sábado, 28 de febrero de 2009

Argentina: Pueblos fumigados

Autor | Grupo de Reflexión Rural | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 16 febrero 2009 16:52

Informe sobre la problemática del uso de plaguicidas en las principales provincias sojeras de la Argentina

Este trabajo breve pero significativo, expresa la campaña “Paren de Fumigar” que está desarrollando el Grupo de Reflexión Rural desde principios del año 2006 y donde se han sumado otras organizaciones sociales y ambientales, tales como el CEPRONAT Centro de Protección a la Naturaleza, de la ciudad de Santa Fe, y varias otras de las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba y de Entre Ríos. Todo ello puede conocerse a través de la página http://www.grr.org.ar/campanapdf. El proyecto “Paren de Fumigar”, nació como gesto solidario a partir de conocer y de comenzar a respaldar, a partir del año 2005, a las de Madres de Ituzaingó Anexo, un grupo de mujeres que habitan un barrio periférico de la provincia de Córdoba, zona urbana gravemente afectado por el uso indiscriminado de agrotóxicos y donde existen más de 200 casos de cáncer, en una población de no más de 5.000 habitantes.

Este trabajo se sustenta en los informes suministrados por los pobladores de algunas de las muchísimas localidades afectadas y en ellos se exponen problemas concretos de cada lugar originados directa o indirectamente por la acción de los plaguicidas. No es casual que la mayoría de las denuncias sean de las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Estas son las principales áreas productoras de soja transgénica, cultivo que ha provocado un aumento exponencial en el uso masivo de agrotóxicos.

Los testimonios de los pueblos afectados evidencian la poca información y conciencia de los productores y las instituciones gubernamentales en los problemas generados por la apuesta a un cultivo “rentable” y hegemónico en la agricultura argentina, en desmedro de la protección del medio ambiente y de la salud humana. En la actualidad, la Argentina posee más de 18 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica y consume entre 180 y 200 millones de litros de glifosato por año, más precisamente Roundup, la marca comercial que comprende la mezcla del glifosato con el POEA, herbicida que es componente insustituible del paquete tecnológico de esta agricultura industrial, que incluye la siembra directa y las semillas RR, Roundup Ready, y que ha devenido en el patrón agroquímico de uso más generalizado en todo el territorio.

La creciente expansión de los monocultivos de soja RR ha barrido con los tradicionales cinturones verdes de morigeración de los impactos que rodeaban los pueblos. Estos corredores estaban generalmente constituidos por montes frutales, criaderos de animales pequeños, tambos y chacras de pequeños agricultores. Ahora los monocultivos llegan a las primeras calles de las localidades y las fumigaciones impactan en forma directa e inmisericorde sobre las poblaciones. Las máquinas fumigadoras se guardan y se lavan dentro de las zonas urbanas, en muchos casos incumpliendo la Ley y en todos, contraviniendo toda norma de prevención, los aerofumigadores suelen decolar de los aeroclubes de las propias localidades y cruzan los pueblos chorreando venenos cuando se dirigen o cuando retornan de sus objetivos sin que la autoridad municipal haga demasiado por impedirlo. Los granos se almacenan por razones de comodidad de los mismos productores en enormes silos ubicados generalmente en zonas céntricas de los pueblos, y diseminan con el venteo que se aplica a los granos para restarles humedad, partículas tóxicas que afectan el corazón de las pequeñas urbanizaciones. Caravanas de miles y miles de camiones cargados de porotos cruzan el territorio hacia los pueblos ribereños y los puertos, dejando a su paso regueros de muerte en las poblaciones que viven a orillas de las rutas y que son víctimas de las partículas tóxicas que los vehículos van dejando como una estela a lo largo de su camino.

Autor: Grupo de Reflexión Rural

CAMBIO CLIMÁTICO: Washington recalentado

Por Stephen Leahy

PICTOU, Canadá, 27 feb (IPS) - La inacción de Estados Unidos en materia de cambio climático colmó la paciencia de jóvenes ambientalistas que decidieron organizar varias movilizaciones para este lunes.

Más de 10.000 personas, en su mayoría jóvenes, se reunirán en Washington para reclamar a las autoridades la inmediata reglamentación de una disminución significativa de las emisiones de dióxido de carbono.

Varios científicos revelaron esta semana que el clima es más sensible al aumento de temperatura que lo previsto.

El mismo día, al menos 2.000 personas, encabezadas por el científico James Hansen, de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA), tienen previsto interrumpir el funcionamiento de la central eléctrica de carbón que suministra energía al Capitol Hill, sede de varios edificios gubernamentales, entre ellos el Congreso legislativo, violando la ley si fuera necesario.

"Desde hace más de 30 años, científicos, ambientalistas y todo tipo de personas le reclaman a las autoridades que tomen medidas para detener el recalentamiento del planeta. Seguimos esperamos", remarcó Hansen, especialista en materia climática.

"El mundo espera que el gobierno de Barack Obama y el Congreso encabecen este singular asunto. Tienen que empezar por sacar el carbón" de la sede legislativa, reza una declaración del especialista.

Durante todo este tiempo, Hansen "ha sido una voz que ha demostrado coraje en asuntos de cambio climático", señaló Michael Crocker, del capítulo estadounidense de Greenpeace, que integra una coalición de más de 40 organizaciones, ambientalistas, por un mejor sistema de salud y por justicia social, llaman a paralizar la central eléctrica de Capitol Hill, al menos por unas horas.

"Queremos enviar al Congreso el mensaje de que las emisiones de dióxido de carbono no pueden reducirse sin clausurar las centrales eléctricas a carbón", dijo Crocker a IPS.

Hansen y otros científicos probaron que las centrales eléctricas a carbón son las principales fuentes de emisiones y si en todos los países se cerraran para 2030, habría posibilidades reales de estabilizar el clima.

El carbono también es uno de los principales factores de contaminación del aire que mata a cientos de miles de seres vivos. Además es la mayor fuente de las emisiones tóxicas de mercurio. La explotación de esa sustancia tiene consecuencias significativas para el ambiente y la salud.

"El argumento de que existe algo llamado ‘carbono limpio’ es, sencillamente, una mentira", según los escritores Wendell Berry y Bill McKibben, quienes también participan en la organización del cierre de la planta de energía.

"Es posible que haya detenciones", advirtió Crocker. "Éste es el comienzo de una serie de movilizaciones que se realizarán hasta que el gobierno adopte verdaderas medidas para preservar el clima".

Estados Unidos debe tener una legislación que reduzca de forma drástica las emisiones de dióxido de carbono y fomente fuentes de energía limpia antes de las negociaciones de Copenhague, de diciembre, donde la comunidad internacional tratará de forjar un acuerdo sobre cambio climático más significativo, señaló la directora de la Energy Action Coalition (Coalición Acción para la Energía), Jessy Tolkan.

La Coalición, integrada por menores de 30 años, organizó otra acción, que se complementa con la anterior. Más de 10.000 jóvenes de todos los estados del país se desplazarán hasta Washington para reclamar al Congreso que tome medidas para frenar el cambio climático.

"Habrá muchos jóvenes de diversos orígenes sociales", señaló Tolkan.

No serán sólo universitarios de los estados del noreste, indicó. Habrá jóvenes que fueron "víctimas de la contaminación del aire causada por las energías sucias, indígenas perjudicados por la minería, otros de origen latinoamericano a favor de empleos en sectores limpios, hijos e hijas de trabajadores de la industria automotriz en reclamo de un transporte que no contamine y cristianos evangelistas que defienden una mejor gestión del ambiente".

Los jóvenes, preocupados por la economía, pero "atemorizados" por el cambio climático, se dieron cuenta de que llegó la hora de tomar medidas drásticas al respecto y crear una nueva economía verde, arguyó Tolkan.

La coalición juvenil aboga por la creación de cinco millones de empleos en industrias no contaminantes para "convertir el Medio Oeste estadounidense en una Arabia Saudita eólica y el sudoeste en una solar", señaló.

Se conoce como Medio Oeste la región central de Estados Unidos.

"Es la solución a muchos problemas, incluido el fin de las guerras por petróleo", añadió.

A fin de lograr su objetivo, la organización programó más de 325 reuniones con casi todos los miembros del Congreso para este lunes. Más de 500 estudiantes de Virginia se reunirán con los dos senadores de su estado para reclamarles una "legislación justa y fuerte en materia climática", señaló Laura Comer, estudiante de la Universidad Hofstra, de Nueva York.

"Será el día con más lobby de la historia de Estados Unidos", dijo a IPS Comer, quien colabora de forma voluntaria con la coalición. "Sabemos que la climatología tiene bases sólidas y sabemos qué medidas tenemos que tomar para sobrevivir".

Los pronósticos científicos son cada vez más funestos.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences señaló esta semana que un aumento de la temperatura global inferior a 1,8 grados puede ocasionar "más sequías, olas de calor e inundaciones", lo que implicaría escasez de agua, mayor frecuencia de incendios forestales y más desbordamientos.

Antes, los científicos creían que para eso ocurriría si la temperatura aumentaba más de 1,8 grados.

La temperatura actual ya aumentó 0,8 grados y, aun si se eliminaran todas las emisiones de dióxido de carbono, superaría los 1,8 grados, según otros informes científicos.

Comer señaló que los jóvenes se dieron cuenta de que no basta con respaldar al presidente Obama, quien dio prioridad a los asuntos ambientales, porque ya saben que muchos legisladores no comparten su idea de tomar medidas inmediatas y fuertes en materia climática y de reverdecer la economía de Estados Unidos.

Los legisladores quedaron "sorprendidos" por toda la organización y la cantidad de jóvenes que reunieron fondos para trasladarse a Washington y reunirse con sus representantes a fin de explicarles la importancia que tiene para ellos el asunto, remarcó Comer.

"Las generaciones mayores nos fallaron, así que más vale que esta vez no se hagan los distraídos porque los estaremos observando", añadió. (FIN/2009)

viernes, 27 de febrero de 2009

Ecuador: Carta abierta sobre la Ley de soberanía alimentaria

Autor | Acción Ecológica y Fundación HEIFER | Idioma | Español | Pais | Ecuador | Publicado | 17 febrero 2009 11:37

PRESIDENTE DE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISION DE SALUD Y AMBIENTE

COMISIONADOS EN GENERAL

Saludamos la decisión de la Asamblea Nacional de realizar únicamente una ley marco de soberanía alimentaria y postergar la discusión de los otros temas que componen la soberanía alimentaria a fin de tener una amplia participación social y debate.

Pero creemos necesario que este marco debe responder en totalidad a lo estipulado en la Constitución y a los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho de la soberanía alimentaria su bandera de lucha y de propuestas para conseguir un modelo agrario diferente, no neoliberal. Lamentablemente, el proyecto de ley presentado burla estas aspiraciones, razón por la cual lo rechazamos. De todas maneras, y tomando en cuenta que esta ley será el marco referencial en relación al cual se desarrollarán las otras normativas, consideramos pertinente realizar algunos comentarios.

En primer lugar, el sentido de la ley no corresponde a todas las aspiraciones que se conjugan con el concepto de la soberanía alimentaria. Existe una propuesta teórica y práctica de lo que significa soberanía alimentaria, realizada por los movimientos campesinos, indígenas, pescadores, recolectores y otros, quienes en respuesta al modelo agroalimentario impulsado por el neoliberalismo que ha situado a las transnacionales agroalimentarias como actores centrales que controlan y monopolizan todas las fases de la cadena alimentaria desde la producción de semillas hasta la comercialización de los productos; proponen que los pueblos recuperen el control total de la producción de alimentos y por lo tanto tengan el control de los recursos necesarios para hacerlo: tierra, agua, semillas y una tecnología respetuosa con la naturaleza y que valore los conocimientos, saberes y prácticas de quienes hace miles de años dieron origen a la agricultura y la mantienen hasta la actualidad. Esto nos permite tener de forma soberana alimentos sanos, que respondan a las diversas culturas alimentarias de nuestro país.

