexibilidad y la eficiencia económica, y de reducir el impacto ambiental. Y necesitamos redes inteligentes", enfatizó Vinther.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)
COPENHAGUE, nov (IPS/IFEJ) - Todavía no es un hecho que en diciembre se llegue a un acuerdo internacionalmente vinculante para reducir las emisiones de gases invernadero. Lo que sí está claro es que, si hay un lugar en el mundo que se merece ser el escenario de su firma, ése es la capital danesa.
Gracias a un esfuerzo extraordinario del gobierno y de la sociedad civil para mejorar la eficiencia en la generación y consumo de energía, y a enormes inversiones en fuentes de energías renovables, Dinamarca es actualmente el único país que ha podido desvincular el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según estadísticas oficiales, entre 1980 y 2000 el producto interno bruto (PIB) danés creció 78 por ciento. En el mismo periodo, el consumo energético del país fue prácticamente el mismo.
Esto significa que la intensidad energética --proporción de consumo de energía en relación al PIB-- se redujo 40 por ciento. Las emisiones danesas de gases invernadero, especialmente dióxido de carbono (CO2), también decayeron sustancialmente, alrededor de 20 por ciento.
Según la Agencia Internacional de Energía, Dinamarca es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más baja relación entre su PIB y las emisiones de carbono.
Los dos que le anteceden son Suecia y Francia. Ambos --especialmente el segundo-- dependen mucho de la generación de energía nuclear, que se presume libre de carbono.
El desarrollo ejemplar de Dinamarca es consecuencia del aumento de la eficiencia en la generación y consumo de energía, pero también del incremento de fuentes energéticas renovables, en particular el viento, usadas para producir electricidad. Anne Grete Holmsgaard, parlamentaria por el opositor Partido Popular Socialista, dijo a este periodista que uno de los factores más importantes en el aumento de la eficiencia en el consumo de energía en el país es la cogeneración de electricidad y calor.
"Prácticamente todos los generadores daneses funcionan de modo dual", señaló Holmsgaard, quien también es una de los principales legisladoras ambientales danesas.
"La cogeneración de electricidad y calor garantiza un uso más eficiente de los combustibles en la producción. En los generadores más eficientes podemos alcanzar una eficiencia de hasta 90 por ciento", agregó.
Actualmente, los generadores combinados de calor y electricidad constituyen uno de los métodos más comunes de reciclaje de energía.
Mientras las centrales eléctricas convencionales dejan que el calor que producen como derivado de la electricidad fluya hacia la naturaleza mediante torres de refrigeración, drenando el agua caliente hacia los ríos o por otros medios, los generadores combinados lo capturan para usarlo en el calefaccionamiento doméstico o industrial.
Además, en los años 80 Dinamarca introdujo elevados estándares de eficiencia para edificios, programas de etiquetado de energía para artefactos eléctricos y campañas públicas para promover el ahorro en hogares e industrias.
Desde entonces, estos estándares han sido constantemente actualizados y mejorados.
"También pagamos impuestos muy altos al consumo de energía", dijo Holmsgaard para este artículo.
Dinamarca lanzó su programa de eficiencia energética en los años 70, en las postrimerías de la primera crisis del petróleo.
"En ese momento éramos casi completamente dependientes del petróleo y de otros combustibles fósiles", dijo a este periodista Steen Gade, presidente del Comité Danés de Ambiente y Planificación y del Trust de Ahorro de Energía Danés.
Hasta mediados de los años 70, Dinamarca generó 90 por ciento de su electricidad quemando petróleo importado. La quema de carbón extraído en el país generó el 10 por ciento restante.
"El objetivo de nuestro primer Plan Danés de Energía consciente, de 1976, fue aumentar nuestra seguridad de suministro, y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles", agregó Gade.
Las preocupaciones ambientales no jugaron ningún rol en la concepción de ese plan.
En realidad, el principal objetivo del plan fue mejorar primero la eficiencia en la generación de electricidad y calor, y convertir a los generadores del país de petróleo a carbón.
"La energía renovable solamente tuvo un rol marginal en el suministro de energía en ese momento", dijo Gade.
El plan siguiente, en 1981, puso énfasis en intensificar el desarrollo de la recuperación de petróleo y gas desde el mar del Norte. Sin embargo, en simultáneo el plan lanzó la construcción y operación de turbinas eólicas y plantas de biomasa, dando inicio a la actual historia de éxito en materia de generación de energías renovables en Dinamarca.
Para 1990, antes de que el mundo industrializado empezara a pensar en reducir las emisiones de gases invernadero, un nuevo plan danés de energía se fijó el objetivo de reducir 20 por ciento las emisiones de CO2 entre 1998 y 2005.
"Los instrumentos más importantes del plan Energía 2000 fueron aumentar el suministro de energía renovable, así como la utilización de los generadores combinados de calor y electricidad, y más ahorros energéticos", dijo Gade para este artículo.
Desde entonces, la cuota de energía renovable --eólica, geotérmica, solar, de biomasa y biogás-- aumentó de modo constante en Dinamarca, y ahora representa 28 por ciento del suministro eléctrico total del país.
"Para este aumento de la energía renovable fue esencial la decisión adoptada en 1985, de renunciar a la energía nuclear", dijo Holmsgaard.
"Si Dinamarca hubiera seguido el ejemplo de, digamos, Francia, y hubiera comenzado a construir centrales nucleares, nosotros habríamos bloqueado el desarrollo de nuestro sector de energía renovable", añadió.
Según ella, para 2020 el país habrá reducido por lo menos cuatro por ciento su consumo de energía, en relación a 2006. "Pero podemos ir más lejos y reducir hasta 45 por ciento el consumo de energía para 2050. Es sólo una decisión política", enfatizó.
Sin embargo, pese a su eficiencia ejemplar, el sistema energético danés tiene fallas.
Dorthe Vinther, vicepresidenta de Energinet, una empresa pública independiente que posee las principales redes de electricidad y gas natural en Dinamarca, dijo a este reportero que la red danesa todavía "no es suficientemente inteligente para coordinar de modo flexible la oferta y la demanda, y para compensar las fluctuaciones que dependen de la meteorología y que son típicas de la energía eólica y de la solar".
Según Vinther, esas fluctuaciones en el abastecimiento de energías renovables vuelven difícil satisfacer la demanda básica. "Para lograr ese objetivo necesitamos un mejor pronóstico meteorológico, que nos permitiría mejorar nuestro programa y manejo de la oferta de energía eólica o solar", planteó.
Además, "la red debe ser capaz de almacenar electricidad en fases de mayor suministro de energía eólica y solar, y de distribuirla en periodos de bajo suministro, para satisfacer constantemente la demanda básica", dijo.
Vinther señaló que esa red y el pronóstico constituyen factores a ser considerados en la creación de un futuro mercado internacional de energías renovables, especialmente de la eólica.
"La integración de energía eólica a gran escala requiere una fuerte red internacional de transmisiones y eficientes mercados eléctricos internacionales, para comerciar y equilibrar la energía eólica en un área geográfica amplia", declaró.
"Para un proyecto internacional de esas características, también necesitamos sistemas energéticos coherentes, a fin de aumentar la flexibilidad y la eficiencia económica, y de reducir el impacto ambiental. Y necesitamos redes inteligentes", enfatizó Vinther.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). (FIN/2009)
lunes, 7 de diciembre de 2009
Declaración final del I Encuentro Nacional sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables
Autor | Encuentro Nacional sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables | Idioma | Español | Pais | Colombia | Publicado | 19 noviembre 2009 10:42
Durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009 se realizó en la ciudad de Neiva Huila el I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables” con el compromiso de fortalecer la Red de Movimientos Sociales afectados por represas y otros megaproyectos a través de la construcción e impulso de políticas públicas energéticas y alimentarías limpias y soberanas.
Las organizaciones convocantes y participantes, encabezadas por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Red Nacional de afectados por represas en Colombia reafirmamos que la construcción de megaproyectos energéticos y mineros está ocasionando en Colombia indeseables consecuencias en los ámbitos ambiental, social, económico, político y cultural. Frecuentemente, se ha observado, que estos proyectos responden a los intereses económicos y políticos de las grandes corporaciones más que a los intereses de los países y comunidades dueños de los recursos naturales que se explotan. Como también, se ha evidenciado y documentado que existe una clara correlación, en varios casos, con la pobreza, el desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.
Es una realidad que la principal ventaja estratégica de Colombia en el contexto de la economía mundial, es ser la cuarta nación en biodiversidad, siendo por grupo taxonómico el segundo en plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos (Instituto Humboldt). Como lo son también la riqueza de fuentes hídricas y de recursos energéticos convencionales como el carbón y el petróleo, para no hablar de los grandes yacimientos de oro, platino y otros minerales de alta demanda global.
La construcción de grandes represas y las explotaciones minerales a cielo abierto destruyen áreas estratégicas vitales bien para la conservación de los ecosistemas, bien para el desarrollo de la agricultura nacional. En algunos casos, estos recursos se localizan dentro de los territorios de las comunidades indígenas.
Las experiencias de milenios y el conocimiento científico actual nos demuestran que las grandes represas causan irreversibles daños a los ecosistemas, colocan en vulnerabilidad muchas especies, alteran los ríos, inundan áreas extensas, en muchos casos dedicadas a la producción de alimentos.
Es frecuente que la construcción de grandes represas tenga como consecuencia el desplazamiento forzoso de miles de personas que sufren la pérdida de sus tierras y sus formas de vida.
Es también un hecho científico que las grandes represas, como los megaproyectos mineros son responsables de la producción de gases de efecto invernadero, contribuyendo de esta forma al calentamiento Global, una de las peores amenazas naturales que está colocando en riesgo la vida en nuestro planeta y que reclama la modificación del modelo dominante, excluyente y privatizador que genera destrucción y saqueo de nuestros territorios, privatiza los bienes de uso común y colectivo y profundiza la crisis alimentaria locales, regionales, nacional y globales derivadas del despojo y concentración de la tierra para favorecer los intereses de las transnacionales a quienes los gobernantes nacionales les garantizan todas las condiciones para que sus inversiones no corran ningún riesgo e incrementen sin control su rentabilidad económica a nombre de la “confianza inversionista” y “seguridad democrática” como ocurre en Colombia.