Si bien el proyecto de ley en la exposición de motivos reconoce que las políticas desarrolladas en el país han favorecido la acumulación de riqueza de los grupos oligárquicos y enfatiza en los logros alcanzados en la Constitución, especialmente relacionados con la visión multidimensional que implica la garantía del buen vivir y la defensa de la naturaleza; los objetivos y las políticas planteadas no responden a este planteamiento sino que al contrario consolidan el sistema unidimensional cuya expresión son los grupos de poder que actualmente controlan, en algunos casos monopólicamente, las cadenas de valor del negocio agroalimentario-industrial, quienes ya se han beneficiado del paquete directo de subsidios estipulados en el Mandato Agrario, aprobado en julio del 2008.

Este tipo de agricultura perpetúa también el daño a la naturaleza: fomenta el monocultivo, el uso de agrotóxicos y genera dependencia del campesino a las grandes transnacionales. Más aún, fomenta el modelo de agricultura por contrato y asociatividad que son nuevas formas de explotación del trabajo de los agricultores, es la expresión contemporánea de la esclavitud en el campo, pues son las empresas quienes organizan el proceso productivo y con esto ejercen dominio y control del mismo. El campesino se convierte en un consumidor de insumos, pierde sus semillas tradicionales pero fundamentalmente pierde su capacidad de producir para el autosustento, esto se traduce en impactos sociales, ambientales y nutricionales. Por ejemplo y paradójicamente, las zonas en donde operan las cadenas agroindustriales se presentan altos índices de desnutrición infantil. El apoyo a este modelo se evidencia en los objetivos de la ley; de mantenerse así, sugerimos el cambio de nombre de esta ley, que debería llamarse ley de fomento de la agroindustria.

La definición de soberanía alimentaria expresada en la exposición de motivos toma en cuenta solamente un aspecto de la misma: evitar la dependencia alimentaria de otros países pero pervierte el modo de hacerlo. La propuesta campesina supone que esta producción esté basada en la producción local, comunitaria y no en manos de “empresas nacionales” agroindustriales que son parte de la oligarquía tradicional a quien siempre se ha favorecido y que además representan los intereses de las empresas transnacionales semilleras, de insumos y hasta comercializadoras. Así, PRONACA (ejemplo emblemático de la agricultura por contrato) se presenta orgullosamente como representante de Monsanto, la transnacional que controla el 90% de las semillas transgénicas comerciales.

Por otro lado, se señala claramente que no se pretende atacar, mermar o peor eliminar la producción alimentaria para la exportación. Esta afirmación se contradice con lo propuesto por la soberanía alimentaria que busca dar prioridad al abastecimiento local y nacional de alimentos, en consecuencia solamente los excedentes pueden ser orientados a la exportación. Los productos agrícolas de exportación en el país han sido consecutivamente beneficiados por las políticas nacionales, como la normativa vigente creada en el año 1994, o la consolidación de la larga noche neoliberal, que establecieron un marco legal y de apoyo directo a la agroexportación, lo que se demuestra al analizar el PIB agrario pues son éstos los sectores que han tenido crecimiento sostenido en los últimos 20 años.

No solamente se debe considerar que generan empleo sino que en muchas ocasiones son los campesinos desplazados por estas actividades quienes se convierten en sus jornaleros, muchas veces explotados, pues la precarización laboral es uno de los mecanismos de las empresas para mantener su competitividad. Estas empresas además han ocupado el territorio de fincas pequeñas o medianas que en el caso de la costa ecuatoriana mantenían un alto nivel de diversificación. A esto hay que sumarle la vulnerabilidad de un modelo basado en las exportaciones, tal como se ha visto en la última crisis económica y alimentaria, pues por una parte quienes más sufrieron fueron los países importadores netos de alimentos y por otra hemos sido testigos de que aquellas eficientes producciones para la exportación fueron los únicos que demandaron apoyo gubernamental para mantener sus actividades y altos márgenes de ganancia.

Siguiendo con esta percepción confusa del sentido de la soberanía alimentaria, en el proyecto de ley la necesidad de garantizar alimentos sanos se equipara con el concepto de inocuidad alimentaria, que tal como se planteaba en versiones anteriores y como ha sucedido en países vecinos como Colombia, han servido para limitar el acceso al mercado de los productos de los pequeños y medianos agricultores y coartar sus diarias actividades en base al establecimiento de estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales que responden a los requerimientos de la OMC, que buscan imposibilitar la circulación de la producción campesina para asegurarles el mercado a las grandes corporaciones. De esta manera se penalizó la producción artesanal de panela en Colombia y de tortilla de maíz en México.

Así mismo, creemos necesario señalar qué se entiende por nutritivo en este proyecto de ley, pues la tendencia actual es considerar productos nutritivos aquellos productos elaborados a los que se les añade vitaminas y micronutrientes sintéticos, en desmedro de los productos naturales y de una dieta diversificada. Esto se evidencia claramente en los programas de asistencia alimentaria que mantiene el gobierno, PANN 2000, Alimentación Escolar y otros, que distribuyen fórmulas preparadas cuya base es la proteína de soya (cuyo consumo ha sido prohibido para niños menores de dos años por su alto contenido de isoflavonas – estrógenos- que pueden ocasionar trastornos hormonales) y contienen saborizantes y colorantes químicos para hacer agradable al producto, el mismo que no tiene ninguna correspondencia con la cultura alimentaria de la población. Estas prácticas son contrarias a las evidencias científicas recientes que asocian diversidad alimentaria con buena salud.

Llama enormemente la atención que en el artículo referido a la agrobiodiversidad se incluya el tema de los organismos genéticamente modificados, pues deberían estar en artículos separados por ser intrínsecamente opuestos. Además, la manera en la cual está redactado lo referido a transgénicos no tiene correspondencia con lo estipulado en el artículo 401 de la Constitución que declara al Ecuador como un país libre de semillas y cultivos genéticamente modificados y los permite únicamente en casos excepcionales. El artículo 9 del proyecto de ley, al contrario, está perpetuando la excepción, pues en lugar de garantizar la condición de un país libre de transgénicos, garantiza que el ingreso de transgénicos, no cause impactos.

Atentamente

Acción Ecológica y Fundación HEIFER

jueves, 26 de febrero de 2009

INDÍGENAS-MÉXICO: Muertos por hablar fuerte y claro

Por Diego Cevallos

MÉXICO, 23 feb (IPS) - La tortura y el asesinato de dos indígenas que documentaron y denunciaron atropellos militares en un paraje rural del estado de Guerrero, sudoeste de México, agrava el cuadro de violencia e impunidad de las zonas campesinas de ese distrito.

¿Hay esperanza de que se haga justicia en este caso? "Por los antecedentes, muy difícilmente sucederá, pero no podemos bajar la guardia", dijo a IPS José Raymundo Díaz, coordinador en Guerrero del no gubernamental Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

En la tarde del viernes 13, y ante unos 50 testigos, tres personas sin uniforme que se dijeron policías secuestraron en el poblado de Ayutla, en Guerrero, a Raúl Lucas, de 39 años, y a Manuel Ponce, de 32, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos.

Lucas y Ponce asistían a la ceremonia de inauguración de una escuela. Minutos antes, se habían retirado del lugar el director de Seguridad Pública de Ayutla, un ex militar, y los policías que lo acompañaban.

Según testigos, los tres hombres armados se identificaron a gritos como policías, subieron a Lucas y Ponce a un vehículo sin placas y se los llevaron.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, reclamaron a las autoridades la inmediata aparición con vida de los dos dirigentes.

Además, entidades de Guerrero, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y las familias de los detenidos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que ordenara al gobierno mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de los desaparecidos y estableciera su paradero.

Pero las gestiones no surtieron efecto.

El sábado, los cuerpos de Lucas y Ponce fueron localizados no muy lejos del lugar donde habían sido secuestrados. Estaban enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, envueltos en bolsas de plástico y presentaban huellas de tortura. En uno de los cadáveres se detectó un orificio de bala en la cabeza.

La policía y el gobierno de Guerrero, conducido por Zeferino Torreblanca del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, negaron responsabilidad en los crímenes.

Como dirigentes de una organización local de derechos humanos, Lucas y Ponce habían denunciado atropellos cometidos por soldados en las comunidades de la zona de Ayutla, donde la gran mayoría de los habitantes son indígenas mixtecos, mephaas y musgos.

A pocos kilómetros de donde fueron encontrados los cuerpos de los dos asesinados, en la localidad de El Charco, soldados mataron a 11 indígenas en junio de 1998. Los militares divulgaron la especie de que habían detectado en una escuela una reunión de guerrilleros y campesinos, y que éstos abrieron fuego contra los uniformados.

Los sobrevivientes de aquella matanza aseguraron que nadie tenía armas ni opuso resistencia cuando los soldados les ordenaron bajar de las aulas al patio de la escuela, donde, sin justificación, procedieron a ejecutar a 11 personas.

El activista Díaz afirma que las violaciones a los derechos humanos en Ayutla y sus alrededores son una constante.

Las Fuerzas Armadas aseguran que han detectado allí columnas del poco activo Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Con el pretexto de perseguir guerrilleros, se violan con impunidad los derechos de los indígenas, dijo Díaz.

La zona, de unos 740 kilómetros cuadrados, está ubicada en las estribaciones de una cadena montañosa con pequeños valles. La mayoría de sus 60.000 habitantes son campesinos indígenas y pobres.

En octubre de 2006, Lucas había presentado una denuncia formal contra soldados por haber sido detenido y sometido a interrogatorios sin orden judicial. En febrero de 2007, fue atacado por desconocidos. Recibió un balazo en el cuello, pero pudo salvarse.

"No podemos acusar a una persona en particular por los asesinatos de Lucas y Ponce, pero concluimos por los antecedentes que estas muertes fueron un crimen de Estado", señaló Díaz.

Los cuerpos de los activistas --que habían mantenido viva la denuncia por la matanza de El Charco y por otros hechos-- fueron encontrados por agentes policiales a través de un supuesto rastreador de calor para detectar la presencia de cadáveres, explicó Díaz.

Personal del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad acompañó a los familiares de los asesinados a identificar los cadáveres.

En el sepelio, que se realizará este martes en Guerrero, habrá un acto paralelo para exigir el fin del acoso policial y militar contra los campesinos, el esclarecimiento de "tantos hechos irregulares y (que) se sancione a los responsables", informó Díaz.

Pero "vemos difícil que este nuevo caso se resuelva", agregó.

La militarización de zonas indígenas y campesinas de Guerrero data de inicios de los años 70, cuando operaba una guerrilla denominada Partido de los Pobres, fundada por el maestro rural Lucio Cabañas.

De ese grupo --ahogado con operaciones militares a las que siguieron una estela de denuncias de abusos y desapariciones forzadas-- surgieron el Partido Revolucionario Obrero Clandestino y la Unión del Pueblo, más tarde la simiente del Ejército Popular Revolucionario, de corte marxista leninista.

Esta guerrilla apareció en escena en 1996 y de ella se escindieron, entre otros, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. (FIN/2009)

miércoles, 25 de febrero de 2009

México: energía “limpia” española despoja comunidades

Autor | Salva la Selva | Idioma | Español | Pais | México | Publicado | 11 febrero 2009 12:13

Empresas europeas, principalmente españolas y vascas, han llegado a México con las promesas de generar energía limpia y de inversiones millonarias, empleo y progreso. Pero la realidad se presenta de modo muy diferente.