En muchos casos, la construcción de grandes represas, implica también una situación de colonialismo, de pérdida de soberanía de los países de la periferia, como es el caso de Colombia.
La política energética y agroalimentaria del país ha acentuado la desterritorialización, el desplazamiento y el desarraigo comunitario, la destrucción de experiencias históricas de producción de bienes de consumo local y regional, incrementando la exclusión social, la pobreza y los niveles de violencia para favorecer la concentración del capital y el monopolio de la tierra.
Los medios masivos de comunicación, columna de poder económico, político e ideológico, no investigan lo suficiente ni generan noticias de opinión frente a los impactos generados por los megaproyectos, las concepciones de desarrollo, ecologismo productivo y social. El debate sobre estos aspectos apenas inicia y requiere ser profundizarlo con las comunidades, recoger sus inquietudes, colectivizarlas y socializar sus pertinencias. Sólo las movilizaciones sociales contundentes convierten en noticia en los medios y en la sociedad la problemática de los afectados por la construcción de los megaproyectos.
Con fundamento en lo consignado anteriormente las organizaciones sociales y ambientales presentes en el I Encuentro y que resistimos por la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades afectadas por la construcción de megaproyectos energéticos como El Quimbo, Hidrosogamoso, Urrá I, Pescadero Ituango, entre otros:
Declaramos
Oponernos al Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario de control del territorio como objeto de mercado a través de la imposición de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agroalimentarios y viales al servicio de las transnacionales.
Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país y que en la relatoría de pueblos indígenas se haya incluido la protección de sus territorios y recursos.
Acoger la Declaración del Encuentro Nacional Crisis Alimentaria en Colombia, acciones sociales para la defensa de la soberanía y autonomía alimentaria aprobada en Bogotá el 6 de septiembre de 2008 por 157 organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, ambientalistas y no gubernamentales de Colombia y América Latina, convocados por Planeta Paz.
Acoger la Declaración Internacional de Lorica (Córdoba) emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua y respaldar el Plan de Acción de la Red Nacional de afectados y amenazados por represas, trasvases y proyectos MDL, acordado el 16 de octubre de 2009 en la ciudad de Manizales.
Rechazamos
La criminalización de la que son objeto las y los defensores del territorio y de la vida por oponerse a los megaproyectos energéticos, mineros, agroalimentarios y a todas las formas de privatización de la vida, del conocimiento y de los bienes comunes, públicos y colectivos (tierra, agua, aire, bosques, biodiversidad, entre otros), criminalización que ha cobrado la vida del compañero Honorio Llorente en el departamento de Santander y varios asesinatos en Ituango Antioquia.
Los riesgos y afectaciones de que son víctimas las comunidades por la destrucción de sus economías locales y regionales atentando contra la soberanía alimentaria como consecuencia directa de la imposición de los megaproyectos.
El papel de las instituciones del Estado, que a nombre de la seguridad energética, entregan el control territorial a las trasnacionales atentando contra la soberanía energética y alimentaria sustentables.
Proponemos
Avanzar en la formulación de una propuesta de soberanía energética y alimentaria para el país fundamentada en el desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respetando las particularidades locales, regionales y nacionales.
Fortalecer la Red Nacional de movimientos sociales afectados por represas y otros mega-proyectos a través del impulso a unas políticas públicas energéticas y alimentarias limpias y soberanas. En tal sentido, convocar al II Encuentro Nacional con participación de las organizaciones que impulsan la resistencia contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles, viales, etc y las bases militares que los protegen.
Formalizar acuerdos intersectoriales con organizaciones sindicales y movimientos sociales para articular las diferentes luchas que se desarrollan en el territorio colombiano con el objeto de avanzar en la construcción de la plataforma de soberanía energética y alimentaria.
Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y agroalimentaria sustentables. De igual manera fortalecer los estudios sobre nuestra biodiversidad natural y genética.
Sistematizar las experiencias de resistencia discutidas en este encuentro y las que logremos articular.
Respaldar el Referendo por el Agua y la protección especial de los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico
Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración de informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de la población residente en las zonas de influencia de los megaproyectos. En tal sentido, hacer efectiva una articulación en términos jurídicos de todos los colectivos que están asumiendo la defensa de las comunidades.
Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todas las regiones en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible: contiene el fortalecimiento de las Asociaciones de Afectados por la construcción de megaproyectos, las Movilizaciónes Sociales con la Minga Indígena y demás acciones de resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad. Se propone reivindicar el 14 de marzo como día internacional de acción contras las represas.
Declarar, con fundamento en la Constitución Nacional y en defensa de la soberanía energética y alimentaria, zonas de reservas campesinas en áreas como El Quimbo Huila con amplia financiación del Estado, en particular para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan esas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses.
Lograr una mayor comunicación con los artistas como Aterciopelados y proyectos culturales que han expresado su compromiso con estas luchas de resistencia.
Generar y crear medios de comunicación alternativos con colectivos formados y organizados que asuman la responsabilidad histórica de fortalecer las luchas de resistencia para reconstruir los tejidos sociales y poder asumir las tareas que corresponden como comunicadores y periodistas.
Exigir como constituyente primario un nuevo debate en el Congreso de la República sobre el impacto de las políticas energéticas y alimentarias y su implementación en el país con la imposición de los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles.
Preparar la Misión Internacional de Verificación de los impactos de las represas y otros megaproyectos en Colombia.
Organizar, preparar y hacer seguimiento de todas las actividades para participar en el V Encuentro Mundial contra represas a celebrarse el próximo año en México.
Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de las demandas de las comunidades afectadas por los megaproyectos Tribunal de los Pueblos, Comité Interamericano de Derechos Humanos –CIDH-.
Organizaciones presentes en el I Encuentro Nacional sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Red Latinoamericana de Acción contra las represas, y por las comunidades, los ríos y el agua. REDLAR-Colombia, Planeta Paz, Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo - CENSAT Agua Viva, Observatorio de Conflictos Ambientales, ASPROCIG, ASOGADI Pescadero Ituango, ASOQUIMBO, Representación Constituyente de Betulia Santander, Comité Cívico por la Defensa del Guarinó, Movimiento Social por la defensa del Río Sogamoso, Comité Indígena del Huila CRIHU, Asociación de Trabajadores del Campo ACT, Comité Regional Indígena del Cauca CRIC, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, Comunicación para el Desarrollo Social, Fundación el Curíbano, Avanzar, Amasijo Yuma.
Fuente: Surcolombiano.com
Durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009 se realizó en la ciudad de Neiva Huila el I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables” con el compromiso de fortalecer la Red de Movimientos Sociales afectados por represas y otros megaproyectos a través de la construcción e impulso de políticas públicas energéticas y alimentarías limpias y soberanas.
Las organizaciones convocantes y participantes, encabezadas por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Red Nacional de afectados por represas en Colombia reafirmamos que la construcción de megaproyectos energéticos y mineros está ocasionando en Colombia indeseables consecuencias en los ámbitos ambiental, social, económico, político y cultural. Frecuentemente, se ha observado, que estos proyectos responden a los intereses económicos y políticos de las grandes corporaciones más que a los intereses de los países y comunidades dueños de los recursos naturales que se explotan. Como también, se ha evidenciado y documentado que existe una clara correlación, en varios casos, con la pobreza, el desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.
Es una realidad que la principal ventaja estratégica de Colombia en el contexto de la economía mundial, es ser la cuarta nación en biodiversidad, siendo por grupo taxonómico el segundo en plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos (Instituto Humboldt). Como lo son también la riqueza de fuentes hídricas y de recursos energéticos convencionales como el carbón y el petróleo, para no hablar de los grandes yacimientos de oro, platino y otros minerales de alta demanda global.
La construcción de grandes represas y las explotaciones minerales a cielo abierto destruyen áreas estratégicas vitales bien para la conservación de los ecosistemas, bien para el desarrollo de la agricultura nacional. En algunos casos, estos recursos se localizan dentro de los territorios de las comunidades indígenas.
Las experiencias de milenios y el conocimiento científico actual nos demuestran que las grandes represas causan irreversibles daños a los ecosistemas, colocan en vulnerabilidad muchas especies, alteran los ríos, inundan áreas extensas, en muchos casos dedicadas a la producción de alimentos.
Es frecuente que la construcción de grandes represas tenga como consecuencia el desplazamiento forzoso de miles de personas que sufren la pérdida de sus tierras y sus formas de vida.
Es también un hecho científico que las grandes represas, como los megaproyectos mineros son responsables de la producción de gases de efecto invernadero, contribuyendo de esta forma al calentamiento Global, una de las peores amenazas naturales que está colocando en riesgo la vida en nuestro planeta y que reclama la modificación del modelo dominante, excluyente y privatizador que genera destrucción y saqueo de nuestros territorios, privatiza los bienes de uso común y colectivo y profundiza la crisis alimentaria locales, regionales, nacional y globales derivadas del despojo y concentración de la tierra para favorecer los intereses de las transnacionales a quienes los gobernantes nacionales les garantizan todas las condiciones para que sus inversiones no corran ningún riesgo e incrementen sin control su rentabilidad económica a nombre de la “confianza inversionista” y “seguridad democrática” como ocurre en Colombia.
En muchos casos, la construcción de grandes represas, implica también una situación de colonialismo, de pérdida de soberanía de los países de la periferia, como es el caso de Colombia.
La política energética y agroalimentaria del país ha acentuado la desterritorialización, el desplazamiento y el desarraigo comunitario, la destrucción de experiencias históricas de producción de bienes de consumo local y regional, incrementando la exclusión social, la pobreza y los niveles de violencia para favorecer la concentración del capital y el monopolio de la tierra.