Para ayudar a los indígenas a reivindicar sus derechos sobre sus tierras, firme la carta de presión a las autoridades españolas, vascas y mexicanas , y para conocer más detalles, entre a: Salva la Selva

El Proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec es una propuesta con los vientos que corren por esa región. Pero la población ve este proyecto como una nueva conquista española que significa la entrega de sus recursos y soberanía a las empresas multinacionales.

Lo único que les queda a las comunidades locales es el despojo y la privatización de su territorio por parte de empresas extranjeras. Ya históricamente, la población indígena y campesina del Istmo ha sido altamente discriminada y marginada por el modelo socioeconómico polarizante, en beneficio de los sectores dominantes y las transnacionales, con el beneplácito y entreguismo de las autoridades mexicanas. Estas llegan con la promesa de inversiones millonarias, empleo y progreso.

Fuentes de energía como la eólica se presentan como renovables y por eso limpias y aceptables. Pero para la construcción de estos parques eólicos, se necesitarán 130 mil hectáreas del territorio para instalar 5000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa casi media hectárea y se rellena con 120 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras. Información verídica, completa y detallada nos fue proporcionada con anterioridad: por ejemplo, sobre el modo en que la tierra sería afectada, desertificación, anegación, etc. Y los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar haciendo uso de engaños a los campesinos resultaron leoninos: van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales. Copias de los contratos firmados no les fueron entregadas. Procedimientos legales ante los juzgados civiles ya han sido iniciados, pidiendo la nulidad de dichos contratos.

De acuerdo a la información facilitada por los afectados, las empresas que negociaron estos contratos son las españolas y vascas Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal, Iberdrola; la alemana Siemens, las estadounidenses General Electric y Enron; así como Energía de Francia. Estas empresas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico.Para las comunidades es muy difícil alcanzar la justicia ya que la desigualdad de poder es muy grande. El Gobierno español y vasco les apoyan incondicionalamente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que se vean dañados sus intereses económicos. El marco para ello lo proporcionan tratados como el de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLC UE-México) que favorece los intereses comerciales europeos en México.

Esto no está contribuyendo a llevar el progreso y una mejora en la calidad de vida de las comunidades del Istmo, sino todo lo contrario. Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español y al vasco a que retiren su apoyo económico, político y diplomático mientras la actividad de las empresas se desarrolle en un contexto de violación de derechos fundamentales. Piden también, que elaboren con urgencia nuevas proposiciones de Ley que tengan como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que las empresas españolas están cometiendo fuera de sus fronteras.

Contrastando con los millones de dólares que las empresas van a obtener del territorio del Istmo, los empleos que prometen son escasos y miserables. Por el contrario, el proyecto sólo beneficiará a los empresarios, con la importación de la tecnología sin pagar impuestos, la venta de la energía generada a Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC. También empresas como Waltmart, Soriana, Cemex, Coca Cola, Pepsi Cola, harán uso de esta energía.

Cabe destacar que la población local sigue pagando altos precios por la energía que consumen y que viene de otros lugares. Ante esto se hacen la siguiente pregunta: ¿dónde está la energía limpia y el progreso para la población?

Ni un parque eólico más en la región del Istmo de Tehuantepec
El Istmo no es de las empresas trasnacionales.
La tierra y el viento no se venden: se aman y se defienden.

Para ayudar a los indígenas a reivindicar sus derechos sobre sus tierras, f irme la carta de presión a las autoridades españolas, vascas y mexicanas , y para conocer más detalles, entre a: Salva la Selva

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Ayude a difundir este mensaje entre todos aquellos que puedan estar interesados en apoyar la protesta.

Muchas gracias y un afectuoso saludo

Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva

martes, 24 de febrero de 2009

Argentina: Una lucha justa que sea territorio para todos. El MCC sobre la Ley de Bosques

Autor | Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik - Agencia de Noticias Biodiversidadla | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 10 febrero 2009 14:18

Aprobada la conocida como 'ley de bosques' en Argentina en noviembre de 2007, las provincias debían en el plazo de un año, realizar un proceso participativo para garantizar el ordenamiento territorial de cada región. Con fuerte presión de los lobbies del agronegocio y en provincias como Córdoba, donde el remanente de bosque nativo no supera el 5%, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) no vio la luz hasta diciembre de 2008.

Angustiados por la situación que vive el monte nativo, pero en particular por el despojo que deja la industria del negocio sobre la tierra, las familias del Movimiento Campesino de Córdoba luchan junto a organizaciones sociales y universidades locales para defender lo poco que les queda ante las maniobras y especulaciones que recorren organismos oficiales y entidades del sector rural para continuar avanzando sobre territorios de las comunidades campesinas[1].

La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Marcos Vargas, del Movimiento Campesino de Córdoba, para conocer más de este proceso.

- ¿Podrías hacer un repaso de lo que fue la sanción de la 'ley de bosques' en la provincia?, ¿qué sucedió de ahí en más?

Cuando la ley se aprueba, tiene que haber una reglamentación. Dentro de la reglamentación, dentro de la ley se tiene que hacer una 'Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo' (COTBN). A partir de que salió la ley había un año de armar la COTBN que nunca se hizo. Entonces nosotros como movimiento campesino, universidad, otros compañeros y ONG's de Córdoba, armamos unos talleres y a través de eso tuvimos que presionar para que la Secretaría de Ambiente de Córdoba haga la comisión, porque ya había pasado un año y no se había hecho nada. A través de eso nos convocan por mail y teléfono a todas las organizaciones, nos juntamos y ahí se hace la primera instancia, que fue en noviembre.

Tuvimos un poco de problemas, porque no solamente están todas las organizaciones, sino que también estaba la Sociedad Rural y otros que están en la 'Mesa de Enlace', las cuatro entidades[2]. Eso demandó casi un día entero, porque no querían hacer consenso, no querían acordar sobre nada y se terminó votando. Había mucha gente ahí y terminamos votando, que a ellos no les gustó, porque ellos querían otra cosa. Querían ser más ellos, y quedar como 'presidentes', como Mesa de Enlace, no las organizaciones ni la universidad. Eso nos trajo bastantes problemas a la Comisión, siendo que existe legalmente desde noviembre hasta hoy en día y ellos la están desconociendo, por eso estamos atrasados y no podemos hacer nada[3].

Ahora, a principios de año, estamos trabados porque ellos se sentaron con el Gobernador y el Ministro de Agricultura, y lo han llamado también al Secretario de Ambiente y le propusieron que iban a desconocer esta Comisión de Ordenamiento Territorial y que ellos querían poner la comisión de ellos, de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Estuvimos resolviendo eso y exigimos a la Secretaría de Ambiente que se deslegitime esta mesa, porque estamos todos, está el INTA, el PSA, las organizaciones campesinas, la universidad, hay organizaciones ambientalistas, hay muchas entidades y creemos que es legal.

- A lo largo de este año que pasó luego de la sanción de la 'ley de bosques', ¿ha habido un freno a los desmontes?, ¿qué ha sucedido en los territorios campesinos?

No, como siempre. Nosotros cuando vinimos a la primer reunión, también expusimos eso, que se cortaran todos los desmontes, y según ellos no habían más desmontes, en nuestros territorios vemos que todavía siguen avanzando con los desmontes. Así lo hacen de noche los empresarios grandes. Ellos siguen avanzando y nosotros estamos parados tratando de ponerles freno con la ley, pero siempre tenemos trabas de un lado o del otro, y nosotros seguimos sufriendo.

- ¿Qué es lo que han llevado a la COTBN?, ¿qué expectativas tienen sobre la Comisión?

Acá estamos consensuando entre todas las organizaciones y todos coincidimos en una sola cosa, que acá el poco monte nativo que queda en Córdoba no se puede desmontar, no se puede tocar más nada. Eso es lo que está diciendo la Mesa de Enlace, que quieren desmontar para hacer pasturas, con el dicurso que tienen de alimentar al país con los animales, que en la realidad no pasa, y de trabajo nada. Nosotros proponemos que no se desmonte más nada, y la 'zona roja' que no se toque. La 'zona amarilla' es monte sustentable, que los compañeros del campo, nosotros mismos, comemos de ahí, del monte sustentable, nunca desmontando, sino haciendo un bien ecológico y todo lo que te demanda estar en el territorio. De 'la verde' no se desmontaría nada, pero bueno, en la Comisión estamos presionando para que eso salga y que no haya otro vivo que agarre la ley para otro lado, porque estamos viendo que la están agarrando para otro lado, y quieren desmontar, quieren hacer otro tipo de cosas.

- Desde el MCC vienen denunciando el lobby de los empresarios y las entidades del agronegocio dentro de la Comisión, ¿cómo creen que se puede dar pelea con intereses tan encontrados?

De las reuniones que hemos venido haciendo, la Secretaría los ha invitado y ellos se excluyeron solos y están haciendo por otro lado. Entonces, de vuelta le exigimos a la Secretaría de Ambiente que los vuelva a llamar y que sigan participando, que la única voz que haya sea esta comisión, que es legal. No hay dos comisiones y en realidad se están sentando con los empresarios más fuertes, entonces creemos que la voz de la ley que salga y de la reglamentación que salga sea de esta comisión. Le exigimos eso a la Secretaría y que de ahí salga una propuesta que no sea de uno o dos interesados, como hay acá en la provincia de Córdoba, que son dos o tres empresarios grandes, grosos. Discuten para el bolsillo de ellos nomás, y las cuatro entidades también, mientras más desmonte haya más soja ponen y más ganan ellos, pero en realidad son 4 ó 5 nomás. Entonces nosotros estamos, como dice la ley, por seguir conservando los bosques nativos y que todos podamos conservar y vivir de ellos. Que no pase lo que sigue pasando.

A nosotros nos toca muy fuerte el tema del desmonte y los desalojos, otra gente está sufriendo las fumigaciones en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades estamos sufriéndolo constantemente, todos los días, porque aunque no haya desmontes hay soja, siguen las fumigaciones. Estamos tratando de sentarnos y de llegar a un acuerdo con la Comisión, ya que somos parte, pero que salga de todos, no de uno o dos, porque esto va a ser un bien para todos, para toda la comunidad y para toda la provincia de Córdoba.

- En los territorios, ¿las comunidades campesinas están sufriendo la sequía?

Sí, en ese sentido, estamos sufriendo la sequía, y siempre venimos también al Ministro de Agricultura a exigirle, porque estamos pasando sequía, se nos mueren los animales, y no tenemos pastura, y exigimos que también apoyen a este lado del campo. Sabemos que hace dos o tres semanas atrás Nación dijo que iba a apoyar a todas las provincias, pero en realidad esa plata tampoco nos llega a nosotros. Le llega a otro tipo de personas, empresarios individuales que tienen 5.000 ó 6.000 cabezas por esta zona, de vacas, y nosotros que tenemos cabritos y esas cosas no estamos dentro de ese programa. Vamos a ver si nos juntamos de vuelta con los compañeros y discutimos, para que esa plata baje también a nosotros, porque estamos sufriendo mucha pérdida y los compañeros del campo no tienen agua, se le mueren los animales sin pastura.

- ¿Quisieras agregar algo a la charla?

Sea como sea ojalá que la ley se cumpla y la reglamentación también, que no se cambie, de hecho nosotros estamos tratando de participar en la reglamentación, y para esto hay un Consejo Federal de Medio Ambiente, que se llama COFEMA, que levanta propuestas de todas las provincias, y eso lo llevan a Nación, y lo están cambiando a cada rato. Cuestiones de reglamentación vimos que habían levantado de las provincias, más bien de Córdoba y se está desvirtuando un poco, nada que ver con la ley de conservación de monte nativo, sino que lo ven con otro sentido empresarial. Nosotros vamos a estar discutiendo sobre ese otro tema y siempre vamos a estar defendiendo el territorio sea como sea, a través de esta ley, a través del territorio, del campo, y saldremos a golpear puertas y a seguir luchando. Eso es parte de nosotros. No es que si está bien o está mal, somos parte de eso y es la vida.