Los medios masivos de comunicación, columna de poder económico, político e ideológico, no investigan lo suficiente ni generan noticias de opinión frente a los impactos generados por los megaproyectos, las concepciones de desarrollo, ecologismo productivo y social. El debate sobre estos aspectos apenas inicia y requiere ser profundizarlo con las comunidades, recoger sus inquietudes, colectivizarlas y socializar sus pertinencias. Sólo las movilizaciones sociales contundentes convierten en noticia en los medios y en la sociedad la problemática de los afectados por la construcción de los megaproyectos.
Con fundamento en lo consignado anteriormente las organizaciones sociales y ambientales presentes en el I Encuentro y que resistimos por la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades afectadas por la construcción de megaproyectos energéticos como El Quimbo, Hidrosogamoso, Urrá I, Pescadero Ituango, entre otros:
Declaramos
Oponernos al Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario de control del territorio como objeto de mercado a través de la imposición de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agroalimentarios y viales al servicio de las transnacionales.
Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país y que en la relatoría de pueblos indígenas se haya incluido la protección de sus territorios y recursos.
Acoger la Declaración del Encuentro Nacional Crisis Alimentaria en Colombia, acciones sociales para la defensa de la soberanía y autonomía alimentaria aprobada en Bogotá el 6 de septiembre de 2008 por 157 organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, ambientalistas y no gubernamentales de Colombia y América Latina, convocados por Planeta Paz.
Acoger la Declaración Internacional de Lorica (Córdoba) emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua y respaldar el Plan de Acción de la Red Nacional de afectados y amenazados por represas, trasvases y proyectos MDL, acordado el 16 de octubre de 2009 en la ciudad de Manizales.
Rechazamos
La criminalización de la que son objeto las y los defensores del territorio y de la vida por oponerse a los megaproyectos energéticos, mineros, agroalimentarios y a todas las formas de privatización de la vida, del conocimiento y de los bienes comunes, públicos y colectivos (tierra, agua, aire, bosques, biodiversidad, entre otros), criminalización que ha cobrado la vida del compañero Honorio Llorente en el departamento de Santander y varios asesinatos en Ituango Antioquia.
Los riesgos y afectaciones de que son víctimas las comunidades por la destrucción de sus economías locales y regionales atentando contra la soberanía alimentaria como consecuencia directa de la imposición de los megaproyectos.
El papel de las instituciones del Estado, que a nombre de la seguridad energética, entregan el control territorial a las trasnacionales atentando contra la soberanía energética y alimentaria sustentables.
Proponemos
Avanzar en la formulación de una propuesta de soberanía energética y alimentaria para el país fundamentada en el desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respetando las particularidades locales, regionales y nacionales.
Fortalecer la Red Nacional de movimientos sociales afectados por represas y otros mega-proyectos a través del impulso a unas políticas públicas energéticas y alimentarias limpias y soberanas. En tal sentido, convocar al II Encuentro Nacional con participación de las organizaciones que impulsan la resistencia contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles, viales, etc y las bases militares que los protegen.
Formalizar acuerdos intersectoriales con organizaciones sindicales y movimientos sociales para articular las diferentes luchas que se desarrollan en el territorio colombiano con el objeto de avanzar en la construcción de la plataforma de soberanía energética y alimentaria.
Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y agroalimentaria sustentables. De igual manera fortalecer los estudios sobre nuestra biodiversidad natural y genética.
Sistematizar las experiencias de resistencia discutidas en este encuentro y las que logremos articular.
Respaldar el Referendo por el Agua y la protección especial de los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico
Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración de informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de la población residente en las zonas de influencia de los megaproyectos. En tal sentido, hacer efectiva una articulación en términos jurídicos de todos los colectivos que están asumiendo la defensa de las comunidades.
Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todas las regiones en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible: contiene el fortalecimiento de las Asociaciones de Afectados por la construcción de megaproyectos, las Movilizaciónes Sociales con la Minga Indígena y demás acciones de resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad. Se propone reivindicar el 14 de marzo como día internacional de acción contras las represas.
Declarar, con fundamento en la Constitución Nacional y en defensa de la soberanía energética y alimentaria, zonas de reservas campesinas en áreas como El Quimbo Huila con amplia financiación del Estado, en particular para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan esas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses.
Lograr una mayor comunicación con los artistas como Aterciopelados y proyectos culturales que han expresado su compromiso con estas luchas de resistencia.
Generar y crear medios de comunicación alternativos con colectivos formados y organizados que asuman la responsabilidad histórica de fortalecer las luchas de resistencia para reconstruir los tejidos sociales y poder asumir las tareas que corresponden como comunicadores y periodistas.
Exigir como constituyente primario un nuevo debate en el Congreso de la República sobre el impacto de las políticas energéticas y alimentarias y su implementación en el país con la imposición de los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles.
Preparar la Misión Internacional de Verificación de los impactos de las represas y otros megaproyectos en Colombia.