No hay otra diferencia. Si nos quitan un poco más y nos desalojan morimos. Es la vida, es la cultura, es lo que siempre llevamos adelante, y la lucha que sea territorio para todos y que sea justo. No, como decimos, mucha tierra en pocas manos, que eso ha estado pasando estos años, y vamos quedando cada vez más encerrados y nos van matando. Nosotros sea como sea, a través de esta comisión, a través de la ley, ó a través de lo que haya, vamos a seguir luchando en los territorios y en todos los lugares. Siempre vamos a presionar para eso, para seguir luchando.

* Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla

lunes, 23 de febrero de 2009

El Grupo ETC convoca a la primera competencia de la historia "Tapando el sol con un dedo"

Autor | Grupo ETC | Idioma | Español | Pais | Internacional | Publicado | 16 febrero 2009 14:25

¡Llamando a todos los geoingenieros!

El Grupo ETC convoca a la primera competencia de la historia “TAPANDO EL SOL CON UN DEDO”, para todos los que sueñan con ser geoingenieros

Arranca la primera competencia “Tapando el sol con un dedo” para las propuestas de geoingeniería más excéntricas para combatir el calentamiento global, al tiempo que la discusión sobre las propuestas técnicas para arreglar el planeta se pone más en boga: desde principios de año, un barco de India y Alemania zarpó hacia el océano y arrojó toneladas de sulfato de hierro por la borda en un dudoso intento por capturar dióxido de carbono en la profundidad del océano.[1] Una irresponsable empresa con capital de riesgo se prepara para verter urea en el Mar de Tasmania con el mismo propósito;[2] una universidad inglesa publicó la lista de las prácticas de geoingeniería más frecuentes;[3] y la Royal Society del Reino Unido está a punto de presentar su propia evaluación sobre la geoingeniería.[4]

El Grupo ETC, con sede en Canadá, por su parte, convoca a su competencia internacional “Tapando el sol con un dedo”, para identificar las propuestas más extravagantes para manipular intencionalmente nuestro planeta, los océanos o la atmósfera. “La prueba de principio está bien establecida”, afirma Kathy Jo Wetter del Grupo ETC. “La industrialización logró convertir el clima en el desastre actual, y algunas compañías y científicos están lo suficientemente locos como para pensar que pueden revertir eso con geoingeniería.

En el mundo real, los geoingenieros ya trabajan en varias propuestas aterrorizantes, como envolver los desiertos en plástico, capturar CO2 en el océano fertilizando su superficie, y ni mencionar los planes para colocar pantallas por encima de las nubes para desviar la luz del sol. “Esos experimentos de las corporaciones y respaldados por los gobiernos distraen la atención de la sociedad de los cambios vitales, políticos y en los estilos de vida, que se necesitan para reducir las emisiones”, agrega Silvia Ribeiro, “y en vez de ello promueven remedios técnicos sumamente dudosos, peligrosos, muy costosos y que para ellos significan grandes oportunidades de lucro.”

Cualquiera en cualquier lado, con un sentido macabro del ridículo y preocupado por el futuro, puede participar en la competencia. La propuesta ganadora tiene que ser original, grotesca y contener al menos una nano partícula de lógica perversa. Puesto que la geoingeniería es más extraña que la ficción, los concursantes no serán penalizados por presentar ideas totalmente descabelladas que incluso ya hayan sido propuestas por científicos. Las propuestas deben enviarse a: geoengineer@etcgroup.org antes del 1 de abril de 2009.

El ganador será anunciado el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2009, en www.etcgroup.org . Las propuestas concursantes no deben exceder 200 palabras y pueden estar en inglés, español, francés o portugués. Son bienvenidos dibujos o esquemas que ayuden a explicar la estrategia tecnológica que concursa o el impacto que podría causar. El remedio tecnológico ganador será representado en una caricatura que ETC publicará en su sitio web y en muchos más lugares. El ganador recibirá una camiseta con la caricatura de su propuesta ganadora de geoingeniería.

Esta es la última en la serie de competencias anuales o bianuales promovidas por el Grupo ETC. La más conocida es los Premios Capitán Garfio a la Biopiratería, celebrados cada dos años. En 2007, el Washington Post reprodujo en color una selección de sus diseños favoritos enviados a nuestra Competencia Internacional para el Diseño de un Símbolo de Peligro Nanotecnológico.

Los concursantes no necesitan para nada buscar inspiración en el mundo real. Ver, por ejemplo, aquí y aquí
Descargue el PDF con los detalles de la competencia. Y una ilustración del lanzamiento del concurso, por ahora en inglés puede descargarse aquí

Para mayor información acerca de la geoingeniería y otras competencias del Grupo ETC, contacte a:

Kathy Jo Wetter (Durham, NC, USA) kjo@etcgroup.org Tel: +1 919 688 7302
Silvia Ribeiro (Ciudad de México) silvia@etcgroup.org Tel: 011 52 5555 6326 64
Jim Thomas (Montreal, Canadá) jim@etcgroup.org Tel: +1 514 273 9994 Celular: +1 514 516 5759
Diana Bronson (Montreal, Canadá) diana@etcgroup.org Tel: +1 514 273 6661
Pat Mooney (Ottawa, Canadá) etc@etcgroup.org Tel: +1 613 241 2267 Celular: +1 613 240 0045

domingo, 22 de febrero de 2009

Argentina: cambio climático por deforestación golpea a la provincia de Salta

Autor | Salva la Selva | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 16 febrero 2009 14:42

"Para poner fin a las deforestaciones, 18 comunidades indígenas presentaron una demanda ante la Corte Suprema: 'Que les quede claro que vamos a seguir nuestra lucha en defensa de nuestras familias, de nuestra tierra y nuestro monte'..."

Salta es una provincia en el noroeste argentino, que abarca parte de la llanura del Chaco, la selva de las Yungas y los Andes. Desde hace largo tiempo se encuentra dominado por la agroindustria.

Desde 1996, la deforestación se ha acelerado aún más con la introducción de la soja RoundupReady de Monsanto, que según la Cámara de Diputados provincial ya ocupa más del 50% de las tierras cultivadas en la provincia. Una nueva ola de destrucción está siendo orquestada por la agroindustria en sintonía con los políticos locales. Los últimos días, una terrible inundación ha golpeado a la población.

En esta región, hogar de una buena parte de las comunidades indígenas supervivientes de la Argentina que aún dependen de los ecosistemas nativos. La deforestación ha causado hasta la fecha un aumento de la malnutrición, las muertes por hambre, el hacinamiento en las “villas miseria” y la proliferación de enfermedades relacionadas con la pobreza. Este cambio de uso de la tierra también ha dado lugar a graves sequías y a inundaciones como la que se vive en este preciso momento (Diario Página 12, del 10-2-2009), que son las consecuencias cada vez más palpables del cambio climático que aquí ya es una realidad.

En Salta, la nueva Ley Nacional de Bosques argentina fue recibida con indignación por parte de los sojeros y los dueños del negocio de la caña de azúcar, unas pocas familias terratenientes, que son al mismo tiempo dueños del poder político y los medios de comunicación. Durante los últimos 3 meses de 2007, justo antes de la promulgación de dicha Ley, se presentaron y aprobaron precipitadamente un gran número de permisos de deforestación. Estos permisos de deforestación que se otorgaron en 2007 suponían una superficie casi medio millón de hectáreas.

Oscar Delgado, de la organización de derechos humanos CAPOMA, señala que “el gobierno de la provincia ha menospreciado todos los estudios ambientales y las recomendaciones técnicas de los organismos competentes, que no fueron tomadas en cuenta en absoluto al aprobar precipitadamente la Ley de Ordenamiento Territorial en diciembre de 2008”, y agrega “con las declaraciones que el gobernador está dando por la TV acerca de las inundaciones, está aceptando que a los pobladores nos libran al azar o lo que nos depare el destino con los extremos clímáticos”.

El proceso de desarrollo de Ley de Ordenamiento Territorial en Salta que, entre otros requisitos, exige la realización de consultas locales, fue una completa farsa. En muchas ocasiones se realizó muy lejos de las comunidades, y sin tener en cuenta que muchas personas no saben leer. Estuvo completamente manipulada por el poder empresarial, por medio de enmiendas como la que permite por primera vez la deforestación en tierras con pendientes elevadas. Además, se extienden los permisos de deforestación por tres años adicionales, y se reducen considerablemente las áreas conservación forestal en las cuencas hidrográficas y las riberas de los ríos. Esto promueve una mayor expansión de la frontera agrícola, poniendo en peligro la biodiversidad de la provincia y la supervivencia de las pequeñas comunidades de indígenas y criollos que viven de los bosques. La nueva Ley de Ordenamiento Territorial facilitará que sea talada una extensión de bosques de entre 1,5 a 5 millones de hectáreas. Lo poco que aun queda de los bosques secos de las llanuras del Chaco de Salta, será sustituido por más soja transgénica y jatrofa (de la que todos hablan pero cuyo cultivo en el país aún no está autorizado por los organismos competentes).

Las comunidades afectadas dicen que “la complicidad del poder político y empresarial podrán seguir haciendo negocios con nuestros recursos naturales. Pero que les quede claro que vamos a seguir nuestra lucha en defensa de nuestras familias de nuestra tierra y nuestro monte y que nunca nos van a ver de rodillas y menos vencidos”.

Para poner fin inmediato a las deforestaciones, 18 comunidades indígenas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Argentina los últimos días del pasado año. El anterior gobernador Juan Carlos Romero había entregado en 2007 permisos de desmonte por no menos de 807.000 hectáreas en 4 distritos de Salta: San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El Tribunal Supremo reconoció por unanimidad la demanda de las comunidades, y el 29 de diciembre prohibió las deforestaciones y planificó una reunión de consulta pública el 18 de febrero de 2009.

Por favor, escriba urgentemente a los jueces de la Corte Suprema, y pídales que a la hora de tomar sus resoluciones , tomen en cuenta la gravedad de la situación, a la vista de las consecuencias del cambio climático, las amenazas a la supervencia de las poblaciones y la biodiversidad, la expansión de la frontera agrícola, y los daños colaterales asociados a la expansión de los monocultivos transgénicos como el de la soja en la región. Hay tiempo hasta el 18 de Febrero.

sábado, 21 de febrero de 2009

AMBIENTE: Esquivo régimen de responsabilidad por transgénicos

Por Diego Cevallos

MÉXICO, 20 feb (IPS) - Delegados de varios países buscarán en México avanzar en la definición de un elusivo régimen internacional de responsabilidad y compensación por posibles daños derivados del movimiento transfronterizo de transgénicos.

Entre el lunes 23 y el viernes 28, unos 30 representantes de África, Asia, Europa y América Latina debatirán cómo aplicar el artículo 27 sobre "responsabilidad y compensación" del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología, vigente desde 2003.

Encuentros con el mismo propósito en Malasia, en 2004, y en Alemania, en 2008, finalizaron sin acuerdo.

El Protocolo de Cartagena, al que se han adherido 153 países, tiene como objetivo "contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados", según su texto. Pero Argentina, Estados Unidos ni Canadá, líderes en siembra de cultivos transgénicos, no forman parte de ese pacto.

Los transgénicos son variedades obtenidas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies, animales o vegetales, con el propósito de mejorar sus características, rendimiento o resistencia a factores externos.

"La semana próxima veremos una negociación crucial en la que tenemos confianza", dijo a IPS la coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de la organización ambientalista Greenpeace en México, Aleira Lara.

"Sin un régimen de responsabilidad y compensación por los efectos de los transgénicos, el Protocolo de Cartagena flaquea", señaló.

El Protocolo de Cartagena es un tratado complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Fue adoptado para proteger la biodiversidad de los potenciales riesgos de los transgénicos, y establece el procedimiento para la aceptación informada, para que los países reciban la información necesaria antes de adoptar decisiones, y el principio precautorio, que permite suspender actividades cuya inocuidad no haya sido ampliamente probada.

Greenpeace, así como Amigos de la Tierra Internacional y el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración estarán presentes en México como observadores. También habrá representantes de las empresas de biotecnología, dedicadas al desarrollo y producción de semillas transgénicas.

Según las normas de la conferencia, los observadores deberán retirarse de los debates cuando los participantes así lo soliciten. La presencia de los medios de comunicación no será permitida, "lo que es una lástima", indicó Lara.

En las afueras de la sede del encuentro --un edificio de la cancillería mexicana en la capital--, Greenpeace pondrá en marcha algunas de sus llamativas y tradicionales manifestaciones contra los transgénicos. Será una sorpresa, expresó Lara.

En las negociaciones del régimen de responsabilidad sobre movimientos de transgénicos juegan gobiernos e intereses y posturas de poderosos laboratorios transnacionales dedicados a producir, promocionar y vender semillas transgénicas.

También participan organizaciones ambientalistas y campesinas y curtidos activistas, que en algunos casos incluso se oponen a la experimentación con transgénicos, alegando que la ciencia aún no ha probado de modo concluyente que sean inocuos para la salud humana y el ambiente.

Las empresas pugnan por que sean las autoridades nacionales, de forma administrativa, las que resuelvan eventuales responsabilidades y compensaciones de daños causados por el movimiento de transgénicos. La investigación debería realizarse en conjunto con los actores privados y, si hubiera motivos de sanción, ésta no implique prohibir el acceso de los productores a los transgénicos.

Los ambientalistas, en cambio, buscan una normativa universal y obligatoria para los responsables de los daños que potencialmente causen. Varios países del Sur en desarrollo apoyan esta postura.

Si en la conferencia de México, del llamado "grupo de apoyo", se logra un acuerdo, éste será sometido a todos los países que han ratificado el Protocolo de Cartagena, en una reunión que celebrarán en Japón en 2010.

Para Lara, este instrumento ha demostrado ser insuficiente frente al avance de los transgénicos en el mundo, alentado por el poder de firmas transnacionales que patentan las semillas modificadas que desarrollan.

Las empresas niegan de tajo los presuntos riesgos de esta tecnología y dicen que las semillas manipuladas para hacerlas más resistentes a plagas o sequías o para que maduren más rápidamente pueden ser la solución al hambre que sufren millones de personas en el mundo.

Hasta la fecha no hay de estudios concluyentes sobre los peligros de los también llamados organismos genéticamente modificados. Pero la superficie cultivada con estas variedades vegetales no deja de crecer en todo el mundo.

Entre 1996, cuando empezó el cultivo comercial de transgénicos, y 2008, el área sembrada pasó a 125 millones de hectáreas.

Hace 13 años, seis países empezaron con estas siembras y hoy son 25, según el Servicio Internacional para las Adquisiciones de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés), una entidad sin fines de lucro establecida por la industria para promover los transgénicos.

El ISAAA calcula que hay 13,3 millones de agricultores plantando transgénicos, 53 por ciento de ellos dedicados a la soja y 30 por ciento al maíz. La gran mayoría de esa producción se sustenta en semillas fabricadas y vendidas por el gigante estadounidense Monsanto.

El liderazgo mundial en transgénicos lo tienen, por su orden, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y China. De este grupo, Brasil es el único que ratificó el Protocolo de Cartagena.

Según Global Industry Coalition, que reúne a las empresas de biotecnología del mundo, no existen registros de "incidentes ni preocupaciones" por el transporte transfronterizo de transgénicos, afirma el documento "Opiniones de los usuarios y promotores de la biotecnología sobre cuestiones de aplicación del Protocolo de Cartagena", de abril de 2008.

De todas formas, las empresas aseguran que apoyan plenamente las negociaciones para definir un régimen de responsabilidad y compensación en el marco del Protocolo de Cartagena. (FIN/2009)

viernes, 20 de febrero de 2009

INDÍGENAS-COLOMBIA: Masacre contra la ''gente del silencio''

Por Constanza Vieira

BOGOTÁ, 12 feb (IPS) - La noticia de una matanza se superpuso a otra, y ya sumarían 35 los indígenas awá asesinados en un aislado territorio del sudoccidental departamento colombiano de Nariño. Al menos 25 de las muertes se atribuyen a las insurgentes FARC.

"La masacre está confirmada. Hay una duda sobre el número exacto de los muertos, eso está en verificación. Se hablaba de 17 y acabamos de recibir una información, sin confirmar, de que son 25 de la primera masacre. En la misma área serían 10 más los indígenas asesinados", dijo a IPS por teléfono Zabier Hernández, asesor de paz de la Gobernación de Nariño, a las 14:15 horas (19:15 GMT).

El recuento "proviene directamente de los gobernadores indígenas de los resguardos (territorios aborígenes) de Tortugalia y de El Sande, en los límites entre los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Guachavez y Samaniego", precisó.

Ambos resguardos suman unas 40.000 hectáreas en "una zona montañosa y selvática muy cerrada, donde los indígenas no viven en puntos urbanos, sino dispersos", no existe carretera alguna y a donde se llega luego de día y medio de caminata. "Es una zona con muchas minas antipersonal", describió Hernández.

Ninguna comisión judicial, misión humanitaria o de verificación ha podido acercarse al lugar, con gran concentración de campos minados y escenario de ametrallamientos aéreos, bombardeos y combates entre el ejército y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desde el 1 de este mes.

Poco antes de las 16:00 horas (21:00 GMT), el ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseveró que las tropas gubernamentales "desembarcaron" en los puntos donde habrían ocurrido los hechos, pero "no pudieron encontrar nada", tampoco evidencias del supuesto secuestro de al menos 120 personas indígenas, incluyendo niños, por parte de las FARC.

Las izquierdistas FARC están en armas desde 1964 y son la principal guerrilla de este país.

Unos 25.000 awás ocupan un territorio binacional que abarca el pie de monte costero nariñense y pasa la frontera hacia Ecuador. Además, comparten su hábitat con comunidades negras tradicionales.

Es una zona con "fuerte presencia del 29 Frente y de la Columna Mariscal Sucre de las FARC, y donde la fuerza pública ha desarrollado vastos operativos. Esto genera un cuadro crítico que deja a la población indígena en medio de la confrontación", señaló Hernández.

Allí actúa el Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres, de la Brigada 29, adscrita a la Tercera División del ejército colombiano.

Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las guerrillas responsabilizan a las comunidades awá de facilitar la entrada del ejército a sus territorios.

Además, "miembros del ejército cometen violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", indican ambas organizaciones, y denuncian que la ocupación militar de los territorios ancestrales y el desconocimiento de las autoridades indígenas violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Unipa y la ONIC acusaron a los militares de entrar "de manera abusiva a las viviendas" y obligar "mediante diferentes maltratos a miembros de la comunidad, a dar información sobre la ubicación de los guerrilleros" de las FARC, "exponiendo a la comunidad a una situación de impotencia y miedo".

"Los awá son la ‘gente del silencio’, son personas muy pacíficas", dijo Luis Evelis Andrade, Autoridad Nacional Indígena de la ONIC.

"Algunos no comprenden bien el idioma español y por eso los han asesinado: porque muchas veces, por decir que ‘no’, dicen ‘sí’. La mayoría de las veces dicen que sí sin comprender cuál fue la pregunta, o sonríen", señaló. "Esto no lo conocen los actores de la guerra".

"Por eso los bandos en conflicto, al interrogarlos, los han asesinado y acusado de ser colaboradores del bando enemigo", añadió Andrade.

Desde 1998, el pueblo awá contabiliza cuatro masacres además de la actual, unos 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonal, cinco desplazamientos masivos, desplazamiento forzado individual hacia dentro y fuera del territorio indígena y emigración hacia Ecuador.

En 10 años, ese pueblo ha sufrido también secuestros, detenciones arbitrarias, acusaciones, amenazas, reclutamiento forzado, bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles por parte de todos los combatientes y presión a los civiles para que sirvan de informantes.

"Como asesor de paz, estoy pidiendo una especie de tregua para poder desarrollar las acciones humanitarias necesarias para preservar la vida de los indígenas en esa área", sostuvo Hernández.

"Ojalá podamos contar con una decisión de nivel nacional de detener todos los operativos para atender humanitariamente al pueblo awá y sacarlo a una zona segura mientras la situación se estabiliza", indicó a IPS.

El funcionario también pidió "a las FARC que se retiren del área y permitan que la población indígena pueda llegar a sitios seguros, así como el ingreso de la comisión judicial para recuperar los cuerpos".

Los awá, dueños originarios del territorio, paradójicamente viven en "tierra de nadie" en términos militares.

Nariño, de 33.265 kilómetros cuadrados de ariscas montañas andinas y rica biodiversidad y de 1,6 millones de habitantes, registra el mayor desplazamiento forzado de civiles causado por grupos irregulares, así como la mayor concentración de campos minados de este país.

Por ser fronterizo con Ecuador y tener costas sobre el océano Pacífico, es un corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento militar clandestino.

En esa zona están planteados varios proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que comunidades indígenas y negras relacionan con la guerra.

Todos los actores armados están presentes en Nariño, y en 2008 el enfrentamiento se profundizó. Además de las FARC, allí opera el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, surgida asimismo en 1964. Desde 2005, los dos grupos se enfrentan en Nariño por el control territorial.

Además, es el segundo departamento con más acciones de grupos paramilitares entre 2007 y 2008, según el Observatorio del Conflicto Armado de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, basado en la Bitácora Semanal de Prensa del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

Estas bandas ilegales están presentes en 17 de los 64 municipios de Nariño, y en al menos 11 de ellos tienen cultivos de coca, materia prima de la cocaína.

Las bandas presentes en Nariño "son grupos remanentes del Cartel de Cali y del Cartel del Norte del Valle que todavía están en proceso de fortalecimiento y aún no tienen un liderazgo claramente definido", dijo a IPS Mauricio Romero, director del Observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Contra esos dos otrora poderosos carteles de droga, rivales de los reductos del Cartel de Medellín, enfiló baterías el actual gobierno de Álvaro Uribe.

A su vez, las dos guerrillas izquierdistas "en distintos momentos han hecho acuerdos con las ‘bandas emergentes’ (como las llaman las autoridades tras la desmovilización parcial de los paramilitares). Son acuerdos muy inestables y en los que la fuerza pública juega también", advirtió Romero.

Por momentos, luchan "todos contra todos, o se dan alianzas de unos para golpear a los otros". En Nariño la fuerza pública, que en 2008 incrementó la militarización de la región, "no juega como un garante del Estado de derecho, sino como un actor armado más", según el investigador.

"No siempre, pero sí en algunos casos", matizó.

El ELN, con fuerte presencia en el sudoccidente colombiano, tiene allí una alianza, o acuerdo de guerra "por enemigo común", con el grupo Los Rastrojos, un sector remanente del Cartel del Norte del Valle, para combatir a las FARC.

Al comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, le pareció "extraño que los indígenas no estén colaborando" para esclarecer esta masacre. "Hay muertos", dijo, "pero las autoridades colombianas no los han visto".

Los indígenas exigen desde hace años que todos los actores armados se retiren de sus territorios. "Queremos vivir como antes", en paz, afirman, la guerra "no es nuestra".(FIN/2009)

jueves, 19 de febrero de 2009

Dramática situación de comunidades nativas en Perú

Lima. Agencia AFP. | septiembre 28, 2008

La situación de las comunidades de la Amazonia peruana es dramática y preocupante por los problemas de salud y su continuo desplazamiento, debido a la presencia de madereros ilegales y empresas que explotan los recursos de la selva, advirtieron organizaciones civiles.