Organizar, preparar y hacer seguimiento de todas las actividades para participar en el V Encuentro Mundial contra represas a celebrarse el próximo año en México.
Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de las demandas de las comunidades afectadas por los megaproyectos Tribunal de los Pueblos, Comité Interamericano de Derechos Humanos –CIDH-.
Organizaciones presentes en el I Encuentro Nacional sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Red Latinoamericana de Acción contra las represas, y por las comunidades, los ríos y el agua. REDLAR-Colombia, Planeta Paz, Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo - CENSAT Agua Viva, Observatorio de Conflictos Ambientales, ASPROCIG, ASOGADI Pescadero Ituango, ASOQUIMBO, Representación Constituyente de Betulia Santander, Comité Cívico por la Defensa del Guarinó, Movimiento Social por la defensa del Río Sogamoso, Comité Indígena del Huila CRIHU, Asociación de Trabajadores del Campo ACT, Comité Regional Indígena del Cauca CRIC, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, Comunicación para el Desarrollo Social, Fundación el Curíbano, Avanzar, Amasijo Yuma.
Fuente: Surcolombiano.com
domingo, 6 de diciembre de 2009
Perú: pueblo Kichwa no permitirá explotación de lotes 180 y 181
Autor | Servindi | Idioma | Español | Pais | Perú | Publicado | 4 diciembre 2009 13:03
Los Apus de las comunidades Kichwas de Lamas, San Martín, El Dorado, Picota, Bellavista y Juanjuí denunciaron que el Gobierno peruano y Perúpetro insisten en incumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no respetar su derecho a la Consulta
Ante ello, los pueblos kichwas de la región San Martín anunciaron que estarán alertas a los atropellos de la empresa estatal y su pretensión de explorar los lotes 180 y 181.
Agregaron que no permitirán dicha situación y defenderán “a la Madre Naturaleza ante la arremetida de las transnacionales, pues los pueblos tienen el derecho de decidir sobre su territorio”.
“A pesar que han transcurrido 15 años desde la suscripción de parte del Perú al Convenio 169, ni el Congreso de la República, ni ninguna otra instancia que cumpla función legislativa han establecido procedimientos para efectuar consultas previas a las organizaciones de pueblos indígenas”, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Servindi, Internet, 2-12-09
Los Apus de las comunidades Kichwas de Lamas, San Martín, El Dorado, Picota, Bellavista y Juanjuí denunciaron que el Gobierno peruano y Perúpetro insisten en incumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no respetar su derecho a la Consulta
Ante ello, los pueblos kichwas de la región San Martín anunciaron que estarán alertas a los atropellos de la empresa estatal y su pretensión de explorar los lotes 180 y 181.
Agregaron que no permitirán dicha situación y defenderán “a la Madre Naturaleza ante la arremetida de las transnacionales, pues los pueblos tienen el derecho de decidir sobre su territorio”.
“A pesar que han transcurrido 15 años desde la suscripción de parte del Perú al Convenio 169, ni el Congreso de la República, ni ninguna otra instancia que cumpla función legislativa han establecido procedimientos para efectuar consultas previas a las organizaciones de pueblos indígenas”, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Servindi, Internet, 2-12-09
Colombia: continúa genocidio contra comunidades indígenas en Cauca: Suarez y Morales
Autor | NOMADESC | Idioma | Español | Pais | Colombia | Publicado | 20 noviembre 2009 13:02
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos la grave situación que afrontan las comunidades indígenas de la zona Occidente y Norte del Cauca. En tan solo dos semanas han sido asesinados tres indígenas y otro mas gravemente herido quien se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Valle de Lili de la ciudad Santiago de Cali.
Es importante resaltar la alta y constante militarización del territorio. La cual aumento su pie de fuerza ostensiblemente en las dos ultimas semanas. Como lo habíamos denunciado anteriormente el día 22 de octubre de 2009, llego una amenaza enviada desde el Municipio de Santander de Quilichao a las oficinas de la CUT VALLE y NOMADESC Cali. En esta amenaza se mencionan cinco organizaciones entre ellas el Resguardo Cerro Tijeras y seis personas con nombre propio de las organizaciones sociales pertenecientes a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que aparecen en la amenaza firmada por un grupo que se autodenomina “AGUILAS NEGRAS NUEVA GENERACION”
Resaltamos que la Minga de Resistencia social y comunitaria el pasado 16 de octubre sesiono en su precongreso itinerante y denuncio ante el país y el mundo las graves violaciones de derechos humanos de las que son objeto las comunidades indígenas, campesinas, populares, afro descendientes, estudiantiles y obreras en todo el país.
Dichas amenazas se han materializado de la siguiente manera:
1. El día 29 de Octubre de 2009 fue asesinada MARLY CAROLINA HUILA GUAMANGA, hechos sucedidos el la vereda Damián del Resguardo Cerro tijeras, Municipio de Suárez, Cauca.