Existen grupos amazónicos en aislamiento voluntario y otros de contacto inicial con la civilización que están peligro de extinción porque son sensibles a las enfermedades y la contaminación, sostuvieron.

"Su grado de vulnerabilidad es tan fuerte que una gripe, una diarrea o sarampión los puede diezmar", dijo a la AFP Kantuta Vallena, comisionada de la Defensoría del Pueblo en temas indígenas.

Indicó que en muchos casos se pueden ver comunidades "en total olvido de parte del gobierno porque no existe un real conocimiento de la identidad de los pueblos de la selva, de su idioma, su población y sus necesidades".

La comisionada sostuvo que el gobierno desconoce las demandas y sus necesidades, "por eso no sabe qué medidas tiene que tomar". Añadió que no se les consulta sobre la explotación de los recursos que hay en sus tierras, como minerales, hidrocarburos y madera. "Tampoco se les defiende frente a los ataques por parte de los madereros ilegales", agregó.

Vallena informó que en el 2006 se alertó que 19 comunidades estaban en peligro de extinción, la mayoría afectadas por enfermedades y por la presencia de madereros ilegales y mineros.

Sin embargo, la Defensoría desconoce las acciones que tomó el gobierno para ayudar a estos pueblos.

Vallena dijo que este año la Defensoría presentó al gobierno un informe sobre la situación de 35 comunidades nativas, que arrojó que el 25% de los niños mueren antes de cumplir los 11 años por falta de servicio de salud y el 50% de los adultos fallecen antes de cumplir los 42 años.

"Se han detectado males propios de los centros urbanos como mentales, el VIH-Sida, alcoholismo y enfermedades crónicas degenerativas, como las cardiovasculares", según el informe.

El estudio también abarcó a 21 establecimientos de salud de las comunidades de las regiones de Amazonas (selva norte), Ucayali (centro) y Madre de Dios (sudeste), donde habitan unas 10.000 personas.

El 33% de esos centros no cuenta con sistema de refrigeración para conservación de vacunas, el 65% del personal médico no recibe capacitación, el 76% de esos centros no cuentan con vehículos para desplazar a las comunidades, según el estudio.

Por su parte, Mayta Cápac Alatrista, jefe del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) del ministerio de la Mujer, dijo a la AFP: "Hemos visto con preocupación la falta de salud, de medicina, educación en las comunidades".

"Muchas veces un niño muere de hepatitis por la falta de una vacuna oportuna", añadió tras señalar la ausencia de estudios sobre la población amazónica, entre otros para conocer el índice de mortalidad.

Además, dijo que las comunidades no reciben las regalías por la explotación de los recursos que están en sus tierras, sino que ese beneficio va a los gobiernos regionales.

El funcionario aseguró que Indepa cuenta con una serie de proyectos para ayudar a las comunidades, como un barco hospital, postas médicas, escuelas, capacitación de los líderes indígenas.

Sin embargo, dijo que esos proyectos quedarán paralizados porque el ministerio de Economía le redujo el presupuesto que pidieron para el 2009 de 35 millones de soles (unos 10,9 millones de dólares) a 3,2 millones de soles (unos 1,6 millones de dólares).

Argentina: cambio climático por deforestación golpea a la provincia de Salta

Autor | Salva la Selva | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 16 febrero 2009 14:42


"Para poner fin a las deforestaciones, 18 comunidades indígenas presentaron una demanda ante la Corte Suprema: 'Que les quede claro que vamos a seguir nuestra lucha en defensa de nuestras familias, de nuestra tierra y nuestro monte'..."

Salta es una provincia en el noroeste argentino, que abarca parte de la llanura del Chaco, la selva de las Yungas y los Andes. Desde hace largo tiempo se encuentra dominado por la agroindustria.

Desde 1996, la deforestación se ha acelerado aún más con la introducción de la soja RoundupReady de Monsanto, que según la Cámara de Diputados provincial ya ocupa más del 50% de las tierras cultivadas en la provincia. Una nueva ola de destrucción está siendo orquestada por la agroindustria en sintonía con los políticos locales. Los últimos días, una terrible inundación ha golpeado a la población.

En esta región, hogar de una buena parte de las comunidades indígenas supervivientes de la Argentina que aún dependen de los ecosistemas nativos. La deforestación ha causado hasta la fecha un aumento de la malnutrición, las muertes por hambre, el hacinamiento en las “villas miseria” y la proliferación de enfermedades relacionadas con la pobreza. Este cambio de uso de la tierra también ha dado lugar a graves sequías y a inundaciones como la que se vive en este preciso momento (Diario Página 12, del 10-2-2009), que son las consecuencias cada vez más palpables del cambio climático que aquí ya es una realidad.

En Salta, la nueva Ley Nacional de Bosques argentina fue recibida con indignación por parte de los sojeros y los dueños del negocio de la caña de azúcar, unas pocas familias terratenientes, que son al mismo tiempo dueños del poder político y los medios de comunicación. Durante los últimos 3 meses de 2007, justo antes de la promulgación de dicha Ley, se presentaron y aprobaron precipitadamente un gran número de permisos de deforestación. Estos permisos de deforestación que se otorgaron en 2007 suponían una superficie casi medio millón de hectáreas.

Oscar Delgado, de la organización de derechos humanos CAPOMA, señala que “el gobierno de la provincia ha menospreciado todos los estudios ambientales y las recomendaciones técnicas de los organismos competentes, que no fueron tomadas en cuenta en absoluto al aprobar precipitadamente la Ley de Ordenamiento Territorial en diciembre de 2008”, y agrega “con las declaraciones que el gobernador está dando por la TV acerca de las inundaciones, está aceptando que a los pobladores nos libran al azar o lo que nos depare el destino con los extremos clímáticos”.

El proceso de desarrollo de Ley de Ordenamiento Territorial en Salta que, entre otros requisitos, exige la realización de consultas locales, fue una completa farsa. En muchas ocasiones se realizó muy lejos de las comunidades, y sin tener en cuenta que muchas personas no saben leer. Estuvo completamente manipulada por el poder empresarial, por medio de enmiendas como la que permite por primera vez la deforestación en tierras con pendientes elevadas. Además, se extienden los permisos de deforestación por tres años adicionales, y se reducen considerablemente las áreas conservación forestal en las cuencas hidrográficas y las riberas de los ríos. Esto promueve una mayor expansión de la frontera agrícola, poniendo en peligro la biodiversidad de la provincia y la supervivencia de las pequeñas comunidades de indígenas y criollos que viven de los bosques. La nueva Ley de Ordenamiento Territorial facilitará que sea talada una extensión de bosques de entre 1,5 a 5 millones de hectáreas. Lo poco que aun queda de los bosques secos de las llanuras del Chaco de Salta, será sustituido por más soja transgénica y jatrofa (de la que todos hablan pero cuyo cultivo en el país aún no está autorizado por los organismos competentes).

Las comunidades afectadas dicen que “la complicidad del poder político y empresarial podrán seguir haciendo negocios con nuestros recursos naturales. Pero que les quede claro que vamos a seguir nuestra lucha en defensa de nuestras familias de nuestra tierra y nuestro monte y que nunca nos van a ver de rodillas y menos vencidos”.

Para poner fin inmediato a las deforestaciones, 18 comunidades indígenas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Argentina los últimos días del pasado año. El anterior gobernador Juan Carlos Romero había entregado en 2007 permisos de desmonte por no menos de 807.000 hectáreas en 4 distritos de Salta: San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El Tribunal Supremo reconoció por unanimidad la demanda de las comunidades, y el 29 de diciembre prohibió las deforestaciones y planificó una reunión de consulta pública el 18 de febrero de 2009.

Por favor, escriba urgentemente a los jueces de la Corte Suprema, y pídales que a la hora de tomar sus resoluciones , tomen en cuenta la gravedad de la situación, a la vista de las consecuencias del cambio climático, las amenazas a la supervencia de las poblaciones y la biodiversidad, la expansión de la frontera agrícola, y los daños colaterales asociados a la expansión de los monocultivos transgénicos como el de la soja en la región. Hay tiempo hasta el 18 de Febrero.

Más información :

Artículo del Diario Página 12, día 11-2-2009

Artículo del Diario La Nación, día 15-2-2009

miércoles, 18 de febrero de 2009

Argentina: "en Romang se fumigan los ríos de donde sacamos el agua"

Autor | Diario Uno | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 17 febrero 2009 11:17

El ambientalista Roberto Lerf dijo que las producciones de soja y arroz ganan terreno en las islas. "Los agroquímicos son esparcidos sobre los arroyos y ya hubo mortandad de peces", aseguró

En la localidad de Romang, desde hace años, un grupo de personas preocupadas por el medio ambiente se juntaron en la agrupación Planta Azul. Desde allí trabajan en la defensa de los recursos naturales y en contra de los avances negligentes de las actividades productivas que afectan la salud de las personas de esa localidad y la región noreste de la provincia.

Roberto Lerf, uno de los responsables de la entidad ambientalista, le explicó a Diario UNO: "Acá, en Romang, tenemos chacras por todos lados y ahora están tratando de entrar en la zona de islas".

"Hace seis o siete meses atrás nos enteramos que ya se estaba fumigando sobre algunos arroyos de la zona y, en ese momento hicimos las denuncias correspondientes. Ahora, volvieron las fumigaciones y adentro de la isla ya hay algunos sembradíos. Teniendo campo abierto hacia el oeste, están queriendo avanzar hacia la isla. Eso tiene el problema que nuestra localidad consume esa agua", agregó Lerf.

— ¿Se están fumigando los arroyos de donde se extrae el agua para consumo humano?

Exacto, se están fumigando esos arroyos. Además, otro problema que se nos sumó ahora es la presencia en la zona de unos feed lots (explotación intensiva de ganado) que cuando llueve se escurre toda la orina y la materia fecal de las vacas hacia los arroyos, justo en la zona donde se extrae el agua para potabilizar. La semana pasada, en esos lugares, hubo mortandad de peces de todas las especies como surubí, sábalos, dorados, entre otros. Pero lo más preocupante es que ahí está la toma del agua potable para nuestra localidad.

— ¿Hicieron pruebas de calidad sobre el agua potable que se consume en Romang?

La cooperativa potabilizadora nos envía pruebas constantemente de análisis que se hicieron en la ciudad de Santa Fe, pero no podemos confiar mucho en esos análisis. Nosotros todavía no los pudimos hacer por nuestra cuenta porque el presupuesto es muy alto. Pero sí sabemos que hay mortandad de peces, mortandad de algunos vacunos, que hay desagües de chacras fumigadas con agrotóxicos que desembocan en el río San Javier, sólo hay que usar el sentido común para saber que el agua va a estar envenenada.

— A partir de las denuncias que ustedes radicaron, ¿hubo acciones concretas de la Justicia?

A fines de 2008 fuimos a Santa Fe a la Legislatura y recibimos promesas, como siempre. Hicimos denuncias de desmontes, que todos los días se hacen en Romang, pero uno llega a la conclusión de que todo queda en la nada. La publicación en los medios, la acción de la doctora Graciela Gómez (escribana que colabora con Planeta Azul) y las denuncias nunca llegan a nada. Es una lástima que lleguemos a situaciones como lo que está pasando en Tartagal, en Salta. La gente no toma conciencia hasta que no se llega a situaciones críticas. Muchas veces la población tiene la voluntad de hacer las cosas, de denunciar. Pero las autoridades son las que no reaccionan.

Diario Uno, Argentina, 14-2-09

Argentina: Convocatoria 18 de febrero, audiencia por los desmontes

Autor | ORCOPO | Idioma | Español | Pais | Argentina | Publicado | 17 febrero 2009 15:04

EL FUTURO ES HOY: DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA
CONVOCATORIA 18 DE FEBRERO 10 HS PALACIO TRIBUNALES -AUDIENCIA POR LOS DESMONTES-

Nosotros, los pueblos indígenas hemos sentido y practicado siempre un gran respeto por la Madre Tierra. Para nuestros pueblos la Tierra y los territorios tienen dimensiones materiales, culturales y espirituales, estos son necesarios para la supervivencia y sustentabilidad económica, y están intrínsecamente ligados a la identidad y existencia como pueblos. En tanto los bienes naturales son componentes vitales e integrales de sus territorios, el concepto incluye todo el medio ambiente: suelo y subsuelo, aguas, bosques, hielos, aire, etc.

Para nosotros, la Madre Tierra es la vida misma, por ello, nuestros pueblos han sido los guardianes de estos entornos naturales, vivimos en armonía con ella, manteniendo su equilibrio durante milenios a través de nuestras tradiciones y para las futuras generaciones.

Hoy a nuestra Madre Tierra la han enfermado gravemente, nunca antes hemos visto como desaparecen miles de especies de animales y plantas, y nunca antes hemos sido testigos de tantos desastres sociales y ambientales, cada vez más fuertes y frecuentes; son el resultado de la actividad humana, de una manera de pensar y sentir, de una manera de producir riqueza y pobreza, un patrón de “desarrollo”, que nos está llevando al borde del abismo.

Humildemente hemos acompañado al supuesto progreso comprobando como, los hipotéticos adelantos maltratan cotidianamente nuestro único legado: la Tierra. Con dolor e indignación vemos como gobernantes innobles permiten la deforestación indiscriminada, venden nuestra tierra a agentes extranjeros quienes la agotan por falta de rotación de sembradíos, permiten el cultivo de transgénicos, pulverizando sus montañas, contaminando ríos y arroyos y matando la biodiversidad existente, regalan alegremente y por pocos centavos lo que por herencia natural nos corresponde, condenándonos a luchas injustas y desiguales.

Nombrándonos ignorantes han pretendido alejarnos de nuestros Usos, Costumbres y Medicina Tradicional las cuales hemos mantenido y difundido de generación en generación y es justamente esta convicción, la que nos impulsa a dirigirnos a las autoridades nacionales, a exigir el respeto a nuestras Culturas (el mismo trato y consideración que gozan las culturas migrantes que habitan suelo nacional), al cumplimiento efectivo de nuestros derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales ratificados por Argentina (Convenios de Derechos Humanos, Convenio de Diversidad Biológica, Convenio 169 de la OIT, entre otros). En este sentido la Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, reafirma que el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas es un derecho humano por su relación intrínseca con la naturaleza.

Estos modelos de acumulación, en base al saqueo y la contaminación de nuestros Bienes Naturales y Territorios que con violencia se impuso desde la colonización y que continua en la actualidad, y que condujera al mayor genocidio de la historia, esta hoy en crisis, ya que amenaza la supervivencia del hombre y la naturaleza, en beneficio de los intereses de las trasnacionales con la complicidad de gobiernos locales. Las consecuencias de estos modelos directa o indirectamente lo sufre toda la sociedad, ya que nuestra Madre Tierra se nos revela a través de inundaciones, desertificaciones, cambios climáticos, tsunamis, huracanes, etc.

Por lo tanto expresamos:

- El total respaldo al Amparo interpuesto por diversas comunidades indígenas de la provincia de Salta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para frenar los desmontes y preservar la vida de nuestros pueblos, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

- Reafirmar nuestro compromiso a la lucha de las comunidades que resisten la tala indiscriminada de bosques, con la complicidad de las autoridades locales, y que continúa a pesar de estar aprobada la Ley de presupuestos mínimos, y cuya reglamentación exigimos a las autoridades nacionales. Con el avance de las fronteras de expansión, se consuma el despojo de los territorios y sus bienes naturales y que constituye su fuente de vida, donde con total impunidad hay unos mas iguales que otros. Esta perdida de la propiedad colectiva, no solo conlleva la destrucción de nuestras culturas lo cual constituye un “Étnocidio”, sino que trae como consecuencia la expulsión de comunidades indígenas y pequeños productores, eliminando la biodiversidad y modificando el ciclo agrícola utilizando los suelos con monocultivos y cultivos transgénicos, produciendo la degradación y desertificación de estos.

- Repudiamos los megaproyectos mineros a cielo abierto en toda la cordillera de los andes, que utilizan elementos altamente contaminantes, y grandes volúmenes de agua, contaminando nuestros territorios y el agua, solo Bajo Lumbrera ya contamino tres provincias, la toma de conciencia de las consecuencias de estos proyectos por parte de las asambleas de los pueblos afectados logro frenar algunos de ellos y normas provinciales prohibiendo este tipo de emprendimientos. Estos emprendimientos mineros además de contaminar son subsidiados por todo el pueblo argentino (beneficios fiscales e impositivos otorgados en la década del 90 mantienen su vigencia) y que pagamos con impuestos, sacándolos a la educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, en un país con índices de desnutrición.

- Nuestro rechazo: Al veto por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la ley sobre protección de glaciares (ley 26.418) que fue aprobada por unanimidad por el Congreso y que fuera fruto de la labor incansable de expertos, organizaciones sociales y ecologistas todos preocupados por la reducción cada vez mayor de los glaciares en el país. La norma impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran “afectar su condición natural, o que implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera”. Demás esta decir, la importancia de su preservación como reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas y de lo que sabemos que va a ocurrir con los mismos, por las actividades desenfrenadas del hombre.

Las explotaciones de uranio en Mendoza, Córdoba y los valles calchaquíes en Salta.

La contaminación con pesticidas con las consiguientes consecuencias sobre el territorio y las comunidades locales.

La venta de los territorios con reservas de agua dulce disponible para el consumo como acuíferos y deshielos, o de bellezas naturales, como el caso del Lago Escondido en Río Negro que quedo dentro de una propiedad privada.

Las pasteras instaladas en provincias como Misiones (Alto Paraná) y en países vecinos, y las represas que como Yacireta que dejó mas de 70.000 hectáreas bajo el agua, con la consiguiente expulsión de las comunidades locales, y la muerte de la biodiversidad existente.

Los proyectos de agrocombustibles ante el agotamiento de combustibles no renovables, y que atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos.

Las declaraciones de patrimonio de la humanidad (Quebrada de Humahuaca, Cataratas del Iguazu, etc.) que atentan contra las culturas originarias, produciendo la contaminación visual de las bellezas naturales por los megaemprendimientos turísticos y la expulsión de los comuneros por la aparición de títulos de dudosa procedencia.

La explosión demográfica como consecuencia de este modelo, en las grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, etc. con las consecuencias de falta de agua potable cloacas sin sistema de tratamiento, contaminación del aire por transito automotor, perdida de espacios verdes, hacinamiento, etc.

Estamos en un momento de la historia en el que debemos tomar decisiones, antes que la naturaleza las tome por nosotros; y por ello llamamos a: Los pueblos indígenas, las fuerzas sociales progresistas, sindicales, políticas, intelectuales, estudiantes a asumir la defensa de los Bienes Naturales, recuperar la armonía de nuestra Pacha Mama, recuperar el Sumak Kawsay (Buen Vivir) para toda la sociedad, para que la “Madre Tierra sea el espacio de vida de los Pueblos y no una mercancía de los depredadores de la vida planetaria, e impedir que los gobiernos neoliberales continúen el saqueo de los recursos que nos pertenecen a todos y todas los habitantes de este país, y que propician la dominación, el empobrecimiento y la dependencia”. Por lo que es necesario refundar sociedades con nuevos paradigmas, en beneficio de las grandes mayorías y la humanidad y no de unos pocos, para preservar la vida de las generaciones futuras.

ORCOPO (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios)

Todosxlamadretierra@yahoo.com.ar

Fuente: Indymedia Argentina

martes, 17 de febrero de 2009

"Podemos revolucionar este sistema": Reflexiones del MoCaSE VC al regresar del Foro Social Mundial

Autor | Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik - Agencia de Noticias Biodiversidadla | Idioma | Español | Pais | América Latina | Publicado | 5 febrero 2009 11:30

Derrotar a las multinacionales del agronegocio, la resistencia en los territorios, la defensa del agua y la tierra, la formación de jóvenes y la participación en la conducción y en el poder de las mujeres en los movimientos, fueron algunos de los ejes estratégicos de discusión que aportó el MoCaSE Vía Campesina durante el FSM.

Pasada una nueva instancia del Foro Social Mundial (FSM) que se realizó este año en el estado brasileño de Pará, llega el momento de pensar lo vivido y analizar las experiencias compartidas durante los numerosos eventos que sucedieron entre el 27 de enero y el 1 de este mes. A poco de regresar a su tierra, en Quimilí, provincia argentina de Santiago del Estero, Ángel Strapazzón del MoCaSE Vía Campesina, compartió unos minutos de diálogo con la Agencia de Noticias Biodiversidadla.

- ¿Cómo fue su participación durante el foro?

El foro tuvo infinidad de temáticas. Nosotros pusimos nuestro acento en 5 grandes ejes distribuidos en un par de actividades grandes. Son básicamente la lucha contra las multinacionales, el cambio climático, la soberanía alimentaria, la reforma agraria, y por supuesto toda la cuestión de género junto a la Marcha Mundial de las Mujeres, ANAMURI, que es una organización de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y Vía Campesina Cono Sur.

El MST (Movimiento Sin Tierra de Brasil) armó un campamento masivo, por supuesto la inmensa mayoría, unos 1700 delegados eran del Departamento de Pará, en Belém. Un instituto de pedagogía integral facilitó al MST y a la Vía Campesina todo su establecimiento. Ahí éramos unos 2100 ó 2150 delegados, los internacionales dormíamos en distintos lugares que habían conseguido otras organizaciones como el CIP, el Comite Internacional por la Planificación, y otros en lugares a una hora y media de la ciudad de Belém. Había un par de colectivos que traían a los 150 delegados internacionales.

Nuestra actividad la pusimos muy fuerte ahí en el campamento de la Vía Campesina, y ahí mismo convidamos el último día a la jornada de lo que se llama 'El ALBA para los movimientos sociales', la Alternativa Bolivariana para América Latina, ó para las Américas, que lanzó de alguna manera el gobierno bolivariano, pero que nosotros básicamente decimos que autónomamente los movimientos sociales debemos seguir un proceso propio a eso que es el ALBA. Ahí estuvieron delegados del mundo entero, pero básicamente de Latinoamérica y América.

- ¿Qué fue lo que recibieron respecto a la realidad regional latinoamericana?

Nosotros hemos convocado en un momento dado al MST, que hizo un jornada con los 4 presidentes latinoamericanos que, de alguna manera, visualizan con mayor firmeza y con mayor solidez una alternativa diferente, no al neoliberalismo solamente, sino al capitalismo. Le llaman el 'socialismo del siglo XXI' y son Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez y Fernando Lugo. Cada uno a la vez intervino y cerró Juan Pedro Stédile con unas llamadas de alerta a estos cuatro presidentes. La crisis que se vino en el mundo, que se dice crisis financiera, no vamos a decir 'nosotros lo dijimos', ¿pero quién no la esperaba? Qué curioso, con lo más elemental que es el pequeño trabajador de Norteamérica, 'el gran monstruo', pidiendo un crédito para una vivienda, simplemente para una vivienda, no estamos hablando de los medios de producción.

La cuestión es que hemos percibido un fuerte salto de confianza en nuestra propuesta de soberanía alimentaria, de dejar los alimentos en manos de los productores y de los pueblos, y no en manos de los grandes financistas y los agronegocios. Ese es el primer llamado y el primer grito que hay que seguir insistiendo y que hay que tener convicción de que esto debe ser así en el mundo. Si se sigue desde las gobernancias del mundo apostando a que el capitalismo soluciona a 'la inmensa mayoría' no se puede creer, no se puede creer que no hayan hecho ningún tipo de reflexión.