2. El día 11 de noviembre de 2009 fue asesinado REINALDO BOMBA en la Vereda Bella Vista del Resguardo Cerro tijeras, Municipio de Suárez, Cauca.
3. El día 13 de Noviembre de 2009 fue asesinado NILSON CAMPO y herido de gravedad EGIDIO OVANDO HUILA, en el sitio denominado “El Tanque” ubicado en el Cerro Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca.
ULTIMOS HECHOS
El día 13 de noviembre de 2009, siendo las 10:00 p.m. fue asesinado NILSON CAMPO Comunero indígena del resguardo de Honduras y herido EGIDIO OVANDO HUILA, comunero indígena del Resguardo Cerro Tijeras, los dos se trasportaban en moto Zusuki Placas XJB 10A, cuando fueron atacados por un grupo armado que hasta el momento no ha sido identificado.
Los hechos sucedieron en el sitio denominado “El Tanque” ubicado en el Cerro Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca. Según información de la Comunidad NILSON CAMPO, recibió cinco tiros de arma de fuego y el herido además de cinco impactos de bala fue agredido a machete.
NILSON CAMPO, recibió cinco impactos tres impactos en el abdomen, otro en el pómulo derecho y otro en la oreja. El comunero indígena actualmente guardiaba el proyecto piscícola de de las asociación de Piscicultores indígenas ASPROINCA y había sido tesorero del Cabildo Honduras en el año 2006 y capitán del mismo en el año 2007.
Es importante anotar que los hechos han sucedido a altas horas de la noche o en la madrugada, los autores al parecer grupos paramilitares desarrollan sus operaciones vestidos de camuflado y con brazaletes negros.
EXIGENCIAS
Exigimos se brinde protección inmediata al comunero indígena del Resguardo Cerro Tijeras que se encuentra gravemente herido.
Exigimos a los diferentes actores armados respeto a la vida y derechos de las comunidades indígenas y del pueblo colombiano en general.
A las multinacionales respeto al territorio, autonomía y autodeterminación de los pueblos.
Al Ministerio del Interior y de Justicia, brindar los mecanismos de prevención suficientes y necesarios para frenar cualquier hecho que atente contra la integridad de las comunidades indígenas y sectores sociales amenazados.
A los Organismos de Investigación del Estado efectuar de manera oportuna las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos en el menor tiempo posible y mostrar públicamente sus resultados.
Al Gobierno Nacional al Estado y a todas las instituciones, a reconocer el nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas de Colombia y organizaciones sociales y cumplir con los mandatos constitucionales y normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.
Al Ejército Nacional que en el desarrollo de sus operaciones observe el estricto cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y de DIH.
A todas las instituciones del estado dar cumplimiento a los Autos 004 del 26 de enero de 2009 y 005 de 2009, en los cuales se ordena la protección de los derechos fundamentales de las personas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento.
Convocamos al Sistema de Naciones Unidas, organismos de Derechos Humanos, a las organizaciones Sociales, Instituciones del Estado, ONGs Internacionales organismos de control pronunciarse a la mayor brevedad y acompañar en los territorios a las comunidades amenazadas y en peligro de ser exterminadas.
Solicitamos a las organizaciones internacionales en todo el mundo acompañar a las comunidades indígenas y organizaciones sociales mediante una veeduría permanente de la situación de derechos humanos exigiendo el cumplimiento de normas nacionales e internacionales de respeto, a las comunidades y su territorio. Así mismo acompañar a la Minga de resistencia social y comunitaria en sus exigencias.
Sus pronunciamientos los puede enviar a:
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
\n fsantos@presidencia.gov.co
\n secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupció \n n@presidencia.gov.coreygon@procuraduría.gov.co
ASOCIACION NOMADESC
CORPORACION JURIDICA UTOPIA
CABILDO INDIGENA DE HONDURAS
CABILDO CERRO TIJERAS
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
ECATE
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL
CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS
SEMBRAR
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD
CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA LA PRIVATIZACIÓN, LA CORRUPCIÓN, LA PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LA IMPUNIDAD “PROHIBIDO OLVIDAR”.
Nota: favor remitir a los siguientes correos los oficios y acciones que adelanten con base en esta información: accionjuridica.nomadesc@gmail.com
Fuente: REDHER
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos la grave situación que afrontan las comunidades indígenas de la zona Occidente y Norte del Cauca. En tan solo dos semanas han sido asesinados tres indígenas y otro mas gravemente herido quien se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Valle de Lili de la ciudad Santiago de Cali.
Es importante resaltar la alta y constante militarización del territorio. La cual aumento su pie de fuerza ostensiblemente en las dos ultimas semanas. Como lo habíamos denunciado anteriormente el día 22 de octubre de 2009, llego una amenaza enviada desde el Municipio de Santander de Quilichao a las oficinas de la CUT VALLE y NOMADESC Cali. En esta amenaza se mencionan cinco organizaciones entre ellas el Resguardo Cerro Tijeras y seis personas con nombre propio de las organizaciones sociales pertenecientes a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que aparecen en la amenaza firmada por un grupo que se autodenomina “AGUILAS NEGRAS NUEVA GENERACION”
Resaltamos que la Minga de Resistencia social y comunitaria el pasado 16 de octubre sesiono en su precongreso itinerante y denuncio ante el país y el mundo las graves violaciones de derechos humanos de las que son objeto las comunidades indígenas, campesinas, populares, afro descendientes, estudiantiles y obreras en todo el país.