Es curioso escuchar los medios de prensa argentinos de los grandes grupos económicos. Siguen con su dogma, y el dogma de ellos lo ponen en la rentabilidad, en la agroexportación. El dogma de ellos lo ponen en la concentración de la tierra. El dogma de ellos lo ponen en el dinero, y nunca se lo cuestionaron.

- Hacia el Foro Social Mundial, ustedes como movimiento, ¿qué realidad llevaron desde Argentina?

Nosotros fuimos con la propuesta trabajada durante meses, casi dos años, que llevamos primero a la V Conferencia Internacional de la Vía Campesina, por lo tanto como argentinos no debiéramos ir con una cosa diferente que lo que llevamos a la V Conferencia. Son básicamente siete líneas estratégicas. 'Derrotar a las multinacionales', nosotros lo compartimos. Creo que hay que dar la batalla en todos los países del mundo y como Argentina vamos a seguir. El tema de la soja ya no es un tema de un académico encerrado que casi no tiene voz, y se empieza a correr por el pueblo. Los movimientos campesinos indígenas, y no sólo los de Vía Campesina, ya no son desconocidos. Por ahí lo digo muy optimistamente, pero los tipos cuando hablan, como Eduardo Buzzi (FAA), Mario Llambías (CRA), quisieran obviar nombrarnos pero dicen 'estos que están en contra de la soja, estos que demonizan la soja'. Por las mañanas en América 24, este empresario, De Narváez, dice que demonizamos la soja. No tienen argumentos.

Vamos a discutir. Discutamos argumentos técnicos, científicos, sociales, cuánta riqueza generó, cuánta pobreza, cuántos pobres más hay, cuántos ricos más hay con la soja. Hubo más trabajo, hubo menos trabajo rural. Eso es lo que hay que discutir en una economía real. No vamos a hablar de socialismo ni nada, vamos a ser pragmáticos. ¿Cuánto laburo genera la soja? Una persona por 500 hectáreas. ¿Cuánto laburo generan 500 hectáreas de nuestro predio? Hasta 34 puestos de laburo. Vamos a usar el discurso de ellos. Hay que ser positivistas, hay que ser pragmáticos. Con esa pedantería respondo con el mismo argumento. ¿Cuanto laburo generan 500 hectáreas de 'no soja', sino de diversidad de alimentos? ¿Cuánto cuestan los alimentos en Argentina cuando el 60% de los predios están de la pequeña agricultura campesina, agricultura familiar de los pueblos originarios?, ¿cómo llega al mercado?, fresco, ¿cuánto cuesta?, 70% más barata.

Hablemos de cosas reales. La economía de la inmensa mayoría ¿cuál es?, ¿la de la soja?, ¿le conviene al pueblo argentino?, ¿cuál economía o cuál producción le conviene?, ¿la de la soja que enriquece a 80 mil tipos? Esta es la cosa. Es 'derrotemos a las multinacionales' y subsecuentemente a los sojeros. Ellos hablan de 'proyecto nacional', ¿qué proyecto nacional? La soja es estar arrodillado al proyecto internacional del imperio, del Grupo de los 8, de la división internacional del trabajo. Materia prima barata y forraje para las carnes chinas, asiáticas y europeas. ¿Por qué no vendemos carne y leche para nuestro país barato y caro para ellos? Tenemos más sanos nuestros campos, tenemos más sanos nuestros biomas, nuestros ecosistemas, todas nuestras regiones ecosistémicas biológicas, nuestra biodiversidad, nuestra sustentabilidad, nuestra vida sana, ganamos todos, que ganen más plata pero que produzcan menos, que laburen más, que arriesguen más, claro que producir miel es más riesgo que soja, poner una planta procesadora de leche es más riesgo que la 'sojita', porque claro, la soja la tienen toda servidita. No laburan. Desde una oficina tienen muy bien pagadito a uno o dos ingenieros agrónomos.

Después está todo el tema de la resistencia en nuestros territorios, la defensa del agua, la tierra, eso es muy fuerte. El agua, la tierra. Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, muertos, presos, torturados, detenidos, asesinados, desaparecidos en estos 20 años de democracia en el Cono Sur. Y después el eje de formación a jóvenes y la participación en la conducción y en el poder de las mujeres de nuestros movimientos.

- ¿Cuál es el balance que hacés del FSM como espacio de articulación?, ¿qué perspectivas tienen?

Belém tiene todos los problemas que una metrópolis empieza a tener. El foro tiene el problema de una inmensa diversidad de mesas de debate. A mi manera de ver seguimos teniendo el vicio de la izquierda enciclopédica, en la que no debemos dejar de tratar miles de temas, miles de mesas, y que finalmente, el último día, cuando queremos empezar a hacer asambleas para consensuar cuatro grandes ejes estratégicos, cuesta muchísimo trabajo llegar a síntesis. Lo peor no es el problema de la síntesis teórica, que le costó siempre a la izquierda tradicional, nosotros los movimientos sufrimos, porque les cuesta mucho llegar a la agenda práctica, pero se ha hecho una agenda bastante densa.

Hay toda una serie de resquemores, más la crisis que se vino, anunciada por nosotros en la lucha contra el ALCA, de este terrible liberalismo comercial, de este mercantilismo de los bienes naturales, de este mercantilismo de la naturaleza, de los alimentos, de la vida, del agua.

- ¿Hay algo que quieras agregar?

Lo que quiero agregar es que el FSM ha crecido en masividad impresionante. Era muy difícil llegar a Belém, y sin embargo hubo una participación de más de 100 mil delegados y delegadas. Los bus llenos, los hospedajes llenos, los campings llenos, las escuelas llenas, y dejamos una muy buena impresión en las personas de las calles. Porque a veces se tiene una mentalidad, como por ejemplo el taxista, que tiene una mentalidad un poquito cerradita, y los comentarios han sido muy positivos respecto a nuestra conducta. La actitud que ha tenido la gente de Belém ha sido muy hospitalaria. Digo a quienes no han podido estar, que crece, crece la convicción de que podemos revolucionar este sistema, la anti-vida.

lunes, 16 de febrero de 2009

AMBIENTE: Pescadores aprenden a compartir

Por Stephen Leahy

SAN DIEGO, Estados Unidos, feb (IPS) - Con los océanos en crisis, ¿de dónde saldrá el pescado que constituye una fuente clave de proteínas para gran parte de la población mundial?

En los últimos años surgieron herramientas de manejo de las reservas ictícolas "con captura compartida", las que permitirían mantener el pescado en el menú de las generaciones futuras, según expertos reunidos en una conferencia celebrada este mes en la occidental ciudad estadounidense de San Diego.

"La adaptación y la innovación son la clave", dijo Kristjan Davidsson, ex presidente de Iceland Seafood International, a unos 450 participantes en la Cumbre sobre Pescados y Mariscos (Seafood Summit), realizada los días 1, 2 y 3.

"La sustentabilidad es el camino a recorrer, pero eso requiere la colaboración con todos los sectores", dijo Davidsson.

La cumbre reunió a pescadores, acuicultores, corporaciones multinacionales dedicadas a los productos del mar y sus clientes, junto con conservacionistas y científicos, para debatir y hallar un camino común hacia la creación de una industria sustentable y la protección de los océanos.

El pescado representa 16 por ciento de la proteína animal consumida en el mundo, 28 por ciento de la correspondiente a Asia y, en el otro extremo, 6,6 de la de América del Norte, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En la mayoría de los bancos pesqueros hay demasiados barcos que compiten entre sí para obtener cada vez menos. Las cuotas de pesca llevan a cientos de buques capturen de modo intensivo e indiscriminado tanto como sea posible antes de que se alcance la cuota total.

"Las normas del gobierno no funcionaron", dijo Wes Erickson, pescador y propietario de un restaurante en la sudoccidental provincia canadiense de Columbia Británica. "Tuvimos apenas seis días para capturar todo lo que podíamos."

Esa situación hipercompetitiva implica peligros para los pescadores, pérdida de aparejos, y pesca no intencional y sobrepesca extremadamente altas, admitió.

En vez de continuar por este camino, los pescadores locales crearon un sistema integrado de "captura compartida" en el suelo marino.

A cada uno de los pescadores individuales se les permite capturar anualmente un porcentaje establecido de la cantidad total de cada una de las 60 especies de ejemplares cuyo hábitat es el suelo marino.

Todos los años, el gobierno ajusta el tope total sobre cada tipo de pez en base a la situación de las especies.

Por ejemplo, en una reserva pesquera compartida de modo equitativo, 50 barcos se dividen en partes iguales una cuota de 100 toneladas de meros. Es decir que a cada uno se le permite capturar dos toneladas.

Las cuotas también pueden comerciarse. Esta "propiedad" sobre las existencias pesqueras brinda un incentivo financiero para cultivarla.

La clave para que esto funcione es que cada barco se responsabilice de todo lo que pesca. Registros detallados son respaldados por un sistema de vídeo que graba automáticamente cada captura.

Ambos son auditados por una tercera parte. Esos datos son tan precisos que ahora son usados por los científicos, dijo Erickson. "Eliminamos la competencia en el mar resolviéndola en la costa", agregó.

Establecer las cuotas originales fue muy difícil e involucró largas disputas entre gobiernos, científicos, conservacionistas y pescadores. Pero el trabajo valió la pena, opinó.

"Ahora pescamos por debajo de la cuota y obtenemos una mejor calidad. Y podemos pescar en cualquier momento del año", explicó Erickson.

"Si a comienzos de los años 90 se hubieran implementado reservas pesqueras con captura compartida, solo unas pocas habrían colapsado", sostuvo Kate Bonzon, del no gubernamental Fondo de Defensa Ambiental, de Estados Unidos.

Bonzon dijo que eso se desprende de un estudio realizado en 2008 por economistas de la Universidad de California que compararon datos de bancos pesqueros en todo el mundo. Mostró que allí donde hubo captura compartida se revirtió la caída de las reservas, que estaban creciendo.

En la costa oeste de América del Norte, los estudios mostraron que las pesquerías que se pasaron a la captura compartida terminaron con la sobrepesca crónica y redujeron drásticamente las capturas accidentales.

También cayó la cantidad de botes pesqueros, pero los que siguieron en la actividad ganaron más dinero a un costo menor, dijo Bonzon.

"El hecho es que simplemente hay demasiados buques pesqueros", agregó.

La mayoría de los barcos que abandonaron la captura de peces del suelo marino en Columbia Británica fueron lo que Erickson llama "malos actores", que simplemente se pasaron a reservas de captura no compartida o vendieron la parte que les correspondía y así ganaron mucho dinero.

"Cada comunidad puede diseñar su sistema para satisfacer sus necesidades locales", dijo.

¿Acaso esto puede funcionar para el resto del mundo?

No todas las reservas pesqueras necesitan cámaras de vídeo que se activen automáticamente, dijo Bonzon. Algunos países están empleando otras maneras de establecer la cuota de captura.

Por ejemplo, algunas en Chile y otras en Perú --que posee una enorme reserva de anchoas-- recorren ese camino este año.

"Las existencias de salmón silvestre de la provincia canadiense de Columbia Británica se niegan a considerarlo aunque estén en un gran problema", dijo Erickson.

Una cultura similar de oposición existe en las pesquerías de la costa este de América del Norte, reconoció Bonzon. Pero las existencias están tan bajas que algunos pescadores de la nororiental región estadounidense de Nueva Inglaterra están suficientemente desesperados para intentarlo, dijo.

Lleva tiempo implementar las reglas y cuesta dinero reducir la capacidad excesiva de una reserva pesquera, pero los datos muestran que "la captura compartida alinea la sustentabilidad de los recursos y la economía de los pescadores", concluyó Bonzon. (FIN/2009)