Dichas amenazas se han materializado de la siguiente manera:
1. El día 29 de Octubre de 2009 fue asesinada MARLY CAROLINA HUILA GUAMANGA, hechos sucedidos el la vereda Damián del Resguardo Cerro tijeras, Municipio de Suárez, Cauca.
2. El día 11 de noviembre de 2009 fue asesinado REINALDO BOMBA en la Vereda Bella Vista del Resguardo Cerro tijeras, Municipio de Suárez, Cauca.
3. El día 13 de Noviembre de 2009 fue asesinado NILSON CAMPO y herido de gravedad EGIDIO OVANDO HUILA, en el sitio denominado “El Tanque” ubicado en el Cerro Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca.
ULTIMOS HECHOS
El día 13 de noviembre de 2009, siendo las 10:00 p.m. fue asesinado NILSON CAMPO Comunero indígena del resguardo de Honduras y herido EGIDIO OVANDO HUILA, comunero indígena del Resguardo Cerro Tijeras, los dos se trasportaban en moto Zusuki Placas XJB 10A, cuando fueron atacados por un grupo armado que hasta el momento no ha sido identificado.
Los hechos sucedieron en el sitio denominado “El Tanque” ubicado en el Cerro Damián del Resguardo Cerro Tijeras, Municipio de Suárez, Cauca. Según información de la Comunidad NILSON CAMPO, recibió cinco tiros de arma de fuego y el herido además de cinco impactos de bala fue agredido a machete.
NILSON CAMPO, recibió cinco impactos tres impactos en el abdomen, otro en el pómulo derecho y otro en la oreja. El comunero indígena actualmente guardiaba el proyecto piscícola de de las asociación de Piscicultores indígenas ASPROINCA y había sido tesorero del Cabildo Honduras en el año 2006 y capitán del mismo en el año 2007.
Es importante anotar que los hechos han sucedido a altas horas de la noche o en la madrugada, los autores al parecer grupos paramilitares desarrollan sus operaciones vestidos de camuflado y con brazaletes negros.
EXIGENCIAS
Exigimos se brinde protección inmediata al comunero indígena del Resguardo Cerro Tijeras que se encuentra gravemente herido.
Exigimos a los diferentes actores armados respeto a la vida y derechos de las comunidades indígenas y del pueblo colombiano en general.
A las multinacionales respeto al territorio, autonomía y autodeterminación de los pueblos.
Al Ministerio del Interior y de Justicia, brindar los mecanismos de prevención suficientes y necesarios para frenar cualquier hecho que atente contra la integridad de las comunidades indígenas y sectores sociales amenazados.
A los Organismos de Investigación del Estado efectuar de manera oportuna las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos en el menor tiempo posible y mostrar públicamente sus resultados.
Al Gobierno Nacional al Estado y a todas las instituciones, a reconocer el nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas de Colombia y organizaciones sociales y cumplir con los mandatos constitucionales y normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.
Al Ejército Nacional que en el desarrollo de sus operaciones observe el estricto cumplimiento de las normas de Derechos Humanos y de DIH.
A todas las instituciones del estado dar cumplimiento a los Autos 004 del 26 de enero de 2009 y 005 de 2009, en los cuales se ordena la protección de los derechos fundamentales de las personas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento.
Convocamos al Sistema de Naciones Unidas, organismos de Derechos Humanos, a las organizaciones Sociales, Instituciones del Estado, ONGs Internacionales organismos de control pronunciarse a la mayor brevedad y acompañar en los territorios a las comunidades amenazadas y en peligro de ser exterminadas.
Solicitamos a las organizaciones internacionales en todo el mundo acompañar a las comunidades indígenas y organizaciones sociales mediante una veeduría permanente de la situación de derechos humanos exigiendo el cumplimiento de normas nacionales e internacionales de respeto, a las comunidades y su territorio. Así mismo acompañar a la Minga de resistencia social y comunitaria en sus exigencias.
Sus pronunciamientos los puede enviar a:
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
\n fsantos@presidencia.gov.co
\n secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupció \n n@presidencia.gov.coreygon@procuraduría.gov.co
ASOCIACION NOMADESC
CORPORACION JURIDICA UTOPIA
CABILDO INDIGENA DE HONDURAS
CABILDO CERRO TIJERAS
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
ECATE
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL
CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS
SEMBRAR
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD
CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA LA PRIVATIZACIÓN, LA CORRUPCIÓN, LA PENALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LA IMPUNIDAD “PROHIBIDO OLVIDAR”.
Nota: favor remitir a los siguientes correos los oficios y acciones que adelanten con base en esta información: accionjuridica.nomadesc@gmail.com
Fuente: REDHER
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